Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04923-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04923-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04923-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04923-00
Demandante: IVÁN ALEXANDER VILLAMIL MEJÍA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Iván Alexander Villamil
Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 13 de septiembre de 20221, el señor Iván Alexander Villamil Mejía interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el objeto de que se ampare
su derecho fundamental de petición, supuestamente vulnerado por no haberse
tramitado y resuelto la solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica o
judicatura realizada en el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar y el
Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar.
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Se advierte que, el 22 de septiembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04923-00
Actor: Iván Alexander Villamil Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
En la demanda se narró que, el 30 de agosto de 2022, el señor Iván Alexander
Villamil Mejía solicitó ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, el reconocimiento
de su práctica jurídica o judicatura. Sin embargo, a la fecha, no ha recibido ningún
tipo de respuesta frente a su petición.
Adicionalmente, a título de medida provisional, pidió que se ordenara a la
autoridad demandada resolver, en el término de 48 horas, su solicitud de
reconocimiento de la práctica jurídica o judicatura, debido a que «la universidad
fundación universitaria del área andina tiene inscripciones a grado solo hasta el 15
de septiembre».
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 14 de septiembre de 2022, se admitió la presente acción de
tutela y se ordenó que aquel se notificara al presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y a la directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, con el propósito de que rindieran informe. Asimismo, se
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
De otra parte, se denegó la medida provisional solicitada, por considerar que
carecía de la carga argumentativa y el rigor probatorio requeridos, además de no
haber satisfecho la condición de apariencia de buen derecho exigida por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la medida en que «se presentan
dudas respecto del vencimiento del término con que cuenta la autoridad
demandada para contestar oportunamente las peticiones presentadas».
2.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia alegó que no se vulneró el derecho
fundamental de petición de la accionante, toda vez que para avalar su práctica
jurídica se le pidió el 15 de septiembre de 2022, que aportara el «certificado de
terminación y aprobación de materias indicado fecha exacta (DÍA/MES/AÑO) en
que terminó, con una fecha de expedición no mayor de un año (Certificación
aportada es extemporánea expedida el 27 de junio de 2020)».
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Actor: Iván Alexander Villamil Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Agregó que, el 16 de septiembre siguiente, recibió respuesta al requerimiento
efectuado al señor Villamil Mejía. Por tanto, la Unidad expidió la Resolución 9058
de 2022, por medio de la cual se le reconoció el cumplimiento de la práctica
jurídica.
2.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro
mecanismo de defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho
que se considera vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como
medio principal de protección de los derechos fundamentales.
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró el derecho
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
fundamental de petición del señor Iván Alexander Villamil Mejía, por no haber
tramitado y resuelto su solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica o
judicatura.
3. El derecho fundamental de petición
Para el desarrollo de este punto, la Sala reiterará lo expuesto por la Sección
Cuarta de esta Corporación en providencia del 26 de julio de 2018 (expediente
radicado No. 11001-03-15-000-2018-02110-00)2, así:
Este derecho fundamental, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política, tal como lo ha concebido la doctrina, es «un derecho que -antes que otra
función- facilita la expresión de las personas en su relación con un determinado
poder constituido»3 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho.
Es, por tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los
particulares, para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»4.
El derecho de petición tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la
facultad que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés
general o particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas,
previa reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto
pasivo de recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una
respuesta material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma.
La Corte Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser
clara, oportuna y congruente con lo solicitado.
En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho
de petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener una respuesta negativa, o
cuando se le indica al peticionario el procedimiento administrativo que se debe
seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar
2 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.
Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.
4 Ibíd., p. 174.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
la procedencia de la solicitud, son circunstancias que, en ningún caso, implican la
vulneración del derecho fundamental de petición.
Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido5.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la autoridad
debe ser «(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin
reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta
como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante,
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la
petición resulta o no procedente»6.
Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea
competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido,
también se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al
interesado sobre la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir
a la entidad encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el
peticionario7.
El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, establece los plazos con que cuentan las
autoridades o los particulares, según el caso, para dar respuesta a las peticiones
respetuosas presentadas por las personas, así:
5 Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6 Sentencia T- 610 de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil.
7 Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro
de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya
no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los
treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando
los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
4. Caso concreto y solución del problema jurídico
El señor Iván Alexander Villamil Mejía considera que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
vulneró su derecho fundamental de petición, por no haber tramitado y resuelto la
solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica que presentó el 30 de agosto de
2022.
De entrada, la Sala advierte que a la fecha de la presentación de la acción de
tutela no se había vencido el término para que la entidad accionada diera
respuesta al aquí accionante. En efecto, la solicitud de reconocimiento de práctica
jurídica fue presentada, vía correo electrónico, el 30 de agosto del año en curso,
mientras que la demanda de tutela se radicó el 13 de septiembre siguiente, es
decir, apenas 10 días hábiles después.
Dicho de otro modo: cuando el señor Villamil Mejía instauró la acción de tutela, ni
siquiera había transcurrido el término de 15 días previsto en la Ley 1755 de 2015,
como plazo máximo para contestar las solicitudes respetuosas que presentan las
personas, lo cual permite concluir que no se vulneró el derecho fundamental de
petición.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Con todo, conviene señalar que la autoridad demandada requirió oportunamente
al aquí accionante con el fin de que aportara una certificación necesaria para
continuar con el estudio de la petición, requerimiento que fue atendido el pasado
16 de septiembre y que dio lugar a la expedición de la Resolución 9058 de 2022,
por medio de la cual se le reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica, lo que
desvirtúa cualquier conducta negligente respecto del trámite impartido a la
solicitud presentada el 30 de agosto de 2022.
Bajo ese contexto, la Sala concluye que no se vulneró el derecho fundamental de
petición del señor Iván Alexander Villamil Mejía y, por ende, negará el amparo
solicitado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
F A L L A:
PRIMERO. Negar el amparo solicitado por el señor Iván Alexander Villamil Mejía,
de conformidad con lo razonado en esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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