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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04931-01

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04931-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04931-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04931-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN IMPUGNADA. LA SOLICITUD DE
AMPARO ES IMPROCEDENTE POR CARENCIA DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD. LAS PRETENSIONES ESTÁN DIRIGIDAS A
DEMOSTRAR UNA PRESUNTA FALTA DE CONGRUENCIA DE LA
SENTENCIA CUESTIONADA, PARA LO CUAL LA ACTORA TIENE A SU
ALCANCE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora

contra la sentencia de 19 de octubre de 2022, mediante la cual la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer

el requisito de subsidiariedad.

1
En adelante la Sección Segunda.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 04931 01
Actora: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CUNDINAMARCA, actuando a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales consideró vulnerados por la SECCIÓN TERCERA

-SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 al proferir la

sentencia de 18 de noviembre de 2021 y el auto de 30 marzo de

2022, respectivamente, dentro del medio de control de controversias

contractuales identificado con el número único de radicación 25000-

23-26-000-2011-00690-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 17 de julio de 2008, suscribió con el CONSORCIO

REGIONALES RÍO BOGOTÁ (CRRB) el contrato de consultoría

núm. 464 de 2008, cuyo objetivo consistió en la […] estructuración

y apoyo a la implementación de uno o varios esquemas

2
En adelante la Sección Tercera.

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empresariales sostenibles para la aglomeración e integración de los

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los

municipios de la cuenca del Río Bogotá, por valor de $3.632’092.

948.oo […],

Indicó que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, el

CONSORCIO REGIONALES RÍO BOGOTÁ (CRRB) constituyó con

la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO la Póliza núm. 21-44-

101017553, con el fin de amparar el cumplimiento del contrato y la

calidad del servicio por el veinte por ciento (20%) del valor del

contrato respecto de cada amparo.

Sostuvo que mediante la Resolución núm.1165 de 10 de junio de

2009, declaró el incumplimiento y dio por terminado el contrato de

consultoría núm. 464 de 2008, de conformidad con lo dispuesto en

el numeral 2.6.1. de las condiciones generales del contrato.

Adujo que el CONSORCIO REGIONALES RÍO BOGOTÁ (CRRB) y

la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO interpusieron recursos de

reposición contra de la resolución referida, los cuales fueron

decididos de manera desfavorable a través de la Resolución núm.

3287 de 2009.

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Adujo que, como consecuencia de lo anterior, la aseguradora

SEGUROS DEL ESTADO promovió en su contra demanda en

ejercicio del medio de control de controversias contractuales, a fin de

que se anularan los actos administrativos que declararon el siniestro

con ocasión de la declaratoria de incumplimiento y terminación del

contrato de consultoría núm. 464 de 2008.

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 25000-23-26-000-2011-00690-01 y le correspondió por

reparto a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 que, en

sentencia de 30 de abril de 2014, denegó las pretensiones.

Indicó que, inconforme con la decisión, la aseguradora SEGUROS

DEL ESTADO interpuso recurso de apelación ante la SECCIÓN

TERCERA que, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2021,

revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la nulidad de las

resoluciones acusadas y, como consecuencia de lo anterior, a título

de restablecimiento la condenó a reintegrar a la aseguradora la suma

de dinero que hubiere pagado con la ejecución de los actos

administrativos anulados.

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En adelante el Tribunal.

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Afirmó que inconforme con la decisión de segunda instancia, solicitó

aclaración de la sentencia la cual fue denegada mediante auto de 30

de marzo de 2022.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

material o sustantivo en las providencias cuestionadas, por cuanto

aplicó indebidamente, en el caso concreto, el artículo 35 del Código

Contencioso Administrativo.

Señaló que las decisiones judiciales cuestionadas revisten una vía de

hecho que vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto la única

norma en la que se fundamentó la decisión de segunda instancia,

esto es, el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, no hizo

parte de los argumentos de la demanda inicial, por lo que no pudo

controvertir ni ejercer el derecho de defensa.

Agregó que la sentencia de segunda instancia fue fallada extra

petita, pues la parte resolutiva benefició directamente al

contratista, -quien no fue parte dentro de la actuación procesal-, al

ordenar la nulidad de las decisiones relacionadas con la declaratoria

del incumplimiento y consecuente terminación del contrato de

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consultoría, pretensiones que no fueron objeto de demanda, por lo

que se vulneró directamente el principio de congruencia.

Afirmó que las decisiones incurrieron en desconocimiento del

precedente jurisprudencial, establecido en las sentencias

proferidas por esta Corporación, en las que reiteradamente se ha

efectuado un estudio acerca del régimen jurídico aplicable a los

contratos de consultoría.

Señaló que al ser aplicable el régimen de derecho privado en el

asunto cuestionado, las decisiones emitidas dentro del marco del

contrato de consultoría no constituyen actos administrativos, por lo

que insistió en que el artículo 35 del CCA no resultaba aplicable en la

resolución del caso concreto.

Finalmente, aseguró que las decisiones cuestionadas fueron

proferidas sin motivación, pues, a su juicio, el funcionario judicial

no dio cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos en los que

sustentó su decisión, pues es, precisamente, en la motivación en la

que reposa la legitimidad de las providencias judiciales.

Afirmó que la decisión de segunda instancia fue proferida sin el

debido sustento normativo que respaldara la necesidad de aplicar el

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artículo 35 del CCA e insistió en que pese a que fue el único

argumento de la decisión anulatoria, la SECCIÓN TERCERA no

justificó ni motivó la aplicación de tal norma procesal, obviando la

aplicación del régimen privado y omitiendo que dicho argumento

normativo no fue incluido ni formulado en el concepto de violación

de la demanda.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERA. Que se amparen a mi representada los Derechos
Constitucionales Fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
Efectivo a la Administración de Justicia.

SEGUNDA. Que, en consecuencia, se dejen sin efectos las
siguientes providencias:

i) La Sentencia mediante la cual la Subsección B de la SECCION
TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO decidió en segunda
instancia el proceso 25000- 23-26-000-2011-00690-01
(52022);

ii) El Auto mediante cual la Subsección B de la SECCION
TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO denegó la solicitud de
aclaración formulada por la CAR.

TERCERA. Que se ordene a la Subsección B de la Sección Tercera
el Consejo de Estado que proceda a dictar sentencia en
reemplazo de la dejada sin efectos, respetando los derechos
fundamentales conculcados […]”.

I.5.- Defensa

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I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA afirmó que no participaría en la

acción de tutela como parte ni como tercero y que acataría las

decisiones que se adoptaran dentro del trámite constitucional.

I.6.- Interviniente

I.6.1. La aseguradora SEGUROS DEL ESTADO solicitó declarar

improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto no

reúne el requisito de inmediatez en tanto la decisión de segunda

instancia fue proferida el 18 de noviembre de 2021, por lo que

transcurrió más de diez meses desde que la actora conoció de la

presunta vulneración y la fecha de presentación de la demanda de

tutela.

Aseguró que la autoridad judicial accionada no incurrió en los

defectos alegados, debido a que la decisión cuestionada fue

debidamente motivada, por cuanto advirtió que a las aseguradoras,

incluso en el derecho privado en el trámite de ocurrencia de

siniestros, se les debe garantizar el derecho de defensa.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

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Mediante sentencia de 19 de octubre de 2022, la SECCIÓN

SEGUNDA declaró improcedente el amparo al considerar que no se

encontró satisfecho el requisito de subsidiariedad.

Para tal efecto, sostuvo que los motivos de inconformidad expuestos

por la actora se fundamentan en el presunto desconocimiento del

principio de congruencia, por lo tanto la parte actora cuenta con otro

instrumento judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión

para debatir tales disensos.

Resaltó que el recurso extraordinario de revisión es el instrumento

judicial apropiado para corregir los yerros relacionados con el

desconocimiento del principio de congruencia; y que su finalidad está

relacionada con la preservación del sistema normativo y la justicia

material, la cual se encuentra ligada al cumplimiento de las causales

expresamente señaladas en el artículo 250 del CPACA.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora cuestionó la providencia de primera instancia, para lo cual

señaló que el desconocimiento del principio de congruencia es uno

de los sendos argumentos de procedencia que formuló en la

demanda de tutela.

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Insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en una

decisión sin motivación, esto al cuestionar la valoración del material

probatorio y la argumentación presentada en las consideraciones en

donde se limitó aplicar el artículo 35 del CCA, sin efectuar una

justificación razonada de su aplicación al caso concreto.

Por ello, requirió la revocatoria del fallo impugnado y, en su lugar,

solicitó el amparo de los derechos fundamentales deprecados.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]

desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

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fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 18 de noviembre de 2021 y

30 marzo de 2022, proferidas por la SECCIÓN TERCERA,

respectivamente, dentro del medio de control de controversias

contractuales identificado con el número único de radicación 25000-

23-26-000-2011-00690-01.

A las citadas providencias la actora le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos

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sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente

judicial.

Los disensos de la actora radican en que las decisiones adolecen de

defecto material o sustantivo, por cuanto la única norma en la

que se fundamentó la decisión de segunda instancia, es decir, el

artículo 35 del CCA no hizo parte de los argumentos de la demanda

inicial, por lo que no pudo controvertir ni ejercer el derecho de

defensa.

Igualmente, sostuvo que la sentencia de segunda instancia fue

fallada extra petita, pues la parte resolutiva benefició directamente

al contratista, quien no fue parte dentro de la actuación procesal, al

ordenar la nulidad de las decisiones relacionadas con la declaratoria

del incumplimiento y consecuentemente la terminación del contrato

de consultoría, pretensiones que no fueron objeto de demanda por

lo que se vulneró directamente el principio de congruencia.

Afirmó que las decisiones incurrieron en el desconocimiento del

precedente jurisprudencial establecido en las sentencias

proferidas por esta Corporación, en las que reiteradamente se ha

efectuado un estudio acerca del régimen jurídico aplicable a los

contratos de consultoría.

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Finalmente, aseguró que las decisiones cuestionadas fueron

proferidas sin motivación, pues, a su juicio, el funcionario judicial

no dio cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos en los que

sustentó su decisión, pues es, precisamente, en la motivación en que

reposa la legitimidad de las providencias judiciales.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 19 de octubre de

2022, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

no se cumplió con el requisito de subsidiariedad.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia y aseguró que el desconocimiento del

principio de congruencia es uno de los sendos argumentos de

procedencia que formuló en la demanda de tutela.

Insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

alegados, pues, a su juicio, la sentencia de segunda instancia carece

de explicación, fundamentación y motivación, esto al cuestionar la

valoración del material probatorio y la argumentación presentada en

las consideraciones en la que se limitó aplicar el artículo 35 del CCA,

sin efectuar una justificación razonada para ello.

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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela y, de ser así, establecer si la SECCIÓN TERCERA vulneró los

derechos deprecados e incurrió en los defectos endilgados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, en especial, el requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de la subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

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carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un

perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría intervenir, pero

únicamente para la protección de los derechos fundamentales que

encuentre amenazados o vulnerados, de lo contrario «deberá

declarar la improcedencia de la acción de amparo y en

consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante

el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo

del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por subsidiariedad, comoquiera que

las inconformidades de la actora están encaminadas a poner de

presente una falta de congruencia y una decisión sin motivación, por

lo que para discutir dicho argumento la actora tiene a su disposición

el recurso extraordinario de revisión de conformidad con la

causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de

18 de enero de 20115, esto es, por presuntamente existir una nulidad

en la sentencia acusada.

Lo anterior, porque dicho argumento está encaminado a demostrar

una falta de congruencia en la providencia cuestionada, relativa a

una falta de consonancia entre los argumentos expuestos al interior

del proceso, en el recurso de alzada y lo resuelto en la sentencia

controvertida, situación que debe ser discutida mediante el ejercicio

del recurso extraordinario de revisión aludido por la causal en

mención.

Respecto al recurso extraordinario de revisión y particularmente

frente a la causal establecida en el numeral 5 de la aludida norma, la

Sala Plena de lo Contencioso administrativo de esta Corporación6 ha

5
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
6
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.

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señalado diferentes circunstancias que pueden conllevar la

configuración de una nulidad en la sentencia que pone fin a un

proceso ordinario, seguido ante esta jurisdicción, en los siguientes

términos:

“[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se
genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto
de censura contra la cual no procede el recurso de apelación, pues
si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no
tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo, que se
trate de circunstancias que aunque ocurrieron con anterioridad a
esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente
que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a
permitir que el mencionado recurso se convierta en una
oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las partes
incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no proponer las
nulidades del caso de acuerdo con las reglas de oportunidad
previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para proponer nulidades
que quedaron saneadas en los términos del artículo 144 ib.

Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los
siguientes:

a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso
por desistimiento, transacción o perención, porque con esto se
revive un proceso legalmente concluido.

b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión,
por la firma de más, o menos jueces de los requeridos legalmente.

d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una
sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus [como cuando se condena al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en
la demanda o por causa distinta a la invocada].

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e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción
o competencia del juez.

En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las
sentencias están enmarcadas en dos grupos a saber, el compuesto
por las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal
de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la
sentencia y, las relativas a los vicios que contiene la sentencia.

Finalmente debe recordarse que la carga probatoria del recurso
frente a la causal corresponde de manera íntegra al recurrente […]”
(Resaltado fuera del texto).

Conforme con la jurisprudencia en cita, es dable concluir que la falta

de motivación y la incongruencia de una sentencia, por no guardar

consonancia con los hechos expuestos en su recurso de alzada ni en

el debate sometido a consideración de la SECCIÓN TERCERA,

conllevaría que tal situación sea sujeta a control judicial mediante el

ejercicio del recurso extraordinario de revisión, en los términos

aludidos.

En el caso bajo estudio, la actora no ha agotado el recurso

extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para que

sea discutida la presunta falta de congruencia y decisión sin

motivación que predica frente a la sentencia de 18 de noviembre de

2021, proferida por la SECCIÓN TERCERA.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio

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irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que tal inconformidad

carece del requisito general de subsidiaridad, razón por la que

confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente

el amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de diciembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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