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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04944-01

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04944-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN - RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia impugnada y, en consecuencia, ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA que, dentro de los cinco (5) días a la notificación Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 04944 01 Actor: EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ de la presente providencia, adelante todas las gestiones necesarias para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del actor, de conformidad con las razones impuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04944-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04944-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ

TESIS: SE ADICIONA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN CONSECUENCIA, SE
ORDENA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, EJECUTAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y
PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA EXPEDIR EL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTICE LA PROVISIÓN DE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE
REEMPLACE AL ACTOR EN EL DISFRUTE DE SUS VACACIONES. EN LO DEMÁS
SE CONFIRMA LA DECISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO DIGNO, DESCANSO, SALUD, FAMILIA
E IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,

esta Sala procede a decidir la impugnación presentada por el

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.1 contra la sentencia de 10 de

1
En adelante el Centro de Servicios.

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Actor: EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ

octubre de 2022, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 amparó los

derechos fundamentales del actor y ordenó al juez coordinador del

Centro de Servicios adelantar las gestiones administrativas

necesarias con el fin de garantizar el disfrute de sus vacaciones.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor EDGAR JAVIER ÁVILA GÓMEZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia

y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados por la NACIÓN

RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA3,

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ4, la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL5, la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA6, y el CENTRO DE

2
En adelante la Sección Segunda.
3
En adelante el Consejo Superior.
4
En adelante el Consejo Seccional.
5
En adelante la Deaj.
6
En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional.

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SERVICIOS, al negar la expedición del certificado de disponibilidad

presupuestal para el nombramiento del reemplazo durante el disfrute

de sus vacaciones individuales.

I.2.- Hechos

Manifestó que se encuentra vinculado en propiedad a la RAMA

JUDICIAL, en el cargo de escribiente del circuito en la planta de

personal del CENTRO DE SERVICIOS.

Indicó que el 2 de agosto de 2022, solicitó al titular del juzgado

aludido, el reconocimiento de las vacaciones causadas entre el 19 de

diciembre de 2020 al 18 de diciembre de 2021.

Afirmó que mediante Resolución núm. 340 de 24 de agosto de 2022,

su nominador negó el disfrute de las vacaciones, toda vez que a

través de Oficio núm. DESAJBOTHO22-1768 de 17 de agosto de la

misma anualidad, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL había

negado la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal

para efectuar un nombramiento de remplazo mientras estuviere de

descanso.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que las vacaciones o el descanso para los servidores

públicos y privados constituye un derecho fundamental, el cual debe

ser protegido por vía de tutela en el momento que sea vulnerado, sin

que sea válido oponer cortapisas administrativas que afecten el

núcleo fundamental de ese derecho.

Señaló que existe jurisprudencia relacionada con la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal para proveer el reemplazo

del empleado que disfruta de vacaciones individuales.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] 1- Se ordene a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL- CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, que apropie en el término de 3 días las
partidas presupuestales que corresponden para el
nombramiento de mi remplazo y emita el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal CDP para el disfruta de
mis vacaciones por el término de veinticinco (25) días a partir
del 12 de septiembre de 2022.

2- Se ordene al JUEZ COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, que una vez sea

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expedido el CDP por parte de la DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA o por quien corresponda, decida nuevamente
frente a mi solicitud de vacaciones.

3- Se conmine a las autoridades respectivas para que, en
el futuro, esta situación no se vuelva a presentar y se
gestione a nivel nacional la autorización de recursos para
designar empleado encargado a otras personas, para que
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial puedan
disfrutar de sus vacaciones sin interferir en la eficiencia
de la administración de justicia. […]”. (Negrilla pertenece al
texto)

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR manifestó que no goza de

legitimación en la causa por pasiva para ser vinculado dentro del

trámite constitucional.

Afirmó que las acciones u omisiones que el actor atribuye como

vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de

Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca, quien actúa como

ordenador del gasto de conformidad con el artículo 103 de la Ley 270

de 1996 y tiene a su cargo expedir el certificado de disponibilidad

presupuestal para designar los reemplazos de los empleados

judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones.

I.5.2.- El CONSEJO SECCIONAL indicó que no goza de legitimación

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en la causa por pasiva, por cuanto no ha vulnerado los derechos

fundamentales deprecados por el actor.

Señaló que la competencia para atender las pretensiones fue dada al

área de talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial Bogotá- Cundinamarca en virtud de la Ley

270 de 1996, en tanto tiene a su cargo las actividades

administrativas de la Rama Judicial.

I.5.3.- La DEAJ manifestó que le corresponde al Juez nominador

conceder las vacaciones del accionante.

Igualmente, aseguró que la expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal para reemplazo de vacaciones se ha

previsto en el caso de funcionarios y, excepcionalmente, a los

empleados de plantas de personal que cuenten con tres o menos

cargos.

I.5.4.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL solicitó su

desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al considerar

que no goza de competencia para pronunciarse sobre lo pretendido

por el tutelante.

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Manifestó que le corresponde al Juez nominador programar los

turnos de descanso de la planta de personal que presta sus servicios

dentro del despacho judicial, sin que se afecte la prestación del

servicio de administración de justicia.

I.5.5.- El CENTRO DE SERVICIOS afirmó que negó la solicitud de

vacaciones, por cuanto la administración judicial rechazó la

expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para el

nombramiento del reemplazo del solicitante.

Señaló que ante la necesidad de garantizar el adecuado

funcionamiento del Centro de Servicios Administrativos negó la

solicitud del actor, pues, a su juicio, la administración de justicia es

considerada un servicio público esencial que no puede verse afectado

ante las situaciones administrativas de los empleados.

Aseguró que no ha ejecutado acciones que afecten los derechos

fundamentales del actor y solicitó que se declare la procedencia de

la acción constitucional en contra de la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial, ordenando la expedición del CDP para el

correspondiente reemplazo del actor mientras disfruta de sus

vacaciones.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 10 de octubre de 2022, la SECCIÓN

SEGUNDA amparó los derechos fundamentales deprecados por el

actor y ordenó al juez coordinador del CENTRO DE SERVICIOS

adelantar las gestiones administrativas que correspondan para

garantizar al actor el disfrute de sus vacaciones.

Advirtió que el disfrute de las vacaciones está a cargo del nominador

según la necesidad del servicio, razón por la que consideró que le

corresponde al juez coordinador del Centro de Servicios

Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de

Seguridad de Bogotá, atender la solicitud de vacaciones en las que

no se ha fijado, como condición para concederlas, la expedición del

CDP.

Afirmó que […] la concesión de las vacaciones no puede estar

supeditada al estudio propuesto por las autoridades accionadas y

mucho menos anteponer gestiones administrativas, pues la

asignación de presupuesto para personal o la creación de cargos, son

decisiones técnicas que suponen valoraciones integrales de las

necesidades del servicio y no pueden servir de pretexto para limitar

los derechos de los trabajadores, máxime cuando es deber y

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obligación del empleador garantizar que la ausencia del accionante

no suponga traumatismos para el despacho judicial que dirige sin que

esto sirva de pretexto para tampoco para negar su disfrute […].

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El CENTRO DE SERVICIOS cuestionó la providencia de primera

instancia, al señalar que en esa sede judicial operan los juzgados y

el centro de servicios administrativos de ejecución de penas y

medidas de seguridad, en el que los empleados hacen parte del

régimen de vacaciones individuales y cuyo funcionamiento dada la

especialidad debe mantenerse.

Igualmente, señalo que […] como actual Juez Coordinador del Centro

de Servicios Administrativos de estos Juzgados se encuentra en la

obligación de garantizar que las labores a nuestro cargo se

desarrollen de forma adecuada y sin traumatismos, de manera

comedida solicito se declare la procedencia de la impugnación del

fallo de tutela, en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, ordenando la expedición del correspondiente Certificado de

Disponibilidad Presupuestal para el correspondiente reemplazo de

vacaciones […]”.

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En ese sentido, solicitó que se ordene a la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial expedir el CDP para el respectivo reemplazo

de vacaciones.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

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La Sala advierte que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL- CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, el CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DE BOGOTÁ y la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y

CUNDINAMARCA, solicitaron su desvinculación de la presente

acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la

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actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, como quiera que a través de la acción de tutela

de la referencia el actor pretende, entre otros aspectos, que se

ordene la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad

presupuestal para el disfrute de sus vacaciones, es claro que a la

NACIÓN - RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

BOGOTÁ y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, les

asiste un interés sustancial con lo que se discute en el proceso, pues

se trata de un asunto administrativo de la Rama Judicial, por lo que

era necesario que se les vinculara al proceso, independientemente

de que las pretensiones tuvieran o no vocación de prosperar.

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En ese orden de ideas, se denegarán las solicitudes de desvinculación

presentadas por las citadas entidades, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de la presente providencia.

Caso concreto

La Sala observa que en el presente caso el señor EDGAR JAVIER

ÁVILA GÓMEZ interpuso acción de tutela con la finalidad de obtener

el amparo a sus derechos fundamentales al trabajo digno, al

descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad.

El actor atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al

hecho de que a través de la Resolución núm. 340 de 24 de agosto de

2022, el CENTRO DE SERVICIOS lo privó del derecho al disfrute de

sus vacaciones con ocasión de la negativa de la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la disponibilidad presupuestal

para nombrar su reemplazo durante dicho período, aunado a los

argumentos de la necesidad de servicio que arguyó su nominador.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, a través de sentencia de 10 de octubre

2022, amparó los derechos fundamentales al descanso remunerado

y al trabajo digno del actor, al considerar que el disfrute de las

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vacaciones está a cargo del nominador según la necesidad del

servicio, razón por la que consideró que le corresponde al Juez

Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, atender la

solicitud de vacaciones en las que no se ha fijado, como condición

para concederlas, la expedición del CDP. En consecuencia, ordenó al

juez coordinador del CENTRO DE SERVICIOS adelantar las

gestiones administrativas que correspondan para garantizar al actor

el disfrute de sus vacaciones.

La decisión anterior fue impugnada por el CENTRO DE SERVICIOS

que solicitó ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial expedir el CDP para efectuar el respectivo nombramiento de

la persona que reemplazará al actor mientras disfruta de sus

vacaciones.

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la

acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de

procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL se oponga a la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la

contratación de una persona que reemplace al actor, vulnera sus

derechos fundamentales al impedir el disfrute pleno de sus

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vacaciones.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se

originó con ocasión de la expedición: I) del DESAJBOTHO22-1768 de

17 de agosto de 2022, a través del cual la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL negó la expedición del certificado presupuestal

mencionado y; II) de la Resolución núm. 340 de 24 de agosto de

2022, a través de la cual le fue negada la petición de vacaciones,

mientras que la acción de tutela fue radicada el 25 de agosto de

2022.

Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala

también encuentra acreditado dicho requisito, comoquiera que por

una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección

inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los

trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control

y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la

necesidad de que se efectué un nombramiento de remplazo durante

el tiempo que esté en vacaciones7.

7
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de tutela
en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 110010315000202102853-01.

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Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de

procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del

asunto.

Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama

Judicial

Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución

Política establece:

“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte

Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor

de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho

que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante

el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.

Al efecto, en sentencia C-019 de 20048 la Corte Constitucional

señaló:

“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la

8
Mp Jaime Araújo Rentería.

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oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.

En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente
causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería
justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus
vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso
económico. Claro es que unas vacaciones carentes de recursos
se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses y
derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.

Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional,
con arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin
el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero
de las vacaciones […]”.
(Negrillas fuera del texto)

De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano

mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19629, dispone:

“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
las mismas […].

9
“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”

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Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios

de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el artículo 146

de la Ley 270 de 7 de marzo 199610, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos
de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós
días continuos por cada año de servicio […]”.

Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los

empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a

saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera

colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala

Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la

Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados

Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,

Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la

Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

10
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la

RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus

vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por

tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.

Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de juicio

obrantes en el plenario11, se encuentra probado de forma relevante

lo siguiente:

• El actor, en calidad de escribiente del CENTRO DE SERVICIOS

solicitó a su nominador que le fueran concedidas las vacaciones a que

tenía derecho, por haber laborado en el período comprendido entre

el 19 de diciembre de 2020 a 18 de diciembre de 2021.

• El titular del CENTRO DE SERVICIOS solicitó a la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL la expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal en aras de garantizar el nombramiento

de un reemplazo, que sustituyera al actor mientras disfrutaba de sus

vacaciones.

• Mediante Oficio núm. DESAJBOTH22-1768 de 17 de agosto de

11
Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente de primera instancia.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002
02204944001100103

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2022, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición

del certificado de disponibilidad presupuestal aludido, por las

siguientes razones:

“[…] En cuanto al trámite por medio del cual solicita la expedición
de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal para reemplazo
de vacaciones y de acuerdo con la Circular PSAC05-89, proferida
por el Consejo Superior de la Judicatura, que indica que para
Despachos judiciales de más de 3 servidores, incluido el juez, no
se expide disponibilidad presupuestal y la Circular PSAC11-44
que en su numeral 1 señala “Los funcionarios judiciales del
régimen de vacaciones individuales, deberán hasta el mes de
marzo de cada año, reportar la programación de vacaciones
correspondientes al siguiente año, ante el Consejo Seccional de
la Judicatura, Sala Administrativa y Dirección Seccional, del
respectivo distrito judicial”, le informamos que no es viable dar
trámite a su petición. […]”

• A través de la Resolución núm. 340 de 24 de agosto de 2022, ante

la imposibilidad de efectuar un nombramiento de remplazo, el

nominador del actor negó las vacaciones solicitadas al considerar la

necesidad del servicio y, al tener en cuenta la negativa de la Dirección

Ejecutiva Seccional para expedir el certificado de disponibilidad

presupuestal.

Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial

aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que comparte el

criterio del a quo, en el sentido de que las circunstancias

administrativas no pueden limitar el goce y disfrute del período

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vacacional que legalmente le asiste al actor, teniendo en cuenta la

injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al trabajo, donde el

descanso constituye una garantía fundamental del empleado,

además de una prestación social y un derecho económico relacionado

con la salud y la seguridad social de las personas.

Debe entenderse, además, que la función judicial, principalmente la

penal, en el caso del actor, comprende un desgaste intelectual y

moral especial, que amerita en contraprestación, condiciones

adecuadas de descanso y distracción que redunden en la renovación

de fuerzas para el ejercicio de sus actividades laborales posteriores

al período vacacional.

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta

de restricciones administrativas no es una obligación que deba

soportar el actor, además porque las dificultades de la carga laboral

y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no pueden

proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos

judiciales.

Ahora bien, para la Sala no es de recibo los argumentos del a quo,

según el cual bastaría con ordenar al nominador del actor concederle

las vacaciones sin que se dispusiera sobre el certificado de

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disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de

remplazo.

Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho al

trabajo en condiciones dignas del actor y el de sus compañeros del

Juzgado, al romper el desarrollo armónico y eficiente de las tareas

asignadas a cada empleado, máxime si se tiene en cuenta la carga

laboral que en particular debe atender la jurisdicción penal.

Al respecto, se destaca que en asuntos como el presente, de forma

reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en

dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el

reemplazo del empleado durante sus vacaciones12.

El criterio aludido no solo ha sido acogido por esta Sala, sino que

también es sostenido por la SECCIÓN CUARTA y la SECCIÓN

QUINTA de esta Corporación.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2021, CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.

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Así, en sentencia de 19 de agosto de 202113, la SECCIÓN CUARTA

señaló:

“[…] De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole
administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se
tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas. […]

De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y
a la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez. En
consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional – Bogotá - Cundinamarca,
Dirección Financiera y al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
de manera coordinada, dentro de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan,
para que la Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá nombre el reemplazo de la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, y así materialice el derecho al disfrute
del descanso remunerado […]”

De igual forma, en sentencia de 9 de septiembre de 202114, la

SECCIÓN QUINTA expuso:

“[…] En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
1996, de modo que, conforme a lo expuesto en precedencia, la
Sala considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones
dignas del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón, por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, por lo que se impone tutelar el derecho conculcado y,
en consecuencia, se dispondrá:

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de agosto
de 2021, CP Milton Chaves García, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04630-00.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de
septiembre de 2009, CP Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 1100103-15-000-2021-
04993-00.

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i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a
la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales adopte las medidas que se requieren para conceder
las vacaciones del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos […]”.

Corolario a lo anterior, la Sala señala que le asiste razón al

impugnante, en tanto le concierne a la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL adelantar las gestiones administrativas y

presupuestales necesarias para expedir el certificado de

disponibilidad presupuestal que permita el nombramiento de la

persona que reemplace al actor en el disfrute de sus vacaciones, pues

dicha acción resulta congruente como medida requerida para

garantizar el amparo concedido.

En las condiciones anotadas, la Sala modificará la sentencia

impugnada y, en consecuencia, se ordenará a la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, que, dentro de los cinco (5) días a la

notificación de la presente providencia, adelante todas las gestiones

necesarias para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal

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que garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósito

de autorizar el reemplazo de las vacaciones del actor, en lo demás,

se confirmará la decisión como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN -

RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, el

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ y la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia impugnada y, en

consecuencia, ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ Y

CUNDINAMARCA que, dentro de los cinco (5) días a la notificación

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de la presente providencia, adelante todas las gestiones necesarias

para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que

garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósito de

autorizar el reemplazo de las vacaciones del actor, de conformidad

con las razones impuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto

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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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