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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04966-00

Fecha
6 de febrero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04966-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por los 22 Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04966-00 Actores: Elifonso Buitrago López y otros señores Elifonso Buitrago López, Ana Silvia Galiano y Jaidy Buitrago Galiano, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04966-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

6 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-04966-001
Actores : Elifonso Buitrago López, Ana Silvia Galiano y Jaidy
Buitrago Galiano
Demandados : Magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por los señores Elifonso
Buitrago López, Ana Silvia Galiano y Jaidy Buitrago Galiano, por la presunta
vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. Los señores Elifonso Buitrago López, Ana
Silvia Galiano y Jaidy Buitrago Galiano, por conducto de apoderado,
presentan acción de tutela con el fin de obtener la protección de las garantías
superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas por los
señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Consejo de
Estado.

Como consecuencia de lo anterior, piden se deje sin efectos el fallo de 4 de
mayo de 2022, mediante el cual el Consejo de Estado (subsección B de la
sección tercera) revocó el de 1º de marzo de 2016, con el que el Tribunal
Administrativo del Meta accedió a las pretensiones de la demanda de
reparación directa instaurada contra la Nación – Ministerios de Justicia y del
Derecho, del Interior y de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente
50001-23-31-000-2010-00534-00), para negarlas; en su lugar, se ordene a las
autoridades accionadas que profieran una nueva providencia en la que
atiendan el ordenamiento jurídico.

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Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04966-00
Actores: Elifonso Buitrago López y otros

1.2 Hechos. Relatan los accionantes que la joven Kerly Buitrago Galiano
(q. e. p. d.) fue reclutada2 de manera forzosa por miembros de las entonces
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando vivía con
sus padres en el área rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), grupo del
que se desmovilizó el 25 de mayo de 2008, luego de entregarse
voluntariamente a soldados del Ejército Nacional.

Que, en razón a la información que tenía, la joven Buitrago Galiano (q. e. p.
d.) «se hizo» informante de los organismos de inteligencia del Estado, pero el
4 de octubre de 2008 fue hallada muerta en la vía que comunica a
Villavicencio «con Caños Negros», suceso que los motivó, junto con los
señores José Agustín y Gleisy Buitrago Galiano, a incoar acción de
reparación directa contra la Nación – Ministerios de Justicia y del Derecho,
del Interior y de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 50001-23-
31-000-2010-00534-00), con el propósito de que se le declarara
administrativamente responsable de los perjuicios que les produjo el referido
hecho dañoso y se le ordenara reconocerles la correspondiente compensación
monetaria.

Dicen que del asunto contencioso-administrativo conoció el Tribunal
Administrativo del Meta, que el 1º de marzo de 2016 accedió a las precitadas
súplicas, al considerar que si bien no se adosaron pruebas que dieran cuenta
de que la fallecida recibió amenazas y solicitó medidas de protección, el
Estado debió adoptarlas, dado el peligro al que estaba expuesta por ser
reinsertada, decisión que apeló la parte allí demandada, con el argumento de
que la Administración no incurrió en acción u omisión alguna en el hecho
dañoso, por tanto, no era dable atribuírselo.

Que la alzada fue desatada el 4 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado
(subsección B de la sección tercera), en el sentido de revocar la sentencia de
primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones ordinarias, habida
cuenta de que no se adosaron elementos de convicción que acreditaran que la
muerte de la joven Kerly Buitrago Galiano (q. e. p. d.) se provocó por acción
u omisión administrativa.

Sostienen que la providencia acusada incurre en defecto sustantivo, porque
desatendió el artículo 5º del Decreto 128 de 2003, que prevé que al Estado le

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No determinan en qué fecha.

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Actores: Elifonso Buitrago López y otros

asiste la obligación de garantizar los derechos de las personas que integraban
grupos ilegales y voluntariamente entregaron las armas, tarea que no cumplió
respecto de la joven Buitrago Galiano (q. e. p. d.), pues, a pesar de que se
reinsertó a la vida civil y sirvió como informante del Ejército Nacional, no se
salvaguardó su integridad.

Que el fallo censurado también involucra defecto fáctico, comoquiera que
carece de respaldo probatorio la afirmación de las autoridades accionadas,
consistente en que la fallecida se evadió del «hogar de paz» en el que estaba
instalada en Bogotá, pues de los elementos de convicción que reposan en el
expediente 50001-23-31-000-2010-00534-00 no es dable inferir ese hecho.

Aducen que la sentencia atacada comporta desconocimiento del precedente,
toda vez que desatendió el criterio del Consejo de Estado3 y de la Corte
Constitucional4, según el cual a la Administración le corresponde velar por la
vida de las personas desmovilizadas por encontrarse frente a un peligro
constante, que hace imperioso (i) identificar su vulnerabilidad, (ii)
individualizar el riesgo, (iii) adoptar medidas de protección y (iv) evaluar de
manera periódica la eficiencia de estas, protocolo que no se colmó en cuanto a
la joven Kerly Buitrago Galiano (q. e. p. d.).

II. TRÁMITE PROCESAL

La tutela de la referencia fue asignada por reparto al despacho a cargo del
ponente de la presente providencia, que el 20 de septiembre de 2022 (i) la
admitió, (ii) tuvo como tutelantes a los señores Elifonso Buitrago López, Ana
Silvia Galiano y Jaidy y Gleisy Buitrago Galiano; (iii) ordenó notificar a los
señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Consejo de
Estado; (iv) dispuso vincular a los señores Ministros de Defensa Nacional, del
Interior y de Justicia y del Derecho y José Agustín Buitrago Galiano 5, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991; y (v) le reconoció
personería al abogado Senén Darío Reyes Salazar, para actuar dentro de las

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Sección tercera, sentencias de (i) 30 de marzo de 2017, C. P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 50001-
23-31-000-2003-10357-01; (ii) 20 de noviembre de 2017, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, expediente
27001-23-31-000-2006-00053-01; (iii) 1º de marzo de 2018, C. P. Martha Nubia Velásquez Rico, expediente
25000-23-26-000-2010-00911-01; y (iv) 19 de abril de 2018, C. P. Martha Nubia Velásquez Rico,
expediente 52001-23-31-000-2006-01708-01.
4
Sentencias T-1026 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil; y T-719 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
5
Quien había integrado el extremo activo en el proceso de reparación directa 50001-23-31-000-2010-00534-
00.

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Actores: Elifonso Buitrago López y otros

presentes diligencias en representación de los accionantes, de acuerdo con el
poder especial allegado.

El 20 de octubre de 2022 esta subsección negó el amparo deprecado, al
considerar que el fallo acusado no incurría en las causales específicas de
procedibilidad denominadas defectos fáctico y sustantivo y desconocimiento
del precedente, invocadas por los tutelantes; decisión contra la cual estos
formularon impugnación, concedida el 11 de noviembre de esa anualidad.

El 28 de noviembre de 2022 el asunto constitucional fue repartido, en segunda
instancia, al despacho a cargo del señor consejero de Estado Jaime Enrique
Rodríguez Navas, que el 14 de diciembre siguiente declaró la nulidad de lo
actuado desde el proveído de 20 de septiembre de ese año, inclusive, toda vez
que en el escrito inicial el abogado Senén Darío Reyes Salazar no hizo
referencia a la señora Gleisy Buitrago Galiano, enunciada en el respectivo
poder especial, por tanto, no debió vincularse como tutelante, sino como
tercera interesada a este trámite (por actuar como demandante en el proceso
de reparación directa 50001-23-31-000-2010-00534-00), pues el aludido
profesional del derecho no deprecó la protección de las garantías superiores
de ella.

En cumplimiento del auto 14 de diciembre de 2022, esta subsección, con
providencia de 24 de enero de 2023, (i) admitió la acción de tutela, (ii) tuvo
como tutelantes a los señores Elifonso Buitrago López, Ana Silvia Galiano y
Jaidy Buitrago Galiano; (iii) ordenó notificar a los señores magistrados de la
subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado; (iv) dispuso
vincular a los señores Ministros de Defensa Nacional, del Interior y de
Justicia y del Derecho y José Agustín y Gleisy Buitrago Galiano, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, y (v) reconoció personería
al señor profesional del derecho Senén Darío Reyes Salazar, para actuar en
representación de los accionantes en las presentes diligencias.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado, por conducto del ponente de la providencia atacada, piden
negar el amparo deprecado, porque no desconocieron la condición de
desmovilizada de la joven Kerly Buitrago Galiano (q. e. p. d.) ni que a la
Administración le asistía el deber de salvaguardar su integridad, sino que
aplicaron el criterio de esa Corporación, según el cual se compromete la
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Actores: Elifonso Buitrago López y otros

responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de reinsertados, cuando
estos ponen de presente amenazas y no se adoptan medidas orientadas a
protegerlos, presupuesto que no aconteció en el proceso 50001-23-31-000-
2010-00534-00, pues la víctima directa no informó sobre intimidaciones en su
contra.

Que la joven Buitrago Galiano (q. e. p. d.) estaba custodiada en un «hogar de
paz», pero salió de allí sin avisar a las autoridades competentes, por lo que
asumió un riesgo que al materializarse no involucra omisión de la
Administración, lo que impide atribuirle el hecho dañoso.

2.1.2 El señor Ministro del Interior, mediante la señora jefe de la oficina
asesora jurídica del organismo que representa, asevera que carece de
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no emitió la providencia
que presuntamente trasgrede los derechos constitucionales fundamentales de
los tutelantes y tampoco tiene competencia para cumplir una eventual orden
de emitir una sentencia de reemplazo.

2.1.3 El señor Ministro de Justicia y del Derecho, por intermedio del señor
«director», solicita ser desvinculado de este trámite constitucional,
comoquiera que las súplicas de los demandantes no conciernen a las tareas
que le impone el sistema normativo. Asimismo, señala que el fallo
cuestionado no incurre en causal específica de procedibilidad alguna, puesto
que se emitió conforme a los elementos de convicción que reposan en el
expediente de reparación directa 50001-23-31-000-2010-00534-00 y a la
normativa aplicable a la situación fáctica allí debatida.

2.1.4 Los señores José Agustín y Gleisy Buitrago Galiano y Ministro de
Defensa Nacional guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
los accionantes, quienes aducen quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

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Actores: Elifonso Buitrago López y otros

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 4 de mayo de 2022, por
cuyo conducto el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera)
revocó la de 1º de marzo de 2016, con la que el Tribunal Administrativo del
Meta accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa
instaurada por los tutelantes, junto con los señores José Agustín y Gleisy
Buitrago Galiano, contra la Nación – Ministerios de Justicia y del Derecho,
del Interior y de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 50001-23-
31-000-2010-00534-00), para negarlas; y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la
administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
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Actores: Elifonso Buitrago López y otros

fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
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proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

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Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos8.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de los actores; (ii) contra el fallo
acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue emitido en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial
atacada se profirió el 4 de mayo de 2022 y la solicitud de amparo se instauró
el 15 de septiembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (4
meses y 11 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defectos
sustantivo y fáctico y desconocimiento del precedente.
6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04966-00
Actores: Elifonso Buitrago López y otros

3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) El 25 de mayo de 2008 la joven Kerly Buitrago Galiano (q. e. p. d.),
miembro de las desaparecidas FARC (donde se le conocía con el alias de Yuti
Manotas), entregó un fusil y munición a miembros de la brigada móvil 1 del
Ejército Nacional y les expresó su voluntad de «abandonar las actividades»
subversivas, por lo que ese mismo día fue puesta a disposición del
comandante de la estación de Policía del municipio de La Uribe (Meta).

b) La joven Buitrago Galiano (q. e. p. d.) se desempeñó como «orientadora
del terreno del pelotón del segundo batallón de Contraguerrillas 20» del
Ejército Nacional, del 30 de mayo al 21 de junio de 2008, y suministró
información relevante para identificar los corredores que utilizaban los
integrantes del frente 40 de la organización armada a la que pertenecía.

c) El 8 de julio de 2008 la joven Kerly Buitrago Galiano (q. e. p. d.)
compareció ante la Notaría Veintitrés (23) del Círculo de Bogotá, en la que
realizó una declaración extrajuicio, en el sentido de indicar que era
desmovilizada de las entonces FARC.

d) El 31 de julio de 2008 el «comité operativo para la dejación de armas» le
«permiti[ó]» a la joven Buitrago Galiano (q. e. p. d.) ingresar al programa de
«desmovilización y reinserción», con el fin de ser destinataria de los
beneficios que otorga el ordenamiento jurídico a los excombatientes, para lo
cual, además, el 1º de septiembre siguiente firmó «un acta de compromiso»
con la alta consejería para la reintegración social y económica de personas y
grupos alzados en armas de la presidencia de la República.

e) El 4 de octubre de 2008 el cuerpo de la joven Kerly Buitrago Galiano (q. e.
p. d.) fue hallado sin vida y con varios impactos de bala en la zona rural de
Villavicencio.

f) El 26 de octubre de 2010 los tutelantes, junto con los señores José Agustín
y Gleisy Buitrago Galiano, incoaron acción de reparación directa contra la
Nación – Ministerios de Justicia y del Derecho, del Interior y de Defensa
Nacional – Ejército Nacional (expediente 50001-23-31-000-2010-00534-00),
con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable de la
muerte de la joven Buitrago Galiano (q. e. p. d.), que comporta, a su juicio,

10

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una falla del servicio por no garantizar su seguridad, y se le ordenara
reconocerles la correspondiente compensación monetaria.

g) Del asunto contencioso-administrativo conoció el Tribunal Administrativo
del Meta, que el 24 de marzo de 2011 lo admitió y el 30 de agosto de 2012
decretó como pruebas los documentos que acreditan los hechos expuestos en
precedencia y dispuso requerir del Ejército Nacional información que
permitiera determinar si la fallecida necesitaba o recibía protección.

En atención al aludido requerimiento, el comandante de la brigada móvil 1 del
Ejército Nacional adosó el oficio 1450 de 2 de diciembre de 2013, en el que
indica que a la joven Kerly Buitrago Galiano (q. e. p. d.) «le fue brindada
seguridad […] durante el tiempo que duró a cargo» de ella.

Asimismo, a las diligencias contencioso-administrativas se adosaron (i)
certificación en la que consta que la difunta se resguardaba en Hogares de Paz
Fátima y Las Delicias de Bogotá, donde era asistida, y (ii) la investigación
penal del hecho dañoso, adelantada por la fiscalía seccional 118 de
Villavicencio, en la que se determinó que la fallecida se transportaba en un
taxi proveniente de La Uribe (Meta), junto con otra persona, al momento de
ser ultimada.

h) El 1º de marzo de 2016 el referido Tribunal accedió a las pretensiones
ordinarias, al considerar que el deceso de la joven Buitrago Galiano (q. e. p.
d.) involucra desatención del mandato contenido en el artículo 2º de la
Constitución Política, pues no se adoptaron medidas para protegerla, pese a
que era desmovilizada, condición que, sumada a la de informante del Ejército
Nacional, la convertía en sujeto de especial protección.

i) Contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de
apelación, con el argumento de que la víctima directa no adelantó trámites
administrativos orientados a pedir que se le brindara seguridad ni afirmó estar
en peligro, por tanto, no se observa incumplimiento de obligaciones por parte
de la Administración, lo que impide atribuirle el hecho dañoso.

j) La precitada alzada fue desatada el 4 de mayo de 2022 por el Consejo de
Estado (subsección B de la sección tercera), en el sentido de revocar la
sentencia de primera instancia, para en su lugar, negar las súplicas de la
demanda, habida cuenta de que no se acreditó que (i) la fallecida haya pedido

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protección por estar amenazada y que las entidades demandadas se negaran a
otorgársela, y (ii) su deceso se causó por ser desmovilizada e informante de la
fuerza pública. De igual modo, ella, al salir del centro de protección Hogares
de Paz Fátima y Las Delicias, ubicado en Bogotá, e irse al Meta sin requerir
seguridad, asumió un riesgo que releva de responsabilidad al Estado.

Que «pese a que no existe prueba documental que especifique las fechas
exactas de cuándo estuvo en [el hogar de paz,] se puede inferir que fue a
partir del 8 de julio 2008[,] ya que para ese momento está acreditado que la
señora Buitrago Galiano estaba en Bogotá», pues ese día acudió a la Notaría
Veintitrés (23) del Círculo de esa ciudad.

3.5.2 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé
que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional9 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al
caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»10.

En el sub lite los tutelantes afirman que la sentencia reprochada involucra
defecto sustantivo, en razón a que desatendió el artículo 5º del Decreto 128 de
2003, que consagra el deber del Estado de garantizar los derechos de los
desmovilizados que se sometan a los procedimientos de reincorporación a la
9
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
10
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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vida civil dispuestos por el Estado, tarea que no se cumplió respecto de la
joven Kerly Buitrago Galiano (q. e. p. d.), pues, a pesar de que desertó de las
entonces FARC, resultó baleada en Villavicencio.

Con el propósito de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno anotar que el artículo 9011 de la Constitución
Política se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del
Estado, puesto que es su «cláusula general»12, toda vez que prevé los
elementos que deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un
daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación
de soportar, (ii) una acción u omisión de los servidores públicos concernientes
al cumplimiento de sus funciones y (iii) una relación causal entre el hecho
dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.

En virtud de dichos presupuestos, hay lugar a declarar la responsabilidad
extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento de sus
funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no
debe resistirlo.

Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe
mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para
que se comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable
que esta haya causado el daño13.

Ahora bien, cuando los agravios son provocados por omisión de la
Administración, a esta le asiste la obligación de resarcirlos siempre que se
evidencie que el incumplimiento de sus deberes tuvo incidencia en el
siniestro, toda vez que aunque en esa situación no se configura un nexo de
causalidad, concurre uno de imputación, pues esa inactividad administrativa
involucra una falla del servicio14. Sobre el particular, el Consejo de Estado15

11
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
éste».
12
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana
Marín, expediente 25000-23-26-000-2004-02010-01.
14
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2012, C. P. Hernán Andrade
Rincón, expediente 25000-23-26-000-1996-03282-01: «[…] la falla del servicio o la falta en la prestación
del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del
mismo».

13

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precisó:

En casos de responsabilidad extracontractual por omisión estatal, dicho
juicio se fundamenta en el presupuesto de la imputación, consistente en la
comprobación de un deber jurídico a cargo de la entidad demandada que
tiene la competencia de evitar el resultado lesivo y, pese a ello, se
abstiene voluntariamente de ejercer oportuna y eficientemente un estándar
funcional de diligencia debida, lo que incide directamente en la
producción del daño antijurídico.

De igual manera, esta Corporación16 ha indicado que solo hay lugar a
atribuirle un daño antijurídico a la Administración, cuando las pruebas
demuestran que su acción u omisión fue determinante en la producción de
aquel, porque, de lo contrario, se incumpliría la carga de la prueba y, en
consecuencia, resulta imperioso negar las pretensiones indemnizatorias. Al
respecto dijo:

[…] con las pruebas allegadas al expediente no se probaron las
circunstancias de modo que rodearon la muerte del señor Gómez Pérez
[…]; en este sentido, la Sala estima que se presenta una clara ausencia o
imposibilidad de imputación, puesto que no hay prueba que lleve a la
convicción de que el daño resulta atribuible a la entidad demandada,
carga que le correspondía a la parte actora […].

Conforme al análisis realizado en precedencia, se concluye que el Consejo de
Estado ha sostenido que para que se comprometa la responsabilidad
patrimonial de la Administración, se debe acreditar que una acción u omisión
de sus agentes fue determinante en la ocurrencia del daño antijurídico, por
cuanto si ello no acontece, no es dable atribuírselo.

Por otra parte, el artículo 5º del Decreto 128 de 200317 prevé que el Estado
«velará por el respeto de los derechos humanos de las personas que
abandonen voluntariamente las armas y el correcto cumplimiento de los
procesos de desmovilización y reincorporación a la vida civil».

15
Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, C. P. Ramiro Pazos
Guerrero, expediente 18001-23-31-000-2000-00074-01.
16
Sección tercera, subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021, C. P. María Adriana Marín, expediente
76001-23-31-000-2011-00388-01.
17
«Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la
Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil».

14

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Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el caso sub judice la Sala
evidencia que en la providencia cuestionada las autoridades accionadas
concluyeron que no era dable acceder a las pretensiones de la demanda de
reparación directa 50001-23-31-000-2010-00534-00, porque no se probó
incumplimiento por parte de la Administración de su deber de garantizar la
integridad de la señora Kerly Buitrago Galiano (q. e. p. d.), lo que para los
tutelantes involucra defecto sustantivo, dado que no advierte que el Estado
tenía el compromiso de salvaguardarla, en atención al artículo 5º del Decreto
128 de 2003.

De acuerdo con el estudio realizado en precedencia, se observa que carece de
asidero jurídico el argumento de los demandantes, puesto que si bien es cierto
que la precitada norma consagra que la Administración tiene la obligación de
proteger a los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, también
lo es que para que haya lugar a declararla administrativamente responsable de
un daño antijurídico dentro de un proceso de reparación directa, debe
acreditarse que su acción u omisión fue determinante en el siniestro, lo cual
no ocurrió en el expediente 50001-23-31-000-2010-00534-00.

Cabe advertir que los actores sostienen que las entidades demandadas en las
aludidas diligencias contencioso-administrativas debieron ser condenadas por
cuanto no aseguraron la integridad de la joven Buitrago Galiano (q. e. p. d.),
pese a que ello les correspondía, no obstante, para que sea viable atribuirle
responsabilidad extracontractual a un ente por omisión en el ejercicio de sus
funciones, debe demostrarse que ese hecho omisivo fue la causa directa del
siniestro, lo cual, se reitera, no aconteció en el asunto de reparación directa
50001-23-31-000-2010-00534-00, pues no se probó que hubiere
inobservancia de los deberes que le impone el ordenamiento jurídico.

Se aclara que la afirmación de los accionantes se funda en la idea de que se
debe condenar a los entes demandados por la sola ocurrencia del hecho
dañoso, sin advertir si tuvieron o no participación en su producción, lo que
comporta la teoría de la causalidad denominada equivalencia de las
condiciones, la cual está proscrita del marco jurídico colombiano, toda vez
que para que se comprometa la responsabilidad extracontractual, debe
dilucidarse que la acción u omisión de una autoridad fue determinante en la
ocurrencia del daño antijurídico. Al respecto, el Consejo de Estado18 precisó:
18
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, C. P. Enrique Gil Botero, expediente
54001-23-31-000-1994-08714-01.

15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04966-00
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Para la Sala es importante resaltar que no todas las acciones u omisiones
que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo,
como se plantea en la teoría de la equivalencia de las condiciones; es un
sinsentido otorgarle igual importancia a cada hecho previo a la
producción del daño, lo relevante es identificar cuál acción fue la causa
determinante, principal y eficiente del hecho dañoso, de lo contrario, se
llegaría al absurdo de que la consecuencia o daño, sería la sumatoria de
todos los antecedentes, haciendo un retorno al infinito, propio de la
teoría de la equivalencia de las condiciones.

En ese orden de ideas, en el proceso 50001-23-31-000-2010-00534-00 no se
demostró que la causa adecuada de la muerte de la joven Kerly Buitrago
Galiano (q. e. p. d.) haya sido una omisión del Estado en el cumplimiento de
sus deberes, pues no se adosaron pruebas que acrediten que se conocían las
amenazas en su contra y no se adoptaron medidas de protección para
salvaguardarla.

Ahora bien, aunque la condición de desmovilizada de la difunta involucraba
una situación de riesgo, su deceso no impone colegir prima facie que el
Estado comprometió su responsabilidad extracontractual, toda vez que para
ello, se insiste, se debe probar que la omisión en cuidarla fue la causa directa
del hecho dañoso, lo que no aconteció en la acción de reparación directa
50001-23-31-000-2010-00534-00, máxime cuando no se demostró que haya
informado sobre su salida de Bogotá, donde recibía asistencia, hacia el Meta,
y no se conocían intimidaciones en su contra.

En ese orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 5º del Decreto 128 de
2003 señala que se deben proteger los derechos de los excombatientes,
también lo es que la muerte de la joven Buitrago Galiano (q. e. p. d.) no
imponía condenar a las entidades demandadas en el referido asunto
contencioso-administrativo, porque no se demostró una desatención de sus
deberes determinante en el siniestro, por consiguiente, la providencia acusada
no incurre en defecto sustantivo.

3.5.3 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta

16

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la decisión»19.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra20.

En el sub lite los actores sostienen que el fallo censurado involucra defecto
fáctico, porque la afirmación de que la joven Kerly Buitrago Galiano (q. e. p.
d.) se ausentó del «hogar de paz», carece de respaldo probatorio, dado que de
los medios de convicción no es dable inferir ello. Sobre el particular, la Sala
encuentra que las autoridades accionadas indicaron que «pese a que no existe
prueba documental que especifique las fechas exactas de cuándo estuvo en
ese lugar[,] se puede inferir que fue a partir del 8 de julio 2008[,] ya que para
ese momento está acreditado que la señora Buitrago Galiano estaba en
Bogotá», pues ese día acudió a la Notaría Veintitrés (23) del Círculo de esa
ciudad.

De lo anterior se observa que los señores magistrados demandados admitieron
que no obraba elemento de convicción que diera cuenta de las fechas en que
la fallecida estuvo en el hogar de protección, sin embargo, como acudió el 8
de julio de 2008 a la Notaría Veintitrés (23) del Círculo de Bogotá, con la
finalidad de realizar una declaración extrajuicio, se infería que para esa época
habitaba en dicha ciudad, aserción que para la Sala no comporta una
deducción arbitraria, pues se presume que si acudió a la referida Notaría días
antes de su deceso, es porque para la fecha en que este acaeció aún estaba en
el hogar que se le asignó con el fin de que recibiera atención.

Además, la aseveración de las autoridades accionadas que reprochan los
accionantes no tiene incidencia en el fondo de la decisión, puesto que su ratio
decidendi21, es decir, la razón para negar las pretensiones ordinarias, fue que

19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
20
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
21
Sobre el particular se advierte que las sentencias están integradas por tres elementos, a saber: (i) ratio
decidendi, (ii) obiter dictum y (iii) decisum. El primero, está constituido por los argumentos que fundamentan
la decisión, es decir, las razones directas por las que se desata un asunto en uno u otro sentido, las cuales
tienen fuerza vinculante; el segundo, se refiere a las afirmaciones que si bien no son concluyentes en el

17

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no se probó una omisión determinante de la Administración en el siniestro, la
cual hubiere acaecido en el evento en que, a pesar de conocerse de amenazas
en su contra (que no se acreditaron), no se salvaguardó su integridad, lo que
no aconteció.

Se precisa que el hecho de que las autoridades accionadas no hayan valorado
los medios de prueba que reposan en el proceso de reparación directa 50001-
23-31-000-2010-00534-00 como lo pretendían los demandantes, no configura
la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, en razón a que en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de
examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos probatorios
que allí obran, así como la de brindarles diferentes grados de certeza, siempre
que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, como
aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca de la
responsabilidad patrimonial del Estado en los hechos debatidos en el
precitado asunto contencioso-administrativo, están precedidas de una
valoración integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las
garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a
este aspecto, la Corte Constitucional22 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

pronunciamiento, corroboran o respaldan el motivo principal (la ratio decidendi), por tanto, revisten un
criterio auxiliar que no tiene obligatoriedad; y el tercero, es la parte decisoria, que por estar relacionado con
los motivos principales de la determinación, son de imperioso acatamiento.
22
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto” […].

Así las cosas, como la aseveración de los señores magistrados demandados
que censuran los demandantes no es arbitraria y tampoco constituye el
fundamento de la decisión cuestionada, esto es, no involucra una deducción
probatoria caprichosa con la entidad de cambiar el sentido de la providencia
atacada, se colige que esta no incurre en defecto fáctico.

3.5.4 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia23, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia incurre en defecto
sustantivo24 conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe25.

En el sub lite los demandantes sostienen que la sentencia reprochada contraría
la jurisprudencia del Consejo de Estado26 y de la Corte Constitucional27, que

23
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela».
24
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
25
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26
Sección tercera, sentencias de (i) 30 de marzo de 2017, C. P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 50001-
23-31-000-2003-10357-01; (ii) 20 de noviembre de 2017, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, expediente
27001-23-31-000-2006-00053-01; (iii) 1º de marzo de 2018, C. P. Martha Nubia Velásquez Rico, expediente

19

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indica que la Administración está en la obligación de proteger a los
desmovilizados, y para tal fin debe (i) identificar su vulnerabilidad, (ii)
individualizar el riesgo, (iii) adoptar medidas de protección y (iv) evaluar de
manera periódica la eficiencia de estas, presupuestos que no se colmaron
frente a la joven Buitrago Galiano (q. e. p. d.).

Con la finalidad de establecer si la providencia acusada incurre en
desconocimiento del precedente, resulta imperativo determinar si los
pronunciamientos invocados por los tutelantes como inobservados, desataron
controversias similares a la debatida en el proceso de reparación directa
50001-23-31-000-2010-00534-00. Para tal propósito, se relacionan dichos
fallos de la siguiente manera:

Providencia Análisis de la providencia
1. Consejo de Estado, En la aludida providencia se decidió un litigio atañedero a
sección tercera, la muerte de integrantes del Partido Comunista
subsección B, sentencia Colombiano y de la Unión Patriótica en el Meta, en el
de 30 de marzo de 2017, sentido de declarar administrativamente responsable al
C. P. Danilo Rojas Estado por no brindarles protección, pese a que se conocía
Betancourth, expediente que se adelantaba un exterminio sistemático contra los
50001-23-31-000-2003- militantes de esas organizaciones, por lo que un ataque en
10357-01. su contra era previsible.
Mediante el citado fallo se desató una acción de reparación
Consejo de Estado,
directa incoada por la muerte de un individuo, causada por
sección tercera,
paramilitares en el área rural del municipio de San José del
subsección C, sentencia
Palmar (Chocó), donde no había puesto de policía. En el
de 20 de noviembre de
pronunciamiento se relevó de responsabilidad al Estado,
2. 2017, C. P. Jaime
porque no se acreditó que se haya informado a las
Enrique Rodríguez
autoridades de amenazas o situaciones de riesgo de la
Navas, expediente
víctima directa, de manera que no era dable atribuirle
27001-23-31-000-2006-
omisión alguna a la Administración.
00053-01.
En la mencionada providencia se discutió la
responsabilidad extracontractual del Estado por los
Consejo de Estado,
perjuicios causados por dos (2) atentados perpetrados
sección tercera,
contra una persona desmovilizada de las entonces FARC,
subsección A, sentencia
quien estaba inscrita en el programa de protección de
de 1º de marzo de 2018,
3. testigos de la Fiscalía General de la Nación, se le había
C. P. Martha Nubia
adelantado evaluación de riesgo por parte del desaparecido
Velásquez Rico,
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y pidió
expediente 25000-23-26-
permiso para ausentarse del «hogar de paz» en el que se
000-2010-00911-01.
encontraba.
En la determinación judicial se concluyó que la

25000-23-26-000-2010-00911-01; y (iv) 19 de abril de 2018, C. P. Martha Nubia Velásquez Rico,
expediente 52001-23-31-000-2006-01708-01.
27
Sentencias T-1026 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil; y T-719 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.

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Actores: Elifonso Buitrago López y otros

Administración no le asistía el deber de resarcir los
perjuicios reclamados, por cuanto no se probó que la
víctima directa reportara ultimátum en su contra y que la
Administración haya omitido brindarle protección.
Consejo de Estado,
sección tercera, En el referido pronunciamiento se decidió una demanda de
subsección A, sentencia reparación directa, originada en el accidente de la aeronave
de 19 de abril de 2018, en que se movilizaban militares. Allí se concluyó que el
4.
C. P. Martha Nubia hecho dañoso se produjo en razón a que no se atendió la
Velásquez Rico, advertencia de no despegar porque las condiciones
expediente 52001-23-31- climáticas no lo permitían.
000-2006-01708-01.
A través del aludido fallo, el alto tribunal desató una
acción de tutela, incoada por docentes del departamento
Corte Constitucional,
del Cesar que eran víctimas de intimidaciones por parte de
sentencia T- 1026 de
5. grupo armados ilegales, e indicó que las autoridades les
2002, M. P. Rodrigo
asiste la obligación de salvaguardar la vida, por lo que
Escobar Gil.
deben adoptar medidas con el fin de protegerla, siempre
que la amenaza sea «potencial».
En el referido pronunciamiento, la Corte Constitucional
decidió una solicitud de amparo, en la que un
desmovilizado de la guerrilla pidió protección, dado que
Corte Constitucional, no la había recibido del Estado, pese a que estaba
sentencia T-719 de 2003, amenazado e informó de ello a las autoridades, sin que se
6.
M. P. Manuel José adoptara medida alguna en su favor.
Cepeda Espinosa. La Corporación ordenó efectuar un estudio del riesgo al
tutelante y, con fundamento en él, acoger los respectivos
protocolos de seguridad.

De las providencias del Consejo de Estado reseñadas en precedencia, se
evidencia que con base en estas no es dable amparar las garantías superiores
de los tutelantes, pues en el proceso dentro del que se emitió la de 30 de
marzo de 2007 se acreditaron amenazas contra los miembros del Partido
Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica en el Meta, lo que, se reitera,
no aconteció en el de reparación directa 50001-23-31-000-2010-00534-00.
Asimismo, la víctima directa en el expediente 27001-23-31-000-2006-00053-
01 no era un excombatiente, como la joven Kerly Buitrago Galiano (q. e. p.
d.), y en la sentencia que lo decidió no se declaró la responsabilidad del
Estado, dado que no se demostraron intimidaciones, presupuesto en virtud del
cual las autoridades accionadas negaron las pretensiones de la demanda
ordinaria 50001-23-31-000-2010-00534-00.

Además, en lo que concierne a la sentencia de 1º de marzo de 2018, se
constata que si bien era excombatiente la persona que murió y que motivó la
formulación de la demanda de reparación directa 25000-23-26-000-2010-
00911-01, allí se concluyó que para que haya lugar a declarar la
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Actores: Elifonso Buitrago López y otros

responsabilidad patrimonial de la Administración, debían demostrarse
intimidaciones y la omisión del Estado de evitar su materialización, premisa
que atendieron los señores magistrados aquí demandados al negar las
pretensiones invocadas en la acción 50001-23-31-000-2010-00534-00.

Por su parte, el fallo de 19 de abril de 2018 decidió un litigio atinente a la
muerte de miembros de la fuerza pública en un accidente aéreo, hecho
diferente al que dio lugar al proceso 50001-23-31-000-2010-00534-00, de
manera que las consideraciones expuestas en el aludido pronunciamiento no
resultaban aplicables en la determinación judicial que se reprocha en el
trámite constitucional de la referencia.

En cuanto a las sentencias de la Corte Constitucional, se observa que las
controversias allí debatidas no guardan similitud fáctica con la estudiada en la
providencia cuestionada, porque en los casos abordados por aquellas no había
acaecido la muerte de las víctimas directas, dado que incoaron las acciones de
tutela para evitarla (lo cual sí ocurrió en el expediente 50001-23-31-000-
2010-00534-00) y en las diligencias sí se demostraron amenazas, lo que, se
insiste, no acaeció en dicho asunto contencioso-administrativo.

En ese orden de ideas, como las providencias en las que los actores
fundamentan el desconocimiento del precedente no se avenían al proceso de
reparación directa 50001-23-31-000-2010-00534-00 y en algunas de ellas se
concluyó que solo se compromete la responsabilidad patrimonial del Estado
cuando la muerte está precedida de intimidaciones (presupuesto que
atendieron las autoridades accionadas), se concluye que el fallo censurado no
involucra la aludida causal específica.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala negará el amparo deprecado,
comoquiera que la decisión cuestionada no comporta defectos sustantivo y
fáctico ni desconocimiento del precedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por los
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señores Elifonso Buitrago López, Ana Silvia Galiano y Jaidy Buitrago
Galiano, por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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