Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04969-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Subsidio familiar
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04969-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04969-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
20 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04969-00
Accionante: LUIS EVELIO GARAY GUERRERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
TEMA: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /
SUBSIDIO FAMILIAR / DEFECTO SUSTANTIVO /
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Luis Evelio Garay Guerrero en contra del Tribunal Administrativo de
Santander, de conformidad con el Decreto 333 del 2021.
I. ANTECEDENTES
El señor Luis Evelio Garay Guerrero, quien actúa a través de apoderada
judicial1, invoca la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad con
base en los siguientes:
1
Carmen Ligia López Gómez.
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04969-00
Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
1. HECHOS
1.1. Manifiesta el accionante que mediante sentencia del 8 de junio de
2017, con efectos ex tunc, el Consejo de Estado declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009 por medio del cual se había derogado el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000.
1.2. Por lo tanto, al considerar que le eran aplicables los efectos de la
sentencia de la referencia debido a la fecha de consolidación de su
derecho tras contraer matrimonio el 31 de diciembre de 2013, presentó
la respectiva reclamación administrativa ante el Ejército Nacional el 18
de febrero de 2019, a fin de que le reconociera el subsidio familiar
conforme a los términos del artículo 11 del Decreto 1794 del 2000,
petición que fue resuelta negativamente, a través del Oficio n.°
20193110787221 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-
11-10 del 29 de abril del mismo año.
1.3. Inconforme con la decisión, interpuso el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que por reparto
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja,
dependencia judicial que, a través de la sentencia del 15 de diciembre
de 2020, negó la pretensión relativa al reconocimiento y reajuste del
subsidio familiar.
1.4. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo
de Santander mediante sentencia del 29 de abril de 2022, al considerar
que el hecho de cambiar el estado civil no le otorgó per se el derecho a
percibir el aludido emolumento, pues era deber del accionante reportar
el cambio a su empleador para percibir el beneficio, en esa medida, al
omitir tal requisito, concluyó que no era factible acceder a la pretensión.
2
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04969-00
Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene que el tribunal incurrió en defecto sustantivo, toda vez, que
no interpretó la situación jurídica relativa al subsidio familiar de los
soldados profesionales y en consecuencia desechó las consideraciones
expuestas en la sentencia del 8 de junio de 2017 con efectos ex tunc,
por medio de la cual esta corporación declaró la nulidad del Decreto
3770 del 2009.
En esa medida, discrepó de la decisión recurrida, por cuanto negó la
pretensión con el argumento de que este no reportó el cambio de
estado civil, pese a que la disposición normativa que consagraba dicho
requisito había sido derogada.
De otra parte, manifestó que hubo desconocimiento de las sentencias
de tutela proferidas por el Consejo de Estado el 8 de abril de 20212, 27
de octubre de 20213, 7 de abril de 20224, 2 de junio de 20225, 16 de
junio de 20226 y 28 de julio del mismo año7, en las cuales se ordenó
proferir nuevas decisiones para que se realizara un estudio íntegro de
las normas que regulan el caso particular.
2
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
acción de tutela Rad n° 11011-03-15-000-2021-00197 00
3
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno
Rubio, acción de tutela Rad n° 11011-03-15-000-2021-04441-01
4
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil,
acción de tutela Rad n° 11011-03-15-000-2021-07051-01
5
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil,
acción de tutela Rad n° 11011-03-15-000-2022-01132-01
6
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno
Rubio, acción de tutela Rad n° 11011-03-15-000-2022-01201-01
7
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra,
acción de tutela Rad n° 11011-03-15-000-2022-03285-00
3
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04969-00
Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
3. PRETENSIONES
Por lo anterior, solicita:
«1. Qué se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la sentencia de fecha
29 de abril de 2022 en virtud de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en lo
relativo al reconocimiento y pago del subsidio familiar que debió devengar el actor en su
asignación salarial mensual con fundamento en las disposiciones del artículo 11 del
Decreto 1794 del 2000.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare
la nulidad de la sentencia en mención, en cuanto negó el Reconocimiento del subsidio
familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000.
3. Que una vez declarada la nulidad solicitada, ordenar a la autoridad judicial accionada,
Tribunal Administrativo de Santander, a que profiera nueva sentencia en la que se declare
que el actor tiene derecho a que el subsidio familiar sea liquidado y pagado conforme lo
establece el artículo 11 del decreto 1794 del 2000 desde la fecha en que el actor consolidó
el derecho objetivo de reconocimiento de tal prestación.
4. Que se advierta a las entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el
incumplimiento de la providencia que su despacho profiera.»
4. INFORMES
Mediante auto del 21 de septiembre de 2022 se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Santander como accionado y a la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional como tercero interesado en las resultas del proceso.
4.1. El Tribunal Administrativo de Santander, por conducto del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó se declare
improcedente la presente acción de tutela, pues de manera alguna
advierte una actuación de la cual se pueda derivar la vulneración de los
derechos fundamentales invocados en el mecanismo constitucional.
4
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04969-00
Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
Asimismo, informó, que una vez analizado el material probatorio, la
parte actora no acreditó que presentó ante su empleador de manera
oportuna los documentos que daban cuenta de su estado civil,
circunstancia que impedía el reconocimiento del subsidio familiar en los
términos deprecados en la demanda.
Máxime cuando al actor se le reconoció dicha prestación a partir del 30
de julio de 2014 de conformidad con el Decreto 1161 de 2014, por
medio del cual se dispuso nuevamente el reconocimiento del aludido
subsidio a favor de los soldados profesionales.
4.2. Las demás autoridades vinculadas guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar:
• ¿La presente acción de tutela acredita los requisitos generales de
procedibilidad?
Solo en caso afirmativo, se deberá establecer:
• ¿El Tribunal Administrativo de Santander, al expedir la
providencia del 29 de abril de 2022 mediante la cual confirmó el
fallo que negó el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar,
incurrió en defecto sustantivo?
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04969-00
Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente8 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación9, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
8
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
9
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
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Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.
2.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
2.1.3. Igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la fecha
de notificación de la providencia de segunda instancia (4 de mayo de
2022) hasta la radicación de la acción de tutela (15 de septiembre de
2022).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto sustantivo
en que incurrió la autoridad judicial demandada.
2.2. Del defecto sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional10, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales11, es
decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i)
una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
10
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015,
entre otras.
11
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
8
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consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”12.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este
orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”13. Este defecto, se presenta ante
situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión
judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues
de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente 14.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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2.3. Improcedencia de la acción de tutela para discutir
interpretaciones legales razonables
Los artículos 228 y 230 superiores consagraron la autonomía e
independencia judicial como una garantía institucional que se debe
preservar para efectos de articular correctamente el principio de
separación de poderes. De este modo, es claro que a pesar de que el
ejercicio judicial es reglado y está sometido al imperio de la ley y la
Constitución, también es evidente que la norma superior reconoció que
existen situaciones en las que el juez debe gozar de un margen de
discrecionalidad importante para apreciar el derecho aplicable al caso,
para lo cual debe ser independiente y autónomo.
Respecto de la actividad de interpretación en las decisiones judiciales,
se han establecido postulados que permiten aclarar en qué casos no se
constituye una vía de hecho, haciendo referencia a los siguientes: i) la
simple divergencia sobre la apreciación normativa, ii) la contradicción
de opiniones respecto de una decisión judicial, iii) una interpretación
que no resulta irrazonable, no pugna con la lógica jurídica, ni es
abiertamente contraria a la disposición analizada y, iv) discutir una
lectura normativa que no comparte, pues para ese efecto debe acudirse
a las instancias judiciales ordinarias y extraordinarias y no a la acción
de tutela que no es tercera instancia.
En síntesis, la protección de los derechos fundamentales por vía de
tutela cuando estos resultan afectados por la interpretación judicial de
pruebas o de normas jurídicas debe ser excepcionalísima y únicamente
procede cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma
irrazonable, por lo que en caso de que existan distintas interpretaciones
razonables, debe prevalecer la del juez de conocimiento en aras de
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Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
preservar los principios de autonomía, independencia y especialidad de
la labor judicial.
3. Caso concreto
En el presente asunto, el accionante reprocha la sentencia de 29 de
abril de 2022 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión de primera instancia que le negó el reconocimiento
y pago del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000.
Manifiesta, en síntesis, que dicha decisión desconoce las
consideraciones expuestas en la sentencia del 8 de junio de 2017 con
efectos ext tunc, por medio de la cual esta corporación declaró la
nulidad del Decreto 3770 del 2009.
Asimismo, discrepó de la decisión recurrida, por cuanto el tribunal negó
el reconocimiento del subsidio familiar con el argumento de que no
reportó el cambio de estado civil, pese a que la disposición normativa
que consagraba dicho requisito para la fecha en que consolidó su
derecho había sido derogada.
Ahora bien, de las piezas procesales que reposan en el expediente se
advierte lo siguiente:
El Tribunal Administrativo de Santander, a través de la providencia de
29 de abril de 2022, confirmó la decisión del a quo que negó las
pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:
«Con el fin de dar resolución al problema jurídico planteado, destaca la Sala que la
inconformidad planteada en el recurso de apelación objeto de resolución, está referida
únicamente al reconocimiento del subsidio familiar, cuyo derecho invoca el demandante
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como consecuencia de la aplicación de las normas contenidas en el Decreto 1794 de 2000,
por virtud de la anulación, con efectos ex tunc, del Decreto 3770 de 2009.
Pues bien, atendiendo el marco normativo y jurisprudencial antes citado, resulta claro para
la Sala que, si bien a través del Decreto 3770 de 2009 se suprimió el derecho a percibir el
subsidio familiar en favor de los soldados profesionales, lo cierto es que a partir de la
anulación de dicha disposición por parte del Consejo de Estado a través de la sentencia
proferida el 8 de junio de 2017, antes citada, revivieron las disposiciones normativas que
se encontraban vigentes en la materia con anterioridad a su expedición y que para el caso
corresponden a las contenidas en el Decreto 1794 de 2000, artículo 11.
De manera que, atendiendo a que el demandante aduce ostentar el derecho al
reconocimiento del subsidio familiar a partir del 31 de diciembre de 2013, esto es, con
anterioridad a la expedición del Decreto 1161 de 2014, la prosperidad de tal pretensión
habrá de analizarse a la luz de las disposiciones contenidas en el Decreto 1794 de 2000.
Con tal propósito, una vez analizadas las pruebas documentales aportadas al plenario, se
encuentra acreditado que el señor Luis Evelio Garay Guerrero ingresó al Ejército Nacional
en condición de soldado profesional a partir del 1 de abril de 2004 (Fol. 31) y que, contrajo
matrimonio con la señora Mayda Fanei Beltrán Ascanio el 31 de diciembre de 2013, siendo
registrado dicho acto el 25 de junio de 2014, como consta al folio 37 del expediente. Así
mismo, de dicha unión nacieron los menores Ainara Damileth Garay Beltrán y Luis Andrés
Garay Beltrán, el 8 de junio de 2015 y el 14 de noviembre de 2016, respectivamente (Fol.
39-40).
Ahora bien, con respecto a los requisitos para ser beneficiario del subsidio familiar, el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 dispone:
Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá
derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento
(4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio
de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la
reglamentación vigente.
Aplicando la norma en cita al caso particular del actor, se tiene que, bajo el entendido que
encontrándose vinculado al Ejército Nacional contrajo matrimonio el día 31 de diciembre
de 2013, podría afirmarse que su situación se subsume en los supuestos de hecho previstos
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para ser beneficiario del subsidio familiar.
No obstante, precisa la Sala que, conforme lo dispone el inciso segundo de la norma antes
referida, la adquisición del derecho en controversia está supeditada a que el interesado
reporte ante el Comando de la Fuerza el correspondiente cambio de su estado civil, lo que,
constituye una carga razonable si en cuenta se tiene que es el trabajador quien conoce de
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
primera mano su situación particular y por tal virtud es a éste, en su condición de interesado,
al que le corresponde el deber de informar a su empleador el hecho de haber contraído
nupcias o haber constituido una unión marital de hecho, con el fin de obtener un
pronunciamiento en sede administrativa sobre el reconocimiento del subsidio familiar.
Frente al cumplimiento de este requisito, no se aporta al plenario prueba alguna que acredite
que el demandante informó oportunamente ante el Comando del Ejército su cambio de
estado civil, ya que, según se afirma en el hecho No. 6 de la demanda, al intentar elevar la
respectiva solicitud, no le fueron recibidos los documentos, manifestándole que se
encontraba vigente el decreto 3770 de 2009.
Sobre el particular, el demandante, en el derecho de petición elevado ante la accionada con
el fin de obtener el reconocimiento del subsidio familiar, manifestó (Fol. 21):
“El señor GARAY GUERREO LUIS EVELIO contrajo matrimonio con la señora
MAYDA FANEI BELTRÁN ASCANIO desde el 31 de Diciembre de 2013, y presentó
los documentos requeridos en la forma legalmente establecida para que le fuera
reconocido el derecho al subsidio familiar, pero no se le recibieron los documentos bajo
el argumento de que los soldados profesionales no tenían derecho a percibir subsidio
familiar”.
Pese a las anteriores manifestaciones, se insiste, no hay prueba alguna en el expediente que
acredite que por parte del demandante se presentaron ante su empleador, de manera
oportuna, los documentos necesarios para acreditar el cambio de su estado civil,
circunstancia que impedía el reconocimiento del subsidio familiar, pues es evidente,
conforme a la norma en cita, que el derecho en cuestión no surge de manera automática, y,
en todo caso, se requiere de la respectiva solicitud de parte acompañada de la
documentación pertinente que acredite la condición requerida para ser beneficiario de la
aludida prestación.
Aunado a lo anterior, se precisa que la vigencia del Decreto 1794 de 2000 fue restituida
con ocasión de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, mediante sentencia del
Consejo de Estado que cobró firmeza el 8 de septiembre de 2017 con la expedición del auto
a través del cual se negó la solicitud de adición de la sentencia.
Lo anterior, permite inferir que, para la fecha aludida, ya se encontraba en vigencia el
Decreto 1161 de 2014, con el cual se dispuso nuevamente el reconocimiento del subsidio
familiar en favor de los soldados profesionales, y por virtud del cual, al actor se le reconoció
dicha prestación a partir del 30 de julio de 2014, según se afirma en el acto acusado
contenido en el oficio No. 20193110787221 del 29 de abril de 2019 (Fol. 24).
Lo anterior para recalcar que, con anterioridad a la fecha en que cobró firmeza la
anulación del Decreto 3770 de 2009, el actor no tenía en trámite y pendiente de
decisión, solicitud alguna referida al reconocimiento del subsidio familiar al amparo
de lo dispuesto en el decreto 1794 de 2000, pretensión que sólo fue ventilada ante
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04969-00
Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
el empleador, se insiste, en vigencia del Decreto 1161 de 2014 y que concluyó en
el reconocimiento del pretendido derecho prestacional a partir del 30 de julio de
2014.
Si bien es claro que el demandante adquirió el derecho a percibir como componente
salarial el subsidio familiar a partir de la fecha en que contrajo matrimonio, esto es,
el 31 de diciembre de 2013, lo cierto es que, con tal propósito debía informar al
empleador el cambio de su estado civil, hecho que no se acreditó en el sub judice,
no bastando para ello el que se afirme haber elevado la respectiva petición con el
acompañamiento de los documentos pertinentes, sin que se pruebe si quiera de
manera sumaria tal hecho, pues ha de recordarse que conforme al artículo 167 del
CGP, la carga probatoria le corresponde al demandante:
(…)
En consecuencia, al no acreditarse por la parte actora que oportunamente elevó la
petición dirigida a la entidad accionada con el fin de solicitar el reconocimiento del
subsidio familiar, aportando los documentos necesarios para acreditar el cambio de
su estado civil, se colige que no es posible acceder a tal reconocimiento en sede
judicial, dado el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, según el cual, “el soldado profesional deberá reportar
el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de
conformidad con la reglamentación vigente”. »
De lo anterior, se advierte que la decisión del Tribunal Administrativo
de Santander de negar el reconocimiento del subsidio familiar en el
porcentaje previsto en el Decreto 1794 de 2000 obedeció a que el
demandante no acreditó dentro del plenario que presentó ante su
empleador de manera oportuna los documentos necesarios para el
cambio de estado civil, requisito establecido en el artículo 11 de la
disposición normativa en mención.
En esa medida, para el a quem resultaba necesario que la respectiva
solicitud estuviera acompañada de la documentación pertinente que
acreditara la condición requerida para ser beneficiario de la aludida
prestación, máxime, cuando dicho emolumento le había sido reconocido
al demandante el 30 de julio de 2014, esto es, en vigencia del Decreto
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04969-00
Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
1161 de 2014, circunstancia que encontró ajustada al ordenamiento
jurídico.
En ese contexto, considera esta corporación que la posición jurídica
asumida por el tribunal no configura un defecto sustantivo, toda vez
que, a partir de la valoración integral del material probatorio obrante
en el proceso y las normas que sobre el subsidio familiar resultaron
relevantes en el asunto, estableció que la decisión contenida en el oficio
recurrido se encontraba ajustada a la legalidad, puesto que al
demandante no acreditó dentro del plenario que presentó la solicitud
de cambio de estado civil de manera oportuna aun cuando tenía la
carga de hacerlo, además que ya le había sido reconocido el subsidio
familiar en virtud de lo preceptuado en el Decreto 1161 de 2014.
Ahora bien, no es de recibo para la Sala cuando la parte accionante
aduce que hubo desconocimiento de las sentencias de tutela proferidas
por el Consejo de Estado el 8 de abril de 2021, 27 de octubre de 2021,
07 de abril de 2022, 2 de junio de 2022, 16 de junio de 2022 y 28 de
julio del mismo año, por cuanto resulta evidente que dentro de las
mismas se acreditó la solicitud de cambio de estado civil ante su
empleador, razón por la que en principio el tribunal negó la pretensión.
Es claro entonces que lo planteado en esta sede constitucional se limita
a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación de una
norma, lo que no es suficiente para calificar una providencia como
arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho
fundamental alguno.
De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede
para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio del
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Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
juez de conocimiento prevalece frente a la opinión del juez
constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino
también porque este se encuentra amparado por los principios de
autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.
Así pues, esta Sala concluye, siguiendo el criterio adoptado en
oportunidad anterior en un asunto de similares supuestos fácticos y
jurídicos15, que la negativa del tribunal en el reconocimiento del
subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000 en aquellos casos
en los que ya ha sido reconocido dicho emolumento con fundamento en
el Decreto 1161 de 2014 no configura causal alguna de procedencia de
la acción de tutela; por el contrario, constituye una interpretación
razonable y plausible y por tanto, debe ser respetada en virtud de los
principios de autonomía judicial.
Así las cosas, las pretensiones formuladas en esta sede constitucional
no tienen vocación de prosperidad, en tanto la hermenéutica
adelantada por las autoridades judiciales demandadas se ajusta
plenamente a la Constitución y a la ley, lo que impone a la Sala negar
el amparo constitucional invocado por el señor Luis Evelio Garay
Guerrero en contra del Tribunal Administrativo de Santander.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
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En esta oportunidad, la Sala se remite a la sentencia de 3 de septiembre de 2020 proferida dentro de la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2020-03464-00(AC), actor: NELSON YESID GAMBOA
ACOSTA, demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Magistrado Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Accionante: Luis Evelio Garay Guerrero
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional invocado por el señor
Luis Evelio Garay Guerrero en contra del Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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