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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04997-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04997-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los señores Marina Adames de Barrios, Hermes Bedoya, Doli Amanda Vargas López, Francisca Montaña de Santana, María Ángela Mancera Martínez, José Manuel Octavio Beltrán Romero, Dora Elsy Riveros Rey y Margarita Morales de Vásquez, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha. (Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente) JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Presidente de la Sección (Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente) MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO 17 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04997-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

10 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04997-00
Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04997-00
Demandante: MARINA ADAMES DE BARRIOS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN C- Y OTRO

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CADUCIDAD MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA. FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por los señores
Marina Adames de Barrios, Hermes Bedoya, Doli Amanda Vargas López, Francisca
Montaña de Santana, María Ángela Mancera Martínez, José Manuel Octavio Beltrán
Romero, Dora Elsy Riveros Rey, Margarita Morales de Vásquez contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Juzgado
Sesenta Administrativo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°
del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones

Los actores ejercieron acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Sesenta Administrativo de
Bogotá por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formularon las
siguientes pretensiones:

“ACCIÓN DE TUTELA en contra el Auto de fecha 25 de mayo de 2022 proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION TERCERA –
SUBSECCION C, M.P. Fernando Iregui Camelo, Radicación 11001-3336-060-2020-
00007-02, Dte. Ana Bertilda Morales de Rodríguez y otros, Ddo. Nación –Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Otro y el Auto de fecha 14 de octubre de
2021 proferido por el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá D.C., Radicación 11001-
3336-060-2020-00007-00, Dte. Ana Bertilda Morales de Rodríguez y otros, Ddo. Nación
–Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro, la base
fundamental de la presente demanda de Acción de Tutela los derechos fundamentales
AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN
CONDICIONES DE IGUALDAD, A LA REPARACION DIRECTA y artículo 145 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA), indica: “...Reparación de los perjuicios causados a un grupo.1

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04997-00
Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que
reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios
individuales, pueden solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios
causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la
materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para
determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado
el recurso administrativo obligatorio...”, la característica no tiene caducidad, luego puede
interponerse en cualquier tiempo, mientras subsista la amenaza o peligro y COMO
VICTIMAS O AFECTADAS, derechos trasgredidos a los señores: Ana Bertilda Morales
de Rodríguez, María del Carmen Sánchez Rodríguez, Jorge Eliecer Cardozo Martin,
Belisario Gutiérrez Gutiérrez, Juvenal Murcia Pintor, Leonila Hernández de Delgado,
Hermida Martínez Triana, Ana Lilia Ángel Rico, Sergio Tulio Colmenares García, Joaquín
Emilio Cardozo Velandia, Daniel Castillo Sánchez, Sara Elvia Acosta de Castillo, María
Antonia Cuevas, Francisca Montaño de Santana, Marina Adames de Barrio, María Mabel
Contreras de Rojas, Jorge Carreño Ovalle, Carlos Alberto Suárez, José Vicente Martínez
Bernal, Bellaul Álvarez de Rodríguez, José Manuel Octavio Beltrán, Hermes Bedoya,
Dolly Amanda Vargas y Eurípides Ubladamiro Serrato Bolaños, incoa demanda de
reparación directa (Art. 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo.

Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que
reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios
individuales, pueden solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios
causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la
materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecta a veinte (20) o más
personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria
para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere
agotado el recurso administrativo obligatorio), contra la Rama Judicial y la Unidad
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, por acción,
omisión o extralimitación por desconocer, no acatar, no aplicar los preceptos
constitucionales y el precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte
Constitucional.”

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

Los actores, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control
de reparación directa, presentaron, de manera conjunta, demanda contra la Nación –
Rama Judicial y la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de
Cundinamarca, por la presunta falla en la prestación del servicio (error judicial),
presentado en las sentencias de primera y segunda instancia que resolvieron
individualmente la indexación de las mesadas pensionales de cada uno de los
demandantes.

El proceso en primera instancia le correspondió al Juzgado Sesenta Administrativo de
Bogotá, que en providencia del 14 de octubre de 2021 rechazó la demanda de
reparación directa, al considerar que no se subsanó la demanda según lo requerido en
el auto del 24 de junio de 2021, en el que se ordenó presentar el medio de control de
reparación directa con demandas individuales, teniendo en cuenta que los daños
causados a cada uno de los demandantes son totalmente diferentes y que también2
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04997-00
Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

son distintas las pretensiones frente a la reparación por los presuntos daños, aunque
la fuente del hecho dañoso sea la misma.

La parte demandante interpuso recurso de apelación basado en que de conformidad
con el artículo 145 del CPACA, se puede perseguir la reparación de los perjuicios
causados a un grupo por el medio de control de reparación directa dado que dicho
grupo reúne condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales.

La Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante auto interlocutorio del 25 de mayo de 2022, confirmó la providencia apelada
al considerar que la situación fáctica de cada demandante es diferente pues cada uno
ejerció proceso laboral de manera independiente y los procesos fueron conocidos por
jueces diferentes, en tiempos o fechas distintas. Es decir, se trata de decisiones
judiciales autónomas, lo cual impide hablar de una misma causa como hecho
estructurante del daño.

3. Argumentos de la tutela

En el confuso escrito de tutela, la parte actora indicó que las autoridades judiciales
demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados al dejar de lado que el
artículo 145 del CPACA permite solicitar el reconocimiento y reparación de los
perjuicios causados a un grupo, por el medio de control de reparación directa.

Señaló que cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de
personas, que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les
originó perjuicios individuales, puede pedir indemnización de perjuicios, razón por la
que estaban facultados para solicitar, en nombre del conjunto, la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia.

De igual forma, sostuvo que, bajo las circunstancias descritas, el medio de control de
reparación directa puede interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la
amenaza o el peligro, lo cual, a su juicio, se entiende como que no existe caducidad
del medio de control.

Afirmó que, por lo anterior, se incurrió en violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial fijado por las Altas Cortes en las sentencias
C-335 de 208, C-621 de 2015, C-862 de 2006, C-891 A de 2006, C-611 de 1996, C-
1433 de 2000, SU-12 de 2003, SU-1073 de 2012, T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-
098 de 2005, T-469 de 2005, T-045 de 207, T-447 de 2009, T-457 de 2009, T-628 de
2009, T-906 de 2009, T-051 de 2013 y SU-1073 de 2012 ya citadas, en las que de
manera clara se ha destacado que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional se reconoce a todos los jubilados y pensionados sin distinción de
regímenes.

Finalmente, indicó que al omitir lo fijado en los diferentes pronunciamientos judiciales
se incurre en el delito de prevaricato por acción.

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Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

4. Trámite previo

Por auto del 21 de septiembre de 2022, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes, y a los señores Ana Bertilda Morales de Rodríguez, María del
Carmen Sánchez Rodríguez, Jorge Eliécer Cardozo Martín, Belisario Gutiérrez
Gutiérrez, Juvenal Murcia Pintor, Leonila Hernández de Delgado, Hermida Martínez
Triana, Ana Lilia Ángel Rico, Sergio Tulio Colmenares García, Joaquín Emilio Cardozo
Velandia, Daniel Castillo Sánchez, Flor Ángela Duarte de Salazar, Sara Elvia Acosta
de Castillo, María Antonia Cuevas, María Mabel Contreras de Rojas, Jorge Carreño
Ovalle, Carlos Alberto Suárez, José Vicente Martínez Bernal, Bellaul Álvarez de
Rodríguez y Euripides Serrato Bolaños, a la Nación –Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, como terceros interesados en el
resultado del proceso a quienes se le remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Fernando Iregui
Camelo, en calidad de ponente de la decisión objeto de reproche, solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela de la referencia o, en su defecto, se nieguen
las pretensiones de la misma, al considerar que, contrario a lo argumentado en la
tutela, la providencia del 25 de mayo del 2022 se encuentra suficientemente
fundamentada en los hechos y pretensiones de la demanda, así como en el estudio de
la jurisprudencia del Consejo de Estado, aplicable a ese tipo de asuntos en relación a
la acumulación subjetiva de pretensiones y requisitos de la acción de grupo.

Señaló que al verificar el escrito inicial de la solicitud de amparo, este carece de
relevancia constitucional dado que los argumentos expuestos por la parte actora no
son más que una discrepancia frente a lo decidido en la providencia que se pretend e
dejar sin efectos, pues, además, la parte actora no expuso alguna de las causales que
haga procedente el estudio de la acción de tutela contra providencia judicial.

Finalmente, afirmó que la solicitud de amparo no tiene vocación de prosperidad, pues,
la decisión adoptada por ese despacho estuvo fundada en los lineamientos
constitucionales y legales aplicables. Además, fue proferida en respeto a las garantías
que informan el debido proceso, lo que sin duda descarta la vulneración alegada por la
parte actora, pues, igualmente, se hizo uso de la acción de tutela como una instancia
adicional, como último recurso para obtener una decisión distinta favorable a sus
intereses.

El Juez Sesenta Administrativo de Bogotá indicó que la interpretación que hacen
los actores del contenido de las decisiones objeto de estudio son subjetivas por el
hecho de no corresponder a sus intereses. Solo son consecuencia de la actuación
judicial asumida por ellos en sede de admisión, sin que por ello se vulnere el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia como se pretende hacer ver.

Advirtió que en el escrito de tutela no hay una pretensión concreta o un capítulo
específico, pero se puede deducir que la parte accionante pretende que, con
fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y debido proceso,
sean revocadas las decisiones de primera y segunda instancia que rechazaron la
demanda de reparación directa con radicado 2020-00007-00 para que, en su lugar, se
ordene la admisión del medio de control.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04997-00
Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

Sostuvo que el rechazó del medio de control se dio en respuesta a la inactividad y
descuido procesal de la parte actora, que no subsanó la demanda, siendo ello una
consecuencia del numeral 2 del artículo 169 del CPACA, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 170 del mismo código.

Precisó que, conforme a lo expuesto, la decisión que rechazó la demanda, no es
imputable al aparato judicial sino al incumplimiento de las cargas procesales de la
parte actora, en tanto no subsanó la demanda dentro del término dispuesto para ello,
por lo que no se demostró la posible vulneración al derecho de acceso a la
administración de justicia.

Además, manifestó que la parte actora confunde los alcances de las decisiones
adoptadas en el proceso de reparación directa, con los alcances de las decisiones
tomadas en el proceso ordinario de reconocimiento y pago de pensiones y en esa
medida intenta confundir los argumentos de fondo de las pretensiones de
responsabilidad del estado, con los requisitos formales de la demanda.

Insistió que el hecho que la parte actora indique que un delito tenga o no término de
prescripción, no interfiere fáctica ni jurídicamente en el término de caducidad del
derecho de acción en lo contencioso administrativo y tampoco con las decisiones
judiciales que cita a lo largo de su escrito de tutela, referentes a la indexación de la
mesada pensional, pues ello no fue objeto de pronunciamiento, por cuanto solo se
verificaron los requisitos formales para la admisión de la demanda, siendo uno de ellos
la acumulación de pretensiones.

Finalmente, resaltó que lo realmente pretendido con la solicitud de amparo es revivir
los términos para la subsanación y que se admita la demanda con los defectos
formales mencionados, siendo ello contrario a la ley, razón por la que solicitó se
nieguen las pretensiones de la acción de la referencia.

6. Intervenciones

La División Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial manifestó que las decisiones judiciales cuestionadas
fueron emitidas de conformidad con las normas procesales y sustanciales vigentes.

Adujo que no existió la vulneración alegada dado que la Rama Judicial actuó de
manera adecuada, aunque hizo referencia a los elementos de la imputación en los
casos de privación injusta de la libertad a lo largo del texto. Solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que las pretensiones de la acción
de la referencia deben ser resueltas por el juez natural y no por este medio
constitucional.

La Asociación de Pensionados de Cundinamarca indicó que la indexación
reclamada por los actores es un derecho adquirido y en esa medida debe ser
reconocida y pagada; además precisó que, con fundamento en las sentencias citadas
en la demanda, el juez constitucional deberá acceder al amparo.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuici o
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción, los actores pretenden que se dejen sin
efectos, los autos del 14 de octubre de 2021 y del 25 de mayo de 2022, proferidos por
el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá y la Sección Tercera, Subsección C del

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y despué s del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el
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alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, por los cuales se rechazó
la demanda del medio de control de reparación directa acá cuestionado.

A la Sala le corresponde determinar si el presente asunto se cumple con el requisito
de relevancia constitucional.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5. Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los

4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado núme ro: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
5 Ibidem. 7
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04997-00
Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(Subrayado de la Sala)

Caso concreto

A juicio de la parte actora, con las providencias del 14 de octubre de 2021 y del 25 de
mayo de 2022, proferidas por el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá y la
Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente, se incurrió en desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución

En principio, el estudio de los cargos en que sustenta las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela debería estudiarse a partir del desconocimiento del
precedente judicial y la violación directa de la Constitución. Sin embargo, al revisar las
providencias atacadas y el escrito de tutela, la Sala advierte que la solicitud de amparo
no cumple el requisito general de relevancia constitucional, como se pasa a explicar.

En el escrito de tutela, la parte actora está debatiendo argumentos que ya fueron
expuestos ante las autoridades judiciales demandadas en el recurso de apelación y
que fueron resueltos con suficiencia. Sin embargo, expone la inconformidad que le
generaron las conclusiones de los jueces de conocimiento, y, en general, la decisión
contraria a sus intereses.

La Sala observa que en el recurso de apelación presentado contra la providencia que
rechazó el medio de control de reparación directa, la parte demandante adujo:

“Por medio del presente me permito incoar RECURSO DE APELACION contra el Auto de fecha
30 de julio de 2020, de la siguiente manera:

(…)
El Art. 145 de la Ley 1437 de 2011 reparación de los perjuicios causados a un grupo, indica:
“Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan
condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales,
pueden solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado
y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiese agotado el recurso
administrativo obligatorio.”

El hecho principal es que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE
CUNDINAMARCA, reconoció y paga pensiones de jubilación a los demandantes y sustituciones
pensionales, mediante el Art. 116 de la Ley 6 de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 de 1992,
se reconoció un reajuste a favor de los pensionados hasta el 30 de diciembre de 1988, la entidad
demanda reconoció y pago el reajuste (que correspondió a los años 1993, 1994 y 1995) entre los
años 2003, 2004 y 2005, sumas que fueron canceladas sin la correspondiente INDEXACION,
mediante actos administrativos.

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Por tratarse de un daño de tracto sucesivo como es el no reconocimiento y pago de la
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Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

INDEXACION de las sumas reconocidas como reajuste pensional regulado en la Ley 6 de 1992 y
su Decreto Reglamentario 2108 de 1992 se debe proteger la efectividad de la acción de grupo.

La indexación se encuentra regulada en los Articulo 48 y 53 de la Constitución Política, es un
mecanismo para evitar la pérdida del valor adquisitivo de las pensiones, como en el precedente
jurisprudencial, vinculante y obligatorio de la sentencias: C-862 de 19 de octubre de 2006, C-891
A de 1 de noviembre de 2006, T- 313 de 7 de abril de 2008, sentencia SU-120 de 13 de febrero
de 2003, sentencia SU-1073 de 12 de diciembre de 2012 y la sentencia T-051 de 2013.

Según la sentencia C-335/08, En su parte motiva indica: “...4. Pronunciamientos de la Corte
Constitucional sobre el delito de prevaricato.

En escasas ocasiones, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con el delito de
prevaricato. Así, en sentencia T-118 de 1995 consideró que “la vía de hecho, clara y plenamente
probada, si consiste en una vulneración de la ley procesal de tales características que comporta
una ruptura grave del debido proceso y, por ende, la violación de la Constitución Política, o una
trasgresión abierta de otros preceptos constitucionales, de modo que lleve a conceder la tutela
contra la providencia judicial en tela de juicio, debe dar lugar a que el juez de tutela corra traslado
de las diligencias a la Fiscalía General de la nación para que se inicie el correspondiente proceso
penal por prevaricato”, es decir, estimó que una abierta contradicción de preceptos
constitucionales por parte de un funcionario público daba lugar a una investigación penal por el
delito de prevaricato.

Posteriormente, esta Corporación en sentencia T-260 de 1999 se refirió a la conducta de
prevaricato indicando que la misma exigía “tener en cuenta la condición del agente, por cuanto
dicha conducta sólo puede ser cometida por un sujeto activo cualificado”.

Finalmente, de manera tangencial, la Corte aludió al tipo de prevaricato en sentencia C- 832 de
2002 referente a una demanda de inconstitucionalidad presentada contra determinados artículos
de la Ley 715 de 2001.

(…)

Con respecto a la Nación – Rama Judicial, el Art. 145 de la Ley 1437 de 2011 reparación de los
perjuicios causados a un grupo, indica: “Cualquier persona perteneciente a un número plural o a
un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que
les originó perjuicios individuales, pueden solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los
perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la
materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiese agotado el recurso
administrativo obligatorio...”.

(…)

Según la sentencia C-335 de 2008, el operador judicial, desconoce, no acata, no aplica el
precepto constitucional de los Artículos 48 y 53 (Indexación de las sumas reconocidas como
reajuste pensional Art. 116 de la Ley 6 de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 de 1992),
especialmente los fines del Estado, regulado según el Art. 2 de la Constitución, la garantía de
efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, resulta ser odiosa en
contra de un grupo de trabajadores y contraria a los propósitos de la Carta Política, es decir que
las sentencias enunciadas tanto por vía administrativa como por vía ordinaria laboral al parecer
se encuentran inmersas en el presunto delito de prevaricato por acción, el precedente
jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional, la indexación se encuentra
regulada en los Articulo 48 y 53 de la Constitución Política, es un mecanismo para evitar la
pérdida del valor adquisitivo de las pensiones, como en el precedente jurisprudencial, vinculante y
obligatorio de la sentencia C-862 de 19 de octubre de 2006, C-891 A de 1 de noviembre de 2006,
T-313 de 7 de abril de 2008, sentencia SU-120 de 13 de febrero de 2003, sentencia SU-1073 de
12 de diciembre de 2012 y la sentencia T-051 de 2013, el derecho es imprescriptible en materia
laboral rige el principio de la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos a favor de9
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Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

los trabajadores y es claro que habrá de elegirse la norma más favorable.

El error judicial, se configura o materializa a través de una providencia proferida en ejercicio de la
función de impartir justicia Ley 270 de 1996 (el cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley), al desconocer, no acatar los preceptos constitucionales de los
Artículos 48 y 53, al negar el reconocimiento y pago de la indexación de la sumas recibidas como
reajuste pensional en los años 2003, 2004 y 2005 (Ley 6 de 1992 y su Decreto Reglamentario
2108 de 1992 que se debieron reconocer y pagar desde enero de 1993, 1994 y 1995 con el
incremento anual) a favor de los pensionados, presentándose el presunto delito de prevaricato
por acción según la sentencia C-335 de 2008, por tratarse de una obligación de trato sucesivo y
por presentarse al parecer del presunto delito de prevaricato por acción por el operador judicial, la
acción no ha caducado. (…)”
(Subrayado de la Sala)

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la providencia objeto
de estudio incurrió en desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución e indicó:

“los señores: Ana Bertilda Morales de Rodríguez, María del Carmen Sánchez Rodríguez, Jorge
Eliecer Cardozo Martin, Belisario Gutiérrez Gutiérrez, Juvenal Murcia Pintor, Leonila Hernández
de Delgado, Hermida Martínez Triana, Ana Lilia Ángel Rico, Sergio Tulio Colmenares García,
Joaquín Emilio Cardozo Velandia, Daniel Castillo Sánchez, Sara Elvia Acosta de Castillo, María
Antonia Cuevas, Francisca Montaño de Santana, Marina Adames de Barrio, María Mabel
Contreras de Rojas, Jorge Carreño Ovalle, Carlos Alberto Suárez, José Vicente Martínez Bernal,
Bellaul Álvarez de Rodríguez, José Manuel Octavio Beltrán, Hermes Bedoya, Dolly Amanda
Vargas y Eurípides Ubladamiro Serrato Bolaños, incoa demanda de reparación directa (Art. 145.
Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona perteneciente a un número
plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma
causa que les originó perjuicios individuales, pueden solicitar en nombre del conjunto la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecta a
veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es
necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere
agotado el recurso administrativo obligatorio), contra la Rama Judicial y la Unidad Administrativa
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, por acción, omisión o extralimitación
por desconocer, no acatar, no aplicar los preceptos constitucionales y el precedente
jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional.

La base fundamental de la presente demanda de Acción de Tutela es la violación al debido
proceso, defecto sustantivo, defecto factico, defecto por desconocimiento del precedente judicial
vertical y horizontal, derecho a la igualdad, acceso a la administración de justicia, a la seguridad
jurídica, violación directa de la Constitución Política (sentencia C-335 de 2008 y C-621 de 2015)

ii).- precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional al parecer se
presenta el presunto delito de prevaricato por acción sentencia C-335 de 208, C-621 de 2015, C-
862 de 2006, C-891 A de 2006, C-611 de 1996, C-1433 de 2000, SU-12 de 2003, SU-1073 de
2012, T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-098 de 2005, T-469 de 2005, T-045 de 207, T-447 de
2009, T-457 de 2009, T-628 de 2009, T-906 de 2009 y T-051 de 2013 indica: “...En el reciente
pronunciamiento SU-1073 de 2012 ya citado, la Sala Plena de esta corporación unificó los
anteriores postulados, señalando de manera clara que el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional se reconoce a todos los jubilados y pensionados aún anterior a la vigencia de
la Ley 100 de 1993 y sin distinción de régimenes, precisando su carácter universal y advirtiendo
que su negación constituye una directa violación a la Constitución de 1991, debido a que su
reconocimiento configura un desarrollo del Estado social de derecho y una garantía acorde con
los artículos 13 y 46, que prescriben la especial protección constitucional a las personas de
avanzada edad y el derecho al mínimo vital...”.

(…)

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04997-00
Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

En conclusión, es flagrante la violación de derechos fundamentales, específicamente, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y al respecto por
los derechos fundamentales de las victimas específicamente a la reparación los cuales fueron
desconocidos y violados por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Sección Tercera, al
decretar la caducidad de la demanda de reparación directa y desconociendo el artículo 145 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA), indica: “...Reparación de los perjuicios causados a un grupo.
Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan
condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales,
pueden solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado
y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso
administrativo obligatorio...”.

La característica no tiene caducidad, luego puede interponerse en cualquier tiempo, mientras
subsista la amenaza o peligro.

(…)

FRENTE AL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

La jurisprudencia constitucional ha sido clara y uniforme a partir de la expedición de las
sentencias el precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional al
parecer se presenta el presunto delito de prevaricato por acción sentencia C-335 de 208, C-621
de 2015, C-862 de 2006, C-891 A de 2006, C-611 de 1996, C-1433 de 2000, SU-12 de 2003, SU-
1073 de 2012, T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-098 de 2005, T-469 de 2005, T-045 de 207, T-
447 de 2009, T-457 de 2009, T-628 de 2009, T-906 de 2009 y T-051 de 2013 indica: “...En el
reciente pronunciamiento SU-1073 de 2012 ya citado, la Sala Plena de esta corporación unificó
los anteriores postulados, señalando de manera clara que el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional se reconoce a todos los jubilados y pensionados aún anterior a la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y sin distinción de régimenes, precisando su carácter universal y
advirtiendo que su negación constituye una directa violación a la Constitución de 1991, debido a
que su reconocimiento configura un desarrollo del Estado social de derecho y una garantía
acorde con los artículos 13 y 46, que prescriben la especial protección constitucional a las
personas de avanzada edad y el derecho al mínimo vital...”.

La acción de reparación directa y acción de grupo el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), indica: “...Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes
respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, pueden solicitar en nombre
del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago
de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso
administrativo obligatorio...”.

La característica no tiene caducidad, luego puede interponerse en cualquier tiempo, mientras
subsista la amenaza o peligro, el hecho, omisión, operación, la T-026 de 2022, indica: “...La sala
estima que, en el presente caso, el conteo del término de caducidad no inicia el día en que
sucedieron los hechos, sino a partir del momento en que se tiene certeza del daño antijurídico
atribuible al Estado –incluido el agente estatal responsable del mismo en los casos en que los
afectados adquieren información relevante sobre la posible participación de agentes del Estado
en la causación de los hechos dañosos, pues antes, ven constreñido su derecho a demandar por
virtud de las circunstancias oscuras que rodean los hechos en que se produjo el daño...”.
(…)”
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Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

Esos argumentos fueron resueltos por la entidad judicial demandada que, en el auto
interlocutorio del 25 de mayo de 2022, en el que se refirió a la procedencia del medio
de control e indicó:

“Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si confirma la providencia de primera instancia mediante la cual
se rechazó la demanda en razón a que no se aportó la subsanación de la demanda, habiéndose
exigido la presentación separada de demandas por cada uno de los demandantes.

Tesis.

La Sala confirmará el auto apelado, pues se advierte la improcedencia de la acumulación de
pretensiones en el proceso en referencia y de la aplicación del medio de control de reparación de
los perjuicios causados a un grupo; bajo ese orden de ideas, como el origen de los daños
reclamados por los demandantes no es común, en la medida que algunos demandantes
pretenden el reconocimiento de un error judicial y por otro lado, otro grupo de demandantes
discute los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la indexación y reliquidación
pensiones, los demandantes debían proceder a desagregar las demandas, tal y como lo requirió
el juez de primera instancia y cuyo incumplimiento generó el rechazo de tales demandas.

Requisitos de la demanda

Respecto de los requisitos de la demanda, el artículo 162 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), establece:

Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea
competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se
formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la
acumulación de pretensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente
determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su
violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este
deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la
competencia.
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las
notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”
(Subrayado de la Sala).

Por su parte, el artículo 166 del CPACA establece los anexos que deben ser aportados al libelo
de la demanda . De igual forma, el artículo 165 ibidem ha establecido los supuestos que permiten
la procedencia de la acumulación de pretensiones, así:

Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular
pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y
de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen
pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez
de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u
omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la
Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y
subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas. 12
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Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

En este orden, toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y debe contener los
requisitos establecidos por el legislador; los cuales son taxativos y de obligatorio cumplimiento,
por lo que solo le es permitido al Juez exigir el cumplimiento de los mismos.

En concordancia con lo anterior, el artículo 170 ejusdem, determina que, si el juez inadmite la
demanda y aquella no es subsanada por la parte accionante dentro del término legal, el
funcionario judicial deberá resolver su rechazo, como pasa a verse a continuación:

Artículo 170. Inadmisión de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los
requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus
defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se
rechazará la demanda.

En síntesis, en el caso que el demandante no corrija los defectos señalados en el auto que
inadmite la demanda dentro del plazo establecido, asume la carga de que le sea rechazada la
demanda.

6.2. Del caso concreto

6.2.1. Improcedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo

La Sala advierte que el apoderado de la parte demandante fundamenta el recurso de apelación
interpuesto contra el auto del 14 de octubre del 2021, que rechazó la demanda por no
subsanación, esencialmente en que la acción de grupo prevista en el artículo 145 del CPACA,
consiste en la reparación de los perjuicios causados a un grupo que reúne condiciones uniformes
respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, por lo cual, cuando un acto
administrativo de carácter particular afecta a veinte (20) o más personas individualmente
determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad.

En este punto, es importante destacar que si bien es el demandante quien determina el medio de
control, lo cierto es que aquella adecuación debe atender lo previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En efecto, en relación con la
acción de grupo pretendida por el apoderado de la parte accionante, la Sala debe precisar que
aquél medio de control se encuentra determinado en el artículo 145 del CPACA, como pasa a
verse a continuación:

Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones
uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar
en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso
administrativo obligatorio.

De igual forma, el artículo 46 y 48 de la Ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el artículo
88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones” regula los requisitos de procedencia del
medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, en los siguientes
términos:

Artículo 46. Procedencia de las Acciones de Grupo. Las acciones de grupo son aquellas
acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para
dichas personas. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el
reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04997-00
Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas.

Artículo 48 Titulares de las Acciones. Podrán presentar acciones de grupo las personas
naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo estable el artículo
47.

El Defensor del Pueblo, los Personeros Municipales y Distritales podrán, sin perjuicio del
derecho que asiste a los interesados, interponer acciones de grupo en nombre de cualquier
persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. En
este caso será parte en el proceso judicial junto con los agraviados.

Parágrafo.- En la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectada individualmente por los hechos vulnerantes, sin
necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya
otorgado poder.

En relación con los presupuestos del medio de control de reparación de los perjuicios causados
a un grupo, la Corte Constitucional en sentencia C-569 del 2004 estableció lo siguiente:

En lo relativo a la determinación de la responsabilidad en la causación del daño, para el
ejercicio de esta acción es requisito indispensable que existan condiciones uniformes en el
número plural de personas. Esto significa que las personas que se han visto afectadas en un
interés jurídico deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los
perjuicios individuales y frente a los demás elementos atribuibles a la responsabilidad; es decir,
que el hecho generador del daño sea idéntico, que ese hecho haya sido cometido por el mismo
agente, o sea referido a un mismo responsable, y que exista una relación de causalidad entre el
hecho generador del daño y el perjuicio por el cual el grupo puede dirigir la acción tendiente a la
reparación de los perjuicios sufridos.

Igualmente, el Consejo de Estado ha determinado lo que pasa a verse en relación con la
procedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo:

•Que el grupo de afectados esté conformado, al menos, por veinte personas; sin embargo, no
es necesario que ese mismo número de personas presente la demanda, pues lo realmente
importante es que existan criterios claros para su determinación.
• Que el demandante demuestre pertenecer al grupo en nombre del cual ejerce la demanda.
• Que el grupo reúna condiciones uniformes respecto de la misma causa que originó los
perjuicios individuales que se reclaman.
•Que el ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo
tenga la exclusiva pretensión de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios.
• Que el medio de control sea ejercido por conducto de abogado.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que los principales requisitos del
medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo es que el número de
afectados no sea inferior a veinte (20) personas y que aquellos compartan una causa común que
produjo el daño que se reclama, a saber, compartir la misma situación respecto de la causa que
originó los perjuicios.

En este caso, la Sala observa que si bien la demanda en referencia fue interpuesta por 26
personas (accionantes), reuniendo de tal forma el primer requisito (objetivo) del medio de control
de reparación de los perjuicios causados a un grupo, lo cierto es que el segundo presupuesto en
el sub examine no se cumple, pues tal y como lo indicó esta Corporación en providencia del 7 de
abril del 2021 con ponencia del suscrito Magistrado al resolver otro recurso de apelación en el
proceso en referencia, frente a los demandantes Belisario Gutiérrez Gutiérrez, Sergio Tulio
Colmenares García, Sara Elvia Acosta de Castillo, María Antonia Cuevas, María Mabel Contreras
de Rojas, Jorge Carreño Ovalle, Carlos Alberto Suárez, Hermes Bedoya, Dolly Amanda Vargas y
Euripides Ubladamiro Serrato Bolaños, el daño presuntamente se deriva de la negativa de la UAE
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, de acceder a la indexación y reliquidación
pensional, sin que se hubiese presentado, o sin que se hubiese acreditado, que se hubiera
iniciado algún proceso judicial por ello; mientras que en relación con los accionantes Ana Bertilda
Morales de Rodríguez, María del Carmen Sánchez Rodríguez, Jorge Eliécer Cardozo Martín,
Juvenal Murcia Pintor, Leonila Hernández, Hermida Martínez Triana, Ana Lilia Ángel Rico,
Joaquín Emilio Cardozo Velandia, Daniel Castillo Sánchez, Flor Ángela Duarte de Salazar, 14
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04997-00
Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

Francisca Montaño de Santana, Marina Adames de Barrio, José Vicente Martínez Bernal, Bellaul
Álvarez de Rodríguez, José Manuel Octavio Beltrán y Eurípides Ubladamiro Serratos Bolaños, el
daño tiene su génesis en el presunto error jurisdiccional en el que incurrieron las autoridades
judiciales que conocieron de las pretensiones de indexación y reliquidación pensional, dentro de
distintos procesos ordinarios laborales y de nulidad y restablecimiento.

De acuerdo con lo precedente, no es posible en el caso bajo estudio aplicar el medio de control
de reparación de los perjuicios causados a un grupo porque aunque los demandantes son más
de veinte (20) personas, lo cierto es que aquellas no comparten la causa común del perjuicio, en
la medida que el daño reclamado por los demandantes, en un primer grupo, se deriva de actos
administrativos de la UAE de Pensiones del Departamento de Cundinamarca que resolvieron de
forma negativa la reclamación de indexación y reliquidación pensional, sin que conste que se
hubiere agotado la vía gubernativa (sede administrativa) y/o promovido las correspondientes
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, el daño alegado por otro grupo
de accionantes tiene su génesis en el presunto error jurisdiccional en el que incurrieron diversas
autoridades judiciales que conocieron de las pretensiones de indexación y reliquidación
pensional, dentro de distintos procesos ordinarios laborales y de nulidad y restablecimiento.

En atención a lo argumentado, se advierte la improcedencia del medio de control de reparación
de los perjuicios causados a un grupo, por lo cual el argumento elevado en el recurso de
apelación por el apoderado de la parte actora no está llamado a prosperar.

6.2.2. De la Improcedencia de acumulación de pretensiones cuando origen del daño
reclamado por los demandantes no es común

Como se vio en precedencia, los demandantes esgrimen dos causas distintas para el daño que
se alega en la demanda, a saber, unos reclaman que el menoscabo se deriva de la negativa de la
UAE de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, de acceder a la indexación y
reliquidación pensional, sin que se hubiese presentado algún proceso judicial por ello; por su
parte, otros señalan que el daño tiene su origen en el presunto error jurisdiccional en el que
incurrieron las autoridades judiciales que conocieron de las pretensiones de indexación y
reliquidación pensional, dentro de distintos procesos ordinarios laborales y de nulidad y
restablecimiento.
(…)
Así las cosas, visto que, en síntesis, la parte demandante no aportó ningún memorial que
subsanara los defectos advertidos en la providencia del 24 de junio del 2021 (confirmada en
proveído del 9 de septiembre del 2021), la consecuencia establecida por el artículo 170 del
CPACA es necesariamente el rechazo de la demanda, tal y como lo hizo el juez de primera
instancia, máxime cuando la figura del rechazo es aplicable por razón de la improcedencia de la
acumulación de pretensiones.

Ahora bien, la Sala no procede a estudiar los siguientes argumentos del recurso de apelación, en
la medida que aquellos son puntos de inconformidad que ya habían sido expuestos por la parte
demandante durante el trámite del proceso y que, por tanto, habían sido objeto de
pronunciamiento por el a quo en providencias del 24 de junio del 2021 y del 9 de septiembre del
2021 (en firme), sumado a lo anterior, se advierte que no tienen ninguna relevancia para resolver
el problema jurídico planteado:

• Siendo el no reconocimiento y pago de la indexación de las sumas reconocidas como
reajusta pensional (Ley 6 de 1992 y Decreto Reglamentario 2108 de 1992) un daño de tracto
sucesivo, debe protegerse la efectividad de la acción de grupo.

• La indexación se encuentra regulada en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, así
como en las sentencias C-862 de 19 de octubre de 2006, C-891 A de 1 de noviembre de
2006, T-313 de 7 de abril de 2008, SU-120 de 13 de febrero de 2003, SU-1073 de 12 de
diciembre de 2012 y T-051 de 2013, con la finalidad de evitar la pérdida del valor adquisitivo
de las pensiones, y en ese sentido, su desconocimiento genera el delito de prevaricato por
acción por parte de la entidad demandada UAEPC.

• El error judicial, se configura mediante una providencia, por ello, al desconocer las normas
constitucionales, negando el reconocimiento y pago de la indexación de la sumas recibidas
como reajuste pensional en los años 2003, 2004 y 2005 (que se debieron reconocer y pagar
desde enero de 1993, 1994 y 1995 con el incremento anual) a favor de los pensionados, 15
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Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

configura el delito de prevaricato por acción por parte de la UAEPC (sentencia C-335 de
2008), y es por ello que, al tratarse de una obligación de trato sucesivo, la acción no ha
caducado.
En relación con el argumento de la apelación consistente en que la administración pública
viola el artículo 13 de la Constitución, que establece que todas las personas nacen iguales
ante la ley, y deben recibir el mismo trato, de manera que ante supuestos fácticos y jurídicos
similares, sea aplicada la misma consecuencia normativa, pues los demandantes son
discriminados o marginados cuando la UAEPC les niega el reconocimiento y pago del reajuste
regulado en la Ley 6 de 1992 y su Decreto 21085 de 1992, así como la correspondiente
indexación de manera caprichosa, la Sala debe indicar que aquél es un sustento de la
eventual responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del
Departamento de Cundinamarca-UAEPC y de ninguna forma es un punto de controversia
frente a la providencia que rechazó la demanda.

En suma, visto que los reparos efectuados por el a quo en la providencia inadmisoria la sala
procederá a confirmar el auto del 14 de octubre del 2021, proferido por el Juzgado Sesenta (60)
Administrativo de Bogotá D.C. (…)”

(Subrayado de la Sala)

La Sala advierte que los argumentos planteados por la parte actora en el recurso de
apelación coinciden con los expuestos en el escrito de tutela y que, justamente, fueron
a los que se refirió la autoridad judicial demandada, al concluir que había lugar a
confirmar el auto que rechazó el medio de control de reparación directa dado que no
fue subsanada la demanda de conformidad con lo requerido y no procedía tramitar el
proceso para la reparación de los perjuicios causados a un grupo porque aunque los
demandantes fueron más de veinte (20) personas, lo cierto es que aquellas no
comparten la causa común del perjuicio.

Por lo anterior, es claro que en el caso objeto de estudio no se supera el requisito de
relevancia constitucional dado que como se vio la parte actora está haciendo uso de la
solicitud de amparo como instancia adicional al proceso ordinario.

El hecho de que la parte demandante no esté de acuerdo con los argumentos no
habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido. La
acción de tutela es un medio de protección de derechos fundamentales, pero no una
instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa, lo cual
hace improcedente la solicitud de amparo de referencia pues lo señalado en la
presente solicitud de amparo no es más que la inconformidad que generó las
conclusiones de los jueces de conocimiento y, en general, la decisión contraria a sus
intereses.

Luego, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia no cumple los
requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte del juez
constitucional pues como se vio la acción de la ref erencia no es más que la reiteración
de los argumentos expuestos en el recurso de apelación al interior del proceso
ordinario, y, en esa medida, la presente acción de tutela es improcedente por la falta
de cumplimiento de requisitos generales para cuestionar providencias judiciales. En
consecuencia, se declarará improcedente la presente solicitud de amparo por falta del
requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Marina Adames de Barrios y otros.

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los señores Marina
Adames de Barrios, Hermes Bedoya, Doli Amanda Vargas López, Francisca Montaña
de Santana, María Ángela Mancera Martínez, José Manuel Octavio Beltrán Romero,
Dora Elsy Riveros Rey y Margarita Morales de Vásquez, de conformidad a lo expuesto
en la parte considerativa de la providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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