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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04997-01

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04997-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de noviembre de 2022, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de los accionantes, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 29 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2022 04997 01 Accionantes: MARINA ADAMES DE BARRIOS Y OTROS

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04997-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

9 de febrero de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 04997 01
Accionantes: MARINA ADAMES DE BARRIOS Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 04997 01
Accionantes: MARINA ADAMES DE BARRIOS Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C Y JUZGADO
SESENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
• SECCIÓN TERCERA

Tesis: No incurren en vulneración de derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad los autos que rechazaron la demanda de
reparación directa, si los jueces a cargo los dictaron
ratificando la validez de las razones que en su momento
dieron lugar a la inadmisión de su demanda. No se
configuró el defecto sustantivo alegado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora
contra el fallo de 10 de noviembre de 2022, dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Marina Adames de Barrios, Hermes Bedoya, Doli Amanda Vargas López,
Francisca Montaña de Santana, María Ángela Mancera Martínez1, y José

1
El despacho advierte que esta demandante no tuvo tal calidad en el precedente proceso ordinario, pero
otorgó poder al abogado que promovió esta acción de tutela presentándose como “sustituta pensional” de la
señora Hermida Martínez Triana (fallecida), quien sí fue demandante dentro del refeirdo proceso ordinario.

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Manuel Octavio Beltrán Romero2, obrando mediante apoderado judicial,
solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, que consideraron
vulnerados con ocasión de los autos de 14 de octubre de 2021 y 25 de
mayo de 2022, mediante los cuales el Juzgado 60 Administrativo del
Circuito de Bogotá - Sección Tercera y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, respectivamente,
rechazaron la demanda de reparación directa promovida contra la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de
Cundinamarca3.

Los demandantes adujeron que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, en primer término, porque desconocieron el artículo
145 de la Ley 1437 de 2011, norma que habilita la posibilidad de solicitar
la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas respecto de
las cuales existan condiciones uniformes sobre una misma causa que les
originó perjuicios individuales, agregando que para tal pretensión no
existe término de caducidad, por lo cual “puede interponerse en cualquier
tiempo, mientras subsista la amenaza o peligro”.

En segundo lugar, señalaron que las referidas autoridades judiciales
dejaron de aplicar el precedente contenido en las sentencias “C-335 de
2008, C-621 de 2015, C-862 de 2006, C-891A de 2006, C-611 de 1996,
C-1433 de 2000, SU-120 de 2003, SU-1073 de 2012, T-663 de 2003, T-
1169 de 2003, T-098 de 2005, T-469 de 2005, T-045 de 2007, T-447
de 2009, T-457 de 2009, T-628 de 2009, T-906 de 2009 y T-051 de

2
Aun cuando en el auto que admitió la acción de la referencia se identificó a las señoras Dora Elsy Riveros
Rey y Margarita Morales de Vásquez como accionantes, lo cierto es que, de la lectura del escrito de amparo
es posible colegir que aquellas no promovieron la presente acción.
3
La demanda de reparación directa fue promovida por Ana Bertilda Morales de Rodríguez, María del Carmen
Sánchez Rodríguez, Jorge Eliécer Cardozo Martín, Belisario Gutiérrez Gutiérrez, Juvenal Murcia Pintor, Leonila
Hernández, Hermida Martínez Triana, Ana Lilia Ángel Rico, Sergio Tulio Colmenares García, Joaquín Emilio
Cardozo Velandia, Daniel Castillo Sánchez, Flor Ángela Duarte de Salazar, Sara Elvia Acosta de Castillo, María
Antonia Cuevas, María Mabel Contreras de Rojas, Jorge Carreño Ovalle, Carlos Alberto Suárez, José Vicente
Martínez Bernal, Bellaul Álvarez de Rodríguez, Euripides Ubladamiro Serrato Bolaños, Marina Adames de
Barrios, Hermes Bedoya, Doli Amanda Vargas López, Francisca Montaña de Santana y José Manuel Octavio
Beltrán Romero.

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2013”, en virtud de las cuales, según señaló, la Sala Plena de la Corte
Constitucional unificó los postulados respecto del derecho a la indexación
de la primera mesada pensional sin distinción de regímenes. Advirtió
además que con ese hecho las autoridades accionadas incurrieron en el
delito de prevaricato por acción.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto de 21 de septiembre de 2022, el magistrado
sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales
demandadas. Además, vinculó a los demás demandantes en el proceso
ordinario de reparación directa, a la Nación – Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la Unidad Administrativa Especial
de Pensiones del departamento de Cundinamarca, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que las
providencias acusadas contienen los argumentos jurídicos y fácticos
suficientes para sustentar la decisión adoptada, particularmente en lo
relativo a la acumulación subjetiva de pretensiones y requisitos de la
acción de grupo. Añadió que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, pues con ella solo se presenta el desacuerdo de los
accionantes frente a la decisión judicial; por lo tanto, debe declararse su
improcedencia o negarse las pretensiones de los accionantes.

2.3. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá afirmó
que no hubo vulneración de los derechos fundamentales invocados por los
tutelantes, en tanto que la decisión acusada se adoptó como resultado de
la inactividad de la parte actora al no subsanar la demanda, y que tal
consecuencia se encuentra prevista en el numeral 2º del artículo 169 del
CPACA. Agregó que la parte actora confundió los argumentos sobre la
responsabilidad del Estado con los requisitos formales de la demanda y

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presentó referentes judiciales sobre asuntos que no fueron objeto de
pronunciamiento en sede de admisión.

2.4. Por su parte, la División de Procesos de la Unidad de Asistencia
Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela, en síntesis, porque i) se
incumplió el requisito de la inmediatez, según explica, al presentar las
acción después de “poco más de cuatro meses”; ii) las inconformidades
invocadas por el accionante fueron resueltas por el juez natural en las dos
instancias correspondientes, las que, además, hicieron tránsito a cosa
juzgada, de manera que no corresponde revivir tales discusiones en sede
de tutela, y iii) porque no hubo vulneración de derechos fundamentales.

2.5. La Asociación de Pensionados de Cundinamarca adujo que la
indexación es un derecho adquirido que debe ser reconocido, y señaló que
los actores son asociados de APECUND, quienes reclamaron sus derechos
mediante múltiples demandas de nulidad y restablecimiento del derecho.

Los demás llamados al presente trámite constitucional guardaron silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de noviembre 10 de 2022, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no encontrarse
cumplido el requisito de relevancia constitucional; en primer término,
porque los actores presentaron en sede de tutela la misma discusión que
expusieron en la instancia de apelación dentro del proceso ordinario, la cual
fue desatada de manera integral por el juez de la causa; y en segundo
lugar, porque los argumentos de los demandantes dejan ver únicamente su
disconformidad con la decisión adoptada por las autoridades judiciales
accionadas. En ese orden, resultó posible para la Sala colegir lo siguiente:

“[…] La Sala advierte que los argumentos planteados por la parte actora en el recurso
de apelación coinciden con los expuestos en el escrito de tutela y que, justamente,
fueron a los que se refirió la autoridad judicial demandada, al concluir que había lugar a
confirmar el auto que rechazó el medio de control de reparación directa dado que no fue

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subsanada la demanda de conformidad con lo requerido y no procedía tramitar el
proceso para la reparación de los perjuicios causados a un grupo porque aunque los
demandantes fueron más de veinte (20) personas, lo cierto es que aquellas no
comparten la causa común del perjuicio.

Por lo anterior, es claro que en el caso objeto de estudio no se supera el requisito de
relevancia constitucional dado que como se vio la parte actora está haciendo uso de la
solicitud de amparo como instancia adicional al proceso ordinario.

El hecho de que la parte demandante no esté de acuerdo con los argumentos no habilita
al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido. La acción de tutela
es un medio de protección de derechos fundamentales, pero no una instancia adicional
de los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa, lo cual hace improcedente la
solicitud de amparo de referencia pues lo señalado en la presente solicitud de amparo
no es más que la inconformidad que generó las conclusiones de los jueces de
conocimiento y, en general, la decisión contraria a sus intereses.

Luego, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia no cumple los requisitos
de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte del juez constitucional pues
como se vio la acción de la referencia no es más que la reiteración de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación al interior del proceso ordinario, y, en esa medida,
la presente acción de tutela es improcedente por la falta de cumplimiento de requisitos
generales para cuestionar providencias judiciales. En consecuencia, se declarará
improcedente la presente solicitud de amparo por falta del requisito de relevancia
constitucional.”

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia insistiendo en los
argumentos que propuso en el escrito de tutela, relacionados con la
admisibilidad de la demanda presentada para conseguir la reparación de los
perjuicios causados a un grupo, quienes, en su consideración, sí ostentan
una causa común de los perjuicios, así como el desconocimiento del artículo
145 del CPACA por parte de las autoridades judiciales accionadas.

Respecto de las razones por las que el a quo declaró la improcedencia de la
tutela, particularmente en lo relativo a la similitud entre los argumentos
expuestos en sede ordinaria y aquellos presentados en el trámite de esta
referencia, los actores señalaron que tales razones no constituían “excusa
legal ni jurídica para declarar la improcedencia de la tutela formulada pues
es todo lo contrario, al no existir coincidencia entre lo alegado y la tutela
esta no sería razón suficiente, por incongruencia en uno y en otro, porque
el Magistrado Ponente hubiera podido aludir que los argumentos de la tutela
no son los mismos que no se plantearon en el recurso de apelación y eso si
daría base para improcedencia de la misma por no existir coherencia o
congruencia en los argumentos de uno y otra acción”.

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Finalizó señalando que “[…] no existe razón para que la sentencia que
desato (sic) la tutela haya declarado la improcedencia de la misma por las
razones expuestas en la misma aunque se respeta pero no se comparte no
tienen la fuerza suficiente para que se haya determinado que las
providencias acusadas no incurrieron en vías de hecho, cuando en verdad
de acuerdo a la expuesto en acápites anteriores se evidencia que no había
razón jurídica y legal para el rechazo de la demanda administrativa
formulada en una acción y autorizada por la Constitución y la ley más aun
por el precedente constitucional obligatorio y vinculante.”

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Los aquí accionantes, junto con otras personas, presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
de la Nación – Rama Judicial y la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del departamento de Cundinamarca, por la presunta falla en la
prestación del servicio (error judicial) que habría afectado las sentencias
de primera y segunda instancia que resolvieron las indexaciones de las
mesadas pensionales de cada uno de los demandantes. El proceso cursó
con el radicado número 11001-33-36-060-2020-00007-00/01.

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5.2.2. Mediante auto de 24 de junio de 2021, el Juzgado Sesenta
Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Tercera inadmitió la
demanda, decisión contra la cual los demandantes presentaron recurso
de reposición, que más tarde fue resuelto por auto de 9 de septiembre de
2021, en virtud del cual decidió no reponer la decisión, y concedió término
a la parte actora para subsanar la demanda.

La demanda se inadmitió tras considerar que, i) no resultaba viable
adelantar, a través de un único escrito, las pretensiones por los daños
causados a todos los demandantes, pues el agravio resulta diferente para
cada uno de ellos, y ii) las pretensiones relativas a la reparación por los
presuntos daños son distintas en cada caso. En consecuencia, el juez de
la causa les indicó a los demandantes que radicaran de manera
“unipersonal y de forma congruente”, las respectivas demandas de
reparación directa. En esa providencia se indicó que el trámite continuaría
solo en favor de la señora Ana Bertilda Morales4, a quien le correspondía
ajustar la demanda a sus hechos y pretensiones individuales.

5.2.3. Posteriormente, por auto de 14 de octubre de 2021, el Juzgado
rechazó la demanda, pues los demandantes no presentaron escrito de
subsanación dentro de la oportunidad concedida en la providencia del 9
de septiembre de 2021. Ante la discrepancia del extremo activo, se
recurrió la decisión en apelación, recurso que fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 25 de mayo de 2022,
en virtud del cual confirmó la decisión de rechazar la demanda.

5.2.4. En la alzada los demandantes señalaron, principalmente, que el
artículo 145 del CPACA habilita la posibilidad de reclamar la reparación
por los perjuicios causados a un grupo, y en ese orden, resultó viable su
reclamo en tanto que el daño causado por la Unidad Especial de Pensiones
de Cundinamarca surgió al omitir el pago de la indexación de las sumas
reconocidas por el reajuste pensional al grupo demandante.

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Valga señalar que la señora Morales no fungió como accionante en el presente asunto; sin embargo, se
menciona a manera de ilustración de las circunstancias que se presentaron en el proceso ordinario.

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Al resolver el recurso de apelación contra el auto de rechazo, y atendiendo
la solicitud de la parte actora, el tribunal ad quem examinó las razones
que en su momento dieron lugar a la inadmisión de la demanda,
encontrando que tal decisión fue correcta, además de adecuadamente
sustentada, razón por la cual, ante la no subsanación por parte de los
actores, procedía el rechazo de la demanda, como en efecto ocurrió.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta de esta corporación
declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Marina
Adames de Barrios y los demás actores, tras no encontrar satisfecho el
requisito de relevancia constitucional, entre otras consideraciones, porque
los argumentos de la tutela guardaban gran similitud con aquellos que
fueron presentados en el recurso de apelación contra el auto que rechazó
la demanda.

En su escrito de impugnación la accionante reprochó tal conclusión,
afirmando que ello no es razón suficiente para declarar improcedente la
solicitud de amparo, y que las autoridades judiciales accionadas sí
vulneraron sus derechos fundamentales, en tanto que desconocieron los
precedentes judiciales relativos a la indexación de la mesada pensional,
así como el artículo 145 del CPACA.

En consecuencia, corresponde a la Sala analizar si, en relación con la
solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por los
accionantes, se cumplen los requisitos generales fijados por la
jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela
contra los autos que rechazaron la demanda, dictados por las autoridades
judiciales accionadas dentro del medio de control de reparación directa
con radicado número 11001-33-36-060-2020-00007-00/1.

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5.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando se cuestiona una providencia judicial por medio de una acción de
tutela, el actor debe cumplir con los requisitos generales de procedencia5.
En este sentido, el éxito de la solicitud de amparo en estos eventos se
encuentra supeditado i) al cumplimiento de los referidos requisitos
generales de procedencia, ii) a la verificación de al menos una de las
«causales específicas de procedibilidad» que representan las razones
concretas por las cuales se puede acusar una providencia judicial de
infringir derechos fundamentales, y iii) a que el actor despliegue la carga
argumentativa suficiente, encaminada a explicar las anomalías de la
providencia, que se pueden enmarcar dentro de las siguientes categorías:
a) Defecto material o sustantivo; b) Violación directa de la Constitución;
c) Defecto fáctico; d) Defecto procedimental; e) Decisión sin motivación;
f) Defecto orgánico; g) Desconocimiento del precedente, y h) Error
inducido, o, como mínimo, a que en la petición haga una exposición
suficientemente clara de los hechos y derechos que la fundamentan, de
forma tal que el juez pueda apreciar, sin mayores elucubraciones, cuál es
el defecto que la parte actora reprocha de la providencia.

Así las cosas, el análisis de las acciones de tutela contra providencias
judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, para evitar que este instrumento excepcional se convierta
en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5
La jurisprudencia ha identificado como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, los siguientes: (a.) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (b.) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; (c.) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; (d.) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (e.) Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; (f.) Que no se trate de
sentencias de tutela. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo
de Estado, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).

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En ese orden de ideas, la Sala analizará los referidos aspectos respecto
de la solicitud presentada por los accionantes.

Visto lo anterior, y previa verificación de las piezas documentales que
componen el presente asunto constitucional, el despacho destaca que
esta solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, por las siguientes razones:

I) Los accionantes invocan la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia que consideraron vulnerados con
ocasión de los autos por los cuales se rechazó la demanda de
reparación directa promovida por aquéllos, y se confirmó tal
decisión. En consecuencia, se encuentra cumplido el requisito
de relevancia constitucional, pues al tratarse de una decisión
judicial que, por la consecuencia jurídica que implica, imposibilita
a los demandantes reclamar ante el juez de la causa, lo que
impide el acceso a la justicia, ello resulta suficiente para suscitar
un debate propio de la instancia constitucional.

II) En relación con el requisito de la subsidiariedad, este
despacho lo encuentra cumplido, en tanto que los accionantes
agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa, a saber, los recursos de reposición y apelación que
procedían contra el auto que rechazó la demanda.

III) En igual sentido, la solicitud de amparo cumple con el requisito
de inmediatez, en tanto que se presentó antes de cumplirse los
seis (6) meses que ha definido la jurisprudencia para controvertir
providencias judiciales en sede constitucional, pues el auto que
confirmó la decisión relativa a rechazar la demanda se notificó
en el mes de mayo de 2022 y la acción de tutela de la referencia
se presentó el 19 de septiembre de ese mismo año.

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IV) Por otra parte, se advierte que en el asunto de la referencia no
se discute una irregularidad procesal, y los accionantes
identificaron de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados.

V) Finalmente, las providencias acusadas no se emitieron en
desarrollo de una acción de tutela. Las mencionadas
pertenecen al proceso de reparación directa tramitado bajo el
radicado número 11001-33-36-060-2020-00007-00/01.

5.3.3. Análisis sobre las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

Bajo las anteriores consideraciones, la Sala examinará el reclamo traído
en sede constitucional para determinar si el Juzgado 60 Administrativo
del Circuito de Bogotá - Sección Tercera y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia de los accionantes, al proferir los autos mediante los cuales
rechazaron la demanda de reparación directa promovida contra la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de
Cundinamarca.

Así las cosas, se procederá a estudiar si los autos acusados incurrieron en
los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente
alegados por los accionantes, de conformidad con lo alegado en el escrito
de impugnación, en los siguientes términos:

5.3.3.1 El defecto fáctico

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
corporación, un defecto fáctico se configura “[…] cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el

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que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan
fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias
probatorias del proceso. Según esta corporación, el fundamento de la
intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso,
radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que
cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste
debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con
base en criterios objetivos y racionales […].6”

Considera el alto tribunal constitucional que la evaluación del acervo
probatorio jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria, y que
por ello, la valoración que éste realice, necesariamente implica “la
adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez,
racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una
de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función
de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios
judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”7.

Ahora bien, se han identificado dos dimensiones en las cuales es posible
que se configure el defecto fáctico, a saber: a) Una dimensión negativa,
que surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria,
irracional y caprichosa, situación que se presenta cuando: (i) no decreta,
ignora o hace una valoración defectuosa de la prueba, o (ii) sin una razón
válida da por no probado un hecho que emerge claramente; b) Una
dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez aprecia pruebas
que fueron determinantes en la decisión de la providencia cuestionada,
que no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron
indebidamente, eran ilegales o ineptas, o (ii) da por ciertas algunas
circunstancias sin existir material probatorio que fundamente su decisión.

Bajo los parámetros judiciales anteriores y teniendo en cuenta que los
asuntos fácticos que se debaten en un proceso corresponden a la prueba,

6
Sentencia T-582 de 2016 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
7
Sentencia T-917 de 2012 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).

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la relevancia y la connotación jurídica de los hechos, el defecto fáctico
puede configurarse cuando:

a) se le da relevancia a un hecho jurídico que resulta irrelevante para la
decisión del caso, o por el contrario, se considera irrelevante el hecho,
cuando en uno u otro caso resulta determinante para la decisión; b) se
considera probado un hecho concreto que en realidad no lo está, ya sea
porque no hay constancia del mismo en el expediente, porque la prueba
se ha recaudado con violación al debido proceso, o porque lo acreditado
en el proceso no tiene la virtud de prueba de acuerdo con la ley; o por el
contrario, se considera no probado el hecho que en realidad sí lo está, o
se omite indebidamente el decreto o práctica de una prueba, que es
determinante para la decisión a tomar, y c) cuando a un hecho concreto
debidamente probado, se le da una connotación jurídica que no le
corresponde, o no estando probado, se connota jurídicamente.

En todo caso, para que se verifique la existencia de este defecto, el error
debe ser flagrante y manifiesto y debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la evaluación fáctica de la autoridad que ordinariamente
conoce de un asunto, ya que con ello invadiría la órbita de la competencia
y la autonomía de que son titulares los jueces ordinarios.

5.3.3.2. El defecto sustantivo

Este defecto alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones
judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales en atención a que, si bien la competencia
asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se
encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia,
ésta no es absoluta, pues al ser una atribución que emana de la función
pública de administrar justicia, está limitada por los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho.

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Los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe
ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión
violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del defecto
sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la
interpretación en que se funda una decisión judicial.

Desde esta óptica, quien alegue que una providencia ha incurrido en
defecto sustantivo o material susceptible de tutela no puede limitarse a
expresar su parecer sobre la norma que debe ser aplicada, o sobre el
significado y el sentido que a ella deba dársele, pues tiene la carga de
demostrar la arbitrariedad en que ha incurrido la sentencia que ataca, ya
sea, i) indicando de manera precisa la razón por la cual tal providencia se
funda en norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, ii)
poniendo de presente la sentencia con efecto erga omnes que definió el
alcance de la norma aplicable de manera distinta a como lo hace la
sentencia cuestionada, iii) detallando las disposiciones que fueron
desatendidas y que eran necesarias para efectuar una interpretación
sistemática, iv) exponiendo de manera inobjetable las razones por las
cuales la norma indiscutiblemente pertinente fue inobservada y por ende
inaplicada, o finalmente, v) señalando los efectos que el legislador
expresamente le ha dado a la norma y que son distintos a la situación
fáctica planteada.

5.3.3.3. Desconocimiento del precedente judicial

La Corte Constitucional8, al referirse a este posible defecto ha precisado
que: “El precedente es el conjunto de sentencias anteriores al caso
estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el
problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez o la
autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar cuándo
el precedente resulta necesario para la solución del caso es si: “(i) la ratio
decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una

8 Sentencia T-1033 de 2012 (M. P. Mauricio González Cuervo).

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regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se
trata de un problema jurídico semejante, o una cuestión constitucional
semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia
son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe
resolver posteriormente”. De esta forma –concluye - “[…] el precedente
utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico
planteado y en la normatividad utilizada para resolver los casos”.

La doctrina y la jurisprudencia han diferenciado dos categorías de
precedente, dependiendo de la relación existente entre la autoridad
judicial que lo habría establecido y aquella que estaría llamada a aplicarlo.
Así, se conoce como precedente horizontal, el contenido en decisiones
adoptadas por autoridades del mismo nivel jerárquico, e incluso por el
mismo funcionario o corporación que más adelante debe seguirlo,
mientras que se denomina precedente vertical el que proviene del
superior jerárquico de quien lo aplica o de la autoridad encargada de
unificar jurisprudencia en la correspondiente jurisdicción9.

Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la
sentencia pretende resolver un problema que, desde la perspectiva
jurídica y fáctica, resulta idéntico a otro resuelto en providencia anterior,
lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y unos mismos
hechos relevantes, probados y debidamente connotados.

Para estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para
que se ataque un fallo en sede de tutela por desconocimiento del
precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico
que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema
jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su
identidad en los hechos y en el derecho.

Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone
que la sentencia cuestionada sea idéntica a la anterior que en tal sentido

9
Entre otras más, las sentencias C-836 de 2001 (M. P. Rodrigo Escobar Gil) y SU-354 de 2017 (M. P. Diana
Fajardo Rivera).

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se cita, en cuanto a su objeto y supuestos fácticos, entendiéndose por
objeto la pretensión jurídica analizada, y por supuestos fácticos, los
hechos en que se funda dicha pretensión.

No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia
analizada difiere de la anterior en cualquiera de los aspectos indicados.
Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la
sentencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de
manera razonable y suficiente, justificando tal posición, pues tal actuación
sería un legítimo ejercicio de la autonomía funcional del juez.

5.3.3.4. Caso concreto

Sea lo primero recordar que, en el presente asunto, los accionantes
pretenden el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, como consecuencia
del supuesto desconocimiento del precedente judicial sobre el derecho de
indexación de la mesada pensional, así como de la inobservancia del
artículo 145 del CPACA por parte de las autoridades judiciales accionadas,
al rechazar la demanda de reparación directa promovida por los aquí
accionantes y otros, dado que, según reiteran, la norma presuntamente
inadvertida habilita la posibilidad de solicitar la reparación de perjuicios
causados a un grupo de personas respecto de las cuales existan
condiciones uniformes sobre una misma causa que les originó perjuicios
individuales, y además, porque no existe término de caducidad, razón por
la cual “puede interponerse en cualquier tiempo, mientras subsista la
amenaza o peligro”.

De otra parte, y sin más desarrollo argumentativo al respecto, los actores
listaron las sentencias de la Corte Constitucional que en su sentir
constituyen precedentes judiciales respecto de la indexación de la primera
mesada pensional, que habrían sido desconocidas por las decisiones
cuestionadas.

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Así mismo, en su escrito de impugnación, los accionantes agregaron,
entre otros argumentos, que, contrario a lo considerado por las
autoridades judiciales accionadas, “[…] las condiciones de todas las
personas que hacen parte de dicho grupo son uniformes y respecto de la
misma causa que originó los perjuicios individuales […]”. Sin embargo, es
pertinente anotar que esta consideración solo fue presentada al momento
de controvertir la decisión de tutela de primera instancia.

Vistas así las cosas, la Sala estima necesario advertir en primer lugar que,
en cuanto al defecto fáctico alegado por la parte actora, no resulta
viable desarrollar pronunciamiento de fondo al respecto, como quiera que
los accionantes omitieron presentar la respectiva sustentación sobre la
forma en que las decisiones atacadas habrían desconocido el material
probatorio disponible. De otra parte, y tal como se advirtió en
precedencia, estas consideraciones solo se presentaron al momento de
impugnar el fallo de primera instancia constitucional, razón por la cual no
hay lugar a dirimir en torno a ello. Así las cosas, se concluye que frente
al planteamiento que la parte actora hizo a este respecto, no aparece
acreditada la existencia de un defecto fáctico.

En lo que corresponde al defecto sustantivo, la Sala destaca que el
argumento presentado en la solicitud de amparo, y más tarde reiterado
en el escrito de impugnación de la parte actora, se dirige a señalar que
las autoridades judiciales, al proferir los autos que rechazaron la demanda
de reparación directa, omitieron dar aplicación al artículo 145 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
pues, en su consideración, esa norma habilita la posibilidad de reclamar
perjuicios por el daño causado a un grupo de personas, tal como para el
caso sucedería, y que además allí no se contempló que ese medio de
control se encuentre sujeto a un término de caducidad para su ejercicio.

Sobre el particular, debemos, en primer lugar, recordar el texto de la
norma que los accionantes adujeron desconocida, la cual dispone lo
siguiente:

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“ARTÍCULO 145. Reparación de los perjuicios causados a un
grupo. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un
conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una
misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en
nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios
causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial
que regula la materia.

Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20)
o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su
nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que
algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo
obligatorio.”

En segundo lugar, y a manera de simple ilustración, conviene traer al
estudio una síntesis de las consideraciones adoptadas por el juez que en
su momento inadmitió la demanda, aunque dicha providencia no fue
objeto de reproches en el presente asunto.

En efecto, mediante auto de 24 de junio de 2021, el Juzgado 60
Administrativo del Circuito de Bogotá inadmitió la demanda de reparación
directa para que los demandantes individualizaran sus pretensiones, en
tanto que se advirtió que los hechos que originaron el presunto daño eran
distintos en cada caso. Así pues, respecto de algunos demandantes10, el
juez de la causa indicó que procedía la demanda intentada, pero debiendo
presentar de forma individual y congruente los hechos y pretensiones
correspondientes a su caso, mientras que, frente a los demás actores,
señaló que les correspondería radicar las demandas de forma unipersonal
por los hechos concernientes a cada uno.

En tercer lugar, y para descender al estudio del caso concreto, esta Sala
deberá estudiar los argumentos adoptados por los jueces de la causa en
cada providencia que se acusó, para dilucidar si correspondía aplicar la
disposición legal invocada por la parte actora, y en ese escenario, si se
produjo o no su desconocimiento. Veamos:

10 La señora Bertilda Morales y otros.

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En el auto de 14 de octubre de 2021, el Juzgado 60 Administrativo del
Circuito de Bogotá – Sección Tercera decidió rechazar la demanda en
tanto que los demandantes no presentaron escrito de subsanación dentro
del término dispuesto para ello, tal como se observa de la siguiente
imagen tomada de la providencia en comento:

Vistas así las cosas, respecto de la recién citada providencia, resulta claro
que aquella no incurrió en el defecto sustantivo alegado por la parte
actora, pues la decisión de rechazo fue simplemente la consecuencia
jurídica que debía seguirse de la inactividad de los demandantes frente a
los requerimientos planteados en el auto inadmisorio, para lo cual el juez
de primera instancia señaló la norma aplicable al caso concreto, a saber,
el numeral 2º del artículo 169 del CPACA, y de conformidad con lo allí
previsto, adoptó la decisión contenida en el auto acusado.

En otras palabras, es claro que el rechazo de la demanda se produjo
porque los actores, ante su inadmisión, confirmada al resolver el recurso
de reposición por ellos interpuesto, no presentaron escrito de subsanación

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de los yerros advertidos por el juez, ante lo cual solo podía seguirse la
consecuencia jurídica previamente determinada por la norma aplicable,
que fue, en efecto, lo decidido por el juez de la causa.

Así pues, es claro que en esa etapa del trámite procesal, el juzgado no
estaba en el deber de aplicar la norma que, a juicio de la parte accionante,
se inobservó, esto es, el artículo 145 del CPACA, como quiera que en esta
disposición el legislador precisó los supuestos de viabilidad para promover
las demandas que pretenden la reparación de los perjuicios causados a
un grupo, determinaciones sustanciales visiblemente alejadas de lo que
para el momento procesal debía resolver el juez a cargo, que no era otra
cosa que el rechazo de la demanda, ante la omisión de los accionantes en
subsanar sus yerros.

A lo dicho cabe agregar que el auto objeto de estudio tampoco incurrió en
arbitrariedad o irregularidad alguna, menos aún en alguna de tal
importancia y gravedad que resulte en la vulneración de los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los aquí
accionantes, pues incluso estos últimos controvirtieron las decisiones a
través de los recursos disponibles en sede ordinaria, los cuales fueron
resueltos por los jueces de la causa.

Por otra parte, el auto proferido el 25 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera – Subsección C, desató
el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
decisión anteriormente estudiada, en el sentido de confirmar el rechazo
de la demanda, tras considerar lo que a continuación se expone:

“VI. DESARROLLO DEL PROBLEMA JURÍDICO

[…]

6.2. Del caso concreto

6.2.1. Improcedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a
un grupo

La Sala advierte que el apoderado de la parte demandante fundamenta el recurso de
apelación interpuesto contra el auto del 14 de octubre del 2021, que rechazó la
demanda por no subsanación, esencialmente en que la acción de grupo prevista en

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el artículo 145 del CPACA, consiste en la reparación de los perjuicios causados a un
grupo que reúne condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, por lo cual, cuando un acto administrativo de carácter
particular afecta a veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá
solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad.

En este punto, es importante destacar que si bien es el demandante quien determina
el medio de control, lo cierto es que aquella adecuación debe atender lo previsto en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En
efecto, en relación con la acción de grupo pretendida por el apoderado de la parte
accionante, la Sala debe precisar que aquél medio de control se encuentra
determinado en el artículo 145 del CPACA, como pasa a verse a continuación:

Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones
uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede
solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al
grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia. […].

De igual forma, el artículo 46 y 48 de la Ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el
artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las
acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones” regula los requisitos
de procedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo, en los siguientes términos: […].

En relación con los presupuestos del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo, la Corte Constitucional en sentencia C-569 del 2004 estableció
lo siguiente: […].

Igualmente, el Consejo de Estado ha determinado lo que pasa a verse en relación con
la procedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo:

• Que el grupo de afectados esté conformado, al menos, por veinte personas; sin
embargo, no es necesario que ese mismo número de personas presente la demanda,
pues lo realmente importante es que existan criterios claros para su determinación.

• Que el demandante demuestre pertenecer al grupo en nombre del cual ejerce la
demanda.

• Que el grupo reúna condiciones uniformes respecto de la misma causa que originó
los perjuicios individuales que se reclaman.

• Que el ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo tenga la exclusiva pretensión de obtener el reconocimiento y pago de los
perjuicios.

• Que el medio de control sea ejercido por conducto de abogado. […].

En este caso, la Sala observa que si bien la demanda en referencia fue interpuesta
por 26 personas (accionantes), reuniendo de tal forma el primer requisito (objetivo)
del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, lo cierto es
que el segundo presupuesto en el sub examine no se cumple, pues tal y como lo
indicó esta Corporación en providencia del 7 de abril del 2021 con ponencia del
suscrito Magistrado al resolver otro recurso de apelación en el proceso en referencia,
frente a los demandantes Belisario Gutiérrez Gutiérrez, Sergio Tulio Colmenares
García, Sara Elvia Acosta de Castillo, María Antonia Cuevas, María Mabel Contreras
de Rojas, Jorge Carreño Ovalle, Carlos Alberto Suárez, Hermes Bedoya, Dolly Amanda
Vargas y Euripides Ubladamiro Serrato Bolaños, el daño presuntamente se deriva de
la negativa de la UAE de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, de acceder
a la indexación y reliquidación pensional, sin que se hubiese presentado, o sin que se

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hubiese acreditado, que se hubiera iniciado algún proceso judicial por ello; mientras
que en relación con los accionantes Ana Bertilda Morales de Rodríguez, María del
Carmen Sánchez Rodríguez, Jorge Eliécer Cardozo Martín, Juvenal Murcia Pintor,
Leonila Hernández, Hermida Martínez Triana, Ana Lilia Ángel Rico, Joaquín Emilio
Cardozo Velandia, Daniel Castillo Sánchez, Flor Ángela Duarte de Salazar, Francisca
Montaño de Santana, Marina Adames de Barrio, José Vicente Martínez Bernal, Bellaul
Álvarez de Rodríguez, José Manuel Octavio Beltrán y Eurípides Ubladamiro Serratos
Bolaños, el daño tiene su génesis en el presunto error jurisdiccional en el que
incurrieron las autoridades judiciales que conocieron de las pretensiones de
indexación y reliquidación pensional, dentro de distintos procesos ordinarios laborales
y de nulidad y restablecimiento.

De acuerdo con lo precedente, no es posible en el caso bajo estudio aplicar el medio
de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo porque aunque los
demandantes son más de veinte (20) personas, lo cierto es que aquellas no
comparten la causa común del perjuicio, en la medida que el daño reclamado
por los demandantes, en un primer grupo, se deriva de actos administrativos
de la UAE de Pensiones del Departamento de Cundinamarca que resolvieron
de forma negativa la reclamación de indexación y reliquidación pensional,
sin que conste que se hubiere agotado la vía gubernativa (sede
administrativa) y/o promovido las correspondientes acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho; sin embargo, el daño alegado por otro grupo de
accionantes tiene su génesis en el presunto error jurisdiccional en el que incurrieron
diversas autoridades judiciales que conocieron de las pretensiones de indexación y
reliquidación pensional, dentro de distintos procesos ordinarios laborales y de nulidad
y restablecimiento.

En atención a lo argumentado, se advierte la improcedencia del medio de
control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, por lo cual el
argumento elevado en el recurso de apelación por el apoderado de la parte
actora no está llamado a prosperar. (destacado fuera del texto original).

6.2.2. De la Improcedencia de acumulación de pretensiones cuando origen del daño
reclamado por los demandantes no es común

Como se vio en precedencia, los demandantes esgrimen dos causas distintas para el
daño que se alega en la demanda, a saber, unos reclaman que el menoscabo se deriva
de la negativa de la UAE de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, de acceder
a la indexación y reliquidación pensional, sin que se hubiese presentado algún proceso
judicial por ello; por su parte, otros señalan que el daño tiene su origen en el presunto
error jurisdiccional en el que incurrieron las autoridades judiciales que conocieron de
las pretensiones de indexación y reliquidación pensional, dentro de distintos procesos
ordinarios laborales y de nulidad y restablecimiento.

• Daño reclamado derivado de decisiones administrativas

En relación con las decisiones administrativas que no aplicaron o dejaron de aplicar
la indexación de la mesada pensional, la Sala debe indicar que aquellas pretensiones
no pueden ser acumuladas al presente asunto por la vía de la reparación directa, pues
su control debe adelantarse por vía de nulidad y restablecimiento del derecho, y su
procedencia exige la verificación de que se hubieran presentado los recursos
respectivos en sede administrativa.

Así, para la Sala el a quo podía inadmitir la demanda para que el apoderado
de la parte actora procediera a desagregar o desglosar los documentos y
pruebas que pertenecían a los demandantes que estaban cuestionando
decisiones administrativas que negaron la indexación de la mesada
pensional, y procediera a radicar por separado las demandas para cada uno
de los accionantes, adecuándolas al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, tal y como lo establece el artículo 165 del
CPACA, de manera que al no haber procedido de la forma indicada, la

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consecuencia jurídica era el rechazo de la demanda. (destacado fuera del texto
original).

Así, procedería la exclusión de las demandas cuya finalidad es lograr la nulidad de las
decisiones administrativas que no aplicaron o dejaron de aplicar la indexación de la
mesada pensional (Belisario Gutiérrez Gutiérrez, Sergio Tulio Colmenares García,
Sara Elvia Acosta de Castillo, María Antonia Cuevas, María Mabel Contreras de Rojas,
Jorge Carreño Ovalle, Carlos Alberto Suárez, Hermes Bedoya, Dolly Amanda Vargas
y Euripides Ubladamiro Serrato Bolaños) y, en consecuencia, rechazar dichas
demandas, por cuanto, era necesario que el apoderado de la parte actora las
desagregara, de acuerdo a lo ordenado en el auto inadmisorio, punto en el cual habrá
de confirmarse la providencia apelada.

• Daño derivado de decisiones judiciales

La otra causa esgrimida por algunos de los accionantes (Ana Bertilda Morales de
Rodríguez, María del Carmen Sánchez Rodríguez, Jorge Eliécer Cardozo Martín,
Juvenal Murcia Pintor, Leonila Hernández, Hermida Martínez Triana, Ana Lilia Ángel
Rico, Joaquín Emilio Cardozo Velandia, Daniel Castillo Sánchez, Flor Ángela Duarte de
Salazar, Francisca Montaño de Santana, Marina Adames de Barrio, José Vicente
Martínez Bernal, Bellaul Álvarez de Rodríguez, José Manuel Octavio Beltrán y Eurípides
Ubladamiro Serratos Bolaños) se origina en diversas decisiones judiciales que
presuntamente incurrieron en el desconocimiento de un precedente, emitidas en el
marco de distintos procesos ordinarios laborales y de nulidad y restablecimiento del
derecho.

De acuerdo con lo anterior, dichas pretensiones a su vez se desagregan en dos
grupos, a saber, en aquellas decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción
ordinaria laboral y de otra parte, las emitidas por la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo cual el análisis de la Sala atenderá tal subdivisión, como pasará
a verse a continuación:

Jurisdicción ordinaria laboral

De acuerdo a lo señalado en acápites precedentes, la Sala advierte que los
demandantes Ana Bertilda Morales de Rodríguez […] presentaron diversas demandas
laborales en la jurisdicción ordinaria laboral para la obtención de la indexación de la
mesada pensional. […].

Se evidencia entonces que se trata de procesos laborales diferentes, proferidos por
jueces diferentes en tiempos o fechas diferentes, es decir, se trata de decisiones
judiciales autónomas e independientes, lo cual impide hablar de una y la misma causa
como hecho estructurante del daño; y tampoco advierte la Sala que los
accionantes hubiesen tramitado sus demandas en un solo proceso, por lo
cual, las circunstancias fácticas entre cada demandante varían, puesto que
los supuestos en relación a cada uno de ellos es diferente, teniendo en cuenta
el tipo de vinculación, la entidad a la que pertenecían o para la cual
laboraban, y la época en la que ingresaron a trabajar, las decisiones
concretas y sus fundamentos, entre otros, aspectos que ameritan un estudio
específico e individual de cada uno de los demandantes y de las decisiones
judiciales respectivas, lo que no permite su análisis global, como
erradamente lo pretende el apoderado de la parte actora.

En ese orden de ideas, tal y como lo resolvió el juez de primera instancia, el
proceso de reparación directa en referencia debía adelantarse solamente
respecto de Ana Bertilda Morales de Rodríguez, mientras que debía
desagregarse la demanda respecto de los demás demandantes que reclaman
el supuesto error judicial por desconocimiento de un precedente en el marco
de los procesos laborales, como se indicó en el auto inadmisorio, y visto que
la parte accionante no dio cumplimiento a tal requerimiento, el a quo debía
rechazar la demanda, como en efecto ocurrió y en este punto debe
confirmarse la decisión de primera instancia. (destacado de la Sala).

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Jurisdicción contencioso administrativo

En atención a lo expuesto en el acápite de antecedentes, la Sala evidencia que los
accionantes Hermida Martínez Triana (Proceso No. 2011-00416), Joaquín Emilio
Cardozo Velandia (Proceso No. 11001333102820110034200) y Marina Adames de
Barrios (Proceso No. 11001333170820120000200), presentaron diversas demandas
de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso
administrativo para que se declarara la nulidad de los actos administrativos que
negaron el reajuste de la mesada pensional.

Aunque en principio, podría indicarse que las sentencias judiciales emanadas por los
jueces y tribunales administrativos constituyen una causa uniforme, lo cierto es que
ello no es así, en la medida que el estudio que se realice de cada proceso debe atender
a varios aspectos individuales, tales como, la fundamentación jurídica de cada una de
las sentencias o decisiones judiciales; las especiales circunstancias de cada
demandante en los aludidos procesos, es decir, la época de su vinculación,
condiciones y regímenes aplicables conforme a tal tipo de vinculación; las razones
que sustentaron los fallos judiciales a los que se atribuye error, y demás
singularidades de cada caso que impiden un análisis global y general de tales asuntos,
circunstancia que necesariamente ameritaba desagregar la demanda respecto de
tales demandantes para que en procesos diferentes se estudiara la demanda de forma
separada, tal como lo hizo el a quo y cuyo incumplimiento derivó en el rechazo de la
demanda, por lo cual en este punto también habrá de confirmarse el auto apelado.

Lo anterior, en la medida que las circunstancias, aunque análogas, no derivan de una
misma causa, puesto que cada uno de los demandantes cuenta con circunstancias
particulares y singulares que determinaron la decisión tomada en el marco de cada
uno de los procesos (laborales y administrativos) interpuestos, y tampoco versan
sobre el mismo objeto, precisamente porque se trata de procesos esencialmente
distintos. [...]

Así las cosas, visto que, en síntesis, la parte demandante no aportó ningún
memorial que subsanara los defectos advertidos en la providencia del 24 de
junio del 2021 (confirmada en proveído del 9 de septiembre del 2021), la
consecuencia establecida por el artículo 170 del CPACA es necesariamente
el rechazo de la demanda, tal y como lo hizo el juez de primera instancia,
máxime cuando la figura del rechazo es aplicable por razón de la
improcedencia de la acumulación de pretensiones. (destacado de la Sala). […]”

De la lectura de las consideraciones transcritas es posible colegir que el
juez de segunda instancia desarrolló ampliamente cada uno de los
reproches presentados con el recurso de apelación promovido por los
demandantes en el proceso ordinario, en torno a las razones que en su
momento dieron lugar a la inadmisión de la demanda, explicando de
manera precisa por qué aquéllos no podían abrirse paso. Así pues, de
entrada, esta Sala advierte que el auto proferido en mayo 25 de 2022 no
incurrió en el defecto sustantivo alegado por los actores, pues el Tribunal
respondió con suficiencia sobre las razones jurídicas por las cuales se
inadmitió la demanda de reparación directa, así como sobre las que dieron
lugar al rechazo de la demanda en primera instancia, en orden a hallarlas
razonadas y ajustadas a derecho, analizando el texto de cada una de las
normas aplicables al caso, y dilucidando lo planteado a partir de éstas.

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En efecto, el Tribunal, en aras de dirimir íntegramente la discusión
propuesta en segunda instancia, no se limitó a señalar que el rechazo se
produjo como consecuencia directa de la inactividad de los demandantes
ante los requerimiento del juez de la causa (lo que sí sería errado, dado
que los accionantes en esta tutela habían presentado recurso de
reposición contra el auto que inadmitió), sino que también desarrolló
conceptos relativos a la improcedencia frente al caso concreto del medio
de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo regulado
en el artículo 145 del CPACA, misma norma que los aquí accionantes
consideraron ignorada por la autoridad judicial accionada, pero que,
contrario a lo por ellos alegado, fue ampliamente desarrollada en el auto
de 25 de mayo de 2022, a la luz de otros artículos que regulan lo relativo
a las acciones de grupo y la acumulación de pretensiones, así como las
posturas jurisprudenciales alrededor del asunto.

En esa línea, debe agregarse que el Tribunal explicó con total claridad y
precisión las razones por las cuales no prosperaron los cargos formulados
en el recurso de apelación, identificando íntegramente las circunstancias
de hecho previstas en el proceso de reparación directa promovido por los
aquí accionantes, así como invocando las normas que sustentaron sus
consideraciones, a partir de lo cual concluyó que el origen del daño
reclamado por los distintos demandantes no era en realidad uniforme para
todos ellos, y por lo tanto, ratificando las consideraciones vertidas en el
auto que en su momento inadmitió la demanda.

De esta manera, el juez de segunda instancia hizo énfasis en cuanto a la
improcedencia del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo tras considerar que, aunque se trató de un grupo
conformado por más de 20 personas, por lo que se cumplía el requisito
objetivo, no todos ellos compartían la génesis del daño alegado, el que
incluso habría sido causado por sujetos diversos, ante lo cual consideró
que fue acertada la inadmisión, para que los demandantes desagregaran
los argumentos y pruebas que conformaban sus súplicas de manera

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unipersonal, ante la inviabilidad de acumular sus pretensiones, con la
claridad de que respecto de algunos de ellos procedía la demanda siempre
que individualizaran las circunstancias que generaron el daño causado,
así como sus pretensiones. Sin embargo, como no se corrigieron los
yerros advertidos, correspondía el rechazo de la demanda.

Cabe agregar que, para determinar que no hubo uniformidad en cuanto a
las circunstancias de hecho que generaron los perjuicios alegados por los
demandantes, el tribunal se detuvo, con especial diligencia, a analizar las
causas individuales y los antecedentes de cada demandante,
considerando que para un grupo de ellos el presunto daño se derivó de la
negativa de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de
Cundinamarca a acceder a la indexación y reliquidación pensional, sin que
se hubiese adelantado algún proceso judicial por ese hecho, mientras que
para otros el daño surgió del presunto error jurisdiccional en el que
incurrieron las autoridades judiciales que conocieron de las pretensiones
de indexación y reliquidación pensional planteadas al interior de varios
procesos ordinarios laborales y de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con todo, advirtió además que las causas para cada demandante
continuarían siendo disímiles, en la medida en que cada caso tiene
circunstancias fácticas y jurídicas específicas, relacionadas con los
regímenes laborales, las consideraciones de la autoridad administrativa,
y los criterios adoptados por los jueces, tanto laborales como
administrativos en cada escenario, las cuales no permiten la viabilidad de
la reparación de perjuicios causados al grupo que promovió la demanda
en esos términos, de conformidad con el artículo 145 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
virtud del cual se habilitó la posibilidad de perseguir la reparación de los
perjuicios siempre que “reúnan condiciones uniformes respecto de una
misma causa que les originó perjuicios individuales […]”.

En suma, el auto proferido el 25 de mayo de 2022, en virtud del cual el
Tribunal accionado resolvió el recurso de apelación promovido por la parte

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actora en contra de la providencia que rechazó la demanda en el sentido
de confirmar dicha decisión, no incurrió en el defecto sustantivo
alegado por los accionantes, pues atendió de manera integral los
reproches del apelante, aplicando las normas que correspondían al caso,
particularmente el artículo 145 del CPACA. Por lo tanto, no es cierto que
la autoridad judicial accionada hubiere desatendido la norma en comento.

Para finalizar, esta Sala considera necesario recordar que la configuración
del defecto sustantivo no puede deberse a la diferencia interpretativa
existente entre quien acusó la providencia y la autoridad judicial que la
ha dictado, como en este caso lo intentan los accionantes con la solicitud
de amparo de la referencia.

Dicho la anterior, la Sala no puede dejar de señalar que, con sus
argumentos, lo que los actores pretenden es volver sobre la discusión
propuesta en el recurso de apelación contra la decisión de rechazo, puesto
que se enfocaron en controvertir las consideraciones realizadas por el juez
natural al momento de inadmitir la demanda, más no señalaron con
precisión y suficiencia las razones por las que encontraron vulnerados sus
derechos fundamentales con ocasión de las decisiones que rechazaron la
demanda de reparación directa, y contra las cuales promovieron la
presente acción constitucional. Sea del caso, además, señalar que las
consideraciones que dieron lugar a la inadmisión pertenecen a una
discusión que fue abordada por el juez correspondiente en la oportunidad
respectiva, y que en tal momento quedó zanjada en su totalidad, sin que
de ello se derive transgresión de garantías constitucionales o arbitrariedad
alguna.

Finalmente, en relación con el cargo de desconocimiento de
precedente judicial, valga decir que, aun cuando los accionantes
identificaron con claridad los números de las sentencias de la Corte
Constitucional que a su juicio constituyen el precedente desatendido
sobre indexación de la primera mesada pensional, lo cierto es que, en
primer lugar, no sustentaron de forma suficiente y clara cómo es que los

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autos de 14 de octubre de 2021 y 25 de mayo de 2022 asignaron un
tratamiento diferenciado a situaciones de hecho equivalentes, frente a lo
resuelto en los fallos de la Corte Constitucional. Y, en segundo lugar,
omitieron establecer la identidad en cuanto a los hechos y el derecho
entre la situación fáctica planteada en las sentencias citadas como
precedente y aquella que a su juicio se debió haber tenido en cuenta en
las providencias censuradas.

Por el contrario, los accionantes, tanto en la solicitud de amparo como en
el escrito de impugnación del fallo de primera instancia, adujeron sin más,
que en las sentencias C-335 de 2008, C-621 de 2015, C-862 de 2006, C-
891A de 2006, C-611 de 1996, C-1433 de 2000, SU-120 de 2003, SU-
1073 de 2012, T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-098 de 2005, T-469
de 2005, T-045 de 207, T-447 de 2009, T-457 de 2009, T-628 de 2009,
T-906 de 2009 y T-051 de 2013, se unificaron los postulados relacionados
con el derecho a la indexación de la primera mesada pensional en todos
los regímenes.

Así, el hecho de que en la solicitud de amparo no se desarrollara con
suficiencia el cargo que en este caso plantea, constituye una circunstancia
que le impide al juez constitucional descender al análisis del problema
jurídico sobre la vulneración del derecho fundamental a la igualdad que
se propone, pues pone de presente el incumplimiento del deber de los
accionantes de exponer las razones de la vulneración del derecho que
alega, en este caso, el de igualdad por el supuesto desconocimiento del
precedente judicial.

En ese orden de ideas, la Sala reitera que la carencia argumentativa
evidenciada no puede ser suplida por el juez de tutela, en tanto que, si
bien la acción de amparo se caracteriza por la flexibilización de
formalidades que impidan la protección de los derechos fundamentales,
tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible un
mínimo de fundamentación que habilite un examen de fondo.

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En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que los autos de 14 de
octubre de 2021 y 25 de mayo de 2022, dictados por las autoridades
judiciales accionadas, no incurrieron en los defectos sustantivo y de
desconocimiento del precedente alegados, y, por lo tanto, no vulneraron
los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad, invocados por los accionantes. En consecuencia, no hay lugar a
conceder el amparo de tales garantías constitucionales.

5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 10
de noviembre de 2022, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo invocado, y en su lugar,
negará el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de noviembre de 2022, dictada
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción de tutela. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad de los accionantes, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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