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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05000-00

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05000-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor César Augusto Pinzón Correa, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandado: Senado de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05000-00 SEGUNDO: ORDENAR a la senadora Aida Avella Esquivel, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, de respuesta de fondo, clara y congruente a las peticiones contenidas en el escrito radicado el 21 de julio de 2022, por el señor Pinzón Correa, cumpliendo los supuestos de la Ley 1755 de 2015. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05000-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

1 de diciembre de 2022

Demandante: César Augusto Pinzón Correa
Demandado: Senado de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05000-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05000-00
Demandante: CÉSAR AUGUSTO PINZÓN CORREA
Demandado: SENADO DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela de fondo – Derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver en primera instancia el mecanismo de amparo
constitucional formulado por el señor César Augusto Pinzón Correa contra el
Senado de la República.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 19 de septiembre de 2022, mediante el aplicativo
web de tutela en línea de la Rama Judicial, el señor César Augusto Pinzón
Correa, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Senado
de la República con el fin de que le sea amparado su derecho fundamental de
petición.

2. El accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional con
ocasión de la omisión por parte de la accionada en dar respuesta de fondo a la
petición que presentó el 21 de julio de 2022, a través del correo electrónico
presidencia@veeduriademovilidad.org y que, en su sentir, no ha sido resuelta1.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho
fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:

“Me permito deprecar ante su Despacho, ordenar al Accionado dar respuesta a
la solicitud que se interpuso en los términos legales y constitucionales, de tal
manera que se pueda entender de fondo TODO LO SOLICITADO, con base en

1 Lo expuesto se infiere de la subsanación allegada el 11 de octubre de 2022 al correo electrónico

de la Secretaria General del Consejo de Estado.

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Demandante: César Augusto Pinzón Correa
Demandado: Senado de la República
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lo contemplado en la norma y en hechos verificables, en materia de derecho de
petición”. (Sic a toda la cita)

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 21 de julio de 2022, el señor César Augusto Pinzón Correa presentó
petición ante el Senado de la República.

5. Afirmó que hasta la fecha de presentación de la acción constitucional de
la referencia no ha sido resuelta la solicitud elevada.

1.3. Sustento de la vulneración

6. El señor Pinzón Correa sostuvo que se le vulneró el derecho fundamental
de petición, pues hasta la fecha de interposición de la acción de la referencia no
se ha atendido su solicitud, tal y como establece la Corte Constitucional en la
sentencia T-077 del 2018.

7. Manifestó que, debido a la falta de contestación, se quebrantó el derecho
que tiene todo ciudadano de ejercer control político sobre las autoridades de
elección popular.

1.5. Trámite de la acción de tutela

8. Mediante auto de 6 de octubre de 2022, la magistrada ponente de esta
decisión inadmitió la solicitud de amparo y otorgó 3 días hábiles para que el
accionante cumpliera lo siguiente:

“i) identificar los hechos relevantes que dieron origen a la presentación de esta
acción constitucional; ii) identificar con claridad lo que se pretende a través de este
mecanismo; iii) referir las fechas y radicados de las peticiones elevadas; iv)
determinar qué autoridad presuntamente vulneró sus derechos fundamentales; v)
identificar las peticiones que están sin resolver y, por último, vi) la trazabilidad de
las mismas, esto es la indicación de si ha recibido comunicación del trámite surtido”.

9. Mediante correo electrónico recibido el 11 de octubre de 2022, por la
Secretaría General del Consejo de Estado, el accionante allegó un documento
de subsanación y anexos mediante los cuales cumplió con los requerimientos
efectuados. En dicho memorial, planteó la siguiente pretensión:

“Se solicita que la Senadora [Aida Avella Esquivel], en su calidad de miembro de la
Asamblea Nacional Constituyente, resuelva unas preguntas, que requieren de su
intervención, dado que ella fue una de las desarrolladoras de la Constitución de
1991”

10. Con auto del 8 de noviembre de 2022, se admitió la tutela de la referencia
y se ordenó la notificación del Senado de la República, como autoridad

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accionada, para que rindiera el informe que considerara pertinente. De igual
manera, se requirió al actor para que allegara copia de la petición que fue
presentada ante la accionada.

11. El despacho ponente estableció comunicación telefónica con la oficina de
la senadora Aida Avella Esquivel, con el fin de obtener copia del escrito
presentado por el actor, en aras de identificar con toda certeza la satisfacción de
su petición, para el efecto se utilizaron los números proporcionados por ella en
la respuesta suministrada al actor.

1.6. Intervenciones.

1.6.1. Senado de la República

12. El secretario general del Senado de la República mediante memorial
allegado el 17 de noviembre de 2022, explicó el proceso que se gestionó para
responder los interrogantes del señor Pinzón Correa. Así mismo, anexó los
documentos referentes a la respuesta y a la comunicación realizada por la
senadora Aida Avella Esquivel para satisfacer el requerimiento presentado. Por
otro lado, señaló que cumplió con la respuesta en el término establecido y solicitó
que se negaran las pretensiones del accionante.

1.6.2. Senadora Aida Avella Esquivel

13. Mediante correo del 25 de noviembre de 2022, la senadora Aida Avella
Esquivel remitió copia de la petición presentada por el señor Pinzón Correa y dio
respuesta al requerimiento telefónico realizado por el despacho ponente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

14. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por el señor César Augusto Pinzón Correa contra el Senado de la
República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, el artículo
2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017
y 333 de 2021.

15. Lo anterior, con fundamento en que si bien el numeral 2º del artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, establece que las acciones de tutela que se dirijan
contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán
repartidas para conocimiento de los Jueces del Circuito, lo cierto es que la Corte

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Constitucional, de manera reiterada2, ha indicado que:

“3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las
disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los
despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela.
Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las
autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de
proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de
justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto
normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en
sede de instancia”. (Negrita y subrayado fuera del texto)3.

16. Además, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional
coinciden con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, en el que se advirtió:

“PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por
ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de
competencia”.

17. En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas
expuestas, esta Sección resolverá el mecanismo constitucional que presentó el
señor César Augusto Pinzón Correa contra el Senado de la República por la
presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.

2.2. Problema jurídico

18. Efectuado el examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora,
de los argumentos del libelo introductorio y del material probatorio recaudado, el
problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente :

• ¿La senadora Aida Avella Esquivel vulneró el derecho fundamental
de petición del señor César Augusto Pinzón Correa, con ocasión de la
presunta omisión en dar respuesta a la petición elevada el 21 de julio de
2022, la cual fue radicada al correo electrónico de la entidad accionada?

19. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición,
y (iii) el caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Panorama general de la acción de tutela

2 Al respecto, consultar, entre otros: Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 172 del 22.03.18.,

M.P. Alberto Rojas Ríos; Auto 269 del 29.05.19., M.P. Carlos Bernal Pulido; y Auto 434 del
06.08.19., M.P. Cristina Pardo Schelsinger.
3 Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 462 del 21.08.19., M.P. Diana Fajardo Rivera.

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20. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

21. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del
derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

22. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental.

2.3.2. Del derecho de petición

23. El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se
traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes
respetuosas para obtener información o de pedir copias de documentos no
sujetos a reserva a las autoridades correspondientes o a los particulares y
obtener una pronta y completa respuesta a sus inquietudes.

24. La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de
1991, como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los
derechos inherentes a la persona y su relevancia para la participación de la
misma, así como para asegurar el cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales, al igual que los deberes sociales del Estado y la
posibilidad de hacer realizables otros derechos fundamentales4.

25. Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los
presupuestos esenciales del derecho de petición así: i) en la posibilidad de
formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii)
en la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en consideración.
Esos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto es, que el
goce y satisfacción del mismo se realiza una vez ambos se verifiquen; por lo
tanto, el derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza
con la resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta
resulta o no favorable al sentido de la misma5.

26. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la
resolución efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al
interesado. Al respecto, el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

4 Corte Constitucional. Sentencias T-552 del 1.10.98. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 del

13.06.06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 del 26.05.11. M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto, entre otras.
5 Corte Constitucional. Sentencias T-495 del 12.08.92., T-010 del 18.01.933, T-392 del

06.09.94., T-392 del 05.09.95. y T-291 del 02.07.96.

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“Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su
sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta
trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del
peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que
el derecho ha sido observado cabalmente”6 (Negrita y subrayado fuera del texto).

27. Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que
esta trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería
consigo inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

28. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante
sentencia C-818 de 1º de noviembre de 2011, declaró inexequible los artículos 3
a 33 de la Ley 1437 de 2011, referentes al derecho de petición, es del caso
precisar que los efectos de dicha sentencia fueron diferidos hasta el 31 de
diciembre de 2014, con el fin de que el Congreso expedida la Ley Estatutaria
correspondiente7.

29. Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara,
precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que “(…) la respuesta al
derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un
tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución
entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles
que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no
impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada (…)”8.

30. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “(…) los
medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de
ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante
(…)”9.

31. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca10.

6 Corte Constitucional. Sentencia T-529 del 17.11.95., M.P. Fabio Morón Díaz.
7 A la fecha, se expidió por el Congreso de la República, la Ley 1755 del 30 de junio del 2015,

por medio de la cual se regula el derecho constitucional de petición y se sustituye un título el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
8 Corte Constitucional, sentencia T-149 del 19.03.13., M.P. Luis Guillermo Pérez.
9 Ibídem.
10 Sobre el tema, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia del 22.03.12., Rad. 25000-23-25-000-2012-00150-01,

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2.4. Caso concreto

32. El señor Pinzón Correa alegó en su escrito de tutela que se vulneró su
derecho fundamental de petición, como quiera que presuntamente se omitió dar
respuesta a la solicitud elevada el 21 de julio de 2022 radicada ante el Senado
de la República mediante correo electrónico.

33. Por su parte, la autoridad accionada en su intervención indicó el trámite
que le dio a la petición, la cual fue remitida a la senadora Aida Avella Esquivel,
quien contestó la petición elevada. Dicha respuesta fue comunicada al actor el 5
de agosto del 2022, a través de medio electrónico.

34. Concretamente, la petición elevada por el señor Pinzón Correa el 21 de
julio de 2022 ante el Senado de la República consistía en lo siguiente:

“1. Se requiere a la Doctora Aida Avella Esquivel, para que genere sendo
documento, donde aclare si los constituyentes crearon la acción de tutela para
que la protección al debido proceso no sea de aplicación inmediata, aunque
haya violaciones tan graves como las 5 expuestas anteriormente.

2. Se requiere a la Doctora Aida Avella Esquivel, para que aclare, de oficio, si
los constituyentes crearon la acción de tutela como instrumento que permita a
los jueces, de manera individual y a criterio propio, declarar la improcedencia
de la misma, sin verificar que no hay una debida notificación; no hay derecho a
la defensa técnica porque no se nombran abogados de oficio; se adelantan
audiencias que no son notificadas a los ciudadanos; no hay independencia ni
imparcialidad de los falladores frente a los acusados; no hay demostración de
la culpabilidad del acusado y todo se basa en lo que anota un agente en vía,
que está vinculado con el organismo de tránsito contractualmente – entidad que
va a recaudar las multas que imponga administrativamente un empleado de
dicho organismo -; no hay aplicación del procedimiento administrativo
sancionatorio porque hay una interpretación abusiva del Art. 136 del Código
Nacional de Tránsito – este código no es de carácter procedimental y no
establece instancias, instrumentos o mecanismos procesales -; y, finalmente,
no se respeta el derecho de presunción de inocencia y derecho de no
autoincriminación de los acusados. En general, los jueces deciden ignorar
todas estas violaciones al Debido Proceso, y declaran la improcedencia de la
acción de tutela, usando argumentos de subsidiariedad, y nada más.

3. Se requiere a la Doctora Aida Avella Esquivel, para que reciba en audiencia
a los miembros de la Veeduría de Movilidad: Jhon Henry Alfonso Carranza (CC
1012354987) y César Augusto Pinzón Correa (CC 79785235), para que este
tema se discuta y se pueda solicitar al Senado de la República un control
político a las autoridades nacionales y locales que permiten la violación
sistemática del Debido Proceso, el cual es un derecho consagrado en la
Constitución y en diversos Tratados Internacionales como la Convención
Americana de Derechos Humanos”.

35. En consideración a lo anterior, mediante correo electrónico del 30 de julio
de 2022, el Senado de la República remitió la solicitud a la oficina de la senadora
Aida Avella Esquivel, como se expone a continuación:

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29. Así mismo, con la intervención de la entidad accionada se anexó la
respuesta del 5 de agosto del 2022, que le fue comunicada al accionante
mediante correo electrónico, en los siguientes términos:

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30. Se acreditó que el anterior escrito fue enviado en la fecha señalada al
correo electrónico del señor César Augusto Pinzón Correa, tal como puede verse
a continuación:

31. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que: (i) el 21 de julio de
2022 fue recibida la solicitud por el Senado de la República, (ii) esta petición fue
remitida al despacho de la senadora Aida Avella Esquivel, dada la particularidad
de lo solicitado; (iii) frente a la petición planteada, la congresista remitió al actor
la comunicación transcrita el 5 de agosto de 2022; y (iv) se efectuó correctamente
su notificación al correo electrónico presidencia@veeduriademovilidad.org,
misma dirección electrónica desde la que se presentó la acción de tutela de la
referencia.

32. No obstante, la Sala advierte que la respuesta otorgada por la senadora
Aida Avella Esquivel no satisface en su totalidad el núcleo esencial de la garantía
establecida en el artículo 23 de la Constitución.

33. En efecto, la referida entidad únicamente le indicó al actor un canal
telefónico a través del cual podría solicitar una cita; no obstante, no resolvió de
fondo dos de los requerimientos por él planteados. Desde ese panorama y
analizadas las pruebas aportadas al proceso se puede indicar que la petición no
fue satisfecha siguiendo los parámetros consagrados en la Ley 1755 de 201511.

34. Por lo cual, se avizora una vulneración del derecho de petición invocado
por el accionante. La Sala advierte que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que la petición debe resolverse de fondo, de manera clara,
precisa y congruente con lo solicitado por las personas que ejercen dicha
potestad.

35. Es evidente que al contrastar los requerimientos del actor y lo expuesto
por la autoridad accionada no se cumplen frente a parte de su solicitud, ninguno
de los supuestos a que se hizo referencia en los párrafos 22 y subsiguientes de

11 “ARTÍCULO 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma. (…)”

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esta providencia. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-
206 de 201812, sostuvo:

“ (…)
9.2. El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los
particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de
fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta
que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras
palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha
indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y
contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que
atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin
incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que
abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv)
consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta
se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un
procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una
petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta
del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta
o no procedente” . En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe
dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin
que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”.

(…)”.

36. Ahora bien, la petición presentada por el actor ante el Senado de la
República y que fuera trasladada a la senadora Aida Avella Esquivel tiene ciertas
particularidades que ameritan las siguientes precisiones:

37. La Ley 1755 de 2015 establece la posibilidad que tiene toda persona de
presentar peticiones respetuosas contra la autoridad de su interés, ya sea de
carácter general o particular, y que las mismas sean resueltas de fondo, de
manera congruente y clara. No obstante, dicha facultad puede estar limitada por
ejemplo en aquellos casos en los que la petición involucra asuntos sometidos a
reserva legal.

38. La Corte constitucional en la sentencia C-491 de 2007 se pronunció sobre
el balance que debe existir ente el derecho de petición de información y la
reserva legal que cobija algunos asuntos, estableciendo reglas que permiten a
las autoridades negar el suministro de información siguiendo los lineamientos
para tal efecto y dejando en manos de los jueces la posibilidad de levantar dicha
limitación.

39. De otra parte, en torno a las solicitudes de información que se pueden
presentar ante los congresistas se advierte que en virtud de la inviolabilidad
parlamentaria que los cobija, las peticiones frente a sus votos u opiniones en
ejercicio de su función política estarán restringidas a la voluntad del funcionario,
frente al cual, en caso de atender algún requerimiento en torno a ello, no podrá

12 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-206 del 28.05.18., M.P. Alejandro

Linares Cantillo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05000-00

ser perseguido judicialmente por tal razón, incluso con posterioridad a la
finalización del periodo para el que fue elegido.

40. En este sentido, el derecho de petición relacionado con la función de los
congresistas permite el deber democrático de participación ciudadana, en la
medida que permite un canal de comunicación para la toma de decisiones, en
palabras de la Corte Constitucional: “Una de las formas en las cuales las entidades
conformantes del Estado pueden ayudar al envolvimiento del ciudadano en los asuntos
públicos es por medio de la solución oportuna a peticiones de información. En ocasiones
la información solicitada puede corresponder a resultados de gestiones del Estado que
son de interés público y que al conocerse pueden servir como herramienta para el
control ciudadano ya que sólo teniendo conocimiento de los resultados arrojados se
podrá estar de acuerdo con los mismos o reclamar el cumplimiento de las gestiones a
las cuales está obligado el Estado13”

41. En el asunto de la referencia el actor es miembro de la veeduría de
movilidad y las peticiones que eleva, si bien involucran, la participación de la
senadora como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, no involucran
a priori ningún tipo de reserva al punto que en el escrito de contestación no se
refirió ningún impedimento para resolver de fondo el requerimiento, por quien, en
la actualidad, ostenta la calidad de servidora pública, lo que cobra mayor
relevancia si se tiene en consideración el control del poder que ejercen las
veedurías, en ejercicio de la democracia participativa.

42. De igual manera, es de resaltar que la norma constitucional que consagra
el derecho de petición no indica un límite temático a su ejercicio, en ese sentido
las personas pueden tratar cualquier asunto en sus escritos; lo que no implica
que el funcionario ante el cual se radique deba responderlos, pueden existir
eventos en los cuales no sea este el competente, por lo que, deberá trasladar la
solicitud a quien deba responderla. En ese sentido, será el funcionario que reciba
el escrito quien califique su contenido, alcance y competencia, en todo caso,
deberá entregar una contestación de fondo, clara y congruente al peticionario,
que satisfaga su derecho constitucional o le permita comprender las razones por
las cuales no puede ser atendido su requerimiento por la autoridad ante la cual
la presentó.

43. En atención a las anteriores precisiones, se puede concluir que la
respuesta comunicada por la senadora Aida Avella Esquivel, de manera
oportuna, al actor a través de su correo electrónico, no satisface el núcleo
fundamental del derecho de petición, pues aunque se efectuó dentro del término
legal establecido para el efecto, únicamente indicó un canal de comunicación
para “solicitar una cita”, sin que ello implique la resolución efectiva de todas las
peticiones planteadas.

13Corte Constitucional, Sentencia T 129 de 2001 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez
Caballero

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44. La Sala resalta que la tercera de las peticiones del actor consistía en
requerir “ (…) a la Doctora Aida Avella Esquivel, para que reciba en audiencia a los
miembros de la Veeduría de Movilidad: Jhon Henry Alfonso Carranza (CC 1012354987)
y César Augusto Pinzón Correa (CC 79785235), para que este tema se discuta y se
pueda solicitar al Senado de la República un control político a las autoridades nacionales
y locales que permiten la violación sistemática del Debido Proceso, el cual es un derecho
consagrado en la Constitución y en diversos Tratados Internacionales como la
Convención Americana de Derechos Humanos”, no obstante, en su respuesta no
indicó concretamente una fecha en la que se llevaría a cabo dicha “cita” lo que
no permite tener certeza en si realmente serán atendidos, lo que tampoco
constituye una respuesta de fondo.

45. Sobre el particular, debe recordarse que la solución a los requerimientos
no debe ser positiva, pero siempre debe ser clara y concreta, características que
no cumple la contestación otorgada al accionante, por el contrario, resulta ser
eventual y supeditada a una nueva actuación de parte. Ahora, respecto de la
finalidad de la parte actora en la consecución de la información solicitada
tampoco se establece un límite, por lo que no se advierte de manera evidente un
impedimento para que sea satisfecha su garantía fundamental.

46. Frente a los demás requerimientos no se efectuó pronunciamiento alguno
por lo que el derecho de petición se advierte vulnerado por parte de la senadora
Aida Avella Esquivel, al no proporcionar una respuesta de fondo, clara y
congruente, a las solicitudes contenidas en el escrito del 21 de julio del 2022,
razón por la cual se ordenará el amparo del derecho fundamental de petición del
señor Cesar Augusto Pinzón Correa, para que se entregue una respuesta de
fondo, clara y congruente que garantice la protección del derecho fundamental
invocado, siguiendo los pronunciamientos legales y jurisprudenciales que rigen
su ejercicio.

2.5. Conclusión

47. La senadora Aida Avella Esquivel vulneró el derecho fundamental de
petición del señor César Augusto Pinzón Correa, en razón a que no respondió
de fondo la petición elevada el 21 de julio de 2022, por lo que la contestación
suministrada no se ajustó a los lineamientos constitucionales y legales
consagrados para tal fin.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor César
Augusto Pinzón Correa, de conformidad con la parte considerativa de esta
providencia.

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SEGUNDO: ORDENAR a la senadora Aida Avella Esquivel, que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, de respuesta de fondo,
clara y congruente a las peticiones contenidas en el escrito radicado el 21 de
julio de 2022, por el señor Pinzón Correa, cumpliendo los supuestos de la Ley
1755 de 2015.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto
2364 de 2012.

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