Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05003-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05003-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05003-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., primero (1.º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 20 de octubre de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta,
declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
El señor Óscar Humberto Minotta Cantín, por medio de apoderado, promueve acción
de tutela contra la providencia del 30 de agosto de 2022 que dictó el Tribunal
Administrativo del Huila, mediante la cual modificó la sentencia del 18 de agosto de
2017, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.
1.2. Pretensiones
El accionante formula las siguientes súplicas:
calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
PRIMERO.- Se TUTELE al señor ÓSCAR HUMBERTO MINOTTA CANTÍN, sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia
y demás derechos fundamentales cuya afectación se logre demostrar de acuerdo
a la narración de los hechos de la presente acción, que se encuentra debidamente
acreditados y aducidos en el acápite de pruebas.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativ[o] del Huila, […] proferida el
30 de agosto de 2022, con aclaración de voto y notificada el 9 de septiembre de
2022, dentro del proceso 41001 3331 005 2007 00022 02, disponiéndose que se
profiera una nueva sentencia motivada, congruente, que resuelva el recurso de
apelación presentado frente a la [s]entencia de [p]rimera [i]nstancia proferida el 18
de agosto de 2017 por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, dentro del
proceso ejecutivo.
TERCERO.- Se ordene a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila […] que dentro de los 20 días siguientes a la sentencia de [t]utela y de
conformidad con el inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., restablezca de
manera plena los derechos violados, profiriendo nueva sentencia que resuelva el
recurso de apelación presentado frente a la sentencia proferida el 18 de agosto de
2017 por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, dentro del radicado 41001
3331 005 2007 00022 00, proceso ejecutivo.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el accionante a través de su apoderado, señaló los
siguientes:
i) En 2007, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ( CASUR), para
que se declarara nulo el Oficio 5877 del 17 de noviembre de 2006, mediante el cual se
negó la reliquidación de la asignación de retiro con aplicación del índice de precios al
consumidor.
ii) El Tribunal Administrativo del Huila por medio de sentencia del 23 de octubre de
2012, concedió las pretensiones de la demanda.
iii) La entidad demandada para dar cumplimiento al aludido fallo profirió la Resolución
9397 del 7 de noviembre de 2013, que reconoció y ordenó pagar a su favor la suma
del $27.300.828, por concepto de la diferencia resultante entre la liquidación y las
sumas pagadas por el período comprendido entre el 10 de septiembre de 2002 y el 23
de noviembre de 2012, según liquidación que hace parte de ese acto, pero esos
valores no se indexaron y tampoco se incluyeron los intereses como lo disponen los
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Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
iv) Mediante auto del 27 de noviembre de 2015, aunque el Tribunal rechazó la
corrección del fallo del 23 de octubre de 2012, precisó que las providencias dictadas
por la jurisdicción contencioso-administrativa, según lo previsto en los artículos 176 y
siguientes ibidem, son de obligatorio acatamiento por las entidades públicas que
resulten condenadas, aún si el juez de instancia lo omitió en la decisión.
v) El 11 de diciembre de 2015, radicó escrito de ejecución de sentencia, por las sumas
dejadas de pagar por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ( CASUR). El
6 de octubre de 2016, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva libró
mandamiento de pago.
vi) Por medio de fallo del 18 de agosto de 2017, se modificaron los valores por los que
se había dictado la orden de pago; en consecuencia, se dispuso seguir adelante con
la ejecución por las siguientes sumas: a. $5.106.086, por concepto de indexación no
reconocida en la Resolución 9397 del 17 de noviembre de 2013; b. $2.219.306, por
intereses moratorios dejados de incluir desde el día siguiente de la ejecutoria de la
sentencia —24 de noviembre de 2012— hasta el día anterior al pago parcial de la
obligación —6 de noviembre de 2013—; c. $5.184.000, por los intereses moratorios
causados por el impago de la indexación la cual no se incluyó en la Resolución 9397
de 2013, desde el 8 de noviembre de 2013, fecha en que se hizo exigible y hasta el 31
de julio de 2017. Así mismo, resolvió que la liquidación se efectuaría como lo preceptúa
el artículo 446 del Código General del Proceso tomando en consideración que los
intereses moratorios fueron calculados hasta el 31 de julio de 2017 y condenó en
costas a la parte ejecutada por la suma de $950.000
vii) Contra esa decisión interpuso recurso de apelación, porque la liquidación del
crédito e intereses se hizo conforme a los artículos 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), cuando el
asunto se rige por lo previsto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo. La entidad demandada igualmente apeló porque consideró que
mediante la Resolución 9397 de 2012, dio cumplimiento al fallo del 23 de octubre de
2012 e insistió en que no tenía que indexar y tampoco pagar intereses, además
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Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
impugnó la condena en costas.
viii) El Tribunal Administrativo del Huila, a través de sentencia del 30 de agosto de
2022, notificada por correo electrónico el 9 de septiembre de 2022, desató la alzada,
modificando la sentencia del a quo, que declaró no probada la excepción de pago de
la obligación, y dispuso seguir la ejecución por las siguientes sumas: 1) $1.894.146,
por concepto de indexación no reconocida en la Resolución 9397 del 7 de noviembre
de 2013, por los períodos 2002, 2003 y 2004, 2) $646.901, por intereses causados
sobre la suma total del capital de la condena indexada; 3) $4.140.030, por intereses
moratorios liquidados sobre la suma de $1.894.146, correspondiente a la indexación
dejada de liquidar por las anualidades 2002, 2003 y 2004, causados desde el 8 de
noviembre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2021; y 4) los intereses moratorios que se
sigan causando sobre la suma de $1.894.146, por concepto de indexación dejada de
liquidar por el período 2002, 2003 y 2004, desde el 1.º de junio de 2021 hasta cuando
el pago se realice en su totalidad.
ix) Esa decisión resulta desacertada porque el Tribunal estimó que el único valor a
indexar es la diferencia resultante entre la liquidación ordenada y lo pagado en los
años 2002, 2003 y 2004 y los intereses moratorios sobre esas sumas, bajo el
argumento de que la sentencia del 23 de octubre de 2012, no ordenó la actualización
de las diferencias en que se incrementaron las mesadas causadas y pagadas después
del 2004 y hasta noviembre de 2012, como lo hizo la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR).
1.4. Fundamentos jurídicos
El accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
«a la pensión» y se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa a la
Constitución, por las siguientes razones:
i) Se configura un defecto fáctico en su dimensión positiva, porque el Tribunal no
apreció que los valores reclamados corresponden a una asignación de retiro o pensión;
por tanto, se trata de un derecho fundamental que debe analizarse sin desconocer la
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Constitución. Además, modificó las sumas ya reconocidas y pagadas por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), sobre las que no había discusión y
respecto de aquellas recae el debido cumplimiento de la sentencia en los términos de
los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
ii) El Tribunal incurrió en defecto sustantivo porque al dictar la providencia que
menoscaba sus garantías fundamentales determinó que para efectos del cumplimiento
únicamente se debía tener en cuenta lo concerniente a la reliquidación de la asignación
de retiro por el período 2002, 2003 y 2004, debidamente indexada y con
reconocimiento de los intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta
cuando se verifique su pago total, lo que es desproporcionado e irrazonable.
iii) Si se examina que los valores reclamados corresponden a la asignación de retiro,
por ningún motivo se podía dejar de pagar, congelar o reducir el valor de la mesada,
entonces, en acatamiento de la sentencia según lo dispuesto en los artículos 176, 177
y 178 del Código Contencioso Administrativo, esos valores son inescindibles; por
consiguiente, el reajuste se debe realizar por las anualidades 2002, 2003 y 2004,
indexado y con reconocimiento de los intereses moratorios desde la ejecutoria de la
sentencia hasta cuando se verifique el pago total, así como sobre las sumas que
resulten de la reliquidación de las mensualidades causadas y pagadas con
posterioridad al 2004.
iv) Igualmente, la providencia está inmersa en la causal de violación directa a la
Constitución, por tratarse de la vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
del derecho pensional y del acceso a la administración de justicia.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 21 de septiembre de 2022, que se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila, como
demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito Judicial de Neiva y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(CASUR), como terceros interesados en las resultas de esta acción, para que dentro del
término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo
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informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal Administrativo del Huila. El magistrado Gerardo Iván Muñoz
Hermida rinde informe en los siguientes términos:
i) La parte actora aduce que la decisión objeto de la tutela resulta desacertada al
considerar que el único valor a indexar es la diferencia resultante entre la liquidación
ordenada y las sumas pagadas por los años 2002, 2003 y 2004, y los intereses
moratorios sobre esas sumas, con el argumento de que la sentencia proferida el 23 de
octubre de 2012 no ordenó actualizar los valores de las diferencias en que se
incrementaron las mesadas causadas y pagadas después de 2004 y hasta noviembre
de 2012, como sí lo hizo la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).
ii) El sistema de las asignaciones de retiro y pensiones de los miembros de la Fuerza
Pública con base en el índice de precios al consumidor estuvo vigente hasta el 31 de
diciembre de 2004, toda vez que el propio legislador restableció el incremento
pensional con base en el principio de oscilación, mediante el artículo 3.º de la Ley 923
de 30 de diciembre de 2004.
iii) En vigencia de la Ley 238 de 1995, el reajuste por favorabilidad de las asignaciones
de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al
índice de precios al consumidor señalada en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, rigió
desde 1996 hasta el 2004, toda vez que a partir del 1.º de enero de 2005, se
implementó nuevamente la aplicación del principio de oscilación, a través de la
expedición del Decreto 4433 de 2004.
iv) Así las cosas, los incrementos que experimentaron las asignaciones de retiro del
personal de la Fuerza Pública en retiro presentaron una proyección hacia el futuro, es
decir, después del 1.º de enero de 2005 aunque se reajustaban anualmente con el
mecanismo de oscilación debían tener en cuenta el incremento de la variación
porcentual del índice de precios al consumidor de los años 1996 a 2004.
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v) Bajo este entendido, al haber solicitado la parte actora ejecución de la sentencia
del 23 de octubre de 2012, aduciendo una indebida liquidación y pago, lo que se hizo
en la sentencia acusada al efectuar la liquidación de la condena fue dejar en claro los
alcances de la orden judicial, independientemente de lo que CASUR le haya reconocido.
1.6.2. Del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva. La juez
Carmen Emilia Montiel Ortiz alega que conoció del proceso ejecutivo con radicado
41001 33 31 0005 2007 00022 00, en el que actúa como ejecutante el accionante y
ejecutada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) y, una vez
agotadas las etapas procesales dictó sentencia el 18 de agosto de 2017. La parte
actora solicitó aclaración del fallo, la cual fue negada por auto del 9 de octubre de 2017
y la entidad demandada interpuso recurso de apelación respecto a la condena en
costas, que fue concedido y se remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Huila
el 18 de octubre de 2017, para lo de su competencia. Así las cosas, no ha amenazado
ni vulnerado ningún derecho fundamental al demandante ni por acción ni por omisión.
1.7. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 20 de octubre de 2022,
declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional, con base en los siguientes argumentos:
i) Al analizar los cargos planteados por el señor Óscar Humberto Minotta Cantín se
advierte que el asunto se circunscribe a un debate meramente legal, pues se cimienta
en que, en la liquidación efectuada en segunda instancia dentro del proceso ejecutivo,
se desconocieron las disposiciones de los artículos 176, 177 y 178 del Código
Contencioso Administrativo.
ii) La inconformidad del accionante tiene su génesis en un aspecto netamente
económico, toda vez que la liquidación del crédito a cargo de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (CASUR) fue modificado en forma desfavorable, lo que
conduce a que se demuestre que el caso que se analiza no va más allá de una
controversia de interés particular que, lejos de ameritar un análisis a partir de los
postulados constitucionales, se limita al estudio de la procedencia o no, de valores
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Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
derivados de una condena, sus intereses e indexación. Además, también manifestó
estar en desacuerdo con la decisión de no condenar en costas a la ejecutada, lo cual,
a su juicio, desconoció el artículo 440 de la Ley 1564 de 2012, en el que se dispone
dicho castigo a la parte vencida en el proceso ejecutivo.
iii) Sin que haya lugar a mayores disquisiciones, es evidente que la discusión
planteada por el señor Minotta Cantín no satisface el requisito de relevancia
constitucional, debido a que, si bien indicó que en la decisión del 30 de agosto de 2022,
se incurrió en los defectos sustantivo, violación directa a la Constitución y
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, lo cierto es que la
controversia se limita a censurar aspectos legales y netamente económicos;
alegaciones que no están justificadas en una acreditada o palmaria violación de
garantías fundamentales, en el sentido riguroso que señala la Corte Constitucional en
las sentencias de unificación 573 de 2019, 215 y 103 de 2022.
iv) Los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia judicial, exigen
con mayor énfasis que el accionante ejecute una exposición que sin lugar a duda
demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la
inescindible afectación de los derechos fundamentales en su núcleo esencial.
v) En ese sentido, debe probarse que el perjuicio que se causa con la obstaculización
del ejercicio del derecho como es concebido en sí mismo, y no frente a lo que se derive
de él como sucede en el sub lite, ya que al señor Óscar Humberto Minotta Cantín se
le reconoció en su momento la asignación de retiro y ello no ha sido objeto de
discusión; sin embargo, a través del medio de control ordinario, solicitó que se
ordenara la reliquidación de la prestación y, con fundamento en ese fallo declarativo,
acudió a la causa ejecutiva porque a su juicio, la demandada no efectuó la liquidación
del crédito en debida forma.
vi) El Tribunal al resolver la segunda instancia en el referido trámite, consideró que en
efecto CASUR había reliquidado más allá de lo dispuesto en la condena y, si bien
dispuso seguir adelante la ejecución modificó los valores que el a quo había
determinado inicialmente.
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vii) Este análisis sería distinto, si se tratara de una decisión denegatoria del derecho
sustancial al reconocimiento de la asignación de retiro, la cual cumple con la misma
función social que una pensión para las personas que no pertenecen a las Fuerzas
Militares y de Policía, beneficios frente a los que se tendría implícita la amenaza de los
derechos constitucionales al mínimo vital, a la vida digna y a todas aquellas
prerrogativas que se desprenden de estos.
viii) En el asunto sub examine no se evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de derechos constitucionales que permita superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial, ello
comoquiera que el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente legal,
de índole pecuniario, pues el accionante reprocha la cuantía sobre la cual se ordenó
seguir adelante la ejecución y no se evidencian afectaciones al mínimo vital porque
actualmente devenga asignación de retiro, tampoco al debido proceso pues no se hizo
algún reproche frente a su ejercicio a la defensa y contradicción dentro del trámite
adelantado en el proceso ejecutivo.
1.8. Impugnación
El accionante impugna la decisión anterior y como razones de inconformidad alega lo
siguiente:
i) Contrario a la consideración que hace el fallo de tutela, el reclamo no es
meramente legal y económico, sino que está íntimamente relacionado con la garantía
fundamental a la «asignación de retiro-PENSIÓN», protegido por mandato constitucional
en el artículo 53; en consecuencia, la discusión versa sobre el menoscabo al derecho
pensional que protegió el mismo Tribunal Administrativo del Huila en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), en el que se profirió la sentencia que
dio origen al proceso ejecutivo.
ii) La decisión que se impugna si bien declara la improcedencia de la solicitud de
amparo por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional; también evidencia
que el derecho pensional ha sido perjudicado, al no indexar los valores de las
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diferencias en que se incrementaron las mesadas causadas y pagadas después de
2004 y hasta cuando la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) haga
efectivo el pago; por tanto, sin mayor elucubración, se vislumbra que el Tribunal al
dictar la sentencia del 30 de agosto de 2022, incurrió en una irregularidad fáctica,
defecto sustantivo y violación directa de la Constitución.
iii) Aunque la primera instancia pasó por alto hacer referencia a la violación del derecho
fundamental a la pensión, se reitera, que el artículo 53 establece que por ningún motivo
se podrá dejar de pagar, congelar o reducir el valor de la mesada de las pensiones
reconocidas conforme a derecho, así ocurre igualmente con el acceso a la
administración de justicia, ya que de no preservarse el genuino orden jurídico, no se
garantiza y permite que se tenga el legítimo restablecimiento de los derechos
reclamados.
iv) Si se compara juiciosa y ponderadamente, sin ligereza y sin apresuramiento las
razones expuestas en la tutela, se puede concluir con facilidad que la decisión judicial
que se ataca entraña el quebrantamiento de los derechos pensionales, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Quinta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
Óscar Humberto Minotta Cantín contra la providencia del 30 de agosto de 2022, que
profirió el Tribunal Administrativo del Huila dentro del proceso ejecutivo con radicación
41001 33 31 005 2007 00022 02.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
2 Sentencias T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de
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consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003,
T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, y T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328-01(IJ).
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 29 de enero de 2007, el señor Óscar Humberto Minotta Cantín en ejercicio
de la acción ejecutiva presentó demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR), para que se le ordenara dar cumplimiento a la sentencia del
23 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, se incluyera
la indexación y pago de intereses comerciales y moratorios dejados de pagar de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo y se condenara en costas a la entidad ejecutada.6
2.4.2. El 18 de agosto de 2017, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial
de Neiva profirió fallo dentro del proceso ejecutivo con radicación 41001 33 31 005
2007 00022 00, en el que dispuso lo siguiente:7
PRIMERO.- Declarar NO PROBADAS (sic) la excepción de pago, propuestas por la […]
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.
SEGUNDO.- ORDENAR modificar los valores ordenados en el mandamiento de pago
proferido el 06 de octubre de 2016. Y en consecuencia, seguir adelante la
ejecución a favor del señor ÓSCAR HUMBERTO MINOT[T]A CANTÍN […] y en contra de
la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR, por las siguientes
sumas de dinero:
a) CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($5.106.086), por
concepto de indexación no reconocida en la Resolución No. 9397 del 07 de
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
6 Índice 10, del expediente electrónico.
7 Índice 10, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
noviembre de 2013.
b) DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
($2.219.306), por concepto de los intereses moratorios dejados de incluir desde el
día siguiente a la ejecutoria de la sentencia esto es el 24 de [n]oviembre de 2012[…]
hasta el día anterior al pago parcial de la obligación, esto es el 06 de [n]oviembre
de 2013.
c) CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($5.184.000), por los
intereses moratorios ocasionados por el no pago de la indexación la cual no se
incluyó en la Resolución No. 9397 del 07 de 2013, desde el 08 de [n]oviembre de
2013, fecha en que se hizo exigible, tasados hasta que el 31 de julio de 2017.
TERCERO.- ORDENAR la liquidación del crédito, teniendo en cuenta los valores
ordenados en la presente providencia conforme a lo previsto en el artículo 446 del
Código General del Proceso.
Dicha liquidación deberá realizarse, tomando en consideración que los intereses
moratorios fueron calculados hasta el 31 de julio de 2017.
CUARTO.- CONDENAR en costas a la parte demandada. Por Secretaría dese el
trámite previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso.
QUINTO.- FIJAR como agencias en derecho a la parte ejecutada correspondientes
a NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($950.000), según lo expuesto en la
parte considerativa de este proveído.
2.4.3. El 9 de octubre de 2017, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial
de Neiva, al decidir sobre la solicitud de aclaración, corrección y adición que formuló
el accionante resolvió lo siguiente:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de aclaración, corrección o modificación de la
sentencia presentada por la parte ejecutante, por las razones antes expuestas.
SEGUNDO: Dar trámite a la petición de la parte ejecutante, como recurso de
APELACIÓN contra la sentencia del 18 de agosto de 2017.
TERCERO: CONCÉDASE en el efecto suspensivo, el recurso de apelación presentado
por la apoderada de la entidad CASUR, y por el apoderado de la parte ejecutante,
en contra (sic) la decisión del 18 de agosto de 2017, por medio del (sic) se resolvió
las excepciones de mérito propuestas.
[…]
2.4.4. El 30 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Huila al desatar los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 18 de agosto
de 2017, dispuso lo siguiente:8
8 Índice 10, del expediente electrónico.
15
Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 18 de agosto de 2017, que declaró no
probada la excepción de mérito de «[p]ago de la obligación», invocadas por la
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR.
Como consecuencia, para mayor claridad se integra la parte resolutiva completa
de la sentencia, la cual quedará así:
SEGUNDO: Declarar no probada la «excepción de pago de la obligación» propuesta
por la entidad demandada. Como consecuencia,
TERCERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución contra de la (sic) CAJA DE
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR y a favor de ÓSCAR HUMBERTO
MINOT[T]A CANTÍN, por las siguientes sumas de dinero:
• Por la suma de un millón ochocientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta
y seis pesos ($1.894.146) m/cte. por concepto de indexación no reconocida en la
Resolución No. 9397 del 7 de noviembre de 2013, por los períodos 2002, 2003 y
2004.
• Por la suma de seiscientos cuarenta y seis mil novecientos unn (sic) pesos
($646.901) por concepto de intereses moratorios causados sobre la suma total de
capital de la condena indexada correspondiente a los períodos 2002, 2003 y 2004,
desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia –24 de noviembre de 2012 –
hasta el día 7 de noviembre de 2013, fecha en que se efectuó el pago de la
obligación contenida en la Resolución No. 9397 del 7 de noviembre de 2013.
• Por la suma de cuatro millones ciento cuarenta mil treinta pesos
($4.140.030) por concepto de intereses moratorios liquidados sobre la suma de
$1.894.146 correspondiente a la indexación dejada de liquidar por el período 2002,
2203 (sic) y 2004, causados desde el 8 de noviembre de 2013 hasta el día 31 de
mayo de 2021.
• Por los intereses moratorios que se sigan causando sobre la suma de
$1.894.146 correspondiente a la indexación dejada de liquidar por el período 2002,
2003 y 2004 desde el día 1 de junio de 2021 hasta cuando el pago se realice en
su totalidad.
CUARTO: ORDENAR que una vez ejecutoriada esta providencia, se practique y se
presente por cualquiera de las partes la liquidación del crédito, con especificación
del capital y los intereses causados hasta la fecha de su presentación, conforme a
las precisiones efectuadas en esta providencia (Art. 446 CGP), adjuntando los
documentos que la sustenten si fueren necesarios.
QUINTO: Sin condena en costas en primera y segunda instancia.
SEXTO[:] Ordenar el avalúo y remate de los bienes que legalmente se llegaren
[…] embargar y secuestrar (arts. 444 y 448 del C.G.P.)
[…]
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
2.5.1.1. Considera la Sala que, contrario a lo que decidió la primera instancia, el caso
en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate que
plantea el señor Óscar Humberto Minotta Cantín gira en torno a la presunta vulneración
de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2.5.1.2. En el presente asunto, se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en
cuanto se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión que
se propuso dentro del proceso ejecutivo con radicación 41001 33 31 005 2007 00022
00.
2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto el fallo objeto de
reproche constitucional data del 30 de agosto de 2022, se notificó electrónicamente a
las partes el 8 de septiembre de 2022, quedó ejecutoriado el 13 de septiembre de
20229 y, la presente acción de tutela se radicó en la Secretaría General del Consejo
de Estado el 19 de septiembre de 2022,10 es decir, dentro del término de los seis meses
que señaló esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela
contra providencia judicial.
2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».
2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso ejecutivo.
Bajo este contexto, la Sala responde de manera afirmativa al interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que en el asunto se cumplen las
exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la providencia del 30
de agosto de 2022, que emitió el Tribunal Administrativo del Huila.
9 Índice 10, del expediente electrónico.
10 Índice 1, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».11
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.12 [Negrillas fuera del texto]
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
2.5.2.2. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
11 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.13
2.5.2.3. De la violación directa a la Constitución Política
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,14 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
13 Corte Constitucional.Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
14 Sentencia de 12 de diciembre de 2000, magistrado ponente Jairo Charry Rivas
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
concurrían el recurso de apelación, la Corte Constitucional señaló que desconocer la
disposición constitucional que expresamente prohíbe al superior funcional «agravar la
pena impuesta cuando el condenado sea apelante único», suponía la materialización
del defecto sustantivo.15 Al respecto la Corte manifestó:
[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].
Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:
«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].
Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].
15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional16 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.17
2.5.2.4. Los defectos alegados
El señor Óscar Humberto Minotta Cantín alega que con la providencia que dictó el
Tribunal Administrativo del Huila el 30 de agosto de 2022, se vulneraron sus derechos
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y «a la pensión» e
igualmente se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa a la
Constitución, al resolver que el único valor a indexar es la diferencia resultante entre
la liquidación de su asignación de retiro y lo pagado en los años 2002, 2003 y 2004 y
los intereses moratorios sobre esas sumas, bajo el argumento de que la sentencia del
23 de octubre de 2012, no ordenó la actualización de los valores en que se
incrementaron las mesadas causadas después de 2004 y hasta noviembre de 2012,
como sí lo hizo la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).
En la sentencia objeto de reproche el Tribunal consideró que se debía modificar la
decisión del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, en el sentido
de que debían liquidarse los valores por los cuales se debe seguir adelante la
16 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, proceso número 2014 00861
00 magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
ejecución,18 toda vez que la entidad ejecutada dio cumplimiento de manera parcial a
la sentencia del 23 de octubre de 2012, pues no indexó la suma que resultó del reajuste
de la asignación de retiro por los años 2002, 2003 y 2004 y no reconoció los intereses
moratorios desde la ejecutoria del fallo y hasta cuando se efectuó el pago. Al respecto
se pronunció así:
De acuerdo a lo ordenado en la sentencia objeto de ejecución se tiene entonces
que, efectivamente CASUR efectuó la reliquidación de la asignación de retiro del
demandante por el período indicado en la demanda y adicionalmente reconoció las
diferencias en que se incrementaron las mesadas causadas y pagadas hasta
noviembre de 2012, de lo cual no hay discusión por la parte actora, quedando claro
que, la discusión se centra en que CASUR no pagó la indexación de la suma
reconocida en cumplimiento de la sentencia por las anualidades 2002, 2003 y 2004
y los intereses moratorios sobre esta suma con el argumento que la sentencia no
lo ordenó expresamente.
Sobre el particular advierte la Sala que, conforme a la liquidación efectuada por
CASUR, incluye dos períodos que hay que tener en cuenta para efectos de darle
alcance a lo ordenado en la sentencia objeto de ejecución; i) la reliquidación de la
asignación de retiro por el período 2002, 2003 y 2204 (sic), debidamente indexada
y con reconocimiento de los intereses moratorios desde la ejecutoria de la
sentencia hasta cuando se verifique su pago total; y ii) el reajuste de las mesadas
causadas y pagadas con posterioridad al año 2004 hasta cuando se incluyó en
nómina tal reliquidación.
Para la Sala, el período para tener en cuenta a efectos del cumplimiento de la
sentencia del 23 de octubre de 2012 es únicamente lo concerniente a la
reliquidación de la asignación de retiro por el período 2002, 2003 y 2004,
debidamente indexada y con reconocimiento de los intereses moratorios desde la
ejecutoria de la sentencia hasta cuando se verifique su pago total.
Efectivamente, el fallo objeto de ejecución señaló que, el ajuste de la asignación
de retiro, únicamente se realizaría por los períodos 2002, 2003 y hasta el 30 de
diciembre de 2004, indexando solamente la diferencia que en virtud de dicha orden
se haya efectuado, caso que no cumplió la entidad al liquidar la condena impuesta.
El Tribunal con fundamento en lo anterior, estimó que no podía ordenar la indexación
del pago que se generó por las incidencias futuras de la condena impuesta en la
sentencia del 23 de octubre de 2012, que constituye el título ejecutivo, por las
siguientes razones:
[…] no puede ser objeto de indexación el segundo pago generado por las
incidencias futuras de la condena impuesta, toda vez que la sentencia trascrita
anteriormente y que obra como título ejecutivo en las presentes diligencias, no
18 La liquidación ordenada se puede consultar en el acápite «4.7. De la orden de seguir adelante con
la ejecución», obrante a folios 20 al 23, de la sentencia del 30 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
incluyó en la condena el pago de las incidencias que pudiesen generarse y más
aún, tampoco el pago de la indexación de dichas sumas hacía el futuro.
Lo anterior por cuanto el título ejecutivo contenido en la sentencia del 23 de octubre
de 2012 proferida por la [c]orporación, no contiene la orden de reajustar la
asignación de retiro del señor ÓSCAR HUMBERTO MINOT[T]A CANTÍN con posterioridad
al año 2004, ni la indexación del valor que con posterioridad a la misma fecha se
origine, y que, si bien CASUR reajustó y pag[ó] es porque entendió que había lugar
a ello; cuestión que no es objeto de discusión con la ejecución de la sentencia, sino
que, lo que se quiere es dejar en claro los alcances de la orden judicial.
En ese orden de ideas, es claro que la entidad ejecutada dio cumplimiento de
manera parcial a la sentencia proferida por la [c]orporación el 23 de octubre de
2012, por lo que le asiste razón al demandante en solicitar el cumplimiento de la
sentencia en cuanto no se indexó la suma fruto del reajuste de la asignación de
retiro por el período 2002, 2003 y 2004 y no se reconocieron los intereses
moratorios sobre esta suma desde la ejecutoria de la sentencia hasta cuando el
pago se realizó.
Así mismo, discurrió el Tribunal que debía modificarse la sentencia apelada en cuanto
a la norma aplicable para la tasación de los intereses moratorios, al respecto resolvió
lo siguiente:
Por tratarse de la liquidación de intereses moratorios sobre una condena, los
mismos se hicieron exigibles desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia
-23 de noviembre de 2012[...]-, liquidados a la tasa comercial conforme lo
preceptúa el artículo 177 del C.C.A.
Así, por haber quedado claro que la parte demandante allegó en debida forma el
título ejecutivo complejo […] sentencia del 23 de octubre de 2012 y Resolución No.
9397 del 7 de noviembre de 2013, de la cual se deriva el saldo objeto de ejecución,
y que este, respecto de los intereses moratorios reclamados tiene una expresa
regulación, como así mismo de manera expresa y clara se dispuso en la sentencia
condenatoria, en dar aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código
Contencioso Administrativo, al haber rechazado en auto del 27 de noviembre de
2015 la corrección de la sentencia en tal sentido, pues se precisó que, las
entidades del Estado no pueden rehusarse al cumplimiento de las providencias
judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de
conformidad con lo previsto en la ley.[…]
Por lo tanto, no podía el a quo entrar ordenar la tasación de los intereses moratorios
en los términos de los 10 primeros meses a una tasa igual al DTF y en adelante a
una tasa equivalente a 1.5. veces el interés comercial determinado por la
Superfinanciera, realizando conversión de tasas conforme a la matemática
financiera para su aplicación de forma correcta, conforme lo establece el artículo
2.8.6.6.1 del Decreto No. 2469 de 2015, en concordancia con el artículo 192 y 195
del CPACA.
Para luego de realizado el pago parcial de la obligación, sobre el valor no pagado
que corresponde a la indexación, calcular los intereses moratorios a una tasa
equivalente a 1.5. veces el interés comercial determinado por la Superfinanciera,
desde el 8 de noviembre de 2013, día siguiente al pago parcial, hasta el 31 de
23
Radicado: 11001 03 15 000 2022 05003 01
Demandante: Óscar Humberto Minotta Cantín
julio de 2017, conforme lo establece el artículo 2.8.6.6.1 del Decreto No. 2469 de
2015, en concordancia con el artículo 192 y 195 del CPACA.
Por lo tanto, los intereses moratorios se liquidarán dando aplicación a los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, esto es, conforme al
artículo 884 del Código de Comercio, el equivalente a una y media veces del
bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera, hasta cuando el
pago de (sic) realice en su totalidad.
La Sala teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal en la decisión objeto de censura
no observa la violación de los derechos fundamentales que el accionante invoca, pues
se consignaron las razones por las que ordenó modificar las sumas por las cuales se
debe seguir adelante la ejecución, dado que en la sentencia del 23 de octubre de 2012,
que sirve de título ejecutivo se ordenó la reliquidación de la asignación de retiro por las
anualidades 2002, 2003 y 2004, su indexación y el reconocimiento de intereses
moratorios, pero no dispuso el «pago generado por las incidencias futuras de la
condena impuesta […] tampoco [la actualización] de dichas sumas hacía el futuro».
Igualmente, explicó los motivos por los cuales, en el asunto sub examine, para la
tasación de los intereses moratorios se debe dar aplicación a lo previsto en los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, esto es, conforme al artículo
884 del Código de Comercio, que corresponde al equivalente a una y media veces el
interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera.
En ese sentido, lo que se avizora es que el señor Minotta Cantín está inconforme con
la lógica y el análisis que efectuó el Tribunal al resolver la apelación y utiliza la acción
de tutela para plantear un examen de lo acreditado, que, a su juicio, es el que debe
darse, y proponer el debate de aspectos que no pueden ser objeto de discusión en el
proceso ejecutivo, lo cual no puede avalarse por el juez constitucional, por cuanto el
no estar de acuerdo con las estimaciones que realiza el juzgador de instancia, como
ocurre en el sub lite, no justifica el uso del mecanismo de amparo para su contradicción
como si se tratara de una tercera instancia.
Tampoco se puede considerar que el fallador haya actuado al margen de las
disposiciones constitucionales y legales en relación con la determinación de las sumas
por las cuales se debe seguir la ejecución con fundamento en la condena impuesta en
la sentencia del 23 de octubre de 2012, que ordenó la reliquidación de la asignación
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de retiro del accionante debidamente indexada y con el reconocimiento de intereses
moratorios, por los años 2002, 2003 y hasta el 30 de diciembre de 2004, sino que
adoptó una decisión en el ámbito de la autonomía interpretativa que le concede la
Constitución Política.
Bajo ese entendido debe señalarse que el respeto al principio de la autonomía impide
al juez de tutela inmiscuirse en asuntos de índole hermenéutico, como el presente,
toda vez que su competencia, como lo ha dicho la Corte Constitucional «se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria
convierte la providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad»,19 lo que no se vislumbra en el asunto sub examine.
Así las cosas, considera la Sala que el fallo proferido por el Tribunal no comporta una
actuación incursa en vía de hecho que vulnere los derechos fundamentales del
accionante, pues en ejercicio de su autonomía funcional sustentó adecuada y
suficientemente las razones y fijó los parámetros sobre los cuales se debía efectuar la
liquidación, tal como se puede verificar en el acápite «4.7. De la orden de seguir
adelante con la ejecución» de la sentencia objeto de censura.
Tampoco constituye una actuación incursa en vía de hecho que vulnere las garantías
iusfundamentales de la parte actora, sino que, se repite, corresponde al ejercicio de la
autonomía e independencia judicial de las que está investido el juez de la causa, las
cuales, en forma precisa, lo habilitan para resolver los asuntos que se someten a su
escrutinio.
3. Conclusión
La Sala concluye, entonces, que en la providencia del 30 de agosto de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, que modificó el fallo del 18 de agosto de 2017
del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, no se incurrió en los defectos
alegados por el accionante.
En tal sentido, la Sala procederá a revocar la sentencia del Consejo de Estado, Sección
19 Sentencia T-416 de 2016.
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Quinta, mediante la cual declaró improcedente la acción interpuesta por falta del
requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, se denegará el amparo que solicita
el señor Óscar Humberto Minotta Cantín.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 20 de octubre de 2022, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Quinta, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción por
falta del requisito de relevancia constitucional. En su lugar, negar el amparo que
solicita el señor Óscar Humberto Minotta Cantín, conforme a la parte considerativa que
antecede.
Segundo. Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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