Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05005-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05005-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05005-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05005-01
Demandante: Gleny Johana Polania Triviño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-05005-01
Demandante GLENY JOHANA POLANIA TRIVIÑO
Demandado NUEVA EPS Y OTROS
Temas Acción de tutela. Licencia de maternidad. Trámite del empleador
ante la EPS.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura
Caquetá contra la sentencia de 7 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B que dispuso lo siguiente:
“1º) Ampárase los derechos fundamentales invocados por la actora y, en consecuencia,
Ordénase a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) que,
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, realice los trámites y
ajustes pertinentes para que en el periodo restante de la licencia de maternidad a la actora se
le siga pagando dicha prestación en el mismo monto que se venía haciendo en los meses de
julio y agosto, esto es, de conformidad con el ingreso base de cotización reportado al momento
de inicio del goce de la prestación equivalente a $3.328.479.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le pueda asistir en su condición de empleador para
solicitar la reliquidación de la licencia o para reclamar a NUEVA EPS que le reembolse las
sumas presuntamente pagadas en exceso”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de septiembre de 20221, la señora Gleny Johana Polania Triviño instauró
acción de tutela, en nombre propio y en representación de sus dos hijas menores
de edad, contra la Nueva EPS y Medimás EPS en liquidación, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad
social y a la vida digna. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: CONCEDER a mi favor y de mis menores hijas CELESTE y ANA SOFÍA
MEJÍA POLANÍA, la PROTECCIÓN TUTELAR a nuestros derechos fundamentales del
mínimo vital, la salud, a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida digna,
los cuales están siendo vulnerados por parte de NUEVA EPS, al liquidar contrario derecho
mi prestación económica -licencia de maternidad- a la que tengo derecho, toda vez que
me están dejando de liquidar y pagar la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS
CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS ($12.905.901) los cuales no se compadecen con
los ingresos sobre los que se les ha realizado el respectivo aporte al sistema en salud
para el momento en que inicié a disfrutar dicha prestación económica.
1 Índice 2.
1
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Demandante: Gleny Johana Polania Triviño
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a NUEVA EPS, que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia que ponga fin a la presente
tutela, PROCEDAN a corregir la liquidación de la prestación económica por licencia de
maternidad autorizada a la suscrita en la orden de incapacidad por licencia de maternidad
correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de junio y el 30 de octubre de 2022,
para un total de 126 días de incapacidad, la cual deberá ser liquidada y pagada con base
en los ingresos que tenía al momento de iniciarse dicha licencia, esto es, la suma de
TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS (3.328.479.oo).
TERCERO. Como consecuencia de la anterior reliquidación, que se ordene a NUEVA
EPS, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia que ponga
fin a la presente tutela, procedan a reconocer y pagar a favor de la accionante, la
prestación económica por licencia de maternidad a la que tiene derecho con base en sus
ingresos al momento en que inició la licencia de maternidad, es decir, por valor total de
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE
PESOS ($13.979.611), de conformidad con lo expuesto en los hechos del presente escrito
tutelar”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Del 12 de enero de 2016 hasta el 9 de mayo de 2022, la accionante estuvo
vinculada como dependiente judicial, mediante contrato laboral, con la
empresa privada Litigando.com. Esta última realizó los respectivos aportes a
seguridad social de la tutelante, en calidad de cotizante.
Inicialmente, los aportes a salud se efectuaron en Cafesalud E.P.S S. A, hoy
liquidada. Posteriormente, la accionante fue trasladada automáticamente a
Medimás EPS S.A.S., hoy en liquidación; allí se realizaron aportes hasta el 14
de marzo de 2022. Luego, fue trasladada nuevamente de manera automática
a Nueva EPS S.A.
2.2. La accionante se presentó al concurso de mérito convocado por la Rama
Judicial, mediante los Acuerdos Nro. CSJCAQA17-772 y CSJCAQA17-776 de
2017, para el cargo de citador de juzgado circuito grado 3. Tras la superación
de las etapas del concurso, logró ser incluida en la lista de elegibles en la
posición Nro. 11 de 9 plazas que se encontraban vacantes definitivamente, las
cuales fueron provistas en su totalidad en propiedad.
A partir del mes de mayo de 2022, en el Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia se presentó una situación
administrativa en virtud de la cual quedó vacante transitoriamente el cargo de
citador grado 03. Por encontrarse en la lista de elegibles, mediante Resolución
Nro. 019 del 9 de mayo de 2022, la titular del Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia nombró provisionalmente a la
tutelante en el cargo de citador grado 3, por el término de la licencia no
remunerada concedida a quien ocupa el cargo en propiedad.
El 10 de mayo de 2022 la tutelante se posesionó en el cargo y desde esa fecha
la Rama Judicial ha realizado los aportes en seguridad social de la accionante.
2.3. El 27 de junio de 2022, la accionante dio a luz a su segunda hija. Por lo cual
el médico tratante le otorgó incapacidad por licencia de maternidad por 126
días, desde el 27 de junio de 2022 hasta el 30 de octubre de 2022.
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2.4. Durante los dos primeros meses del goce del derecho (julio y agosto de 2022),
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva (Huila) le
pagó mensualmente a la accionante el valor de $3.328.479, por concepto de
licencia de maternidad, que corresponde al salario de la accionante.
2.5. La Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá) radicó la
licencia de maternidad ante Nueva EPS, con el fin de recobrar el auxilio
económico que le pagaría a la actora por esa prestación. A través del Oficio
Nro. VO-GRC-DPE- 1830609 – 22 del 14 de septiembre de 2022, Nueva EPS
resolvió la solicitud de pago de la licencia de maternidad elevada por la Rama
Judicial. Sin embargo, únicamente reconoció la suma de $1.073.710.
2.6. El 15 de septiembre de 2022, la Oficina de Coordinación Administrativa de
Florencia de la Rama Judicial le envió un correo electrónico a la demandante
en el que le informó el valor reconocido por Nueva EPS por concepto de
licencia de maternidad fue de $1.073.710. Adicionalmente, le indicó que “en
vista que la Rama Judicial no ha realizado los aportes completos de todo el periodo de
gestación, es conveniente que en calidad de afiliada solicite a la EPS la reliquidación de la
licencia con los aportes de los 9 meses de cotización e informar que usted venia vinculada
con MEDIMÁS”.
2.7. La accionante aseguró que la Rama Judicial le comunicó vía telefónica que le
solicitaría la devolución de los dineros cancelados durante los meses de julio
y agosto de 2022, en atención a que no fue posible recobrar a la EPS las
sumas y que no le cancelaría salario alguno durante el tiempo restante de la
licencia de maternidad.
3. Fundamentos de la acción
La tutelante aseguró que la suma reconocida por Nueva EPS por concepto de
licencia de maternidad, es decir $1.073.710, es mucho menor al salario devengado
al momento en que inició su licencia de maternidad. Situación que desconoce lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.9 del Decreto 780 de 2016, según el cual “el
reconocimiento y pago de las licencias de maternidad y paternidad se realizará sobre el ingreso base
de cotización reportado al momento de iniciar esta, entendiendo por inicio, el reportado en el día uno
(1) de la licencia”.
Asimismo, sostuvo que durante todo el período de gestación se efectuaron aportes
al Sistema de Seguridad Social. Por ende, afirmó que cumple con los requisitos de
ley para que le sea reconocida su licencia de maternidad con base en el 100% del
salario devengado, por el cargo que ocupa en el Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad.
Por lo expuesto, manifestó que sus derechos fundamentales al mínimo vital, en
conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, y los de sus hijas
menores de edad están siendo vulnerados, pues los recursos económicos que
recibe por su trabajo están destinados a sufragar todos los gastos de cuidado y
manutención, alimentación, vivienda y recreación de sus dos hijas menores.
Finalmente, aseveró que la acción de tutela es procedente porque la licencia de
maternidad hace parte del mínimo vital y está ligada al derecho fundamental a la
vida, no solo al suyo, sino al de sus hijas menores, quienes dependen totalmente
de ella.
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4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 19 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Florencia, despacho al que inicialmente se le repartió el asunto,
rechazó la tutela por considerar que carecía de competencia para resolverla,
con fundamento en lo dispuesto en el numeral 82 del artículo 1 del Decreto 333
de 2021. En consecuencia, dispuso enviar el expediente al Consejo de Estado.
4.2. Tras la remisión de la tutela al Consejo de Estado, mediante auto de 21 de
septiembre de 2022, se admitió la acción de tutela interpuesta contra Nueva
EPS, Medimás en liquidación y la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; y se dispuso efectuar las demás notificaciones
pertinentes.
4.3. La accionante presentó memorial en el cual solicitó se decrete medida
provisional consistente en que la Rama Judicial le cancele la totalidad del
salario correspondiente al mes de septiembre de 2022, como lo hizo durante
los dos primeros meses de su licencia de maternidad. Esto hasta que Nueva
EPS le reliquide correctamente su prestación económica por licencia de
maternidad, es decir por valor de $3.328.479.
Fundamentó tal solicitud en que el día 21 de septiembre de 2022 se le informó
que en la prenómina de ese mes solo se liquidó el valor de $920.000. E indicó
que esa situación afecta sus derechos fundamentales y los de sus hijas al
mínimo vital, a la salud, a la seguridad social y a la vida digna, pues su salario
es su única fuente de ingresos económicos. Además, subrayó que durante el
periodo de su licencia de maternidad, es decir del 27 de junio al 30 de octubre
de 2022, no puede laborar, ni obtener recursos económicos para su
subsistencia y la de sus dos hijas, una de 3 años y su recién nacida. Entre sus
gastos obligatorios incluyó el pago de arriendo; servicios domiciliarios;
alimentación; leche en polvo; insumos de aseo como pañales, cremas, pañitos
húmedos; transporte a los diferentes controles médicos y vacunas; y
obligaciones financieras con Bancolombia.
Manifestó que la protección solicitada es provisional durante el trámite de la
acción de tutela en primera instancia y hasta cuando se cuente con un fallo
definitivo; y en el hipotético caso de negarse las pretensiones, solicitó
mantener incólume la medida provisional hasta tanto se decida la
impugnación, en el evento de llegarse a formular.
Finalmente, sostuvo que obligarla a acudir al juez natural le ocasionaría a ella
y a sus hijas un perjuicio irremediable, pues la falta de reconocimiento de la
licencia afectaría irremediablemente sus derechos al mínimo vital y a la vida
digna. Por lo tanto, sostuvo que la presente acción constitucional es el único
mecanismo judicial efectivo de defensa con el que cuenta para hacer valer sus
derechos vulnerados.
4.4. Mediante auto de 22 de septiembre de 2022, se negó la medida provisional
solicitada, porque se consideró que para poder establecer si debe pagarse la
licencia de maternidad en el mismo monto que los meses anteriores, y no en
2 Decreto 333 de 2021. Artículo 1. Numeral 8: “Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por
funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el
conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
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los términos liquidados, es necesario contar con las contestaciones de las
autoridades demandadas y las pruebas que estas tengan en su poder.
4.5. En auto de 23 de septiembre de 2022, se vinculó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva, por considerar que esta es la encargada de
liquidar y pagar la nómina de la actora como empleada de la Rama Judicial
perteneciente a dicha seccional.
4.6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial explicó que de acuerdo
con el artículo 98 de la Ley 270 de 1996 le compete adelantar las labores
necesarias para el funcionamiento de la Rama Judicial y, por consiguiente, de
los despachos judiciales. Sin embargo, resaltó que en esa misma ley se
consagró “la Descentralización de esa función, toda vez que se hace imposible que
desde el nivel central se pueda atender todos los requerimientos de los despachos
judiciales del País”.
Por ese motivo, se crearon las direcciones ejecutivas seccionales de
administración judicial, a las cuales se les otorgaron las funciones
establecidas en el artículo 103, numeral segundo: “Administrar los bienes y recursos
destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación
o utilización” y en el numeral sexto: “Actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan” y en su numeral 11 dispuso “Las
demás funciones previstas en la ley, los reglamentos y los acuerdos del Consejo Superior de
la Judicatura”.
En consecuencia, la Dirección Ejecutiva manifestó que el asunto es de pleno
conocimiento y competencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, quien tiene a cargo las funciones propias de
ente pagador de la seccional a la cual pertenece la accionante. Entonces,
como esta última es la obligada del pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud de la tutelante, concluyó que carece de
legitimación en la causa por pasiva.
4.7. Nueva EPS manifestó que las controversias derivadas de la relación laboral
deben ventilarse por medio de la jurisdicción ordinaria y que la tutela fue
consagrada como un mecanismo para proteger derechos de carácter
fundamental, mas no los de índole económico. Y agregó que lo relacionado
con prestaciones económicas es de competencia, dentro de la EPS, del
director de prestaciones económicas, cuyo superior jerárquico es la Gerencia
de Recaudo.
Por lo expuesto, solicitó negar el amparo por improcedente.
4.8. Medimás EPS en liquidación informó que mediante Resolución Nro.
2022320000000864-6 de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó
la toma de posesión inmediata de los bienes e intervención forzosa para
liquidar a Medimás EPS. Asimismo, informó que la actora fue trasladada a
Nueva EPS, en la cual se encuentra afiliada desde el 17 de marzo de 2022
como cotizante y que la licencia de maternidad se otorgó durante la vigencia
de la afiliación de la usuaria con Nueva EPS. Por lo tanto, concluyó que esa
última es la autoridad encargada de realizar todos los trámites relacionados
con su licencia de maternidad.
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4.9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
(Huila) - Consejo Seccional de la Judicatura Caquetá informó que: i) el 15
de septiembre de 2022 le comunicó a la accionante, mediante correo
electrónico, el valor reconocido por la EPS y le indicó que ella misma debía
solicitar la reliquidación ante su EPS; ii) el valor que aparecía en la prenómina
de septiembre ($920.000) finalmente no fue pagado, en tanto que el 28 de
septiembre de 2022 se consignó la totalidad del salario, menos los descuentos
de ley, es decir la suma de $2.963.309; y iii) en esa misma fecha, se le solicitó
a la actora el reintegro de los valores superiores reconocidos por los meses de
julio, agosto y septiembre debido a que Nueva EPS reconoció un valor inferior.
Por lo anterior, afirmó que ha realizado la totalidad de los pagos salariales y
que, como medida de recobro a la que tiene derecho administración, se solicitó
a la servidora judicial el reintegro de los dineros por mayores valores
cancelados.
De otra parte, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues
la Nueva EPS es la llamada a responder por las pretensiones de la accionante;
y que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues los mecanismos
judiciales procedentes para resolver el asunto son los medios de control contra
actos administrativos, como la nulidad y restablecimiento del derecho.
Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela
y de su carencia de legitimación en la causa por pasiva.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia del 7 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B que amparó los derechos fundamentales invocados por la
actora.
En primer lugar, explicó que se cumplieron los requisitos de legitimación en la causa
por activa y por pasiva, de inmediatez y de subsidiariedad. Por lo cual consideró
que la tutela interpuesta era procedente.
En segundo lugar, sobre el fondo del asunto, explicó que según el artículo 2.1.1.3.1.
del Decreto 780 de 2016 para el pago de la licencia de maternidad se requiere
demostrar que la afiliada cotizante efectuó aportes durante los meses del periodo
de gestación. Aspecto que en el caso se comprobó con el certificado de aportes en
salud de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES).
Asimismo, señaló que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1822 de 2017 la licencia
de maternidad debe pagarse con base en el salario que la empleada devengaba en
el momento de iniciar su licencia. Y precisó que, aunque el Decreto 1427 de 2022
no le aplica a la actora porque entró en vigencia días después que ella inició su
licencia, lo cierto es que en esa norma también se dispone que el pago de la licencia
de maternidad se realizará sobre el ingreso base de cotización o IBC reportado el
día uno de la licencia.
Con base en lo anterior, la autoridad judicial manifestó que del desprendible de pago
y de nómina de julio, mes en el que inició la licencia de maternidad, se constató que
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para ese momento la tutelante laboraba para la Rama Judicial y devengaba un
salario mensual de $3.328.479.
Por lo tanto, sostuvo que “para la Sala es claro que i) la actora tenía derecho a que se le pagara
la licencia de maternidad y que ii) el día uno de la licencia se encontraba devengando un salario de
$3.328.479 mensuales, de modo que ese era el IBC que debía emplearse para el pago de dicha
prestación.” Por ende, aseveró que la decisión del empleador de suspender el pago
por el periodo restante de la licencia y de solicitarle a la accionante la devolución de
lo que presuntamente pagó en exceso fue vulneradora de los derechos
fundamentales de aquella. Y esto obedece a que, insistió, la tutelante tenía derecho
al reconocimiento de esa prestación en los mismos términos y valores que se le
venía pagando en los meses de julio y agosto.
Aclaró que, si bien la decisión del empleador se basó en la incorrecta liquidación de
la licencia de maternidad efectuada por Nueva EPS, tal situación no debía soportarla
la actora pues quien reporta la cotización es su empleador y no ella.
Además, si el empleador advierte que la EPS liquidó mal la prestación debe
igualmente solicitar la reliquidación de dicha prestación, ya que por ley está obligado
a realizar el recobro a la EPS.
Y sostuvo que en el caso, tal deber en cabeza del empleador era manifiesto pues,
desde el día uno de la licencia, la actora devengaba una suma mucho mayor a la
reconocida por la entidad promotora de salud; por lo que esa gestión deberá
agotarse de manera interna entre empleador y EPS, sin afectar los derechos de la
actora. Sobre el referido trámite interno, explicó que el artículo 121 del Decreto 019
de 2012 dispone que es al empleador, y no al empleado, a quien le corresponde
adelantar de manera directa ante la EPS todo lo relacionado con el reconocimiento
y liquidación de la prestación.
Adicionalmente, el artículo 2.2.3.4.3. del Decreto 789 de 2016 establece que en
caso de incumplimiento del pago de las prestaciones económicas por parte de la
EPS, el aportante deberá informar a la Superintendencia Nacional de Salud, para
que, de acuerdo con sus competencias, esta entidad adelante las acciones a que
hubiere lugar. En ese orden, afirmó que la Rama Judicial incumplió su deber de
adelantar todo el proceso de recobro y posterior reliquidación ante Nueva EPS para
que reajustara la referida prestación, por ende “no podía anticiparse a dejar de pagar o
mucho menos reclamar la devolución de lo que ya pagó, sin agotar el trámite respectivo ”.
Contrario a esto, el empleador trasladó esa carga a la actora, a tal punto que el 15
de septiembre de 2022, la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia de
la Rama Judicial le envió un correo electrónico a la accionante en el que le informó
que su licencia de maternidad fue liquidada por el valor total de $1.073.710 y que
debía solicitarle a la EPS la reliquidación de la licencia con los aportes de los 9
meses de cotización. Sin embargo, lo debido de parte del empleador era reclamar
y aclarar a la EPS que la empleada antes de estar vinculada a la Rama Judicial
trabajaba con la empresa privada Litigando.com, la cual efectuó sus aportes a la
seguridad social como da cuenta el certificado emitido por la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por lo expuesto, el juez de primera instancia ordenó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) realizar los trámites y ajustes
pertinentes para que en el periodo restante de la licencia de maternidad a la actora
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los meses de julio y agosto, es decir $3.328.479.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le pueda asistir en su condición de
empleador para solicitar la reliquidación de la licencia o para reclamar a Nueva EPS
que le reembolse las sumas presuntamente pagadas en exceso.
6. Impugnación
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) -
Consejo Seccional de la Judicatura Caquetá impugnó la sentencia de primera
instancia, porque consideró que la obligación de pago recae en Nueva EPS.
No obstante, sostuvo que el juez de tutela desplazó dicha carga a la Rama Judicial,
en calidad de empleador, pese a que en la propia sentencia se reconoció que “la
vulneración de los derechos de la accionante se derivan de las actuaciones irregulares de la
NUEVA EPS, quien liquidó un valor inferior al que la actora actualmente devenga por concepto
de licencia de maternidad y como consecuencia de ellos derivaron las actuaciones de la
Administración Judicial”.
Por consiguiente, señaló que debía existir congruencia entre lo motivado y lo fallado;
y que por ende “se le debe ordenar a la NUEVA EPS efectuar y ajustar la liquidación del valor
de la licencia de maternidad al que actora devengaba, esto es el reportado el día uno (1) de la
licencia”.
Y en todo caso, manifestó que en el caso existe carencia de objeto por hecho
superado, debido a que a la accionante se le pagó la totalidad del salario
correspondiente al mes de septiembre de 2022.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, y especialmente en la impugnación, le
corresponde a la Sala determinar si le asistió razón al juez de primera instancia al
imponer a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
(Huila) la realización de los trámites necesarios para garantizar que a la accionante
se le continúe pagando la licencia de maternidad por un monto de $3.328.479.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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A su vez, se analizará si el juez de primera instancia debió declarar la carencia de
objeto por hecho superado, en razón a que en el curso de la tutela a la accionante
se le pagó $3.328.479 por concepto de licencia de maternidad, por el mes de
septiembre de 2022.
3. Análisis del caso
La Sala subraya que la inconformidad del impugnante consistió en que la orden no
debió impartírsele a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva (Huila) - Consejo Seccional de la Judicatura Caquetá, sino a la Nueva EPS.
A lo cual, la autoridad impugnante agregó que, en todo caso, en el asunto debió
declararse el hecho superado, debido a que en septiembre de 2022 se pagó la
totalidad del salario devengado por concepto de licencia de maternidad.
Por esa razón, en atención que solo esos fueron los aspectos controvertidos por el
impugnante, la Sala limitará su estudio solo a tales reproches.
3.1. Dicho lo anterior, la Sala encuentra que le asistió razón al juez de primera
instancia al imponer la orden a la autoridad impugnante y no a la EPS, puesto
que el artículo 121 del Decreto 019 de 2012 (mediante el cual se suprimen y
trámites innecesarios) dispone que el empleador es el encargado de efectuar
todo el trámite de reconocimiento de la licencia de maternidad ante la
respectiva EPS y que tal obligación jamás podrá trasladársele al paciente. Así
lo indica la norma:
“El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de
maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá
ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de
salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite
para la obtención de dicho reconocimiento.
Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la
expedición de una incapacidad o licencia” (Negrillas propias).
En concordancia con lo anterior, el inciso 5 del artículo 2.1.13.1 del Decreto
780 de 2016, que regula la licencia de maternidad, establece que “El empleador
o trabajador independiente, deberá efectuar el cobro de esta prestación económica ante
la EPS o EOC” (Negrillas propias).
Asimismo, el artículo 2.2.3.4.3. Decreto 789 de 2016 (mediante el cual se cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud) establece que “De
presentarse incumplimiento del pago de las prestaciones económicas por parte de la EPS o
entidad adaptada, el aportante deberá informar a la Superintendencia Nacional de Salud,
para que, de acuerdo con sus competencias, esta entidad adelante las acciones a que hubiere
lugar”.
Las normas transcritas dan cuenta de que al empleador le compete efectuar
tanto los trámites administrativos tendientes al reconocimiento de la licencia
ante la EPS, como las gestiones ante la Superintendencia Nacional de Salud
de existir incumplimiento o inconsistencias por parte de la EPS.
En ese orden de ideas, no se considera que el juez de tutela de primera
instancia haya errado, pues la orden impartida simplemente consistió en que
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila)
efectuara las gestiones de su competencia ante la EPS para garantizar que a
la accionante se le continúe pagando la licencia de maternidad con el ingreso
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base de cotización reportado al momento de inicio del goce de la prestación
equivalente a $3.328.479, tal como lo ordena el artículo 1 de la Ley 1822 de
2017.
Por ende, se considera que lo dispuesto en primera instancia no contraviene
el ordenamiento jurídico; al contrario, obedece a lo dispuesto en las normas
en mención, las cuales le atribuyen al empleador la gestión del trámite de la
licencia de maternidad ante la respectiva EPS.
No podría trasladársele esa gestión a la recién madre, pues no solo el artículo
121 del Decreto 019 de 2012 establece que en ningún caso la gestión de la
licencia de maternidad puede ser trasladado al afiliado, sino porque la
Constitución Política protege a la mujer en estado de embarazo y posparto.
Así, el artículo 53 de la Constitución Política consagra una protección especial
a la mujer y a la maternidad; y, por su parte, el artículo 43 dispone que “Durante
el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado,
y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”
(Negrillas propias).
Esa protección especial a la mujer en estado de embarazo es consecuencia
de reconocer que históricamente la maternidad ha sido fuente de
desequilibrios que afectan a las mujeres tanto en el ámbito laboral, como en la
esfera privada de la familia. Por ende, los constituyentes del año 1991
comprendieron la necesidad de que el Estado brinde un cuidado
preponderante a la maternidad, pues de no hacerlo “la mujer no podría libremente
elegir ser madre, debido a las adversas consecuencias que tal decisión tendría sobre su
situación social y laboral”4. Y en ese orden de ideas, no se garantizaría una
verdadera equidad de género.
En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional ha reiterado que “la mujer
embarazada y su hijo gozan de la especial protección del Estado y de la sociedad, lo cual tiene
una consecuencia jurídica importante: el ordenamiento jurídico debe brindar una garantía
especial y efectiva a los derechos de la mujer que va a ser madre, o que acaba de serlo”
(Negrillas propias).
Y también la ha reconocido como sujeto de especial protección constitucional:
“el amparo reforzado de la mujer como integrante de los sujetos de especial protección
constitucional parte del reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad
formal y real a la que se ha visto sometida históricamente. De esta forma, esta Corporación
ha reiterado la obligación del Estado de proteger de manera especial a las mujeres
embarazadas o parturientas, y se ha pronunciado sobre la necesidad de garantizar de
manera efectiva y prevalente el ejercicio de sus derechos” (Negrillas propias).
En consecuencia, ni desde el punto de vista legal ni del constitucional, hay
lugar trasladar la gestión de reconocimiento y trámite de la licencia de
maternidad a la madre; como se explicó, esta tramitología recae en el
empleador. Por lo cual es de censurar el accionar de la Coordinación
Administrativa de Florencia, que en correo electrónico de 15 de septiembre de
2022 le indicó a la accionante que era ella quien debía solicitar ante su EPS la
respectiva reliquidación de la licencia.
Y es que no puede perderse que de vista que la licencia de maternidad no
constituye un espacio para que la madre asuma el litigio de posibles
4 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 1998.
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inconsistencias frente a esa prestación; tal licencia, por el contrario, persigue
que la mamá goce de un tiempo remunerado cuyo fin es su recuperación física
y emocional, así como el cuidado del bebé y el establecimiento de lazos y
hábitos con este.
En todo caso, el hecho de que en el empleador recaiga el deber de gestionar
el reconocimiento y trámite de la licencia de maternidad no implica que aquel
esté vedado para repetir económicamente frente a la EPS. De hecho, así lo
permite el inciso 5 del artículo 2.1.13.1 del Decreto 780 de 2016, según el cual
“El empleador o trabajador independiente, deberá efectuar el cobro de esta prestación
económica ante la EPS” (Negrillas propias).
Con base en todo lo expuesto, se considera ajustada al ordenamiento jurídico
la orden impuesta a la autoridad impugnante, por el juez de primera instancia.
3.2. Basta por decir, de otra parte, que en el caso no había lugar a que se declarará
el hecho superado.
Como lo adujo la autoridad impugnante, es cierto que, finalmente, en el mes
de septiembre de 2022 a la tutelante se le pagó la totalidad del salario y no
$920.000, como en algún momento se reflejó en la prenómina de ese mes. Sin
embargo, ese solo hecho no configura la carencia de objeto, en tanto que la
licencia de maternidad se extendía por un mes adicional, es decir hasta el 30
de octubre de 2022. Por consiguiente, que el mes de septiembre haya sido
cancelado correctamente no garantizaba que el mes faltante por licencia
también fuera a ser pagado conforme al salario devengado al inicio de la
licencia.
En consecuencia, no podría considerarse que, por el solo pago correcto del
mes de septiembre de 2022, se superó la violación de derechos fundamentales
de la accionante pues, como se mencionó, aún quedaba pendiente por pagar
el mes de octubre y existía en su contra la decisión de reintegrar cierta suma
de dinero so pena de iniciar un proceso de cobro en contra suyo.
Circunstancias que aún atentaban contra los derechos de la accionante y de
sus hijas, pues al haber efectuado aportes a seguridad social en salud durante
todo su periodo de gestación tenía derecho, sin condicionamiento alguno, al
pago de una licencia de maternidad equivalente al salario que devengaba al
momento de iniciarla, y no a un valor menor, como sucedió en el caso.
Razones por las cuales, no habría lugar a solicitar de la accionante el reintegro
de ninguna suma de dinero, tal como se le requirió en el Oficio DESAJNEO22-
2736 de 28 de septiembre de 2022.
4. Conclusión
Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión impugnada, por no encontrar reparo
frente a la orden impartida y por considerar que en el caso no se configuraba la
institución de la carencia de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. Confirmar la sentencia de sentencia del 7 de octubre de 2022, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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