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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05018-01

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05018-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia del 4 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, objeto de impugnación. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05018-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

9 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05018-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05018-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL -UGPP-
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 4 de noviembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en contra del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Riohacha y el Tribunal Administrativo de la Guajira, por los motivos expuestos en las
consideraciones de esta providencia.
.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de la Guajira y el Juzgado Tercero Administrativo
Oral de Riohacha, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de sostenibilidad
financiera. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRINCIPALES

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por
el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
RIOHACHA y el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, se DEJEN sin efectos las sentencias proferidas
por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social -UGPP-.

RIOHACHA y el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA del 18 de
diciembre de 2017 y 31 de marzo de 2022 respectivamente, dentro del proceso contencioso
administrativo No. 44 001 33 40 003 2016 00879 00, en razón a que aplicó a la prestación de
la causante (sic) de manera errada el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para
efectos de determinar el IBL y los factores salariales integrantes del mismo, desconociendo
así que la única norma pensional que le era aplicable para ese tema era el del artículo 21 y
36 de la Ley 100 de 1993, pues él adquirió su estatus de pensionada en el año 1998, lo que
implica que solo podían tenerse en cuenta para la liquidación del IBL los enlistados en el
Decreto 1158 de 1994 devengados en el tiempo que le hiciere falta para acceder a la
prestación si este fuere inferir a 10 años, lo que hace que desconocer esta situación genere
no solo una errada interpretación de la norma que debía regir el caso de la señora PAZ
ANTONIA GÓMEZ DE PEÑARANDA sino que se desconozcan las sentencias de unificación
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que determinan el IBL y los factores
Salariales que se tienen en cuenta para liquidar las prestaciones de las personas sujetas al
régimen de transición, contenida en las sentencias SU 395 de 2017, T- 494 de 2017, T- 328
de 2018, T- 039 de 2018 y decisión del 28 de agosto de 2018, emitidas por la Sala Plena del
Honorable Consejo de Estado dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-2012- 00143-
01, y que generan un absoluto detrimento a la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional
por la evidente irregularidad sustancial en las ordenes impartidas

Tercero: Se ORDENE al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA,
dictar nueva sentencia ajustada a derecho de cara a lo regulado en el régimen de transición
del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y a las sentencias de Unificación tanto de la Corte
Constitucional, como del Consejo de Estado relacionadas en este escrito.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el
requisito de subsidiariedad solicitamos:

PRIMERO. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales de la UGPP
vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE RIOHACHA y el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN de manera transitoria y hasta
tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden
tutelar, los fallos del 18 de diciembre de 2017 y 31 de marzo de 2022, proferidos en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 44001334000320160087900 por el JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE RIOHACHA y el
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA respectivamente”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La extinta Cajanal reconoció a la señora Paz Antonia Gómez de Peñaranda la
pensión de jubilación con fundamento en el artículo 1 del Decreto 2143 de 1995, en
concordancia con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pero
equivocadamente, liquidó con el 75 % del promedio devengado el último semestre
actualizado con el IPC incluyendo el factor de asignación básica, pues, si bien, era
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para efectos de la
edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo pero para liquidar la prestación y
para efectos de integrar los factores salariales de su IBL debía regirse por la norma
vigente al momento de la adquisición de su derecho pensional -24 de enero de 1998
• esto era la ley 100 de 1993 artículo 36 y los factores enlistados en el Decreto 1158
de 1994.

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La señora Paz Antonia Gómez de Peñaranda solicitó a la entidad la reliquidación
de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último semestre, la cual fue resuelta de manera negativa, por lo que ejerció medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la entonces CAJANAL,
a fin de que se declarara la nulidad particular de la Resolución 13815 del 31 de
marzo de 2009, por medio de la cual negó la reliquidación del a pensión.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Riohacha, en sentencia del 18 de
diciembre de 2017, declaró la nulidad parcial de la Resolución 13815 del 31 de
marzo de 2009, suscrita por el Gerente General de la Caja Nacional de Previsión
Social EICE y, en consecuencia, condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de
vejez de la demandante, sobre la base del 75 % de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último semestre de servicio, esto es, con
todos los factores que constituyen salario (asignación mensual, subsidio de
alimento y prima de servicio).

Lo anterior, por considerar que para efectos de la liquidación de las pensiones de
los empleados y funcionarios de la Contraloría General de la República, no solo
debe circunscribirse a los factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1945 de
1978, por cuanto fue el Decreto 929 de 1976 el que remitió a los factores del
régimen general, de suerte que la expresión “además” consignada en el artículo 40
del Decreto 720 de 1978, da lugar a concluir que no hay taxatividad en el enunciado,
en ese sentido concluyó que los actos administrativos demandados desconocieron
lo preceptuado en el Decreto 929 del 1976 para el caso especial de los
exfuncionarios de la Contraloría General de la Nación, porque liquidación no incluyó
la totalidad de los factores salariales devengados en el último semestre
inmediatamente anterior a la adquisición de su estatus pensional, es decir desde el
24 de febrero hasta el 24 de agosto de 1992.

El Tribunal Administrativo de La Guajira, en sentencia del 31 de marzo de 2022
confirmó la decisión de primera instancia, pero, por razones de incongruencia del
recurso de apelación, toda vez que, la parte demandada en ese asunto al sustentar
los motivos de inconformidad contra la sentencia recurrida, presentó reparos sobre
otro actor cuando se trata de la señora Paz Antonia Gámez de Peñaranda y se
abstuvo de controvertir la decisión adoptada que resolvió sobre génesis de las
pretensiones, que recayó sobre los factores de salarios que se debían incluir en la
pensión de jubilación, reconocida a la demandante conforme al régimen especial-
decreto 929 de 1976 - aplicable para ex empleados de la Contraloría General de la
República, de manera que, consideró que « ante la incongruencia de las razones que indicó
la apoderada de la entidad demandada en su recurso de apelación, no queda otra salida que señalar
que no existe en el presente caso motivo alguno de inconformidad que coincida con el fallo de
primera instancia, lo que impone al Tribunal confirmar la sentencia dictada el 18 de diciembre de
2017».

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Riohacha vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de
sostenibilidad financiera, con fundamento en los argumentos que se pasan a
resumir.
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Alegó que existió abuso del derecho en razón a que se hizo beneficiaria de la
reliquidación pensional, para lo cual se aplicaron, de manera errada, una parte de
la liquidación del régimen de la rama judicial con un parte del régimen de la
contraloría, sin considerar que a la pensionada: (i) no se le puede aplicar el decreto
546 de 1971 por cuanto nunca laboró al servicio de la rama judicial; (ii) se le puede
aplicar decreto 929 de 1976 solo en lo que se refiere a edad tiempo y monto en
respeto al régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y, (iii) en lo
que se refiere al IBL y los factores que lo integran este no puede ser otro que el
dispuesto en el artículo 21 de la ley 100 de 1993 en concordancia con la el decreto
1158 de 1994.

Igualmente, invocó un grave perjuicio al erario, porque, el pago de una pensión para
el 29 de septiembre de 2011 de cara a la prescripción ordenada por los accionados
asciende a la suma de $1´222.352, mesada superior a la que realmente tiene
derecho el pensionado, ya que la misma debía ser de $1´005.298, lo que genera
un incremento ilegal de $217.054 y, debido al incremento prestacional ocasionado
en cumplimiento de los fallos judiciales, generara que se deba pagar un retroactivo
de $41´233.391, al que no tiene derecho, más los valores que se generen mes a
mes y en adelante hasta su vida probable, que son superiores a los que realmente
tiene derecho la beneficiaria.

En cuanto a los requisitos generales de procedencia, indicó que la presente
acción de tutela adquiere relevancia constitucional, en cuanto se discute la
vulneración de los derechos fundamentales y porque se ha generado una
ostensible vía de hecho, situación que requiere la intervención urgente del juez de
tutela para poner fin a un detrimento del erario.

En relación con la existencia otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable dijo que “si bien procede el recurso
extraordinario de revisión, en este momento este no es el mecanismo pertinente y eficaz para
proteger el erario y evitar el paso de un retroactivo pensional y a su vez las sumas periódicas
una mesada muy superior a la que realmente tiene derecho la causante”.

En ese contexto, dijo que con fundamento en las sentencias SU 427 de 2016 y T
494 de 2018 de la Corte Constitucional, acude a la acción de tutela como medio
principal para lograr que se deje sin efecto las decisiones judiciales irregulares ante
la búsqueda de la protección del erario, así exista otro medio de defensa. Agregó
que el recurso extraordinario de revisión no resultaría eficaz en el presente asunto,
toda vez que no evita la consumación del perjuicio irremediable ya que no admite
medidas provisionales.

Insistió en la configuración de un perjuicio irremediable, con fundamento en la
protección del erario y del sistema pensional, para lo cual reiteró los argumentos
señalados en precedencia y catalogó el perjuicio como cierto, inminente y continuo.

En punto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, alegó la configuración de los defectos sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la Constitución.

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Frente al defecto sustantivo insistió en que el Tribunal Administrativo de La
Guajira porque, si bien, aplicó en forma correcta el Decreto 929 de 1976 para
efectos de determinar la edad, tiempo de servicio y tasa de remplazo, ya que la
pensionada, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más
de 35 años que la hacía beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, aplicó en forma incorrecta el Decreto 1045 de 1978, sin considerar
que su derecho pensional no se consolidó durante la vigencia de dicha norma.

Pues, considera que la edad la acreditó en el año 1998, fecha para la cual ya había
perdido vigencia dicha norma y, como consecuencia de ello, la norma aplicable para
la situación pensional de la pensionada era el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
teniendo en cuenta la liquidación del IBL en los términos del artículo 21 de la Ley
100 de 1993 y los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, normas en las
que no se contempló la liquidación con el promedio de lo devengado en el último
semestre de servicio ni con la asignación más elevada, como lo ordenan los
despachos judiciales accionados y en las que no aparecen como factores
integrantes del IBL los denominados subsidio de alimentación y prima de servicios,
los cuales fueron ordenados incluir por los accionados, para incrementar la
prestación de la causante.

Con fundamento en lo cual insistió en que la señora Gómez de Peñaranda no
adquirió el derecho pensional antes del 1 de abril de 1994, fecha de entrada en
vigor el Sistema General de Pensiones, sino con posterioridad a esa fecha -24 de
enero de 1998-, y por ende, no era posible afirmar que la pensionada era
beneficiaria del régimen de la Contraloría integrado con el régimen de la Rama
Judicial, para aplicarle los factores enlistados en el Decreto 1045 de 1978, como
tampoco para liquidarle la prestación con la asignación más elevada régimen de la
Rama Judicial de lo devengado en el último semestre régimen de la contraloría,
pues para ese tema la norma a regular el caso era las determinadas en la Ley 100
de 1993 artículos 21 y 36 y con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994,
en razón a que fue en vigencia de esa norma que acreditó la edad y el tiempo de
servicio para pensionarse.

Agregó que las decisiones judiciales controvertidas en esta acción constitucional
trasgreden el principio de inescindibilidad de la ley.

Sobre el defecto por desconocimiento del precedente judicial indicó que el
tribunal demandado se apartó indebida e injustificadamente de las sentencias: (i)
SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional y en la sentencia de Unificación número
00143 de 2018 emitida por el Consejo de Estado y, (ii) la sentencia de
constitucionalidad C-179 de 2016 y de lo regulado en el artículo 243 de la
Constitución Política.

En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución alegó que violación
al aplicar a la beneficiaria del derecho pensional un régimen diferente al que
correspondía, esto es, el del Decreto 929 de 1976, que, la autoridad integró con el
546 de 1971, normas que habían perdido vigencia desde el 31 de marzo de 1994.
Afirmó que el régimen aplicable era el vigente a la fecha de causación del derecho
pensional, esto es, el del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que, la reclamante
cumplió el requisito de edad en el año 1998.

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4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 22 de
septiembre de 2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo de La Guajira y vinculó como tercera interesada a la
señora Paz Antonia Gómez de Peñaranda.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de La Guajira solicitó declarar improcedente el amparo
solicitado por considerar que carece de relevancia constitucional, en cuanto se trata
de disensos que son propios de la dinámica del litigio y surgidos en el curso de un
debate en el que no se afectaron garantías fundamentales, sino que se aplicaron
de manera fundada claros principios constitucionales.

Considera que la UGPP actuó con negligencia en el trámite del proceso ordinario,
pues en el escrito de apelación que presentó en contra de la sentencia, expuso
argumentos ajenos al asunto en controversia y ello le impidió al juez de instancia
pronunciarse en los términos que hoy solicita mediante la acción constitucional.
Afirmó que estudiar de fondo el escrito de tutela sería otorgar a la hoy accionante
una tercera instancia, ante el juez constitucional.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Riohacha solicitó que se desestime
las pretensiones de la acción de tutela, porque no puede predicarse que haya
vulnerado derecho fundamental alguno, adicionalmente dijo que en el sub judice
tampoco se cumplen los presupuestos descritos en la jurisprudencia constitucional
para que proceda la tutela.

Precisó que la acción de tutela no puede ser revestida como una tercera instancia
para la revisión y los estudios de los procesos.

6. Intervención del tercero interesado

La señora Paz Antonia Gómez de Peñaranda indicó que las autoridades judiciales
demandadas no afectaron algún derecho fundamental de la UGPP. Indicó que en
el asunto se aplicaron de manera acertada las disposiciones legales, realizó un
recuento de ellas y explicó por qué consideraba que los argumentos esbozados en
las sentencias cuestionadas en especial, la de primera instancia, eran correctos.

7. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en sentencia del 4
de noviembre de 2022, declaró improcedente el amparo solicitado, porque, no
cumplió con el requisito general de subsidiariedad, en la medida en que la entidad
actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión.

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8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia para lo cual
reiteró los mismos argumentos que expuso en el escrito de tutela y frente al fallo de
tutela de primera instancia, sostuvo, en primer lugar que, la tutela sí es el
mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales
vulnerados a la UGPP, aun ante la existencia del recurso extraordinario de revisión,
el cual no se ha desconocido y, en segundo lugar, que dicho medio no es el eficaz
para evitar un grave perjuicio al erario público, pues el debido a sus ritualidades
procesales no evita la configuración de la grave afectación al sistema pensional.

Igualmente, insistió en que ocurrió un abuso del derecho, en la existencia de un
perjuicio irremediable y en la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
de defensa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento

de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la sentencia
del 31 de marzo de 2022, mediante el que el Tribunal Administrativo de La Guajira
confirmó la decisión del 18 de diciembre de 2017 del Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Riohacha, en la que accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP a reliquidar la pensión
de vejez de la demandante, sobre la base del 75 % de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último semestre de servicio.

Al efecto, la parte actora invoca los defectos sustantivo, por desconocimiento del
precedente judicial y por violación directa de la Constitución, en el entendido que,
si bien, se aplicó en forma correcta el Decreto 929 de 1976 para efectos de
determinar la edad, tiempo de servicio y tasa de remplazo, ya que la pensionada
para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 35 años
que la hacía beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, aplicó en forma incorrecta el Decreto 1045 de 1978, sin considerar que su
derecho pensional no se consolidó durante la vigencia de dicha norma.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si el presente asunto cumple con
el requisito general de subsidiariedad, como se pasa a analizar.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales – requisito general de subsidiariedad

Como se indicó, dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el
de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)” .

En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en
impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se
convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales,
pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una
serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos.

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los

siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
8
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No en vano los artículos 86 4 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 5 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues
como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no
es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia
ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo».

Caso concreto

Como se anticipó, en el presente caso, la parte accionante cuestiona la sentencia
del 31 de marzo de 2022, mediante el que el Tribunal Administrativo de La Guajira
confirmó la decisión del 18 de diciembre de 2017 del Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Riohacha, en la que accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP a reliquidar la pensión
de vejez de la demandante, sobre la base del 75 % de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último semestre de servicio.

Al respecto, la Sala advierte que sería del caso estudiar los argumentos que plantea
la parte actora para invocar la vulneración de los derechos fundamentales
deprecados, de no ser porque el presente mecanismo constitucional incumple el
requisito general de la subsidiariedad, por dos razones, como se pasa a explicar.

En primer lugar, se tiene que, pese a que el Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Riohacha, en sentencia del 18 de diciembre de 2017 accedió a las pretensiones
de la demanda y condenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP a reliquidar la pensión
de vejez de la demandante, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

4
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualqu ier
autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice com o
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)” (se destaca).
5
“Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).”
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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP dejó de hacer uso
adecuado del recurso de apelación contra el fallo ordinario de primera instancia, en
la medida en que allegó un escrito en el que cuestionó una decisión judicial distinta
y nada dijo en relación con el reconocimiento judicial en sede de primera instancia
a favor de la señora Paz Antonia Gómez De Peñaranda.

Lo anterior implicó que el Tribunal Administrativo de La Guajira no tuviera
parámetros para estudiar el recurso de apelación, lo cual, naturalmente condujo a
que se confirmara la decisión de primera instancia.

Sobra decir entonces que, era el recurso de apelación la oportunidad procesal
correspondiente para que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP expusiera las razones
de inconformidad con el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho y expusiera
las razones de legalidad o ilegalidad que respaldaran los actos administrativos
cuestionados, pero como ello no ocurrió, la decisión fue confirmada y, en ese
sentido, no es la acción de tutela el escenario para plantear argumentos que
debieron exponerse en la oportunidad procesal correspondiente o para corregir la
omisión o descuido en la debida defensa de sus intereses.

El numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, señala que son causales de
revisión:

“(…) 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

(…)”.

Al respecto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
providencia del 4 de marzo de 2021, dictada en un proceso de recurso
extraordinario de revisión 6, entendió que el citado numeral 7 comprendía que la
persona obtuvo el derecho sin tener derecho al mismo. En los siguientes términos,
consideró:

Sobre el particular, esta Corporación, en sendos pronunciamientos, ha indicado los elementos
estructurales que componen la causal señalada en el numeral séptimo del artículo 250 del
CPACA, a saber:

(i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete la pérdida o se
reconozca a favor de determinada persona una prestación periódica, dentro de las cuales
cabe mencionar las pensiones de jubilación, de vejez, de invalidez, de sustitución, y la
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, principalmente. En cuanto al
carácter de la prestación decretada, se aclara que la causal no se refiere únicamente a
pensiones, sino que se extiende a prestaciones periódicas.

Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que niegan dicha
clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan sobre aspectos posteriores a
su reconocimiento, en particular los concernientes a su reliquidación, factores dejados de
incluir y, en general, modificación o discusión de su monto.

6 Proceso No. 11001-03-25-000-2013-01223-00. M.P. César Palomino Cortés.

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(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para acceder o
perder el derecho de gozar de esa prestación periódica. Los supuestos señalados por la
norma pueden resumirse así́:

a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede ocurrir, por
ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a quien no reúne los
requisitos;

b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal por cuestiones
de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez y recupera su salud, con la
consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida laboral;

c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación. (Subraya la Sala)

Además, debe decirse que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 7 prevé el
mecanismo especial de “Revisión [de sentencias] de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública ”, en los
siguientes términos:
“Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y, además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”

Tal como lo ha señalado esta Sección 8, dada la amplitud de la norma para su
aplicación, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016 unificó
jurisprudencia, entre otras cosas, para aclarar quienes se encontraban legitimados
para ejercer el precitado recurso, en los siguientes términos:

“Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso
del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe
entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de
las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas
reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del
sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero 9.

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte
Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las
cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de
cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha
en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

7
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensio nales exceptuados y especiales.
8
Al respecto, ver sentencias: del 28 de julio de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-01661-01, M.P. Milton
Chaves García y del 4 de marzo de 2021, expediente número: 11001-03-15-000-2020-04118-01, M.P. Milton Chaves García.
9
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
11
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(…)”.

Por lo tanto, resulta claro que las acciones de tutela promovidas por las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas,
entre ellas, la UGPP, contra las providencias en las cuales se reconocieron
prestaciones periódicas a favor de los pensionados y en las que se invoca el
desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, no están llamadas a
prosperar porque no cumplen con el requisito de subsidiariedad. Así lo indicó la
Corte:

“7.25. Así las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión
consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas
por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un
abuso del derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución.

7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario público con ocasión
de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho tiene la vocación de
generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado, las cuales se utilizan para
garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social de los colombianos, por lo que en
casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de
prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será viable con el fin de verificar la configuración
de la irregularidad advertida y adoptar las medidas respectivas.

7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios superiores de seguridad
jurídica y confianza legítima, el juez constitucional cuando analice de fondo la posible configuración
de un abuso del derecho deberá tomar las medidas necesarias para no afectar de manera grave los
derechos fundamentales de los implicados en la causa, por lo que en caso de verificarse la existencia
de dicha irregularidad, deberá disponer que el reajuste de la prestación conforme al ordenamiento
jurídico constitucional no tenga efectos de manera inmediata, sino que se deberá concederse un
periodo de gracia, que la Sala fija como prudencial en seis meses contados a partir de la fecha de la
notificación de la resolución que consagra el reajuste efectuado al perjudicado con ocasión de la
decisión judicial de amparo. Por otra parte, el funcionario jurisdiccional también deberá disponer que
no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se
presumen percibidas de buena fe (…)”. (Negrillas de la Sala)

Ante la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso objeto de
estudio no es posible hacer pronunciamiento de fondo, en la medida en que la
UGPP cuenta con el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 para cuestionar los términos en que se reconoció la reliquidación de la
pensión a la señora Paz Antonia Gómez de Peñaranda.

Ahora, en lo que tiene que ver con el abuso del derecho alegado por la UGPP,
conviene decir que la Corte Constitucional 10 ha determinado que, de manera
excepcional, la acción de tutela podría resultar procedente, siempre que se esté
ante un abuso palmario del derecho, que, se comprueba con el cumplimiento de las
siguientes condiciones: (i) la necesidad de verificar que se trata de una “vinculación
precaria” y (ii) que se trata de un “incremento excesivo de la mesada pensional”.

Respecto de la vinculación precaria, la Corte ha señalado que se entiende como la
relación entre un empleado o funcionario público y el Estado, que tiene una
duración reducida en el tiempo y que, por lo tanto, el elemento que define la
precariedad del vínculo es la fugacidad. Por su parte, para entender la noción de
incremento excesivo, en sentencia SU-631 de 2017 se establecieron algunos
criterios indicativos del aumento pensional grave que termina en un abuso del
derecho, tales como: (i) incrementos pensionales ilegítimos que resultan

10
Ver sentencias SU-631 de 2017 y SU-115 de 2018.
12
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mensualmente tan cuantiosos, que indudablemente desfinanciarían al sistema
pensional; (ii) falta de correspondencia entre el reconocimiento pensional y la
historia laboral del beneficiario, que permita suponer que el incremento que
favoreció al interesado es excesivo; y (iii) que la conducta de quien busca el
beneficio pensional esté dirigida a buscar en forma evidente, inconfundible y a
ultranza una ventaja irrazonable o un incremento monetario significativo en
comparación con otros afiliados sin arreglo a la normativa vigente.

Estas dos condiciones (vinculación precaria e incremento excesivo) deben estar
plenamente acreditadas para concluir que existe un abuso del derecho. En efecto,
la propia Corte Constitucional, en sentencia T-212 de 2018, explicó que es
necesario hacer un análisis conjunto de las condiciones que permiten advertir la
existencia de un abuso del derecho, pues “ la verificación de uno solo de estos criterios
indicativos por sí sola no es suficiente para concluir sobre un abuso del derecho de las
características anotadas y es necesaria la evaluación del conjunto de circunstancias presentes en
cada caso”.

En el caso concreto, la Sala advierte que no se trata de una vinculación precaria,
pues se trató del reconocimiento de una reliquidación pensional y el
cuestionamiento de la UGPP se dirige contra dicho reconocimiento, porque, a su
juicio, para la reliquidación de la pensión de la señora Paz Antonia Gómez de
Peñaranda se aplicó en forma incorrecta el Decreto 1045 de 1978, porque el
derecho pensional no se consolidó durante la vigencia de dicha norma.

Esa razón es suficiente para concluir que no se cumple una de las condiciones
fijadas por la Corte Constitucional y, por lo tanto, la Sala se releva de analizar de
fondo los argumentos propuestos en el escrito de tutela, pues, dichos argumentos
corresponde ventilarlos a instancias del recurso extraordinario de revisión.

En suma, la acción de tutela no cumple con el requisito general de procedencia de
subsidiariedad y, en esa medida, se impone, confirmar la decisión de primera
instancia del 4 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, objeto de impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia del 4 de noviembre de 2022, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

13
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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