Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05022-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05022-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05022-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05022-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
13 de octubre de 2022
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 05 0 22 - 00
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022)
F.T: 257
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05022-00
Accionante: JACKSON ARIEL PEREA LEUDO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la cual se negó la
indexación de la primera mesada pensional. Ausencia de defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Yackson Ariel Perea Leudo instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de obtener
la nulidad parcial de la Resolución núm. 29401 del 19 de junio de 2007, por medio
de la cual fue reliquidada su pensión gracia, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el período comprendido entre el 29 de diciembre de
2000 y el 29 de diciembre de 2001, pero sin la indexación de la primera mesada
pensional, y, a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación de dicha
prestación con la indexación de la primera mesada pensional a partir del 29 de
diciembre de 2001, fecha en la que adquirió su status pensional, hasta el 19 de junio
de 2007.
El 13 de febrero de 2020 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Quibdó declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia
del derecho y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, por lo cual
la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
decisión. El 11 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la
sentencia de primera instancia.
b) Inconformidad
El accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Chocó, al expedir la
providencia del 11 de marzo de 2022, vulneró sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, mínimo vital, debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y seguridad social, puesto que incurrió en las siguientes causales
específicas de procedibilidad:
1. Defecto fáctico, en su dimensión negativa, al no valorar la Resolución núm.
15932 del 24 de junio de 2002, mediante la cual le fue reconocida la pensión
gracia, efectiva a partir del 29 de diciembre de 2001, ni la Resolución núm.
29401 del 19 de junio de 2007, por medio de la que fue reliquidada su
pensión, sin la indexación de la primera mesada, habiendo transcurrido entre
estas fechas seis años, cinco meses y veinte días.
2. Defecto sustantivo, por no tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales
de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia,
en lo que tiene que ver con la indexación del ingreso base de liquidación de
dicha prestación, para determinar la primera mesada. Concretamente, las
sentencias C-387 de 1994, C-862 de 2006, C-891A de 2006, SU-120 de
2003, SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013, SU-415 de 2015, SU-452 de 2016.
SU-637 de 2016, SU-168 de 2017, T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-805
de 2004, T-815 de 2004, T-1244 de 2004, T-098 de 2005, T-469 de 2005, T-
045 de 2007, T-224 de 2007, T-425 de 2007, T-696 de 2007, T-1059 de 2007,
T-014 de 2008, T-046 de 2008, T-611 de 2008, T-447 de 2009, T-457 de
2009, T-906 de 2009, T-488 de 2010, T-362 de 2010, T-621 de 2010, T-901
de 2010, T-013 de 2011, T-020 de 2011, T-835 de 2011, T-320 de 2012, T-
1086 de 2012, T-374 de 2012, T-007 de 2013, T-051 de 2013, T-092 de 2013,
T-103 de 2013, T-255 de 2013, T-445 de 2013, T-456 de 2013, T-953 de
2013, T-027 de 2014, T-182 de 2014, T-206 de 2014 y T-220 de 2014; las
decisiones proferidas por el Consejo de Estado en los procesos 2002-02063-
01 el 24 de enero de 2008, 2005-04715-01 el 2 de octubre de 2008, 2001-
03280-01 el 26 de febrero de 2009, 2005-08217-01 el 23 de julio de 2009,
2004-05527-02 el 6 de mayo de 2010, 2003-05054-02 el 22 de septiembre
de 2010, 2002-01294-01 el 25 de noviembre de 2010, 2007-01044-01 el 3 de
febrero de 2011, 2003-00710-01 el 6 de octubre de 2011, 2005-04994-01 el
16 de febrero de 2012, 2007-01037-01 el 16 de febrero de 2012, 2008-00800-
01 el 12 de abril de 2012, 2008-00785-01 el 7 de febrero de 2013, 2011-
00141-01 el 10 de julio de 2014, 2010-00091-01 el 9 de octubre de 2014,
2015-03466-00 el 25 de abril de 2016, 2013-01841-01 el 16 de marzo de
2017, 2017-01564-01 el 8 de noviembre de 2017, 2017-02482-00 el 27 de
octubre de 2017, 2018-00766-00 el 17 de septiembre de 2020 y 2017-00890-
00 el 7 de abril de 2022; y las providencias emitidas por la Corte Suprema de
Justicia en los expedientes 31222 el 13 de diciembre de 2007, 32855 el 15
de julio de 2008, 32068 el 2 de julio de 2009, 37378 el 1.° de septiembre de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
2009, SL736-2013 el 16 de octubre de 2013 y SL15882-2017 el 20 de
septiembre de 2017.
Adicionalmente, manifestó que comparte los mismos supuestos fácticos y jurídicos
con los señores Teresa de Jesús Velásquez Peláez, Ruth Petrona Copete de
Hinestroza, Inés Mariela Gamboa de Gil, José Enecídemo Mosquera Mosquera y
Ana Rosa Palacios Barco, quienes acudieron al Consejo de Estado y obtuvieron la
reliquidación de su pensión (gracia y jubilación), con la indexación de la primera
mesada pensional, por lo que debió realizarse un test de igualdad frente a aquellas.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo del
Chocó proferir, en el término de cinco días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, una sentencia de reemplazo en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 2018-00281-01, en la que
declare la nulidad parcial de la Resolución 29401 del 19 de junio de 2007 y, en
consecuencia, a modo de restablecimiento del derecho, se reliquide y pague su
prestación pensional con la indexación de la primera mesada pensional.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
UGPP
El subdirector de Defensa Judicial Pensional, Javier Andrés Sosa Pérez, aseguró
que la acción de tutela es improcedente, pues lo pretendido por la parte accionante
es que se revoque una decisión que ya fue revisada por el juez natural de la causa,
quien, con base en la normativa y el precedente jurisprudencial, determinó que no
había lugar a realizar la indexación de la primera mesada pensional.
Sostuvo que (i) el juez de la causa ya se pronunció sobre el litigio y realizó un estudio
profundo y adecuado del caso, por lo cual la decisión en firme hace tránsito a cosa
juzgada; (ii) la acción de tutela no puede ser utilizada con un fin económico en busca
de decisiones rápidas que olvidan a los jueces naturales de la causa, máxime
cuando en el proceso se ha garantizado el principio de la doble instancia y la
procedencia de la acción de revisión; (iii) la accionante no logra demostrar cómo la
autonomía del juez vulnera sus derechos fundamentales y (iv) tampoco existe una
argumentación demostrativa sobre los requisitos generales y específicos para que
opere la procedibilidad del amparo constitucional.
Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia o, en su
defecto, negar el amparo requerido, por no haberse vulnerado ningún derecho
fundamental y, en ese sentido, peticionó ordenar el archivo del presente expediente
constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
El Tribunal Administrativo del Chocó no rindió el informe solicitado, a pesar de
que fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el cual regula que:
«[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009
de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el
juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no
tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la
decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error
judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos
constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o
exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e)
error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f)
decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación
directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Problema jurídico
En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad; por tanto,
la parte motiva se ocupará de las causales específicas, que, para el asunto bajo
examen, se centran en el análisis del defecto fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.
Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las
siguientes preguntas:
1. ¿El Tribunal Administrativo del Chocó valoró las pruebas, de conformidad
con las reglas de la sana crítica?
2. ¿La autoridad judicial accionada desconoció los pronunciamientos citados
por la parte accionada o se encontraba obligada a aplicarlos?
Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
defecto fáctico, (II) estudio de la valoración probatoria efectuada por la corporación
accionada, (III) desconocimiento del precedente judicial y (IV) análisis de las
providencias citadas como desconocidas. Veamos:
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
• Primer problema jurídico
¿El Tribunal Administrativo del Chocó valoró las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica?
I. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Dicho defecto debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto y, adicionalmente, debe tener una incidencia
directa en aquella.
La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede
presentarse defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez
niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su
valoración y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente; esta dimensión, comprende las omisiones
en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez, y 2) Una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución Política.
A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo
dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En
primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez
natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material
probatorio. Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que,
en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra
mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción
constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad
evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
II. Estudio de la valoración probatoria efectuada por la corporación accionada
El señor Jackson Ariel Perea Leudo solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y seguridad social, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó, al expedir la sentencia del 11
de marzo de 2022, comoquiera que incurrió en defecto fáctico, al no valorar las
resoluciones 15932 del 24 de junio de 2002, mediante la cual le fue reconocida la
pensión gracia, efectiva a partir del 29 de diciembre de 2001, y 29401 del 19 de
junio de 2007, por medio de la cual fue reliquidada su pensión, sin la indexación de
la primera mesada, puesto que transcurrieron entre esas fechas más de seis años.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
Pues bien, con el fin de resolver la anterior inconformidad y la relativa al
desconocimiento del precedente judicial, esta Subsección estima necesario analizar
los argumentos en que se apoyó el Tribunal Administrativo del Chocó, para
confirmar la sentencia proferida el 13 de febrero de 2020 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, mediante la cual negó el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional. Así, se observa
que la corporación judicial referida, en la providencia del 11 de marzo de 2022,
expuso lo siguiente:
«[…] Descendiendo al caso en concreto, se tiene que a la demandante (sic)
mediante resolución Nro. 29401 del 19 de junio de 2007 (sic), le fue reconocida
pensión gracia al actor, con efectos fiscales a partir del 29 de diciembre de 2001,
esto es, desde el mismo día siguiente de la adquisición del estatus.
No hay lugar a la indexación, puesto que si bien, la pensión fue reconocida varios
meses después de la adquisición, la misma se hizo con efectos fiscales desde dicha
fecha; en ese orden de ideas, no dio lugar a la referida depreciación por el inicio de
la efectividad de la misma, además en el mismo acto de reconocimiento se realizó
la actualización de la moneda.
Precisa entonces la Sala, que de conformidad con el inciso 4° del artículo 187 de la
Ley 1487 de 2011 (sic), las sumas que resultaron no deben ser indexadas, por
cuanto el tiempo que transcurrió entre la consolidación del derecho a la pensión y la
reliquidación de la misma, no indica que hubo pérdida del valor monetario de la
pensión.
Desentrañados los puntos sobre los cuales se circunscribió el problema jurídico del
presente asunto, la Sala del Tribunal Administrativo del Chocó, decide confirmar la
decisión de primera instancia por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]».
De lo expuesto en precedencia, se tiene que el Tribunal Administrativo del Chocó,
con base en las resoluciones, mediante las cuales se reconoció la pensión gracia y
se reliquidó dicha prestación al accionante, determinó que en el caso no había lugar
al reconocimiento de la indexación, comoquiera que si bien es cierto que la pensión
le fue reconocida al peticionario varios meses después del día en que adquirió su
estatus pensional, es decir, el 29 de diciembre de 2001, también lo es que ese
reconocimiento se hizo con efectos fiscales desde esta última fecha, por lo que no
hubo una depreciación del valor monetario de la pensión y, adicionalmente, tampoco
consideró que hubiese existido una pérdida del valor adquisitivo de la moneda por
el tiempo que transcurrió entre la consolidación del derecho a la pensión y la
reliquidación de la misma, puesto que la entidad de previsión realizó esta última, por
los nuevos factores salariales, con efectos a partir del momento en que consolidó el
derecho.
Así las cosas, se colige que la autoridad judicial accionada, contrario a lo
manifestado por el accionante, sí valoró las resoluciones 15932 del 24 de junio de
2002 y 29401 del 19 de junio de 2007, pues fueron precisamente estos actos los
que dieron lugar a la controversia y con base en los cuales pudo concluir que tanto
la pensión como la reliquidación de esta se realizó con efectos fiscales a partir de la
fecha en que adquirió su estatus pensional, por lo que no había lugar a la indexación
solicitada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
En esos términos, la Subsección concluye que el Tribunal precitado no incurrió en
defecto fáctico, al proferir la providencia objeto de estudio, por cuanto analizó las
pruebas que el peticionario echa de menos, conforme a los criterios de la sana
crítica, sin que se advierta una valoración caprichosa, arbitraria o irracional de estas,
de manera que se negará el amparo solicitado frente a esta causal.
-Segundo problema jurídico
¿La autoridad judicial accionada desconoció los pronunciamientos citados por la
parte accionada o se encontraba obligada a aplicarlos?
III. Desconocimiento de precedente judicial
La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela 8, pues
si bien es cierto los jueces gozan de autonomía para adoptar la decisión a que haya
lugar, también lo es que la misma tiene unos límites como es el respeto por el
precedente judicial. Debe precisarse que ese respeto no puede ser entendido de
manera absoluta, ya que se trata de armonizar y salvaguardar los principios
constitucionales. De allí que se ha admitido la separación de este siempre que se
expongan las razones por las cuales se aparta.
En sentencia T-446/13, la Corte Constitucional sostuvo que para el efecto deben
cumplirse dos requisitos: (I) hacer una referencia expresa del precedente aplicado
a casos similares y (II) exponer las razones suficientes por las que considera que el
mismo no resulta ajustado al asunto estudiado. En ese orden de ideas, cuando un
juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal
actuación implica una vulneración al derecho a la igualdad.
Por último, debe precisarse que el desconocimiento del precedente judicial puede
ser vertical, esto es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en un
nivel jerárquico inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción
o puede ser horizontal, el cual hace referencia a aquel que deben seguir los jueces
de la misma jerarquía.
IV. Análisis de las providencias citadas como desconocidas
El señor Jackson Ariel Perea Leudo afirmó que el Tribunal Administrativo del Chocó
desconoció los precedentes jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional el
Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, en lo que tiene que ver con la
indexación del ingreso base de liquidación de dicha prestación. Así, en primer lugar,
citó las sentencias C-387 de 1994, C-862 de 2006, C-891A de 2006, SU-120 de
2003, SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013, SU-415 de 2015, SU-452 de 2016. SU-
637 de 2016, SU-168 de 2017, T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-805 de 2004, T-
815 de 2004, T-1244 de 2004, T-098 de 2005, T-469 de 2005, T-045 de 2007, T-
224 de 2007, T-425 de 2007, T-696 de 2007, T-1059 de 2007, T-014 de 2008, T-
046 de 2008, T-611 de 2008, T-447 de 2009, T-457 de 2009, T-906 de 2009, T-488
de 2010, T-362 de 2010, T-621 de 2010, T-901 de 2010, T-013 de 2011, T-020 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
2011, T-835 de 2011, T-320 de 2012, T-1086 de 2012, T-374 de 2012, T-007 de
2013, T-051 de 2013, T-092 de 2013, T-103 de 2013, T-255 de 2013, T-445 de
2013, T-456 de 2013, T-953 de 2013, T-027 de 2014, T-182 de 2014, T-206 de 2014
y T-220 de 2014, todas proferidas por la Corte Constitucional.
En cuanto a los anteriores pronunciamientos, lo primero que debe precisarse es que
la autoridad judicial accionada no desconoció la postura de la Corte Constitucional,
frente al derecho que se tiene al reconocimiento de la indexación de la primera
mesada pensional, referenciado en algunas de las sentencias precitadas, tanto así
que, previo al análisis del caso en concreto, trajo a colación la sentencia T-570 de
2009, mediante la cual el máximo tribunal constitucional señaló que «el derecho a
mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales “no se limita a la
actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la
entidad competente, sino que también incluye la actualización del salario base para
la liquidación de la primera mesada”». Distinto es que al estudiar el asunto en
concreto determinó que no había lugar a dicha indexación, en atención a las
particularidades que presentaba el caso, tal y como se expuso en los anteriores
acápites. En segundo lugar, debe aclararse que en la sentencia C-387 de 1994,
señalada por el accionante, la Corte Constitucional no analizó el tema de la
indexación de la primera mesada pensional, sino que su estudio se centró en la
constitucionalidad de un aparte del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
De otra parte, se advierte que el accionante invocó como desconocidas las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado en los procesos 2002-02063-01 el
24 de enero de 2008, 2005-04715-01 el 2 de octubre de 2008, 2001-03280-01 el 26
de febrero de 2009, 2005-08217-01 el 23 de julio de 2009, 2004-05527-02 el 6 de
mayo de 2010, 2003-05054-02 el 22 de septiembre de 2010, 2002-01294-01 el 25
de noviembre de 2010, 2007-01044-01 el 3 de febrero de 2011, 2003-00710-01 el
6 de octubre de 2011, 2005-04994-01 el 16 de febrero de 2012, 2007-01037-01 el
16 de febrero de 2012, 2008-00800-01 el 12 de abril de 2012, 2008-00785-01 el 7
de febrero de 2013, 2011-00141-01 el 10 de julio de 2014, 2010-00091-01 el 9 de
octubre de 2014, 2015-03466-00 el 25 de abril de 2016, 2013-01841-01 el 16 de
marzo de 2017, 2017-01564-01 el 8 de noviembre de 2017, 2017-02482-00 el 27 de
octubre de 2017, 2018-00766-00 el 17 de septiembre de 2020 y 2017-00890-00 el
7 de abril de 2022, y por la Corte Suprema de Justicia en los expedientes 31222 el
13 de diciembre de 2007, 32855 el 15 de julio de 2008, 32068 el 2 de julio de 2009,
37378 el 1.° de septiembre de 2009, SL736-2013 el 16 de octubre de 2013 y
SL15882-2017 el 20 de septiembre de 2017.
No obstante, se repara en que los anteriores proveídos no constituyen precedente
judicial en los términos de la Ley 1437 de 20115, por lo que mal podría el juez
constitucional ordenarle a la autoridad accionada aplicar la postura allí asumida,
máxime si se tiene en cuenta que algunos casos no guardan similitud fáctica con el
aquí analizado, como se observará más adelante. Adicionalmente, se aclara que las
5 1. Sentencias de unificación, 2. Mecanismo de extensión de jurisprudencia, 3. Mecanismo de revisión eventual
o 4. Avocación oficiosa de procesos que cursan en las secciones del Consejo de Estado o en los Tribunales.
Ver ensayo del consejero de Estado, de la Sección Cuarta, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez “El
precedente judicial”. Publicación del Consejo de Estado “Justicia contenciosa administrativa: avances, retos y
metas”, pág. 90. Bogotá, 2015.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
providencias emitidas el 25 de abril de 2016, el 27 de octubre de 2017 y el 8 de
noviembre de 2017 en los procesos con número de radicado 2015-03466-00, 2017-
02482-00 y 2017-01564-01, respectivamente, fueron proferidas en sede de tutela,
por lo cual sus efectos, al ser inter partes, no van más allá del caso objeto de
controversia en lo allí examinado. Finalmente, se avizora que la sentencia dictada
el 7 de abril de 2022 en el proceso 2017-00890-00 fue dictada con posterioridad a
la sentencia hoy cuestionada.
Ahora bien, se advierte que el peticionario discute que debe realizarse un test de
igualdad frente a los casos de los señores Teresa de Jesús Velásquez Peláez, Ruth
Petrona Copete de Hinestroza, Inés Mariela Gamboa de Gil, José Enecídemo
Mosquera Mosquera y Ana Rosa Palacios Barco, ya que comparten los mismos
supuestos fácticos y jurídicos y en esos asuntos el Consejo de Estado ordenó la
reliquidación de sus pensiones con la indexación de la primera mesada pensional.
Sobre el particular, se aclara que la Corte Constitucional6 ha desarrollado el test de
igualdad, el cual consta de tres etapas de análisis: determinar si existen criterios de
comparación, si existe un trato desigual entre iguales y, si es así, debe determinarse
si está justificado. Para comprobar si es un trato justificado, debe establecerse cuál
es el fin buscado con la medida, el medio empleado y la relación entre este y el fin.
En ese sentido, se aprecia que en el caso bajo estudio no se cumple con el primer
requisito exigido por la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional en el test
de igualdad, esto es, que exista un trato desigual entre iguales, pues al analizar
cada uno de los asuntos, se advierte que en ninguno de ellos la entidad de previsión
actualizó el valor desde que se consolidó el derecho a la pensión, como el Tribunal
accionado coligió aconteció en el sub lite.
En consecuencia, al no encontrarse estructurada ninguna de las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela, la Subsección negará el amparo
solicitado por el señor Jackson Ariel Perea Leudo, a través de la acción de tutela
instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Chocó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Jackson Ariel Perea Leudo, a
través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del
Chocó, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere
6 Ver entre otras sentencias: C-015/14, C-104/16 y C-520/16.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 5 02 2- 0 0
Ac c i o na nt e : J ac k s on Ar i el Pe re a L eu d o
impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
ARF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.