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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05022-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05022-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de octubre de 2022 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción presentada por el señor Jackson Ariel Perea Leudo, por los motivos expuestos. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05022-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

2 de febrero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05022-01
Demandante: Jackson Ariel Perea Leudo
Demando: Tribunal Administrativo del Chocó

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05022-01
Demandante: JACKSON ARIEL PEREA LEUDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Temas: Tutela contra providencia judicial – indexación de la primera
mesada pensional – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la impugnación interpuesta por el señor
Jackson Ariel Perea Leudo contra la sentencia del 11 de marzo de 2022 proferida por
el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, que negó las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 20 de septiembre de 2022, el señor Jackson Ariel Perea
Leudo, actuando a través de apoderada judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Chocó, con el fin de que fueran amparados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y seguridad social.

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales
con ocasión de la sentencia del 11 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante la cual se confirmó la providencia del 13 de
febrero de 2020 del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Quibdó, que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N.° 27001-33-33-
002-2018-00281-01, instaurado contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGGP-.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05022-01
Demandante: Jackson Ariel Perea Leudo
Demando: Tribunal Administrativo del Chocó

3. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y reclamó
lo siguiente:

“(…) DISPONER que, en el término de 5 días contados a partir de la notificación
de la sentencia a dictar, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó
profiera la sentencia de reemplazo, accediendo a declarar nula parcialmente la
Resolución N. 29401 del 19 de junio de 2007, mediante la cual se reliquidó la
pensión gracia sin la indexación de la primera mesada pensional…”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Jackson Ariel Perea Leudo instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución
N.º 29401 del 19 de junio de 2007, por medio de la cual fue reliquidada su pensión
gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el período
comprendido entre el 29 de diciembre de 2000 y el 29 de diciembre de 2001, “pero sin
la indexación de la primera mesada pensional”. A título de restablecimiento del derecho
requirió la reliquidación de dicha prestación con la indexación de la primera mesada
pensional a partir del 29 de diciembre de 2001, fecha en la que adquirió su status
pensional hasta el 19 de junio de 2007.

5. El proceso fue fallado en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Quibdó, que en providencia del 13 de febrero de 2020
declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia del
derecho y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Explicó que no
había lugar al reconocimiento de la indexación cuando entre el retiro del trabajador y
el momento a partir del cual se reconoce y liquida la pensión, no ha transcurrido un
lapso superior a 1 año.

6. Concluyó que, en ese orden de ideas, al demandante se le reconoció la pensión el
mismo día de la adquisición del estatus pensional, “es decir, no paso ni siquiera un día
entre la adquisición del estatus y el disfrute del derecho pensional, por lo cual el ingreso base
de liquidación de la pensión no sufrió ninguna depreciación que amerite la indexación del
mismo.”

7. Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló. El recurso de alzada fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó por medio de sentencia del 11 de
marzo de 20221, en la que confirmó la decisión por los siguientes motivos:

1
Notificada el 25 de marzo de 2022 mediante correo electrónico.

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Demandante: Jackson Ariel Perea Leudo
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-Adujo que no había lugar a la indexación puesto que si bien la pensión fue
reconocida varios meses después de la adquisición del estatus pensional, la misma
se hizo con efectos fiscales desde dicha fecha. En “ese orden de ideas, no dio lugar a la
referida depreciación por el inicio de la efectividad de la misma…”

-Concluyó que de conformidad con el inciso 4 del artículo 187 de la Ley 1487 de
2011 las sumas que resultaron no deben ser indexadas, por cuanto el tiempo que
transcurrió entre la consolidación de derecho a la pensión y la reliquidación de esta,
“no indica que hubo pérdida del valor monetario de la pensión.”

1.3. Fundamentos de la vulneración

8. El accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Chocó, al expedir la
providencia del 11 de marzo de 2022 vulneró sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y a la seguridad social, puesto que incurrió en los siguientes
defectos:

9. Defecto fáctico, en su dimensión negativa, al no valorar la Resolución N.º 15932
del 24 de junio de 2002, mediante la cual le fue reconocida la pensión gracia, efectiva
a partir del 29 de diciembre de 2001 (fecha en que adquirió el estatus jurídico), ni la
Resolución N.º 29401 del 19 de junio de 2007, por medio de la que fue reliquidada
dicha prestación sin la indexación de la primera mesada, habiendo transcurrido entre
estas fechas seis años, cinco meses y veinte días.

10. Defecto por desconocimiento del precedente, por no tener en cuenta la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte
Suprema de Justicia, en lo que tiene que ver con la indexación del ingreso base de
liquidación de dicha prestación, para determinar la primera mesada. Concretamente,
las sentencias C-387 de 1994, C-862 de 2006, C-891A de 2006, SU-120 de 2003,
SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013, SU-415 de 2015, SU-452 de 2016. SU-637 de
2016, SU-168 de 2017, T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-805 de 2004, T-815 de
2004, T-1244 de 2004, T-098 de 2005, T-469 de 2005, T045 de 2007, T-224 de
2007, T-425 de 2007, T-696 de 2007, T-1059 de 2007, T-014 de 2008, T-046 de
2008, T-611 de 2008, T-447 de 2009, T-457 de 2009, T-906 de 2009, T-488 de 2010,
T-362 de 2010, T-621 de 2010, T-901 de 2010, T-013 de 2011, T-020 de 2011, T-835
de 2011, T-320 de 2012, T1086 de 2012, T-374 de 2012, T-007 de 2013, T-051 de
2013, T-092 de 2013, T-103 de 2013, T-255 de 2013, T-445 de 2013, T-456 de 2013,
T-953 de 2013, T-027 de 2014, T-182 de 2014, T-206 de 2014 y T-220 de 2014.

11. Las decisiones proferidas por el Consejo de Estado en los procesos 2002-02063-
01 el 24 de enero de 2008, 2005-04715-01 el 2 de octubre de 2008, 2001- 03280-01
el 26 de febrero de 2009, 2005-08217-01 el 23 de julio de 2009, 2004-05527-02 el 6
de mayo de 2010, 2003-05054-02 el 22 de septiembre de 2010, 2002-01294-01 el 25

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de noviembre de 2010, 2007-01044-01 el 3 de febrero de 2011, 2003-00710-01 el 6
de octubre de 2011, 2005-04994-01 el 16 de febrero de 2012, 2007-01037-01 el 16
de febrero de 2012, 2008-00800-01 el 12 de abril de 2012, 2008-00785-01 el 7 de
febrero de 2013, 2011- 00141-01 el 10 de julio de 2014, 2010-00091-01 el 9 de
octubre de 2014, 2015-03466-00 el 25 de abril de 2016, 2013-01841-01 el 16 de
marzo de 2017, 2017-01564-01 el 8 de noviembre de 2017, 2017-02482-00 el 27 de
octubre de 2017, 2018-00766-00 el 17 de septiembre de 2020 y 2017-00890- 00 el 7
de abril de 2022.

12. Finalmente, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia proferidas en los
expedientes 31222 el 13 de diciembre de 2007, 32855 el 15 de julio de 2008, 32068
el 2 de julio de 2009, 37378 el 1° de septiembre de 2009, SL736-2013 el 16 de
octubre de 2013 y SL15882-2017 el 20 de septiembre de 2017.

13. Violación al principio de igualdad: Adicionalmente, manifestó que comparte los
mismos supuestos fácticos y jurídicos con los señores Teresa de Jesús Velásquez
Peláez, Ruth Petrona Copete de Hinestroza, Inés Mariela Gamboa de Gil, José
Enecídemo Mosquera Mosquera y Ana Rosa Palacios Barco, quienes acudieron al
Consejo de Estado y obtuvieron la reliquidación de su pensión (gracia y jubilación),
con la indexación de la primera mesada pensional, por lo que debió realizarse un test
de igualdad frente a aquellas.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

14. Mediante auto del 23 de septiembre de 2022, el magistrado ponente decidió entre
otras cosas, admitir la demanda y notificar a la parte actora y al Tribunal
Administrativo del Chocó como autoridad judicial accionada. Así mismo, vinculó
como terceros con interés a la UGPP en calidad de demandado dentro del asunto
ordinario.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. UGPP

15. Aseguró que la acción de tutela se tornaba improcedente, pues lo pretendido por
la parte accionante era revocar una decisión que ya fue revisada por el juez natural
quien, con base en la normativa y el precedente jurisprudencial, determinó que no
había lugar a realizar la indexación de la primera mesada pensional. Sostuvo que (i)
el juez de la causa ya se pronunció sobre el litigio y realizó un estudio profundo y

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adecuado del caso, por lo cual la decisión en firme hace tránsito a cosa juzgada; (ii)
el mecanismo constitucional no puede ser utilizado con un fin económico en busca
de decisiones rápidas que olvidan a los jueces naturales de la causa, máxime
cuando en el proceso se ha garantizado el principio de la doble instancia y la
procedencia de la acción de revisión; (iii) el accionante no logró demostrar cómo la
autonomía del juez vulnera sus derechos fundamentales y (iv) tampoco existe una
argumentación demostrativa sobre los requisitos generales y específicos para que
opere la procedibilidad del amparo constitucional.

16. Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia o, en
su defecto, negar el amparo requerido, por no haberse vulnerado ningún derecho
fundamental y, en ese sentido, requirió ordenar el archivo del presente expediente
constitucional.

1.5.2. El Tribunal Administrativo del Chocó, pese a ser debidamente notificado, no
rindió informe alguno.

1.6. Sentencia de primera instancia

17. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A con fallo del 13 de
octubre de 20222 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se
configuró el defecto fáctico ni el desconocimiento del precedente alegados, por
cuanto se analizaron las pruebas que el actor echaba de menos, conforme a los
criterios de la sana crítica, “sin que se advirtiera una valoración caprichosa, arbitraria o
irracional de estas” e igualmente los casos traídos a colación no compartían identidad
fáctica ni jurídica al suyo.

18. En cuanto al cargo de violación al principio de igualdad concluyó que no se
cumplía con el primer requisito exigido por la jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional en el test de igualdad, esto es, que exista un trato desigual entre
iguales, pues al analizar cada uno de los asuntos, se advertía que en ninguno de
ellos la entidad de previsión actualizó el valor desde que se consolidó el derecho a la
pensión, como el tribunal accionado coligió aconteció en el sub lite.

1.7. Impugnación

19. Mediante escrito del 27 de octubre de 2022 la parte actora impugnó el fallo de
primera instancia y manifestó estar en desacuerdo con la decisión del a quo,
insistiendo solamente en la configuración del defecto fáctico en los terminos
expuestos en el escrito inicial.

2
Notificado el 26 de octubre de 2022.

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20. Reiteró que se le reconoció su pensión gracia mediante la Resolución N.º 15932
del 24 de junio del 2002, en cuantía de $1.444.996, efectiva a partir del 29 de
diciembre del 2001, excluyendo algunos factores salariales. Que posteriormente,
mediante la Resolución N.º 29401 de 19 de junio del 2007, se le reliquidó la
prestación, en cuantía de $1.777.886, con efectos fiscales desde el 29 de diciembre
del 2001.

21. Concluyó que se deben amparar sus derechos fundamentales toda vez que,
desde la fecha de adquisición de su estatus pensional, esto es, 29 de diciembre del
2001, hasta el 19 de junio del 2007, cuando se dictó la resolución de reliquidación de
la pensión, “transcurrieron cinco (05) años, cinco (05) meses y veinte (20) días, cuyo
período corresponde a la pérdida del poder adquisitivo de la prestación pensional de mi
mandante.”

1.8. Auto que ordena notificar

22. Mediante providencia del 12 de diciembre de 2022, la magistrada ponente de
segunda instancia ordenó la notificación de la presente acción al Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, en calidad de tercero con interés,
al haber fungido como a quo del proceso ordinario.

23. Así, el referido despacho judicial allegó informe en el cual solicitó declarar la
improcedencia de la acción, habida cuenta que lo que pretendía el actor era reabrir
un debate legal que ya fue decidido en dos ocasiones por los jueces naturales.

24. Adujo que, la acción de tutela no fue instituida como tercera instancia o
herramienta para modificar decisiones judiciales que hayan hecho tránsito a cosa
juzgada. De “esta manera, se pretende, no solo el respeto por las decisiones judiciales
proferidas en desarrollo de procesos agotados en su totalidad, sino que se busca mantener
en firme el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica que generan los fallos judiciales.”

25. Concluyó que tal y como se expuso en el proceso ordinario, no había lugar al
reconocimiento de la indexación, comoquiera que si bien era cierto que la pensión le
fue reconocida varios meses después del día en que adquirió su estatus pensional,
es decir, el 29 de diciembre de 2001, también lo era que ese reconocimiento se hizo
con efectos fiscales desde esta última fecha, por lo que no hubo una depreciación del
valor monetario de la pensión.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

25. El Consejo de Estado es competente para conocer la impugnación interpuesta
por el señor Jackson Ariel Perea Leudo contra la sentencia del 13 de octubre de
2022 del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, que negó el

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amparo solicitado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991,
1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial?

27. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos al mínimo vital, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad social con
ocasión del fallo del 11 de marzo de 2022, que confirmó la decisión del a quo, que
negó las pretensiones de la demanda tendientes a obtener la indexación de la
primera mesada pensional?

28. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
de los defectos alegados y; (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su procedencia.5

30. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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31. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

32. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional6
33. Sea lo primero poner de presente que, en la aplicación de las políticas de
transparencia se acogerán y reiterarán algunas consideraciones expuestas en la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por esta Sala de Decisión,
mediante la cual se resolvió un caso con similares supuestos fácticos y jurídicos al
acá planteado, en la cual se declaró la improcedencia de la acción por no superar el
requisito de la relevancia constitucional ya que el actor no proponía ningún debate
jurídico entorno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era
someter nuevamente a debate lo que analizó el juez natural de la causa.

2.4.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

34. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del
Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI
S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

35. La acción constitucional inicialmente formulada reprochó las sentencias dictadas
dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado
contra las liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se
incluyó como ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción

6
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

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prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones
sobre el impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

36. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección
Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar
satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros
cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera
confirmó integralmente la decisión del a quo.

37. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta se limitó a
examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una decisión
de la misma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección Primera, estudió
los 6 requisitos fijados en basta jurisprudencia por la Corte Constitucional. Pese a
que los encontró satisfechos todos, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los
cargos, sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados”.

38. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de
revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

39. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial “el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis
de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por
un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que
también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

40. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no
son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución”.

41. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

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(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal7 (Énfasis de la Sala).

42. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 8; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”9

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”10 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”11
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto 12, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal13. (Resaltado de la Sala)

7
Sentencia SU-573 de 2019.
8
Sentencia SU-103 de 2022.
9
Sentencia SU-103 de 2022.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-128 de 2021.
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Ibid.

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43. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.

2.4.3. Caso concreto

44. Sea lo primero poner de presente que, por tratarse de una acción de tutela dirigida
contra providencia judicial, la Sala limitará el estudio en sede de impugnación, a los
argumentos expuestos por el tutelante, quien reiteró únicamente la configuración del
defecto fáctico. Esto, en aras de salvaguardar la garantía de defensa y contradicción
que le asiste a la parte accionada.

45. Así, el actor adujo que se lesionaron sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al mínimo vital, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y a la seguridad social toda vez que el Tribunal Administrativo del
Chocó no tuvo en cuenta la Resolución N.º 15932 del 24 de junio de 2002, mediante
la cual le fue reconocida la pensión gracia, efectiva a partir del 29 de diciembre de
2001, ni la Resolución N.º 29401 del 19 de junio de 2007, por medio de la que fue
reliquidada su pensión, sin la indexación de la primera mesada, habiendo
transcurrido entre estas fechas seis años, cinco meses y veinte días.

46. Ahora, es pertinente establecer si los argumentos expuestos apuntan o no a
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia y si trasciende de
una “mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”14.

47. En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora se limitó a
exponer que la autoridad judicial accionada de haber tenido en cuenta dichas
resoluciones, hubiera llegado a la inequivoca conclusión que desde la fecha de
adquisición de su estatus pensional, esto es, 29 de diciembre del 2001, hasta el 19
de junio del 2007, cuando se dictó la resolución de reliquidación de la pensión,
“transcurrieron cinco (05) años, cinco (05) meses y veinte (20) días, cuyo período
corresponde a la pérdida del poder adquisitivo de la prestación pensional de mi mandante.”

48. Por las razones que a continuación se exponen, para esta Sala de Decisión, la
parte actora presentó argumentos tendientes a reabrir el debate probatorio del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

14
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022.

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49. En primer lugar, en la controversia propuesta en el escrito de impugnación no se
exponen razones tendientes a demostrar una vulneración de derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial con ocasión de la providencia
proferida en segunda instancia. En efecto, las inconformidades presentadas por el
señor Perea Leudo están dirigidas a demostrar que el tribunal accionado dejó de
valorar las resoluciones N.º 15932 del 24 de junio de 2002 y N.º 29401 del 19 de
junio de 2007 y que el tiempo que transcurrió desde la fecha de adquisición de su
estatus hasta que se dictó el acto administrativo que reliquidó su prestación lo hacían
merecedor de la indexación de la primera mesada pensional, en cuanto el valor se
depreció.

50. No obstante, se tiene que dicho aspecto fue zanjado por la autoridad judicial
accionada quien en primera medida explicó que la indexación de la primera mesada
se produce cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año determinado, el
pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder al derecho
después que ha transcurrido uno o más años después del retiro, de modo que, con
ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido
detrimento. Adujo que “dicha dificultad no se presenta en lo que se refiere a la primera
mesada pensional, en los casos en que coincide el momento en que se adquiere el
derecho y el periodo que se tiene en cuenta para determinar los factores devengados a
efectos de liquidar la pensión”.

51. Puso de presente que la Corte Constitucional ha desarrollado el criterio respecto
de la indexación mediante providencias como la SU-120 de 2003, C-862 de 200615
C-891A de 200616, así como en las sentencias de unificación SU-415 de 2015 y SU-
1073 de 201217, esta última que reconoció la indexación de la primera mesada
pensional como una prerrogativa universal y predicable de todas las categorías de
pensionados, incluso de aquellos que adquirieron tal calidad con anterioridad a la
Constitución de 1991.

52. Igualmente, explicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado también ha
precisado que la indexación de la primera mesada es procedente cuando el
trabajador se retira efectivamente del servicio y alcanza el estatus de pensionado
después de transcurrir “uno o más años”, luego de lo cual se entenderá que el salario
base para liquidar la pensión, sufrió depreciación18.

53. Posteriormente, del estudio de dicha resoluciones, mediante las cuales se
reconoció la pensión gracia y se reliquidó la misma, el tribunal accionado concluyó

15
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
16
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
17
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia de 7.03.2013. M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero. Rad. 2008-01205-01.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 23.05.2019. M.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez. Rad. 2017-01559-01.

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que en el caso concreto no se daban los supuestos que exige la figura de la
indexación de la primera mesada.comoquiera que si bien era cierto que la pensión le
fue reconocida al peticionario varios meses después del día en que adquirió su
estatus pensional, es decir, el 29 de diciembre de 2001, también lo era que ese
reconocimiento se hizo con efectos fiscales desde esta última fecha, por lo que no
hubo una depreciación del valor monetario de la pensión “en tanto como viene de
explicarse el derecho pensional le fue reconocido a partir de la fecha en que adquirió el
status pensional, y por ello se liquidó la mesada pensional teniendo en cuenta los factores
salariales del último año anterior a la adquisición del status pensional.”

54. Explicó que, adicionalmente, tampoco se consideró que hubiese existido una
pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el tiempo que transcurrió entre la
consolidación del derecho a la pensión y la reliquidación de la misma, puesto que la
entidad de previsión realizó esta última por los nuevos factores salariales, con
efectos a partir del momento en que consolidó el derecho.

55. Para reforzar lo anterior, adujo que la importancia de actualizar las sumas de
dinero que deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión, a la fecha en que la
persona adquiere el estatus de pensionado, radica en que desde ese momento tiene
derecho a recibir su primera mesada, en un monto frente al cual se debieron aplicar
los dispositivos de corrección monetaria pertinentes, con el fin de garantizar que la
pensión que adelante recibirá tenga una verdadera relación con lo que se devengó
durante la relación laboral, particularmente con los factores salariales que se tuvieron
en cuenta para liquidar la pensión.

56. Igualmente, citó jurisprudencia de la Sección Segunda, Subsección "B" del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que han señalado que “en tratándose
de la indexación de la primera mesada pensional, el problema radica en aquellos casos en
los que existe diferencia entre el período que se tiene en cuenta para establecer los factores
devengados a efectos de liquidar la pensión y el momento en que se adquiere el estatus
pensional, y que dicha dificultad no se presenta en lo que se refiere a la primera
mesada pensional, en los casos en que coincide el momento en que se adquiere el
derecho y el periodo que se tiene en cuenta para determina los factores devengados a
efectos de liquidar la pensión”.

57. Por tanto, en este caso no se supera el requisito de la relevancia constitucional
ya que el debate propuesto frente al defecto fáctico obedece al mismo asunto
discutido en el proceso ordinario en relación con que, a juicio de la entidad actora, no
se valoraron las Resoluciones N.º 15932 del 24 de junio de 2002 y 29401 del 19 de
junio de 2007, sin embargo, como quedó demostrado fueron precisamente estos
actos los que dieron lugar a la controversia y con base en los cuales pudo concluir
que tanto la pensión como la reliquidación de esta se realizó con efectos fiscales a
partir de la fecha en que adquirió su estatus pensional, por lo que no había lugar a la
indexación solicitada, es decir, se advierte la simple inconformidad de la parte actora

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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con respecto a la decisión adoptada por el juez de segunda instancia, que confirmó
la negativa a las pretensiones de la demanda.

58. Más allá de este simple desacuerdo, el señor Perea Leudo no cumplió con la
carga argumentativa mínima que le asistía en vislumbrar una vulneración a sus
derechos fundamentales, pues únicamente arguyó que la autoridad judicial
demandada desconoció el material probatorio que aportó al proceso ordinario, sin
embargo, se advierte que la motivación expuesta en la tutela simplemente evidencia
que dichas pruebas reiteraban las tesis propuesta en la demanda ordinaria, pero no
permite entrever de qué forma su estudio podía refutar la postura adoptada por el
Tribunal Administrativo del Chocó que fundamentó la sentencia cuestionada. Por lo
tanto, la omisión alegada no comprende la valoración de una prueba determinante
para identificar la veracidad de los hechos estudiados por el operador judicial, los
cuales resulten indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.

59. Se concluye entonces que el simple alegato de una vulneración a la dignidad
humana, mínimo vital, debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y seguridad social, como en el caso en cuestión, no conlleva a que el
asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno
al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y
no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

2.5. Conclusión

60. Por lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la solicitud de tutela
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, pues se observa que el
accionante insiste en sede constitucional en una discusión meramente legal porque a
su juicio se no se valoraron una serie de resoluciones que daban cuenta que le
asistía el derecho a la indexacion de la primera mesada pensional, lo que ocasionó la
negativa a las pretensiones de su demanda, problema jurídico que, a la postre, fue
objeto de pronunciamiento por el tribunal accionado, aunado a que la línea
argumentativa en sede constitucional tampoco evidencia una anomalía evidente o
una tensión o contradicción con sus derechos fundamentales, máxime cuando, se
itera, el tribunal accionado dio aplicación a los precedentes sentados por Alta cortes
respecto al tema.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de octubre de 2022 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A que negó las pretensiones
de la demanda, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción
presentada por el señor Jackson Ariel Perea Leudo, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 .

15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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