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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05027-00

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05027-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05027-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de febrero de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05027-00
Demandante: ANA MARÍA TORRES RAMOS Y OTRO
Demandado: SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
QUE ESCINDIÓ DEMANDA Y NEGÓ ACUMULACIÓN DE
PRETENSIONES. SE DECLARA IMPROCEDENTE EL
AMPARO POR CARENCIA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: los demandantes consideraron que la autoridad judicial demandada vulneró
sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración
de justicia con ocasión del auto de 15 de marzo de 2022 en el que se escindió su demanda y
no se acumularon pretensiones de simple nulidad con pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho. La Sala encontró que los planteamientos que soportaron la
acción de tutela son una réplica de aquellos expuestos en el recurso de reposición contra el
auto cuestionado, por lo que se pretendió emplear el proceso de acción de tutela como una
instancia adicional, motivo por el cual se declara improcedente el amparo.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por Ana María
Torres Ramos y Carlos Emilio Díaz Anaya en contra de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado para la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Carta Política1.

I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda

1
El proyecto inicial presentado por el despacho del consejero Martín Bermúdez fue derrotado por la
posición mayoritaria en Sala del 20 de octubre de 2022 y el expediente ingresó al despacho del suscrito
magistrado ponente el 15 de noviembre de 2022 para fallo.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05027-00
Demandante: Ana María Torres Ramos y otro
Acción de tutela

Mediante escrito radicado el 20 de septiembre de 2022 los actores presentaron acción
de tutela en contra de la providencia proferida 15 de marzo de 2022 por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se
protegieran los derechos constitucionales fundamentales antes referidos.

Como fundamento fáctico de la acción los demandantes señalaron, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 14 de agosto de 2019 presentaron ante el Consejo de Estado una demanda en
la que acumularon las siguientes pretensiones: i) de un lado, la de nulidad simple
contra el memorando DEAJ15-232 de 13 de marzo de 2015 emitido por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial en el que se ordenó a los directores Seccionales
de Administración Judicial negar las solicitudes que tuvieran como pretensión el
reconocimiento de la prima especial para el cálculo de las prestaciones sociales y; ii)
de otro lado, las de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones
nos. 555 y 709 de 23 de febrero y 9 de marzo de 2016, respectivamente, que negaron
la petición de los accionantes para que se les tuviera en cuenta la prima especial como
factor salarial para el cálculo de sus prestaciones sociales, así como de los actos
presuntos o fictos que resolvieron negativamente los recursos de apelación
presentados contra estas resoluciones.

2) Mediante auto de 15 de marzo de 2022 la Sala de Conjueces conformada para
resolver el asunto2 resolvió escindir la demanda presentada por los accionantes. En
consecuencia, admitió la demanda de nulidad contra el memorando DEAJ15-232 del
13 de marzo de 2015 y ordenó remitir la demanda a los juzgados administrativos de
Cartagena para que resolviera lo concerniente a las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho incoadas contra los actos administrativos de carácter
particular.

3) Respecto de las pretensiones dirigidas a controvertir el memorando de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial se mencionó la necesidad de garantizar la doble
instancia para ventilar discusiones en las que está en juego el erario, el patrimonio
público, los impuestos de los contribuyentes y el interés general.

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Sala de Conjueces integrada por los magistrados Néstor Raúl Correa Henao (ponente), Gilberto
Rondón González y Juan Camilo Morales Trujillo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05027-00
Demandante: Ana María Torres Ramos y otro
Acción de tutela

4) Mientras que en relación con las pretensiones en contra de los actos administrativos
particulares se indicó que las reglas de competencia asignaron tales asuntos a los
jueces administrativos del país, por lo que su remisión permitiría hacer efectivos los
principios de celeridad y eficacia.

6) El 18 de abril de 2022 los actores interpusieron recurso de reposición en el que
manifestaron que por mandato del artículo 31 de la Constitución Política el
ordenamiento jurídico puede prever excepciones a la doble instancia, siendo una de
ellas el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011. Agregaron que no existieron reparos sobre
la procedencia de la acumulación de pretensiones y que la decisión cuestionada se
fundó en especulaciones sobre la conveniencia y en críticas al legislador.

7) Con auto de 7 de junio de 2022 la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado resolvió no reponer la decisión.

2. El fundamento de la vulneración

Los demandantes no invocaron la configuración de alguno de los defectos especiales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En la demanda de tutela, como lo hicieran en el recurso de reposición que presentaron
en contra del auto de 15 de marzo de 2022, reclamaron que el artículo 31 de la
Constitución Política permitió excepciones a la garantía de la doble instancia, entre
ellas la consagrada en el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 que dispuso que cuando
se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras será competente para
conocer de ellas el juez de la nulidad.

Por lo anterior el conocimiento de las pretensiones acumuladas corresponde en única
instancia al Consejo de Estado por ser la autoridad competente para tramitar las de
nulidad simple.

Finalmente, señalaron que para acceder a la acumulación de pretensiones el juez debe
verificar, únicamente, si se cumplieron los presupuestos procesales del artículo 165 de
la Ley 1437 de 2011.

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Demandante: Ana María Torres Ramos y otro
Acción de tutela

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, los demandantes solicitaron el amparo de las
siguientes súplicas:

“Solicito al H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, que, según las competencias que le atribuye el
Ordenamiento para conocer de la presente reclamación, ordene a la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corporación revocar el Auto del 15 de Marzo de 2022
recaído en el presente asunto y en su lugar acepte la demanda en los
términos en que fue interpuesta porque de esa manera se ampara y respeta
el debido proceso, el Estado Social de Derecho en cuanto se cumple con el
Artículo 6º de la Constitución Política de Colombia, se acate lo dispuesto por
el Artículo 165 del Código Contencioso Administrativo y se dé el acceso a la
Justicia en cuanto derecho fundamental que es según el artículo 229. Es
decir, se protege esos derechos fundamentales que resultaron quebrantados
por el citado Auto de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 22 de septiembre de 2022 se admitió el proceso de acción de tutela
y se ordenó la notificación a la Sección Segunda del Consejo de Estado, como
autoridad demandada, con el fin de que allegara un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.

Adicionalmente se dispuso la vinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial por asistirle interés en el resultado del proceso.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El magistrado ponente de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado solicitó que se declare la improcedencia del proceso de acción de tutela
porque no se cumplió con el requisito de inmediatez, se empleó este mecanismo de
amparo como una instancia adicional a las surtidas en el curso del proceso ordinario y
no se demostró el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05027-00
Demandante: Ana María Torres Ramos y otro
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de
que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y
acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión del auto
proferido el 15 de marzo de 2022.

En los términos en los que fue propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que procederá a exponer:

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05027-00
Demandante: Ana María Torres Ramos y otro
Acción de tutela

1) En este caso, para la Sala es claro que los fundamentos que soportaron la
interposición de la acción de tutela se dirigieron a reiterar los argumentos expuestos
por los actores en el recurso de reposición contra el auto cuestionado, en el que la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó escindir su
demanda.

2) En efecto, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, en ese recurso
los actores reclamaron, en los mismos términos que plantearon en este proceso de
acción de tutela, que el artículo 165 de la Ley 1437 de 20113 es una de las excepciones
a la garantía de la doble instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de
la Constitución Política, y que su demanda cumplió los requisitos para que opere la
acumulación de pretensiones.

3) Por su parte, en el auto de 7 de junio de 2022 que resolvió el recurso de reposición
(que no fue objeto de la demanda de tutela), la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado señaló que, si bien es cierto que el legislador introdujo
excepciones al principio de la doble instancia, ello no significa que esa facultad pueda
ejercerse de manera indistinta.

4) En ese auto, la autoridad judicial demandada anotó que la decisión de escindir la
demanda obedeció a motivos de principio y conveniencia y resultó ser la postura más
justa y razonable, además de que no se cumplió con las exigencias del artículo 165
del CPACA, en los siguientes términos:

“Por tanto, hay que distinguir el derecho formal del derecho material, de
conformidad con el artículo 1° de la Constitución, que dispone que Colombia

3
Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones de
nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa,
siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones
de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando
en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de
un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será
competente para su conocimiento y resolución.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y
subsidiarias.

3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.

4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

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es un Estado social de derecho. Luego sí es válido que el legislador
introduzca excepciones al principio de la doble instancia, pero de allí no se
sigue necesaria y fatalmente que en este caso se introdujo una excepción a
favor de los actores. Lo uno no conduce a lo otro. El cargo no aplica. (...)

El auto recurrido, luego de analizar los argumentos a favor y en contra de la
acumulación, desciende al caso concreto y sienta su posición al respecto,
por motivos que llamó “motivos de principio y motivos de conveniencia”, para
concluir que la decisión “más justa y razonable” es la de escindir. Y se
escindió porque no se cumplían las exigencias legales, contenidas en el
artículo 165 del Cpaca. Ahora bien, del hecho de que la Sala hubiese
realizado un examen general sobre los argumentos a favor y en contra de la
acumulación en general, no se sigue necesaria y fatalmente que el caso
particular quedó en silencio. Lo uno no conduce a lo otro. El cargo no aplica.
(...).

Dos grupos de argumentos se esgrimieron en el Auto recurrido para ordenar
la escisión de la demanda: los que allí se denominaron “de principio”,
relacionados con la garantía de los derechos humanos, y los también allí
llamados “pragmáticos”. Pero estos últimos eran un complemento de los
primeros, que eran los esenciales. Luego el cargo no aplica. (...) no es cierto
que la doble instancia no sea un principio. Lo es. Y tan lo es, que aquí se
protege, por ser la solución más garantista y más acorde con la defensa de
los derechos humanos.

(...) no es cierto que el auto recurrido le esté suprimiendo al acto una
capacidad o facultad de apelar, por la sencilla razón de que en este caso el
actor no tiene esa capacidad o facultad. No se suprime lo que no existe. El
medio de control que en cada caso se debe ejercer no lo escoge esta Sala
de Conjueces sino la ley. Por tanto, la facultad del actor para “escoger” se
limita a decidir cuándo apelar o cuándo no apelar, en los procesos que sí
permiten este recurso, y solo esos procesos. Pero es la ley la que “escoge”
cuáles procesos tienen apelación Y cuáles no cuentan con este recurso.
Entonces al actor no se le está suprimiendo ninguna facultad, puesto que no
la tiene. El cargo no aplica.

(...) el actor ciertamente es el que decide cuándo acumular (o apelar), pero
en los casos en los que puede hacerlo, no en los que no tiene esta facultad.
El actor sí tiene la facultad de “optar” por la acumulación, pero únicamente
en los casos en los que el artículo 165 del Cpaca lo autoriza, no en otros,
como en este caso (...)”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI – destacado de la Sala).

5) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los analizados
en el proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión tendiente a
determinar si el artículo 165 del CPACA permite o no acumular sus pretensiones de
nulidad simple con las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y si la
autoridad competente para conocer el proceso era la Sección Segunda del Consejo
de Estado. En la acción de tutela se indicó:

“En la demanda (Exp. 11001-03-25-000-2019-00587-00. No. Interno: 4647-
2019), con apoyo en el Artículo 165 del Código de Procedimiento

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05027-00
Demandante: Ana María Torres Ramos y otro
Acción de tutela

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se acumularon las
siguientes pretensiones: (…)

Se trató de una acumulación subjetiva de pretensiones y una acumulación
de pretensiones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho
permitida por el Artículo 165 del CPACA.

Da la impresión de que la Sala no tuvo en cuenta todos los elementos
fácticos, documentales y legales que juegan en el presente caso porque el
Art. 165 le permite al demandante acumular las pretensiones de orden
subjetivo (nulidad y restablecimiento del derecho) con la de nulidad de un
acto general. Esta acumulación procede si el demandante cumple con todos
los requisitos determinados en la ley procesal.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).

6) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de reposición, los cuales fueron resueltos en el auto de 7 de junio de 2022.

7) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico procesal que fue propio del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.

8) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela en
atención a que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05027-00
Demandante: Ana María Torres Ramos y otro
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3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022

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