RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05029-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05029-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05029-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por el señor Carlos Alberto Rincón Arango contra el Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, respecto al defecto sustantivo; y NEGAR la solicitud de amparo en relación con el desconocimiento del precedente. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05029-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de noviembre de 2022

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00
Demandante: CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO
Demandado: JUZGADO 3° ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CÚCUTA

Temas: Tutela contra decisión de la misma naturaleza – Declara
improcedencia. Tutela contra providencia judicial – Niega
amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

La Sala resuelve la acción de tutela formulada por el señor Carlos Alberto Rincón
Arango contra el Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta,
de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Carlos Alberto Rincón Arango, en calidad de director de Sanidad del
Ejército Nacional, mediante escrito enviado vía electrónica el 19 de septiembre
de 2022, presentó acción de tutela contra el Juzgado 3° Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta, por considerar vulnerados sus derechos al debido
proceso y a la libertad.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de:
(i) el fallo de tutela 14 de marzo de 2022 dictado por el Juzgado 3° Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, mediante el cual amparó los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor Freddy Oweimar
Bedoya Botello dentro del expediente constitucional identificado con el número
54001-33-33-003-2022-00076-00/01; y (ii) la providencia de 19 de julio de 2022
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

a través de la cual se negó la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta
mediante auto de 20 de abril de 2022 dictada por el referido juzgado, en el trámite
del incidente de desacato a través de la cual se sancionó al actor y al señor
Edward Vicente Martínez Anteliz por el incumplimiento de lo dispuesto por el juez
de tutela.

1.2. Pretensiones

“REVOQUE la sanción interpuesto por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Cúcuta en contra de la DIRECCIÓN DE SANIDAD y su DIRECTOR MAYOR
GENERAL CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO.

SEGUNDO: ANULAR el pago de incapacidades, teniendo en cuenta las razones
expuestas en el presente documentos. Consecuente a ello se solicita se ARCHIVE
proceso en curso con radicado N° 54001-033-33-003-2022-00076-00”. (Sic para
la cita)

1.3. Hechos

Para la Sala, los supuestos que a continuación se relacionan son relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

El accionante señaló que mediante Oficio N. ° 20213017001515271 de 23 de julio
de 2022, la Dirección de Personal del Ejército Nacional dio respuesta negativa al
derecho de petición radicado por el señor Freddy Oweimar Bedoya Botello
consistente en el pago de unas incapacidades médicas. En esa oportunidad se
indicó por parte de la entidad:

“Esta Dirección pretende establecer, que resulta improcedente amparar los
derechos fundamentales reclamados por el accionante FREDDY OWEIMAR
BEDOYA BOTELLO, a fin de establecer que este ya no hace parte del ejército
Nacional. Por lo que se interpreta que esta Dependencia NO ES LA
COMPETENTE, teniendo en cuenta que la Dirección de Personal, NO recauda
dineros por concepto de incapacidades, ni le corresponde realizar pagos por
Concepto de auxilio de incapacidad”. (Sic a la cita)

Adujo que, con ocasión de lo anterior, el señor Freddy Oweimar Bedoya Botello
promovió una acción de tutela contra el Ejército Nacional – Dirección de Nómina
y Prestaciones Sociales – Dirección de Sanidad,1 asunto que le correspondió al
Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta que con sentencia
de 14 de marzo de 20222 le amparó los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital y ordenó:

«SEGUNDO: Ordenar AL Teniente Coronoel EDWARD VICENTE MARTÍNEZ
ANTELIZ y al señor Brigadier General CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO, en

1
Las demandadas no intervinieron en el trámite de la tutela objeto de reproche.
2
Decisión que no fue impugnada.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

sus condiciones de Director de Prestaciones Sociales y Director de Sanidad del
Ejército Nacional, respectivamente, o a quienes hagan sus funciones, si no lo han
hecho, procedan dentro del término de los cinco (05) días siguientes a la
notificación de la presente decisión, a cancelarle al señor FREDDY OWEIMAR
BEDOYA BOTELLO, las tres (03) incapacidades, que le han sido otorgadas por
“enfermedad profesional”, correspondiente a los periodos del 04 de septiembre al
03 de octubre de 2019; del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2021; y, entre el
29 de noviembre al 28 de diciembre de 2021, cada una por treinta (30) días. Lo
anterior, sin que sea procedente pretextar términos o trámites administrativos para
demorar el pago, pues la eficacia del amparo constitucional implica que lo
ordenado judicialmente debe ser atacado dentro de la oportunidad respectiva, sin
largas ni demoras, de tal forma que la autoridad pública actúe o cese en la violación
del derecho que fundamentó la tutela». (Sic a la cita)

Refirió que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en aras de satisfacer lo
ordenado, asignó al asunto el número 2022325000893631 EJC, el cual remitió al
Ministerio de Defensa a través del radicado 2021325002646661 MDN-COGFM-
COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-1.5 “2022325000892741 para adelantar
los trámites pertinentes frente a la competencia”.

Arguyó que, el señor Freddy Oweimar Bedoya Botello promovió un incidente de
desacato que fue resuelto mediante auto de 20 de abril de 2022 en el sentido de
declarar no cumplida la sentencia de 14 de marzo de 2022 por parte de los
señores teniente coronel Edward Vicente Martínez Anteliz y brigadier general
Carlos Alberto Rincón Arango, en sus condiciones de director de prestaciones
sociales y director de sanidad del ejército nacional, respectivamente. En ese
sentido, ordenó:

“SEGUNDO: SANCIONAR AL SEÑOR TENIENTE CORONEL EDWARD
VICENTE MARTÍNEZ ANTELIZ Y AL SEÑOR BRIGADIER GENERAL CARLOS
ALBERTO RINCÓN ARANGO, EN SUS CONDICIONES DE DIRECTOR DE
PRESTACIONES SOCIALES Y DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJÉRCITO
NACIONAL, RESPECTIVAMENTE, CON SANCIÓN DE MULTA DE QUINCE (15)
DÍAS DE SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE -SMLMV- PARA EL
AÑO 2022 ($1.000.000), EQUIVALENTE A LA SUMA DE QUINIENTOS MIL
PESOS ($500.000), LA CUAL DEBE SER ASUMIDA DE SU PROPIO PECULIO,
MONTO QUE DEBERÁ CONSIGNAR A LA CUENTA BANCARIA NO. 3-0820-
000640”. (Énfasis de la cita)

Informó que el grado jurisdiccional de consulta lo resolvió el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander en providencia de 17 de mayo de 2022, al
confirmar la sanción impuesta.

Relató que solicitó al Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cúcuta la inaplicación de la sanción, en síntesis, ante la imposibilidad jurídica de
apropiar y/o disponer recursos para cancelar incapacidades médicas de una
persona inactiva en el servicio. Tal petición le fue despachada desfavorablemente
mediante auto de 19 de julio de 2022 luego de explicar que los sancionados
contaron con todas las oportunidades procesales para intervenir e impugnar la
decisión y no lo hicieron, por tanto, tienen el deber de acatar el fallo judicial que
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

se encuentra en firme y obedecer la sanción porque no se ha demostrado su
cumplimiento.

Finalmente, después del respectivo trámite en el cual también se guardó silencio,
mediante auto de 5 de octubre de 2022, se sancionó3 al Brigadier General Óscar
Alexander Tovar Soler en su condición de Jefe de Estado Mayor – Generador de
Fuerza del Ejército Nacional, por ser el superior jerárquico de los oficiales que a
la fecha no han cumplido con la orden superior.

1.4. Fundamentos de la solicitud

1.4.1. De los argumentos expuestos, la Sala infiere4 que la inconformidad de la
parte actora radica en un defecto sustantivo, con ocasión a que la sentencia de
14 de marzo de 2022 se dictó en el sentido de amparar los derechos del señor
Freddy Oweimar Bedoya Botello, sin tener en cuenta que para el momento en
que se generaron las incapacidades médicas no se encontraba activo en el
servicio.

Ello, por cuanto el señor Bedoya Botello “fue retirado mediante ORDEN
ADMINISTRATIVA DE PERSONAL N° 2465 de fecha 05-12-2017, en calidad de Soldado
SLP del Ejército Nacional, teniendo como causal INASISTENCIA AL SERVICIO, con
novedad fiscal No 05-02-2017.”

Tanto así, que en una acción de tutela anterior que se identificó con el radicado
54001-31-09-005-2022-00012-00 se le negó el amparo deprecado al exmilitar
tras concluir que la Ley 352 de 1997 “no contempla un título de gasto que les permita
solventar el pago de incapacidades, es por ello que en la práctica las unidades a las
cuales se encontraba adscrito no se realiza descuentos por concepto de incapacidades
a sus funcionarios afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares”.

En ese orden, precisó que, pese a que tiene la intención de cumplir la orden, lo
cierto es que es jurídicamente imposible5 de materializarla debido a que la
Dirección de Sanidad no aprovisiona ni dispone de recursos para costear
incapacidades médicas de personas que no se encuentran activas en el servicio,
pues esto es del resorte del Ministerio de Defensa y, aún así, dicha cartera
dispone de un rubro para atender condenas proferidas en el marco de los medios
de control de reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho.

Agregó que tanto la dirección que representa como el Ejército Nacional han
agotado los medios que tienen a su alcance para acatar lo resuelto por el juez de
tutela, “es así que durante el auto admisorio de incidente de desacato se gestionó la

3
También con 15 días de salario mínimo legal mensual vigente.
4
El actor no señaló de manera concreta las causales especiales de procedencia de la acción de
tutela.
5
Citó las sentencias T-875 de 2010, T-425 de 2011, C-010 de 2003 y el auto “T-062 A/11”.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

forma de pago, sin embargo, legalmente es imposible el pago de incapacidades cuando
estas fueron expedidas fuera del servicio, es importante recalcar que nunca tuvo una
vinculación laboral con la institución, pues fue Soldado Regular y las incapacidades se
expidieron despues de existir resolución de retiro”.

Aseguró que podría verse vinculado en investigaciones de tipo penal, disciplinario
y fiscal por cuanto no existe un rubro destinado al pago de incapacidades “ fuera
de la vinculación a la institución tratándose de un régimen excepcional y no acogido a la
ley 100 de 1993”.

1.4.2. De otro lado se infiere que el actor alegó un desconocimiento del
precedente en el auto de 19 de julio de 2022, al citar apartes del auto 181 de
2015 dictado por la Corte Constitucional en el cual se señala que “ la finalidad del
mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí mismo, sino que debe
considerare como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva
sentencia”.

También precisó que en la sentencia T-512 de 2011 la referida Alta Corte explicó
que en el trámite del incidente de desacato se analizan la responsabilidad objetiva
y la subjetiva, esta última, frente a la cual es necesaria la acreditación de su
configuración con ocasión de la negligencia o el dolo, para efectos de demostrar
el incumplimiento del fallo. A su juicio, esto no se tuvo en consideración al
imponer la sanción

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 23 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador requirió
al actor para que indicara con precisión el hecho que motiva la solicitud de tutela,
comoquiera que no se podía determinar la razón que originó la solicitud de
amparo. Así mismo, se le pidió al tutelante que señalara cuáles son los derechos
presuntamente vulnerados y los defectos en los que pudo haber incurrido la
autoridad judicial al expedir la providencia enjuiciada.

Ante el requerimiento realizado, el oficial de Gestión Jurídica de la Dirección de
Sanidad del Ejército allegó un memorial en el que afirmó que “ la razón que motiva
la solicitud de tutela interpuesta en (sic) contra la decisión conferida por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral Cucuta (sic) – Norte de Santander, dentro del proceso de
radicado Nº 54001-33-33-003-2022-00076-00”.

Con providencia de 12 de octubre de 2022 se admitió la acción de tutela y se
dispuso tener como autoridad judicial accionada al Juzgado 3º Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, y se vinculó en calidad de terceros con
eventual interés en las resultas del trámite constitucional, al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, al director de Prestaciones Sociales del
Ejército Nacional, teniente coronel Edward Vicente Martínez Anteliz, al jefe de
Estado Mayor Generador de Fuerza, brigadier general Oscar Alexander Tovar
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

Soler (o quienes hagan sus veces), al Ejército Nacional de Colombia y al señor
Freddy Oweimar Bedoya Botello.

Finalmente, se requirió por segunda vez al tutelante para que señalara los
derechos que considera vulnerados por el Juzgado 3º Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta; se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación
realizar una publicación de la información relativa a esta acción de tutela en la
página web del Consejo de Estado; y se requirió al oficial de Gestión Jurídica de
la Dirección de Sanidad del Ejército, mayor Edward Jair Jiménez Rodríguez para
que allegara el poder que lo legitima para acudir a la presente acción de tutela
como apoderado del actor.6

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se presentaron los
siguientes informes:

1.6.1 El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través del ponente
de la decisión cuestionada, presentó informe el 14 de octubre de 2022 en el que
precisó:

“En la actualidad, el día 12 de octubre de 2022 fue repartida nuevamente para
desatar el grado jurisdiccional de consulta de la providencia del cinco (05) de
octubre de dos mil veintidós (2022), a través de la cual se sancionó al señor
Brigadier General OSCAR ALEXANDER TOVAR SOLER, en su condición de Jefe
de Estado Mayor - Generador de Fuerza - JEMGF, con multa de quince (15) días
de salario mínimo legal mensual vigente, en su calidad de superior jerárquico de
los señores: Teniente Coronel EDWARD VICENTE MARTÍNEZ ANTELIZ y al
Señor Brigadier General CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO, en sus
condiciones de Director de Prestaciones Sociales y Director de Sanidad del
Ejército Nacional, respectivamente, consulta que no ha sido resuelta a la fecha,
razón por la cual, para mayor ilustración, se remitirá por la secretaria de ésta
Corporación, el acceso al expediente digital de la Consulta mencionada. ”

Resaltó que la parte actora no impugnó el fallo de tutela, oportunidad en la que
le correspondía debatir la imposibilidad de pagar las incapacidades expedidas a
favor del señor Freddy Oweimar Bedoya Botello.

Adicionó que las pretensiones de la acción no están dirigidas contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, sino contra el Juzgado 3° Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cúcuta.

En ese orden, precisó que el tribunal carece de legitimación en la causa por
pasiva en el asunto de la referencia, por tanto, solicitó su desvinculación.

6
Debido a que fue quien presentó el escrito de corrección de la acción de tutela. Mediante correo
electrónico de 18 de octubre de 2022, fue aportado el respectivo poder.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

1.6.2. El Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, por
conducto de su titular, presentó escrito el 18 de octubre de 2022, a través del cual
efectuó un resumen de las actuaciones surtidas en la anterior acción de tutela y
en el incidente de desacato, dentro de las cuales resaltó que pese a que se han
respetado todas las etapas procesales, así como el derecho de defensa y el de
publicidad de las decisiones, la parte demandada ha actuado con negligencia.

Lo anterior obedece a que, durante el curso del mecanismo constitucional el
extremo pasivo guardó silencio frente a los hechos y pretensiones del señor
Freddy Oweimar Bedoya Botello, pese a que el tutelante y los demás
intervinientes fueron debidamente notificados. A su vez, el fallo censurado
tampoco fue impugnado, quedando en firme la decisión judicial.

Adicionó que los sancionados han intentado por todos los medios sustraerse al
cumplimiento del fallo de tutela alegando su propia culpa como justificación, lo
cual ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en sentencia
T-2017 de 1995.

Resaltó que la solicitud de la referencia no es procedente por cuanto no cumple
con los requisitos generales y especiales de procedibilidad, concretamente
porque se dirige contra una sentencia de tutela, caso en el cual solo se podría
abordar el análisis si se advierte una actuación fraudulenta en virtud del principio
“faudus omnia corrumpit”, sin embargo, puntualizó que no se acreditó la
vulneración de las garantías fundamentales alegadas.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

En este punto, si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado
no le correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que la tutela
se dirige contra el Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
y por ello el reparto del mecanismo de protección constitucional debería hacerse
al superior jerárquico.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 377 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 2° del

7 “ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela,

a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no
ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le
advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás
medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

artículo 2.2.3.1.2.1.8 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021.

Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada9, ha indicado que:

“3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las
disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los
despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de
tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado
por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta
forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la
administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este
conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del
asunto en sede de instancia”10 (Negrita y subrayado fuera del texto).

Igualmente, las consideraciones del Máximo Tribunal Constitucional coinciden
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:

“PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por
ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de
competencia”.

En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el
Consejo de Estado asumió la competencia para conocer de la demanda que
presentó el señor Carlos Alberto Rincón Arango contra el Juzgado 3°
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta.

En ese orden, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

8 “ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo

37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con
jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud
o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada”.
9
Al respecto, consultar, entre otros: Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 172 del 22.03.18.,
M.P. Alberto Rojas Ríos; Auto 269 del 29.05.19., M.P. Carlos Bernal Pulido; y Auto 434 del
06.08.19., M.P. Cristina Pardo Schelsinger.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 462 del 21.08.19., M.P. Diana Fajardo Rivera.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitó ser desvinculado del
trámite de la referencia al señalar que carece de legitimación en la causa por
pasiva por cuanto los reparos están dirigidos contra el Juzgado 3° Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cúcuta.

Al respecto, esta Sala precisa que no se accederá a la petición de la magistratura
debido a que, si bien los argumentos reprochan las decisiones del referido
juzgado, lo cierto es que el tribunal fue vinculado en calidad de tercero con interés
por ser la autoridad que surtió el grado jurisdiccional de consulta.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante con ocasión
de las providencias de 14 de marzo y 19 de julio de 2022 proferidas por el
Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta dentro de la acción
de tutela e incidente de desacato identificados con el número de radicado 54001-
33-33-003-2022-00076-00/01, por presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio
de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema12.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
13
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta
el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 14, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad
de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que
en el presente caso la solicitud de amparo no cumple con uno de los requisitos
generales de procedibilidad, esto es, el consistente en “que no se trate de tutela
contra decisión de tutela”.

Lo anterior, en atención a que el señor Carlos Alberto Rincón Arango procura a
través de la presente acción constitucional que se examine el contenido y la
decisión de tutela de 14 de marzo de 2022 adoptada por el Juzgado 3°
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, a través de la cual se
ampararon los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor Freddy
Oweimar Bedoya Botello dentro del expediente constitucional identificado con el
número 54001-33-33-003-2022-00076-00.

La inconformidad del accionante radica en que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por omitir que la Ley 352 de 1997 “no contempla
un título de gasto que les permita solventar el pago de incapacidades”, y pese a ello,
ordenó tanto a la Dirección de Sanidad como a la Dirección de Prestaciones
Sociales del Ejército Nacional, el pago de tres incapacidades médicas del señor
Freddy Oweimar Bedoya Botello.

Sobre el punto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para
controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, “por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias
no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas”15.

14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

Ello, aunado al hecho que en el proceso de tutela con radicado N. ° 54001-33-
33-003-2022-00076-00, ya fue valorada la presunta trasgresión de los derechos
fundamentales que el peticionario Bedoya Botello endilgó contra el Ejército
Nacional y, en ese proceso, el extremo accionado contó con la oportunidad de
exponer los argumentos que trae en esta acción, a través de un informe de
intervención y/o en el mecanismo impugnación de la decisión de 14 de marzo de
2022.

En este orden de ideas, recuerda la Sala que no es posible que las decisiones
del juez de tutela puedan discutirse a través de otra acción de la misma
naturaleza, pues con ello se afectarían los principios de seguridad y coherencia
del ordenamiento jurídico.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los argumentos planteados por el actor en su
libelo no coinciden con alguno de los supuestos previstos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-627 de 201516, según la cual, la solicitud de
amparo constitucional es procedente de manera excepcionalísima cuando se
ataca una sentencia de tutela solo en los siguientes casos:

“Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República
[diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción
de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación”.

Sin embargo, la Sala concluye que no se cumplen los supuestos que permiten
avalar la procedencia de la acción de tutela contra un fallo de la misma
naturaleza, toda vez que no se evidencia una situación fraudulenta en la adopción
de las decisiones cuestionadas.

Igualmente, es claro que lo pretendido por el actor a través de la presente acción
de tutela consiste en reabrir el debate zanjado en el mecanismo de amparo
identificado con el radicado 54001-33-33-003-2022-00076-00, esto es, que el
señor Freddy Oweimar Bedoya Botello no tiene derecho a que se le paguen las
incapacidades médicas por cuanto fueron expedidas fuera del servicio.

Al respecto, se observa que el fallo atacado lejos de constituir fraude, se
fundamentó en un análisis jurídico y constitucional realizado por un juez en
ejercicio de una función de la misma naturaleza, y se demostró que se respetaron

16
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

las garantías al debido proceso y de defensa de las partes e intervinientes, pese
a que el señor Carlos Alberto Rincón Arango y los demás accionados actuaron
de manera negligente, por lo que el error propio y la simple inconformidad con lo
decidido no es suficiente para que la Sala realice un estudio de fondo sobre las
pretensiones del accionante.

Por lo tanto, en atención a que no se reúnen los requisitos establecidos por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, que permitan el análisis de
fondo del amparo deprecado respecto a la providencia de 14 de marzo de 2022,
la Sala considera que se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia.

En ese sentido, se continuará con el análisis de las demás exigencias de
procedibilidad frente al auto de 19 de julio de 2022.

2.5.2. Para la Sala el caso objeto de estudio está revestido de relevancia
constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela
en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga
argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad.

En el asunto concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la
razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales
señalados por el tutelante, comoquiera que alegó que se incurrió en el defecto
por desconocimiento del precedente, por lo que se advierte que trasciende de un
estudio de lo meramente legal.

Lo anterior, debido a que con la providencia de 19 de julio de 2022, el Juzgado
3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta negó la solicitud de
inaplicación de la sanción impuesta en auto de 20 de abril de 2022 al accionante
y otro, al pago de una multa que asciende a 15 días del salario mínimo legal
mensual vigente, por el incumplimiento de la orden de tutela contenida en la
sentencia de 14 de marzo de 2022, sin que se hubiese analizado la
responsabilidad subjetiva del señor Carlos Alberto Rincón Arango, lo cual es
requisito sine qua non para dar por acreditado el desacato.

Tal escenario deja en evidencia la posible amenaza de las garantías del señor
Rincón Arango al debido proceso y eventualmente a la libertad, con ocasión de
la imposición de una sanción frente a la cual no se tuvo en consideración si la
supuesta omisión de acatar el fallo fue por negligencia o dolo, por tanto, esta Sala
de Decisión considera que esta exigencia se encuentra satisfecha.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez es preciso señalar que, la providencia
censurada fue proferida el 19 de julio de 2022 por el Juzgado 3° Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cúcuta; se notificó por mensaje de datos el 21 de
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

julio de 202217; la decisión quedó ejecutoriada el día 28 del mismo mes y año; y
la solicitud de amparo se presentó el 19 de septiembre de 2022, de manera que,
se evidencia que transcurrió un término que a juicio de la Sala es razonable.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 18, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200519, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencias judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con estas.

2.5.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto el proveído que se cuestiona es el proferido por
el Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta el 19 de julio de
2022, mediante el cual negó el levantamiento de la sanción impuesta al actor y
otro en auto de 20 de abril de 2022 en el trámite de un incidente de desacato,
razón por la cual contra la providencia controvertida no procede ningún recurso
ordinario.

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial,
y la protección de derechos de terceros.

2.6. Generalidades del desconocimiento del precedente

Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente, el cual se sintetiza en los siguientes términos:

“…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud
en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado

17
Si bien el correo electrónico fue enviado el 19 de julio de 2022, lo cierto es que se hizo por fuera
del horario laboral (5:44 p.m.), por lo que se la notificación se entiende debidamente efectuada el
día hábil siguiente, esto es, el 21 de julio por cuanto el 20 correspondió a un día feriado.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto

en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

sentido…”.20

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos21 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la
cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia
en donde se especifique una regla o subregla de derecho.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra
su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma
superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así
como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.

2.7. Caso concreto

2.7.1. El señor Carlos Alberto Rincón Arango alegó que con la decisión de 19 de
julio de 2022 se desconoció el precedente de la Corte Constitucional contenido
en el auto 181 de 2015 y en la sentencia T-512 de 2011, en los cuales se
establece, por un lado, que la finalidad del incidente de desacato es el
cumplimiento de la orden de tutela; y por el otro, que solo en los casos en que
además de la responsabilidad objetiva, se acredite la existencia de la
responsabilidad subjetiva.

Ello, por cuanto en el sub examine, el actor estaba ante la imposibilidad jurídica
de ordenar el pago de las incapacidades médicas del señor Freddy Oweimar
Bedoya Botello.

2.7.2. Al revisar el auto de 19 de julio de 2022 que negó la solicitud de
levantamiento de la sanción, se advierte que la autoridad reprochada expuso
consistentemente que la actitud de los incidentados durante todo el trámite
demostró “una total indiferencia, falta de respeto y consideración”, por cuanto:

(i) las decisiones judiciales en firme son de obligatorio acatamiento;
(ii) durante el trámite de la acción de tutela y del incidente de desacato se
respetaron los derechos al debido proceso, de defensa y de publicidad de
las decisiones a las partes e intervinientes;
(iii) tanto el director de Sanidad como el director de Prestaciones Sociales del
Ejército Nacional, incluso el superior jerárquico de estos dos funcionarios,
demostraron total indiferencia, negligencia y falta de respeto a la autoridad
judicial y a los trámites de orden constitucional adelantados en su contra,

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19
de febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
21
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

puesto que no intervinieron en ninguna de las etapas procesales pese a
haber sido debidamente informados;
(iv) acudieron ante la autoridad reprochada por haber sido sancionados, no
con el ánimo de demostrar el cumplimiento de la orden, y;
(v) en todo caso, el pago de las incapacidades lo pueden cubrir con el rubro
que se tiene previsto para el pago de sentencias judiciales.

Teniendo en cuenta que con el proveído de 19 de julio de 2022 se negó la petición
de levantamiento de la sanción que se impuso a través del auto de 20 de abril de
2022 y, en aras de resolver el cargo planteado por el accionante, la Sala
considera necesario, en todo caso, revisar las razones expuestas por el Juzgado
3° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta en esta última providencia.

“Concluye así, que el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió
la orden de tutela impartida y, de ser así, tiene que determinar si el mismo fue total
o parcial, identificando las razones por las cuales se produjo, con el fin de
establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si
existió responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si la
encontrare probada deberá imponer la sanción adecuada, proporcionada y
razonable en relación con los hechos.8

Es por lo anteriormente expuesto, que la conducta omisiva de las accionadas, en
cabeza del Señor Teniente Coronel EDWARD VICENTE MARTÍNEZ ANTELIZ y
del Señor Brigadier General CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO, en sus
condiciones de Director de Prestaciones Sociales y Director de Sanidad del
Ejército Nacional, respectivamente, no puede ser prohijada por la judicatura, pues
tal y como lo ha sostenido el máximo órgano de la jurisdicción constitucional “todos
los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas
las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin
entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos.

Partiendo de esta base y teniendo en cuenta, como quedó expuesto en
precedencia, que el Señor Teniente Coronel EDWARD VICENTE MARTÍNEZ
ANTELIZ y el Señor Brigadier General CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO,
en sus condiciones de Director de Prestaciones Sociales y Director de Sanidad del
Ejército Nacional, respectivamente, Oficiales competentes y que fueron requeridos
notificados en debida forma para que dieran cumplimiento a la sentencia a que se
viene haciendo alusión, no lo hicieran, sin que exista razón alguna que los releve
del deber de dar cumplimiento a la misma (…)”.

Al respecto, la Sala resalta que si bien el juzgado censurado no explicó in extenso
las razones del por qué encontró acreditado el aspecto subjetivo en los
incidentados, lo cierto es que ello no implica per se la carencia que plantea el
tutelante.

Es decir, en la anterior cita se puede observar que ante el silencio y ausencia
procesal del señor Carlos Alberto Rincón Arango en el trámite del incidente, fue
que la judicatura reprochada decidió, en primer lugar, dar apertura por cuanto las
demandadas no presentaron sus informes a través de los cuales demostraran
siquiera un cumplimiento parcial de la orden; en segundo lugar, dictó el auto de
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

20 de abril de 2022 en el sentido de sancionar, comoquiera que definitivamente
no se acreditó en lo más mínimo la intención y buena voluntad de acatar el fallo.

Tan es así que, tanto en el auto de 19 de julio como en el de 20 de abril de 2022,
el juzgado demandado se tomó el trabajo de relatar todas las actuaciones y
etapas procesales agotadas tanto en la acción de tutela como en el incidente de
desacato, y lo que se evidenció de manera contundente, es que el señor Carlos
Alberto Rincón Arango brilló por su ausencia.

Tal y como lo refirió en la intervención el Juzgado 3° Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta, el accionante únicamente acudió ante el referido
despacho para solicitar el levantamiento de la sanción invocando argumentos
que son propios de la instancia agotada en el proceso de tutela 54001-33-33-
003-2022-00076-00, es decir, justificando la imposibilidad de cumplir con la orden
en un momento y escenario totalmente ajenos a dicho debate, puesto que ello
debió plantearse dentro del referido trámite constitucional, no en el incidente.

En ese orden de ideas, para esta Colegiatura está más que demostrada la
responsabilidad subjetiva del actor en el incidente de desacato, en consecuencia,
no se advierte desatendido el criterio de la Corte Constitucional establecido en la
sentencia de T-512 de 2011, razón por la cual se denegará el amparo deprecado,
en cuanto a este cargo.

2.7.3. Por último, en relación con el auto 181 de 2015 también de la Corte
Constitucional, es preciso señalar que tal providencia no constituye precedente
obligatorio en la materia, por cuanto no presenta similitud fáctica y jurídica con el
caso de la referencia, en el entendido que en dicha oportunidad la referida
Corporación resolvió una “(…) solicitud de prórroga de la suspensión de sanciones
por desacato a tutelas dispuesta en el Auto 259 de 2014 y se hace seguimiento al
cumplimiento de las órdenes dictadas en el proceso de la referencia frente a
Colpensiones”.

Adicionalmente, al revisar la providencia que se cita desconocida, esta Sala
evidencia que el Alto Tribunal, lejos de fijar reglas de derecho que sirvan como
fundamento para resolver el asunto sub lite en el sentido que el accionante
pretende, iteró los “criterios formales y materiales fijados para la procedencia de
prórroga de suspensión de sanción por desacato a tutelas, en el marco de cosas
inconstitucionales” (énfasis propio), lo cual, no se acompasa con la petición del
señor Rincón Arango consistente en que se deje sin efectos el proveído por el
cual fue sancionado.

Así las cosas, el cargo será denegado.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

2.8. Conclusión

La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Carlos
Alberto Rincón Arango contra el Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cúcuta, en relación con el defecto sustantivo dirigido contra la
sentencia de 14 de marzo de 2022 por no satisfacer el requisito de que no se
trate de una decisión de tutela; y negará el cargo por desconocimiento del
precedente elevado contra el auto de 19 de julio de 2022.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por el
señor Carlos Alberto Rincón Arango contra el Juzgado 3° Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cúcuta, respecto al defecto sustantivo; y NEGAR la solicitud
de amparo en relación con el desconocimiento del precedente.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Alberto Rincón Arango
Demandado: Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05029-00

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.