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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05051-01

Fecha
3 de marzo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05051-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00765-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2022-05051-01 Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05051-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

3 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05051-01 (acumulado 2022-05527-01)
Accionante: NERIO BASTIDAS PADILLA
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
confirma el fallo impugnado – las accionadas no vulneraron los
derechos fundamentales del actor

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la
sentencia de 15 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elciudadano Nerio Bastidas Padilla presentó acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social,
a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y
a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la
Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Arauca y Norte de
Santander y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional
Cúcuta - Norte de Santander, al no haber adoptado medidas tendientes a ordenar
su reubicación laboral, dada su condición de sujeto de especial protección
constitucional en razón a su estado de salud.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el 14 de febrero de 2019 fue nombrado en el cargo de citador, grado
3, adscrito al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito de Cúcuta.

2.2. Mencionó
que cuenta con calificación de pérdida de capacidad laboral de
37.40% expedida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05051-01
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

2.3. Refirió que, con fecha 29 de agosto de 2021, le solicitó a la “Dirección Ejecutiva
de Administración de Justicia Seccional Cúcuta”, al “Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander”, al “Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de
Cúcuta”, al “Área de Talento Humano Seccional Cúcuta”, al “Bienestar Social
Seccional Cúcuta” y a la “Unidad de Carrera Administrativa - Consejo Superior de
la Judicatura”, que le fuera reconocida la estabilidad laboral reforzada como
consecuencia de la pérdida de su capacidad laboral. Sin embargo, todas las
entidades manifestaron no tener competencia para atender su petición.

2.4. Indicó que, por lo anterior, la Juez Segundo de Familia del Circuito de Cúcuta
propuso un conflicto de competencia y, mediante Resolución No. 53 de 20 de
septiembre de 2021, remitió el mismo a la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado.

2.5. Señaló que, pese a que no se había resuelto el conflicto de competencia, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca «[…] ofertó en
opción de sede el cargo que venía desempeñando como citador de circuito grado 3
en el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta […]».

2.6. Adujo que el 31 de marzo de 2022 la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado resolvió el conflicto de competencia, en el sentido de indicar que
la autoridad competente para resolver su solicitud de reconocimiento de estabilidad
laboral reforzada era el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Cúcuta.
Igualmente, señaló que: «[…] De no ser posible otorgar la protección de estabilidad
laboral reforzada en los cargos del Juzgado, deberá remitir por competencia el
asunto al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander para dar
cumplimiento a esta garantía de carácter constitucional […]».

2.7. Manifestó que, por lo anterior, «[…] el Juzgado Segundo de Familia de Cúcuta,
expidió la Resolución 012 del 09 de mayo de 2022, por medio de la cual, se me
decreta la estabilidad laboral reforzada, y realiza un nombramiento en propiedad del
primero de la lista de elegible, en el cargo que venía ocupado […]».

2.8. Expuso que el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca, mediante oficio P22-810 de 10 de mayo de 2022, le indicó que no tenía
vacante para reubicarlo, argumento que, a su juicio, «[…] no es del todo cierto, pues
existen cargo del mismo grado que el mío que están en licencia no remuneradas
por dos años para ocupar otros cargos en la Rama Judicial y estos cargos están
ocupados por empelados en provisionalidad, pues no son publicados debido a que
el titular del cargo se encuentra ocupando otro cargo en la Rama Judicial […]».

2.9. Expuso que, mediante Resolución CSJNS-P22-91018 de 26 de mayo de 2022,
el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca le solicitó al
COPASST que se estudiara la posible reubicación del señor Bastidas Padilla en la
próxima reunión, la cual tendría lugar el 31 de mayo del mismo año.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05051-01
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

2.10. Destacó que el 22 de junio de 2022 fue desvinculado de su trabajo, «[…] sin lo
dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura y sin haberse cumplido lo
ordenado por el Consejo de Estado en sentencia N°.
1100103060002021001570022 […]».

2.11. Comentó que, mediante Acuerdo PCSJA22-11975 de 28 de julio de 2022, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca creó nuevos
cargos permanentes en su jurisdicción, por lo que, el 29 de julio de 2022, presentó
petición, «[…] por medio de la cual informaba que se me tuviera en cuenta para ser
reubicado en los cargos que había sido creado, toda vez que, aún no se me había
resuelto de fondo mi solicitud de estabilidad laboral reforzada […]».

2.12. Mencionó que la anterior petición fue respondida el 2 de agosto de 2022, a partir
del cual se advierte «[...] que fui desvinculado sin habérseme otorgado las garantías
constitucionales de que habla el artículo 113 de la Constitución, sin haber resuelto
aún lo ordenado por el Consejo de Estado y, pero aun estando en incapacidad
médica y, lo dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura mediante Oficio
CSJNSOP22-910 […]».

2.13. Puntualizó que: «[…] desde el día 19 de mayo de 2022, me encuentro
nuevamente con incapacidad médica, lo cual tampoco les importó, ni al Consejo
Seccional de la Judicatura, ni al Consejo Superior de la Judicatura, ni tampoco a la
Dirección de Administración Judicial de Norte de Santander, pues se produjo mi
despido estando incapacitado y ni así, han hecho las gestiones necesarias para mi
reubicación […]».

2.14. Afirmóque las omisiones de las accionadas de adelantar las gestiones
pertinentes para reubicarlo laboralmente atenta contra sus derechos fundamentales
y desconoce lo decidido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Que se ADMITA la presente acción de tutela, según las reglas
de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021

SEGUNDO: Que se DECLARE la vulneración a la estabilidad laboral reforzada,
al Mínimo Vital, la Seguridad Social, al Trabajo, la Dignidad Humana, por la
omisión del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Norte de Santander, de no haber resuelto de fondo lo ordenado por
el Consejo de Estado en providencia 11001030600020210015700 de fecha 31
de marzo de 2022.

TERCERO: Que como con secuencia de lo anterior, y en principio del deber
armónico de que trata el artículo 113 Superior, y el principio de solidaridad en
cabeza del Estado, se me GARANTICE la reubicación por mi condición de

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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

debilidad manifiesta, sin solución de continuidad y se me restablezcan los
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, esto desde el 21 de junio
de 2022, garantizando así el mínimo vital.

CUARTO: Que se ORDENE a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura de Norte de Santander y Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Norte de Santander para que de manera conjunta y de acuerdo con
sus competencias, garanticen los derechos a la estabilidad laboral del
accionante en un cargo igual, similar o de superiores condiciones al que venía
ocupando en la Rama Judicial.

QUINTO: En caso de que no “haya” un cargo para la respectiva reubicación,
solicito respetuosamente se ORDENE a la Nación - Rama Judicial- Consejo
Superior de la Judicatura que, se cree un cargo adjunto, sin detrimento del
presupuesto de la Rama Judicial, el cual podría ser cubierto con el rubro de
contingencias que debe tener cada empresa del Estado, en los términos del
Acuerdo 756 del 06 de abril de 2000, por el tiempo que me falta para obtener la
pérdida de capacidad igual o superior al 50%, por mi condición de salud
progresiva degenerativa -sin perjuicio de la obligación de que trata el artículo 5°
ibídem.

SEXTO: Que se VINCULE a la Nación- Ministerio del Trabajo, toda vez que es
la entidad encargada de resguardar las garantías constitucionales que rigen las
relaciones laborales de los empleados en el Estado Colombiano,
indistintamente del régimen aplicable que los cobije (General o Especial), y,
toda vez que, en la misma, se está adelantando una investigación preliminar
con radicado N°. 020145, de fecha 22 de agosto de 2022, sobre el
incumplimiento de la Rama Judicial sobre la desvinculación que se ocasionó sin
el estudio de reubicación del servidor Nerio Alexander Bastidas Padilla, y sin la
autorización del Inspector del trabajo al no ser reubicado […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 28 de septiembre de
2022, admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia, vinculó
como terceros con interés en este proceso «[…] a la Sala de Consulta y de Servicio
Civil, al Juzgado 2 de Familia de Cúcuta y al Ministerio del Trabajo […]».

5. Posteriormente y mediante auto de 31 de octubre de 2022, se resolvió: (i)
acumular el expediente con radicado número 11001-03-15-000-2022-05527-00 al
presente proceso; (ii) admitir el mecanismo de amparo; y (iii) vincular como terceros
con interés «[…] al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca, y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional de Cúcuta
en Norte de Santander […]».

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se
advierte que se allegaron los siguientes informes:

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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

6.1. ElConsejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por conducto de la directora de la Unidad, rindió informe
en el que solicitó declarar su desvinculación del presente trámite constitucional, al
considerar que carecía de legitimación en la causa por pasiva para comparecer.

6.2. Al respecto, anotó que no es «[…] la llamada a decidir sobre la solicitud de
estabilidad laboral reforzada del accionante ni sobre las medidas afirmativas a
adoptar, competencia que fue definida por la Sala de Consulta y Servicio Civil en el
concepto de fecha 31 de marzo de 2022 y que corresponde al nominador […]».

6.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, por conducto
de apoderado judicial, rindió informe en el que solicitó negar el amparo deprecado
por el accionante, luego de considerar que no es este el mecanismo judicial «[…]
apto para lograr que se ordene el posible reintegro […]».

6.4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander - Arauca, por
intermedio del presidente de la Corporación, rindió informe en el que manifestó que
no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor. Asimismo, resaltó que el
proceso de reubicación debía llevarse a cabo de conformidad con los términos
establecidos en el Acuerdo No. 756 de 6 de abril del 2000 y que la eventual orden
de ubicación en otro cargo de la Seccional o de creación de un nuevo cargo,
involucraba, de manera exclusiva, al COPASST Nacional.

6.5. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a través de la
presidente de la Corporación, solicitó su desvinculación procesal o, en su defecto,
se declarara que esa autoridad no ha vulnerado los derechos fundamentales del
actor.

6.6. La Juez Segundo de Familia del Circuito de Cúcuta realizó un recuento de
los hechos y aclaró que, contrario a lo afirmado por el accionante en el escrito de
tutela, en ningún momento le reconoció la estabilidad laboral reforzada al señor
Bastidas Padilla, lo que realmente hizo fue tomar medidas afirmativas de cara a su
situación de debilidad manifiesta por razones de salud.

6.7. Igualmente, advirtió que la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del
expediente número 11001-03-15-000-2022-03147-00 resolvió una acción de tutela
interpuesta por el aquí accionante en relación con los mismos hechos, por lo que
sugirió que se evaluara la identidad de causa entre ambas.

6.8. El Ministerio del Trabajo, por conducto de apoderado judicial, solicitó declarar
la falta de legitimación en la causa de esa entidad, «[…] dado que no hay obligación
o responsabilidad de su parte, ni ha vulnerado ni puesto en peligro derecho
fundamental alguno al accionante […]».

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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 15 de diciembre de 2022, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo deprecado por el
accionante, por las siguientes consideraciones:

[…] el Juzgado 2 de Familia de Cúcuta se aseguró de garantizar la adopción de
la medida afirmativa que tenía al alcance y ordenó conservar al accionante en
el cargo hasta tanto se diera la posesión de quien tenía los derechos de carrera
para ocupar el puesto. Sin embargo, también afirmó que no había ninguna
vacante del mismo nivel para llevar a cabo su reubicación, razón por la cual
remitió el caso al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander -
Arauca con el mismo fin, entidad que, a su vez, aseguró que todas las plazas
del mismo nivel estaban ocupadas en propiedad, o próximas a estarlo, pues ya
se encontraban conformadas las respectivas listas de elegibles.

36. En ese sentido, se observa que fueron agotadas las opciones de reubicación
del accionante sin que fuera posible dar cumplimiento a lo solicitado por este.

37. En relación con la posible creación de un nuevo cargo, se observa que el
Consejo Seccional de Norte de Santander puso en conocimiento el caso al
COPASST – Seccional Cúcuta para que, de manera conjunta y coordinada,
estudiaran las opciones posibles con el fin de garantizar los derechos del
accionante y, de no ser esto viable, remitiera el asunto a COPASST nacional
para que este analizara la viabilidad de tramitar una solicitud de creación de un
nuevo cargo ante el Consejo Superior de la Judicatura. 38. Frente a esta
circunstancia, cabe destacar que la posibilidad de crear un nuevo cargo, de
conformidad con el Acuerdo No. 765 de 6 de abril de 2000, está prevista para
casos en los cuales la enfermedad padecida por el trabajador tiene origen
laboral, situación que no coincide con el escenario en cuestión, y en todo caso,
aun si fuera legalmente viable, no le corresponde al juez constitucional ordenar
a la Administración la toma de una decisión que depende de un estudio de
viabilidad, como sucede con la creación de un nuevo cargo para la reubicación
del accionante.

39. De ese modo, la Sala concluye que las entidades accionadas solo están
obligadas a garantizar la reubicación del señor Bastidas Padilla en la medida de
sus posibilidades, pues no se puede desconocer que este se encontraba
vinculado en provisionalidad, y que el proceder de aquellas, en el presente caso,
no contravino norma alguna, ni vulneró los derechos del accionante […].

8. Adicionalmente, indicó que no había operado el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional en tanto «[…] la presente acción se encuentra sustentada en una
causa independiente […]». Asimismo, resolvió negar las solicitudes de
desvinculación procesal interpuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, por
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y por el Ministerio del
Trabajo.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. El accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, argumentando
que no se tuvo en cuenta la suituación de hecho y de derecho que expuso en el

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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

mecanismo de amparo y mucho menos el acervo porbatorio que aportó. Igualmente,
reiteró en líneas generales los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela.

10. Adicionalmente, aseguró que, con el fallo de primera instancia se está
desconociendo el precedente vinculante contenido en las sentencias SU-049 de
2017 y SU-446 de 2011, dictadas por la Corte Constitucional, habida cuenta que es
un sujeto de especial protección, al presentar una pérdida de capacidad laboral igual
al 37.40% y encontrarse con incapacidad médica, de manera continua, desde el 19
de mayo de 2022; asimismo, por estar probado que las accionadas no lo quisieron
reubicar, pese a que contaron con la posibilidad de hacerlo no solo en el cargo que
venía ocupando, sino en cualquier otro igual, similar o de mayor jerarquía del que
fue desvinculado.

11. Adujo que: «[...] el Consejo Secciona también falta a la verdad, porque, las listas
de elegibles se conformaron mediante Acuerdo CSJNS2021-368 del 18 de
noviembre de 2021, mi desvinculación se dio el 22 de junio de 2022, con ocasión a
esa conformación de listas, pero, fueron creados más cargos a nivel nacional, estos,
mediante Acuerdos N°. PCSJA22-119751 , de fecha 28 de julio de 2022, Acuerdo
PCSJA22-120262 del 15 de diciembre de 2022, Acuerdo PCSJA22-120283 del 19
de diciembre de 2022, donde, el Consejo Seccional, había conformado ninguna lista
de elegible, de lo que se infiere que, pudo haberme reubicado en uno de esos
cargos, pero no lo hicieron y tampoco mostraron ni un grado de preocupación por
mi condición de salud [...]».

12. Anotó que:

[...] A mi juicio, el Honorable Consejo de Estado, en este caso particular, emitió
un fallo, en el cual se deja en abstracto el camino que debo seguir respecto a
mi reubicación, pues indica que la reubicación es la única obligación que las
accionadas tienen con el suscrito, pero éste, no se lo ordena. Distinto sería que
indicara u ordenara que, de llegar a existir una vacante igual, similar o superior
jerarquía a la que venía desempeñando, en la que cumpla con los requisitos
mínimos y de acuerdo al estudio realizado por la junta se seguridad social y
salud en el trabajo; y que, mis condiciones de salud persistan, como es el caso,
debo ser reubicado. Garantizando así, mi derecho al mínimo vital que se ve
lesionado por la inoperancia del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo
Seccional Norte de Santander y Arauca, ya que la respuesta allegada por el
Consejo Seccional en la que indica que todos los cargo se encuentra
nombrados en propiedad es falso, sumado a ello se puede observar que en él
estudió realizado éste Consejo se limita única y exclusivamente al cargo de
Citador Grado 3, cargo que venía desempeñando, sin tener en cuenta que,
puedo ser reubicado en uno igual, similar o de mayor jerarquía, lo que sin lugar
a duda, erros el A quo, a fallar teniendo en cuenta solo ese criterio para mi
reubicación.

Aunado a lo anterior, se tiene que, ya en tres oportunidades de fechas
posteriores a mi desvinculación, se han creados Acuerdos para crear cargos a
nivel nacional, y estas entidades, no han tomado ni tomaran las medidas
afirmativas necesarias que por mandato constitucional se deben tener en

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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

cuenta para no lesionar mis derechos fundamentales, entratándose de un sujeto
en condiciones de debilidad manifiesta [...].

13. Con base en todo lo anterior, solicitó revocar o modificar el numeral segundo del
fallo impugnado para que, en su lugar, se ordene a las acciondas proceder con su
reubicación laboral «[...] en algún cargo, para el cual la accionante cumpla
requisitos, de igual categoría o remuneración al de citador grado 3 de juzgado de
Circuito [...]».

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Cuestión previa

15. El actor, con el escrito de impugnación, solicitó el decreto y práctica de varias
pruebas que, a su juicio, acreditaban la vulneración de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, la Sala considera que no accederá a tal petición, en atención a que
se cuentan con los medios de convicción suficientes para adoptar la decisión de
fondo en el presente asunto.

16. La anterior determinación se sustenta en lo previsto en el artículo 22 del Decreto
Ley 2591 de 1991, disposición que prevé lo siguiente: «[…] El juez, tan pronto llegue
al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin
necesidad de practicar las pruebas solicitadas […]». (negrillas por fuera de texto)

VIII.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer si las autoridades
accionadas vulneraron los derechos fundamentales del tutelante, al no haber
ordenado su reubicación laboral, dada su condición de sujeto de especial protección
constitucional en razón a su estado de salud.

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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18. Con el fin de resolver el problema jurídico, se harán previamente algunos
planteamientos respecto: (i) de la estabilidad laboral reforzada; (ii) de la estabilidad
laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad; procediendo posteriormente
a (iii) resolver el caso concreto.

VIII.4. La estabilidad laboral reforzada

19. Con fundamento en el artículo 13, inciso 2º, de la Constitución Política, el Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará
medidas afirmativas en favor de los grupos discriminados. También dispensará
protección a las personas en estado de debilidad manifiesta, entre las cuales se
encuentran los sujetos que por su condición de salud están en situación
desfavorable para el desarrollo de su trabajo.

20. El artículo 46 de la Carta Política le impone al Estado el deber de adelantar una
política de prevención, rehabilitación e integración social, en favor de los
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54 superior, los empleadores quedan integrados en la labor de ofrecerles
capacitación a los trabajadores y les imponen el deber de propiciarles un trabajo
acorde a quienes se encuentran en situación de discapacidad.

21. La estabilidad laboral reforzada encuentra fundamento en el artículo 3º, numeral
1º, de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación, y en el numeral 1º del artículo 27 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad.
También viene reconocida como garantía en el Convenio 159 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo de personas
inválidas adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, incorporado a la
legislación nacional mediante la Ley 82 de 1988.

22. En suma, la estabilidad laboral reforzada adquiere la connotación de derecho
fundamental5 debido a diversas razones de índole constitucional, como son: i) la
existencia de mandatos de protección especial vinculantes para todos los actores
sociales y el Estado6; ii) el principio de solidaridad social y de eficacia de los
derechos fundamentales7, y iii) el principio y derecho a la igualdad material, que
comporta la adopción de medidas afirmativas en favor de grupos desfavorecidos, o
de personas en condición de debilidad manifiesta8.

23. Ahora bien, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada ha sido
definido por la jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que tiene el

5
Sentencias T-198 de 2006 y C-531 de 2000, reiteradas en la sentencia T-812 de 2008.
6
Estos mandatos se encuentran contenidos en los artículos 13,47, y 54 de la Constitución Política.
7
A partir de los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política.
8
Artículo 13, inciso 2º. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas
en favor de grupos discriminados o marginados. Inciso 4: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.

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trabajador; ii) a no ser despedido en razón a la vulnerabilidad que lo afecte o por
presentar una afectación grave en su estado de salud, y iii) a permanecer en el
cargo para el cual fue contratado.

24. De igual forma, la Corte Constitucional también considera que «[…] estas
medidas cobijan tanto a quienes acreditan una discapacidad médicamente
calificada por los órganos competentes, como a las personas que se hallan en
condición de debilidad manifiesta por una condición de salud, con independencia de
si el despido se produce en el transcurso de una incapacidad por enfermedad
general, o si ocurre después, en circunstancias de las que se puede inferir que la
persona no ha recobrado plenamente su estado de salud […]»9.

VIII.5. La estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad

25. Sea lo primero indicar que el derecho al trabajo -regulado en el artículo 25 superior-
lleva implícito el principio de estabilidad en el empleo; sin embargo, quienes ocupan
cargos en provisionalidad, tienen una garantía de carácter relativo e intermedio,
comoquiera que el constituyente en el artículo 125 ibidem establece que «[…] los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera […]», por lo que las
condiciones de ingreso y permanencia en cargos públicos están sujetas al mérito y
no a la discrecionalidad del nominador10.

26. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que

[…] cuando el principio de estabilidad en el empleo involucra cargos públicos,
debe analizarse bajo la perspectiva de la carrera administrativa, que es el
mecanismo preferente para la gestión de los empleos públicos. Esto quiere
decir que cuando una persona es nombrada en provisionalidad, su permanencia
en ese cargo depende de la implementación de ese mecanismo, justamente
porque lo que se privilegia en la Carta es el ingreso al empleo público a
través de los concursos de méritos […]11. (Negrillas por fuera del texto
original)

27. De lo anterior se desprende que la terminación del vínculo laboral en
provisionalidad como consecuencia del nombramiento de una persona que fue
seleccionada en el concurso de méritos no comporta el desconocimiento de los
derechos de esta clase de funcionarios, toda vez que dicha estabilidad relativa
cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un
concurso de méritos, por lo que la estabilidad de los servidores en provisionalidad
está condicionada al término de duración del proceso de selección y a las etapas
del concurso de méritos12.

9
Sentencia T-901 de 2013.
10
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
11
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05051-01
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

VIII.6. Caso concreto

28. Elciudadano Nerio Bastidas Padilla presentó acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social,
a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y
a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la
Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Arauca y Norte de
Santander y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional
Cúcuta - Norte de Santander, al no haber adoptado medidas tendientes a ordenar
su reubicación laboral, dada la condición de sujeto de especial protección
constitucional en razón a su estado de salud.

29. La autoridad judicial de primera instancia negó las pretensiones de amparo, al
considerar que, de acuerdo con las manifestaciones realizadas por las accionadas,
«[…] todas las plazas del mismo nivel estaban ocupadas en propiedad, o próximas
a estarlo, pues ya se encontraban conformadas las respectivas listas de elegibles
[…]», por lo que «[…] fueron agotadas las opciones de reubicación del accionante
sin que fuera posible dar cumplimiento a lo solicitado por este [...]».

30. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó impugnación, por
cuanto, a su juicio, las accionadas no adelantaron las actuaciones tendientes para
reubicarlo, pese a que tuvieron la opción de hacerlo cuando se crearon nuevos
cargos o en aquellos cargos que estaban siendo ocupados por personas en
provisionalidad que no gozaban de estabilidad laboral reforzada.

31. En este contexto, comienza la Sala por señalar que, aunque no es objeto de
discusión, la desvinculación laboral del aquí actor no obedeció a su condición de
salud, sino que fue consecuencia del nombramiento de una de las personas que
superó el concurso de méritos y que conformaba la lista de elegibles, quien, valga
resaltarlo, tiene un mejor derecho de acuerdo con la jurisprudencia trazada tanto
por la Corte Constitucional como por esta Corporación, tal como se explicó
ampliamente en los acápites precedentes.

32. De allí que resulta dable afirmar que la desvinculación laboral del aquí accionante
tuvo una justificación legal, la cual encuentra fundamento en la provisión del cargo
por concurso de méritos.

33. Ahora bien, tendiendo en cuenta las afectaciones de salud que padece el aquí
tutelante, las accionadas adoptaron, como medida afirmativa, mantener su
vinculación hasta tanto se posesionara la primera persona de la lista elegibles, ello,
«[…] ante la imposibilidad de nombrar en este despacho al señor Nerio Alexander
Bastidas Padilla, en un cargo de igual categoría al que en este momento ocupa en
provisionalidad […]»13.

13
Resolución 012 de 9 de mayo de 2020 expedida por la Juez Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05051-01
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

34. Como segunda medida afirmativa, se dispuso evaluar la viabilidad de la
reubicación del aquí accionante; sin embargo, de tal análisis se concluyó que: «[…]
todos y cada uno de los cargos vacantes aquí relacionados cuentan con lista de
elegibles, y se encuentran en proceso de agotamiento de las mismas, conforme el
Registro Seccional de Elegibles de los aspirantes al cargo que superaron todas las
etapas de la Convocatoria No 4 o en su defecto ya nombrados en propiedad como
se muestra en el cuadro […]»14. Por tanto, no era procedente acceder a la
reubicación del actor.

35. Visto lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo sostenido por el impugnante,
las accionadas sí adelantaron acciones tendientes a adoptar medidas afirmativas
en su favor, incluso, analizaron la viabilidad de reubicarlo; sin embargo, no fue
posible ante la falta de vacante del cargo.

36. Significa lo anterior que, tal como lo consideró el juez de primera instancia, «[…]
fueron agotadas las opciones de reubicación del accionante sin que fuera posible
dar cumplimiento a lo solicitado por este […]» y, en ese sentido, «[…] las entidades
accionadas solo están obligadas a garantizar la reubicación del señor Bastidas
Padilla en la medida de sus posibilidades […]».

37. Ello es así, porque, aunque el actor padece de afectaciones de salud, la realidad
es que su derecho de permanencia en el cargo es relativo y debe ceder frente al
mejor derecho que ostentan aquellas personas que superaron todas las etapas del
concurso de méritos.

38. Nótese, igualmente, que, aunque el actor aduce que, con posterioridad a su
desvinculación fueron creados nuevos cargos y las accionadas no adelantaron
gestionas para reubicarlo en alguno de estos, la Sala advierte que dicha
circunstancia no puede ser catalogada como vulneradora de derechos
fundamentales, porque para esa época la solicitud de reubicación del actor ya había
sido resuelta, mediante Oficio CSJNS-P22-810 de 10 de mayo de 2022, expedido
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, y su
desvinculación ya se había materializado.

39. En cuanto a la solicitud del actor consistente en que se ordene crear un nuevo
cargo con el fin de que sea reubicado en el mismo, la Sala advierte que tal petición
no tiene vocación de prosperidad, en tanto que, de conformidad con lo previsto en
el artículo 257 de la Constitución Política y los artículos 51, 85 y 91 de la Ley 270
de 7 de marzo de 1996, dicha decisión corresponde emitirla -discrecionalmente- al
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las competencias
constitucionales y legales que le fueron conferidas y, por ende, es un asunto que
escapa a las atribuciones del juez constitucional.

14
Oficio CSJNS-P22-810 de 10 de mayo de 2022 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05051-01
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

40. Lo anterior se encuentra en armonía con el fallo de tutela de 18 de marzo de 2021
proferido por esta Sección, en el que se precisó lo siguiente:

[…] la acción de tutela se torna improcedente, por cuanto no es el mecanismo
idóneo y eficaz para que se ordene al Consejo Superior satisfacer tales
pretensiones, pues la creación de cargos y/o plantas de personal están
presididas por decisiones administrativas que requieren un estudio presupuestal
y de planeación, lo cual no puede ser ordenado por el Juez Constitucional,
pues ello afectaría la libre configuración de la política pública, la
autonomía administrativa de la referida autoridad y generaría un gasto no
planeado en el respectivo presupuesto de la Rama Judicial […]15. (Negrillas
de la Sala)

41. En este orden de ideas, debe precisarse que en el sub examine no se está
desconociendo ni la figura de la estabilidad laboral reforzada, ni las afectaciones de
salud que padece el actor y tampoco las dificultades económicas por las que
atraviesa por la falta de una fuente de ingreso, pues lo que se advierte es que las
entidades accionadas no contaban con alternativas que les permitieran desplegar
un trato preferencial o de discriminación positiva en favor del actor y en virtud del
cual se le permitiera su permanencia en el cargo que venía desempeñando.

42. Es por las anteriores razones que esta Sala de Decisión considera que, aunque
el aquí accionante se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, lo cierto
es que no se puede afirmar que las autoridades accionadas hayan vulnerado sus
garantías fundamentales, dado que el nombramiento en provisionalidad del
accionante no le otorgaba un derecho de permanencia indefinida en el cargo, así se
encuentre en una condición especial, máxime cuando adelantaron todas las
gestiones para lograr su reubicación, la cual no fue posible ante la falta de vacantes.

43. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que debe
confirmarse el fallo impugnado que negó el amparo deprecado por el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de diciembre de 2022, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-00765-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05051-01
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

P(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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