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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05053-00

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05053-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL en el trámite de tutela interpuesto por la señora Luz Nelly Moreno de Galvis, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Luz Nelly Moreno de Galvis Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Rad: 11001-03-15-000-2022-05053-00 TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05053-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

17 de noviembre de 2022

Demandante: Luz Nelly Moreno de Galvis
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-05053-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-05053-00
Demandante: LUZ NELLY MORENO DE GALVIS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial – Cosa juzgada
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Luz Nelly Moreno de Galvis contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga y
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito presentado el 20 de septiembre de 2022 mediante ventanilla
virtual1, la señora Luz Nelly Moreno de Galvis, por medio de apoderado judicial,
ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga2 y la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, con el fin de que le sean amparados
sus derechos fundamentales “al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y
a la vida en condiciones dignas”

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 18 de julio de 2017, mediante la cual revocó el fallo dictado por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Buga del 28 de junio de
2013, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda impetrada en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado
por la actora contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL,
identificado con el radicado N. º 76001-33-31-701-2012-00011-00/01.

1 Solicitud N. º 4761.
2 Anteriormente, Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Buga, Valle del Cauca.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Luz Nelly Moreno de Galvis
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-05053-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…) se NULITE, la Sentencia de Primera Instancia No. 122 del d a 28 de junio de
2013, del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE
BUGA – VALLE, hoy JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BUGA – VALLE DEL CAUCA, al igual que, la Sentencia
de Segunda Instancia No. 160 del d a 18 de Julio de 2017, del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, todo bajo el Principio Ultra y
Extrapetita.

SEGUNDO: Qué, una vez revocadas las multicitadas sentencias judiciales, se le
ordene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITAREZ – CREMIL,
REVOCAR los Actos Administrativos Resolución No. 0913 del 18 de marzo de
2010, Resolución No. 1862 del 17 de junio de 2010, que confirmo la negación del
derecho prestacional a LUZ NELLY MORENO DE GALVIS, Resolución No. 7983
del 08 de junio de 2021, y Resolución No. 9770 del 25 de agosto de 2021, que
decidieron decretar prescripción sobre los haberes y demás erogaciones del
pensionado en favor de la entidad, en la cual negaron los recursos de ley, y demás
actos administrativos que se oponen ante la entidad al derecho de LUZ NELLY
MORENO DE GALVIS.

TERCERO: Qué, se le ordene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITAREZ – CREMIL, pagar a la señora LUZ NELLY MORENO DE GALVIS,
quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 24 931.683 de Pereira –
Risaralda, el 100% de los haberes dejas de cobrar por el señor SARGENTO
VICEPRIMERO (RA) DEL EJÉRCITO RAIMUNDO CIENFUEGOS.

CUARTO: Qué, se le ordene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITAREZ – CREMIL, reconocer y pagar a la señora LUZ NELLY MORENO DE
GALVIS, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 24 931.683 de Pereira
– Risaralda, el 100% del reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de
retiro del militar señor SARGENTO VICEPRIMERO (RA) DEL EJÉRCITO
RAIMUNDO CIENFUEGOS, a partir del día 6 de octubre de 2009, que adquirió el
derecho como cónyuge supérstite, conviviendo con el pensionado, los últimos 18
años a su fallecimiento, compartiendo techo, lecho, brindándose socorro mutuo,
y/o cinco años en cualquier tiempo de conformidad a la jurisprudencia, tal como lo
prueba el recorrido, donde vivieron con el pensionado, en desarrollo de su carrera
como militar y los registros civiles de sus cinco (5) hijos nacidos de manera
seguida en Buga – Valle, y Pereira - Risaralda.

QUINTO: Qué, se le ordene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITAREZ – CREMIL, reconocer y pagar a la señora LUZ NELLY MORENO DE
GALVIS, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 24 931.683 de Pereira
– Risaralda, el 100% del respectivo retroactivo o mesadas dejadas de pagar,
desde el día 6 de octubre de 2009, que Ella, adquirió el derecho, hasta que se
haga efectivo el pago total de la obligación generada.

SEXTO: Qué, se le ordene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITAREZ
– CREMIL, reconocer y pagar a la señora LUZ NELLY MORENO DE GALVIS,
quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 24 931.683 de Pereira –
Risaralda, el 100% de dichos valores indexados aplicando los respectivos
intereses correspondientes a los haberes dejados de cobrar por el pensionado, al
respectivo retroactivo o mesadas dejadas de pagar desde el día 6 de octubre de
2009, hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación.

SEPTIMO: Qué, se le ordene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITAREZ – CREMIL, reconocerle a la señora LUZ NELLY MORENO DE
GALVIS, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 24 931.683 de Pereira

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– Risaralda, el Derecho a la Seguridad Social (Salud), lo que le permitir disfrutar
una vida digna en mejores condiciones”. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

4. El sargento Raimundo Galvis Cienfuegos devengaba la asignación de retiro
desde el 1º de marzo de 1969, sin embargo, falleció el 5 de octubre de 2009,
razón por la cual, la señora Luz Nelly Moreno de Galvis en calidad de cónyuge
supérstite solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares el reconocimiento de
la pensión de sobreviviente.

5. Por medio de la Resolución N. º 0913 de 18 de marzo de 2010, la entidad negó
la petición, en atención a que a la misma vez compareció la señora Magdalini
Galindo Delgado en condición de compañera permanente. Dicha decisión fue
confirmada mediante la Resolución N. º 1862 de 17 de junio del mismo año.

6. La señora Moreno de Galvis impetró demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, solicitando la nulidad de los actos administrativos citados previamente y
el pago de la sustitución de asignación mensual de retiro en condición de cónyuge
supérstite del señor Galvis Cienfuegos.

7. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Buga, en sentencia del 28 de junio de 2013, declaró la nulidad de las
Resoluciones N. º 0913 y 1862 de 2010 y condenó a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares a reconocer y a pagar a la señora Magdalini Galindo Delgado el
100% de la asignación mensual de retiro.

8. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que en fallo de
18 de julio de 2017, revocó la providencia dictada por el juez a quo y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que:

“Ahora bien, respecto del derecho de la señora LUZ NELLY MORENO DE
GALVIS, al igual como lo sostuvo el A-quo, en el proceso si bien se demostró que
no hubo divorcio y se mantuvo vigente el vínculo conyugal con el causante, no se
acreditó en el proceso el supuesto para acceder al reconocimiento pensional, esto
es, que conviviera y haya hecho vida marital con él por cinco (5) años, durante
cualquier tiempo, razón por la cual no puede otorgársele realizarse el
reconocimiento proporcional de la pensión.

Así las cosas, concluye la Sala que ni a la actora ni a la litisconsorte necesario le
corresponde el derecho a la sustitución de la asignación de retiro debatida, como
quiera que de la valoración probatoria realizada no se logra demostrar con plenitud
que alguna de las dos hubieran compartido lecho y socorro mutuo con el señor
RAIMUNDO GALVIS CIENFUEGOS dentro de los últimos cinco (5) años de vida”.
(Sic a toda la cita)

9. Dicha decisión fue notificada por edicto el 11 de agosto de 2017.

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10. Con ocasión de lo anterior, la señora Moreno de Galvis presentó acción de
tutela3 contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Buga, en virtud de los fallos proferidos el 18
de julio de 2017 y el 28 de junio de 2013, respectivamente, argumentando la falta
de valoración del nacimiento de 5 hijos concebidos con el señor Galvis
Cienfuegos, entre los años 1963 a 1969, lo que demostraba su convivencia por el
durante 5 años en cualquier tiempo.

11. El 19 de abril de 2018, la Sección Primera del Consejo de Estado, declaró la
improcedencia del mecanismo, al advertir que “(…) para la Sala es claro que en
ninguna de las instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se hizo
referencia a la existencia de hijos como prueba de la convivencia conjunta entre la actora
y el señor Galvis Cienfuegos. Por lo mismo, mal podría la Sala entrar a analizar dicho
argumento como sustento de un presunto defecto fáctico en las providencias de 28 de
junio de 2013 y 18 de junio de 2017, cunado los jueces naturales del asunto no tuvieron
oportunidad de pronunciarse al respecto, toda vez que dicho planteamiento no fue puesto
bajo su conocimiento en las instancias donde procesalmente correspondía”.

12. La impugnación fue resuelta por la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, mediante providencia de 3 de julio de 2018, en la que se
confirmó la decisión del a quo, tras argumentar que: “(…) la señora Luz Nelly Moreno
de Galvis y/o su apoderado judicial de confianza contaron con la posibilidad de acudir
ante la Corporación judicial accionada para alegar y demostrar la convivencia efectiva,
con fundamento de los hijos que tuvieron en común, razón por la cual la presente acción
se torna improcedente por desconocimiento del principio de subsidiariedad, pues, se
insiste, dichos argumentos no fueron planteados en las instancias judiciales respectivas”.

13. Posteriormente, el 9 de agosto de 2019, la actora formuló recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia de 18 de julio de 2017, sin embargo,
el 4 de febrero de 2021, fue rechazado por extemporáneo, en atención a que fue
presentado 11 meses y 21 días después del término que tenía para ello.

1.4. Fundamentos de la vulneración

14. La parte actora aseguró que de acuerdo con los registros civiles de nacimiento
de sus hijos concebidos junto con el señor Raimundo Galvis Cienfuegos y una
simple operación aritmética, podía ratificar la convivencia entre ambos por más de
5 años en cualquier tiempo, pues su primera hija nació el 14 de enero de 1963 y
su última el 22 de abril de 1969, por lo cual se acreditaban 7 años de convivencia
continua e ininterrumpida4.

15. Adujo que a lo largo del proceso ordinario logró probar que el señor Galvis
Cienfuegos nunca tuvo una convivencia simultánea con alguna presunta
compañera permanente, pues como lo declararon los señores Mariela Figueroa
Henao y Ángel María Ramírez Vásquez, este vivía únicamente su hijo Jhon Jairo
Cienfuegos.

3 Esta se identificó con el radicado N. º 11001-03-15-000-2018-00124-00.
4 A pesar de que la actora no indicó el defecto al cual hacía referencia, esta Sala considera que se trata de un

fáctico.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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16. Indicó que ella estuvo junto al señor Galvis Cienfuegos por un tiempo, se
separaron y se dieron una segunda oportunidad en la cual duraron los últimos 18
años juntos, donde convivieron bajo el mismo techo y lecho, hasta el día de su
muerte en el Hospital San José de Buga, brindándose socorro mutuo.

17. Así las cosas, sostuvo que los jueces olvidaron el principio de Iura Novit Curia,
pues les faltó indagar acerca de la convivencia que se presentó entre los
implicados, para determinar si habían compartido o no durante 5 años en cualquier
tiempo o en los últimos 5 años de vida del señor Galvis Cienfuegos.

18. Finalmente, manifestó que se desconoció e ignoró la declaración del señor
Ángel María Ramírez Vásquez, sobre el contrato de arrendamiento de la casa
donde el señor Galvis Cienfuegos compartía su vivienda únicamente con su hijo
Jhon Jairo Cienfuegos Arce.

1.5. Tramite de la acción de tutela

19. Mediante auto de 4 de octubre de 2022, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación a la accionante y a los magistrados
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al juez Tercero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Buga y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, como
autoridades accionadas.

20. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de tercero con interés jurídico a la
señora Magdalini Galindo Delgado, quien actuó como litisconsorte necesaria al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
debate.

21. De igual forma, se le reconoció personería al abogado Jassan Jair Saa Díaz,
en calidad de apoderado judicial de la señora Moreno de Galvis.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

22. Con escrito enviado el 11 de octubre de 2022, el magistrado ponente de la
decisión de segunda instancia argumentó que no vulneró los derechos
fundamentales deprecados por la tutelante, en atención a que se evaluaron todas
las pruebas allegadas al plenario y de manera unánime, se llegó a la convicción de
que ni la parte actora ni la litisconsorte necesario lograron demostrar la
convivencia, por lo cual a ninguna le correspondía el derecho a la sustitución de la
asignación de retiro.

23. Asimismo, advirtió que la razón de la decisión se fundamentó en las
contradicciones que se presentaron en algunos de los testimonios rendidos, lo que

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llevó a la Sala a dar un mayor valor probatorio a las declaraciones de los señores
Ángel María Ramírez Vásquez y Mariela Figueroa Henao.

24. Respecto a la señora Moreno de Galvis, señaló que si bien se demostró que
contrajo matrimonio con el señor Galvis Cienfuegos el 16 de marzo de 1962 y que
no hubo divorcio, lo cierto es que no se acreditó su convivencia por 5 años.

25. Finalmente, puso de presente que la acción no cumplía con el requisito de
procedibilidad de la inmediatez, pues esta data del 18 de julio de 2017.

1.6.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL

26. Por medio de documento allegado el 12 de octubre del presente año, la
apoderada judicial de la entidad manifestó que no existía vulneración alguna de
los derechos fundamentales de la actora, pues se benefició de todas las etapas
procesales del proceso ordinario y el hecho de que no se accediera a sus
pretensiones, no significa que se hubiese incurrido en una vía de hecho. En
consecuencia, lo que pretendía la parte actora era revivir el debate.

27. Por otra parte, expuso que existía cosa juzgada sobre el tema, en virtud de
que la misma discusión ya fue zanjada en la instancia correspondiente, razón por
la que solicitó que se rechazara la acción constitucional por resultar improcedente.

1.6.3. Magdalini Galindo Delgado

28. A través de memorial remitido el 24 de octubre del año en curso, el apoderado
judicial de la litisconsorte necesaria del proceso ordinario expuso que la
accionante no aportó más elementos probatorios que el registro civil de
matrimonio y la declaración extrajudicial del señor Ángel María Ramírez Vásquez
en la que manifestó que el señor Galvis Cienfuegos compartía habitación
únicamente con su hijo, sin embargo, ello fue desvirtuado por las testigos María
Emma Campuzano Marín y Adriana Janeth Cienfuegos Arce.

29. Por otro lado, advirtió que la señora Moreno de Galvis incurrió en contradicción
al señalar que ella había autorizado el pago de los servicios funerarios del señor
Galvis Cienfuegos, cuando mediante prueba documental se demostró que fue la
señora Galindo Delgado quien hizo lo propio.

30. Asimismo, puso de presente que su representada y el señor Galvis Cienfuegos
convivieron por más de 15 años, lo cual es acreditado con su afiliación a la
Dirección General de Sanidad Militar en condición de beneficiaria del causante
desde el 22 de septiembre de 2003.

31. Por lo tanto, solicitó que se dejara en firme la sentencia de primera instancia
de 28 de junio de 2013, dictada al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y se le ordenara a CREMIL que le reconociera y
pagara el 100% de la sustitución de asignación de retiro.

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32. Pese a que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Buga fue notificado en debida forma, guardó silencio5.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Luz Nelly Moreno de Galvis, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.

34. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige, entre otros, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por tanto, debe aplicarse el numeral 5º
de la referida norma.

2.2. Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

 ¿Se configura el fenómeno de la temeridad con ocasión de la acción de
tutela que presentó la señora Luz Nelly Moreno de Galvis, identificada con
el radicado N. º 11001-03-15-000-2018-00124-00, resuelta en primera
instancia el 19 de abril de 2018 por la Sección Primera del Consejo de
Estado y, en segunda el 3 de julio del mismo año por la Sección Segunda,
Subsección “B” de la misma Corporación?

36. Si la respuesta al anterior cuestionamiento es negativa, se deberá establecer
si:

 ¿La solicitud de amparo cumple con el requisito de la inmediatez?

37. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) la figura jurídica de la temeridad
y la cosa juzgada; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Panorama general de la acción de tutela

38. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

5 Índice 8 de SAMAI.

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39. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a
la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.3.2. De la temeridad

40. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la
temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:

“Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas
las solicitudes”.

41. La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar
la ocurrencia de esta figura, así: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante;
(iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para interponer la
nueva acción”6.

42. La Corte Constitucional precisó que la verificación de estos requisitos coincide
con la prohibición general de que se realice un nuevo pronunciamiento por parte
del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica con uno anteriormente
decidido, toda vez que, según lo establecido por el artículo 332 del Código de
Procedimiento Civil “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada (…)”.

43. Así mismo, esta Sala de Decisión7, estableció las características de la
temeridad al indicar que la misma “se configura, cuando concurren la (i) identidad fáctica en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la segunda petición de
amparo se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto
accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción 8.

44. La actuación temeraria tiene una relación directa con el principio constitucional
de la buena fe, prescrito en el artículo 83 de la Constitución Política. De acuerdo
con el Tribunal Constitucional9, cuando se obra temerariamente se vulnera este
principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor
instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción de tutela y
como la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las
autoridades públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia

6 Corte Constitucional, Sentencia T-883 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, reiterada en la

Sentencia T-151 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes

Barreiro, Sentencia 11.02.16, Rad: 11001-03-15-000-2015-02100-01.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-883 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
9 Sobre este tema se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-308 de 1995,

M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-145 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, T-091 de 1996,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-001 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-1215 de
2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.

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mediante un análisis profundo de las pretensiones de las demandas, de los
hechos y de los derechos en que éstas se fundan10.

2.3.3. De la cosa juzgada

45. La figura jurídica de la cosa juzgada se encuentra actualmente consagrada en
el artículo 303 del Código General del Proceso, en los siguientes términos:

“Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el
primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”

46. De otra parte, en sentencia del 4 de febrero del 2016 11, esta Sección puso de
presente que esta Corporación12 ha sostenido que el fenómeno de la cosa juzgada
está llamado a garantizar el principio de unidad y seguridad jurídica, de modo que
solamente haya un pronunciamiento sobre la misma materia.

47. De esta forma, cuando se produce una decisión jurisdiccional definitiva que
pone fin a un conflicto, esta se torna intangible, por lo que ningún otro juez puede
pronunciarse nuevamente sobre el asunto. De ocurrir, sería posible la existencia
de dos sentencias contradictorias sobre idéntica controversia y, por ende, se
violaría el debido proceso13.

48. La Corte Constitucional ha considerado que el alcance del concepto de cosa
juzgada constitucional, debe atender una identidad de partes, hechos y
pretensiones14.

49. En ese orden de ideas, y frente a los requisitos señalados, para que sea
aplicable esta figura jurídica al caso concreto se requiere que se configuren ciertos
elementos definidos así por la jurisprudencia de esta Corporación:

10 Corte Constitucional, Sentencia T-067 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo
Oñate, Sentencia 04.02.16, Rad: 11001-03-15-000-2015-02538-01.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Jorge Octavio

Ramírez Ramírez, Sentencia 07.04.15, Rad: 11001-03-15-000-2006-00318-00; Sección Segunda,
Subsección B, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia 12.07.12, Rad: 85001-23-31-000-
2003-00455-01(2083-10).
13 Ídem.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-281 de 2014.

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i) Que exista identidad de causa. Debe existir plena coincidencia entre la
razón o motivos por los cuales se demanda; esto es, los hechos que dieron
origen a la presentación de la demanda y a la formulación de las
pretensiones.

ii) Que el proceso recaiga sobre el mismo objeto. Las pretensiones o
solicitudes de la demanda, en relación con la cual se dictó la sentencia
definitiva, deben coincidir, a su vez, con las peticiones de la nueva
demanda.

iii) Que exista identidad de partes. Quienes actúan como demandante y
demandado en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en el
nuevo proceso15.

50. Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado
de establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala
indica que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto
presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, pueden suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en
las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto
decidido previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan
razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa
juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la
materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una
expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso
de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad,
una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de
dos o más solicitudes de tutela que presentan la triple identidad a la que se
ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada.

2.4. Caso concreto

51. La señora Luz Nelly Moreno de Galvis presentó la acción de tutela, advirtiendo
su inconformidad con las sentencias dictadas al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado contra la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, con el cual buscaba que le fuera reconocida la pensión de
sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite del señor Galvis Cienfuegos, no
obstante, ambas instancias resolvieron de manera adversa a sus pretensiones.

52. Así las cosas, advirtió la configuración de un posible defecto fáctico en tales
fallos, al ignorar el hecho de que esta concibió 5 hijos con el señor Raimundo
Galvis Cienfuegos de manera consecutiva, indicio que debió ser explorado por los
jueces, pues de esto podía deducirse que sí convivieron al menos por 5 años en
cualquier tiempo y ello la hacía merecedora de la pensión de sobreviviente.

15 Ídem supra. Cita 13.

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53. Del escrito tutelar presentado, la accionante indicó que para el año 2018
interpuso acción de tutela recurriendo las mismas providencias, con ocasión de la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso “(…) y demás
derechos conexos”, sin embargo, esta fue rechazada por improcedente y
confirmada por el juez ad quem.

54. En atención a lo anterior, esta Sala de Decisión debe avizorar si: (i) ambos
mecanismos constitucionales guardan supuestos fácticos similares, (ii) se
encuentra identidad en la causa petendi, (iii) partes y objeto. De confluir los tres
elementos se analizará si existe alguna justificación para interponer la presente
acción o si por el contrario se presentó de forma temeraria. A continuación se
realiza el estudio:

Presupuesto Tutela con radicado N. º Tutela con radicado N. º
de análisis 11001-03-15-000-2018-00124- 11001-03-15-000-2022-05053-
00 00
Partes Tribunal Administrativo del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y Juzgado Valle del Cauca, Juzgado
Primero Administrativo del Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Buga16. Circuito Judicial de Buga y
Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares – CREMIL.
Hechos “(…) estimó vulnerados con las “En aras de lo anterior, de
sentencias de 28 de junio de acuerdo a los registros civiles de
2013 y 18 de julio de 2017, nacimiento de los mencionados
mediante las cuales el Tribunal hijos de la pareja, podemos hacer
Administrativo del Valle del el siguiente recorrido, donde solo
Cauca y el Juzgado Primero basta una simple operación
Administrativo de Buga, aritmética, para ratificar lo
respectivamente, negaron las probado, y es que, lo declarado
pretensiones de la demanda por LUZ NELLY MORENO DE
instaurada en ejercicio del medio GALVIS, el día 8 de enero de
de control de nulidad y 2010, mediante Acta Notarial No.
restablecimiento del derecho en 110 de la Notaria Segunda de
contra de la Caja de Retiro de las Buga – Valle, es verdad, lo que le
Fuerzas Militares, en el que se probaba a la Primera Instancia,
solicitó la nulidad del acto como a la Segunda Instancia, una
administrativo que negó el convivencia de LUZ NELLY
reconocimiento y pago de la MORENO con RAIMUNDO
sustitución de la asignación CIENFUEGOS, por más de cinco
mensual de retiro a favor de la (5) años en cualquier tiempo.
actora, como cónyuge supérstite
del sargento viceprimero ® Luego, su primera hija de nombre
Raimundo Galvis Cienfuegos. En LUZ ELENA CIENFUEGOS
criterio de la actora, las MORENO, les nace el día 14 de
providencias atacadas ignoraron enero de 1963, (…) El día 30 de
un hecho relevante en el proceso abril de 1964, les nace su
que demostraba su convivencia segundo hijo de nombre CAMILO
con el señor Galvis Cienfuegos CIENFUEGOS MORENO, (…) El
durante 5 años, en cualquier día 9 de julio de 1965, les nace

16 Hoy Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga.

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tiempo, consistente en que, fruto su tercer hijo de nombre JOSE
de su matrimonio con aquél, ALEXANDER CIENFUGOS
nacieron 5 hijos entre los años MORENO, (…) El día 24 de
1963 a 1969”. noviembre de 1967, les nace su
cuarta (4ª) hija de nombre
“(…) que fruto del matrimonio con CLAUDIA MILENA
aquél nacieron 5 hijos en las CIENFUEGOS MORENO, (…)
siguientes fechas: para el día 22 de abril de 1969,
• En el año 1963 nace su les nace su quinta (5ª) y última
primera hija Luz Helena hija de nombre VILMA YANEHT
Cienfuegos Moreno. CIENFUEGOS MORENO (…)”.
• En el año 1964 nace su
segundo hijo Camilo
Cienfuegos Moreno.
• En el año 1966 nace su
tercer hijo José Alexander
Cienfuegos Moreno
• En el año 1967 nace su
cuarta hija Claudia Milena
Cienfuegos Moreno.
• En el año 1969 nace su
quinta hija Vilma Janeth
Cienfuegos Moreno”.
Pretensiones “(…) (i) que se dejen sin efectos “(…) se NULITE, la Sentencia de
las sentencias de 28 de junio de Primera Instancia No. 122 del día
2013 y 18 de julio de 2017, 28 de junio de 2013, del
proferidas por el Juzgado Primero JUZGADO PRIMERO
Administrativo de Descongestión ADMINISTRATIVO DE
de Buga – Valle y el Tribunal DESCONGESTIÒN DE BUGA –
Administrativo del Valle del VALLE, hoy JUZGADO
Cauca, respectivamente, y en TERCERO ADMINISTRATIVO
consecuencia (ii) se ordene a la ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL
Caja de Retiro de las Fuerzas DE BUGA –
Militares a reconocer y a pagar la VALLE DEL CAUCA, al igual que,
mesada pensión de sobreviviente la Sentencia de Segunda
y los retroactivos pensionales a Instancia No. 160 del día 18 de
que tiene derecho en su Julio de 2017, del TRIBUNAL
condición de compañera ADMINISTRATIVO DEL VALLE
supérstite”. DEL CAUCA.

(…) se le ordene a la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITAREZ – CREMIL, reconocer
y pagar a la señora LUZ NELLY
MORENO DE GALVIS, quien se
identifica con la cedula de
ciudadanía No. 24´931.683 de
Pereira – Risaralda, el 100% del
reconocimiento y pago de la
sustitución de asignación de retiro
del militar señor SARGENTO
VICEPRIMERO (RA) DEL
EJÉRCITO RAIMUNDO
CIENFUEGOS (…)”.

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55. En relación al primer punto, es decir las partes accionadas, se observa que si
bien en la primera acción de tutela la actora solamente la dirigió contra las
autoridades judiciales que profirieron los fallos de primera y segunda instancia al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sección
Primera del Consejo de Estado al admitir la demanda de tutela vinculó en calidad
de terceros con interés tanto a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares como a la
señora Magdalini Galindo Delgado.

56. A pesar de que en la segunda acción de tutela, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares fue llamada como accionada, es evidente que de las
pretensiones se entiende que el mecanismo se dirigía solamente a cuestionar a
las autoridades judiciales, mas no a la entidad, pues fue contra esta que se ejerció
el medio de control y no tenía potestad alguna en realizar la valoración probatoria,
sin embargo, con el ánimo de proteger las garantías fundamentales de la actora y
cumplir con su solicitud, se tuvo como accionada a CREMIL.

57. Así las cosas, se advierte que en realidad ambos escritos tutelares se dirigían
contra las mismas partes, es decir, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga (antes Juzgado
Primero de Descongestión de Buga) y como terceros con interés a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares y a la señora Magdalini Galindo Delgado.

58. Respecto a los hechos de ambas demandas de tutela, esta Sala percibe que
se tratan de los mismos supuestos fácticos, en la medida en que, la señora
Moreno de Galvis se encuentra recurriendo los fallos de 28 de junio de 2013 y 18
de julio de 2017, pues a su juicio, estos ignoraron los años en los que concibió a
sus 5 hijos junto con el señor Galvis Cienfuegos, demostrando así los 5 años de
convivencia en cualquier tiempo que le permitía acceder a la pensión de
sobreviviente.

59. Frente a las pretensiones, es visible como ambas acciones se dirigían a lo
mismo, es decir, a que el juez constitucional dejara sin efecto la sentencia de 18
de julio de 2017, para en su lugar, ordenar al juez ordinario a proferir una
providencia de reemplazo en la que se accediera a las súplicas de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.

60. Teniendo en cuenta que los tres requisitos para la configuración del fenómeno
de la temeridad se encuentran acreditados, resta verificar si existe alguna razón
que exima a la actora de adecuarse en dicha figura.

61. En el libelo introductorio del presente trámite, la demandante advirtió que, a
pesar de ya haber presentado otra acción de tutela en el año 2018, ésta la
impetraba por hechos nuevos, tras haber iniciado el recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia de 18 de julio de 2017. No obstante, este fue
rechazado por extemporáneo, es decir, que no existió ningún hecho que cambiara
el panorama que evaluaron los jueces constitucionales en el año 2018.

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62. En efecto, para el caso concreto, la interposición del recurso extraordinario de
revisión de manera extemporánea no puede ser considerado un hecho nuevo que
habilite a la actora a presentar nuevamente la acción de tutela, máxime si se tiene
en cuenta que, en el proceso de la referencia se cuestionan las sentencias del
proceso ordinario por los mismos motivos en los que se fundó la primera acción
constitucional.

63. Ahora, el hecho de que la actora haya sido quien informó de la presentación
de la anterior tutela, permite a la Sala evidenciar que no hay mala fe. Lo anterior
por cuanto junto con el escrito de demanda, la accionante adjuntó los fallos de
tutela que resolvió la acción constitucional por ella interpuesta anteriormente, lo
cual desvirtúa el elemento subjetivo que se exige para entender configurada la
temeridad.

64. Con todo, la razón que expone la accionante, si bien justifica su proceder en el
asunto de la referencia, no necesariamente desvirtúa la cosa juzgada.

65. Es menester anotar que, tanto en primera como en segunda instancia
constitucional, las autoridades judiciales declararon la improcedencia de la acción
de tutela, por no haber superado el requisito adjetivo de procedibilidad referente a
la subsidiariedad, tras evidenciar que la señora Moreno de Galvis expuso un
hecho nuevo que no presentó ante los jueces ordinarios, pues la existencia de sus
hijos como prueba de la convivencia conjunta nunca fue planteada, razón por la
cual el juez constitucional no podía inmiscuirse en aquella órbita.

66. Así las cosas, teniendo en cuenta que no se encontró el elemento de la mala
fe de la actora, pero sí se encontró identidad en las partes, hechos y pretensiones,
se entiende configurada la cosa juzgada constitucional, pues los mismos
supuestos fácticos ya fueron estudiados por otros jueces de tutela.

2.5. Conclusión

67. La Sala de Decisión declarará la cosa juzgada constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL en el trámite
de tutela interpuesto por la señora Luz Nelly Moreno de Galvis, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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