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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05053-01

Fecha
17 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05053-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 17 de noviembre de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. ACEPTAR, en calidad de coadyuvante de la accionante, a Magdalini Galindo Delgado. TERCERO. RECONOCER personería al abogado José Geovanny Pinto Osorio, identificado con cédula de ciudadanía 16.351.798 y tarjeta profesional número 94.394 del CSJ, para actuar en representación de Magdalini Galindo Delgado, conforme al poder especial que obra en este trámite constitucional. CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados por el medio más expedito. QUINTO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05053-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

17 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05053-01
Accionante: Luz Nelly Moreno de Galvis

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2022-05053-01
Accionante: Luz Nelly Moreno de Galvis
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Buga y Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL-.
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: Figura de la coadyuvancia en sede de tutela. Reconocimiento de personería.
Subtema 2: Temeridad, cosa juzgada y cosa juzgada constitucional. Estudio de la triple identidad.
Subtema 3: Cosa juzgada constitucional. Incidencia de los hechos nuevos en la decisión adoptada.
Aplicación de precedente de la Corte Constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó Luz Nelly Moreno de Galvis en contra
de la sentencia de primera instancia que profirió la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 17 de noviembre de 2022, que declaró la cosa juzgada constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela
Luz Nelly Moreno de Galvis presentó escrito de tutela1 en procura de la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad
social y a la vida en condiciones dignas, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Buga y CREMIL, con ocasión de las providencias judiciales del 18 de julio de
2017 y del 28 de junio de 2013, que fueron expedidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado al número 76001-33-31-701-2012-00011-01.

1.2. Hechos probados2

1.2.1. Luz Nelly Moreno de Galvis radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la CREMIL, con el objeto de que se declarara la nulidad de
las resoluciones 913 del 18 de marzo de 2010 y 1862 del 17 de junio de 2010, actos
administrativos que le negaron la sustitución de la asignación mensual de retiro, en
su calidad de cónyuge supérstite de Raimundo Cienfuegos. Este proceso se radicó
al número 76001-33-31-701-2012-00011-00/01.

1.2.2. El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Buga dictó sentencia
de primera instancia el 28 de junio de 2013, en la que declaró la nulidad de los actos
demandados y condenó a la CREMIL a pagarle, a Madgalini Galindo Delgado, el
100% de la asignación mensual de retiro, y los ajustes de valor correspondientes.

1 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
F457461021EA179D A405E9CEBDD943CE 6615227EFA83BDF8 D1C8F1B0FA230D13, ubicado en el índice
2 del aplicativo SAMAÍ.
2 Construidos a partir de las piezas procesales de los expedientes aportados por la parte tutelante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Luz Nelly Moreno de Galvis

1.2.3. Luz Nelly Moreno de Galvis apeló la decisión de primera instancia, recurso
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió en proveído del 18 de
julio de 2017, en el sentido de revocar la sentencia del 28 de junio de 2013, y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.

1.2.4. La señora Moreno de Galvis radicó escrito de tutela el 14 de diciembre de
2017 en contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Juzgado Primero
Administrativo de Buga, en procura de la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la vida digna, a la salud y “a la pensión de sobreviviente”. Tales
garantías las consideró vulneradas por las accionadas al proferir las sentencias del
28 de junio de 2013 y del 18 de julio de 2017, que negaron las pretensiones de la
demanda.

Como fundamentos fácticos, expuso que tuvo una relación marital con Raimundo
Cienfuegos, que reconoció el juzgador de segunda instancia, pero sin concederle la
pensión de sobreviviente. Relató que no fue tenida en cuenta la existencia de hijos
en común como demostrativo de la convivencia, y que se le dio mayor valor a las
pruebas que la desvirtuaron.

Pidió, a título de pretensiones, el reconocimiento de la convivencia con su cónyuge
fallecido, ordenarle al pagador el pago de los retroactivos pensionales, y dejar sin
efectos las sentencias del 28 de junio de 2013 y del 18 de julio de 2017, que
profirieron respectivamente el Juzgado Primero Administrativo de Buga y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

1.2.5. Al mecanismo de amparo constitucional se le asignó el número de radicado
11001-03-15-000-2018-00124-00 y este fue admitido por el ponente de la Sección
Primera del Consejo de Estado el 12 de febrero de 2018, decisión que ordenó le
fuera notificada al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juez Primero
Administrativo de Descongestión de Buga (hoy Juzgado Tercero Administrativo de
Buga); y , en esta, vinculó al Comandante del Ejército Nacional, al Director General
de la CREMIL, a la señora Magdalini Galindo Delgado y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, por tener interés en el trámite.

1.2.6. La Sección Primera de esta Corporación dictó sentencia de tutela de primera
instancia el 19 de abril de 2018, en la que declaró la improcedencia del amparo toda
vez que los argumentos relacionados con la demostración de la convivencia, a partir
de la procreación de hijos en común entre el fallecido y Luz Nelly Moreno de Galvis,
no fueron objeto de discusión en el proceso ordinario, pues este último trámite se
redujo a que la señora Moreno de Galvis contrajo matrimonio con quien reputó
convivió, y en las distintas etapas procesales se limitó a referir el contenido de los
testimonios que fueron incorporados al plenario. Declaró improcedente el amparo
por falta de alegación al interior del proceso, lo que lo reveló de estudiar de fondo el
amparo.

1.2.7. Inconforme con esta decisión, Luz Nelly Moreno de Galvis radicó impugnación
que desató la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo
del 3 de julio de 2018, en el que defendió que la tutela introdujo argumentos nuevos
dejados de incorporar en el proceso ordinario, en concreto, puesto que aun cuando
la señora Moreno de Galvis rindió interrogatorio, lo cierto es que en este no alegó ni
probó la convivencia conjunta derivada de la procreación de hijos en común. Estas
razones de improcedencia, las encuadró en el presupuesto de subsidiariedad,
fundamento que le sirvió para confirmar la sentencia de primera instancia.

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Accionante: Luz Nelly Moreno de Galvis

1.2.8. Este expediente fue enviado a la Corte Constitucional el 24 de agosto de 2018
y fue excluido de revisión en el auto del 17 de septiembre de 2018 proferido por la
Sala de Selección de Tutelas número nueve.

1.2.9. La señora Moreno de Galvis interpuso recurso extraordinario de revisión con
el fin de que fuera dejada sin efectos la sentencia del 18 de julio de 2017 que profirió
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de restablecimiento del
derecho radicado al número 76001-33-31-701-2012-00011-00/01. Esta demanda
fue radicada con el número 11001-03-25-000-2019-00579-00 (4614-2019), y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado la rechazó en proveído
del 4 de febrero de 2021, por considerarla extemporánea. Este auto se notificó el 19
de febrero de 2021, y el expediente fue archivado el 8 de abril de 2022.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

Luz Nelly Moreno de Galvis solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en
consecuencia, que el juez constitucional: (i) anulara las sentencias proferidas el 28
de junio de 2013 y el 18 de julio de 2017; y (ii) le ordenara a la CREMIL, luego de lo
anterior, la revocación de las resoluciones 0913 del 18 de marzo de 2010, 1862 del
17 de junio de 2010, 7983 del 8 de junio de 2021 y 9770 del 25 de agosto de 2021,el
pago de los haberes dejados de cobrar, el reconocimiento y pago de la sustitución
de la asignación de retiro del señor Raimundo Cienfuegos, a partir del 6 de octubre
de 2009, el retroactivo o las mesadas dejadas de percibir desde esa misma fecha,
el derecho a la seguridad social, y la correspondiente indexación de las sumas.

La tutelante realizó un recuento fáctico de las actuaciones surtidas en sede
administrativa, y en el proceso ordinario, así como en el curso del recurso de revisión
que formuló contra la sentencia del 18 de julio de 2017, que el Consejo de Estado
resolvió de forma negativa en providencia del 4 de febrero de 2021. Y, expresó que,
ya había presentado escrito de tutela en 2018 que decidió la Sección Primera y la
Segunda del Consejo de Estado, al declararla improcedente, hecho que dio lugar a
que agotara recurso extraordinario de revisión.

Fundamentó sus pedimentos en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dictó providencia contraria a derecho por no ajustarse a las reglas de la sana crítica
y utilizar en contra de la demandante su propia prueba, en desmedro de la seguridad
jurídica, de la congruencia, y de los derechos iusfundamentales, ya que contrario a
las razones que defendió la segunda instancia, en la foliatura obraron medios
suasorios contundentes que permitían desvirtuar la convivencia existente entre el
pensionado y la señora Magdalini Galindo Delgado, y, en general, descartaban la
convivencia simultánea del pensionado con alguna otra compañera permanente.

En particular, adujo que de la convivencia dieron cuenta los testimonios de Ángel
María Ramírez Vásquez y Mariela Figueroa Henao y el interrogatorio de parte que
rindió, así como el de Jhon Jairo Cienfuegos Arce, a partir de los cuales podía
ratificarse su vínculo con el pensionado y los hijos en común que tenían, esto último
que era demostrativo de la temporalidad de los hechos para efectos de determinar
el período en el cual transcurrió la convivencia. Afirmó que estas pruebas fueron
inobservadas en el proceso ordinario.

Consideró que el juzgador inaplicó el principio de iura novit curia en virtud del cual
debía indagar por el estado de la convivencia en los 5 años anteriores, motivo por
el que pudo solicitar el decreto oficioso de los registros civiles de nacimiento de sus
hijos para procurar acceder a la verdad y abstenerse de dictar un fallo inhibitorio,
pero, en cambio, se limitó a constatar los motivos de sospecha contenidos en los
testimonios rendidos a favor de Magdalini Galindo Delgado.
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1.4. Trámite en primera instancia e intervenciones

1.4.1. El asunto correspondió conocerlo a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
cuya magistrada ponente admitió la demanda en auto del 4 de octubre de 20223, en
el que vinculó como interesadas a Magdalini Galindo Delgado y a la Subsección
A de la Sección Segunda de esta Corporación, tuvo como pruebas las allegadas
con el escrito de demanda y ofició a las autoridades para la remisión de los
expedientes. Además, le reconoció personería al apoderado de la demandante para
actuar en este trámite. Este proveído les fue notificado en debida forma a las partes
e interesados4.

1.4.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Buga5, la Sección Primera del
Consejo de Estado6 y la Secretaría de la Sección Segunda de esta misma
Corporación7 allegaron memoriales sobre la ubicación de los expedientes.

1.4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca8 afirmó que la providencia
que profirió estuvo ajustada a las pruebas aportadas y valoradas, de manera que
no se logró probar la convivencia entre el pensionado y la tutelante o la litisconsorte.
Indicó que la tutela no satisfacía el presupuesto de inmediatez.

1.4.4. CREMIL9 expresó que no existe vulneración de los derechos fundamentales
de la accionante quien tuvo a su disposición los medios de defensa judiciales y las
etapas procesales respectivas al interior de los mismos. De ahí que, consideró que
la parte acudió al amparo en procura de la satisfacción de sus pretensiones, y puso
de presente que sobre las pretensiones y hechos discutidos en el presente trámite
operó la cosa juzgada. Solicitó la declaratoria de improcedencia del amparo.

1.4.5. La Secretaría General le solicitó al apoderado de la tutelante que aportara la
dirección física o electrónica de la señora Magdalini Galindo Delgado, para efectos
de su notificación10.

3 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
99BE20D6C03A6EEE 81EA331113303027 F6F4961CCB407B9A 42963EA77E0B81E3, ubicado en el índice 5
del aplicativo SAMAÍ.
4 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

45F4CA5423224245 D883767FF5FF9156 0F581A8133D3B382 EA2174F26FCCEE68, ubicado en el índice 8
del aplicativo SAMAÍ.
5 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificados

A4BA348D7D820CE3 630B19DB81BB6640 CEDDF0995F0A8A48 357D0DE1EC91D461 y
236690C4206D671B 301C2211377B775A ACFDC8E50426D015 0CA4CD0B7F563297
, ubicado en los índices 9 y 11 del aplicativo SAMAÍ.
6 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

B4DF85B49914DCDB C74393AFA07946E9 A32027E457F472FB F222ABBAFD90B787, ubicado en el índice
12 del aplicativo SAMAÍ.
7 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

C2BED42D717A8321 6B3E347F15326466 18608823FF8A5B72 DC948B69FBFF8643, ubicado en el índice 15
del aplicativo SAMAÍ.
8 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

F6ABDBA5F6160752 31B8D68207544753 3444DEB77E4C0D28 0185EC62A001F7F5, ubicado en el índice 14
del aplicativo SAMAÍ.
9 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificados

FC03185DCDA2145E CB1783C7E721F241 3ADE9732122B8B83 10C1F4498E6B1C09,
FC03185DCDA2145E CB1783C7E721F241 3ADE9732122B8B83 10C1F4498E6B1C09 y
FC03185DCDA2145E CB1783C7E721F241 3ADE9732122B8B83 10C1F4498E6B1C09, ubicado en los
índices 16, 18 y 19 del aplicativo SAMAÍ.
10 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificados

9D8DC7E0B07F25F8 5BB025BC3882DBDD 431D017446343199 DD1892BB2CB196E1 y
A524D64CF7DAFF64 51A07F3A86637856 E38E59CAE1C80859 FE649B474C6C8D16, ubicados en los
índices 21 y 22 del aplicativo SAMAÍ.
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1.4.6. Magdalini Galindo Delgado11, a través de apoderado judicial, realizó juicios
sobre la apreciación probatoria en sede ordinaria, con el fin de develar que existió
una convivencia probada con el fallecido y que está desvirtuada la relación entre
este y la señora Moreno de Galvis. Hizo manifiesta su intención de coadyuvar el
presente trámite, por lo cual pidió la declaratoria de firmeza de la sentencia del 28
de junio de 2013, la anulación del fallo del 18 de julio de 2017, y el pago respectivo
a su favor, por parte de CREMIL, de las prestaciones que le asisten.

1.4.7. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó
silencio, a pesar de haber sido notificada del presente trámite en debida forma.

1.5. Sentencia de tutela de primera instancia y trámite posterior a su remisión
a la Corte Constitucional

1.5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia el 17 de
noviembre de 202212 en la que declaró la cosa juzgada constitucional, pues
encontró demostrada la triple identidad entre el proceso de tutela de la referencia y
el tramitado al radicado número 11001-03-15-000-2018-00124-00, ya que ambos
escritos de tutela estuvieron dirigidos contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo de Buga, cuestionaron las providencias
del 28 de junio de 2013 y del 18 de julio de 2017, a partir de una exposición fáctica
relativa a la inobservancia de la existencia de la convivencia; y pretendieron que se
dejara sin efectos el fallo del 18 de julio de 2017, para, en su lugar, ordenar que se
dictara una providencia de reemplazo en la cual se accediera a las pretensiones de
la demanda.

Defendió que a pesar de estar reunidos los tres requisitos indispensables para que
se configure la temeridad, la tutelante expresó que había presentado una solicitud
previamente, pero que acudía a un segundo amparo luego de haber agotado el
recurso extraordinario de revisión; por lo cual, desvirtuaba una mala fe en su actuar.

Por oposición, consideró que la interposición del recurso extraordinario de revisión
no podía tenerse como un hecho nuevo susceptible de habilitar la interposición de
un segundo mecanismo constitucional, y desvirtuar, a partir de esta constatación, la
declaratoria de cosa juzgada, precisamente por la extemporaneidad con que se
acudió a la revisión, y la verificación de que la situación planteada fue efectivamente
estudiada en el año 2018 por los jueces constitucionales. Para estos efectos, refirió
que la primera solicitud de amparo que interpuso Luz Nelly Moreno de Galvis, fue
declarada improcedente por faltar a la subsidiariedad, ya que según los juzgadores
la tutelante invocó hechos distintos a los que presentó en sede ordinaria.

11 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
1F7B8383C9F2E037 78CD1EB25D934AF7 0BB564997DC8FFB2 3297DBC7621E7381, ubicado en el índice
23 del aplicativo SAMAÍ.
12 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

C6AE1C1BADE96277 95CCD8A6FAFA2341 414386C4F5826B11 75790B48DE15C06A, ubicado en el índice
24 del aplicativo SAMAÍ.
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Accionante: Luz Nelly Moreno de Galvis

1.5.2. Esta providencia se les notificó en debida forma a las partes e interesados13
y fue enviada a la Corte Constitucional el 1 de diciembre de 202214. El proceso fue
reactivado15 por auto de no selección proferido por la Corte Constitucional16.

1.6. Impugnación y trámite en segunda instancia

1.6.1. Luz Nelly Moreno de Galvis radicó memorial el 29 de febrero de 2024 con el
fin de que fuera impulsada la impugnación que, según adujo, presentó el 24 de
noviembre de 202217 y, en esa misma fecha, con complementación que aportó el 1
de marzo de 202418, allegó el escrito correspondiente19.

1.6.2. La recurrente20 protestó que la declaratoria de cosa juzgada constitucional
agudizaba la violación de sus derechos fundamentales, de manera que el a-quo
desconoció el discurrir de los hechos en los que expresamente aludió a que acudía
al amparo por hechos nuevos al haber quedado agotada la vía gubernativa con la
interposición del recurso extraordinario de revisión.

Consideró que la tutela primigenia fue declarada improcedente por la existencia del
recurso de revisión, sin que en dicho trámite se hubiera previsto la imposibilidad de
acudir en el futuro porque las decisiones hicieron tránsito a cosa juzgada, y precisó
que, el Consejo de Estado se abstuvo de resolver el recurso de apelación que radicó
contra el auto que rechazó la revisión, actuación que le dio paso a la interposición
de una segunda tutela.

Reprochó que los yerros en que incurrieron las accionadas no fueron solucionados,
estudio que no podía evadirse con fundamento en la cosa juzgada que no estaba
demostrada, pues, precisamente, la existencia de hechos nuevos permitía
desvirtuar la triple identidad característica de la cosa juzgada. Expresó que, en
ambos trámites se invocaron derechos fundamentales distintos y en el asunto de la
referencia se descubrieron nuevos defectos en las decisiones enjuiciadas, pues
incluso se adelantó un trámite ulterior ante la CREMIL, quien expidió resoluciones,
que, no podrían ser demandadas en sede judicial pues existiría cosa juzgada.

1.6.3. Efectuadas las verificaciones pertinentes con respecto a la interposición del
escrito de impugnación21, la Mesa de Ayuda del Consejo Superior de la Judicatura
13 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
D7AD4AC1B56177DC E82F8A34CD6AF007 4A66B1DE4987FA3A 65ADD55967AF1353, ubicado en el índice
28 del aplicativo SAMAÍ.
14 Esta constancia obra en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 30 del aplicativo

SAMAÍ.
15 Esta constancia obra en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 31 del aplicativo

SAMAÍ.
16
Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
0E2DF1EB769EED83 779289ECAFD86A99 829BDEC1B893E415 0AC849F061605ACE, ubicado en el índice
32 del aplicativo SAMAÍ.
17 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificados

5325783744F71FC8 D72CCE92F178CA7E 4A52D5A79ACF6DB2 41C802BF29E92795 , 5325783744F71FC8
D72CCE92F178CA7E 4A52D5A79ACF6DB2 41C802BF29E92795 y 2B65C946732B912D
9E83648CD3E29C63 FB3A024FC68D7C82 0B04F688014F1F1F, ubicados en los índices 34, 36 y 41 del
aplicativo SAMAÍ.
18 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

A4DEB6AF31776058 FCA319221BB6C6DB 23B455B02BFCD87C 291B061A84D9C431, ubicado en el índice
41 del aplicativo SAMAÍ.
19 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificados

82F9F3E8198C6553 65B1ED430D2AC82E B4A082B0B4043E2D AAC6B73A2B23CDBB y
82F9F3E8198C6553 65B1ED430D2AC82E B4A082B0B4043E2D AAC6B73A2B23CDBB, ubicado en los
índices 35 y 41 del aplicativo SAMAÍ.
20 Ibídem.
21 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificados

CB2E4D35AF594855 A93EDCE0A1DA613F 5AFC9EB8E336D0FC 84E2DF4FBD39350B y
D8A523014EB3D318 B7C29D4EA5BF8B0F BE0E034EE7A55404 7EC39A3F8C752BA2, ubicados en los
índices 37 y 39 del aplicativo SAMAÍ.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
6
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05053-01
Accionante: Luz Nelly Moreno de Galvis

– CENDOJ- corroboró que el escrito de impugnación fue recibido el 24 de noviembre
de 202222. A partir de dicho parámetro, y ante la imposibilidad de asentir que el
apoderado de la tutelante recibió el mensaje automático en el cual se le advirtió cuál
debía ser el correo electrónico utilizado para radicar memoriales, concedió la
impugnación en auto del 16 de abril de 202423, que le fue notificado en debida forma
a las partes y a los interesados24.

1.6.4. Encontrándose el expediente de la referencia en el Despacho del Consejero
ponente de la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación para decidir
la impugnación, Luz Nelly Moreno de Galvis allegó memorial25 en el que solicitó que
el ad-quem tuviera en cuenta26, oficiosamente, la sentencia T-228 del 23 de junio
de 2023 de la Corte Constitucional27.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

La jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando una solicitud de amparo
va dirigida en contra de una providencia judicial, el juez de tutela debe, de forma
preliminar, analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción. Al efecto,
la Sala encuentra que debe pronunciarse respecto de la solicitud de coadyuvancia
que presentó Magdalini Galindo Delgado, y el reconocimiento de personería de
quien la representó como su apoderado en este trámite, pues tales asuntos no
fueron resueltos de forma expresa en sede de primera instancia.

La Sala tendrá como coadyuvante a la señora Magdalini Galindo Delgado por tener
interés en el presente trámite, únicamente en lo que guarda concordancia con los
pedimentos de la tutela inicial, esto es, la pretensión dirigida a dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia, pues las restantes peticiones invocan argumentos
propios y propenden por la protección de los derechos fundamentales a la vida
digna, al mínimo vital y al debido proceso de la señora Galindo Delgado, como si se
tratase de una nueva tutela, lo cual no es propio de la figura de la coadyuvancia28.

Adicionalmente, le reconocerá personería a José Geovanny Pinto Osorio,
22 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificados
CB94542433E1A827 DC2934644B930CB7 263FFB9528C9FBBE 0D5149402242E4D3 y 268FB675CF79C938
BEAE76FD872D34AB E128028B0E26A2B9 0E5E59D86A07B99D, ubicados en el índice 46 del aplicativo
SAMAÍ.
23 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

09541C172B8803A4 CAFA25E821EFA27F B322F499A439F367 24DE7F31110FD589, ubicado en el índice 48
del aplicativo SAMAÍ.
24 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

05288F58CE8FDB82 5A5487838B1C20BD D450E0D050C4AFE6 66FCF30D159F69B9, ubicado en el índice
51 del aplicativo SAMAÍ.
25 Aun cuando el memorial obra en el aplicativo SAMAÍ bajo la denominación “memorial de impugnación”, lo

cierto es que no corresponde a un nuevo escrito de impugnación sino a una solicitud de aplicación de precedente
en sede de segunda instancia.
26 Documento contenido en el expediente digital de tutela de segunda instancia con certificado

91E150BE82814A41 927F8638442C8831 2B1395D77497CFE8 8FB13E4D0CA8B254, ubicado en el índice 4
del aplicativo SAMAÍ.
27 Documento contenido en el expediente digital de tutela de segunda instancia con certificado

8E8BD66B0C929210 DC003943B106B638 AA2B9656AB35CA63 46D6A4CB3E006937, ubicado en el índice
4 del aplicativo SAMAÍ.
28 Corte Constitucional. Sentencia SU-067 de 2022. La figura de la coadyuvancia no puede involucrar

planteamientos y pedimentos que desborden el objeto de la solicitud inicial.
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identificado con cédula de ciudadanía 16.351.798 y tarjeta profesional número
94.394 del Consejo Superior de la Judicatura -CSJ-, para que defienda sus intereses
en este proceso, conforme al poder especial que obra en el expediente de tutela de
primera instancia.

Superado lo expuesto, la Sala estudiará lo atiente a la cosa juzgada constitucional,
que prevalece sobre cualquier otro requisito de procedibilidad, a partir de los cargos
que hicieron parte del escrito de tutela original.

2.2.1. De acuerdo con los precedentes de la Corte Constitucional29, la presentación
sucesiva o simultánea de acciones de tutela, que versen sobre un mismo asunto,
puede dar lugar a una de estas tres consecuencias; (i) que exista temeridad y cosa
juzgada, cuando se interpone la solicitud sin justificación de las razones por las que
se acude en una segunda oportunidad; (ii) que se predique la cosa juzgada pero
sin temeridad, “cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la
convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia
previa de un recurso de amparo”30; y (iii) únicamente la temeridad, comoquiera que
las dos acciones de tutela fueron interpuestas de mala fe, no obstante estas no han
hecho tránsito a cosa juzgada.

En este orden, para “poder decretar la temeridad, el juez debe advertir: (i) la
presencia de un elemento volitivo negativo en la presentación de la acción, es decir
que esta se ejerza con mala fe o dolo del accionante; y (ii) la ausencia de
justificación razonable y objetiva”31.

Para efectos de constatar el encuadramiento del asunto en cualquiera de las tres
consecuencias, el juez de tutela deberá verificar que respecto de los dos trámites
exista triple identidad, esto es: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; e
(iii) identidad del sujeto accionado”32.

Ahora bien, cabe destacar que la Corte Constitucional ha precisado que “algunas
variaciones en las partes, los hechos o las pretensiones”33 no necesariamente lleva
a concluir que no existe triple identidad, “sino que se trata de un examen más
profundo, que no basta con la coincidencia formal sino con una verificación de la
coincidencia material entre los dos procesos, a pesar de pequeñas diferencias”34.

En ese sentido, “accionar a una persona más o una menos puede significar, en todo
caso, una identidad de sujetos. Finalmente, tener un mismo objetivo y pretensión
no significa que deba existir una redacción idéntica de las pretensiones de las dos
acciones, sino, en cambio, que el juez pueda verificar que materialmente existe una
pretensión equivalente”35.

Expuesto lo anterior, resulta imprescindible considerar que la cosa juzgada es una
“institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas
en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas”36, mientras que la cosa juzgada constitucional es
predicable de los casos en que la Corte Constitucional excluye el fallo de tutela de
29 Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
30 Ibídem.
31 Sentencia T-190 de 2020 de la Corte Constitucional.
32 Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.
33 Sentencia T-219 de 2018 de la Corte Constitucional.
34 Ibíd.
35 Ibíd.
36
Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
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revisión, o el mismo es seleccionado para revisión, evento en el cual la cosa
juzgada constitucional opera una vez queda ejecutoriada la providencia que expide
el Alto Tribunal.

Por ende, es preciso diferenciar la temeridad de la cosa juzgada constitucional
como dos institutos procesales distintos, que, al margen de sus particularidades,
dan lugar al rechazo o decisión desfavorable de la solicitud de amparo conforme lo
preceptúa el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

En el caso de la cosa juzgada constitucional, y aun cuando existe una necesidad
de proteger los efectos definitivos e inmutables de la decisión en torno a la cual esta
es predicable, la Corte Constitucional ha permitido que en casos excepcionalísimos
esta pueda ser desvirtuada, como ocurre cuando se presentan hechos nuevos,
siempre que ello no atente de forma desbordada contra los principios de seguridad
jurídica y de cosa juzgada. Al punto, el máximo tribunal de la jurisdicción
constitucional ha caracterizado lo que puede considerarse como un hecho nuevo:
“por un lado, cuando se trata de un nuevo pronunciamiento judicial con vocación de
universalidad como las sentencias de constitucionalidad y las de unificación y, de
otro lado, respecto de un fallo que desarrolle situaciones jurídicas novedosas que
no hayan sido abordadas con anterioridad”37.

Bajo estos parámetros, la Corte Constitucional ha descartado la ruptura de la triple
identidad cuando la acción de tutela se limita a invocar acontecimientos futuros que,
por el solo paso del tiempo, pretendan habilitar acudir indefinidamente a la tutela.
“Así pues, los hechos nuevos deben tener incidencia en la razón de la decisión
adoptada anteriormente”38.

En el asunto bajo estudio, la Sala examinará si se cumplen las tres identidades
en relación con la demanda de tutela radicada al número 11001-03-15-000-2018-
00124-00/01, en caso contrario, se continuará con el examen de los demás
requisitos de procedencia.

Expediente de tutela número 2018- Expediente de tutela número 2022-
00124-00/0139 05053-00/01
Fecha de 14 de diciembre de 201740 20 de septiembre de 2022
presentación
Partes Accionante: Luz Nelly Moreno de Valvis. Accionante: Luz Nelly Moreno de Galvis
Accionado: Tribunal Administrativo del Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
Valle del Cauca y Juzgado Primero del Cauca, Juzgado Primero Administrativo
Administrativo de Buga, Valle. de Descongestión de Buga41 y CREMIL.

Derechos Debido proceso, vida digna, salud, y Debido proceso, mínimo vital, seguridad
invocados “pensión de sobreviviente”. social y vida en condiciones dignas.
Hechos y Hechos: Hechos:
pretensiones 1. Inició una relación matrimonial con 1. Contrajo matrimonio con Raimundo
Raimundo Cienfuegos. Cienfuegos, y con ocasión de su deceso,
solicitó a CREMIL el reconocimiento de la
2. La segunda instancia del proceso pensión de sobreviviente, que le fue negada.
ordinario reconoció la relación marital,
pero se abstuvo de conceder la pensión 2. Radicó demanda de nulidad y
de sobreviviente. restablecimiento del derecho en contra de
CREMIL.
3. Nacimiento de hijos, con sus nombres
y la indicación del lugar en el cual vivía, En primera instancia, el juez le reconoció la
para ese momento, con su compañero. pensión, pero a Magdalini Galindo Delgado,

37 Corte Constitucional. Sentencia T-407 de 2022.
38 Corte Constitucional. Sentencia T-407 de 2022, que citó la sentencia Sentencia T-427 de 2017, reiterada en

la sentencia T-337 de 2020.
39 Extraído de las piezas procesales que obran en el expediente digital en el aplicativo SAMAÍ.
40 Sello de presentación de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca – Oficina de

Apoyo Judicial.
41
Hoy Juzgado Tercero Administrativo de Buga.
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y no a Nelly Moreno, al ser probable que se
4.La providencia de segunda instancia no hubieran concertado los testigos Yon Jairo,
tuvo en cuenta los hechos expuestos que Adriana Janeth Cienfuegos y María Gladys
permitían acreditar la convivencia por 5 Arce Izquierdo, y Magdalini Galindo Delgado.
años, a sabiendas de que existió una
procreación de 5 hijos en común. Interpuesto el recurso de apelación, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
5. Expuso en su declaración jurada que revocó el fallo de primera instancia, y, en su
convivía con Raimundo Cienfuegos, con lugar, negó las pretensiones de la demanda.
residencia en Buga y domicilio principal
en Yotoco. El Tribunal apreció los testimonios de
Mariela Figueroa Henao y Ángel María
6. El abogado probó que no existió una Ramírez de forma contraria a los intereses
convivencia simultánea con alguna otra de la parte demandante, y de acuerdo con
compañera permanente, únicamente con los registros civiles de sus hijos, se
su hijo Jhon Jairo Cienfuegos Arce. De demuestra la convivencia requerida, junto
ello dieron cuenta los testimonios de con la declaración jurada que rindió la actora
Mariela Figueroa Henao y Ángel María en notaría.
Ramírez Vásquez.
3. Procreó hijos en común con el fallecido.
Pretensiones: Relató los lugares en los que vivió con su
compañero.
1. Reconocimiento de la convivencia por
9 años con su esposo, desde 1962 hasta 4. Tuvo una relación con el señor Raimundo
1971, cuando se separaron. Cienfuegos, y después de que ocurrió un
embargo por alimentos en 1981, se volvieron
2. Reconocimiento del cumplimiento de 5 a dar una segunda oportunidad hasta el
años de convivencia como lo prueba que fallecimiento de Raimundo, quien murió en
su compañero murió en sus brazos en “sus brazos” en el Hospital San José de
el hospital San José Buga. Buga.

3.Ordenarle al pagador o al departamento 5. Interpuso recurso extraordinario de
competente, cancelar los retroactivos revisión para allegar como nueva prueba los
pensionales con el reconocimiento de registros de nacimiento de sus 5 hijos,
su mesada pensional de sobreviviente. que rechazó la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con lo cual
4. Anular las sentencias del 28 de junio quedaron agotados los recursos para acudir
de 2013 y del 18 de julio de 2017, al mecanismo constitucional como vía para
proferidas por el Tribunal Administrativo acceder a la pensión de sobreviviente.
del Valle del Cauca y el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de 6. CREMIL profirió la Resolución 7983 del 8
Buga. de junio de 2021 en la que negó el
reconocimiento de los haberes dejados de
cobrar por el causante y el reconocimiento y
pago de una sustitución de asignación de
retiro, acto administrativo en el cual declaró
extinto el derecho y prescritos los recursos.

Contra esta resolución, interpuso recursos
con la advertencia de que estaba en trámite
la solución al recurso de revisión, el cual fue
rechazado por improcedente.

7. Corre el riesgo de que su derecho a la
vivienda digna se vea vulnerado, por falta de
apoyo económico de quien era su esposo y
deuda del impuesto predial unificado.

Pretensiones:

1. Amparar sus derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital, a la
seguridad social, y a la vida en condiciones
dignas.

2. Anular las sentencias del 28 de junio de
2013 y del 18 de julio de 2017, proferidas
por el Juzgado Primero Administrativo de
Buga42 y por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

3. Una vez revocadas las providencias
judiciales, ordenarle a CREMIL revocar las

42
Hoy Juzgado Tercero Administrativo de Buga.
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resoluciones 0913 del 18 de marzo de 2010,
1862 del 17 de junio de 2010, 7983 del 8 de
junio de 2021 y 9770 del 25 de agosto de
2021, que decretaron la prescripción de los
haberes y demás erogaciones del fallecido.

4. Ordenarle a CREMIL reconocer y pagarle:
(i) la sustitución de asignación en retiro; (ii) el
100% del retroactivo por concepto de las
mesadas dejadas de pagar y los haberes
dejados de cobrar, con la respectiva
indexación; (iii) y el reconocimiento de lo que
sea requerido para disfrutar de una vida en
condiciones dignas.

A partir de lo expuesto, la Sala concluye que se acreditan las tres identidades entre
ambas demandas de tutela, por las razones que pasa a explicar:

i) Identidad de partes: ambas acciones de tutela fueron presentadas por Luz
Nelly Moreno, de modo que se predica la identidad de parte activa. En igual sentido,
estuvieron dirigidas en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del
Juzgado Primero Administrativo de Buga, Valle-hoy Juzgado Tercero Administrativo
de Buga-.

Si bien la tutela de la referencia refirió como accionada, además, a CREMIL, lo cierto
es que la acción u omisión vulneradora de los derechos de la tutelante se materializó
en las providencias judiciales del 28 de junio de 2013 y del 18 de julio de 2017, pues
se pidió como pretensión consecuencial la anulación de las resoluciones proferidas
por CREMIL, esto es, una vez revocadas las providencias judiciales, lo que guarda
conexidad con que los reparos objeto de este amparo se hayan estructurado contra
las autoridades judiciales, y no de forma aislada contra CREMIL.

De esta manera, en el asunto de la referencia las autoridades judiciales son quienes
resultan accionadas, mientras que CREMIL viene a ser una tercera interesada en
las resultas del presente trámite, por haber sido parte en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en cuyo curso fueron dictadas las decisiones que la
actora desea sean dejadas sin efectos.

El hecho de que hayan sido formuladas pretensiones contra CREMIL, como el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro, del 100% del retroactivo de las
mesadas y los haberes dejados de cobrar, y el reconocimiento de todo lo que
resultare pertinente para proteger los derechos, no puede ser un distractor para
considerar que estos pedimentos son subsidiarios al examen de los fallos judiciales.

En todo caso, la Sala destaca al igual que el a-quo, que aun cuando en el expediente
de tutela radicado al número 2018-00124-00/01 no se accionó a CREMIL, la Sección
Primera del Consejo de Estado la vinculó al trámite constitucional, de manera que
se hizo partícipe y pudo ejercer su derecho fundamental al debido proceso.

ii) Identidad de causa petendi: las dos acciones de tutela se fundamentan
fácticamente en la existencia de una relación marital entre la tutelante y el fallecido
Raimundo Cienfuegos, lo cual dio lugar a la interposición de una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, que resolvieron desfavorablemente el
Juzgado Primero Administrativo de Buga, Valle-hoy Juzgado Tercero Administrativo
de Buga- y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al abstenerse de
concederle a la actora la prestación solicitada. De ahí que, los dos escritos de
amparo realizaron un recuento de la existencia de hijos en común entre Raimundo
Cienfuegos y la accionante, como denotativo de una convivencia.

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Ahora bien, cabe destacar que en la solicitud de amparo de la referencia la actora
introdujo eventos que catalogó como constitutivos de hechos nuevos, consistentes
en la radicación de un recurso extraordinario de revisión con posterioridad al trámite
ordinario que se agotó en dos instancias, y la expedición por parte de CREMIL de
dos resoluciones que datan del 2021.

La verificación de estos eventos mueve a la Sala a develar que es apenas natural
su caracterización como hechos futuros que, por temporalidad, no fueron objeto de
la solicitud de amparo radicada al número 2018-00124-00/01. Empero, quedan
reducidos a escenarios posteriores sin incidencia en la razón de la decisión que
adoptó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que le puso
fin al trámite 2018-00124-00/01, ya que esta última declaró la improcedencia del
amparo por no superar el presupuesto de subsidiariedad, sin que los motivos que
catalogó la tutelante como “hechos nuevos” repercutan en la forma en que se motivó
la improcedencia.

De este modo, la interposición de un recurso extraordinario, como la revisión,
pretende despojar de la cosa juzgada a las providencias judiciales dictadas en el
asunto ordinario que fue objeto de discusión en ambas solicitudes de amparo, por
lo que tiene por finalidad cuestionar de forma directa lo decidido en el proceso
ordinario, más no el trámite constitucional.

En cualquier caso, como lo sustentó el a-quo, este recurso fue rechazado por haber
sido interpuesto extemporáneamente, de modo que no tiene la potencialidad de
alterar el panorama que fue evaluado por los jueces constitucionales en 2018, por
cuanto los fallos ordinarios del 28 de junio de 2013 y del 18 de julio de 2017,
continúan amparados por la cosa juzgada.

Igual consideración merece el hecho relativo a que CREMIL expidió las resoluciones
7983 del 8 de junio de 2021 y 9770 del 25 de agosto de 2021, que se pretende sean
revocadas, pues la primera resolvió negar el pago de los haberes dejados de cobrar
y el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro, como
consecuencia de una decisión que emitió el 18 de julio de 2019 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó el reconocimiento de la sustitución
pensional a favor de las dos peticionarias, Magdalini Galindo Delgado y Luz Nelly
Moreno de Galvis; y, la segunda, rechazó por improcedente el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución 7983 del 8 de junio de 2021.

De ahí que, por un lado, la Resolución 7983 es un acto de ejecución o cumplimiento
de una orden judicial, lo que desvirtúa que tenga algún mérito de variar lo decidido
en la acción de tutela número 2018-00124-00/01; y, por otro, no fue solicitada su
nulidad en el proceso ordinario número 2012-00011-00/01, en cuyo curso se
profirieron las decisiones del 28 de junio de 2013 y del 18 de julio de 2017, que son
las enjuiciadas en las dos tutelas objeto de estudio. De tal manera que, la Sala no
está llamada a emitir algún pronunciamiento sobre otro proceso ordinario distinto al
tramitado con el número 2012-00011-00/01.

Llama la atención a la Sala que la parte actora pretende sugerir que concurrieron
hechos sobrevinientes que hacen distinta esta solicitud de amparo respecto de la
primera, a partir de una extensión de los cargos por los cuales considera procede la
revocación de los fallos judiciales, ya que en el escrito de tutela tramitado al número
2018-00124-00/01, se limitó a expresar que no fueron considerados los hechos que
permitían tener por probada la convivencia a partir de la procreación de hijos en
común, mientras que, en el de la referencia, aludió a una concertación con los
testigos; y, en general, a una inadecuada valoración probatoria de los testimonios,

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que, en conjunto con la declaración jurada que rindió, y los registros civiles de sus
hijos, permitían alcanzar la convicción de que existía una convivencia.

Sin embargo, una extensión de los fundamentos jurídicos no es óbice para descartar
la identidad fáctica, pues los motivos encuadrables en defectos específicos contra
las providencias judiciales no responden materialmente a la causa petendi en sede
de tutela y, en todo caso, constituyen reparos que pudieron ser advertidos desde el
primer escrito, lo cual es demostrativo de la falta de incidencia sustancial en la razón
de la decisión que se adoptó en el primer trámite constitucional.

iii) Identidad de objeto: ambas demandas propenden por la tutela efectiva de,
primordialmente, el derecho fundamental al debido proceso, garantía amparable en
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. De suerte que , aun
cuando existan unas pequeñas discrepancias en los derechos invocados en ambos
trámites, ya que en la tutela 2018-00124-00/01 se aclamó el derecho a la salud, lo
que no ocurrió con el escrito de la referencia, ello no es óbice para desacreditar la
identidad en el objeto, pues estas garantías son conexas a la configuración de un
defecto específico en las providencias judiciales; que no es otra cosa que un
examen de la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia.

Adicionalmente, Luz Nelly Moreno de Galvis busca la satisfacción de pretensiones
equivalentes, aunque no fueron idénticamente planteadas, porque pidió que le fuera
reconocida la convivencia, a través de la revocación de los fallos del 28 de junio de
2013 y del 18 de julio de 2017, con el pago correspondiente por el competente de
la mesada y de los retroactivos pensionales de sobreviviente.

En concreto, en el trámite de la referencia fue explícita en introducir como nuevas
pretensiones ordenarle a CREMIL la revocación de las resoluciones que expidió, y
pidió el reconocimiento de la sustitución de la asignación con la indexación, así
como todo lo que resultare procedente para la garantía de su vida en condiciones
dignas.

No obstante, la pretensión dirigida a la revocación de las resoluciones dictadas por
CREMIL, se pidió para ser concedida una vez fueran revocadas las providencias
judiciales enjuiciadas, razón para colegir que pende del estudio de las decisiones
del 28 de junio de 2013 y del 18 de julio de 2017.

Además, la inclusión de emolumentos solicitados directamente a CREMIL, por la
propia naturaleza del asunto, también están condicionados al examen de los fallos
del 28 de junio de 2013 y del 18 de julio de 2017, pues se reitera, la tutela no fue
interpuesta aisladamente contra las resoluciones, como actos administrativos, por
ser estos lesivos de los derechos iusfundamentales, sino contra las decisiones
judiciales.

En términos generales, la Sala revela que la parte tutelante pretendió desestimar la
triple identidad a partir de premisas falsas, pues, por un lado, afirmó que apeló el
auto que rechazó el recurso extraordinario de revisión, que resolvió el Consejo de
Estado, dicho que no se compadece con los registros de este expediente, que fue
archivado sin anotación de interposición de algún recurso; y, por otro lado, indicó
que en la primera solicitud de tutela los fallos motivaron la subsidiariedad en que
existía otro mecanismo judicial como el recurso extraordinario de revisión, cuando
lo que está acreditado es que la Sección Primera y la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declararon improcedente el amparo porque no se
alegó la existencia de una convivencia en el proceso ordinario, a partir de la prueba
de la procreación de hijos en común.
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Así pues, la convicción de la parte actora de que acudir al mecanismo extraordinario
de revisión implica el agotamiento de la vía gubernativa, no se encuadra en uno de
los supuestos excepcionalísimos que quebrantan la triple identidad y habilitan al
juez constitucional a pronunciarse de fondo, pues este convencimiento, además de
ser errado, está encaminado a revivir oportunidades inutilizadas, ya zanjadas con la
decisión de la primera tutela.

Tampoco puede permitirse la radicación de una segunda solicitud de tutela, con el
argumento de que la primera no fue estudiada de fondo y que existe una habilitación
para insistir en la violación de derechos por no haber indicado los fallos que hacían
tránsito a cosa juzgada, pues este efecto es predicable ipso iure de las decisiones
ejecutoriadas.

Distinto sería el análisis si las pretensiones de esta acción de tutela hubieran estado
encaminadas a dejar sin efectos la decisión emitida por el Consejo de Estado en
sede del recurso extraordinario de revisión, pues ahí se trataría de una solicitud de
amparo distinta que no queda comprendida por lo decidido en la primera.

Con todo, la Sala debe pronunciarse sobre la solicitud que radicó la accionante en
segunda instancia, quien pidió la valoración oficiosa de la sentencia T-228 del 23 de
junio de 2023 de la Corte Constitucional. Al punto, considera que las sentencias, en
principio, al constituir precedente, no son prueba de los hechos en los que estas se
fundan, motivo por el que deben ser conocidas y aplicadas por quienes administran
justicia en lo que resulte pertinente para resolver la controversia planteada.

No obstante, ello no implica que la aplicación del precedente pueda ser válida para
desvirtuar la existencia de la cosa juzgada constitucional, pues este análisis debe
responder a los motivos aducidos como hechos nuevos desde el escrito de tutela,
para procurar una debida defensa de la contraparte, lo que impediría que este juez
constitucional se sirviera de esta nueva razón invocada en la impugnación, que es
posterior al fallo de primera instancia.

Por las razones expuestas, y una vez descartadas las justificaciones brindadas por
la tutelante, la Sala concluye que se configuró la triple identidad entre ambos
procesos de tutela, y, en consecuencia, el instituto procesal de la cosa juzgada
constitucional que torna este amparo en improcedente43, en razón a que el
expediente radicado al número 2018-00124-00/01, fue excluido de revisión por la
Corte Constitucional, en el auto del 17 de septiembre de 201844.

Esta Sala se abstendrá de sancionar a Luz Nelly Moreno de Galvis, pues no están
acreditados los supuestos de la temeridad, ya que está probado que obró de buena
fe e interpuso la solicitud de amparo de la referencia bajo la convicción de que acudir
al recurso extraordinario de revisión la habilitaba nuevamente para interponer tutela.

En consecuencia, la Sala colige que la señora Moreno de Galvis fue transparente
en advertir desde su escrito de tutela que ya había acudido a una acción de la misma
naturaleza, previamente, tanto así que aportó las pruebas correspondientes para
acreditarlo.

43 “(…) en caso de comprobarse que como resultado de dicho evento se configura la cosa juzgada constitucional,

corresponde al juez de tutela declarar la improcedencia de la acción”. Corte Constitucional. Sentencia T-407 de
2022.
44 A diferencia de la motivación del a-quo, la Sala precisa que la cosa juzgada constitucional no puede tenerse

por configurada, sin antes verificar si el asunto fue o no revisado por la Corte Constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05053-01
Accionante: Luz Nelly Moreno de Galvis

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia que profirió la Sección
Quinta del Consejo de Estado, el 17 de noviembre de 2022, que declaró la cosa
juzgada constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que profirió la Sección Quinta del Consejo de
Estado, el 17 de noviembre de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. ACEPTAR, en calidad de coadyuvante de la accionante, a Magdalini
Galindo Delgado.

TERCERO. RECONOCER personería al abogado José Geovanny Pinto Osorio,
identificado con cédula de ciudadanía 16.351.798 y tarjeta profesional número
94.394 del CSJ, para actuar en representación de Magdalini Galindo Delgado,
conforme al poder especial que obra en este trámite constitucional.

CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados por el medio
más expedito.

QUINTO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VMP

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