República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05064-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
3 de noviembre de 2022
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05064-00
Demandante: Distrito de Buenaventura
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05064-00
Demandante: Distrito de Buenaventura
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial que al efectuar el control de
legalidad del Acuerdo Distrital 002 de 30 de abril de 2022 expedido
por el Concejo Distrital de Buenaventura (Valle del Cauca), lo
declaró inválido / inexistencia de los defectos alegados /
independencia y autonomía del juez natural
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el distrito de Buenaventura contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por la expedición de la sentencia de única
instancia proferida el 3 de agosto de 2022, dentro del medio de control de revisión de
legalidad radicado 76001-23-33-000-2022-00584-00.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el distrito de Buenaventura, por intermedio de apoderada, promovió demanda en orden
a que le sean tutelados al ente territorial los derechos fundamentales al debido proceso
e igualdad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05064-00
Demandante: Distrito de Buenaventura
Como consecuencia de lo anterior, el ente accionante solicitó que se deje sin efecto la
sentencia 049 del 3 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca dentro del radicado 76001-23-33-000-2022-00584-00, que declaró
inválido el Acuerdo 002 del 30 de abril de 2022, expedido por el Concejo Distrital de
Buenaventura y, por tanto, se ordene a la autoridad judicial accionada que dicte una
nueva sentencia, conforme a los parámetros jurisprudenciales del máximo tribunal de
lo contencioso administrativo.
1.1.2. Los hechos
En el escrito de tutela fueron narrados, en síntesis, los siguientes hechos:
i) El departamento del Valle del Cauca, sometió a control de legalidad el Acuerdo
002 del 30 de abril de 2022 «[p]or medio del cual se fijan las tarifas de los impuestos,
multas y derechos de tránsito con ocasión de los servicios de la Secretaría de Tránsito
y Transporte del Distrito de Buenaventura», expedido por el Concejo de dicho ente
territorial.
ii) El conocimiento del mencionado control de legalidad le correspondió en única
instancia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; autoridad judicial que el 3 de
agosto de 2022, resolvió declarar la invalidez del Acuerdo objeto de análisis.
1.1.3. El defecto invocado
En sentir de la parte accionante, la sentencia del 3 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurre en desconocimiento del precedente
jurisprudencial y, por tanto, vulnera los derechos fundamentales del ente territorial,
comoquiera que:
i) Desatiende el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el principio de la primacía
de la realidad sobre las formas, al fundar la declaratoria de invalidez del Acuerdo objeto
de control de legalidad en un requisito formalista como lo es el «estudio de impacto
fiscal». De manera particular desconoce el precedente fijado en la sentencia del 26 de
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Demandante: Distrito de Buenaventura
junio de 2020, proferida por el Consejo de Estado, dentro del radicado 50001 23 31
000 00543 01.
ii) No tuvo en cuenta que «el análisis de los argumentos expuestos en el
documento contentivo del estudio con el que se satisface el requisito de procedibilidad,
no solo se atempera a los parámetros fijados detalladamente en el “Marco Fiscal del
Mediano Plazo”, sino que se proyectan las fórmulas de compensación tales como el
aumento en el porcentaje de recaudo, y el aumento del recaudo por Semaforización y
Señalización (sic)», lo que evidencia la necesidad de que las pruebas sean valoradas
bajo las reglas de la sana crítica.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. Mediante auto del 13 de octubre de 20221, se admitió la acción de tutela y, se
dispuso notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca quienes conocieron del medio de control de legalidad que se tramitó
con el radicado 76001-23-33-000-2022-00584-00, y que dio origen al presente trámite
constitucional. Como terceros interesados en las resultas del proceso, se vinculó al
Concejo Distrital de Buenaventura y a la Personería Municipal de Buenaventura, y se
requirió a la Corporación accionada, para que notificara el trámite constitucional a las
personas que intervinieron en el mentado proceso2 e hiciera llegar la copia del
expediente digital correspondiente.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El magistrado Víctor Adolfo Hernández Díaz intervino en condición de ponente de la
providencia reprochada y manifestó que la decisión cuestionada no ha transgredido
los derechos alegados por la parte actora como vulnerados, toda vez que fue proferida
1 Una vez subsanada la solicitud de amparo, de acuerdo con el requerimiento efectuado mediante auto
del 28 de septiembre de 2022.
2 A excepción de el distrito de Buenaventura, y al Concejo Distrital del Buenaventura.
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Demandante: Distrito de Buenaventura
con estricto apego a los criterios jurisprudenciales, tanto del Consejo de Estado como
de la Corte Constitucional. Para el efecto expuso lo siguiente:
I) La sentencia del 3 de agosto de 2022 «contiene el derrotero preciso de las
pruebas allegadas al plenario en las oportunidades procesales», que permitieron
advertir que las medidas adoptadas en el Acuerdo No. 002 del 30 de abril de 2022,
«reducen las tarifas existentes, lo que, en criterio de la Sala, reduce (sic) los ingresos
tributarios del ente territorial y por lo tanto, conforme al artículo 7 de la Ley 819 de
2003, requiere de un estudio de impacto fiscal que lo justifique e indique de qué manera
se compensará esa reducción en el presupuesto de ingresos, debiendo incluir, como
lo indicó la Corte Constitucional, los costos de la iniciativa».
ii) Se fundamentó en que el proyecto de Acuerdo fue remitido a la Gobernación
del Valle del Cauca, sin el estudio de impacto fiscal, pese a que fija tarifas y que dicho
soporte fue requerido por aquella; aunado a que, cuando dicho documento fue
allegado al proceso, se evidenció que presentaba inconsistencias, pues en la parte
final se refería a un Acuerdo de diferente naturaleza.
iii) La parte actora tuvo todas las oportunidades procesales para acreditar los
requisitos de validez del Acuerdo objeto de revisión, en especial que en el análisis de
impacto fiscal se evidenciara que «una reducción del ingreso tributario (…)
indefectiblemente afectaba el presupuesto del ente territorial», sin embargo, al no estar
aquello justificado mínimamente en proyecciones y cifras concretas, devino en la
declaratoria de ilegalidad del acto de donde se deduce que lo pretendido en esta
instancia excepcional es reabrir el debate probatorio ya surtido.
1.4. Intervenciones
1.4.1. Del departamento del Valle del Cauca
La abogada Diana Yamileth Guapacha Fajardo, apoderada del departamento del Valle
del Cauca, indicó que la providencia censurada no vulneró los derechos fundamentales
del distrito de Buenaventura , comoquiera que el Tribunal accionado sí le garantizó el
debido proceso y, por ende, los derechos de defensa e igualdad; cosa distinta es que
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el ente accionante no acreditó haber dado cumplimiento al requisito de analizar el
impacto fiscal de la norma tributaria contenida en el Acuerdo objeto de decisión.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1. ° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción
de tutela.
2.2. Cuestión previa
En el presente asunto, la parte accionante formula la causal de desconocimiento del
precedente jurisprudencial; no obstante, de acuerdo con la argumentación expuesta
en el escrito de tutela, se advierte que por su contenido se adecuan, además, a los
defectos procedimental absoluto y fáctico,
2.3. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 3 de agosto de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control
de revisión de legalidad radicado 76001-23-33-000-2022-00584-00. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia
se incurrió en las causales de procedibilidad defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por
ende, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del
distrito de Buenaventura.
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2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces a través de un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no
puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia
C-590 de 20054, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que
hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
3
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada
la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente
y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de
naturaleza «excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material
o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el
hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al
menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20125, unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 20146 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca del 3 de agosto de 2022 en el medio de control de revisión de
legalidad radicado 76001-23-33-000-2022-00584-00
2.5.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela, por tratarse de una decisión que define un
control de legalidad, no proceden otros medios ordinarios de defensa ni las causales
especiales para la instauración del recurso extraordinario de revisión.
2.5.2. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.
2.5.3. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la decisión censurada fue proferida en única instancia en un proceso en
el medio de control de revisión de legalidad de un Acuerdo Distrital.
2.5.4. El asunto tiene relevancia constitucional toda vez que la invocada protección
de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad fueron justificados
razonablemente por la parte accionante, para evidenciar una posible restricción
desproporcionada respecto de dichas garantías por parte de la autoridad judicial, que
permiten considerar que se cumple con este presupuesto.
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Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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2.5.5. Se presentó con inmediatez; al respecto es preciso indicar que, la sentencia
cuestionada es del 3 de agosto de 2022 y la acción de tutela se instauró el 21 de
septiembre de igual anualidad7, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la
Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe
sobrepasar los seis meses.
2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
procedibilidad del amparo8 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error
inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
7 De acuerdo con el sistema de consulta de procesos judiciales SAMAI, la acción de tutela fue
interpuesta en línea, a través de la página web de la Rama Judicial, el 21 de septiembre de 2022.
8 Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas
de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.
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jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución, que se predica cuando, de
manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados
recogidos en la carta política.
Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.
En el presente asunto, como se indicó, la parte accionante formula la causal de
procedibilidad desconocimiento del precedente jurisprudencial; no obstante, acorde a
lo anotado en el acápite de la «cuestión previa» de acuerdo con la argumentación
expuesta en el escrito de tutela, se advierte que por su contenido se adecuan, además,
a los defectos procedimental absoluto y fáctico, comoquiera que el desacuerdo gira en
torno a la prevalencia que el ente distrital considera que el fallador debió otorgar a la
realidad frente a lo formal del Acuerdo objeto de control, por encima de las
formalidades aludidas en el fallo cuestionado y la valoración probatoria que aquel
realizó a los documentos allegados al proceso; por lo que, con la finalidad de
determinar la procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no, de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, la Sala hará un examen del marco
normativo y jurisprudencial de los defectos antedichos.
2.7. Marco normativo y jurisprudencial de las causales de procedibilidad defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico y desconocimiento del
precedente jurisprudencial
2.7.1. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
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La Corte Constitucional en Sentencia —SU 238 de 2019— 9 señaló que el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el funcionario judicial
por un apego extremo renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva e incurre
con su actuar en la inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del
derecho sustancial. Igualmente, esa causal se configura cuando profiere de manera
injustificada un fallo inhibitorio.
Sobre el particular y en concreto, en torno a los escenarios en los cuales el sacrificio
del derecho sustancial para dar cabida a las formas se torna en la causal examinada,
esa Corporación señaló:
El error procedimental por exceso ritual manifiesto “se presenta cuando el funcionario judicial, por
un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la
verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la
justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial.”10 Esta Corporación ha
identificado algunos escenarios en los que puede configurarse, entre los que se cuentan:
“(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales
en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva y
que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las
partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii) incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas.” 11
3.3.1. La jurisprudencia constitucional también ha concluido que una autoridad judicial puede
incurrir en un error procedimental por exceso ritual manifiesto cuando profiere, de manera
injustificada, un fallo inhibitorio. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-024 de 2017 se advirtió
que el juez incurre en este defecto cuando al proferir una providencia judicial, actúa con
excesivo apego a las ritualidades, perdiendo de vista que la finalidad del procedimiento es
lograr la efectividad de los derechos, por lo tanto, en sus actuaciones el fallador debe
procurar:“(i) impartir justicia,12 (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial
9 Referencia: Expediente T-7.163.048, Acción de tutela instaurada por Comertex S.A. contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, magistrada ponente: Diana Fajardo Rivera,
sentencia del 30 de mayo de 2019.
10
Sentencia T-234 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
11
Sentencias SU-565 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; SU-636 de 2015. M.P. María Victoria
Calle Correa, fundamento jurídico N° 34; T-031 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y SU-355
de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
12
Ver por ejemplo, la sentencia T-264 de 2009. En esa oportunidad, esta Corporación precisó que
puede “producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un
apego excesivo a las formas” se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que
los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí
mismos. La Corte consideró que la autoridad judicial accionada había incurrido en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, actuando en, “contra de su papel de director del proceso y
del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos materiales, al omitir la
práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos que le permitían
concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la autoridad
accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante
de los derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso
con la búsqueda de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas”.
Sentencia T-264 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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que se acerque lo más posible a la verdad real,13y (iii) evitar pronunciamientos inhibitorios que
dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia y de los derechos
materiales.14”15
En todo caso, esta Sala precisa que no todo fallo inhibitorio configura un defecto de este tipo,
como se dijo, dicha decisión debe ser injustificada. Por ejemplo, esta Corporación ha
tutelado “los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de justicia ante las
decisiones de los jueces, que sin haber agotado todas las opciones que ofrece el
ordenamiento jurídico para resolver el caso, profieren un fallo que deja en suspenso la
resolución del asunto puesto a su consideración.” 16
2.7.2. Defecto fáctico
De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico
cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta
incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión».17
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
13
Ver por ejemplo, la Sentencia T-268 de 2010, en la que la Corte al referirse al defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, concluyó que el mismo se presenta “cuando el funcionario judicial, por un
apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica
objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del
principio de prevalencia del derecho sustancial”. T-268 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Lo
anterior, fue reiterado por las sentencias T-386 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; y, T-637 de 2010.
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
14
La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia, supone la garantía
de obtener respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran
obligados adoptar todas las medidas pertinentes para evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea
de forma manifiesta, o de forma implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Ver por
ejemplo, las sentencias T-1017 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y, T-134 de 2004. M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
15
Sentencia T-031 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
16
Sentencia T-031 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. En esta Sentencia, se presentan
casos en los que esta Corporación ha concluido que la sentencia cuestionada, en la que el juez decidió
inhibirse, sí incurrió en un error procedimental por exceso ritual manifiesto. Por ejemplo, hace referencia
a las siguientes sentencias: T-1017 de 1999.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-134 de 2004. M.P. Jaime
Córdoba Triviño; T-264 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-1045 de 2012. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; T-577 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
17
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
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una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración probatoria
es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación
probatoria del juez de conocimiento.18 [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la hipótesis
denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio»19,
cuando advierta que el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
apartarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido20; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se
abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas fundamenta su decisión. 21
18
Corte Constitucional, sentencia T-1021 de 2005. M. P. Jaime Araujo Rentería.
19
Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido
a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado.
Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de
aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su
determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando
a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones
suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que
se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió
conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas
materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer
es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio,
contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera
ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado».
21
Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002,
en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de
comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso. Sostuvo
la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en
este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la
conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la
Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de acusación
y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes
separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información
periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella. En
este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la
condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y
después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones provenientes de
las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes
del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de
adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente ajenas al contenido de la
conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La Corte también rechaza la insinuación de que
una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución garantiza que la prueba
obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la
doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de
frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la
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En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida por
la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se configura,
entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de
existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto,
esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin
un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas
manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en
un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad
sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
En armonía con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, solo es factible fundar
una acción de tutela frente a un defecto fáctico, cuando se observa que la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia».22
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico, cuando pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica,
de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
Constitución. La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen
las providencias que se fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas
independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para
sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las manzanas
contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de pruebas sanas».
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
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Finalmente, es pertinente referir que, en Sentencia SU 495 de 202023 la Corte
Constitucional sobre el defecto fáctico, señaló:
Esta Corte ha sido clara en resaltar que los jueces de conocimiento tienen amplias
facultades discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso
concreto.24 Sin perjuicio de esto, ha señalado que tal poder discrecional debe estar
inspirado en los principios de la sana crítica, debiendo atender los criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución
y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería entendida como arbitrariedad judicial,
hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría
revocar la providencia atacada.25
84. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico “surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión”.26 En ese sentido, la Corte ha señalado que este tipo de
yerro tiene relación con la actividad probatoria desplegada por el juez, y comprende
tanto el decreto y la práctica de pruebas, como su valoración.27 Por lo tanto, teniendo
en cuenta que la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona28 la protección de la acción de
tutela por defecto fáctico puede encuadrarse cuando la actuación probatoria del juez
permita identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, que tenga una incidencia
directa en la decisión adoptada29.
85. Esta corporación ha reiterado en su jurisprudencia tres eventos en los que
se configura el defecto fáctico, a saber30 “(i) omisión en el decreto y la práctica de
pruebas indispensables para la solución del asunto jurídico debatido, (ii) falta de
valoración de elementos probatorios debidamente aportados al proceso que, de
haberse tenido en cuenta, deberían haber cambiado el sentido de la decisión adoptada
23
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.
24
La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia
25
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho
poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este
desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da
por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente” (resaltado fuera
del texto original).
26
ibidem
27
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
28
Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2004.
29
Corte Constitucional, sentencias T-442 de 1994 y T-781 de 2011.
30
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
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e (iii) indebida valoración de los elementos probatorios aportados al proceso, dándoles
alcance no previsto en la ley”31
2.7.3. Desconocimiento del precedente jurisprudencial
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia incurre en esta causal cuando
la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente32, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento del precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como desconocido presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente33; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
parecido al que se debe resolver con posterioridad.34
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o
por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona
31
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2007.
32 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-4Treinta y séis de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa
de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes
y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de
argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión
adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido
por los jueces».
34Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
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con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.35
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por los
funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.36 Sin embargo,
en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.37
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».38
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del acatamiento a los principios del debido proceso, la igualdad y la buena fe.39
35Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
36Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
37Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
38Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
39Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
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De otra parte, en la Sentencia SU 332 de 2019,40 la Corte Constitucional se refirió al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señaló:
Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia
15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo
cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene como
referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto que un
juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces de igual
jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados por las
instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la jurisprudencia.
16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos
tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido proceso.
Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener la
coherencia del sistema.
2.8. Hechos probados
2.8.1. El 13 de junio de 2022, la gobernadora del departamento del Valle del Cauca,
remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el Acuerdo 002 del 30 de abril de
2022 «[p]or medio del cual se fijan las tarifas de los impuestos, multas y derechos de
tránsito con ocasión de los servicios de la Secretaría de tránsito y transporte del Distrito
de Buenaventura de la vigencia fiscal del año gravable 2022», expedido por el Concejo
Distrital de Buenaventura (Valle del Cauca), para que efectuara el respectivo control
de legalidad.
2.8.2. Mediante auto del 14 de junio de 2022, fue admitida la solicitud de revisión antes
mencionada y se ordenó al Concejo Distrital de Buenaventura que remitiera la
respuesta a las solicitudes realizadas por la Gobernación del Valle del Cauca el día 23
de mayo de 2022, reiterada el 1 de junio de ese año, sobre el análisis de impacto fiscal
de las normas, en virtud del artículo 7 de la Ley 819 de 2003; punto respecto del cual,
el ente colegiado, al descorrer el traslado de la mentada providencia indicó que no ha
recibido los aludidos requerimientos, solo un «email de la Secretaría del gabinete de
40Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis
Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.
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la Alcaldía Distrital de Buenaventura el 6 de mayo de 2022, donde se solicita informe
de ponencia y comisión de los Acuerdos 001 y 002 de 2022». Por otra parte, el ente
territorial, en esa oportunidad procesal, adjuntó el «análisis del impacto fiscal de la
fijación de las tarifas de los impuestos, multas y derechos de tránsito con ocasión de
los servicios de tránsito y transporte de Buenaventura» y, solicitó se declarara la
legalidad del respectivo acto administrativo.
2.8.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de sentencia del 3 de
agosto de 2022, declaró la invalidez del Acuerdo No. 002 del 30 de abril de 2022 «en
consideración a que las medidas adoptadas reducen las tarifas existentes, lo que, en
criterio de la Sala reduce los ingresos tributarios del ente territorial y, por lo tanto,
conforme al artículo 7 de la Ley 819 de 2003, requiere de un estudio de impacto fiscal
que lo justifique e indique de qué manera se compensará esa reducción en el
presupuesto de ingresos, debiendo incluir, como lo indicó la Corte Constitucional, los
costos de la iniciativa».
2.9. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.9.1. Defectos procedimental absoluto, fáctico y desconocimiento del
precedente jurisprudencial
El fundamento de estas causales estriba según el ente territorial accionante, en que el
fallo cuestionado se abstuvo de dar prevalencia a la realidad sobre las formalidades,
esto es, al documento que contiene el análisis del impacto fiscal del proyecto de
Acuerdo objeto de control de legalidad y al hecho de que no fue remitido a la
Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, aunado a que, una vez aportado
al expediente, no fue valorado en debida forma, dado que en dicho estudio, además
de fijar los parámetros del marco fiscal de mediano y largo plazo, fueron proyectadas
las fórmulas de compensación en el recaudo, lo cual satisface el requisito que el
Tribunal echa de menos.
Para definir la posible configuración de los defectos procedimental absoluto y fáctico,
de acuerdo con lo expuesto en precedencia, advierte en principio la Sala que, en la
sentencia del 3 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se
ocupó de establecer si el Acuerdo No. 002 del 30 de abril de 2022 «[p]or medio del
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cual se fijan las tarifas de los impuestos, multas y derechos de tránsito con ocasión de
los servicios de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura de
la vigencia fiscal del año gravable 2022», expedido por el Concejo Distrital de
Buenaventura (Valle del Cauca), debía declararse inválido, al no realizarse, dentro del
trámite de aprobación del proyecto respectivo, el análisis del impacto fiscal de que trata
el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.41
Pues bien, se observa que el Tribunal accionado, para definir la problemática
planteada, analizó el contenido i) del Acuerdo cuya legalidad fue puesta a su
consideración, ii) del artículo 7 de la Ley 819 de 200342 y iii) del documento de análisis
de impacto fiscal que fue aportado por el Distrito de Buenaventura al expediente y,
concluyó que, cualquier proyecto de Acuerdo de naturaleza tributaria, «debe contener
previamente el análisis del impacto fiscal de la norma, los costos fiscales de la iniciativa
o la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo».
Agregó que la Corte Constitucional en la Sentencia C-286 de 2009 al referirse al
análisis fiscal dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 precisó que «i) el impacto
de esta naturaleza de los proyectos de ley que ordenen gasto u otorguen beneficios
tributarios deberá hacerse explícito en todo momento y ser compatible con el Marco
Fiscal de Mediano Plazo; (ii) para cumplir esos propósitos, tanto en la exposición de
motivos del proyecto como en las ponencias de trámite respectivas, deberán incluirse
expresamente los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional
generada para el financiamiento de dichos costos, y (iii) el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, en cualquier tiempo durante el trámite legislativo, debe rendir un
concepto sobre la consistencia de los mencionados costos fiscales y la fuente de
ingreso adicional, de conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y aquel
deberá publicarse en la Gaceta del Congreso». Además, en la Sentencia C-520 de
2019, dicha corporación indicó que se debe verificar si la norma ordena un gasto o
establece un beneficio tributario, pues de no ser así, no resulta exigible el análisis del
impacto fiscal.
41 Esto, en atención a que el Departamento del Valle del Cauca, al someter el mentado Acuerdo a control
de legalidad, señaló que el acto administrativo violó el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.
42 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal y se dictan otras disposiciones.
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Con fundamento en lo anterior, el Tribunal accionado en la sentencia del 3 de agosto
de 2022, advirtió que: i) el Acuerdo objeto de control de legalidad «fija unas tarifas», ii)
fue remitido por el distrito de Buenaventura a la Gobernación del Valle del Cauca sin
el respectivo estudio de impacto fiscal, a pesar de haber sido requerido para el efecto
y iii) el documento que contiene el análisis referido en el numeral anterior presenta
inconsistencias, sobre lo que concretamente sostuvo lo siguiente:
«[…] en la parte final hace referencia al proyecto de acuerdo “Por medio del cual se
modifica la tarifa de semaforización y señalización vial de la Secretaria de Tránsito y
Transporte del Distrito de Buenaventura” pese a que en su título hace referencia al
acuerdo “Por medio del cual se fijan las tarifas de los impuestos, multas y derechos de
tránsito con ocasión de los servicios de la Secretaría de tránsito y transporte del Distrito
de Buenaventura” para la vigencia fiscal 2022.
La Sala, teniendo en cuenta el título del acuerdo, el contenido del mismo y la fecha de
suscripción, deduce que se trata del estudio de impacto fiscal presentado como
requisito para la expedición del acuerdo aquí demandado (Acuerdo No. 002 del 30 de
abril de 2022 “Por medio del cual se fijan las tarifas de los impuestos, multas y derechos
de tránsito con ocasión de los servicios de la secretaría de tránsito y transporte del
Distrito de Buenaventura de la vigencia fiscal del año gravable 2022”).
Siguiendo con la revisión del estudio, se observa que en la parte final del mismo, se
concluye que el impacto fiscal de dicho acuerdo es positivo, bajo el argumento que
existen valores excesivos en el cobro de ciertos servicios y otros valores que duplican
el promedio definido en otras entidades territoriales, y señala que con esas medidas se
compensaría, entre otros, la propuesta de disminución de algunas tarifas,
específicamente en lo concerniente a las tarifas de semaforización y señalización. Sin
embargo, advierte la Sala que el estudio si bien habla de reducción de tarifas, no
presenta cifras concretas que sustenten la compensación de los ingresos que la entidad
dejará de percibir por esos conceptos.
[…]». (sic en toda la cita)
Bajo este panorama, la Sala aprecia que las razones que fundamentan los alegados
defectos procedimental absoluto y fáctico están dirigidas a invocar la aplicación del
principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades, para cuestionar la
valoración efectuada por el juez del control de legalidad del Acuerdo Distrital que fija
unas tarifas tributarias, de las normas aplicables y el documento que contiene el
análisis del impacto fiscal respectivo, toda vez que considera que este cumple con lo
establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 , dado que, en su sentir, detalla el
marco fiscal de mediano plazo y proyecta las fórmulas de compensación sustitutiva del
caso.
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En ese orden de ideas, lo que se avizora es que la parte actora está inconforme con
la lógica y el estudio realizado por el fallador en el análisis de la legalidad del Acuerdo
Distrital 002 de 2022 expedido por el Concejo Distrital de Buenaventura y utiliza la
acción de amparo para plantear un reexamen de la valoración normativa y probatoria,
lo cual no resulta de recibo para la Sala porque de admitirse se afectaría el juicio
interpretativo del juez natural, el que no se evidencia irracional o desproporcionado ni
se aprecia alejado de las reglas de la sana crítica.
En el sub júdice, si bien la entidad territorial accionante alega una actividad contraria a
la ley, por cuanto, aduce que del estudio de impacto fiscal en el que se justifica
financieramente el Acuerdo Distrital objeto de control de legalidad, aportado al
proceso, no se puede establecer la ilegalidad de aquel por incumplimiento de lo
previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, lo cierto es que, se evidencia que el
Tribunal realizó una disertación juiciosa y razonada la cual le permitió concluir, que tal
documental «no justifica» las medidas que se adoptan en el referido acto administrativo
general, dado que al reducir las tarifas existentes, ello constituye una disminución en
el ingreso tributario, lo que implica que indefectiblemente se deba indicar, la manera
en que aquella compensará los costos de la iniciativa, aspectos que no encontró
debidamente sustentados.
Por tanto, la Subsección no avizora que el Tribunal accionado, al efectuar el estudio
de legalidad del Acuerdo Distrital 002 de 2022, expedido por el Concejo Distrital de
Buenaventura, haya incurrido en una valoración manifiestamente arbitraria que
configure el defecto fáctico y habilite la procedencia del amparo deprecado, dado que
explicó las razones por las cuales, conforme a lo acreditado, el acto administrativo
general objeto de control de legalidad, al incumplir lo previsto en el artículo 7 de la Ley
819 de 2003, debía ser declarado inválido.
De otra parte, se tiene que la parte accionante alude que la sentencia cuestionada
desconoció el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado en la
sentencia del 26 de junio de 2020, proferida dentro del radicado 50001 23 31 000
00543 01 «sobre el tema alusivo a la primacía de la realidad sobre la formalidad».
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Al respecto, la Sala advierte en principio que la sentencia que se trae a colación como
precedente jurisprudencial desconocido, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1437 de
2011, no ostenta ese carácter, aunado a que, de acuerdo con lo aludido por la parte
accionante, no guarda identidad fáctica ni jurídica con el sub lite, en la medida que lo
allí definido versa sobre una imprecisión técnico jurídica en la que incurrió un municipio,
al utilizar la expresión «tasa por concepto del Servicio de Alumbrado Público» respecto
de la cual el fallador consideró que debía darse aplicación a la primacía de la realidad
sobre las formas; circunstancia que difiere a la aquí analizada, donde el examen de
legalidad recayó sobre la necesidad de que el estudio de impacto fiscal se ajustara a
lo previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.
Además, lo que se aprecia es que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para
resolver el caso puesto a su consideración, aplicó las sentencias de Constitucionalidad
proferidas por la Corte Constitucional, que consideró, aportaban los elementos
necesarios para desatar la controversia,43 lo que en sentir de la Sala también obedece
a la autonomía del juzgador natural; por tanto, no se encuentra configurada la causal
de procedibilidad desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que la acción de tutela debe denegarse por cuanto no se configuran las causales de
procedibilidad defecto procedimental absoluto, fáctico y desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
43 Fundamentó la decisión en las siguientes sentencias:
i) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021. Rad. 08001-23-33-
000-2013-00362- 01, CP. César Palomino Cortez.
ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 7 de abril de 2016, radicación:
13001-23-33- 000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Demandante: Distrito de Buenaventura
la República y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar el amparo solicitado a través de la acción de tutela instaurada por el
distrito de Buenaventura, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Si no fuere impugnada remitir el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G
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