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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05074-01

Gobernador

Fecha
17 de marzo de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05074-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 4 de noviembre de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. 2 Corte Constitucional, sentencia T-572 de 2016. Radicación: 11001-03-15-000-2022-05074-01 Demandante: Jean Pablo Salinas Acosta y otra Demandado: Presidencia de la República y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05074-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05074-01
Demandante: JEAN PABLO SALINAS ACOSTA Y OTRA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE DESIGNÓ
GOBERNADOR / Improcedencia de la tutela / Subsidiariedad / Otro mecanismo de
defensa judicial – Nulidad Electoral / Inexistencia de perjuicio irremediable

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida el 4 de noviembre de 2022 por la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES
1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 21 de septiembre de 20221, los señores Jean Pablo Salinas Acosta y Yissely
Yanet Lopesierra Orozco ejercieron acción de tutela contra la Presidencia de la
República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el
Ministerio del Interior, con el fin de que se ampare su derecho fundamental de
participación. Formularon las siguientes pretensiones:

1.- Ordenar al presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego y al
ministro del interior Alfonso Prada, que, de forma inmediata, designe de la
terna que le fuera enviada por el Partido Cambio Radical, Colombia
Renaciente y Partido Conservador Colombiano, el reemplazo del señor
Nemesio Roys Garzón, por el resto del periodo para el cual fue elegido éste.

1 Se advierte que, el 7 de febrero de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05074-01
Demandante: Jean Pablo Salinas Acosta y otra
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.- Ordenar que en lo sucesivo a los accionados en cuestión que se
abstengan en lo sucesivo de incurrir en conductas violatorias de los citados
derechos fundamentales.

1.2. Hechos y fundamentos de la tutela

De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:

El señor Nemesio Raúl Roys Garzón fue elegido en las elecciones del 27 de
octubre de 2019 como gobernador del departamento de La Guajira, para el
período constitucional 2020 - 2023, inscrito por la coalición programática y política
«Un cambio por La Guajira», conformada por los partidos Conservador
Colombiano, Cambio Radical, Colombia Renaciente y Social de Unidad Nacional.

Mediante fallo del 1° de julio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró, con efectos ex nunc, la nulidad del acto de elección del señor Roys
Garzón, por doble militancia, lo que llevó a que, por Decreto 1304 del 25 de julio
de 2022, se le retirara del cargo al gobernador electo y se nombrara en encargo al
señor José Jaime Vega Vence, quien se desempeñaba como secretario de apoyo
a la gestión, mientras se designaba un nuevo gobernador por el procedimiento de
terna.

Manifiesta la parte actora que, ante la falta de consenso para conformar la terna,
los partidos de la coalición decidieron, por mayoría simple, integrarla con los
señores Rafael Manjarrez Mendoza, María Estella Peñaloza Ovalle e Isaac José
María Carrillo Parodi, con lo cual quedó por fuera al candidato del Partido de la U.
Que, de hecho, el documento con la terna se radicó ante el Ministerio del Interior
el 10 de agosto de 2022, esto es, después de transcurridos los 10 días hábiles
establecidos en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.

Señalan los accionantes que, con posterioridad, el Secretario General del partido
Cambio Radical, mediante correo electrónico dirigido al Ministerio del Interior,
solicitó que se excluyera al señor Rafael Manjarrez Mendoza de la terna, a pesar
de haber sido elegido por mayoría simple, junto con los otros dos candidatos, lo
que ocasionó que la entidad en mención solicitara la conformación de una nueva
terna.

A juicio de la parte actora, la solicitud de una nueva terna vulnera sus derechos
fundamentales, al ser «una burla al derecho a la participación del pueblo de La

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Demandante: Jean Pablo Salinas Acosta y otra
Demandado: Presidencia de la República y otro
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Guajira», toda vez que la enviada el 10 de agosto de 2022 tenía plena validez y
vigencia, sin que pudiera ser desconocida caprichosamente por el Gobierno.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador de la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a los demandados y, como terceros con interés, a los
partidos políticos Conservador Colombiano, Social de Unidad Nacional, Cambio
Radical y Colombia Renaciente, a los señores Isaac José María Carrillo Parodi,
María Estela Peñaloza Ovalle y Rafael Enrique Manjarrez Mendoza, y al
departamento de La Guajira.

2.2. El departamento del Cesar, por conducto de la oficina asesora jurídica, rindió
el informe respectivo y solicitó que se declarara improcedente la acción tutela, al
no evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la
parte actora ni la configuración de un perjuicio irremediable, aunado al hecho de
que el Decreto 1190 de 2022, corresponde a un acto administrativo susceptible de
control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que, en el
presente caso, se reúnan los requisitos esenciales para que proceda la tutela de
forma transitoria.

2.3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que
se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa
entidad y se ordenara su desvinculación de la acción de tutela, por cuanto no
existe nexo de causalidad entre la violación o amenaza de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y las entidades que representa, dado
que no son la autoridad que supuestamente violó o amenazó los derechos
fundamentales invocados.

De otra parte, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que los
accionantes cuentan con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para exponer las
inconformidades planteadas en la tutela.

2.4. El partido de la U, por conducto del secretario general, rindió el informe
respectivo y solicitó que se negara el amparo solicitado por los accionantes, toda
vez que «a la fecha, la Presidencia de la República no ha efectuado el

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requerimiento a [ese partido], que hace parte de la coalición “UNIDOS POR LA
GUAJIRA” para la presentación de la terna para escoger el reemplazo del
Gobernador Electo de La Guajira».

Adicionalmente, solicitó que en el fallo se exhorte a la Presidencia de la República
para que requiera a todos los partidos políticos que hacen parte de la coalición,
con miras a la presentación de la terna para designar gobernador del
departamento de La Guajira, «atendiendo los parámetros legales y especialmente
los dispuestos en el contrato de coalición».

2.5. El Ministerio del Interior, por medio de la oficina asesora jurídica, rindió el
informe respectivo y solicitó que se le desvinculara del trámite de tutela, por no ser
responsable del supuesto quebrantamiento de los derechos invocados por la parte
actora.

Señaló que, al haberse desintegrado la terna inicialmente enviada por la coalición,
mediante oficio del 25 de agosto de 2022, se requirió a los presidentes de los
partidos Cambio Radical, Colombia Renaciente y Conservador Colombiano, para
que subsanaran la terna, bien fuera designando el reemplazo de la persona que
habían retirado o allegando una nueva, para que «el Gobierno Nacional tenga la
posibilidad de designar en ese destino público, a un ciudadano que reúna las
condiciones de idoneidad y probidad, y que cuente con el mayor respaldo de los
partidos y/o movimientos políticos que postularon la candidatura del mandatario a
reemplazar, conforme a derecho».

Bajo este contexto, señaló que la tutela era improcedente al existir otro
mecanismo de defensa judicial idóneo para reprochar las decisiones
administrativas tomadas al respecto, inclusive la acción de cumplimiento, si lo que
pretenden los accionantes es que se realice el cumplimiento a una orden de
contenido legal, por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad.

Finalmente, expuso que los accionantes no demostraron estar legitimados en la
causa por activa, pues sus reclamaciones están dirigidas a proteger su voto
popular, pero los hechos planteados en la demanda relacionan la actuación u
omisión del presidente para elegir un candidato de una terna, lo que involucra es a
representantes de los partidos políticos de la coalición o a los candidatos, sin que
se hubiera probado ninguna de estas calidades.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05074-01
Demandante: Jean Pablo Salinas Acosta y otra
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.6. El señor Rafael Enrique Manjarrez Mendoza solicitó que se le tuviera como
coadyuvante de la parte actora y que se ampararan los derechos fundamentales
invocados, por considerar igualmente que la terna enviada el 10 de agosto de
2022 goza de plena legitimidad, por lo que resulta procedente que el Gobierno
Nacional designe de ella al gobernador de La Guajira, para que termine el periodo
reglamentario.

2.7. Por su parte, el señor Armando Pérez Araújo solicitó que se le tuviera como
coadyuvante de la parte demandada y se declarara la improcedencia de la tutela,
por cuanto el requerimiento para conformar una nueva terca no vulnera los
derechos de los votantes, sino, todo lo contrario, garantiza la transparencia en el
proceso electoral.

2.8. El partido Cambio Radical, por conducto del secretario general, manifestó que
la tutela es improcedente, por cuanto los accionantes pueden acudir a la acción de
cumplimiento o al Consejo Nacional Electoral para exigir el cumplimiento de las
normas que consideran desconocidas.

De otra parte, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por
activa, pues, a su juicio, no pueden los accionantes pretender un amparo por
simplemente haber ejercido el derecho al sufragio, del cual, además, no se
demostró vulneración alguna.

2.9. Los demás vinculados en la tutela guardaron silencio.

3. Fallo Impugnado

La Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante providencia
del 4 de noviembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al considerar que a los accionantes
les correspondía, en primera medida, acudir ante la Presidencia de la República y
al Ministerio del Interior, para pedir explicaciones y medidas para garantizar su
derecho fundamental de participación ciudadana en control político. Y, si lo que
pretendían era que se realizara el nombramiento del gobernador, en virtud de las
normas que rigen la materia, tenían a su disposición la acción de cumplimiento,
previsto en el artículo 146 de la Ley 1437 de 2011, del cual no han hecho uso, sin
que se hubiese demostrado la configuración de un perjuicio irremediable que
requiera la intervención urgente del juez de tutela.

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Demandante: Jean Pablo Salinas Acosta y otra
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en la tutela y manifestó que hay numerosos pronunciamientos de la
Corte Constitucional que determinan la procedencia de la acción de tutela como
facultad de los electores para defender la voluntad expresada en las urnas,
precedente que desconoció el a quo al declarar improcedente la tutela por
supuesto incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado,
mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de
amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia
judicial, particularmente, el de subsidiariedad, y si se configura un perjuicio
irremediable que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio.

Solo en el evento de superar tales requisitos, la Sala descenderá al análisis de
fondo que corresponde, para establecer si las autoridades demandadas
vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

De entrada, la Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado porque la acción de
tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad. Como se sabe, dicha
consecuencia emerge cuando el interesado deja de ejercer o tiene a su
disposición otros mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto para
proteger eficazmente los derechos fundamentales.

En el caso concreto, los señores Jean Pablo Salinas Acosta y Yissely Yaneth
Lopesierra Orozco concretamente consideran que el Presidente de la República, a
través del Ministerio del Interior, deben nombrar al gobernador de la Guajira de la

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terna enviada el 10 de agosto de 2022, por los partidos políticos que conforman la
coalición «Un cambio por La Guajira», esta es, la integrada por los señores Rafael
Manjarrez Mendoza, María Estella Peñaloza Ovalle e Isaac José María Carrillo
Parodi.

Sin embargo, precisa la Sala que, durante el trámite de la acción de la referencia,
mediante Decreto 249 del 22 de febrero 2023, el Ministerio del Interior designó en
propiedad a la señora Diala Patricia Wilches Cortina como gobernadora de La
Guajira, la cual fue integrante de la terna enviada por el secretario general del
Partido de la U, mediante oficio del 15 de noviembre de 2022, reconformada el 23
de enero de 2023.

Bajo este contexto, considera la Sala que, si aún los accionantes consideran que
debió nombrarse como gobernador a una de las personas que conformaban la
terna enviada el 10 de agosto de 2022, deben controvertir el acto de designación
contenido en el Decreto 249 del 22 de febrero 2023, el cual es susceptible de
enjuiciamiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante el
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139
del CPACA, que establece:

Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto
popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento
que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden.
Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer
vacantes en las corporaciones públicas.

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades
electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de
la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que
declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros
electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de
elección.

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de
ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los
derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998. (se resalta)

Como se observa, el artículo es claro frente a la procedencia del medio de control
de nulidad electoral sobre los actos de nombramiento que expidan las entidades y
autoridades de todo orden, razón por la cual la tutela resulta improcedente, dado
que existe otro medio de control respecto del cual no se evidencia que la parte
actora hubiera hecho uso.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05074-01
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Bajo este contexto, aunque puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable, al punto que sea
necesaria la intervención urgente del juez constitucional, lo cierto es que en este
caso no se acreditó dicho perjuicio y, por ende, inaplicable la mencionada
flexibilización.

Ahora, si bien en la impugnación el accionante manifestó que la tutela era
procedente de conformidad con numerosa jurisprudencia de la Corte
Constitucional que permitía el ejercicio de la acción de tutela para garantizar los
derechos de los votantes, precisa la Sala que, tal como lo ha considerado esa
misma Corporación, con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) se establecieron facultades
de solicitar medidas cautelares «y puntualmente tratándose de la suspensión
provisional de los efectos de los actos administrativos, no resulta ser la tutela el
mecanismo idóneo para la protección cautelar de los derechos, sino la remisión al
mecanismo ordinario, que en este caso resulta ser la Nulidad Electoral»2.

En estos términos, es claro que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para controvertir decisiones tomadas en el proceso electoral, por lo que la acción
de la referencia no cumple con el requisito de la subsidiariedad.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por los señores Jean Pablo Salinas
Acosta y Yissely Yanet Lopesierra Orozco, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, pero por las razones expuestas en la presente providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 4 de noviembre de 2022, dictada por la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.

2 Corte Constitucional, sentencia T-572 de 2016.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05074-01
Demandante: Jean Pablo Salinas Acosta y otra
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con excusa
VF

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