Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05076-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05076-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-05076-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05076-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales –DIAN–
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Defecto sustantivo - la parte actora pretende
reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural
/ Defecto sustantivo – Falta de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 21 de septiembre de 2022, La Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, a través de apoderada judicial, presentó
acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de obtener
la protección de su derecho fundamental al debido proceso 2 , presuntamente
vulnerados por la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 10 de marzo
de 2022 3 , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 4 que
promovió la sociedad Carbones del Cerrejón Limited contra la entidad accionante.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Igualmente invocó la protección de los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.
3 Notificada el 22 de marzo de 2022.
4 Identificado con número de radicado 25000-23-37-000-2015-01704-01.
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Accionante: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales –DIAN–
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
<< 1. Se tutele en favor de mi representada los derechos fundamentales al debido proceso y los
principios de confianza legítima, a la buena fe, y seguridad jurídica, vulnerados con la sentencia
de segunda instancia proferida por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado por las
razones que se explicaron de manera suficiente en este escrito.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Consejo de Estado - Sección Cuarta:
(i) proceda a revocar la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso judicial No.
25000-23-37-000-2015-01704-01 instaurado por la sociedad CARBONES DEL CERREJÓN
LIMITED en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y (ii) profiera
un nuevo fallo en el que de aplicación taxativa a lo establecido en el artículo 258-2 del E.T. >>5.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- La sociedad Carbones del Cerrejón Limited, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la DIAN, con
el propósito de que se declara la nulidad de: (i) la Liquidación Oficial No.
312412014000039 del 26 de marzo de 2014, mediante la cual la DIAN rechazó el
descuento en el impuesto de renta correspondiente del IVA pagado en la importación
de maquinaria pesada para la industria básica establecido en la declaración de renta
de Carbones del Cerrejón Limited por el año gravable 2010 y (ii) la Resolución
900340 del 22 de abril de 2015 por medio de la cual se decidió el recurso de
reconsideración presentado por Carbones del Cerrejón Limited en contra de la
Liquidación Oficial No. 312412014000039 de 2014.
5.- El 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y declaró la nulidad parcial de los actos acusados solo en cuanto al monto
de la sanción por inexactitud, el cual fue ajustado al 100% en virtud del principio de
favorabilidad, al considerar que: (i) la entidad demandante no cumplió con la carga
de la prueba, ya que si bien es cierto que el artículo 258-2 del Estatuto Tributario no
exige que la declaración de importación indique en la descripción de la mercancía
que se trata de maquinaria pesada para industrias básicas para acceder al descuento
del IVA, también lo era que, la DIAN desvirtuó la presunción de veracidad del
impuesto sobre la renta y, por lo tanto, la contribuyente tenía la carga de probar que
importó maquinaria pesada para industrias básicas, lo cual no hizo; (ii) los actos
acusados no incurrieron en falsa motivación pues, la DIAN actuó de forma diligente
porque determinó el alcance del artículo 258-2 del Estatuto Tributario y verificó el
cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio tributario con base en el
5 Expediente digital, folios 17 y 18 del escrito de tutela.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
material probatorio aportado; y (iii) en virtud del principio de favorabilidad y en
aplicación de las disposiciones consagradas en Ley 1819 de 2016, redujo la sanción
del 160% al 100%.
6.- Inconformes con la decisión adoptada, la parte demandante apeló el fallo de
primera instancia.
7.- El 10 de marzo de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, revocó la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar
declaró la nulidad de los actos demandados, al considerar que, para la época de los
hechos, el IVA pagado por la importación de repuestos, complementos y accesorios
de máquinas pesadas destinadas a industrias básicas podía descontarse del
impuesto sobre la renta, con base en el artículo 258-2 del ET vigente en ese
momento, reiterando para ello la interpretación adoptada en el fallo del 1 de julio de
2021,exp. 24313, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el que
se consideró que el sentido natural de la expresión maquinaria pesada indica que la
misma está integrada por varias piezas y elementos que cumplen con funciones
específicas en la producción del bien o la transformación de la energía en una más
adecuada, concluyendo que los repuestos, complementos y accesorios adquiridos
por la demandante también estaban comprendidos en el beneficio fiscal del artículo
258-2 del ET.
8.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, al haber incurrido en defecto sustantivo, dado que
la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada se soportó en una
interpretación irrazonable, desproporcionada y arbitraria del artículo 258-2 del ET y
en el desconocimiento absoluto del principio de reserva de ley en materia tributaria
previsto en el artículo 338 de la Constitución Política, al considerar que los
repuestos, complementos y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento
de la maquinaria pesada, hacían parte del concepto mismo de “maquinaria pesada”
incluido el artículo 258-2 del ET y que por ello, se encontraban comprendidos dentro
del beneficio tributario al que hace referencia la precitada norma.
9.- Lo anterior, teniendo en cuenta que la importación de repuestos, partes y
accesorios no está incluida expresamente en el descuento tributario del artículo 258
y por definición natural y obvia la maquinaria pesada se refiere a bienes de grandes
dimensiones y complejidad, lo que descarta de plano la posibilidad de incluir en
dicho concepto las partes, repuestos y accesorios de este tipo de maquinaria.
10.- Además, señaló que la entidad demandada incurrió en un defecto sustantivo al
invocar como precedente la sentencia del 1 de julio de 2021, Rad. 25000-23-37-
000-2015-01405-01 (24313), que a su vez se sustentó en el fallo proferido por la
Sección Cuarta el 13 de diciembre de 2011, Rad. 47001-23-31-000- 2003-01293-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(17626). A su parecer el fallo precitado, era inaplicable al caso estudiado debido a
la diferencia sustancial de los supuestos fácticos y jurídicos estudiados en uno y otro
caso, ya que el litigio de la decisión proferida en 2021 no se refería al descuento
tributario en renta previsto en el artículo 258-2 del ET, sino a la exclusión en el
impuesto sobre las ventas consagrada en el literal e) del entonces vigente artículo
428 del ET.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
11.- Mediante auto de 28 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador admitió
la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial demanda y vinculó a la
sociedad Carbones del Cerrejón Limited, en calidad de tercero interesado.
12.- Además, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta
– Subsección A para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente
identificado con el radicado número 25000-23-37-000-2015-01704-00/01.
(i) Consejo de Estado – Sección Cuarta 6
13.- El 30 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, pues, a su juicio, el recurso de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional ya que la discusión planteada
con relación a la interpretación del artículo 258-2 del Estatuto Tributario y la
determinación de un precedente vinculante fueron objeto de pronunciamiento
expreso por la sentencia cuestionada.
(ii) Carbones del Cerrejón Limited7
14. El 3 de octubre de 2022, la sociedad Carbones del Cerrejón Limited, solicitó
desestimar el recurso de amparo, al considerar que, la autoridad judicial accionada
no incurrió en el defecto sustantivo alegado, ya que la parte actora pretende discutir
la aplicación e interpretación del artículo 258-2 del ET, asunto de naturaleza legal
que, fue debidamente analizado y decidido por el juez competente, y que en sí mismo
no implica la vulneración de un derecho fundamental, al tratarse de una controversia
de pleno derecho. Por lo anterior, concluyó que la accionante pretende emplear la
acción de tutela como una tercera instancia para discutir nuevamente la decisión
adoptada.
II. CONSIDERACIONES
6 Intervención digital contenida en 4 folios.
7 Intervención digital contenida en 18 folios.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
15. - La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó su postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales8.
16.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior9.
17.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son los siguientes10:
a). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c). Que se cumpla el requisito de inmediatez.
d). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
e). Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
f). Que no se trate de sentencias de tutela.
18.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional11.
19.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
20.- Lo anterior, comoquiera que, con dicho requisito, se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional12 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 13 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y
marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos
fundamentales14; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las
autoridades jurisdiccionales15.
21.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
11 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
12 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
13 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-
040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
14 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
15 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales16: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
22.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”17.
23.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
previamente mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado18.
D. Análisis del caso concreto
24.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar
si las circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple
el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, incurrió en los defectos o yerros invocados por los
16 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
17 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
18 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre
de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542
de 2016 y SU-490 de 2016.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
accionantes y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los
mismos.
E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
25. La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos19:
a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.
b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con
la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
26.- Revisado el escrito de tutela, las pruebas obrantes en el expediente y la
sentencia objeto de demanda, la Sala advierte que:
(i) En la decisión proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 10 de
marzo de 2022, se declaró la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
312412014000039 del 26 de marzo de 2014 y la Resolución No. 900340 del
22 de abril de 2015, por considerar que los repuestos, complementos y
19 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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accesorios adquiridos por la sociedad Carbones del Cerrejón Limited estaban
comprendidos en el beneficio fiscal consagrado en el artículo 258-2 del ET.
(ii) El defecto sustantivo alegado por la parte actora en contra de la decisión; tiene
como finalidad reabrir el debate judicial que se surtió ante el juez natural del
proceso.
(iii) Dicho reproche carece de carga argumentativa, pues, al describirlo, la parte
actora simplemente busca controvertir la interpretación normativa que efectuó
esta Corporación, cuestión que no se enmarca dentro de las causales
específicas de procedibilidad previstas para las acciones de tutela contra
providencias judiciales.
27.- De acuerdo con lo expuesto en el escrito de tutela, al establecer que el beneficio
fiscal del artículo 258-2 del ET cobija los repuestos, complementos y accesorios
adquiridos por Carbones del Cerrejón Limited, la autoridad judicial accionada realizó
una interpretación irrazonable, desproporcionada y arbitraria del artículo 258-2 del
ET y desconoció el principio de reserva de ley en materia tributaria previsto en el
artículo 338 de la Constitución Política, dado que la definición natural y obvia del
término maquinaria pesada, incluido en el mencionado artículo, solo se refiere a
bienes de grandes dimensiones y complejidad lo que descarta de plano la posibilidad
de incluir en dicho concepto las partes, repuestos y accesorios de este tipo de
maquinaria. Además, señaló que la entidad demandada incurrió en un defecto
sustantivo al invocar como precedente la sentencia del 1 de julio de 2021, Rad.
25000-23-37-000-2015-01405-01 (24313), que a su vez se sustentó en el fallo
proferido por la Sección Cuarta el 13 de diciembre de 2011, Rad. 47001-23-31-000-
2003-01293-01 (17626). A su parecer el fallo precitado, era inaplicable al caso
estudiado debido a la diferencia sustancial de los supuestos fácticos y jurídicos
estudiados, entre las sentencias citadas como precedente y el caso estudiado.
28.- Al revisar el expediente Rad. 25000-23-37-000-2015-01704-01, se advierte que
la argumentación esgrimida en el escrito de tutela para sustentar el defecto
sustantivo previamente descrito, no fue propuesta por la DIAN en el trámite de
segunda instancia, esto, debido a que el recurso de alzada fue interpuesto por la
sociedad Carbones del Cerrejón Limited, en calidad de apelante único. Sin embargo,
el debate propuesto por la entidad accionante sí fue objeto de pronunciamiento por
parte de la Sección Cuarta, al manifestarse sobre la inconformidad propuesta por la
apelante, en relación con la interpretación que realizó el Tribunal de Cundinamarca,
sobre el alcance del término maquinaria pesada, ya que, según la sociedad
demandante, el Tribunal fundamentó su definición de maquinaria pesada en la Ley
1450 de 2011 y el Decreto 2235 de 2012, normas posteriores al periodo objeto de
fiscalización (2010), por lo que no eran aplicables al caso bajo examen.
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Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
29.- En la Sentencia de 10 de marzo de 2022, la autoridad accionada indicó que
para dar respuesta a los alegatos propuestos por la entonces sociedad demandante,
en el recurso de apelación, era necesario remitirse al precedente establecido en la
sentencia de 1° de julio de 2021, en la que la Sección Cuarta indicó que la expresión
maquinaria pesada no contaba con una definición legal, por lo que la interpretación
de su alcance debía atenderse al sentido natural de las palabras. Para estos efectos,
señaló que: “la Real Academia, de la Lengua Española define «maquinaria» como
el conjunto de máquinas para un fin determinado, «pesada» como que pesa mucho
y «máquina» como conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de
energía y transformarla en otra más adecuada o para producir un efecto
determinado”.
30.- Con fundamento en las referidas definiciones, en la Sentencia de 1° de julio de
2021, la Sección concluyó que el beneficio tributario del artículo 258-2 del ET
operaba para equipos completos y para repuestos o accesorios, en los siguientes
términos:
“De manera que, atendiendo el sentido natural y obvio de las palabras, maquinaria
pesada corresponde al conjunto de aparatos de grandes dimensiones y complejidad
que transforman la energía recibida para la producción de un fin determinado. Es decir
que la maquinaria pesada está integrada por varias piezas y elementos que cumplen
con funciones específicas en la producción del bien o la transformación de la energía
en una más adecuada”
31.- Además, indicó que en el mencionado precedente se estableció que: (i) la
inclusión de la importación de accesorios y repuestos en el descuento tributario
consagrado en el artículo 258-2 del ET no era contrario a la taxatividad que rige la
concesión de beneficios tributarios; (ii) la concesión del beneficio debía ser analizada
caso a caso con relación de los elementos o piezas importadas con la maquinaria
pesada, esto, teniendo como parámetro de referencia, si las partes al estar juntas
conforman una maquinaria pesada, incluso aunque puedan ser accesorias y
repuestos, deben entenderse incluidas en el beneficio establecido en el artículo 258-
2 del ET, pues se trata de piezas, que al ser integradas al equipo, resultan
necesarias para la operación de la misma o permiten una función específica y
distinta a la de cada una de sus partes. Lo anterior, en los siguientes términos:
“Respecto de la aplicación del descuento tributario a repuestos y accesorio
importados, esta Sala se pronunció en la sentencia del 1° de julio de 2021,
referenciada en apartes anteriores, en el marco del artículo 258-2 del Estatuto
Tributario, así:
‘Si bien los beneficios tributarios operan de manera taxativa, la norma estableció
el descuento tributario sobre la maquinaria pesada, y atendiendo a su definición,
resulta procedente el descuento sobre los elementos complementarios o
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repuestos de las máquinas que la integran y que son necesarias para su correcto
funcionamiento.
(…)
Cabe precisar que este beneficio debe ser analizado caso a caso teniendo en
cuenta la relación de los elementos o piezas importadas con la maquinaria
pesada. En ese sentido, para la Sala, el descuento tributario consagrado en el
artículo 258-2 del E.T. es aplicable a las importaciones de partes que al estar
juntas conformen una maquinaria pesada, incluso aunque puedan ser
accesorias y repuestos, pues se trata de piezas, que al ser integradas al equipo,
resultan necesarias para la operación de la misma o permiten una función
específica y distinta a la de cada una de sus partes» (subrayado propio).
(…)
Conforme con las consideraciones precedentes, para la Sala el descuento del
IVA pagado en la importación de maquinaria es procedente cuando se trate de
una maquinaria catalogada como una unidad, o si se trata de las piezas o
repuestos de dicha maquinaria, pues el hecho que individualmente, puedan
denominarse partes o repuestos no desvirtúa su unidad como maquinaria
pesada’.
La aplicación integral de un beneficio tributario fue igualmente puesta de presente por
esta Sección con ocasión de los activos fijos reales productivos, beneficio que aunque
diferente al que ocupa la atención de la Sala, permite ilustrar este aspecto. Es así
como en la sentencia del 13 de septiembre de 2012, reiterada en la del 28 de
septiembre de 2016, se señaló:
«El artículo 158-3 no distinguió si los activos adquiridos objeto de la deducción
que allí se contempla debían ser los destinados a la reparación o mantenimiento
que constituyan inversiones mayores, o los activos que en sí mismos constituyen
un bien o adicionan los que ya posee el contribuyente.
El Decreto Reglamentario de la disposición anterior (1766 del 2004) tampoco
diferencia la procedencia de la deducción especial respecto de repuestos,
equipos y elementos adquiridos para reparaciones y mantenimiento mayores
frente a otro tipo de activos fijos reales productivos.
El Consejo de Estado ha señalado que el descuento del impuesto sobre la renta
pagado en la adquisición de bienes de capital como los activos fijos, no excluye
los repuestos, muebles y enseres que establece la norma reglamentaria».
(subraya la Sala).
Pues bien, dado que las circunstancias jurídicas y fácticas guarda gran similitud con
las analizadas en el precedente relacionado con la aplicación del artículo 258-2 del
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Estatuto Tributario (sentencia del 1° de julio de 2021), la Sala aplicará el criterio de
decisión jurisprudencia que orientó tal decisión”.
32.- Finalmente, al valorar el material probatorio aportado al proceso la autoridad
judicial accionada concluyó que los bienes importados por la sociedad demandante
se encontraban comprendidos en el beneficio tributario al cual se ha hecho
referencia. Al respecto señaló que:
“Según se observa, los bienes importados son, entre otros, motores, ruedas (guías y
orugas) y compresores neumáticos, que son necesarios para el funcionamiento de la
maquinaria. También fueron importados juegos de reparación, empaques,
mangueras, tornillos y cables eléctricos requeridos para el mantenimiento de la
maquinaria. Y, en este mismo sentido, fueron introducidos al territorio aduanero
nacional cojinetes, parachoques y soportes que son necesarios para el correcto y
seguro uso de la maquinaria por los operarios. En consecuencia, siguiendo los
lineamientos del precedente, estos bienes son elementos complementarios y
necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria pesada, por lo que se
encuentran comprendidos dentro del beneficio tributario por valor de $2.878’698.192.
Cabe destacar que, en los actos acusados, la DIAN no discutió que las partes y
accesorios importados estaban destinados al funcionamiento de maquinaria pesada.
En realidad, se limitó a señalar que los bienes importados no son, en sí mismos
considerados, maquinaria pesada; lo cual no es un motivo válido para negar el
beneficio tributario, a la luz de la sentencia del 1° de julio de 2021 aquí reiterada, que
señaló que la norma estableció el descuento tributario sobre la maquinaria pesada, y
atendiendo a su definición, resulta procedente el descuento sobre los elementos
complementarios o repuestos de las máquinas que la integran y que son necesarias
para su correcto funcionamiento”.
33.- De lo anterior, se deduce que el cargo por defecto sustantivo carece de
relevancia constitucional, pues el juez natural de la causa efectuó el respectivo
análisis, respetando el sentido que atribuyó a la norma y así, se resolvió revocar la
decisión de primera instancia, sin que ello involucre, per se, desconocimiento alguno
a los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.
34.- En este punto, se considera importante indicar que, este cargo también adolece
de falta de carga argumentativa dado que, es evidente que lo pretendido por la parte
actora es cuestionar la interpretación efectuada por la Sección Cuarta sobre lo
dispuesto en artículo 258-2 del ET que, por demás, no se advierte irracional o
contraria a derecho, sino todo lo contrario, respetuosa con el sentido literal de las
normas. En efecto, la parte actora, se limitó a manifestar que la autoridad judicial
accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, aduciendo que
incurrió en un defecto sustantivo por realizar una interpretación del mencionado
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artículo, alejada del tenor literal del mismo, justificando su decisión en un precedente
que no era aplicable al caso estudiado.
35.- Como se advierte de lo anterior, la parte promotora del recurso de amparo no
cumplió con el deber de indicar con rigor demostrativo el yerro o vicio que, en su
sentir, se produjo en la decisión que reprocha, pues, en ninguno de sus argumentos
logró identificar uno de los defectos específicos señalados por la Corte Constitucional
para habilitar la intervención excepcional del juez de tutela, limitándose a enunciar la
transgresión de sus derechos, haciendo aproximaciones generales sin sustentar
debidamente las razones por las cuales aquella se produce, ya que el debate
propuesto se restringe a determinar cuál es la interpretación más adecuada que
puede darse a la precitada norma, sin que se defina la relación directa entre el asunto
puesto a consideración de la Sala y una afectación de un derecho fundamental.
36.- Ahora bien, es importante poner de presente que la Corte Constitucional ha
sostenido que una providencia judicial adolece del defecto sustantivo, entre otros:
“(i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con
efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva >>20.
37.- En ese contexto, como se expuso anteriormente no basta con que el accionante
enuncie los derechos presuntamente vulnerados y los defectos en los que, en su
sentir, incurrió la autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada,
es decir, tener una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia
las razones y motivos que desde la perspectiva constitucional revelan un juicio de
desvalor de los derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y
definición que ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir
el derecho y, se deben argumentar los motivos de la presunta vulneración, requisito
que no cumple la parte accionante, pues no explica con claridad el vicio que le
endilgó al fallo acusado.
38.- Acorde con lo anteriormente expuesto, se hace notoria la falta de carga
argumentativa y relevancia constitucional del cargo por defecto sustantivo formulado
20 Corte Constitucional, Sentencia T-462-2003.
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por los demandantes, al pretenderse reabrir el debate jurídico en relación al alcance
del concepto de maquinaria pesada, que hace parte del artículo 258-2 del ET.
39.- En este orden de ideas, la Sala encuentra que no hay lugar a predicar la
configuración del defecto sustantivo mencionado, no solo porque se dejó de lado la
presentación razonada de su configuración, sino también porque la argumentación
de la Sección Cuarta se presenta como razonable a la luz de la interpretación dada
al artículo 258-2 del ET; otra cosa, muy distinta, es que la parte accionante no
comparta las razones allí expuestas, pues le resultaron desfavorables a sus
intereses, circunstancia que ciertamente resulta improcedente para estructurar, a
partir de ello, la intervención del juez constitucional.
40.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal.
41.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por lo cual, esta Sala declarará improcedente
el amparo impetrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – DIAN.
42.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
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Aduanas Nacionales –DIAN–
Accionado: Consejo de Estado Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE21
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
21 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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