Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05082-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05082-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05082-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
15 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05082-01
Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05082-01
Demandantes: JORGE ELIÉCER CUERVO CUERVO
Demandados: CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES-CREMIL Y OTROS
Temas: Contra sentencia de tutela. Temeridad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia del 1º de
noviembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 22 de septiembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Jorge Eliécer
Cuervo Cuervo solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana.
A juicio del actor, la vulneración se presenta porque la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares –Cremil– no reliquidó la asignación de retiro.
2. Pretensiones
El actor propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:
PRIMERA
DECLARAR Que la Presente Acción Constitucional Cumple con lo Expresado por la Corte
Constitucional en sentencia C-483 de 2008 y por lo tanto el suscrito está habilitado para
Presentar Nuevamente la solicitud de Protección Constitucional que había Presentado en la
Tutela con Radicado 11001-03-15-000-2022-02057-00 Contra Caja de Retiro de Fuerzas
Militares, la que fue Rechazada bajo la Falsedad de Ocurrencia de Temeridad
SEGUNDA
1.1. Declarar Probado Que la Tutela 11001-03-15-000-2022-02057-00 No Guarda Identidad de
Hechos y Pretensiones con la Demanda Ejecutiva 11001-33-31-009-2010-00034-00, como
tampoco puede Calificarse como causa o motivo injustificado, y Dolo y mala Fe del suscrito la
Acción Constitucional Impetrada
1.2. Declarar Probado Que la Tutela 11001-03-15-000-2022-02057-00 No Guarda Identidad de
Sujetos, Hechos y Pretensiones con las Tutelas con Radicado 11001-03-15-000-2020-01431-00,
Tutela11001- 03-15-000-2019- 02763-00, y 11001-03-15-000-2021-05388-00. como tampoco
puede Calificarse como causa o motivo injustificado, y Dolo y mala fe, la Actuación del suscrito
en las Acciones Constitucionales Impetradas Contra Juzgado y Tribunal, por carencia de
identidad de pretensiones.
1.3. Declarar Probado que la Tutela 11001-03-15-000-2022-02057-00 No solamente se sustentó́
la Inexistencia de Temeridad, sino También y con jurisprudencia de la honorable Corte
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Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Constitucional la Inaplicabilidad de Prescripción, Inexistencia de Cosa Juzgada, Inexistencia de
cosa Juzgada constitucional, e Inaplicación del Principio de Sostenibilidad Fiscal.
TERCERA
Declarar Que, de Conformidad con la Constitución, la Ley aplicable a cada caso Concreto y
Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en que está Sustentada la Presente Acción
constitucional de esta Tutela No Puede Declararse: (…)
CUARTA
4.1. Por el ilegal e Inconstitucional DESPOJO de las Partidas Computables (i) Prima de
Especialista,(ii) Subsidio de Alimentación (iii) Jinetas de Buena Conducta y la ilegal e
Inconstitucional DISMINUCIÓN en el porcentaje de Prima de Actividad dl 33% al 20% por
Inaplicación del Artículo 34 de la Ley 2a de 1945 y articulo 222 Literal B del Decreto 089 de 1984
y utilización los Artículos 151 y 152 del Decreto 089 de1984 que Además de Desfavorables
Respecto de los Articulo 34 de la Ley 2a de 1945 y Articulo 222 Literal B del Decreto 089 de 1984
fueron expulsados del ordenamiento Jurídico por inconstitucionales
4.2. El Ilegal e incondicional DESPOJO del 28% en la Cuantía o porcentaje Liquidatorio de
Asignación de Retiro por su OMISIÓN de lo que le Ordenaba el Literal B del Artículo 229 del
Decreto 089 de1984
4.3. El Ilegal e incondicional DESPOJO del Articulo 13 de la Ley 4a de 1992 y sus Decretos
Reglamentarios sobre Prima de Actualización y Escala Gradual Porcentual y el DESACATO de
sentencia 02-7905 que Ordenó su cumplimiento
4.4. El Ilegal e incondicional DESPOJO de la partida Computable Bonificación por Compensación
Creada la Ley 420 de 1998 para Retirados con Asignación de Retiro antes de1997
4.5. El Ilegal e incondicional DESPOJO de lo Dispuesto en Articulo 2 – inciso Primero del Decreto
2863 de 2007 (que para el suscrito Aplica en virtud del Principio de Oscilación Consagrado en
Articulo 34 de la Ley 2a de 1945
4.6. El Ilegal e incondicional DESPOJO de lo Dispuesto en Articulo 31 – inciso Primero de los
Decretos de Aumentos Anual expedidos a partir del 673 de2008 que Disponen que la Prima de
Actividad debe Liquidarse sobre el 49,5% del sueldo Básico
4.7: El Hurto o vulgar Robo del 5% de cada Mesada y de los Aumentos; desconociendo los
Efectos Erga Omnes de la Sentencia Proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia de
Julio 05 de 1990 Expediente 2091 –Acta 027, que Declaro INEXEQUIBLES los Artículos 235 y
237 del Decreto 089 de1984
QUINTA
TUTELAR al suscrito mis Derechos Constitucionales Fundamentales al Debido Proceso,
Seguridad Social Mínimo Vital y Dignidad Humana, vulnerados de manera sistemática y Continua
por a Accionada CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILIATRES y en Concordancia Ordenarle
que en el Termino de 48 Horas proceda a Reliquidarme mi Asignación de Retiro en la Forma
Prevista en la Normatividad Aplicable al suscrito que es como con fundamento en la Ley a
continuación se Indica se Indica
(…)
SEXTA
DECLARAR que las sentencias contrarias a la Constitución la Ley y la Jurisprudencia en Proceso
de Tutela 11001-03-15-000-2022-02057-00/01 Fueron Proferidas el 11 de mayo -2022 (Primera
Instancia) y 14 de Julio de 2022 (segunda Instancia) y ̈por lo tanto respecto de la Fecha de
presentación de esta Tutela no ha lugar a Declaratorias de Ocurrencia de Inmediatez como
tampoco y de conformidad con la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia en que está sustentada
la Acción Constitucional a Declaratorias de improcedencia; Negación o Rechazo de misma (…)
SEXTA (sic)
Declarar Que de Conformidad con los Artículos 48 y 53 Constitucionales las Prestaciones
sociales por ser parte de la Seguridad social son Irrenunciables e Imprescriptibles, como lo
Expresa la Corte Constitucional en Sentencias C230 de 1998 y SU567 de 2015 y que en mi caso
Concreto no aplica Prescripción Alguna por la Inexequiblidad del Artículo 166 del Decreto 089/81
y porque las sentencias Judiciales Proferidas conforme a la Ley y debidamente Ejecutoriadas
como la 02-7905 se deben Cumplir
SEPTIMA Declarar que No es de Justicia, que por el Ilegal e Inconstitucional Despojo de mis
Derechos en materia Pensional, el suscrito en 2021 haya Recibido un Sueldo Básico y una
Asignación de Retiro; inferior al sueldo Básico que el Gobierno santos le fijo mediante Decreto
3002 de 2017 para Dicho Año 2017 a los Criminales de las Narco Farc-up que el sirven de
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Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
escoltas a sus Privilegiados cabecillas como El Narco ciego Santrich, Iván Márquez; Romaña, el
Paisa
OCTAVA Declarar que el suscrito, que no tengo cargos de conciencia, Condenas Penales, ni
manos untadas de sangre tiene IGUAL y Mejor Derecho al DEBIDO PROCESO Garantizado por
el CONSEJO DE ESTADO a Desmovilizados de Bandas Criminales y sus secuaces (…)
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo presentó acción de tutela con el objeto de que
se ampararan los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la
dignidad humana y al debido proceso. A juicio del actor, la vulneración se presentó con
ocasión de la negativa por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –Cremil–
en reliquidar la asignación de retiro que le fue reconocida.
Adicionalmente, el actor manifestó en el escrito de tutela que “luego de fallidos intentos
de hacer cumplir sentencia judicial 02-7905 que ordenó para el suscrito la Reliquidación de mi
Asignación de Retiro desde 1993 Y de la que fui Despojado en Sentencia Espurias Proferidas
en Proceso Ejecutivo 2010-00034 por el Juez Primero Administrativo de Descongestión de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – F– Descongestión”.
El reparto de la demanda correspondió al Juzgado Primero Civil Oral de Duitama, que,
por auto del 31 de marzo de 2022, se declaró impedido para conocerla y ordenó enviar
el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito Oral de Duitama, que, a su vez,
por auto del 1º de abril de 2022, la remitió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Duitama.
Por auto del 4 de abril de 2022, se remitió el proceso al Consejo de Estado, por
considerar que en la solicitud de amparo se cuestionaron actuaciones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
Ese proceso se radicó con el número 11001-03-15-000-2022-02057-00 y su
conocimiento correspondió a la Sección Tercera, Subsección B, que, por auto del 8 de
abril de 2022, la admitió, ordenó notificar en calidad de demandado al director de
Cremil y, adicionalmente, vinculó como terceros con interés, al Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Bogotá y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
Mediante sentencia del 11 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, rechazó por temeraria la acción de tutela presentada por el señor Jorge
Eliécer Cuervo Cuervo y lo exhortó a que cesara de plasmar en sus memoriales
expresiones irrespetuosas hacia la función judicial.
En concreto, la autoridad judicial señaló que, consultado el sistema de gestión judicial
Samai, encontró el registro de más de 77 acciones de tutela presentadas por el señor
Cuervo Cuervo ante esta Corporación. Adujo que el caso concreto guardaba identidad
de causa y de partes con otros procesos, entre los que destacó: (i) 1001-03-15-000-
2020-01431-00, resuelta mediante sentencia del 11 de junio de 2020, por la Sección
Primera; (ii) 11001-03-15-000-2021-05388-00, resulta por sentencia del 19 de
noviembre de 2021, por la Sección Tercera, Subsección A, y (iii) 11001-03-15-000-
2022-00038-00/01, resuelta por sentencia del 31 de marzo de 2022, dictada por la
Sección Segunda, Subsección A.
A partir de lo anterior, concluyó que no existía una razón que justificara el proceder
temerario del demandante, siendo clara su intención de volver a debatir los mismos
hechos que ya fueron objeto de pronunciamiento en anteriores acciones de tutela.
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Inconforme con la anterior decisión, el actor presentó impugnación, con fundamento
en que la acción de tutela no se promovió contra autoridad judicial y, por lo tanto, no
guardaba identidad con otras acciones de tutela. Que, además, tampoco tenía
identidad de objeto al contener variaciones legales.
En sede de segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, por sentencia
del 14 de julio de 2022, confirmó la sentencia impugnada. A juicio de la autoridad
judicial, en el presente asunto se configuró la temeridad, porque existía identidad de
partes, de hechos y de pretensiones con los procesos de radicados 11001-03-15-000-
2021-05388-00, 1001-03-15-000-2020-01431-00/01, 1001-03-15-000-2020-01465-00
y 1001-03-15-000-2019-02763-01.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo de la
referencia resultaba procedente, por cuanto las Secciones Tercera, Subsección B, y
Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencias del 11 de mayo de 2022 y del 14
de julio de 2022 (dictadas en el proceso 11001-03-15-000-2022-02057-00),
rechazaron la acción tutela que había presentado y en la que se cuestionaba que
Cremil no reliquidó la asignación de retiro.
Adujo que, contra lo decidido por las mencionadas autoridades judiciales, no se
configuró la temeridad en el caso concreto, porque la acción de tutela que conocieron
no tenía identidad de hechos, sujetos y pretensiones con otras acciones de tutela.
Resaltó que la acción de tutela era procedente excepcionalmente para obtener el
reajuste pensional. Además, puso de presente que es un adulto mayor con varias
afecciones de salud.
5. Intervenciones
El apoderado de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –Cremil– pidió que se
declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto, a su juicio, no es procedente
para solicitar el reconocimiento de prestaciones económicas o acreencias laborales,
los cuales, además, ya han sido resueltos por diferentes despachos judiciales a través
de los mecanismos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Adujo que, de hecho, en otras acciones de tutela1 el actor manifestó, en igual sentido,
que esa entidad lo ha despojado de sus derechos de manera ilegal, en lo relacionado
a la asignación de retiro y que, en todos los casos, se declararon improcedentes las
solicitudes de amparo.
A pesar de haber sido notificados, los magistrados del Consejo de Estado, Secciones
Quinta y Tercera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y el juez primero Administrativo de Bogotá, no
rindieron informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente acción
de tutela.
6. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 1º de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, rechazó por improcedente la acción de tutela, por las razones
que a continuación se resumen:
1 Relacionó los procesos de radicados Nos. 2021-00073-00, 2020-00041-00, 2020-0046-00, tramitados,
respectivamente, por el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama, la Sala de Decisión No. 4 del
Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja.
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El a quo consideró que resultaba evidente que lo pretendido por el actor era cuestionar,
a través del presente mecanismo excepcional, las providencias del 11 de mayo de
2022 y del 14 de julio de 2022, dictadas en sede de tutela por el Consejo de Estado,
Secciones Tercera, Subsección B, y Quinta, respectivamente.
Siendo así, expuso que como lo ha señalado la Corte Constitucional2, las acciones de
tutela no proceden contra sentencias de tutela y recordó que esa posición se
fundamenta en el propósito de evitar que la resolución de un conflicto se prolongue
indefinidamente en desmedro de la seguridad jurídica.
Resaltó que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que cuando el fallo es
proferido por un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, la tutela procede
excepcionalmente, cuando: (i) exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de
la cosa juzgada fraudulenta; (ii) cumpla los requisitos genéricos de procedibilidad de
tutela contra providencias judiciales; (iii) no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (iv) se demuestre que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude, y (v) no exista otro medio ordinario
o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
En el caso concreto, advirtió que si bien el demandante agotó las dos instancias dentro
de la tutela cuestionada, lo cierto era que la demanda no cumplía los requisitos de
procedibilidad de la tutela conta sentencia de tutela que permitiera, excepcionalmente,
analizar de fondo las decisiones atacadas, por cuanto no demostró de manera clara y
suficiente que las providencias que acusa fueron producto de fraude, por lo que no
resulta evidente la configuración de una cosa juzgada fraudulenta que ocasione un
perjuicio irremediable.
Que la solicitud de amparo “comparte identidad procesal con la acción acusada, por tratase
de los mismos sujetos, causa y objeto”. Siendo así, sostuvo que la intención del
demandante era obtener un pronunciamiento que reconociera y ordenara el pago de
una pensión de vejez a su favor, desconociendo que las autoridades judiciales que
dictaron las providencias cuestionadas rechazaron por temeraria la acción de tutela
que en su momento presentó.
A partir de lo anterior, señaló que no era de recibo que el actor pretendiera interponer
reiteradas solicitudes de tutela para que el juez constitucional analizara argumentos
legales, pues ello produciría una cadena indefinida de litigios que afectaría la seguridad
jurídica del Estado, en la medida en que cada una de las partes intentaría interponer
peticiones constantemente buscando obtener el resultado que más le favorezca.
7. Impugnación
El actor impugnó la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara y que, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la acción de tutela. Para el efecto,
manifestó que la presente acción de tutela se presentó contra la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares –Cremil– y no contra el Consejo de Estado, Secciones Quinta y
Tercera, Subsección B, como se indicó por el a quo.
Alegó que una auxiliar judicial fue la que originó “tal falacia” y que así lo ha hecho en
otros procesos de tutela que ha promovido.
Adujo que si bien se citó la sentencia del proceso de tutela 2022-02057-00, fue a
manera de justificación para la interposición de la presente solicitud de amparo contra
Cremil.
2 Relacionó la sentencia SU-1219 de 2001.
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8. Trámite en sede de segunda instancia
En sede de segunda instancia, el proceso fue repartido inicialmente al magistrado
Milton Chaves García y, encontrándose para resolver la impugnación, mediante oficio
del 20 de abril de 2023, junto con las magistradas Myriam Stella Gutiérrez Argüello y
Stella Jeannette Carvajal Basto, por la causal del numeral 6º del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal.
Por auto del 5 de mayo de 2023, se declararon fundados los impedimentos y se ordenó
efectuar el sorteo de conjueces.
Realizado el sorteo, se designó a los doctores Juan de Dios Bravo González, Julio
Fernando Álvarez Rodríguez y Humberto Aníbal Restrepo Vélez.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia impugnada acertó al declarar la
improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Jorge Eliécer Cuervo
Cuervo, por considerar que cuestiona sentencias de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, pero porque la acción de tutela
es temeraria, habida cuenta de que el actor ya había promovido una acción de tutela
con identidad de partes, causa y objeto.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la actuación temeraria y (ii) al
análisis del caso concreto.
2. La actuación temeraria
El artículo 383 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria
cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales. También
señala que, en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán
desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en
la indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe
(i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante,
en cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante;
(iii) identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la
nueva acción. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional4, que a la
letra dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona
natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales;
3 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos
por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones
a que haya lugar.
4 Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
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(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o
sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una
misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto
los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez
constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo
proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la
duplicidad en el ejercicio del derecho de acción.
La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que ejerce
injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma que
sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política,
que, por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con
base en el principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de “respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de la administración
de la justicia”.
Según la Corte Constitucional, la temeridad, en últimas, “busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y
transparencia, resultando descalificado cualquier intención de engaño hacia la autoridad
pública”5.
3. Análisis del caso concreto
Para decidir el asunto, conviene precisar que, de acuerdo con la demanda de tutela y
el escrito de impugnación, el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo no cuestiona las
sentencias de tutela del 11 de mayo de 2022 y del 14 de julio de 2022, dictadas
respectivamente, por el Consejo de Estado, Secciones Tercera, Subsección B, y
Quinta, en el proceso N°. 11001-03-15-000-2022-02057-00/01.
Según el señor Cuervo Cuervo, la referencia que hizo a esas providencias fue
simplemente para poner de presente que había interpuesto otra acción de tutela, en
la que se había declarado la temeridad de la acción, pero no significaba que estuviera
cuestionando las decisiones adoptadas en ese proceso.
Justamente por lo anterior, el actor insiste en que la acción de tutela de la referencia
no se dirige contra ninguna autoridad judicial, sino contra Cremil, por la falta de
reliquidación de la asignación de retiro.
Siendo así, a juicio de la Sala, no es posible mantener el análisis que realizó el a quo,
pues, como se vio, estudió el asunto como una acción de tutela contra otra providencia
de tutela, a pesar de que el actor ha sido enfático en señalar que no cuestiona ninguna
providencia judicial.
Hecha la anterior precisión, la Sala advierte que si el objeto de la acción de tutela es
cuestionar que Cremil no ha reliquidado la asignación de retiro, la solicitud de amparo
resulta temeraria, pues como lo informó el propio demandante se trataría de la misma
acción de tutela que ya fue resuelta en el proceso número 11001-03-15-000-2022-
02057-01.
5 Sentencia T-507 de 2011.
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Y si bien el actor estima que está habilitado para presentar nuevamente la acción de
tutela al amparo de la sentencia C-483 de 2008, lo cierto es que esa sentencia se
refirió a un supuesto diferente al expuesto por el actor.
En efecto, la sentencia C-483 de 2008 estudió la constitucionalidad del primer inciso
del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, que establece que si el demandante no
corrige la demanda de tutela, puede rechazarse de plano. La Corte Constitucional
declaró exequible esa norma y, además, precisó que “la decisión de rechazo de la acción
de tutela no hace tránsito a cosa juzgada y, por tanto, el accionante está legitimado para
presentar la solicitud de protección constitucional nuevamente, con el cumplimiento de los
requisitos mínimos para su admisión, sin que ello pueda entenderse como el ejercicio de una
actuación temeraria”.
Esa hipótesis, sin embargo, no ocurrió en este caso, pues la demanda radicada con
el número 11001-03-15-000-2022-02057-00/01 no fue rechaza de plano por no
haberse subsanado, sino porque se encontró probada la temeridad, supuesto previsto
en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 y que también permite el rechazo de la
acción de tutela.
En consecuencia, queda desvirtuada la justificación que presenta el demandante para
interponer nuevamente la acción de tutela y procede la Sala a explicar los elementos
que también configuran, en este caso, la actuación temeraria del demandante.
En cuanto a la identidad de partes. En la presente demanda de tutela y en la del
proceso 2022-02057-00 coinciden los extremos procesales. Esto es, en los dos casos
el señor Cuervo Cuervo demandó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Frente a la identidad fáctica. Tanto en la demanda de tutela que aquí se estudia
como en la solicitud de amparo de radicado 2022-02057-00, se cuestiona que la
autoridad demandada debe reliquidar la asignación de retiro del demandante. Por lo
tanto, también está cumplida la identidad fáctica.
Respecto a la identidad de objeto. En esencia, las pretensiones de este proceso
coinciden con las del proceso 2022-02057-00. En efecto, en los dos procesos, el actor
solicita que Cremil reliquide la asignación de retiro, porque considera que la negativa
a conceder su requerimiento constituye un “ilegal e inconstitucional despojo de mis
derechos en materia pensional”. De hecho, en las pretensiones de una y otra relaciona
los mismos cuadros contentivos de las partidas computables, así como los sueldos
básicos que, a su juicio, debieron tenerse en cuenta para la mencionada asignación.
Se encuentra, entonces, acreditada la identidad de partes, identidad fáctica e
identidad de objeto entre las demandas de tutela presentadas por el señor Jorge
Eliécer Cuervo Cuervo y, por lo tanto, está configurada la actuación temeraria por
parte del demandante.
Conviene precisar que el hecho de que en el proceso número 11001-03-15-000-2022-
02057-00/01 se hubiese declarado la temeridad de la acción, no habilita al señor Jorge
Eliécer Cuervo Cuervo para presentar nuevamente la acción de tutela contra Cremil
por no haber reliquidado la asignación de retiro. Por el contrario, esa circunstancia
demuestra que el actor hace uso desmedido de la acción de tutela, pues, a sabiendas
de que ya había promovido una solicitud de amparo por los mismos hechos y razones,
que fue declarada improcedente, insiste en la interposición de este mecanismo.
Esa actuación también desconoce el deber de las partes de “obrar sin temeridad en sus
pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales”, previsto en el
numeral 2 del artículo 78 del Código General del Proceso. Con mayor razón si se tiene
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05082-01
Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
en cuenta que el demandante ha promovido 98 acciones de tutelas, según la
información registrada en el sistema para la gestión judicial Samai.
Para la Sala, actuaciones como la del demandante terminan por desconocer que la
acción de tutela es un valioso mecanismo que solo debe ejercerse para la protección
real de derechos fundamentales. Justamente por lo anterior, la Sala prevendrá al
señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo para que, en lo sucesivo, se abstenga de presentar
acciones de tutela por los mismos hechos y razones aquí expuestos.
Lo anterior es suficiente para confirmar la sentencia impugnada, en el entendido de
que debió rechazarse por temeridad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta
providencia.
2. Prevenir al señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo para que, en lo sucesivo, se
abstenga de presentar acciones de tutela por los mismos hechos y razones aquí
expuestos.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN JULIO FERNANDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Magistrado Conjuez
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ
Conjuez Conjuez
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