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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05083-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05083-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Nivel Central y el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de noviembre de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05083-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de febrero de 2023

Demandante: Mónica del Pilar Bolaños Carvajal
Demandados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05083-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05083-01
Demandante: MÓNICA DEL PILAR BOLAÑOS CARVAJAL
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –
NIVEL CENTRAL - Y OTROS

Temas: Tutela de fondo - vacaciones individuales de empleados de la
Rama Judicial - derecho al descanso laboral – confirma.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve las impugnaciones presentadas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Nivel Central – y la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca contra la sentencia proferida en
primera instancia el 3 de noviembre de 2022, por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado. En esta providencia se amparó el
derecho fundamental al descanso de la accionante. En ese sentido, se le
ordenó a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal y a su nominador garantizar
el disfrute de las vacaciones.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Mónica del Pilar Bolaños Carvajal, actuando en nombre
propio, presentó acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca y
el Consejo Superior de la Judicatura. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de sus derechos fundamentales al descanso remunerado, al trabajo,
a la igualdad y a la salud.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la falta de
expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (en adelante
CDP), por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle
del Cauca, que le permita al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas

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Demandante: Mónica del Pilar Bolaños Carvajal
Demandados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central y otros
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de Seguridad de Cali concederle su periodo de descanso.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas, al descanso, a la salud de MONICA DEL PILAR BOLAÑOS
CARVAJAL.

SEGUNDA: En consecuencia, con lo anterior, ordenar a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, previa autorización, del
Consejo Superior de la Judicatura — Sala Administrativa— y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial quede acuerdo con sus competencias, de
forma coordinada, en el término que usted señor Juez, estime conveniente
considerando los hechos de la tutela, para que adelanten las todas las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan, para que el Juez 5° de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali nombre el reemplazo de
MONICA DEL PILAR BOLAÑOS CARVAJAL, quien funge como asistente
Jurídica del referido Juzgado, para que se materialice su derecho al disfrute del
descanso remunerado y se permita mantener tener un debido funcionamiento del
Juzgado.

TERCERA: Se ordene al JUEZ 50 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE CALI VALLE DEL CAUCA, ANDRÉS FERNANDO MUÑOZ
QUINTERO, que una vez sea expedida la respectiva partida presupuestal por
parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL CALI VALLE DEL CAUCA, me conceda las vacaciones solicitadas a
partir del 24 de diciembre de 2022 por 25 días, del periodo del 1 de abril de 2020
al 31 de marzo de 2021.

CUARTA: Requerir a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
del valle del Cauca y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que,
en adelante, eviten y realizar conductas como la expuesta en el presente caso, y
procedan a emitir los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal para
poder realizar, e1 nombramiento de un reemplazo de la persona que sale a
disfrutar sus vacaciones. (Sic a todo el texto).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

5. La señora Mónica del Pilar Bolaños Carvajal labora en el cargo de
asistente administrativa, en provisionalidad, en el Juzgado Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Cali desde el 1 de abril de 2016.

6. En agosto de 2022, solicitó ante la Dirección Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca la expedición del certificado de disponibilidad

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presupuestal para que su nominador pudiera designar un reemplazo y
concederle el disfrute de sus vacaciones. No obstante, por Oficio
DESAJCLO22-2640 de 5 de agosto del mismo año, la entidad negó su solicitud.
Como fundamento, precisó que solo está permitida la expedición de CDP para
designar el reemplazo de funcionarios judiciales.

7. Pese a lo anterior, la Seccional demandada le allegó un oficio a la
accionante en el que consta que tiene pendientes por disfrutar de dos periodos
de vacaciones. Estos, fueron causados por el tiempo laborado entre el 1 de abril
de 2020 al 31 de marzo de 2021 y el 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022.

8. Dado que la señora Bolaños Carvajal tuvo la certeza de que cumplía los
requisitos para requerir su descanso, el 1 de septiembre de 2022 le solicitó a su
nominador el reconocimiento de sus vacaciones desde el 20 de diciembre de
2022, por el término de 25 días.

9. Mediante la Resolución N. ° 21 de 7 de septiembre de 2022 el juez
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali negó su
petición. Lo anterior, tras explicarle que bajo las condiciones de carga laboral en
las que se encontraba el despacho, le era imposible acceder a su
requerimiento.

10. La señora Bolaños Carvajal puso de presente que compartía la decisión
de su empleador porque el no tener un reemplazo para ocupar sus funciones,
generaría traumatismos en el despacho. A ello sumó que la estadística de
diciembre anterior demostró el ingreso de 60 tutelas y 712 peticiones.

1.4. Sustento de la vulneración

11. La parte actora aclaró que su nominador no le vulnera ninguno de los
derechos fundamentales y que la decisión de negarle su disfrute a las
vacaciones está debidamente fundada. Por el contrario, la Dirección Seccional
de Administración Judicial del Valle del Cauca sí transgrede las garantías sobre
las que solicita la protección, dado que es quien tiene la facultad de expedir los
CDP para poder designar reemplazos.

12. Precisó que el derecho al descanso remunerado ha sido reconocido por
la Corte Constitucional desde tiempo atrás. De forma particular, con el artículo
53 de la Constitución Política, según el cual la citada garantía está incluida
dentro de los principios mínimos fundamentales.

13. Refirió que existen distintos instrumentos jurídicos internacionales como
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales que
protegen el derecho al descanso. Adicionó que la Corte Constitucional ha
expedido diversas sentencias sobre el tema como la C-019 de 2014.

14. Resaltó que el Consejo de Estado ha dictado sentencias en las que en

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casos similares ha amparado los derechos de los accionantes y ordenado la
expedición de CDP. Dentro de estas, mencionó las expedidas dentro de los
radicados 08001-23-33-000-2018-00756-011 y 11001-03-15-000-2020-00143-
012.

1.5. Trámite de la acción

15. Mediante auto de 7 de septiembre de 2022 se admitió la acción
constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como
accionados a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, a
la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca y al
Consejo Superior de la Judicatura.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central

16. Solicitó ser desvinculada del presente trámite con fundamento en que
carece de legitimación en la causa por pasiva. Ello, dado que la vulneración
alegada no es atribuible. De otro lado, señaló que no está conforme a la
legislación actual del Consejo Superior de la Judicatura expedir CDP para el
reemplazo de cargos como el de la actora, cuando soliciten sus vacaciones.

17. Aludió que el nominador de la tutelante actuó de forma caprichosa al
negarse a conceder las vacaciones por falta de un reemplazo. Adicionó que es
de su conocimiento la imposibilidad de que se asignen recursos para el
nombramiento de servidores judiciales.

18. Solicitó que se declare improcedente el mecanismo de amparo porque se
dirige a cuestionar un acto administrativo.

19. Para finalizar, puntualizó que no se está en presencia de un perjuicio
irremediable que haga viable estudiar de fondo esta tutela.

1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle
del Cauca

20. Manifestó que la presente demanda es improcedente porque no hay
prueba alguna de la transgresión alegada. Añadió que no interviene en las
decisiones que adopten los nominadores de los despachos judiciales.

21. Expuso que no cuenta con recursos propios para satisfacer las
necesidades argüidas por la accionante. Adicionó que en calidad de ordenadora

1 M.P. Milton Chaves García.

2 M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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del gasto se acoge a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011.

1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura

22. Indicó que no tiene legitimación en la causa por pasiva. En
consecuencia, que no se le puede endilgar ninguna transgresión de derechos
fundamentales.

1.7. Sentencia de primera instancia

23. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado amparó el
derecho fundamental al descanso. En consecuencia, le ordenó a la Dirección
Seccional de Administración del Valle del Cauca que destinara los recursos
pertinentes y emitiera el CDP para que se pudiera designar un reemplazo en el
cargo que desempeña la señora Carvajal Bolaños y al juzgado nominador que,
luego de ser notificado sobre el CDP, procediera a expedir el respectivo acto
administrativo.

24. Aclaró que, aunque la Sala había adoptado la postura inicial de negar las
pretensiones en este tipo de casos, cambió su posición a partir de la sentencia
expedida dentro del radicado 05001 23 33 000 2022 00602 01. Sobre dicha
decisión, replicó que el perjuicio que sufre aquel servidor a quien no se le
garanticen sus vacaciones es cierto, inminente, grave y urgente.

25. Adicionó que negar la expedición de un CDP con fundamento en la falta
de presupuesto y en que funcionarios y empleados no se asemejan, vulnera los
derechos fundamentales al descanso y al trabajo de la accionante.

1.8. Impugnaciones

1.8.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central

26. Expuso que pese a no ser la encargada de expedir el CDP según la
orden dada en la primera instancia, lo cierto es que la Seccional del Valle del
Cauca trasladará al Nivel Central la solicitud por su ausencia de recursos.

27. Precisó que en la actualidad la Corte Constitucional tiene en sede de
revisión el expediente T-8.735.764 en el que se examinará si es procedente que
un juez de tutela libre una orden de ejecución presupuestal y en qué casos es
improcedente. Aludió que espera que cuando salga dicho fallo “paren toda esta
bandada de acciones de tutela” que se presentan con ocasión de la Circular
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, que corresponde a un acto
administrativo que debe ser demandado ante la jurisdicción si pretende
desobedecerse.

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28. Arguyó que no es la vulneradora de los derechos de la actora, toda vez
que fue el nominador quien negó el derecho al goce de su descanso. Añadió
que la entidad no tiene nada que ver y pese a ello recibe una carga que implica
disponer presupuesto con el que no cuenta. Sobre ello, explicó que el Consejo
Superior de la Judicatura prohíbe apropiar recursos.

29. Señaló que en distintas decisiones de tutela se ha modificado la postura
de amparar este tipo de casos. Dentro de sus ejemplos, mencionó las
siguientes sentencias: T2022-268-01 del Tribunal Superior de Tunja, la dictada
dentro del expediente 11001-03-15-000-2022-02707-01 de la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, la correspondiente al radicado 11001-03-
15-000-2022-03966-01 de la misma Sección de cierre anterior, entre otras.

30. Sostuvo que está en imposibilidad legal y presupuestal para atender el
fallo de primera instancia. En ese sentido, precisó que en virtud de la Circular
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, solamente los funcionarios judiciales
del régimen de vacaciones individuales tienen derecho a que se expida el
respectivo CDP para que se designe alguien en su reemplazo. Sobre ello,
indicó que solo los magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces y los
fiscales ostentan tal calidad, los demás, son empleados.

31. Aludió que el no conceder las vacaciones era una “posición caprichosa”
del nominador porque puede otorgárselas sin que se nombre otra persona que
asuma las funciones de la servidora por ese lapso.

32. Reiteró que carece de legitimación en la causa por pasiva por no ser
quien generó la transgresión de los derechos cuya protección se invoca.
Adicionó que esta solicitud de amparo no tiene vocación de prosperidad y que
se debe declarar su improcedencia porque no satisface los criterios generales.

33. Por último, aseveró que este caso no está bajo la posible configuración
de un perjuicio irremediable y que la orden de primera instancia transgrede los
principios de planeación, presupuesto y servicio público esencial. En ese
sentido, solicitó que se declarara su falta de legitimación por pasiva, la
improcedencia de la tutela, que se decrete la ausencia de perjuicio irremediable
y que se le ordene al nominador conceder las vacaciones de la actora.

1.8.2. Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca

34. Manifestó que no desconoce que el derecho al descanso es de
raigambre constitucional. Sin embargo, la discusión de fondo se centra en iterar
que la Circular PSAC11-44 de noviembre de 2011 es de obligatorio
cumplimiento. En esta, claramente se establece la no procedencia de disponer
rubros para cubrir las vacaciones de servidores judiciales.

35. Señaló que la citada Circular se encuentra vigente actualmente y es
exigible. Al respecto, mencionó que así se dejó estipulado en la sentencia de 3

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de diciembre de 2021 (rad. 11001-03-15-000-2021-04656-01). También, aclaró
que tratándose de empleados o servidores judiciales el permitir el descanso les
corresponde a los nominadores y estos no pueden negarlo. Por ende, la
ausencia de CDP para designar un reemplazo no es un argumento suficiente
para negar las solicitudes de vacaciones.

36. Finalizó con que las Direcciones Seccionales no cuentan con recursos
propios para dictar CDP y que debe ser el juez natural al interior del respectivo
proceso ordinario quien analice la constitucionalidad de la citada Circular.

1.9. Trámite de segunda instancia

37. Por auto de 13 de enero de 2021 el magistrado sustanciador decidió
vincular en calidad de tercero con interés al Juzgado Quinto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad del Valle del Cauca, por ser el nominador de la
señora Bolaños Carvajal.

1.9.1. Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali

38. El titular del despacho, en calidad de nominador de la tutelante, refirió
que la señora Carvajal labora como asistente jurídica en provisionalidad en su
despacho. Asimismo, que el 7 de septiembre de 2022 le negó el disfrute de su
periodo de vacaciones porque es necesario que cuente con la totalidad de la
planta de personal, por la cantidad de peticiones que se gestionan a diario.

39. Expuso la tipología de procesos que tiene a cargo el despacho e indicó
que tiene una carga laboral que supera los 2800 procesos y que desde 2018
asumen la categoría de jueces del circuito. Concluyó que acceder a la petición
de la servidora judicial conllevaría a la necesidad de contar con otra persona
que asuma sus funciones jurídicas. De lo contrario, se afectaría el rendimiento.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

40. Esta Sala es competente para resolver las impugnaciones presentadas
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central y la
Seccional del Valle del Cauca contra la sentencia de primera instancia proferida
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado el 3 de
noviembre de 2022. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

41. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central – y el
Consejo Superior de la Judicatura solicitaron ser desvinculados del presente

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trámite constitucional. A su juicio, carecen de legitimación en la causa por
pasiva.

42. La Dirección Nacional adujo que los reproches traídos en sede de tutela
se dirigen contra el Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Cali, por ser el nominador de la tutelante.

43. La Sala negará estas peticiones, comoquiera que, con fundamento en las
funciones que tienen asignadas estas autoridades, según lo dispuesto en el
artículo 98 de Ley 270 de 19963, deben ejecutar labores administrativas tales
como la provisión de recursos para los reemplazos que se requieran con
ocasión a la solicitud del derecho al descanso de los empleados judiciales que
tengan un régimen individual de vacaciones.

2.3. Legitimación en la causa

44. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.

45. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de
un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados
no esté en condiciones de promover su propia defensa.

46. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se
estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto
de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de
las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

47. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
la señora Mónica del Pilar Bolaños Carvajal está legitimada en la causa por
activa. Esto, en la medida que es quien solicitó el disfrute de sus vacaciones a
partir del 20 de diciembre de 2022, por tener dos periodos pendientes.

48. Por otro lado, la Sala evidencia que, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Nivel Central y la Seccional del Valle del Cauca se
encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

3 ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene
a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a
las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura de tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial.

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49. La Seccional, por ser a quien le corresponde solicitar ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central el respectivo presupuesto
para expedir el CDP. Asimismo, la Seccional respectiva es quien le informa a la
entidad nominadora sobre la existencia del rubro para que designe el reemplazo
del servidor ausente.

2.4. Problema jurídico

50. En consideración a la situación fáctica expuesta por la parte actora, las
pretensiones propuestas, el material probatorio recaudado y las intervenciones
allegadas, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿La decisión de no ordenar la apropiación presupuestal y la expedición
del CDP para designar el reemplazo de la señora Mónica del Pilar
Bolaños Carvajal en su labor de asistente administrativa del Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali vulnera
sus derechos fundamentales al trabajo, al descanso remunerado, a la
igualdad y a la salud?

51. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) requisitos de procedencia del
mecanismo constitucional; iii) derecho al descanso del servidor judicial y; iv)
estudio del caso en concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

52. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.

53. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de
defensa judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero
estos no son idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es
procedente para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este
último caso, su ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos
futuros a la activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del
peticionario.

54. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez
constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta.

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55. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio
el constituyente.

2.6. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

2.6.1. Subsidiariedad

56. La accionante solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca el certificado de disponibilidad
presupuestal para que se designara su reemplazo y pudiera disfrutar de sus
vacaciones. Dicha entidad profirió la Resolución DESAJCLO22-2640 de 5 de
agosto de 2022, en la que le negó su petición por ausencia de presupuesto y
por lo que dispone la Circular PSAC11-44 de 2011.

57. Adicionalmente, la tutelante solicitó ante el Juzgado Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad la concesión de su periodo de vacaciones.
No obstante, el juez titular del despacho se las negó, con fundamento en que no
fue autorizado el CDP para nombrar una persona que se encargue de sus
funciones, aunado a que la carga laboral que ostenta el despacho no permite la
ausencia de uno de los servidores.

58. Para la Sala, en principio se podría sostener que la presente acción de
tutela no es procedente porque contra la decisión de negar la expedición del
CDP de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca y la de no conceder las vacaciones por parte de su nominador, puede
interponerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
establecido en el artículo 138 del CPACA.

59. Sin embargo, esta Sección considera que en el presente caso la acción
de tutela es el mecanismo más adecuado para proteger los derechos invocados
por la parte actora. Es importante resaltar que no se discute la existencia de
otro mecanismo de defensa judicial, sino su idoneidad en el presente caso, en
el que está plenamente demostrado que la accionante ve amenazado su
derecho al descanso remunerado, el cual relaciona íntimamente con los
derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la
salud.

60. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios
para la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales. Esta falta de
idoneidad hace imperiosa la intervención del juez constitucional como garante

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de la primacía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico
colombiano4.

61. En el presente caso nos encontramos ante una empleada judicial que ve
amenazado su derecho fundamental al descanso remunerado el cual, a su
juicio, transgrede además el cúmulo de garantías constitucionales sobre las que
invoca la protección.

62. Lo anterior, ante el posible riesgo eminente de que la señora Bolaños
Carvajal no pueda disfrutar de su periodo de vacaciones, ante la falta de
disponibilidad presupuestal para que su nominador pueda designar su
reemplazo, durante el tiempo en el que se encuentre en descanso.

63. Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de
acuerdo con lo hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de
esta controversia.

2.6.2. Inmediatez

64. Respecto a este requisito, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
ha señalado que el estudio de este requisito obedece a la protección inmediata
de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados sin que se presente
tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción5.

65. De esta manera, en el caso en concreto la tutelante presentó este
mecanismo de amparo constitucional el 21 de septiembre de 2022. Es decir,
menos de treinta días después de que el despacho judicial en el que labora le
suspendiera su derecho al descanso ante la falta de CDP para designar una
persona que reemplace sus funciones. En consecuencia, la Sala considera que
en el presente caso se supera el requisito de la inmediatez6.

2.7. El derecho al descanso del servidor judicial

66. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una
época muy temprana7, como un derecho fundamental derivado especialmente
del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

4 Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, Sentencias del 14 de octubre del 2021 y 20 de enero de 2022. M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil. Rads. N°s. 11001-03-15-000-2021-03070-01 y 11001-03-15-000-2021-
06992-01.
5 Corte Constitucional, Sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
6 Dicha circunstancia ocurrió el 7 de septiembre de 2022.

7 Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de

2004 y C-035 de 2005.

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67. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 7° determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”.
En similar sentido lo indica el artículo 7° del Protocolo de San Salvador8.

68. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada
línea jurisprudencial que ha establecido que “uno de los derechos
fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”9.
En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática de los artículos 1°, 25 y 53 de la Carta, en tanto el
descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno
de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

69. En ese contexto, las vacaciones son consideradas como la manera de
recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo
dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un
mayor o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en
el campo laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para
quienes han cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o
proporcional, y que luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales
para poder realizar de una manera idónea todas las funciones asignadas por el
empleador, pueda el servidor público, como en este caso, disfrutar de un
merecido receso que les permita compartir un mayor espacio de tiempo con sus
seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad,
restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades laborales.

70. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador
es el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el
requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a
reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni
afectar el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.

71. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:

8 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el
artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de
manera particular: (…) h). El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así
como la remuneración de los días feriados nacionales”.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2007.

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El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le
otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para
proteger su salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al
solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera
de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus
múltiples manifestaciones.

[…]

El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento
de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,
necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente.

[…]

(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa, (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y
(iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal.

72. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos
y privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual
debe ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que
sea válido oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de
este derecho.

2.8. Caso concreto

73. En el presente asunto, el juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad negó el disfrute de las vacaciones a la señora Mónica del Pilar
Bolaños Carvajal. Para el efecto, dictó la Resolución N. ° 21 de 7 de septiembre
de 2022. Ello, con fundamento en que la directora ejecutiva de Administración
Judicial de la Seccional Valle del Cauca le negó el CDP para el reemplazo de la
empleada mientras disfrutaba de sus vacaciones.

74. A su vez, la razón por la que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca negó el CDP mencionado, consistió
en que:

En atención al oficio del asunto me permito informar que no es procedente para
esta Dirección Seccional, solicitar recursos para reemplazo de Vacaciones,
teniendo en cuenta las Circulares 44 y 89 de 2005, dado a que refiere a la
programación de las vacaciones de los Funcionarios. Circular que a la fecha se
encuentra vigente y no ha sido derogada.

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Comoquiera que la Circular excluye a los servidores judiciales que ostentan la
calidad de empleados, no es sable para esta entidad desconocerla para atender
su solicitud, ello teniendo en cuenta que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y sus Seccionales son el “Órgano técnico administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de actividades administrativas de la Rama Judicial, con
sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura.
(Énfasis del texto original).

75. Para resolver este caso, para la Sala es importante resaltar que el
Consejo Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011. En este acto se reguló la manera en que deben realizarse
los reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales sujetos al
régimen de vacaciones individuales. En dicha circular se establece:

[…] para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de
este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se
señala y que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en
provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello.

76. Esta circular tiene por asunto: “vacaciones de los funcionarios judiciales
del Régimen de Vacaciones Individuales”, lo que significa que no existe
disposición alguna para los empleados de los despachos judiciales que se
encuentran bajo el régimen individual de vacaciones. En tal sentido, es
importante resaltar que de conformidad con lo expresado en el artículo 125 de
la Ley 270 de 1996, se entiende como funcionario judicial a los jueces,
magistrados y fiscales, mientras que los demás servidores serán empleados
judiciales.

77. Por tanto, para la Sala es evidente que existe una omisión para
garantizar los recursos para nombrar reemplazos de los empleados judiciales
del régimen individual de vacaciones. Esta omisión no puede volverse un
obstáculo para que los empleados judiciales puedan disfrutar de su garantía
constitucional al descanso remunerado.

78. Esta garantía debe entenderse como uno de los derechos fundamentales
del trabajador y constituye una condición mínima que ofrece la posibilidad de
que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como física, para así
proteger su salud y fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus
actividades.

79. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de
servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8
Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales,
las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de

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199610. Esta norma establece que los empleados de los Juzgados Penales
Municipales pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser
concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del
servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.

80. En ese orden, si bien es el juez nominador el encargado de emitir el acto
por el cual se conceden o niegan las vacaciones, lo cierto es que las
direcciones seccionales de administración judicial deben tomar todas las
medidas necesarias en los casos en que esté demostrado que la ausencia de
un empleado, que se va a disfrutar de sus vacaciones, puede generar
traumatismos que afecten el funcionamiento de la dependencia judicial y, por
ende, el debido servicio de la administración de justicia.

81. Así, la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial del Valle
del Cauca sí resulta ser la entidad trasgresora de las garantías constitucionales
de la demandante pues, ante su negativa, se ve amenazado el derecho
fundamental al descanso de la señora Mónica del Pilar Bolaños Carvajal. Esto,
porque como se plantea en la solicitud de amparo, el Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad tiene una alta carga laboral y la
ausencia de un empleado generaría traumatismos en la prestación del servicio.
Esta a su vez, fue la razón por la que la actora no ha podido gozar de su
periodo de descanso.

82. En ese sentido, el derecho al descanso de la señora Mónica del Pilar
Bolaños Carvajal se vio truncado por la decisión del juez Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad con la decisión de impedirle el goce de sus
vacaciones por falta del CDP que le permitiera designar una persona que en
reemplazo de la actora desempeñara sus funciones. Esto, dado que, de
permitirse el disfrute de las vacaciones de la tutelante sin otra persona que
realice lo que a ella le corresponde, no sería óptimo el servicio de
administración de justicia que presta el despacho por la alta cantidad de
solicitudes y acciones constitucionales que llegan a diario.

83. Por tanto, comoquiera que en el presente caso el nominador de la
tutelante ha puesto de presente que por la excesiva carga laboral de esa
dependencia judicial el disfrute de las vacaciones de su empleada sin un
remplazo podría afectar el funcionamiento de su despacho11, resulta previsible

10 Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de
los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo
con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales
de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de
servicio”.
11 Así lo manifestó en las resoluciones por medio de las cuales le negó el disfrute de las

vacaciones a la accionante.

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entender que, tanto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel
Central como la Seccional del Valle del Cauca, deben trabajar
mancomunadamente para garantizar los derechos fundamentales al trabajo y al
descanso de la accionante. Asimismo, la de los usuarios que pretenden acceder
a una adecuada administración de justicia del despacho judicial en cuestión, por
lo que para la Sala el nombramiento de un reemplazo en provisionalidad es una
alternativa idónea que permite compatibilizar los mentados presupuestos.

84. Entonces, esta Sala no desconoce, por un lado, los lineamientos fijados
en la Circular PSAC05-89 de 18 de noviembre de 2005 que dispuso que
únicamente habría lugar al CDP para designar a un reemplazo cuando el
despacho tuviera tres o menos colaboradores incluyendo el juez; y por otro, las
necesidades del servicio alegadas por el nominador de la señora Bolaños
Carvajal.

85. Sin embargo, la determinación de no otorgar los recursos necesarios
para el reemplazo, sí genera una vulneración a los derechos fundamentales de
la accionante, pues, como se vio, la decisión de la Dirección Seccional Ejecutiva
del Valle del Cauca puede obstaculizar la garantía para que disfrute de su
descanso remunerado. Máxime si se tiene en cuenta que es deber del
pluricitado despacho judicial garantizar la adecuada prestación del servicio
público de la administración justicia y esta obligación no puede utilizarse como
una excusa válida para impedirle a un empleado gozar del referido derecho.

86. En los términos expuestos se confirmará la sentencia de primera
instancia que ordenó lo siguiente:

SEGUNDO: ORDENAR A la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
en el término de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
proceda a apropiar los recursos, para que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca emita el certificado de
disponibilidad presupuestal para el remplazo por vacaciones de la señora Mónica
del Pilar Bolaños Carvajal.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca que, una vez apropiados los recursos por parte
de la Dirección Ejecutiva, dentro de los cinco (5) días siguientes, proceda a emitir
el certificado de disponibilidad presupuestal para el pago de las respectivas
vacaciones.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del
Cauca notifique la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal a
favor de la señora Mónica del Pilar Bolaños Carvajal para el disfrute de sus
respectivas vacaciones, proceda a proferir el acto administrativo en el que
resuelva sobre la solicitud de vacaciones individuales formulada por la actora.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Nivel Central y el Consejo
Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de noviembre de 2022, dictada por
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con
lo expuesto.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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