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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05098-00

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05098-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jhon Edwar Gutiérrez Palencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05098-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

14 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05098-00
Demandante: Jhon Edwar Gutiérrez Palencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-05098-00
Demandante JHON EDWAR GUTIÉRREZ PALENCIA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas Acción de tutela. Tutela contra actos administrativos. Tutela
contra providencias judiciales. Requisitos generales de
procedibilidad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por Jhon Edwar Gutiérrez Palencia, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de septiembre de 20221, Jhon Edwar Gutiérrez Palencia instauró acción de
tutela, actuando en nombre propio, contra el Municipio de Yumbo (Valle del Cauca),
el Juzgado 11 Administrativo Oral de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso
(defensa y legalidad).

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
«Que se amparen mis derechos fundamentales a la legalidad, defensa, debido proceso y
acceso a la justicia y se ordene al organismo de tránsito aplicar la prescripción del (los)
comparendo(s) 76892000000011170543 y los elimine del SIMIT y de toda base de datos de
infractores»2.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 31 de octubre de 2015 el Municipio de Yumbo (Valle del Cauca) expidió el
Comparendo Nro. 76892000000011170543 en contra del señor Jhon Edwar
Gutiérrez Palencia, por incurrir en una infracción de tránsito.

1 La acción de tutela se radicó mediante correo electrónico y se asignó por reparto al Juzgado 15 Penal
Municipal de Cali (Samai, índice 2, PDF 9). Sin embargo, dicha autoridad lo remitió por competencia a esta
Corporación, mediante auto del 22 de septiembre de 2022 (Samai, índice 2, PDF 4). Esta Sección avocó
conocimiento del proceso de la referencia mediante auto del 30 de septiembre de 2022 (Samai, índice 4).
2 Samai. PDF 7. Página 12.
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Demandante: Jhon Edwar Gutiérrez Palencia

Como el infractor no controvirtió dicho comparendo, la entidad territorial profirió
la Resolución Nro. 0924 del 11 de noviembre de 2015, por la que le impuso
la sanción económica que corresponde a la infracción de tránsito.

2.2. Posteriormente, el Municipio de Yumbo profirió el Mandamiento de Pago Nro.
10722 del 24 de agosto de 2018, por el que inició el cobro coactivo de la
obligación contenida en la resolución sancionatoria.

2.3. Mediante petición del 14 de junio de 2022, el señor Jhon Edwar Gutiérrez
Palencia solicitó a la entidad territorial que declarara la prescripción de su
obligación con fundamento en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002,
modificada por el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, así como del artículo 817
del Estatuto Tributario. Adicionalmente, el peticionario expresamente indicó
que su objetivo era el de constituir la renuencia de la entidad con el fin de
acudir al medio de control de cumplimiento.

La entidad accionada negó la petición mediante el Oficio Nro.
20221000361441 del 24 de junio de 2022, pues consideró que no transcurrió
el término de prescripción previsto en las normas invocadas por el peticionario.

2.4. Debido a lo anterior, Jhon Edwar Gutiérrez Palencia interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de cumplimiento, la cual fue repartida al Juzgado
11 Administrativo Oral de Cali.

Dicho juzgado, mediante Sentencia Nro. 43 del 10 de agosto de 2022 declaró
la improcedencia del medio de control de cumplimiento porque, a su juicio, el
actor debió interponer una demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la que pretendiera la nulidad del acto
que negó la petición de prescripción, formulada a instancias del proceso de
cobro coactivo.

2.5. El actor impugnó la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que, mediante la Sentencia Nro. 57 del 5 de septiembre de 2022 la
confirmó por las mismas razones expuestas en la sentencia de primer grado.

3. Fundamentos de la acción

El demandante sostuvo, en el acápite de hechos de la demanda, que «el juez me viola
mi derecho fundamental de acceso a la justicia, debido proceso, legalidad y defensa argumentando
sin motivos legales contundentes que supuestamente debí acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho»3.

Para sustentar la anterior afirmación, indicó que los jueces de la acción de
cumplimiento no tuvieron en cuenta que no procede el ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho porque no formuló ninguna pretensión de
nulidad frente a algún acto administrativo, sino que exigió la aplicación de la figura
de la prescripción. De esta forma, manifestó que su propósito es que se imponga a
la administración una obligación de hacer, y no una obligación de abstención.

De acuerdo con lo anterior, señaló que los jueces de la acción de cumplimiento
tampoco advirtieron que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solo
puede ser ejercida a través de apoderado, ni que puede sufrir un perjuicio

3 Samai. Índice 2. PDF 7. Página 2.
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irremediable porque, durante el trámite del proceso, puede ser objeto de embargos.

En el acápite de fundamentos de derecho, puso de presente que en el Concepto
Nro. 20191340341551 del 17 de julio de 2019, el Ministerio de Transporte consideró
que las obligaciones impuestas con motivo de una infracción de tránsito prescriben
en el término de 3 años. Además, dicha autoridad también sostuvo que, luego de
notificado el mandamiento de pago, dicho término se reanuda, de tal modo que el
término de prescripción del procedimiento de cobro también es de 3 años.

Aseguró que lo anterior es acorde con el artículo 159 del Código Nacional de
Tránsito, según el cual las sanciones impuestas por las normas de tránsito
prescriben en el término de 3 años. Así mismo, es concordante con el artículo 818
del Estatuto Tributario, aplicable en virtud de las remisiones contenidas en el artículo
162 del Código Nacional de Tránsito y el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011, el
cual señala que el término de prescripción del cobro coactivo es el mismo del de la
prescripción, es decir de 3 años.

A continuación, expuso el contenido de los artículos 817 y 826 del Estatuto
Tributario, de los artículos 6 y 7 de la Ley 1066 de 2006 y de la sentencia proferida
el 11 de febrero de 2016 por la Sección Primera del Consejo de Estado, con base
en lo cual reiteró que el término de prescripción aplicable en este caso es de 3 años.

Finalmente, puso de presente que el artículo 28 de la Constitución establece que no
existen penas ni medidas de seguridad imprescriptibles y que la Sentencia C-556
de 2001 indica que la prescripción es una institución de orden público, por lo que su
incumplimiento supone una violación del derecho al debido proceso.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. La demanda de tutela de la referencia fue asignada al Juzgado 15 Penal
Municipal de Cali, el cual avocó conocimiento del proceso mediante auto del
12 de septiembre de 20224, el cual ordenó la vinculación de las autoridades
demandadas. Sin embargo, con la providencia del mismo día, el juzgado
referido remitió el expediente por competencia a esta Corporación5.

4.2. Esta Sección avocó conocimiento para conocer del proceso de la referencia
mediante auto del 30 de septiembre de 2022 6, por lo que dejó sin efectos las
actuaciones surtidas por el Juzgado 15 Penal Municipal de Cali y requirió al
demandante para que precisara: i) cuáles son las entidades que integran la
parte demandada, ii) cuáles son las pretensiones formuladas frente a cada una
de las accionadas y iii) que identifique la actuación judicial controvertida y los
defectos alegados en su contra. Comoquiera que el anterior requerimiento no
fue atendido, se reiteró mediante auto del 12 de octubre de 20227.

El demandante omitió dar respuesta al segundo requerimiento. Sin embargo,
tal falencia no era suficiente para rechaza la acción de tutela interpuesta, por
lo que, se admitió con el auto del 3 de noviembre de 20228.

4 Samai. Índice 2. PDF 10.
5 Samai. Índice 2. PDF 4.
6 Samai. Índice 4.
7 Samai, índice 9.
8 Samai, índice 14.
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En la misma providencia se ordenó vincular como demandados al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al Juzgado 11 Administrativo de Cali y al
Municipio de Yumbo (Valle del Cauca).

4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9 aseguró que no fueron
vulnerados los derechos fundamentales invocados por el demandante porque
la sentencia acusada expuso la argumentación necesaria para fundamentar
su decisión.

Explicó que la acción de cumplimiento es un mecanismo de carácter
subsidiario, por lo que no procede para obtener decisiones para las cuales
existen instrumentos judiciales principales y en los que se ha definido un juez
natural.

De esta forma, consideró ajustado a derecho la sentencia acusada en la
medida que el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo dispone que procede el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos, como lo
es en este caso el que negó la prescripción de la acción de cobro.

4.4. El Juzgado 11 Administrativo Oral de Cali no se pronunció sobre la
demanda de tutela, sino que se limitó a aportar los antecedentes del proceso
de acción de cumplimiento10.

4.5. El Municipio de Yumbo se opuso a la demanda antes de que fuera admitida
por esta Corporación, en atención al auto mediante al cual avocó conocimiento
el Juzgado 15 Penal Municipal de Cali. Aunque las actuaciones surtidas por
dicha autoridad judicial fueron dejadas sin efectos, se valorará la oposición
presentada por la entidad territorial en aplicación del principio de informalidad
de la acción de tutela y a que, con dicha valoración, no se vulneraría ningún
derecho del demandante y se garantiza el debido proceso de la entidad
accionada.

En dicho documento, el Municipio de Yumbo hizo un recuento de los hechos
relacionados con la imposición de la sanción y el inicio del cobro coactivo, con
base en lo cual destacó que el demandante no ejerció ningún recurso en contra
del mandamiento de pago ni propuso excepción alguna, por lo que no puede
considerarse vulnerado ninguno de sus derechos fundamentales.

Aseguró que el demandante cuenta con otro mecanismo de defensa frente al
acto administrativo que negó la prescripción, el cual consiste en ejercer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, tal
como lo indicó las Sentencias T-106 de 1993, T-983 de 2001, T-1222 de 2001,
T-132 de 2006, T-514 de 2003, T-1048 de 2008 y T-051 de 2016.

Finalmente, en el acápite de peticiones, solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda de tutela porque no cumplió el requisito general
de la inmediatez, pero no sustentó esta afirmación.

9 Samai, índice 19.
10 Samai, índice 20.
4

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico

En consideración a los antecedentes expuestos, se observa que el demandante
pretende que se amparen su derecho fundamental al debido proceso, en sus
componentes de legalidad y defensa, los cuales considera vulnerados como
consecuencia de dos actos jurídicos distintos:

(i) El primero, respecto del acto administrativo que negó la aplicación de la figura
de la prescripción de la obligación y del cobro coactivo adelantado en su
contra, por lo que en las pretensiones de la demanda de tutela solicitó la
aplicación de esta figura;

(ii) Las sentencias proferidas en el medio de control de cumplimiento, pues a su
juicio no debieron declarar la improcedencia de esta, toda vez que no es viable
en su caso ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto administrativo que negó la prescripción, tal como lo
narró en el acápite de hechos de la tutela.

Así las cosas, corresponde a la Sala analizar, en un primer momento, si la demanda
de tutela de la referencia cumple los requisitos generales de la acción de tutela
contra actos administrativos y, de ser así, procederá a verificar si el Municipio de
Yumbo vulneró sus derechos fundamentales al negar su petición de prescripción.

Luego, la Sala verificará si se cumplen los requisitos generales y especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, concretamente frente a la
sentencia Nro. 57 del 5 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

Al respecto se precisa que, si bien se cuestionan las providencias proferidas por el
Juzgado Once Administrativo Oral de Cali y por el Tribunal Administrativo de del
Valle del Cauca, la Sala limitará el análisis respecto de los cargos formulados en
relación con la decisión de segunda instancia, que fue la que resolvió de manera
definitiva la controversia propuesta. Recuérdese que la oportunidad para cuestionar
la sentencia del juzgado emitida en primera instancia, es la interposición del recurso
de apelación, escenario en el que el accionante debió exponer las inconformidades
contra esa decisión.

3. Procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos y
análisis del caso concreto

3.1. Como se expuso, el artículo 86 de la Constitución Política establece que uno
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de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad, pues señala que el amparo de los derechos fundamentales
«solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

Así, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales implica que los medios ordinarios de defensa para la
protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados por la
acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la
acción de tutela solo procede cuando no existen otros medios de defensa para
amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que
ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso
en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

Debe tenerse en cuenta que la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 dan la
posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada
caso y determinar si la acción es procedente o, si por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

No obstante, con fundamento en el requisito de la subsidiariedad, la
jurisprudencia de las altas cortes ha concluido que, por regla general, esta
acción es improcedente cuando se pretende controvertir actos administrativos,
puesto que el interesado puede o pudo discutir su contenido a través de
distintos medios de control, dependiendo de la naturaleza del acto, sea general
o particular11.

3.2. En el caso bajo examen, el demandante afirma que el Municipio de Yumbo
vulneró sus derechos fundamentales porque se negó a aplicar la prescripción
frente a su obligación y el cobro coactivo que se adelanta para obtener su
pago, a pesar de que se cumplen los supuestos para hacerlo.

Al respecto, en el expediente de la acción de cumplimiento, consta que el
demandante aportó copia del Oficio Nro. 20221000361441 del 24 de junio de
2022 que negó la petición de prescripción porque «El comparendo N°11170543 de
31/10/2015, evidencian ejecutoria de la Resolución Sanción, la cual fue expedida dentro
del término respectivo, e inició del proceso de cobro coactivo, con mandamiento de pago
N°10722 de 24/08/2018, el cual cuenta con citación para notificación personal, correo
recibido el día 21/09/2018, evidenciándose la interrupción de los términos de prescripción,
acorde con lo establecido en los artículos 555, 568, 817 y 826 del Estatuto Tributario
Nacional»12.

Como se observa, el oficio referido negó una petición de prescripción en el
marco de un procedimiento de cobro coactivo. Esta precisión es relevante
porque, como lo señaló esta Sección en procesos ordinarios13, «los actos que

11 En este sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
20001-23-33-000-2021-00331-01 (AC). Sentencia del 25 de noviembre de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
12 Samai, índice 20, carpeta del expediente de acción de cumplimiento, PDF denominado “Prueba 2”.
13 En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
25000-23-37-000-2013-00352-01 (20277). Auto del 24 de octubre de 2013. CP: Jorge Octavio Ramírez R.;
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niegan la prescripción de la obligación son actos administrativos definitivos por cuanto
que surte efectos jurídicos por definir la situación jurídica del administrado».

En consecuencia, el Oficio Nro. 20221000361441 del 24 de junio de 2022 es
un acto administrativo definitivo y, por lo tanto, susceptible de control judicial
mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

En efecto, el demandante contó con otro medio de defensa para controvertir
la legalidad del oficio que le negó la petición de prescripción, en este caso, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por tratarse de un
acto administrativo de contenido particular.

En la demanda, cuando el actor plantea los motivos por los que considera que
las sentencias proferidas en el proceso de acción de cumplimiento violaron sus
derechos fundamentales, sostuvo que en este caso no procede la
presentación de una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho porque (i) no tiene la intención de obtener la
declaratoria de nulidad de un acto administrativo, sino de que se imponga al
Municipio de Yumbo una obligación de hacer que consiste reconocer que
operó la prescripción, (ii) para acudir a ese medio de defensa ordinario debe
actuar mediante apoderado judicial y (iii) durante el trámite del proceso
ordinario podría se objeto de embargos, lo que le causaría un perjuicio
irremediable.

Sobre el primer punto, se reitera que el Oficio Nro. 20221000361441 del 24 de
junio de 2022 es un acto administrativo definitivo y, por lo tanto, goza de la
presunción de legalidad prevista en el artículo 88 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, para que
sea aplicada la prescripción en el procedimiento de cobro coactivo adelantado
contra el demandante, no basta con que el interesado solicite su aplicación,
sino que se requiere desvirtuar la presunción de legalidad del acto que negó
la petición, para lo cual debe acudir, necesariamente, al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Frente a la necesidad de contratar a algún abogado que lo represente para
presentar la demanda, la Sala observa que esto no supone un obstáculo
insuperable para acudir al medio ordinario de defensa, pues si no cuenta con
los recursos económicos requeridos para ello, pudo acudir a medios gratuitos
de asesorías como los consultorios jurídicos de las universidades, e incluso,
solicitar amparo de pobreza, de reunir los requisitos previstos en la ley.

Finalmente, la posibilidad que se adelanten embargos en su contra durante el
trámite del proceso ordinario no supone la existencia de un perjuicio
irremediable porque el actor podrá acudir a las medidas cautelares
procedentes para obtener un amparo transitorio, mientras se profiere una
sentencia definitiva.

Así lo destacó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-355 de 2015, donde
sostuvo que «al amparo de las normas sobre suspensión provisional, el juez
administrativo puede ocuparse de evaluar antes de un pronunciamiento definitivo y en un

y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-33-000-
2017-00358-01 (23675). Auto del 21 de junio de 2018. CP: Jorge Octavio Ramírez R.
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término breve, si el acto administrativo se opone, al menos en principio, a las normas
señaladas por el demandante, lo que incluye naturalmente las disposiciones
constitucionales que reconocen derechos fundamentales. Si bien la suspensión
provisional de los efectos de un acto de la administración no supone su invalidez, sí tiene
la aptitud de proteger los derechos presuntamente afectados, al proscribir que dicho acto
sea ejecutado» (subraya la Sala).

3.3. Por lo expuesto, la solicitud de amparo de la referencia frente al Municipio de
Yumbo es improcedente, pues no supera el requisito de la subsidiariedad.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

4.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie
de requisitos generales14 y especiales15 que deben cumplirse de forma
estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo
menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional16 ha indicado
que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con
especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e
independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como
elementos esenciales del derecho al debido proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los
intervinientes en el proceso.

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

4.2. Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea
que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no,

14 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
15 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
16 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014 y la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018 han
señalado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de
amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha precisado que la relevancia constitucional es el
primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural17.

17 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse
ante el juez de la causa

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos»18.

4.3. Como fue expuesto en los antecedentes, el actor alega que las sentencias
proferidas en el proceso de acción de cumplimiento vulneraron sus derechos
fundamentales porque declararon improcedente ese medio de control, sin
tener en cuenta que no le es posible acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho porque, entre otros, (i) no pretende la nulidad de
un acto administrativo, sino la imposición de una obligación de hacer al
Municipio de Yumbo, y (ii) se le podría causar un perjuicio irremediable porque
podría ser objeto de embargos durante el trámite del proceso.

Sin embargo, la Sala observa que estos dos argumentos fueron planteados en
el proceso de acción de cumplimiento porque, en la demanda, sostuvo que
«(…) solicito su intervención señor(a) juez para evitar un perjuicio irremediable pues por
la no aplicación de la norma en comento por parte de la autoridad accionada, en el evento
de hacer efectivo un cobro coactivo me pueden embargar salarios, cuentas bancarias,
propiedades, vehículos, etc. y para el momento en que a través de un fallo de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo dieran un fallo (que puede tardar varios años)
ya sería demasiado tarde y no tendría forma de recuperarme de los perjuicios
causados»19.

Así mismo, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, aseguró que «(…) en este caso no era procedente recurrir al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y al medio de control de nulidad
simple ni a la acción de grupo pues no estaba pidiendo que se anulara una norma o que
se protegieran derechos colectivos, sino precisamente se estaba pidiendo era que se
CUMPLIERAN unas normas y el medio obvio e ideal para esto es precisamente el medio
de control de cumplimiento y no otro»20.

Además, estos aspectos fueron analizados por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que, en la sentencia de segunda instancia, consideró que
contra el oficio que negó la prescripción procede el ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en cuanto al posible
embargo de dinero y bienes del actor, señaló que «realmente dicha argumentación
no se compadece con la naturaleza reparadora de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, la cual al ser ejercitada, persigue tanto la nulidad del acto demandado como
la reparación del daño que pueda haberse causado con la expedición del mismo,
conforme lo establece el artículo 138 del C.P.A.C.A., razón por la que el argumento no es
suficiente para considerar la causación real de un perjuicio irremediable, grave e

18 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
19 Samai, índice 20, carpeta del expediente, PDF de la demanda, página 6.
20 Ibidem, PDF de la impugnación, página 6.
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inminente, que perita soslayar el ejercicio del mecanismo judicial principal de nulidad y
restablecimiento del derecho (…)»21.

Debido a lo expuesto, frente a estos dos argumentos de la demanda de tutela
contra providencia judicial, no se cumple el requisito de la relevancia
constitucional porque el actor trata de convertir este mecanismo constitucional
de protección de derechos fundamentales en una instancia adicional del medio
de control de cumplimiento, pues reiteró los argumentos expuestos en él y se
limitó a manifestar su inconformidad frente a la decisión de los jueces
ordinarios.

De otro lado, el actor también afirmó que sus derechos fueron vulnerados por
las sentencias proferidas en la acción de cumplimiento porque no tuvieron en
cuenta que, para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, requiere actuar mediante apoderado judicial. Sin embargo, el
demandante se limitó a realizar la anterior afirmación, sin explicar con detalle
de qué manera esta obligación de carácter legal puede suponer una violación
de sus derechos fundamentales. Así las cosas, este cargo también carece de
relevancia constitucional porque no expuso de manera suficiente los motivos
por los cuales fueron vulnerados sus derechos fundamentales, sino que se
limitó a alegar la vulneración de derechos fundamentales.

Es relevante explicar que, si bien en el Decreto 2591 de 1991 no se exige la
argumentación o la enunciación de alguna de las causales de procedencia de
acción de tutela contra providencia judicial, si es necesario que el ciudadano
que acude a este mecanismo de la tutela, exponga las razones y fundamentos
por los que considera que el pronunciamiento judicial que cuestiona, vulnera
derechos de rango fundamental.

Si bien para la presentación de una tutela no existen formalidades que deban
ser observadas en la demanda respectiva, si se sugiere un mínimo de
sustentación que permita al juez constitucional evidenciar las razones por las
que se considera que una decisión judicial vulnera algún derecho fundamental
o que se trata de una sentencia contradictoria o que se emitió de manera
deliberada o arbitraria por el juez natural.

Al respecto, conviene recordar que, conforme lo ha establecido la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional22, la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Ello es así
porque el análisis de las sentencias y de los autos por vía de tutela, involucra
los principios de independencia y autonomía judicial, la preclusión de los
procesos y la cosa juzgada que se predica de las providencias judiciales con
miras a definir los litigios puestos en conocimiento de los jueces de la
República.

Es por lo anterior que el análisis de procedibilidad de la acción de tutela cuando
involucra una providencia judicial es más riguroso, lo que implica que se exija
una carga argumentativa mínima a la parte accionante y cuyo faro orientador
es precisamente el precedente constitucional relativo a las causales generales

21 Samai, índice 18, PDF de la sentencia, página 7.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; sentencia SU-050 de 2015
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y sentencia SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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y especiales de procedibilidad desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional para estos eventos23.

Con base en lo expuesto no se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial debido a que la demanda
de tutela carece de relevancia constitucional.

5. Conclusión

Con base en lo anterior, la acción de tutela de la referencia será declarada
improcedente porque, frente al acto administrativo que negó la prescripción, no
cumple el requisito de la subsidiariedad, y en cuanto a las sentencias que decidieron
la acción de cumplimiento, carece de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jhon
Edwar Gutiérrez Palencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA

23 Ibidem.
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