Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05099-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05099-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05099-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
3 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05099-00
Demandante: Junior José Ortiz de la Cruz y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05099-00
Demandante: JUNIOR JOSÉ ORTIZ DE LA CRUZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso reparación directa
– privación injusta de la libertad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por los señores
Junior José Ortiz de la Cruz, Edwin Alexis Fuentes de la Cruz, Francisco José Ortiz
Cuellar y María Yolanda Herrera Parada contra el Juzgado Quinto Administrativo
de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
Pretensiones
Los demandantes interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Quinto
Administrativo de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formularon las
siguientes pretensiones:
“2.1 TUTELAR nuestros derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad, a la verdad, reparación integral, al acceso a la administración de justicia y a
tener un fallo justo, a la presunción de inocencia, vulnerado por las accionadas.
2.2 CONCEDER el amparo solicitado y en consecuencia dejar sin efectos la sentencia
del Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta y del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, dentro de la demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de
Defensa - Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial radicado No.
54-001-33-33-004-2017-00064-00 que promovimos.
2.3 ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que en el término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia que
resulte de esta acción de tutela, adelante las diligencias necesarias para que dicte una
nueva sentencia en los términos establecidos en el fallo que se profiera dentro de la
presente tutela.
2.4 Las demás decisiones que el Honorable Consejo de Estado estime conducentes”.
Hechos
De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:
El 15 de enero de 2015, los señores Junior José Ortiz de la Cruz, Edwin Alexis
Fuentes de la Cruz y Luis Antonio Wilches Herrera fueron capturados por la Policía
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Demandante: Junior José Ortiz de la Cruz y otros
Nacional, se les legalizó la captura y se les imputó la presunta autoría del delito de
“Tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las
fuerzas armadas y explosivos”, posteriormente, les fue impuesta por el Juez de
Control de Garantías medida de aseguramiento de privación de la libertad en centro
carcelario, sin embargo, la investigación penal fue precluida.
Los señores Junior José Ortiz de la Cruz, Edwin Alexis Fuentes de la Cruz,
Francisco José Ortiz Cuellar y María Yolanda Herrera Parada ejercieron medio de
control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía
General de la Nación con el fin de que se declararan patrimonialmente
responsables por lo que califican los accionantes como la privación injusta de la
libertad.
El Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, en sentencia del 18 de diciembre de
2020, negó las pretensiones por considerar que el daño alegado no tiene el carácter
de antijurídico, en tanto, se acreditó la proporcionalidad, razonabilidad, necesidad
e idoneidad de la medida de aseguramiento impuesta a los señores Junior José
Ortiz de la Cruz, Edwin Alexis Fuentes de la Cruz y Luis Antonio Wilches Herrera,
porque para el momento de la imposición de la misma, se atendió a las
circunstancias en que se dio la captura en flagrancia y con los elementos incautados
se infería razonablemente la comisión de la conducta imputada. No obstante, de
manera posterior, se revocó la medida de aseguramiento, en atención al nuevo
material probatorio que aportó la fiscalía, que, al constatarlo con la realidad de los
hechos objeto de investigación, concluyó la no intervención de los imputados, por
lo que la Fiscalía utilizó razonablemente los medios legales a su cargo y solicitó la
revocatoria de la medida y posteriormente la preclusión de la investigación.
El apoderado de la parte actora, interpuso recurso de apelación contra la decisión
de primera instancia, con fundamento en el desconocimiento de la sentencia de
unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 15 de agosto de 2018,
expediente 46947; indicó que en el proceso penal se acreditó que los hechos por
los cuales fueron investigados las víctimas no ocurrieron, por lo que el actuar de los
capturados no podía ser catalogado de culpa grave o dolo como para que dieran
lugar a la imposición de la medida privativa; reprochó que el juez de control de
garantías impuso de la medida de aseguramiento sin sustento probatorio y, en
general, sostuvo que la medida de aseguramiento no fue necesaria, adecuada,
proporcional ni razonable de cara a las pruebas obrantes en el expediente penal.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia del 27 de enero de
2022, confirmó la decisión de primera instancia, por las mismas razones.
Argumentos de la acción de tutela
Los accionantes mencionaron que el Consejo de Estado, en sentencia de tutela del
15 de noviembre de 2019, dentro del proceso con radicado número
11001031500020190016901, revocó la sentencia de unificación proferida en el
expediente con radicado número 66001233100020110023501, -sentencia de
unificación del 15 de agosto de 2018-, para lo cual transcribieron las motivaciones
relacionadas con la causal eximente de la culpa exclusiva de la víctima; s obre el
mismo aspecto, citaron la sentencia del 9 de julio de 2021, radicado número 05001-
23-31- 000-2007-02594-01(47222).
Seguidamente se refirieron a la sentencia del 11 de febrero de 2022, radicado
número 08001-23-31-000- 2009-00995-01 (45.748), mediante la que la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado señaló que “(…) resulta
desproporcionada la privación de la libertad de los procesados que fueron exonerados de
toda responsabilidad penal, al no demostrarse su injerencia en la comisión de un
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determinado comportamiento punible. En consecuencia, la afectación del derecho a la
libertad, el cual ha sido considerado una garantía básica del ser humano, al tratarse de un
atributo propio de la persona, no puede considerarse como una carga que deba soportar
un ciudadano como contraprestación propia de vivir en sociedad, dado que, al mantenerse
vigente su presunción de inocencia frente a los cargos que le fueron imputados, no se
justifica dicha restricción durante el tiempo que finalmente se prolongó. Por las anteriores
razones, procede la reparación del daño antijurídico alegado, como así se ordenará. (…)”.
La parte actora considera que las autoridades judiciales demandadas incurrieron
en los defectos fáctico y por “violación directa de la Constitución”, con fundamento
en las razones que se pasan a resumir.
Afirmó que la providencia absolutoria dictada por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta da cuenta de la
antijuridicidad del daño, dado que, se les mantuvo privados de la libertad por lapso
cercano a 75 días sin que se lograra atribuir la autoría de delito alguno, afirmó que
no fueron absueltos por duda razonable, sino porque no hubo intervención en el
hecho investigado, tesis que fue sostenida por la Fiscalía delegada para el caso,
en el sentido de señalar que “no existía forma de deducir que hubiésemos sido los
propietarios o los tenedores o los responsables de haber llevado hasta la mina las barras
de INDUGEL que fueron decomisadas, que los explosivos no eran de nuestra propiedad,
ni habían sido llevados hasta el lugar por ninguno de nosotros tres, lo que daba
forzosamente a concluir que no tuvimos ninguna participación en la ejecución del hecho
punible y por tanto la única medida posible era precluir la investigación”.
Que, el Fiscal Séptimo Especializado ante los Jueces del Circuito Especializados
cuestionó la decisión del fiscal de control de conocimiento, al realizar la intervención
en la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento del 19 de marzo de
2021, ante el Juez Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías,
en la que afirmó que la medida de aseguramiento impuesta el 15 de enero de 2015
no tuvo que haber sido solicitada.
Con fundamento en lo anterior, afirmó que nunca existió inferencia razonable de
autoría ni el cumplimiento de los requisitos subjetivos de la medida de
aseguramiento solicitada, a su juicio, la decisión del juez de control de garantías al
imponer medida de aseguramiento fue abiertamente ilegal y no fue necesaria,
adecuada, proporcional y mucho menos razonable.
Agregó que, en el eventual caso de que la juez de garantías hubiera encontrado la
medida necesaria, debía observar los elementos materiales probatorios puestos a
su disposición en conjunto y, a su vez, observar los antecedentes personales y
judiciales de los imputados, de los cuales era posible evidenciar que ninguno de los
imputados tenía antecedentes judiciales y, que, por el contrario, tenían arraigo en
la comunidad.
Que, de las pruebas relacionadas no se advirtió alguna prueba específica que fuera
determinante y eficiente para la imposición de la medida de aseguramiento, al punto
que, la misma Fiscalía solicitó el levantamiento de la medida de detención, pero, ya
habían transcurrido 75 días de detención en centro carcelario, señala que, al no
existir una prueba que soportara la medida de aseguramiento inicialmente
ordenada, esta fue desproporcionada e inadecuada.
Afirmó que las sentencias proferidas por Juzgado Quinto Administrativo Cúcuta y
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander violaron flagrantemente el derecho
fundamental al debido proceso y la presunción de inocencia, “al declarar probada la
culpa de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial, no obstante
estar probado que fuimos absueltos penalmente por funcionario judicial competente, en
sentencia ejecutoriada”.
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Demandante: Junior José Ortiz de la Cruz y otros
En general, indició que, las providencias cuestionadas no analizaron en conjunto
las pruebas y las razones de sustento de la Fiscalía y el Juzgado que ordenaron el
levantamiento de la medida carcelaria como la declaratoria de inocencia.
Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 26 de septiembre de 2022, admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a los demandantes, Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, al Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta y a la Nación –Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la
Nación, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional de Colombia
y a los señores Edwin Enrique Fuentes Reyes, Deisy de la Cruz Márquez, York
Klinton Fuentes de la Cruz, Jarin Estrella Fuentes de la Cruz, Luna Yuliana Fuentes
de la Cruz, Sol Michele Fuentes de la Cruz, Freyder Yampier Fuentes de la Cruz,
Myller Jhesus de la Cruz Márquez, James Enrique Fuentes Ramírez, Luis Arsenio
Fuentes, Ana Rosa de la Cruz Márquez, Jency Paola Ortiz de la Cruz, Josman
Francisco Ortiz de la Cruz, Luis Antonio Wilches Herrera, Martha Elena Leal
Herrera, María Isabel Leal Herrera, Alma Rosa Wilches Herrera, Sandra Milena Leal
Herrera, Marco Tulio Leal Herrera y Manuel Jesús Wilches Herrera, como terceros
interesados en el resultado del proceso. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y publicar en la página web del Consejo
de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados.
Oposición
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander indicó que el hecho de que
una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina
con medida de preclusión o absolución, no resulta suficiente para declarar la
responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se debe determinar si la medida
restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico
imputable a la administración.
Que, tal como se indicó en la sentencia de segunda instancia donde se tuvo en
cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en
materia de privación injusta de la libertad, la aplicación del régimen objetivo de
responsabilidad resulta procedente, únicamente, en dos supuestos, a saber: (i)
cuando el hecho no existió y (ii) cuando la conducta era objetivamente atípica,
porque, a su juicio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta
irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin
mayores esfuerzos”.
Manifestó que, contrario a lo señalado en el escrito de tutela, la decisión
cuestionada fue el resultado del análisis fáctico y jurídico en el que se tuvieron en
cuenta todas las pruebas oportuna y debidamente allegadas por las partes y advirtió
que la inconformidad del accionante con la interpretación realizada por los jueces
de conocimiento no constituye necesariamente la existencia de un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria, pues conforme lo ha explicado la Corte
Constitucional, las providencias judiciales están amparadas por el principio de la
buena fe y es en virtud de la autonomía e independencia judicial que el juez del
proceso adopta la interpretación que mejor se ajusta al caso.
Dijo que, no existen elementos que permitan concluir que la interpretación y
valoración de las pruebas fueron caprichosas y arbitrarias, por el contrario, sostuvo
que la decisión adoptada fue el resultado del análisis conjunto entre los
fundamentos fácticos y jurídicos aplicables al caso concreto, junto con el soporte
del precedente jurisprudencial desarrollado sobre la materia por el Consejo de
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Estado y la Corte Constitucional tal como se observa en los capítulos de la
sentencia de segunda instancia, correspondiente a los numerales: “3.4.1 Régimen
jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado por eventos
extracontractuales” y “3.4.2 . De la responsabilidad extracontractual del Estado, en
eventos de privación injusta de la libertad”.
Solicitó declarar improcedente el amparo solicitado.
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta se refirió al trámite procesal
que se le imprimió al expediente con radicado número 54001333300520170006400
y que el mismo se ajustó a las normas vigentes, por lo que no existió amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.
Intervención de los terceros interesados
La Nación –Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
opuso a la acción de tutela de la referencia porque esta contiene apreciaciones
subjetivas de la parte demandante que no fueron debidamente demostradas en el
proceso de reparación directa.
Adujo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de inmediatez
y que, en todo caso, los hechos alegados no incumben a la Dirección Ejecutiva y
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta indicó que en el
escrito de tutela la parte actora se limitó a manifestar su desaprobación con lo
resuelto en el trámite de la primera y segunda instancia de la acción de reparación
directa, sin señalar el defecto en que habrían incurrido.
Considera que la acción de tutela no es la vía idónea para analizar el asunto
planteado, máxime cuando en el proceso cuestionado se presentaron los recursos
de ley, se garantizó la legalidad de las actuaciones, en aplicación de la doble
instancia.
La Fiscalía General de la Nación manifestó que la presente acción de tutela
resulta improcedente por cuanto (i) los accionantes no sustentaron las causales
específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, ii)
pretenden recuperar oportunidades procesales perdidas, y (iii) no dan cuenta de
por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la
controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este, sin señalar el mecanismo
al que hizo referencia.
Consideró que la parte actora no logra identificar la afectación de derechos
fundamentales, ni la causal en que incurrieron las providencias controvertidas,
razón por la cual, el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de
las sentencias para identificar dichos defectos.
La Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y los señores
Edwin Enrique Fuentes Reyes, Deisy de la Cruz Márquez, York Klinton Fuentes de
la Cruz, Jarin Estrella Fuentes de la Cruz, Luna Yuliana Fuentes de la Cruz, Sol
Michele Fuentes de la Cruz, Freyder Yampier Fuentes de la Cruz, Myller Jhesus de
la Cruz Márquez, James Enrique Fuentes Ramírez, Luis Arsenio Fuentes, Ana
Rosa de la Cruz Márquez, Jency Paola Ortiz de la Cruz, Josman Francisco Ortiz de
la Cruz, Luis Antonio Wilches Herrera, Martha Elena Leal Herrera, María Isabel Leal
Herrera, Alma Rosa Wilches Herrera, Sandra Milena Leal Herrera, Marco Tulio Leal
Herrera y Manuel Jesús Wilches Herrera, intervinientes en la acción de tutela en
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el medio de control de reparación directa cuestionada por esta vía, guardaron
silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controverti da haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la providencia
del 27 de enero de 2022, por medio de la que el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, confirmó la decisión de primera instancia del 18 de diciembre de
2020, con la que el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta negó las pretensiones
de la demanda de reparación directa, por considerar que el daño alegado no tiene
el carácter de antijurídico.
A juicio de la parte actora las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los
defectos fáctico y por “violación directa de la Constitución”, todos los argumentos
dirigidos a señalar que fue indebida la valoración probatoria del material que obraba
en el proceso de reparación directa, el cual daba cuenta que la medida de
aseguramiento impuesta no era necesaria, proporcional ni razonada.
En ese orden, corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto la acción
de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, en particular, el de inmediatez, alegado por la Rama
Judicial y el de relevancia constitucional y, solo en el evento que se encuentren
superados, procederá con el estudio de fondo de los cargos invocados.
Requisito de inmediatez
En el presente caso la parte actora cuestiona la decisión del 27 de enero de 2022,
mediante la que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander puso fin al
proceso de reparación directa con radicado número: 54001333300420170006402,
de cuya consulta en la página web de la Consulta de Procesos Nacional Unificada,
se observa que la notificación electrónica de la providencia se surtió el 1 de abril
de 2022 y la acción de tutela de la referencia se radicó el 22 de septiembre de
2022, es decir, que la solicitud de amparo cumplen con el requisito general de
inmediatez.
Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
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económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
Del requisito de relevancia constitucional en el presente caso
Sin embargo, la Sala advierte que, en el presente caso, la acción de tutela de la
referencia no satisface el requisito general de relevancia constitucional, en la
medida en que la parte actora emplea el mecanismo como una instancia adicional
del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada, como se pasa
a evidenciar.
Pues bien, como se anticipó, la parte actora sustenta las inconformidades de la
acción de tutela en la indebida valoración probatoria del material que obraba en el
expediente de reparación directa, que daba cuenta que nunca existió una inferencia
razonable de las pruebas obrantes en el proceso y, por ende, sostiene que la
medida de aseguramiento impuesta no fue necesaria, proporcional ni razonable,
para cual relacionó como desconocidas:
(i) la providencia absolutoria dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado con Funciones de Conocimiento de Cúcuta da cuenta de la
antijuridicidad del daño y, (ii) la intervención del Fiscal Séptimo Especializado ante
los Jueces del Circuito Especializados en la que cuestionó la decisión del fiscal de
control de conocimiento, en la audiencia de revocatoria de medida de
aseguramiento del 19 de marzo de 2021, ante el Juez Octavo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías, en la que afirmó que la medida de aseguramiento
impuesta el 15 de enero de 2015 no tuvo que haber sido solicitada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05099-00
Demandante: Junior José Ortiz de la Cruz y otros
A juicio de la parte accionante, el juez de control de garantías hubiera debía
observar los elementos materiales probatorios puestos a su disposición en conjunto
y a su vez observar los antecedentes personales y judiciales de los imputados, de
los cuales era posible evidenciar que ninguno de los imputados tenía antecedentes
judiciales y que, por el contrario, tenían arraigo en la comunidad.
Sin embargo, visto el recurso de apelación que ejercieron los accionantes contra
la sentencia del 18 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Cúcuta, la Sala evidencia que son los mismos argumentos que
se exponen como fundamento de la acción de tutela, solo que a partir de los
denominados defectos fáctico y violación directa de la Constitución, como se pasa
a transcribir, en lo pertinente:
“(…)
Aunado a lo anterior, respecto a la imposición de medida de aseguramiento privativa
de la libertad, se observa claramente que la señora juez de control de garantías vulneró
garantías de índole fundamental e incluso vulnero el debido proceso abiertamente, para
poder determinar sin sustento probatorio alguno contundente la construcción de
una inferencia razonable de autoría y el cumplimiento de los requisitos subjetivos
que consagra la Ley 906 de 2004 para la imposición de dicha medida restrictiva de la
libertad.
(…)
Para imponer cualquier medida de aseguramiento es necesario formar la denominada
“inferencia razonable de autoría o participación” que consagra el Artículo 308 de la
Ley 906 de 2004 como requisito indispensable para la imposición de cualquier medida
de aseguramiento; de este modo, es necesario definir que la inferencia razonable de
autoría o participación es la teoría que basada en el elementos materiales
probatorios, evidencia física, documentos legalmente obtenidos permita inferir que el
imputado puede ser el sujeto activo de la conducta, en palabras más comunes no es
más que llevar el sustento factico al plano jurídico; en el caso concreto, el Fiscal del
caso con su carga argumentativa no planteó una inferencia razonable ante la juez, dado
que en primer lugar nunca en su intervención de la formulación de imputación
especificó el verbo rector por el cual se imputaba la conducta de Fabricación, Tráfico y
Porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas
o explosivos contemplado en el Artículo 366 del código penal colombiano, partiendo
desde ese punto, la juez del caso no tenía los argumentos necesarios para inferir de
manera razonable la autoría o participación en el tipo penal achacado, dado que no
podía hacer un juicio de valor para determinar la autoría de estos en la presunta
conducta punible, los EMP allegados por parte de la fiscalía fueron tendientes a probar
que el material incautado se trataba de explosivos, pero nunca fueron tendientes a
determinar su procedencia o sus dueños, ni para qué se iban a utilizar; la fiscalía tenía
en total 11 verbos rectores para encuadrar jurídicamente la situación fáctica y no
cumplió esa carga, razón por la cual la señora juez no podía construir una inferencia
razonable de autoría, dado que como se dijo precedentemente, no se sabía por cuál
de los 11 verbos rectores tipificados en la conducta punible se debía construir la
inferencia razonable de autoría.
(…)
Así las cosas, es claro concluir que la medida de aseguramiento nunca se mostró
necesaria, adecuada, proporcional ni mucho menos razonable frente a los EMP
puestos al criterio de la operadora judicial penal, por último es 15 menester indiciar que
en el eventual caso de que la juez de garantías hubiera encontrado la medida
necesaria, debía observar los EMP puestos a su disposición en conjunto y a su
vez observar los antecedentes personales y judiciales de los imputados, en
donde observaría que ninguno de ellos tenía antecedentes judiciales y tenían un
arraigo en la comunidad, circunstancias que sin lugar a dudas hubieran llevado
a un juez de garantías a decidir que en el peor de los casos, la medida adecuada,
proporcional y razonable era la detención en su lugar de domicilio, pero nunca la
detención excepcional en establecimiento carcelario.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05099-00
Demandante: Junior José Ortiz de la Cruz y otros
Tan cierto es lo anterior, que el Fiscal Séptimo Especializado ante los Jueces del
Circuito Especializados (fiscal encargado de la etapa de conocimiento) cuestiona
la decisión del fiscal de la URI (primer fiscal del caso, en la etapa de indagación
inclusive quien solicito la imposición de la medida de aseguramiento), quien al
realizar su intervención en la audiencia de revocatoria de medida de
aseguramiento ante el juez octavo penal municipal con función de control de
garantías el día 19 de marzo de 2015, concluye que la medida de aseguramiento no
tuvo que haber sido solicitada para el caso concreto, como se aprecia en el transcurso
del minuto 6:40 a 7:34 del audio de la audiencia de revocatoria de la medida de
aseguramiento, de la siguiente manera:
“Debo decir que en criterio personal de este servidor público, el señor fiscal de la Unidad
de Reacción Inmediata no debió haber pedido la imposición de la medida de
aseguramiento, si bien es cierto, que tan importada las cosas hay una inferencia
razonable de autoría o de participación pero las condiciones de las personas
capturadas, la forma como se hubiera llevado a cabo la captura aconsejaba que no se
daban los fines de detención preventiva por tal consiguiente, por tal razón no se hubiera
solicitado.”
Por todo lo anterior, nunca hubo inferencia razonable de autoría ni el cumplimiento
argumentativo que demostrara el acatamiento de los requisitos subjetivos de la
medida solicitada, la decisión de la juez penal en la etapa inicial al imponer medida
de seguridad preventiva intramural fue abiertamente ilegal y no fue necesaria, ni
adecuada, ni proporcional, y mucho menos razonable, pues se reitera, se revalida la
ilegalidad de la medida de aseguramiento y el daño antijurídico causado a mis
poderdantes.
(…)”.
(Se destaca)
Quiere decir lo anterior que son exactamente los mismos argumentos en que la
parte actora sustentó el recurso de apelación, con fundamento en lo que ahora
ejerce la acción de tutela de la referencia, lo cual evidencia que la solicitud de
amparo no satisface el referido requisito.
De hecho, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al resolver el recurso
de apelación, resolvió los referidos argumentos, en el siguiente sentido:
“(…)
Frente al caso en concreto, el Juez de Control de Garantías como fundamentos para le decisión de
imponer medida de aseguramiento aseveró que existía un informe de policía judicial que, según la
carpeta de la Fiscalía, los tres jóvenes fueron capturados en flagrancia cuando hacían presencia en
un cambuche donde además se encontraban unas sustancias explosivas, sin contar con el permiso
de autoridad competente para su porte, pues al momento de la captura se les preguntó y no contaban
con él.
Particularmente, en esta etapa tampoco manifestaron a qué obedecía su presencia en el lugar, ni que
eran estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Se resalta que el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cúcuta,
por medio de la inferencia razonable resultado del mismo hecho de encontrar a los procesados en ese
lugar donde se encontraban explosivos, algunos de uso privativo de las fuerzas armadas y que esos
explosivos necesitaran permiso de autoridad competente podía fundar una tesis del caso, aclarando
que la ley no indica que los explosivos deben tener cierta cantidad, sino únicamente el permiso con el
que no contaban lo capturados.
De la misma manera, afirmó que dichos explosivos se sometieron a prueba de PIPH y resultó que se
encontraban aptos para el fin para el cual fueron creados. Aunado a lo anterior, explic ó que, si bien
los mismos se encontraban para ser utilizados en una mina ilegal, de manera ilegal, también es delito,
porque los mismos estaban reservados para uso de las Fuerzas Armadas.
Concluyó mencionando que la inferencia razonable está dada con el informe de la policía donde da
cuenta la manera como ocurre la captura de los tres detenidos, quienes no tenían el permiso para
tener los explosivos que es lo único requisitos que exige la norma penal.
(…)
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05099-00
Demandante: Junior José Ortiz de la Cruz y otros
Precisado lo anterior, para esta Sala es posible concluir que, como sustento de la solicitud de la medida
de privación, la Fiscalía contaba con material probatorio y evidencia física, recogida y asegurada en
cadena de custodia y además información obtenida legalmente.
Además de lo anterior, precisa la Sala que para que resulte ajustada al ordenamiento jurídico la medida
de privación de la libertad, esta debe cumplir con alguno de los tres requisitos expuestos en el citado
artículo, tal como se encontró debidamente probado en el expediente pues el procedimiento penal
llevado a cabo cumplió a cabalidad bajo los presupuestos normativos, esto es, garantizar la
comparecencia de estas personas al proceso y proteger a la comunidad.
Con base en esto, la detención que sufrieron los ahora demandantes, estuvo debidamente fundada
conforme al ordenamiento penal y con base en los elementos materiales probatorios, tal como lo
refiere la A quo al mencionar que la medida de aseguramiento se mostraba necesaria.
(…)”.
Lo anterior, resulta suficiente para advertir que los accionantes emplean el
mecanismo constitucional de la referencia para insistir exactamente en los mismos
argumentos que fueron expuestos, analizados, debatidos y decididos en el trámite
de reparación directa cuestionado, sin que la acción de tutela pueda ser empleada
para plantear una valoración probatoria paralela a la que efectuaron los jueces
naturales de conocimiento.
Como se anticipó, por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean
la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones
de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que en el caso objeto de estudio la
acción de tutela es empleada para provocar un nuevo pronunciamiento sobre
exactamente la misma controversia planteada en el proceso de reparación directa
cuestionado.
Así las cosas, la Sala advierte que la parte actora emplea el mecanismo
constitucional de la referencia para debatir la valoración y análisis probatorio que
desplegaron las autoridades judiciales demandadas, como si la acción de tutela
contra providencias judiciales pudiera ser empleada como una instancia adicional
al proceso ordinario, lo cual, como se anticipó, no es posible y lo cual conlleva a la
improcedencia de estudiar una vez más los mismos argumentos y, por ende, de la
solicitud de amparo.
Por lo demás, en relación con la referencia que la parte actora realizó de la
sentencia del 11 de febrero de 2022 4, de la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, la Sala anota que, el tribunal demandado en la motivación de
la decisión señaló como fundamento jurisprudencial la sentencia SU-072 de 2018
de la Corte Constitucional en la que estableció que la aplicación de cualquiera de
los regímenes de responsabilidad del Estado mantiene incólume la
excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad,
así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida
de aseguramiento, análisis que como se vio, fue el que desplegaron las autoridades
judiciales demandadas.
Frente a la referencia que hacen de la sentencia de tutela del 15 de noviembre de
2019 dentro del proceso con radicado número 11001031500020190016901, que,
revocó la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida en el
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Radicado número 08001-23-31-000- 2009-00995-01 (45.748).
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Demandante: Junior José Ortiz de la Cruz y otros
expediente con radicado número 66001233100020110023501-, para lo cual
transcribieron las motivaciones relacionadas con la causal eximente de la culpa
exclusiva de la víctima; sobre el mismo aspecto, citaron la sentencia del 9 de julio
de 2021, radicado número 05001-23-31- 000-2007-02594-01(47222).
La Sala anota que las motivaciones de dichas providencias no resultan aplicables
al caso objeto de estudio porque las motivaciones expuestas en esas providencias
difieren de las razones por las que las autoridades judiciales aquí demandadas
negaron las pretensiones de la demanda, pues bien, en el presente caso la negativa
de las pretensiones obedeció a que el daño alegado no resultó antijurídico y, por
ende, atribuible a las entidades demandadas, pero no, porque se haya encontrado
acreditada la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa de la
víctima, como sí ocurrió en los casos citados por la parte actora.
De hecho, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al resolver el recurso
de apelación, precisó esa situación, al señalar que: “En efecto, la sentencia apelada
no trata de una culpa de la víctima como eximente de responsabilidad; de hecho, en el
numeral 2.7.2.2. de la providencia, se expresa que pese a que la Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial alegaron tal figura, la misma no se encontró acreditada dentro
del proceso, de modo tal que los argumentos dirigidos en contra de esto, no son de recibo
por parte de este Tribunal.”.
Lo anterior es suficiente para señalar que los casos citados no guardan identidad
fáctica con el presente asunto y, por lo tanto, no hay lugar a analizar sobre el
particular en esta instancia constitucional.
En suma, la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional y, en esa medida, se impone, declarar
improcedente el amparo solicitado por los señores Junior José Ortiz de la Cruz,
Edwin Alexis Fuentes de la Cruz, Francisco José Ortiz Cuellar y María Yolanda
Herrera Parada contra el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta
– Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por los señores Junior
José́ Ortiz de la Cruz, Edwin Alexis Fuentes de la Cruz, Francisco José́ Ortiz
Cuellar y María Yolanda Herrera Parada contra el Juzgado Quinto
Administrativo de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05099-00
Demandante: Junior José Ortiz de la Cruz y otros
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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