RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05116-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05116-00

Fecha
21 de octubre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05116-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 15 Corte Constitucional, sentencia SU 917 de 2010, reiterada en sentencias 050 y 573 de 2017. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00 Accionante: Municipio de Sabanagrande Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta SEGUNDO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-05116-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

21 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: MUNICIPIO DE SABANAGRANDE
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE
DECLARA IMPROCEDENTE. No cumple requisito de relevancia
constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el municipio de Sabanagrande
en contra de la sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El
municipio de Sabanagrande, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia
de 31 de marzo de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
número 08001-23-33-000-2017-01272-01.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan
la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó
que la sociedad Comunicación Celular - Comcel S.A. evadió el
pago del impuesto de industria y comercio a favor del municipio de
Sabanagrande para los años 2011 al 2015.

2.2. Señaló que, mediante la Resolución N° 004 de 8 de mayo de 2017, la
secretaría de hacienda municipal sancionó a la sociedad Comunicación Celular -
Comcel S.A. por la omisión de declarar y pagar el impuesto de industria y
comercio - ICA.

2.3. Comentó que la sancionada presentó recurso de reconsideración, el cual fue
desatado negativamente, a través de la Resolución N° 006 de 1° de septiembre de
2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

2.4. Indicó que,con ocasión a lo anterior, la sociedad Comunicación Celular -
Comcel S.A. promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
objeto de que se declarara la nulidad de las resoluciones referidas.

2.5. Indicó que el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 19
de marzo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad
de los actos administrativos demandados.

2.6. Señaló que, en contra de la decisión judicial anterior, se interpuso recurso de
apelación.

2.7. Relató que, mediante sentencia de 31 de marzo de 2022, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia que declaró la
nulidad de las resoluciones N° 004 de 8 de mayo y 006 de 1° de septiembre de
2017.

2.8. Afirmó que la decisión judicial proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado incurrió en defecto fáctico porque concluyó que Comunicación Celular -
Comcel S.A. no tenía -a la luz del Decreto N° 3070 de 1983- la obligación de declarar
el impuesto de industria y comercio en el municipio de Sabanagrande, teniendo
en cuenta que la norma aludida fue derogada tácitamente por el artículo 14 de la
Ley 140 de 1994.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Primero: Que se tutele el derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO,
DEFENSA Y ACCESO MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
que tiene el municipio de Sabanagrande, los cuales fueron violentados con la
expedición de la sentencia DEL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS
MIL VEINTIDÓS (2022) proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA, al haber
confirmado en todas sus partes la sentencia de primera instancia proferida
por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SECCIÓN C, de feca diecinueve (19) de marzo del dos mil veintiuno.

Segundo: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA, dentro del plazo
perentorio que a bien tenga establecer esa sección del Honorable Consejo de
Estado; proferir nueva sentencia de segunda instancia a que se hace
referencia, declarando la revocatoria en todas sus partes de la sentencia de
fecha marzo diecinueve (19) de dos mil veintiuno (2021) y en su lugar
disponer la validez y eficacia en todas sus partes de las resoluciones
demandadas N° 004 de mayo 8 y 06 de septiembre 1° de 2017 proferidas
por el secretario de hacienda del Municipio de Sabanagrande […].

3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 27 de
septiembre de 2022, admitió la presente acción de tutela. En la misma providencia
vinculó, como terceros con interés directo en los resultados del proceso, a la
sociedad Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A. y al Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sección C. Asimismo, solicitó remitir en calidad
de préstamo el expediente contentivo del medio de control.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por conducto del consejero ponente
de la decisión objeto de la presente acción constitucional, solicitó que se declare la
improcedencia del mecanismo de amparo de la referencia, dado que: «[…] no se
advierte la vulneración de un derecho fundamental o la existencia de un perjuicio
irremediable, sino el interés de la entidad tutelante de revisar la decisión tomada
por la Sección Cuarta […]».

5.2. Aseguró que la intención del actor es «[…] revivir la discusión en relación con el
análisis normativo y probatorio realizado por esta Sección respecto de la
territorialidad en la prestación del servicio de telefonía móvil celular para efectos
del impuesto de industria y comercio (ICA) en el municipio de Sabanagrande […]».

5.3. Lasociedad Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A., a través de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la presente acción de amparo,
al considerar que no se configuraron los defectos denunciados en el sub examine.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la acción de tutela
presentada por la parte actora, en virtud de lo previsto en el Decreto Ley 2591 de
19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de
6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 80 de 2019, respecto de la
distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si la sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, vulneró los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia de la entidad accionante, por haberse
incurrido, presuntamente, en defecto fáctico.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. En sentencia de 31 de julio de 20123, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial4, la sentencia C-590

3
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
4
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución5.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión6” que se encaje en
dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

16. El
municipio de Sabanagrande, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia
de 31 de marzo de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
número 08001-23-33-000-2017-01272-01.

5
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
6
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

VIII.4.1. Incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

17. Cabe recordar que la relevancia constitucional se entiende satisfecha cuando se
acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental7 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces8.

18. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5
agosto de 2014, sostuvo que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
(…)

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la
acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será
rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional […]9. (Subrayado fuera del
texto)

19. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales10.

20. Frente a los presupuestos que deben concurrir para tener por cumplido el
requisito general de procedibilidad de tutela contra providencia judicial atinente a la

7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
9
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).

7

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

relevancia constitucional, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-439
del 13 de julio de 2017, precisó lo siguiente:

[…] la Corporación ha precisado que, tratándose de acciones de tutela promovidas
contra actos administrativos, debe tenerse en cuenta que la relevancia
constitucional concurre siempre y cuando la controversia no sea meramente
legal y/o de carácter económico, ya que al juez de tutela no le corresponde
zanjar tales aspectos11.
(…)
60. Al igual que los anteriores presupuestos, la Sala observa que el asunto
examinado también carece de relevancia constitucional, pues, en esencia, la
discusión gira en torno a aspectos legales y económicos, los cuales no son
de competencia del juez de tutela sino del juez ordinario […]12. (negrillas de la Sala)

21. De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, no basta con que el actor
invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de
uno o varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada, en tanto
dicho atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la
protección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos
superiores.

22. De esta manera se concilia la necesidad de proteger los derechos
fundamentales con el deber de protección de los principios constitucionales
relacionados con la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía
judicial, los cuales podrían comprometerse en el evento en que se generalice
la práctica de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia judicial13.

23. Recientemente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU – 215 de 202214,
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] 38. En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de
manera grave un derecho fundamental. En ese sentido, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar
probada la relevancia constitucional, pues “la acreditación de esta
exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental”.

(…) [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos

11
Ver sentencia SU-498 de 2016.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-439 del 13 de julio de 2017, exp. No. T-4.770.440, M.P. Dr.
Alberto Rojas Ríos.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC).
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
[negrillas de la Sala]

9

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

24. Descendiendo al sub examine, la Sala advierte que la sociedad actora aduce
que en el fallo judicial objeto de la presente acción constitucional se incurrió en un
defecto fáctico porque «[…] sustenta la no obligación de COMCEL S.A. en el
decreto 3070 de 1983, el cual es inexistente ya que fue derogado tácitamente por
el artículo 14 de la ley 140 de 1994; además que para la fecha del decreto no
había llegado a Colombia la Telefonía móvil celular pues esta se estableció en
Colombia en junio de 1994 […]».

25. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que, como se señaló con
antelación, la Corte Constitucional, a través de la sentencia de unificación SU –
215 de 2022, precisó que la simple enunciación de la vulneración de un derecho
fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto
es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo Constitucional es
indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la «entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental»; (ii) que el alcance de la controversia «no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas»; y (iii) que en el escrito de tutela se
«justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales».

26. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el
municipio de Sabanagrande no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo
de un derecho fundamental; y mucho menos no justificó el motivo por el cual dicha
decisión constituye una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales.

27. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el extremo accionante
aduce que fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa y al acceso a la administración de justicia, lo cierto es que no existe una
mayor explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales de la
parte actora con ocasión de la expedición de la sentencia de 31 de marzo de
2022.

28. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito
de tutela, según lo dicho por la Corte, no tiene trascendencia constitucional porque
el núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos de mera legalidad
cuya competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso
administrativo. Así las cosas, se observa que la controversia gira en torno a la
generación de un tributo en favor de la entidad accionante, con ocasión de las
llamadas salientes teléfonos fijos ubicados en el municipio de Sabanagrande con

10

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

destino a línea móviles operadas por la sociedad Comcel S.A.; temas estos que
deben ser resueltos por el juez natural de este tipo de conflictos, que no es otro
que el juez de lo contencioso administrativo.

29. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance
de contenido particular y meramente económico, esto es así porque la
discusión y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar
la necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de
tutela valide la tesis jurídica de la parte actora y, con ello, se nieguen las
pretensiones que fueron planteadas en la demanda ordinaria, sin que de esta
discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia constitucional.

30. Así las cosas, la Sala debe concluir que, si bien el actor indicó que la sentencia
de 31 de marzo de 2022 incurrió en un defecto fáctico, lo cierto es que los
citados argumentos no se hicieron desde una óptica constitucional, por lo que el
debate que se plasma en el escrito de amparo es de mera legalidad y, en ese
sentido, la resolución de dicho debate fue zanjado por la Sección Cuarta de esta
Corporación en el fallo enjuiciada.

31. Adicionalmente, no se puede ignorar que esta acción constitucional se
encuentra dirigida contra un fallo proferido por una de las Salas de Decisión que
integran esta alta Corte, lo que implica que, en aplicación del precedente
Constitucional, su procedencia sea más restrictiva por cuanto «[…] solo tiene
caída cuando la decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límite de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad […]»15, circunstancias que
en el sub examine no se advierten.

32. En virtud de todo lo expuesto, la Sala concluye que la presente acción
constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por lo que
declarará improcedente el presente mecanismo de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

15
Corte Constitucional, sentencia SU 917 de 2010, reiterada en sentencias 050 y 573 de 2017.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05116-00
Accionante: Municipio de Sabanagrande
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la H. Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. (p:15)

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.