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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05118-01

Fecha
18 de enero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05118-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Declárase fundado el impedimento que le asiste al señor consejero de Estado William Hernández Gómez, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa. 2º. Confírmase la sentencia de 20 de octubre de 2022, a través de la cual el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda) declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la motivación. 23 «Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa». 24 Acerca del tema, el artículo 10 del Decreto ley 2591 de 1991, al referirse a la legitimidad e interés para incoar la acción de tutela, dispone que aquella «[…] podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales». 13 Expediente: 11001-03-15-000-2022-05118-01 Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar y otro 3º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05118-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

18 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-05118-011
Actor : Mario Ricardo Alvear Benítez
Accionados : Magistrados de la sala de decisión 2 del Tribunal
Administrativo de Bolívar y Juez Séptimo (7º)
Administrativo de Cartagena
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales a la dignidad humana, vida digna, mínimo
vital, salud, igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el
fallo de 20 de octubre de 2022, emitido por el Consejo de Estado (subsección
A de la sección segunda), que declaró improcedente el trámite constitucional
de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor Mario Ricardo Alvear Benítez, quien
actúa por intermedio de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que
se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales a la dignidad
humana, vida digna, mínimo vital, salud, igualdad, debido proceso y acceso a
la administración de justicia, presuntamente quebrantados por los señores
magistrados de la sala de decisión 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar y
Juez Séptimo (7º) Administrativo de Cartagena.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos la sentencia de 30
de junio de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar
(sala de decisión 2) confirmó parcialmente la de 25 de julio de 2016, con la
que el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena negó las
pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) [expediente 11001-33-33-007-
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Expediente: 11001-03-15-000-2022-05118-01
Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2
del Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

2015-00325-01], para declarar la nulidad del acto administrativo acusado2
únicamente respecto de la orden de reintegrar las sumas que recibió por
concepto de la pensión especial de jubilación reconocida; en su lugar, se
ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que se
conceda la totalidad de las súplicas allí formuladas.

1.2 Hechos. Relata el accionante que el 16 de agosto de 1973 ingresó, a través
de contrato de trabajo a término indefinido, a prestar sus servicios en el área
operativa del terminal marítimo de Cartagena hasta el 9 de octubre de 1991,
tiempo durante el que estuvo afiliado al sindicato de trabajadores, razón por la
cual, con Resolución 457 de 21 de febrero de 1992, se le concedió pensión
especial de jubilación, al cumplir los requisitos legales y convencionales para
ese propósito, confirmada mediante Resolución 40255 de 13 de marzo de ese
año.

Que el 29 de enero de 2007 solicitó del Ministerio de la Protección Social
corregir un error matemático en el cálculo de su mesada, que implicaba un
aumento en el porcentaje de liquidación, sin embargo, el grupo interno de
trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia de esa cartera
inició de manera unilateral y sin contar con su anuencia la revisión integral de
la pensión, actuación que finalizó con la expedición de la Resolución 1851 de
26 de diciembre de 2008, en la que se revocó el reconocimiento de dicha
prestación, lo excluyó de nómina y negó el reajuste deprecado, determinación
confirmada con Resoluciones 1208 de 21 de septiembre de 2009 y 895 de 19
de julio de 2010. Posteriormente, el 22 de octubre de 2013 deprecó de la
UGPP la revocación directa de la mencionada Resolución 1851, lo cual le fue
despachado de manera desfavorable, a través de Resolución RDP 49990 de 29
de los mismos mes y año.

Dice que, por lo anterior, promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, encaminado a obtener la anulación de las
Resoluciones 1851 de 26 de diciembre de 2008, 1208 de 21 de septiembre de
2009 y 895 de 19 de julio de 2010 y, en consecuencia, el pago de su pensión
de jubilación en los términos de la Resolución 457 de 21 de febrero de 1992,
del que conoció el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena que, con
providencia de 25 de julio de 2016, negó las pretensiones formuladas, decisión
confirmada parcialmente el 30 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo

2
Por cuyo conducto se revocó el que le había reconocido pensión de jubilación en los términos de una
convención colectiva, por cuanto tenía la condición de empleado público de la empresa Puertos de Colombia.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2022-05118-01
Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2
del Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

de Bolívar (sala de decisión 2), en el sentido de anular el artículo tercero de la
citada Resolución 1851, que dispuso el reintegro de unas sumas de dinero por
concepto de mesadas que recibió.

Que el fallo acusado interpretó en forma indebida la SU-182 de 2019 de la
Corte Constitucional, que estableció unos parámetros para la procedencia de la
revocación de actos administrativos, entre estos, que se acreditara una
conducta punible, como fraude, lo cual no se comprobó en las diligencias
ordinarias, y no tuvo en cuenta que el que dio fundamento al reconocimiento
pensional (Resolución 805 de 19913) «[…] no ha sido expulsad[o] del mundo
jurídico por nulidad», en razón a que en el fallo que desató un medio de
control de nulidad4 promovido en su contra, se precisó que los efectos de esa
decisión «[…] se surten únicamente respecto del acto general acusado, sin
que puedan extenderse los efectos suspensivos a los actos particulares y
concretos, los cuales continúan bajo presunción de legalidad», como su
reconocimiento pensional.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 El señor Juez Séptimo (7º) Administrativo de Cartagena indica que «[…]
la presente acción de tutela deviene improcedente pues […] no se satisface el
requisito de la inmediatez en la medida en que han pasado más de 6 meses
desde la notificación de la sentencia […] de segunda instancia,[…] sin que se
acrediten razones que justifiquen la demora en la activación de este medio
[…] constitucional», y «[…] no se configur[a] ninguna de las causales
espec[í]ficas de procedencia […], pues el fallo de 25 de julio de 2016 se
encuentra ajustado a derecho y se expidió conforme a las pruebas arrimadas
al expediente, la interpretación adecuada de las normas aplicables y
siguiendo las orientaciones jurisprudenciales vigentes».

1.3.2 Los señores magistrados de la sala de decisión 2 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, por conducto del ponente de la sentencia objeto de
discusión, piden declarar la improcedencia de este trámite constitucional, en
razón a que no se satisface el presupuesto de inmediatez, por cuanto esa
decisión judicial se profirió el 30 de junio de 2020 y fue notificada el 7 de
septiembre siguiente y el escrito de tutela se presentó el 23 de septiembre de
3
Mediante la cual «[…] se fijan unas condiciones para el retiro de los Empleados Públicos de la Empresa
Puertos de Colombia».
4
Expediente 11001-03-25-000-2013-00480-00 (983-2013).

3

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Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2
del Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

2022, es decir, esta acción se promovió 2 años después desde cuando el
accionante tuvo conocimiento de la providencia que reprocha en estas
diligencias.

En todo caso, afirman que en «[…] la sentencia cuestionada, se advirtió que
no se presentaba un problema de interpretación del derecho pensional, sino de
violación directa de la ley por falta de aplicación, pues debiéndose aplicar la
Ley 33 de 1985, se reconoció el derecho del demandante aplicando como
fundamento una convención colectiva, que por su condición de empleado
público no le era aplicable, lo que conllevó […] que se obviaran los requisitos
de edad y tiempo de servicios exigidos por la ley», en ese sentido, se concluyó
que, «[…] al haberse comprobado el incumplimiento de los requisitos legales
para el reconocimiento pensional, […] la demandada estaba facultada para
revocar directamente la pensión del accionante, atendiendo a que se
encontraba dentro de los condicionamientos fijados por la Corte
Constitucional en la [s]entencia C-835 de 2003».

1.3.3 La señora directora general de la UGPP5, a través del señor subdirector
de defensa judicial pensional de ese ente estatal, aduce que el presente asunto
resulta improcedente, «[…] porque LO PRETENDIDO POR LA PARTE
ACCIONANTE ES SUSTITUIR UNA DECISIÓN JUDICIAL
EJECUTORIADA PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA
CAUSA, quien con base en la normativa y jurisprudencia de la […] Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, vigente para la época de los hechos,
CONFIRM[Ó] PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia», que negó
las súplicas ordinarias.

1.3.4 El señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, por medio de un
delegado para representar judicialmente esa cartera, se opone al amparo
constitucional reclamado, toda vez que «[…] las inconformidades planteadas
por el accionante respecto a las consideraciones fácticas y jurídicas que alega
como fundamento para controvertir la decisión [judicial de segunda instancia
acusada] carecen de sustento».

1.4 Providencia impugnada. Mediante fallo de 20 de octubre de 2022, el
Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda) declaró improcedente
este trámite, al considerar que no satisfizo el requisito de inmediatez, en razón
5
Vinculada dentro del presente trámite constitucional, como tercera con interés, junto con el señor Ministro de
Hacienda y Crédito Público, con auto de 28 de septiembre de 2022.

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Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2
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a que como la providencia acusada de 30 de junio de 2020 se notificó el 7 de
septiembre de ese año, «[…] el término para presentar la acción de tutela […]
inició el 16 de septiembre de 2020 […] y venció el 16 de marzo de 2021. No
obstante, la acción de la referencia fue interpuesta hasta el 23 de septiembre
de 2022, esto es, por fuera del término de los seis meses previstos
jurisprudencialmente» y no se evidencia justificación alguna para dicha mora.

1.5 La impugnación. Inconforme con la anterior decisión, el tutelante la
impugnó, para cuyo propósito sostiene que se debe analizar el presupuesto de
inmediatez en cada caso particular, por cuanto «[…] los derechos
fundamentales que tienen un carácter sustancial no pueden quedar
supeditados a un acto netamente procesal de cada juez, aunque se ataquen
providencias judiciales, por lo tanto, no siendo la inmediatez una ley, sino un
criterio de razonabilidad, este no puede ser un obstáculo indiscriminado a
todas las situaciones administrativas o judiciales», máxime cuando este asunto
versa sobre su derecho pensional, el cual tiene el carácter de imprescriptible,
por ende, se encuentra vigente la vulneración constitucional, lo que torna
procedente esta acción.

Asimismo, aduce que «[…] es una persona de la tercera edad, no tiene
ning[ú]n ingreso económico, su conquista laboral de una pensión de
jubilación le fue cercenada desde una etapa netamente administrativa por la
UGPP, se le probó su buena fe por parte del tribunal accionado, a la edad que
tiene[,] 70 años[,] no tiene cabida en ninguna empresa para laborar [y]
practica un tipo de mendicidad familiar […]». Además, carecía de los recursos
económicos necesarios para contratar de manera oportuna los servicios
profesionales de un abogado que promoviera el presente asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 326 del Decreto ley 2591 de 19917
y 258 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199 expedido por la sala plena del
Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente
6
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
«[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto».
9
Por medio del cual se expide «[…] el reglamento interno del Consejo de Estado».

5

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impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión preliminar. El señor consejero de Estado William Hernández
Gómez (e), integrante de esta subsección10, expresa su impedimento para
conocer de esta acción, comoquiera que fue ponente de la sentencia que
decidió, en primera instancia, este trámite constitucional, motivo por el cual,
por economía procesal, los restantes miembros de esta Sala aceptan el
impedimento que le asiste, dado que en el asunto sub judice se configura la
causal consagrada en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal11, esto es, «[q]ue el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso […]» (se destaca);
por tanto, se le separa de su conocimiento, con el fin de garantizar la
imparcialidad de la justicia.

2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable, a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 30 de junio de
2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar (sala de
decisión 2) confirmó parcialmente la de 25 de julio de 2016, con la que el
Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena negó las pretensiones del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la UGPP (expediente
11001-33-33-007-2015-00325-01), para declarar la nulidad del acto

10
Cabe advertir que la sala plena del Consejo de Estado, mediante Acuerdo 244A de 25 de octubre de 2022,
encargó al mencionado señor magistrado del despacho del que era titular la señora exconsejera de Estado
Sandra Lisset Ibarra Vélez, quien integraba esta subsección y terminó su período constitucional el día 29 de
los mismos mes y año.
11
Aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

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administrativo acusado12 únicamente respecto de la orden de reintegrar las
sumas sufragadas por concepto de la pensión especial de jubilación
reconocida; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a
la dignidad humana, vida digna, mínimo vital, salud, igualdad, debido proceso
y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

12
Por cuyo conducto se revocó la Resolución con la que se le había reconocido pensión de jubilación en los
términos de una convención colectiva, a pesar de tener la condición de empleado público de la empresa
Puertos de Colombia.

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Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre

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las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales13, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201214, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos15.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 201416, proferido por la sala plena de
lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio

13
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
14
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
15
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
16
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de
2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05118-01
Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2
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de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el
principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales
y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron
el de inmediatez y subsidiariedad.

2.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se constata que:
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana,
vida digna, mínimo vital, salud, igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia del actor; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y
se encuentra ejecutoriada; (iii) se identificaron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; y (iv) la sentencia
acusada no fue dictada en una acción de tutela.

Ahora bien, para dilucidar si en el asunto sub judice se colma la exigencia de
inmediatez, se evidencia que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 14
de septiembre de 202017 y la solicitud de amparo se presentó el 23 de
septiembre de 2022, es decir, dos (2) años y nueve (9) días después. Al
respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 201018, sostuvo:

[…] esta Corporación ha precisado que en virtud de la naturaleza cautelar
de la acción de tutela, ésta debe ser presentada en término oportuno, justo
y razonable, “dentro del cual se presuma que la afectación del derecho
fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable”19. Ese
“plazo razonable” es consustancial a las regulaciones procedimentales de
la acción de tutela y determina en gran medida el campo de acción del
juez de tutela, pues su orden debe estar respaldada por la urgencia e
inmediatez, “en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a
modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y
expedito en el tiempo. […]. Incluso, la real configuración de una
trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda cuando la
demanda de tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la
ocurrencia del hecho que supuestamente la generó”20.

17
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 7 de septiembre
de 2020, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 9 de los mismos mes
y año, conforme al artículo 8 del Decreto legislativo 806 de 4 de junio de 2020.
18
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19
Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05118-01
Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2
del Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

Asimismo, el alto tribunal constitucional ha dicho que el ordenamiento jurídico
no establece expresamente un plazo dentro del cual se deba incoar la solicitud
de amparo, por lo que es al juez de tutela a quien le corresponde determinar, en
atención a las situaciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, si la
acción fue interpuesta en un lapso razonable. Sobre este punto, afirmó:

La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha señalado que si
bien, la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro del
cual deba ser ejercida, como propugna por la protección de derechos
fundamentales vulnerados o con amenaza inminente de vulneración, cabe
promoverla dentro de un término razonable contado a partir de la
ocurrencia de los hechos de los que se desprende el agravio de los
derechos.

La Corte ha advertido que frente a cada caso concreto, le corresponde al
juez de tutela evaluar la razonabilidad de dicho término, para concluir si,
teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que
ocurrieron los hechos, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez o
si, por el contrario, en atención al tiempo transcurrido, el amparo se torna
improcedente21.

En virtud de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-
01, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra
providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa,
seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria. En ese fallo
esta Corporación dijo:

[…] Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la
urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se
interpuso en un plazo razonable.

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica
que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas

21
Corte Constitucional, sentencia T-518 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05118-01
Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2
del Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

diferentes sobre este aspecto22.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el
caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales
se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las
mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las
situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en
cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión
judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.

Así las cosas, el período de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar
la tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o medios de
control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa comporta
una regla jurisprudencial, y en el sub lite el tutelante no justificó su omisión de
instaurarla en ese lapso, motivo por el cual esta Sala encuentra, como se
determinó en primera instancia, que el requisito de inmediatez no se satisface.

Ahora bien, el accionante sostiene que esta acción versa sobre su derecho
pensional, el cual tiene el carácter de imprescriptible, por ende, se encuentra
vigente la vulneración constitucional, lo que la torna procedente, frente a lo
que esta Sala anota que si bien en este caso está involucrado este tipo de
prerrogativa, este argumento carece de la entidad suficiente para omitir la
exigencia de inmediatez, puesto que ello no influye en la contabilización del
término de 6 meses establecido jurisprudencialmente para formular el escrito
de tutela.

Asimismo, el actor aduce que «[…] es una persona de la tercera edad, no
tiene ning[ú]n ingreso económico, su conquista laboral de una pensión de
jubilación le fue cercenada desde una etapa netamente administrativa por la
UGPP, se le probó su buena fe por parte del tribunal accionado, a la edad que
tiene[,] 70 años[,] no tiene cabida en ninguna empresa para laborar [y]
22
La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto para ejercer la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha manifestado que es
de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término razonable para interponer la acción de tutela
contra providencias judiciales no puede exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han
fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05118-01
Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2
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practica un tipo de mendicidad familiar […]». Además, carecía de los recursos
económicos necesarios para contratar de manera oportuna los servicios
profesionales de un abogado que promoviera este asunto.

Sobre el particular, se advierte que ninguna de las situaciones descritas en
precedencia constituye imposibilidad alguna para presentar la solicitud de
amparo dentro del referido lapso de 6 meses que, valga anotar, comporta un
plazo razonable, máxime cuando, pese a que, en virtud del artículo 7323 del
Código General del Proceso (CGP), ejerció el derecho de postulación y actuó a
través de apoderado en estas diligencias, ello no era indispensable, toda vez
que esta acción se puede promover en nombre propio o por medio de agente
oficioso, el defensor del pueblo y los personeros municipales24.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las
circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni
jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que se impone confirmar la
decisión de primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Declárase fundado el impedimento que le asiste al señor consejero de
Estado William Hernández Gómez, de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa.

2º. Confírmase la sentencia de 20 de octubre de 2022, a través de la cual el
Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda) declaró improcedente
la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la motivación.

23
«Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente
autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa».
24
Acerca del tema, el artículo 10 del Decreto ley 2591 de 1991, al referirse a la legitimidad e interés para
incoar la acción de tutela, dispone que aquella «[…] podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05118-01
Mario Ricardo Alvear Benítez contra los señores magistrados de la sala de decisión 2
del Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

3º. Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

4º. Comuníquese esta decisión a la subsección A de la sección segunda de esta
Corporación y remítasele copia.

5º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Impedido Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

14

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