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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05119-01

Fecha
19 de enero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05119-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 20 de octubre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, que negó el amparo solicitado en relación con el desconocimiento del precedente alegado, para en su lugar DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la demanda de tutela presentada por la señora Sandra Milena Díaz Segura únicamente frente al defecto mencionado, de conformidad con los motivos expuestos. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 20 de octubre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, que (i) negó la configuración del defecto fáctico y (ii) concedió el amparo de los derechos fundamentales impetrados por la señora Sandra Milena Díaz Segura respecto del defecto sustantivo, según las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05119-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

19 de enero de 2023

Demandante: Sandra Milena Díaz Segura
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05119-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05119-01
Demandante: SANDRA MILENA DÍAZ SEGURA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – requisito de subsidiariedad y
defecto fáctico

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 20 de octubre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda –
Subsección “A”, que (i) negó el amparo solicitado ante la falta de configuración de
los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente y (ii) amparó los
derechos fundamentales de la tutelante, al encontrar acreditado el defecto
sustantivo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 23 de septiembre de 2022, la señora Sandra Milena Díaz Segura,
actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño y el Juzgado Primero Administrativo de Pasto, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y de acceso a la administración de justicia, así como al principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades.

2. La parte actora consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño el 22 de
junio de 2022 que confirmó la decisión del 16 de diciembre de 2021 del Juzgado
Primero Administrativo de Pasto, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la tutelante contra
el municipio de Policarpa – Nariño - identificada con el radicado 52001-33-33-001-
2018-00236-00.

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Demandante: Sandra Milena Díaz Segura
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05119-01

1.2. Pretensiones

3. La tutelante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, como
consecuencia de ello pidió:

“PRIMERA: DEJAR sin efectos la decisión contenida en la sentencia del 16 de diciembre de
2021, emanada por el Juzgado Primero Administrativo de Pasto -N, confirmada por el H.
Tribunal Administrativo de Nariño a través de la decisión contenida en la sentencia de fecha
22 de junio de 2022, notificada vía correo electrónico el día 14 de julio de ese mismo año,
dentro del proceso ordinario con pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado No. 52001 33 33 001 2018 00236 01 y radicación interna de segunda instancia
No. 11347, promovido por la suscrita accionante contra el Municipio de Policarpa, Nariño.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, le ruego, de la manera más comedida y
atenta, se sirva ORDENAR al H. Tribunal Administrativo de Nariño, -o a la instancia que
corresponda-, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que
ponga fin al trámite tutelar, PROFIERA una nueva decisión a través de la que se
REVOQUE la decisión contenida en la sentencia del 16 de diciembre de 2021, emanada
por el Juzgado Primero Administrativo de Pasto -N y, en consecuencia, se acceda a las
pretensiones de la demanda. (Sic a todo el texto)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 13 de noviembre de 2018, la señora Sandra Milena Díaz Segura
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el municipio de Policarpa -Nariño con el propósito de que se
declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio sin número del
18 de abril de 2018, por medio del cual se negó la existencia de una relación
laboral sin solución de continuidad desde el 24 de enero de 2003 hasta el 30 de
septiembre de 2007, por haber prestado sus servicios como higienista oral del
Centro de Salud de Policarpa. A título de restablecimiento del derecho solicitó el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, indemnizaciones y demás
derechos derivados de la relación laboral, debidamente actualizados y con los
intereses correspondientes.

5. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo
de Pasto, autoridad judicial que en providencia del 16 de diciembre de 2021
negó las pretensiones de la demanda, al evidenciar que “de acuerdo con el análisis
jurídico, fáctico y probatorio precedente, se concluye que en el sub lite no se probó la
existencia de una relación laboral entre las partes, toda vez que los elementos de juicio
aportados no son suficientes para declarar que la demandante haya prestado sus
servicios a la entidad demandada de manera personal, remunerada, subordinada,
realizando las mismas actividades asignadas al personal de planta con carácter de
permanencia.”

6. Inconforme con lo anterior, la señora Sandra Milena Díaz Segura presentó
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recurso de apelación el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Nariño
en providencia del 22 de junio de 2022 en el sentido de confirmar el fallo recurrido.
Adicionalmente, condenó en costas a la parte actora.

7. Como fundamento de su decisión citó la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 9 de septiembre del 2021, con ponencia del magistrado
Rafael Francisco Suárez Vargas, dentro del proceso No. 05001-23-33-000-2013-
01143-01(1317-16) CESUJ2-025-21 y expuso que la parte actora no demostró la
existencia de la relación contractual, pues no aportó los contratos de prestación
de servicios que acreditaran su vinculación con el municipio demandado.

8. Adicionalmente, no encontró de recibo la explicación dada por la
accionante para justificar la falencia probatoria, esto es que, en el 2002 el
archivo del municipio recibió ataques terroristas que destruyeron varios
documentos, pues (i) el ataque fue anterior a la fecha de la prestación del
servicio y (ii) en todo caso, la demandante no inició el proceso de reconstrucción
de documentos regulado en el Acuerdo No. 007 de 2014. En consecuencia,
manifestó:

“La omisión de la parte actora, encargada de demostrar el sustento factico de su
demanda, lleva a que la Sala no pueda entender que se demostró que existiera la
relación o el vínculo contractual que hoy se pretende enjuiciar puesto que, como se
advirtió, con la simple certificación que se aportó al expediente no se puede generar
certeza sobre los supuestos facticos en los cuales se desarrolló el procedimiento de
contratación pública por el cual se solicita declarar la existencia de una relación laboral.

Además, si bien se aportaron testimonios con los que se pretendió demostrar algunas
circunstancias del devenir contractual, lo cierto es que no resultan suficientes para
probar su existencia, por la condición legal de que deben constar por escrito. Se reitera,
la parte demandante contaba con mecanismos apropiados para la reconstrucción de los
contratos, a partir de los cuales podía demostrar con certeza, al menos, la existencia de
los documentos que resultan ser la base de la demanda.

En consecuencia, si bien la certificación aportada, referente a las vinculaciones de la
demandante no se controvirtió por la parte demandada, lo cierto es que aceptar ese
documento como prueba de la existencia de las relaciones contractuales significaría
contravenir la regla de unificación antes señalada, y la norma que antes se citó, como
quiera que en este caso no se puede entender debidamente acreditada la existencia de
los vínculos contractuales que, se alega, se suscribieron entre la demandante y el ente
territorial demandado.

Sin que sea posible adquirir la certeza sobre la existencia de los vínculos contractua les
que son el sustento del litigio, no es posible para la Sala analizar la configuración de los
elementos que sustentan la relación laboral.

Significa lo anterior que no están llamados a prosperar los argumentos del recurso de
apelación que se interpuso por la apoderada de la parte demandante, en consecuencia,
se confirmará la sentencia objeto de apelación.”

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1.4. Sustento de la vulneración

9. La señora Sandra Milena Díaz Segura manifestó que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

10. En relación con el desconocimiento del precedente expuso que se
desconoció la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de septiembre
de 2021 con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, dentro del
proceso No. 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16) CESUJ2-025-21, ya que, a
su juicio, en las providencias que resolvieron su caso, se aplicó un término de
prescripción que no correspondía, por tratarse de aportes a pensión cuyo reclamo
no está sujeto a dicho fenómeno.

11. Adicionalmente, por cuanto el Tribunal Administrativo de Nariño decidió que
no estudiaría la configuración de los elementos de una verdadera relación laboral, al
considerar que no había cumplido con la carga de probar la existencia de los
vínculos contractuales sustento del litigio.

12. Lo anterior en la medida en que, dicha sentencia de unificación no
estableció una tarifa legal para acreditar una verdadera relación laboral subyacente,
y que la autoridad judicial entendió de manera equivocada el precedente al afirmar
que “si bien se aportaron testimonios con los que se pretendió demostrar algunas
circunstancias del devenir contractual, lo cierto es que no resultan suficientes para probar
su existencia, por la condición legal de que deben constar por escrito”.

13. Así las cosas, consideró que el Tribunal redujo la existencia de una relación
laboral encubierta a la prueba documental específica de contratos, estudios previos
y demás documentos precontractuales, motivo por el cual desconoció que las reglas
de unificación no se habían restringido a determinados medios probatorios.

14. Por otro lado, alegó la existencia de un defecto fáctico comoquiera que las
autoridades en las providencias objeto de litis valoraron equivocadamente las
pruebas aportadas y recaudadas en el curso del proceso ordinario, a través de las
cuales era posible verificar que se estaba en presencia de una verdadera relación
laboral.

15. Como pruebas indebidamente valoradas señaló (i) la constancia del 10 de
junio de 2008, suscrita por la Secretaría de Gobierno del municipio de Policarpa,
que da cuenta de las constantes vinculaciones mediante contratos de prestación de
servicios para cumplir el objeto contractual de higienista oral, documento que -como
las certificaciones que emite la administración pública- acredita no solo que un
determinado hecho existe, sino las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
se dio; y (ii) los testimonios rendidos por las señoras Amara Narváez y Ana Leiby
Enríquez, los cuales prueban la existencia de su vínculo laboral con el municipio de
Policarpa desde el año 2003 hasta el año 2007, ejerciendo labores como higienista
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oral en el centro de salud, las veredas y corregimientos, en cumplimiento de un
horario de trabajo, así como el elemento de subordinación, ya que en dichos
testimonios se indicó que recibía órdenes de su jefe inmediato, y de la entrega de
los elementos y utensilios por el ente territorial.

16. En cuanto a la observación de que no aportó copia de los contratos de
prestación de servicios ni del manual de funciones de higienista oral, con el fin de
cotejar la similitud con las que realizaba el personal de planta, adujo su diligencia en
solicitar las pruebas, de la cual consta certificación de que “en el 2002 hubo un
atentado terrorista con artefactos explosivos contra la Alcaldía Municipal, donde el archivo
se vio afectado”. Al efecto, solicitó tener en cuenta el testimonio rendido por la señora
Ana Leiby Enríquez quien también trabajaba como higienista oral.

17. En relación con la sentencia del 22 de junio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo señaló que, dicha providencia incurrió en un defecto
sustantivo al haber emitido en su contra condena en costas aduciendo que la
representación judicial en el trámite procesal implicó una serie de gastos que debió
asumir como parte demandante, lo que en su criterio contradice lo dispuesto en el
artículo 154 del Código General del Proceso –CGP- y el amparo de pobreza
concedido en el proceso.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

18. Mediante auto de ponente, dictado el 29 de septiembre de 2022, se admitió
la demanda de tutela y se ordenó notificar a la parte actora, a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado Primero Administrativo de Pasto,
como autoridades judiciales accionadas.

19. Así mismo, se dispuso la vinculación del municipio de Policarpa, como
tercero con interés en el resultado del proceso.

1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados

1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Nariño

20. La magistrada del Tribunal Administrativo de Nariño, ponente de la
providencia objeto de litis, solicitó que las pretensiones de amparo invocadas por la
señora Sandra Milena Díaz Segura fueran negadas, en consideración a que la
petición de reconocimiento de una relación laboral y del pago de prestaciones y
demás emolumentos derivados de ella, sobre los que se sustentó la demanda
fueron hechos que no se demostraron, circunstancia que impide acceder a ellas,
conforme a la normatividad y a los lineamientos jurisprudenciales que se tuvieron en
cuenta en las providencias objeto de la tutela.

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21. Aclaró que si la accionante pretendía que se reconociera la existencia de la
relación laboral encubierta y el consiguiente restablecimiento del derecho, debió en
forma previa obtener la documentación que requería para demostrar ese derecho
pues la carga de la prueba le correspondía, conforme lo ha señalado la
normatividad correspondiente y la jurisprudencia constitucional y del Consejo de
Estado.

1.5.2.2. Juzgado Primero Administrativo de Pasto

22. La titular del referido despacho judicial adujo que en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Sandra Díaz
Segura fueron negadas las pretensiones al evidenciar que no se logró demostrar la
existencia de los elementos de la relación laboral encubierta y desvirtuar así la
presunción de legalidad del acto acusado.

23. Frente a los cuestionamientos formulados contra el fallo, se remitió a los
fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios expuestos en dicha decisión,
resaltando que en ese asunto no se evidenció la existencia de los elementos de una
relación laboral, así:

i) No encontró establecido el elemento de la remuneración, ya que no se logró
probar el valor ni la forma en que se efectuaría el pago durante la vinculación de la
demandante.

ii) Lo relacionado con las actividades de la actora respecto a las establecidas
en el manual de funciones de la entidad demandada, no pudieron ser contrastadas
ya que no se aportó el cuerpo de los contratos de prestación de servicios, así como
tampoco el manual de funciones para el cargo de higienista oral, sin que se pudiese
hacer el símil de las funciones determinadas y las obligaciones de la contratista.

24. Por lo expuesto, concluyó que no se logró acreditar la existencia de una
relación laboral entre las partes, debido a que los elementos probatorios
presentados no fueron suficientes para declararla. En tal virtud, solicitó denegar el
amparo reclamado.

1.5.2.3. El municipio de Policarpa, a pesar de haber sido notificado del presente
trámite con el fin de rendir el informe correspondiente, guardó silencio.

1.5.3. Sentencia de primera instancia

25. El Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”1 dictó sentencia
el 20 de octubre de 2022, en la que (i) negó el amparo solicitado ante la falta de
configuración de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente y (ii)
amparó los derechos fundamentales de la tutelante ante la configuración del defecto
sustantivo. Como fundamento de su decisión indicó:

1 Con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas

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“Corolario de lo expuesto, esta Sala observa que la accionante no acreditó los elementos
tendientes a demostrar que la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo
de Nariño haya sido arbitraria, irracional o caprichosa; por el contrario, observa que dicha
autoridad judicial, respecto de las pruebas alegadas como omitidas en esta sede, no
encontró razonadamente probada la configuración de la relación laboral entre las partes
para el periodo que echa de menos la accionante, esto es, el comprendido entre el 24 de
enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2007.

Conviene recordar que si la autoridad tutelada no valoró los elementos de juicio como lo
pretende la accionante, ello no implica la configuración de la causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto
fáctico, pues el juez natural, en ejercicio de sus competencias jurisdiccionales, tiene la
potestad de otorgar diferentes grados de certeza a las pruebas obrantes en el expediente,
siempre que se efectúe de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme
aconteció en el asunto materia de controversia.

Por lo expuesto, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Nariño no incurrió en
un juicio errado de la prueba recaudada ni omitió su debida valoración, como tampoco
desconoció la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 de esta corporación, de
donde sigue que no existe quebrantamiento de los derechos fundamentales de la señora
Díaz Segura.

Por el contrario, se puede afirmar que la sentencia reprochada cuenta con una sólida
fundamentación que descarta la estructuración de los defectos alegados, actuación que,
por lo demás, corresponde al ejercicio funcional de los atributos de autonomía e
independencia judicial de los que está investido el juez de la causa.”

26. En relación con el defecto sustantivo puso de presente que, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, el juez de primera instancia accedió a
reconocer el amparo de pobreza a favor de la demandante.

27. Indicó que dicha figura es un beneficio que la norma contempla con la
finalidad de relevar del pago de los gastos del proceso a la parte que no está en
capacidad económica de asumirlos, conforme lo prevé el artículo 151 del Código
General del Proceso, instituto procesal que garantiza el acceso a la administración
de justicia de los menos favorecidos y el principio de igualdad.

28. En relación con los efectos de la mencionada figura procesal, indicó que el
artículo 154 del CGP dispone que el “amparado por pobre no estará obligado a prestar
cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros
gastos de la actuación, y no será condenado en costas”.

29. De lo anterior concluyó que:

“En el asunto sub examine, de las pruebas que reposan en las diligencias ordinarias se
advierte que en el auto admisorio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 52001 33 33 001 2018 00236 00 [01], el Juzgado
Primero Administrativo de Pasto le concedió amparo de pobreza a la señora Sandra Milena
Díaz Segura dada su incapacidad de atender los gastos del proceso.

Se colige de lo anterior, que corresponde dejar sin efectos el estudio efectuado en la parte
motiva sobre la condena en costas y el numeral segundo de la sentencia del Tribunal

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Administrativo de Nariño del 22 de junio de 2022, que dispuso la condena a la señora
Sandra Milena Díaz Segura.”

1.5.4. Impugnación

30. Mediante escrito radicado el 17 de noviembre de 2022, la parte accionante
impugnó parcialmente el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara y
se accediera a la petición de amparo constitucional en relación con los defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente.

31. La recurrente consideró que el juez de primera instancia no analizó los
planteamientos de la tutela que demostraban la configuración de los yerros
alegados, esto es, el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente y, en
consecuencia, los reiteró.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora en contra de la sentencia del 20 de octubre de 2022 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Problemas jurídicos

33. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar
la providencia del 20 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Segunda Subsección “A” en la acción de tutela del vocativo de la
referencia, instaurada por la parte accionante con el fin de reclamar el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a
la administración de justicia y al principio de la realidad sobre las formalidades.

34. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la tutelante, en la valoración del material probatorio recaudado, en las
causales de procedibilidad de la acción de tutela y en los argumentos expuestos en
el libelo introductorio y en la impugnación, el primer problema jurídico que subyace
al caso concreto consiste en determinar si se superan los requisitos de
procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial.

35. De encontrarse superados, la Sala establecerá si las autoridades judiciales
accionadas vulneraron los derechos de la actora, al incurrir en defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente. Por su parte, el defecto sustantivo alegado, el cual
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fue objeto de amparo por el juez constitucional de primera instancia, no será
analizado, en la medida en que dicho aspecto no fue objeto de impugnación.

36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y iii) el estudio del caso concreto con fundamento en los cargos propuestos
en la demanda de tutela y en el escrito de impugnación.

2.3. Razones jurídicas de la decisión.

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
2
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 3 y declaró su
procedencia4.

38. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y;
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

39. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

40. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional5

41. En primer lugar, resulta importante poner de presente que, en ocasiones
anteriores, esta Sala ha manifestado que el requisito objeto de estudio no se supera
en aquellos casos en los que el tutelante cuestiona la condena en costas 6, por
tratarse de asuntos meramente legales y de carácter económico.

42. No obstante lo anterior, como se advirtió en precedencia, en el caso
concreto, no se estudiará el defecto sustantivo alegado en relación con la condena
en costas que se realizó en el proceso ordinario, como quiera que dicho aspecto no
fue objeto de impugnación por la tutelante. En ese sentido, únicamente se analizará
para los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente.

43. Hecha la claridad anterior, para la Sala es necesario precisar que, este
requisito se encuentra superado por cuanto en primer lugar, la parte actora
cuestiona la razonabilidad de las sentencias del 16 de diciembre de 2021 y 22 de
junio de 2022 comoquiera que, a su juicio, incurrieron en un defecto fáctico debido a
que las autoridades judiciales accionadas exigieron una tarifa legal en relación con
la acreditación de una relación contractual con el municipio de Policarpa, motivo por
el cual desconocieron las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021.

44. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la accionante considera vulneradas las garantías constitucionales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto una vez el
Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la negativa declarada en primera
instancia, desconoció que no existe una tarifa legal para demostrar la relación
laboral que tenía la actora con el municipio de Policarpa, de conformidad con la

5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P.

Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia del 20.02.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00;
Sentencia del 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia del 13.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05354-00; Sentencia del 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00;
Sentencia del 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-04833-00.
6 Al respecto ver, entre otras, las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 16.09.21. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. 11001-03-15-
000-2021-02180- 00; Sentencia del 26.08.21. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2021-01776-01; Sentencia del 18.03.21. M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-00004-00;
Sentencia del 25.02.21. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 11001-03-15-000-2021-00248-00; Sentencia
del 10.12.20. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2020-04560-00; Sentencia del 10.12.20. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-15-000-2020-04598-00; Sentencia del 20.02.20. M.P.
Rocío Araújo Oñate Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia del 10.03.22. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Rad. 11001-03-15-000-2020-00822-00; Sentencia del 02.12.21, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-
000-2021-07007-00; Sentencia del 08.09.2022. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2022-03546-
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sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 9 de
septiembre de 2021.

45. En ese sentido, el argumento que a juicio de la actora es irrazonable y
contrario al ordenamiento jurídico, concretamente, considerar que las certificaciones
aportadas junto con los testimonios practicados al interior del proceso no resultaban
suficientes para acreditar los elementos del contrato realidad a la luz del criterio del
Consejo de Estado, habría transgredido el alcance y la aplicación de sus derechos
fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el deber del juez contencioso
administrativo de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.

46. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la
razonabilidad de la decisión que, al negar sus pretensiones, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la
administración de justicia y al principio de la realidad sobre las formalidades.

47. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza
a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o
judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en el
caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue
utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

48. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para
su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.

2.4.2. Tutela contra tutela7

49. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues, las providencias judiciales demandadas fueron proferidas
en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 52001-33-33-001-2018-00236-00.

7 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Sentencia del 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00;
Sentencia del 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia
del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia del
20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia del
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia del 20.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05346-00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05202-00.
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2.4.3. Inmediatez8

50. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño el 22 de junio de 2022 –que confirmó la decisión del 16 de diciembre de
2021- y la acción de tutela se presentó el 23 de septiembre de 2022, lo que para la
Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.

51. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.4.4. Subsidiariedad10

52. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

53. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela.

54. En la petición de amparo, la señora Sandra Milena Díaz Segura manifestó
que el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Primero Administrativo de
Pasto, incurrieron en un desconocimiento del precedente, al no dar cumplimiento a
8 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P.

Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00;
Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 06.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia
del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge

Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del
23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-
00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-
2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia del 06.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia
del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01.
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las reglas dispuestas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de
septiembre del 2021, con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas,
dentro del proceso No. 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16) CESUJ2-025-21.

55. Esta Sala considera que el defecto señalado no cumple con el requisito de
subsidiariedad porque la señora Sandra Milena Díaz Segura contaba con el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia consagrado en el artículo 256 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para cuestionar la decisión judicial del 22 de junio de 2022, por
apartarse de lo indicado en la sentencia de unificación referida.

56. Como primera medida, es importante destacar que el artículo 256 de la Ley
1437 de 2011 dispone los fines de este recurso extraordinario, en el sentido de
señalar que con él se busca “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su
aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten
perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios
inferidos a tales sujetos procesales”.

57. De acuerdo con el artículo 257 de esa normativa, el recurso procede contra
las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales
administrativos y en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral y pensional, sin consideración de la cuantía11.

58. Como punto más relevante, la Sala precisa que de conformidad con el
artículo 258 ejusdem, este mecanismo extraordinario es idóneo cuando la decisión
impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación proferida por el
Consejo de Estado, como lo alega la tutelante en el caso concreto.

59. Adicionalmente, dicha norma indica que se encuentran legitimados para la
interposición del recurso cualquiera de las partes o terceros que hayan resultado
afectados por la providencia en cuestión. Así las cosas, tendrán 10 días siguientes
a su ejecutoria, para acceder a este.

60. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que las condiciones de la
accionante eran favorables para el acceso al recurso en mención, en tanto: (i) el
fallo del 22 de junio de 2022 era una sentencia de segunda instancia, (ii) proferida
por un tribunal administrativo, (iii) sobre un tema laboral y, (iv) a juicio de la señora
Sandra Milena Díaz Segura se desconocieron las reglas establecidas en la
unificación CESUJ2-025-21, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en relación con los siguientes temas: a) la no aplicación de la prescripción en
tratándose de los aportes a pensión y b) la libertad probatoria para acreditar la
existencia de una relación contractual de carácter laboral.

11 Esto con ocasión de la Ley 2080 de 201 que en su artículo 71 modificó el artículo 257 del CPACA e incluyó

un parágrafo que dispuso: “En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y
pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía”.

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61. Ahora bien, en cuanto a la posible existencia de un perjuicio irremediable en
el caso concreto que pudiera hacer procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, debe señalarse que la parte actora no demostró que concurriera un
evento que hiciera viable el amparo como mecanismo transitorio. Incluso valorando
el acontecer fáctico, la Sección no aprecia la configuración de los presupuestos
establecidos por la doctrina constitucional para la acreditación de un perjuicio
irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad
de la acción.

62. Por lo anterior, para esta Sala no cabe duda en señalar que la tutelante
contaba con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia referido, para discutir el defecto por
desconocimiento del precedente, pues por tratarse de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de contenido laboral el que dio origen a la sentencia
reprochada, no se exige una cuantía mínima para su procedencia, por lo que podía
recurrir el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Nariño, alegando la única
causal de este recurso, esto es, el desconocimiento de la mencionada decisión de
unificación dictada por el Consejo de Estado.

63. Al margen de la razonabilidad de este argumento, es decir, independiente
de si le asiste o no la razón a la accionante y de si debe prosperar o no dicho
mecanismo, lo cierto es que este juez constitucional, no es competente para
determinar si el proveído bajo cuestionamiento desconoció o no la sentencia de
unificación alegada por la tutelante, ya que tal análisis le corresponde al fallador
natural en instancia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

64. En consonancia con lo expuesto, la Sección recuerda que el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia es un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones que desconozcan las
de unificación del Consejo de Estado y por tanto infrinjan el artículo 103 de la Ley
1437 de 2011 que fija como uno de los principios de esta jurisdicción, el de
igualdad12.

65. Así las cosas y teniendo en cuenta, como ya fue referido anteriormente que
el término de la interposición del recurso era de 10 días siguientes a la ejecutoria de
la sentencia, se tiene que dicho lapso ya feneció. Es decir que la acción de tutela no

12 “Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la

efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.
En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios
constitucionales y los del derecho procesal.
En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la
norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.
Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional
de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de
cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código” (Negrilla fuera de texto).
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puede ser utilizada para enmendar el descuido o el error de haber desperdiciado las
oportunidades procesales concedidas para defender sus derechos fundamentales.

66. Por ello, esta Sala de Decisión concluye que el presente mecanismo
constitucional es improcedente por incuria, en lo relativo al defecto por
desconocimiento del precedente, pues la señora Sandra Milena Díaz Segura no
ejerció el mecanismo de defensa judicial que tenía a su disposición. Además, debe
recordarse que los recursos extraordinarios también son considerados como de
obligatorio agotamiento, previo al acceso ante el juez constitucional. Así lo indicó la
Corte Constitucional:

“En un principio, la jurisprudencia de la Corte entendía que quedaban agotados los medios
judiciales cuando el peticionario había interpuesto los recursos ordinarios (reposición,
apelación, nulidad). Sin embargo, con el fin de reforzar el carácter subsidiario de la acción
de tutela, así como el papel del juez ordinario como defensor de los derechos
fundamentales, hace algunos años la Corte comenzó la elaboración de una doctrina, -hoy
jurisprudencia consistente y reiterada-, en el sentido de exigir, como requisito de
procedencia de la acción, el agotamiento de todos los mecanismos de defensa previstos,
ya sean ordinarios o extraordinarios13”.

67. Por otro lado, en lo relacionado con el defecto fáctico alegado, la Sala
considera que el requisito de subsidiariedad se encuentra cumplido, ya que por
tratarse de la sentencia del 22 de junio de 2022 de una providencia dictada en
segunda instancia, es evidente que contra ella no proceden recursos ordinarios.

68. Tampoco los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia, comoquiera que la inconformidad señalada por la parte actora no se
adecúa a las causales establecidas en los artículos 250 y 258 de la Ley 1437 de
2011.

69. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva en relación con el
defecto fáctico, la Sección abordará de fondo el amparo solicitado únicamente en
relación con el yerro mencionado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la
acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa
juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros
de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.

70. Igualmente, se aclara que el defecto sustantivo, el cual fue el sustento del
amparo otorgado en primera instancia, no fue objeto de impugnación, motivo por el
cual no será analizado.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-541 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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2.5. Generalidades del defecto fáctico

71. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201514, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:

72. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
decreto y que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
práctica de relevante para resolver el problema jurídico sometido
pruebas a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer
indispensables la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
para fallar el atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
asunto idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que
no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
procederá cuando se rechace el decreto y práctica de
la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla
con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan
probatorio decisivos frente a los hechos que se pretenden
determinante probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
para identificar la ordinario. En este punto, se requiere que de forma
veracidad de los específica, se concrete en el escrito de amparo,
hechos alegados cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
por las partes fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que:

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12.11.15., M.P.

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Demandante: Sandra Milena Díaz Segura
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05119-01

a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
arbitraria de las resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
pruebas por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
aportadas alterado.

Se requiere entonces que:

a) La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
con fundamento decide el asunto con base en pruebas que no
en pruebas observaron los requisitos legales para su producción o
obtenidas con introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
violación del la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra
debido proceso al haberla tenido en cuenta para decidir el problema
jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba
que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.

73. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

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74. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

75. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión.

2.6. Caso concreto

76. En el sub judice la señora Sandra Milena Díaz Segura alega la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas con ocasión
de las providencias del 16 de diciembre de 2021 y 22 de junio de 2022 proferidas
por las autoridades judiciales accionadas, al incurrir en un defecto fáctico por
indebida valoración de:

 La constancia del 10 de junio de 2008, suscrita por la Secretaría de Gobierno del
municipio de Policarpa, que da cuenta de las constantes vinculaciones mediante
contratos de prestación de servicios para cumplir el objeto contractual de higienista
oral.

 Los testimonios rendidos por las señoras Amara Narváez y Ana Leiby Enríquez,
con los cuales pretendía probar la existencia de su vínculo laboral con el municipio
de Policarpa desde el año 2003 hasta el año 2007, ejerciendo labores como
higienista oral en el centro de salud.

77. Lo primero que advierte la Sala es que la parte actora cumplió con la carga
argumentativa para estudiar el defecto fáctico alegado, ya que indicó las pruebas
que fueron indebidamente valoradas por el tribunal accionado y la incidencia que
éstas tendrían en la decisión.

78. Ahora, de la revisión de la sentencia del 22 de junio de 2022, se observa
que el Tribunal Administrativo de Nariño incluyó como pruebas la certificación del 10
de junio de 2008, en la cual se informa sobre los contratos que se celebraron entre
el ente territorial demandado y la demandante, así como el período de vinculación
contractual. Por su parte, el juez de primera instancia valoró los testimonios
practicados, junto con las demás pruebas aportadas al expediente.

79. Ahora, el Tribunal demandado, al realizar la valoración probatoria, puso de
presente que “en procura de realizar el estudio que conllevará a una decisión en este

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caso, resulta imprescindible verificar la existencia de una relación o vínculo contractual
entre quien demanda y la administración demandada, pues, a partir de la forma en la que
se realizó la vinculación, el juzgador puede determinar si existió una verdadera relación
laboral.”

80. Adicionalmente, manifestó que “a efectos de verificar, no solo la existencia del
negocio jurídico, sino la carga funcional, la justificación de la entidad para acudir a esta
figura y demás particularidades del proceso contractual, es necesario aportar al trámite los
contratos que, precisamente, son la base de las pretensiones de la parte demandante y que
se constituyen en una carga atribuible a quien demanda. Además, y sobre todo, porque el
contrato estatal, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 debe constar por
escrito.”

81. De la certificación del 10 de junio de 2018 adujo que en dicho documento se
indicaba cuáles habían sido los objetos de la prestación del servicio, es decir, de
higienista y las fechas de inicio y terminación de los acuerdos de voluntades 15. En
ese sentido concluyó que, dicha prueba documental solo acreditaba que la tutelante
ejerció, en dichas fechas, como higienista oral, mas no que aquello ocurriera bajo
una relación contractual, ya que no contenía los supuestos fácticos en los cuales se
desarrolló el procedimiento de contratación pública.

82. Igualmente, tuvo en cuenta el argumento elevado por la parte demandante
en relación con la imposibilidad de aportar copia de los contratos, bajo el supuesto
de haber sido destruidos en el 2002 como consecuencia de un atentado que sufrió
la Alcaldía Municipal de Policarpa. Al respecto afirmó:

“Es importante relevar que, si bien para la Sala circunstancias como las que indica escapan
de la órbita de acción del ciudadano, pues no puede prever o contener que ocurra, por
ejemplo, un atentado terrorista, lo cierto es que la parte demandante no demostró, ni
siquiera sumariamente, que efectuó los trámites tendientes a reconstruir los documentos
contractuales, reconstrucción regulada por el Acuerdo No. 007 de 2014, expedido por el
Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, a efectos de dotar sus afirmaciones de
certeza, en relación con lo que se pretende demostrar en este proceso. Además, es
indudable que la relación por cuya declaración se acude ante esta jurisdicción, es posterior
a la fecha en la que, se dice, ocurrió el atentado terrorista.”

83. Aclarado lo anterior, reiteró que con la simple certificación que se aportó, no
se podía tener certeza sobre la existencia de una relación contractual o del
procedimiento de contratación pública bajo el cual fue concebido. En consecuencia,
se abstuvo de estudiar los elementos del contrato laboral.

84. Por otro lado, en relación con los testimonios, el tribunal demandado
manifestó que los mismos no resultaban suficientes para acreditar la existencia de
los contratos, pues de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano,

15 En concreto, el Tribunal manifestó: “En efecto, la parte demandante adujo que mantuvo una relación
contractual con el ente territorial demandado, en el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2003 al 30
de septiembre de 2007, de forma ininterrumpida. Con el propósito de acreditar tal circunstancia, aportó al
proceso una certificación en la cual se indica cuáles fueron los objetos de los contratos (para este caso
higienista) y las fechas de inicio y terminación de los acuerdos de voluntad (F. 91 archivo 002).”
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aquellos deben constar por escrito. Sumado al hecho de que, si en efecto los
mismos fueron destruidos, la parte actora contaba con los mecanismos apropiados
para la reconstrucción de los mismos, elementos de prueba a partir de los cuales se
podía demostrar con certeza, al menos, la existencia de los documentos que eran la
base de la demanda16.

85. En consecuencia, afirmó que “en este caso no se puede entender debidamente
acreditada la existencia de los vínculos contractuales que, se alega, se suscribieron entre la
demandante y el ente territorial demandado.”

86. Al respecto, la Sala considera que la valoración probatoria realizada por el
tribunal accionado resulta razonable y conforme a las reglas de la sana crítica, en la
medida en que manifestó que si bien la certificación del 10 de junio de 2008,
referente a las vinculaciones de la demandante no se controvirtió por el municipio
de Policarpa – Nariño -, lo cierto es que, como lo manifestó, no podía aceptar ese
documento como prueba de la existencia de las relaciones contractuales, ante la
falta de los respectivos contratos de prestación de servicio, motivo por el cual se
abstuvo de estudiar los elementos de la relación laboral.

87. En efecto, si bien en el documento se indicó que la señora Sandra Milena
Díaz Segura prestó sus servicios como higienista oral para el municipio de
Policarpa en el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2003 hasta el 1 de
agosto de 2007, dicha prueba no resultaba suficiente para acreditar que entre la
tutelante y la entidad existió una relación contractual.

88. Así mismo, la tutelante manifestó que las actividades realizadas en
desarrollo de los contratos eran idénticas a las funciones establecidas para el cargo
de higienista oral de planta, lo cierto es que ante la ausencia de los contratos de
prestación de servicios y el manual de funciones de la entidad, no resultaba posible
comprobar el hecho alegado en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

89. Ahora, el juzgado de primera instancia, encontró que la señora Amparo
Zoila Narváez de Álvarez declaró que “a la actora trabajaba como higienista oral durante
todo el tiempo que prestó sus servicios en el centro de salud, que no le consta que hubiese
recibido alguna multa o sanción, que se trabajaba de miércoles a domingos, que no existía
control de horario, agregó que la demandante cumplía las mismas funciones que la
higienista oral de planta Ana Leiby Enríquez Portilla, conociendo a la demandante por las
brigadas extramurales cumpliendo siempre el horario, que la actora debía rendir informe a
final de mes, que ella personalmente no miró que a la actora se le impartiera alguna orden
referente al cumplimiento del horario de trabajo y que el municipio le suministraba todos los
elementos para el cumplimiento de sus actividades.”

16 El tribunal indicó: “Además, si bien se aportaron testimonios con los que se pretendió demostrar algunas

circunstancias del devenir contractual, lo cierto es que no resultan suficientes para probar su existencia, por la
condición legal de que deben constar por escrito. Se reitera, la parte demandante contaba con mecanismos
apropiados para la reconstrucción de los contratos, a partir de los cuales podía demostrar con certeza, al
menos, la existencia de los documentos que resultan ser la base de la demanda.”
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90. No obstante, de manera razonable concluyó que la prueba testimonial
resultaba insuficiente para acreditar el elemento de la subordinación, en la medida
en que en la relación entre el contratante y el contratista también se establecen
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada,
instrucciones provenientes del contratante y el reporte de informes, sin que aquello
pueda equipararse a una subordinación.

91. En consecuencia, contrario a lo señalado por la parte actora, esta Sala de
Decisión considera que el análisis fáctico que desplegó el operador jurídico
censurado se ajusta a derecho, pues la prueba documental junto con las
testimoniales, no resultaban suficientes para acreditar la relación contractual, ya
que no se allegaron los contratos de prestación de servicios.

92. En virtud de todo lo expuesto, esta Sala de Decisión encuentra razonable
que la autoridad judicial accionada concluyera que la documental arrimada y los
testimonios practicados no daban cuenta de un vínculo contractual pues, se insiste,
el elemento a analizar fue la constancia del 10 de junio de 2008 y el acto
administrativo acusado.

93. En síntesis, de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, así como los
fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Nariño para orientar el
sentido de su providencia, esta Sala de Decisión no observa que la decisión objeto
de censura adoleciera del defecto alegado por la parte actora puesto que la misma
obedece a la apreciación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así
como a la adecuada aplicación de los criterios jurisprudenciales vigentes, de cara a
la acreditación de una relación contractual.

94. En consecuencia, el hecho de que la decisión objeto de reproche no fuera
favorable a las pretensiones de la parte accionante no implica per se, que el
operador jurídico demandado vulnerara sus derechos fundamentales puesto que, se
reitera, la sentencia del 22 de junio de 2022 -que confirmó la decisión del 16 de
diciembre de 2021- se profirió con fundamento en una adecuada valoración de los
elementos de convicción efectivamente recaudados los cuales, en criterio del juez
natural de la causa, no fueron suficientes para demostrar una vinculación
contractual con el municipio.

2.7. Conclusiones

95. La Sala de Decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, encuentra
que en el caso concreto no se supera el requisito de la subsidiariedad en relación
con el desconocimiento del precedente alegado, en la medida en que la actora
contaba con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia para que el
juez competente resolviera si el Tribunal Administrativo de Nariño desconoció la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 9 de
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septiembre del 2021, con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas,
dentro del proceso No. 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16) CESUJ2-025-21,
motivo por el cual se modificará el numeral primero de la sentencia del 20 de
octubre de 2022 que negó el amparo deprecado, para en su lugar, declarar la
improcedencia del amparo solicitado en relación con el defecto mencionado.

96. Por otro lado se confirmará la negativa de protección de derechos
fundamentales frente al defecto fáctico traído en la demanda de tutela, al no
encontrarse acreditado.

97. Finalmente, se confirmará en lo demás la sentencia del 20 de octubre de
2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, que
amparó los derechos fundamentales de la tutelante ante la configuración del defecto
sustantivo, en la medida en que dicho aspecto no fue objeto de impugnación.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 20 de octubre de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, que negó el amparo
solicitado en relación con el desconocimiento del precedente alegado, para en su
lugar DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la demanda de tutela presentada por
la señora Sandra Milena Díaz Segura únicamente frente al defecto mencionado, de
conformidad con los motivos expuestos.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 20 de octubre de 2022,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, que (i) negó
la configuración del defecto fáctico y (ii) concedió el amparo de los derechos
fundamentales impetrados por la señora Sandra Milena Díaz Segura respecto del
defecto sustantivo, según las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

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ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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