Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05124-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05124-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05124-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
20 de octubre de 2022
Demandante: Ericka Patricia Llorente Paternina
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2022-05124-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05124-00
Demandante: ERICKA PATRICIA LLORENTE PATERNINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora
Ericka Patricia Llorente Paternina contra el Tribunal Administrativo del Cesar, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 1.º del numeral 2.º del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril
de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La señora Ericka Patricia Llorente Paternina, mediante apoderada judicial,
interpuso acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
La parte actora estimó vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 17 de marzo de 2022, mediante la cual se revocó la
providencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de reparación directa,
expediente identificado con el número de radicación
1 La acción de tutela se presentó el 22 de septiembre de 2022 a través de la ventanilla virtual
mediante solicitud número 4800.
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Demandante: Ericka Patricia Llorente Paternina
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2022-05124-00
20001333300320130018600/01.
En consecuencia, la demandante pretendió:
“Con fundamento en los argumentos expuestos y a las pruebas que
acompañan y solicitan, ruego respetuosamente al juez de tutela lo siguiente:
1. Sírvase TUTELAR los derechos fundamentales a la tutela efectiva y al
debido proceso en cabeza de la señora ERICKA PATRICIA LLORENTE
PATERNINA, asimismo, se tutelen los demás derechos fundamentales
que la Sala estime vulneradas o desconocidas por los entes accionados.
2. En consecuencia, sírvase DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de
segunda instancia del 17 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, dentro del medio de control de reparación
directa promovido por mi poderdante contra la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, radicado con el No. 20-001-33-33-
003-2013-00186-01.
3. De igual manera, sírvase ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar
a que en el término de veinte (20) días, dicte una nueva sentencia de
segunda instancia en la que se confirme la de primer grado proferida por
el Juzgado 3° Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y se acceda
a las súplicas de esa demanda.
4. En el evento que el defecto especial de procedibilidad de esta acción no
sea el que considere la Sala, en aplicación del principio iura novit curia
solicito sea reconocido aquél que considere ajustado a la argumentación
expuesta o a la que de oficio aplique este juez constitucional.” (Sic para
toda la cita).
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Afirmó que en el año 2001 se acercó a la Registraduría Nacional del Estado Civil
ubicada en el Municipio de Plato para solicitar la expedición de su cédula de
ciudadanía y en dicho trámite se le expidió la contraseña número 39.099.292.
Adujo que, en el año 2003, funcionarios de la entidad le informaron que no era
posible expedir su documento de identificación puesto que las fotografías
aportadas no reunían las características técnicas para ello, por lo que debería
aportarlas nuevamente.
Explicó que el 8 de octubre de 2003 se acercó nuevamente a las instalaciones de
la Registraduría Nacional del Estado Civil y aportó las fotografías solicitadas y
adjuntó el comprobante de la contraseña expedida en el año 2001. A pesar de
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esto, la entidad le entregó una nueva contraseña.
Precisó que, durante los siguientes 10 años, se pidió información sobre el
documento definitivo sin que se le diera una respuesta por lo que interpuso una
acción de tutela y el Tribunal Administrativo del Cesar amparó sus derechos
fundamentales y ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que expidiera
la cédula de ciudadanía en un término no mayor a 90 días.
Sostuvo que el 22 de marzo de 2011 acudió a la sede de la Registraduría Nacional
del Estado Civil en Valledupar para la preparación de su documento de identidad y
aportó, una vez más, las fotografías correspondientes y recibió una tercera
contraseña.
Expuso que la entidad se demoró más del tiempo concedido por el tribunal y solo
hasta el 18 de agosto de 2011 se le informó que el documento ya había sido
enviado a la Registraduría de Valledupar y que lo podría reclamar dentro de los 15
días hábiles siguientes.
Explicó que la falla en la prestación del servicio consistió en haber omitido con su
deber constitucional y legal de expedir de manera oportuna el documento de
identidad y su actuar causó un daño antijurídico del cual se derivaron perjuicios
materiales y morales.
Advirtió que el 22 de marzo de 2013 presentó demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con
el fin de lograr la declaratoria y reparación del daño antijurídico que sufrió por la no
expedición de su documento de identidad de manera oportuna y la vulneración de
sus derechos fundamentales ocasionada por una falla del servicio.
Manifestó que el proceso fue asignado en primera instancia al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, autoridad judicial que
mediante sentencia del 4 de marzo de 2019 declaró la responsabilidad
administrativa y patrimonial de la Registraduría Nacional del Estado Civil al
encontrar probado que se presentó un daño antijurídico porque estuvo privada de
su documento de identificación por más de 7 años con lo cual se vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la personalidad jurídica y al ejercicio de
sus derechos civiles y políticos.
Indicó que el fallo fue apelado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
trámite de la segunda instancia le correspondió al Tribunal Administrativo del
Cesar. La autoridad demandada, con sentencia del 17 de marzo de 2022, revocó
la providencia recurrida al considerar que no se acreditó el elemento del daño para
atribuirle la responsabilidad extracontractual, específicamente, las características
de cierto, real y determinado.
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Explicó que para el Tribunal Administrativo del Cesar no se demostraron las
afectaciones alegadas como la limitación al reconocimiento a la personalidad
jurídica o la imposibilidad para ejercer el derecho al voto o la dificultad para
emplearse o afiliarse a una EPS, pese a que sí encontró demostrada la falla en el
servicio.
3. Sustento de la vulneración
Señaló que el asunto tiene relevancia constitucional por cuanto están en juego sus
derechos fundamentales a la tutela efectiva y al debido proceso, los cuales han
sido vulnerados con la providencia atacada.
Expuso que la demanda cumple con el requisito de subsidiariedad porque contra
la decisión de segunda instancia no procede ningún otro recurso ordinario o
extraordinario y que también se encuentra acreditada la inmediatez ya que se
interpuso en un término razonable.
Explicó que lo pretendido es que la autoridad judicial demandada profiera una
decisión conforme a los lineamientos que se le indiquen teniendo en cuenta que
de las pruebas allegadas al proceso ordinario se demostraba el daño antijurídico
que sirve de base para la declaración de la responsabilidad extracontractual de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Alegó que la providencia atacada no encontró probada la existencia del daño
antijurídico que consistía en la afectación de los derechos constitucionales a la
igualdad, a la personalidad jurídica y al ejercicio de sus derechos civiles y
políticos.
Sostuvo que es contradictorio que el tribunal encontrara debidamente probado que
el no contar con el documento de identidad por más de 7 años constituía una falla
en el servicio, toda vez que la no entrega de la cédula era injustificada, pero a la
vez consideró que esto no era constitutivo de este título de imputación del daño.
Adujo que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico por
valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas al proceso y desestimar
la existencia del daño, lo cual lleva a la violación de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela efectiva.
Manifestó que el daño antijurídico sí estuvo acreditado en el proceso y se
evidenció con la afectación injustificada de unos intereses protegidos por el
ordenamiento como la personalidad jurídica y el ejercicio de las garantías civiles y
políticas de la Constitución.
Adujo que el derecho a la personalidad jurídica es un derecho protegido con base
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en el artículo 14 de la Constitución Política y por el bloque de constitucionalidad y
está consagrado en el artículo 3.º de la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos y el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Precisó que esta garantía se encuentra íntimamente ligada al derecho a la
dignidad humana y a la identidad, basado en la noción de sujeto de derecho, lo
que determina su existencia efectiva ante la sociedad y el Estado y le permite ser
sujeto de derechos y obligaciones.
Mencionó que el daño padecido por 7 años al no contar con su documento de
identidad no fue de menor entidad, eventual o hipotético, ya que se concretó en el
desconocimiento y el menoscabo de los derechos mencionados, circunstancia que
se demostró plenamente en el proceso.
Explicó que las pruebas documentales allegadas al expediente fueron apreciadas
de manera errónea por el tribunal, pues de estas sí se desprende la existencia del
daño antijurídico, tal y como lo acreditó el Tribunal Administrativo del Cesar en la
sentencia del 3 de marzo de 2011 en la que se consideró: “Para la Sala, la no
expedición oportuna del documento de identidad de la accionante, por parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, vulnera sus derechos fundamentales,
pues teniendo en cuenta que sin la cédula de ciudadanía, que es el documento de
identidad, no puede desarrollar actividades propias de su calidad, así mismo,
realizar actos civiles, y por lo tanto, la carencia de éste afecta de manera directa el
pleno ejercicio de sus derecho como ciudadano (sic).”
Indicó que las consideraciones del tribunal demandado se alejan de las reglas de
lógica, la experiencia y la sana crítica, por cuanto las pruebas documentales
aportadas daban cuenta de la existencia del daño y su indebida valoración inciden
con claridad en la decisión adoptada.
Añadió que la vulneración injustificada del ejercicio de los derechos fundamentales
es, en sí misma, un daño antijurídico y citó como sustento una sentencia del 22 de
noviembre de 2021 en la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado tuvo como daño antijurídico la imposibilidad de ejercer el derecho al
voto en los comicios de 2010 a un ciudadano al que se le habían suspendido sus
derechos políticos, sin justificación.
Señaló que la misma corporación, en sentencia del 31 de mayo de 2013, acreditó
la existencia de un daño antijurídico en cabeza de un ciudadano a quien le fue
impuesta la obligación de portar una cédula que no le correspondía y actuar en la
vida civil como si fuera otro, en tanto las inconsistencias de la Registraduría
Nacional del Estado Civil impedían la plena identificación del actor y destacó que
la cédula es el único documento para identificar a los colombianos mayores de
edad.
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Manifestó que el defecto fáctico también se concretó a partir de la indebida
valoración de las pruebas allegadas al proceso para demostrar la existencia de los
perjuicios sufridos como consecuencia del daño antijurídico.
Explicó que el Tribunal Administrativo del Cesar no tuvo en cuenta lo manifestado
por las señoras Omaida Esther López Fernández y Ana Cristina Mereño Sánchez,
quienes en la audiencia de pruebas afirmaron que no pudo estudiar más, que tuvo
una atención deficiente en salud porque no se podía afiliar a la EPS, que no podía
conseguir trabajo, circunstancias que le causaban aflicción, congoja y depresión
porque no podía surgir.
Precisó que, además, el tribunal demandado omitió el hecho notorio de su no
participación en las jornadas electorales del 2003 al 2011 por no contar con su
cédula de ciudadanía y exigió una prueba de su intención de votar y que no pudo
hacerlo, siendo esta una exigencia desproporcionada, más aún cuando el derecho
al voto es una garantía constitucional y una manifestación de la democracia.
Sostuvo que la autoridad judicial demandada desconoció las consideraciones
expuestas en las sentencias dictadas por la Sección Quinta y la Sección Primera
dentro del proceso de acción de tutela con radicado número 11001-03-15-000-
2015-02335-00/01 en las que se resolvió la demanda por ella interpuesta contra la
decisión que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa que
dio origen a la decisión ahora atacada. En las providencias mencionadas se
ampararon sus derechos fundamentales porque el daño aducido se prolongó en el
tiempo porque, si bien la solicitud se presentó en el 2001, solo hasta el 2011 le fue
entregado el documento.
4. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante auto del 28 de septiembre de 2022, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del
Cesar.
Además, se ordenó la vinculación al juez Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar y al registrador Nacional del Estado Civil.
5. Argumentos de defensa
5.1. Tribunal Administrativo del Cesar
La presidenta del Tribunal Administrativo del Cesar se pronunció sobre los hechos
y pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
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Explicó que lo pretendido por la demandante es edificar una presunta vía de hecho
por la ocurrencia de un defecto fáctico, toda vez que se incurrió en una valoración
arbitraria de las pruebas aportadas.
Expuso que al estudiar el caso en concreto se dijo que el primer elemento que
debía estar acreditado para la imputación de la responsabilidad era el daño, el
cual consistía en la demora, por parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, en expedir la cédula de ciudadanía de la señora Llorente Paternina, lo que le
generó perjuicios, toda vez que no pudo ejercer su derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica, participar en las elecciones desarrolladas en el territorio
nacional, ejercer un trabajo o afiliarse a una EPS.
Señaló que, de acuerdo con el material probatorio allegado al proceso, se
consideró que no estaba acreditado el daño para que se pudiera estudiar la
imputabilidad del mismo a título de falla del servicio en cabeza de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Añadió que la parte actora no demostró la afectación a su derecho a la salud, al
trabajo o a la participación democrática y que si bien se recepcionaron los
testimonios de las señora Omaida Esther López Fernández y Ana Cristina Meriño
Sánchez quienes afirmaron que las circunstancias que se derivaron de la
imposibilidad de contar con su documento de identidad y las consecuencias de
esto en su estado anímico, lo cierto es que para que los testimonios generen
certeza deben estar respaldados con otros medios probatorios.
Solicitó que se denegara la acción de tutela.
5.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
El jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil rindió el
informe solicitado en los siguientes términos:
Reiteró que, de acuerdo con la revisión de la trazabilidad de las solicitudes
presentadas por la señora Llorente Paternina, todos los trámites realizados han
arrojado como respuesta la expedición de los documentos pedidos.
Reafirmó que en el proceso judicial, la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa necesaria para acreditar la responsabilidad de la entidad, a título de
falla en el servicio, pues el daño real, cierto y determinado no está demostrado.
Indicó que la decisión atacada no incurrió en los yerros expuestos por la parte
actora y, en consecuencia, solicitó que se denegara la acción de tutela.
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5.3. Juzgado Tercer Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
Pese a haber sido debidamente notificado guardó silencio2.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19913 y el numeral 2.° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20154, modificado por el Decreto 333 del 6
de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante al incurrir en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria
alegado.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del asunto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
2 Notificación que se puede verificar en el índice 8 del siguiente vínculo electrónico:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
0202205124001100103.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
5 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.”7 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia8 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia
constitucional.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
7 Ibídem.
8 Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
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en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.4.1. No se trata de una tutela contra una decisión de igual naturaleza, puesto
que la providencia que censura la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa que promovió la señora Ericka Patricia Llorente Paternina
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, identificado con el radicado
número 20001333300320130018600/01.
2.4.2. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de
inmediatez, toda vez que la sentencia enjuiciada se dictó el 17 de marzo de 2022,
notificada mediante correo electrónico enviado el 22 del mismo mes y año, por lo
que es claro que la decisión censurada quedó ejecutoriada el 28 de marzo de
2022.
En tales condiciones, como la solicitud de tutela se presentó el 22 de septiembre
de 2022, se evidencia que, entre la fecha de ejecutoria de la decisión acusada y la
presentación del escrito de tutela que ahora se analiza, transcurrió un término que
se considera razonable.
2.4.3. Respecto a la subsidiariedad, la Sala encuentra que la demandante no
dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios para censurar el proveído
proferido por la aludida autoridad judicial, en tanto que la sentencia del 17 de
marzo de 2022 desató el recurso de apelación debidamente interpuesto.
Tampoco se evidencia la procedibilidad de los recursos extraordinarios de revisión
y de unificación de jurisprudencia, ya que las razones que sustentan su solicitud
de amparo no se ajustan a las reglas de procedencia de estos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 248 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
2.4.4. Por último, se advierte que los reparos contra la providencia cuestionada
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pretenden poner de presente las irregularidades en que incurrió la autoridad
judicial demandada al dictarla, en tanto compromete garantías de orden superior,
más allá del debate legal surtido en las instancias ordinarias, por lo que el asunto
es relevante desde el punto de vista constitucional.
Lo anterior, teniendo en cuenta las directrices de la sentencia de la Corte
Constitucional S-215 de 20229, en la cual se consideró que, para determinar si la
demanda de tutela contra providencia judicial cumple con el presupuesto de
relevancia constitucional es necesario identificar unos criterios:
“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales119. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…)”
En relación con el primer criterio, se observa que el presente caso no se trata de
un debate exclusivamente legal, pues involucra una discusión en torno a los
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela efectiva, presuntamente
vulnerados con la sentencia dictada en segunda instancia en el proceso de
reparación directa toda vez que se realizó una interpretación errada de las
pruebas allegadas al proceso y al desconocimiento de la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
Frente al segundo elemento a analizar, es claro que la controversia no se limita a
una pretensión legal o económica, puesto que en el caso concreto se discute si el
Tribunal Administrativo del Cesar vulneró las garantías constitucionales al no
declarar patrimonialmente responsable a la Registraduría Nacional del Estado Civil
por los daños causados por la demora de 7 años en la entrega de su cédula de
ciudadanía.
Para la Sala, es claro que no se pretende un estudio de tercera instancia y
trasciende a la mera inconformidad con la decisión adoptada por el juez del
proceso ordinario, pues la parte actora expone las razones por las cuales
considera que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria.
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Corte Constitucional, sentencia de 16 de junio de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Por último, también se considera que la demandante justificó razonablemente la
afectación de sus garantías constitucionales puesto que indicó que la autoridad
judicial demandada desconoció que en el proceso sí se demostró el daño material
y moral que le ocasionó la falla en el servicio de la entidad demandada a la señora
Llorente Paternina.
Con base en lo expuesto, para la Sala es necesario analizar si la actuación judicial
del Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela efectiva de la demandante.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el caso en concreto, sin perjuicio
de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.
2.5. Caso concreto
De acuerdo con lo expuesto en el sub lite, se tiene que la señora Ericka Patricia
Llorente Paternina manifestó que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en
un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al dictar la providencia del 17
de marzo de 2022 con lo cual vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de tutela efectiva, toda vez que revocó la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
interpuesta contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, al considerar que no
estaba debidamente probado el daño.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala tendrá en cuenta lo siguiente:
2.5.1. Generalidades del defecto fáctico
Esta Sala de Decisión10, en varios pronunciamientos, ha precisado los alcances y
requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se configura
cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo
probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por
las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
10 Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12
de noviembre de 2015, en el proceso No.
11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez o la sentencia del 13 de febrero de 2020, expediente 11001-03-15-
000-2020-00073-00, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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violación del debido proceso.
2.5.2. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria
La parte demandante señaló que la sentencia atacada desconoció que sí estaba
demostrado el daño causado puesto que, el mismo Tribunal Administrativo del
Cesar, al resolver una acción de tutela interpuesta por la señora Llorente
Paternina explicó que la omisión en expedir oportunamente el documento de
identidad vulneraba los derechos fundamentales ya que sin ese documento no era
posible desarrollar actividades propias de la calidad de ciudadano o realizar actos
civiles.
Explicó que desconoció la existencia de un hecho notorio como son las elecciones
realizadas entre el 2003 y el 2011, pues no contar con la cédula de ciudadanía
impedía que pudiera participar en las jornadas electorales y exigir que se
demostrara la intención de votar y no haber podido es una exigencia irrazonable y
desproporcionada.
Añadió que tampoco se tuvieron en cuenta las declaraciones rendidas por las
señoras Omaida Esther López Fernández y Ana Cristina Meriño Sánchez quienes
declararon que la ausencia del documento de identidad causó perjuicios
materiales y morales ya que llevó consigo la imposibilidad de acceder a servicios
de salud y educación, así como dificultades para trabajar, circunstancias que
produjeron aflicciones y congoja.
Por último, señaló que las sentencias dictadas por las Secciones Quinta y Primera
del Consejo de Estado consideraron que el daño aducido se prolongó en el
tiempo. Esto al resolver la demandada presentada en ejercicio de la acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar porque se había declarado la
caducidad del medio de control de reparación directa.
2.5.3. Sentencia atacada
El Tribunal Administrativo del Cesar al resolver sobre la imputación del daño
explicó:
“(…)
Así las cosas, de acuerdo al material probatorio allegado al plenario,
encuentra esta Corporación probados los siguientes hechos:
• Que la señora ERICKA PATRICIA LLORENTE PATERNINA, el día 8 de
octubre de 2003, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por
primera vez, la expedición de su cédula de ciudadanía, aportando los
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documentos para tal fin, razón por la cual le fue emitida una contraseña.
• Se evidenció, que, en vista de la demora en la expedición del documento
de identidad, la actora interpuso acción de tutela en contra de la
demandada, persiguiendo la protección de sus derechos fundamentales a
la personalidad jurídica, al ejercicio de la ciudadanía, en conexidad con la
educación, el trabajo, el derecho a elegir y ser elegido, entre otros.
• Se comprobó, que, en virtud de lo anterior, el día 23 de febrero de 2011,
la Registraduría Nacional del Estado Civil le manifestó a la actora, que
inconvenientes técnicos definitivos imposibilitaron la producción del
documento de identidad, por lo que le fueron solicitados nuevamente los
documentos pertinentes.
• Se corrobora, que través de fallo de tutela de fecha 3 de marzo de 2011,
este Tribunal amparó los derechos fundamentales de la señora ERICKA
PATRICIA LLORENTE PATERNINA, ordenándole a la accionada, que
dentro del término no mayor a 90 días, expidiera la cédula de ciudadanía
de la misma.
• En virtud de lo anterior, la Registraduría Nacional le comunicó a la
demandante, el día 18 de agosto de 2011, que podía pasar a reclamar
dentro de los 15 días hábiles siguientes, su cédula de ciudadanía en la
Registraduría de esta ciudad, lo cual ocurrió finalmente, el día 17 de
agosto de 2011.
En ese orden de ideas, considera este Tribunal, que tal como indica el
apoderado recurrente, en el proceso no está acreditado uno de los
elementos para endilgar una responsabilidad Extracontractual del Estado,
como lo es, el daño, el cual, según la jurisprudencia traída a colación al
inicio de estas consideraciones, debe ser cierto, real y determinado,
quedando por fuera de un reconocimiento indemnizatorio, el daño eventual
o hipotético, esto es, aquel que se ubica en un plano meramente conjetural
o hipotético, el cual no reviste las condiciones necesarias para que pueda
determinarse y por tanto tener vocación indemnizatoria.
En efecto, la cédula de ciudadanía por regla general es el documento
idóneo para identificar a una persona, ligado íntimamente, con la
personalidad jurídica y por ende, con el ejercicio de los derechos del
individuo, de tal forma que es evidente su importancia en el giro normal de
las actividades de cualquier persona; debiéndose precisar, que conforme lo
ha indicado la Corte Constitucional, la cédula es el instrumento
fundamental para la protección al derecho a la personalidad jurídica.
Además de ello, existen otros derechos cuyo ejercicio práctico está
directamente relacionado con la cédula de ciudadanía como documento de
identificación, tal es el caso del derecho a la participación democrática,
consagrado en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia y el
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acceso al voto, como derecho y deber del ciudadano en el artículo 258 de
la norma en cita, en concordancia con el artículo 403 ibídem. De igual
manera, la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, destacando
que el derecho al voto se convierte en el medio más importante de
participación ciudadana.
Ahora bien, en cuanto a la exigencia de la cédula de ciudadanía para el
ejercicio del voto, el artículo 114 del Código Electoral señala expresamente
que “El proceso de la votación es el siguiente: El Presidente del Jurado le
exigirá al ciudadano la cédula de ciudadanía, la examinará, verificará su
identidad y buscará el número de la cédula en la Iista de sufragantes (...)”.
(Sic)
Se colige entonces que la cédula de ciudadanía está íntimamente ligado al
ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica y al voto, de ahí la
importancia que a todo ciudadano colombiano se le asigne la cédula de
ciudadanía como documento de identificación y pueda contar con el mismo
al momento de ejercer sus derechos, específicamente el ejercicio del
derecho al voto, que tiene como exigencia portar tal documento.
(…)
En el caso concreto, la señora ERICKA PATRICIA LLORENTE
PATERNINA señala, que la imposibilidad de haber obtenido la cédula de
ciudadanía dentro del término razonable, le restringió y/o limitó el ejercicio
de aquellos derechos que están íntimamente ligados con el documento de
identificación, tales como, ejercer su derecho al reconocimiento a la
personalidad jurídica, el no haber podido participar en las elecciones
desarrolladas en el territorio nacional, no haber podido ejercer
laboralmente, no poder afiliarse a una EPS, sin embargo, estos daños
alegados, para poder atribuir una responsabilidad en la demandada a título
de falla en el servicio, debían estar probados, sin que sea admisible un
daño difuso y abstracto, pues adolecería de una de las características
principales del mismo, como es la certeza.
Así las cosas, en el dossier está acreditado, las fallas administrativas
presentadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para expedir la
cédula de ciudadanía de la actora, quien de manera oportuna presentó
todos los documentos para obtener su documento de identidad, tardando
la entidad más de 7 años en expedirla (desde el año 2003 hasta el año
2011), viniendo sólo a emitirla en cumplimiento al fallo de tutela que fue
proferido en su contra, como ya se indicó con anterioridad.
Así mismo, de conformidad con los antecedentes jurisprudenciales
transcritos, según la Corte Constitucional, el plazo razonable para la
expedición de la cédula de ciudadanía por parte del Registraduría Nacional
del Estado Civil debe ser de un año, por lo que, en el asunto de marras, la
demora en exceso en su expedición, denota claramente fallas
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administrativas por parte de la entidad que indudablemente sirvieron para
amparar a través del medio de amparo, sus derechos fundamentales
invocados.
No obstante, tratándose de la responsabilidad extracontractual del Estado,
la parte actora debía demostrar la existencia cierta de los daños que dicha
demora le acarrearon, notando la Sala, que en el expediente brilla por su
ausencia material probatorio que comprueben la existencia de una
afectación a su derecho a la salud como consecuencia de no tener su
cédula de ciudadanía, tal como se alega, pues no se demostró su
imposibilidad de acceder a los servicios de seguridad social en salud
dispuestos en la normatividad vigente como derecho de toda persona
residente en territorio colombiano.
Así mismo, aunque se indica la afectación a su derecho al trabajo, lo cierto
es que la demandante, tampoco demostró la violación al mismo, al no
existir certeza que ésta haya sido retirada de algún empleo por no contar
con el documento de identificación, ni tampoco que esa haya sido la causa
para no ser aceptada por algún empleador que pretendía contratarla o
contar con sus servicios, debiéndose reiterar, que el daño no puede surgir
de inferencias o hipótesis, sino que debe contener elementos que lo hagan
determinado o determinable, ausentes en el presente asunto frente a los
dos derechos invocados.
La misma situación se desprende en lo que respecta al derecho a la
participación democrática y específicamente con la posibilidad de ejercer el
voto, pues este Tribunal tampoco encuentra posible verificar la afectación
concreta a este derecho, al no estar demostrado que la demandante, de
haber contado con su documento de identificación, hubiese ejercido su
derecho al voto, máxime que éste no es obligatorio en el territorio Nacional,
resultando imposible establecer si en realidad la señora LLORENTE
PATERNINA hubiera efectivamente acudido a ejercer su derecho al voto
en el evento en que la Registraduría le hubiese entregado a tiempo su
cédula de ciudadanía, lo que supone un obstáculo para tener por
configurado el daño.
Se resalta, que aunque en el proceso se recepcionaron las declaraciones
de las señoras OMAIDA ESTHER LÓPEZ FERNÁNDEZ y ANA CRISTINA
MERIÑO SÁNCHEZ, quienes relataron al Despacho de instancia que la
actora no pudo trabajar, estudiar ni afiliarse a un régimen de seguridad
social, además explicaron cómo ello le generó mucha aflicción y congoja al
no poder superarse en su vida, también lo es que de conformidad con lo
señalado por el Consejo de Estado, las declaraciones para generar certeza
en el fallador, deben estar respaldadas con otros medios probatorios, los
mismos que en el sub examine, se echan de menos.
(…)”
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2.6.4. Fondo del asunto
La parte demandante advierte que en el caso en estudio se presentó una indebida
valoración probatoria toda vez que no se consideró que el daño sí se encontraba
probado dentro del expediente, pues de acuerdo con lo manifestado tanto por el
Tribunal Administrativo del Cesar, en la sentencia del 3 de marzo de 2011 como
por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado en las providencias del
22 de octubre de 2015 y 2 de marzo de 2016, la demora en la entrega del
documento de identidad afecta el debido ejercicio de los derechos civiles y
políticos, puesto que no es posible el desarrollo de actividades propias de la
calidad de ciudadano.
Igualmente afirmó que la autoridad judicial demandada omitió tener en cuenta que
los comicios celebrados en el país entre los años de 2003 y 2011 son un hecho
notorio que no requiere ser demostrado.
Por otro lado, manifestó que con las declaraciones de las señoras Omaida Esther
López Fernández y Ana Cristina Meriño Sánchez se probó que la demora en la
entrega de la cédula sí le causó unos daños materiales como la falta en la
prestación de los servicios de salud o de educación y, derivados de estos, unos
daños morales porque la situación le producía congoja y aflicciones por considerar
que no iba a prosperar.
Al revisar la sentencia dictada el 17 de marzo de 2022 se evidencia que el Tribunal
Administrativo del Cesar consideró que la parte actora no demostró la existencia
cierta del daño que la demora administrativa en la entrega del documento de
identidad le ocasionó, dado que no se acreditó una afectación al derecho a la
salud o al trabajo.
De acuerdo con lo consignado en la providencia atacada, la autoridad judicial
demandada tampoco encontró acreditada la imposibilidad de ejercer el derecho al
voto, al considerar que la demandante no demostró que de haber tenido el
documento sí hubiese participado en los comicios, máxime cuando esto no es
obligatorio en Colombia.
También se precisó que, si bien se habían recepcionado los testimonios de las
señoras López Fernández y Meriño Sánchez, quienes afirmaron que la actora no
pudo trabajar, estudiar ni afiliarse al régimen de seguridad social en salud, lo que
le generó aflicción y congoja, dichas manifestaciones debían ser respaldadas con
otros elementos probatorios.
Sobre este estudio, la Sala considera que es acertado considerar que solo es
posible declarar la responsabilidad del Estado cuando se encuentra plenamente
demostrados los elementos de esta, razón por la cual la decisión proferida por la
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autoridad judicial demandada está acorde con las disposiciones que regulan el
trámite judicial y no se evidencia que el estudio probatorio sea irracional o
contrario a las reglas de la sana crítica.
La parte demandante, en la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de
tutela, no señaló cuáles de las pruebas aportadas al proceso demostraban la
afectación a los derechos a la salud, el trabajo o el estudio.
Tampoco se acreditó qué medio de convicción demostraba la imposibilidad de
ejercer el derecho al voto, pese a que la existencia de los comicios era un hecho
notorio.
Frente a la indebida valoración de los testimonios de las señoras López Fernández
y Meriño Sánchez, la Sala precisa que, en desarrollo del principio de la autonomía
judicial, la autoridad judicial demandada consideró que las declaraciones rendidas
no eran suficientes para acreditar con certeza la existencia de los daños
materiales y morales alegados.
Resulta pertinente enfatizar que las manifestaciones en relación con la existencia
del daño realizadas por el Tribunal Administrativo del Cesar y las Secciones
Quinta y Primera del Consejo de Estado no podrían tenerse como pruebas ya que
estas se basaron en los elementos de convicción aportados a cada uno de los
procesos y no debían condicionar las decisiones del juez de la reparación directa
en relación con la acreditación del daño.
En atención a lo expuesto, para la Sala es claro que en el caso en estudio no se
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al
proceso, especialmente los testimonios de las señoras Omaida Esther López
Fernández y Ana Cristina Meriño Sánchez y, en consecuencia, la acción de tutela
será negada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Niégase la solicitud de tutela elevada por la señora Ericka Patricia
Llorente Paternina, conforme a lo señalado en las consideraciones de este
proveído.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a
la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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