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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05154-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05154-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y dignidad humana solicitado por las señoras Liliana Rueda Ramírez en su nombre y en el de sus hijos menores de edad, Lucila Ferreira Gualdrón, Leidy Viviana Ferreira 05001-23-31-000-1996-00722-01 (31364). Subsección A. Sentencia del 19 de julio de 2018. Rad. 68001-23-31-000-2008-00593-01(41920). 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de mayo de 2011. Rad. 05001232600019940237601: “Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes, la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa, resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la demandante, debe anotarse que quien presenta el libelo demandatorio sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, conoce de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos”. 19 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2022. Rad. 11001031500020220317500 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Liliana Rueda Ramírez y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicación: 11001-03-15-000-2022-05154-00 Gualdrón y Lucy Marcela Amaya Ferreira, junto con los señores Alfonso Velásquez Ferreira y Jhon Fredy Velásquez Ferreira SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05154-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de noviembre de 2022

Demandantes: Liliana Rueda Ramírez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05154-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05154-00
Demandantes: LILIANA RUEDA RAMÍREZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – Niega – Defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Liliana
Rueda Ramírez y otros en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 26 de septiembre de 2022, actuando por intermedio
de apoderado judicial, las señoras Liliana Rueda Ramírez en su nombre y en el de
sus hijos menores de edad1, Lucila Ferreira Gualdrón, Leidy Viviana Ferreira
Gualdrón y Lucy Marcela Amaya Ferreira; junto con los señores Alfonso Velásquez
Ferreira y Jhon Fredy Velásquez Ferreira, interpusieron acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Los peticionarios
consideraron que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la dignidad humana.

1
Jesús Alfredo Velásquez Rueda y Juan Diego Velásquez Rueda.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Liliana Rueda Ramírez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05154-00

2. Desde el punto de vista de los accionantes, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales se presentó en la providencia proferida el 11 de mayo de
2022 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este
fallo, la referida autoridad judicial revocó la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Santander – Sala de Descongestión, del 19 de febrero de 2015.
En esta decisión, el juez de primera instancia accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda de reparación directa presentada por los peticionarios en contra de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Wilson Macareno
Ortiz. Lo anterior, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por la muerte del señor Alfredo Velásquez Ferreira
ocurrida el 19 de marzo de 2009 en un accidente de tránsito2.

1.2. Pretensiones

3. Los accionantes solicitaron:

PRIMERA: Se declare que los Derechos Fundamentales como el debido proceso,
el acceso a la justicia o a aplicación de justicia y reparación; y la dignidad
humana de los aquí accionantes han sido desconocidos por la SECCIÓN
TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, SUBSECCIÓN A (…) por la decisión
tomada o sentencia erigida en proceso de radicado 2010-00686-01 (54.534),
fechada el 11 de mayo de 2022 pero notificada el 1 de junio de 2022 en acción o
medio de control de reparación directa; en consecuencia se amparen estos
derechos invocados.

SEGUNDA: Conforme lo anterior, ordene a los accionados emitir una nueva decisión
donde conceda íntegramente las pretensiones rogadas en ese juicio (2010-686),
confirmando la sentencia de primera instancia en lo pertinente y modificando lo
rogado en la apelación adhesiva o directamente Corporación proceda a hacerlo vía
amparo constitucional.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El 19 de marzo de 2009 en horas de la noche, el señor Alfredo Velásquez
falleció como consecuencia de un accidente de tránsito. Esto, luego de que la
motocicleta en la que la víctima se desplazaba en compañía de otra persona
impactara con un autobús de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron en la vía
que de Piedecuesta comunica a “Los Curos”, en zona rural del referido municipio.

5. Los accionantes señalaron que el choque se produjo por la invasión de carril
realizada por el autobús3.

6. Por lo anterior, los peticionarios presentaron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional y el señor Wilson Macareno Ortiz4. Esto, con el fin de que se les

2
Rad. 6800133310012010068600/01
3
Esto, de conformidad con lo mencionado en de la demanda de reparación directa.
4
Conductor del autobús que chocó con la motocicleta.

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declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios
ocasionados por la muerte del señor Alfredo Velásquez el 19 de marzo de 2009.

7. En primera instancia, el asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo de
Santander – Sala de Descongestión. Esta autoridad judicial, en providencia del 19
de febrero de 2015, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda de
reparación directa.

8. Como fundamento de su decisión, expuso que a partir de los informes de
tránsito y pericial del accidente se podía inferir que los cuerpos de los ocupantes de
la motocicleta estaban tendidos en el lado derecho de la vía. Por esto, en su sentir
el choque se produjo como consecuencia de la imprudencia del conductor del
autobús que se encontraba bajo la guarda de la Policía Nacional que invadió el carril
por donde transitaba la motocicleta y causó el impacto. Por ello, era esta entidad la
llamada a responder patrimonialmente.

9. Adicionalmente, dispuso que la entidad condenada repetiría el pago de la
condena en contra del agente de la policía que conducía el vehículo. Esto, porque
su actuación imprudente dio origen a la condena contra la entidad demandada.

10. La sentencia de primer grado fue objeto de apelación por la parte
demandada. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoció
de la alzada. Esta autoridad judicial, mediante providencia del 11 de mayo de 2022,
revocó la decisión de primera instancia. En su lugar negó las pretensiones de la
demanda, bajo los siguientes argumentos:

11. En concreto, señaló que de acuerdo con el informe de toxicología, la víctima
directa se encontraba en estado de embriaguez para el momento del accidente.
Consideró que este hecho alteraba completamente las capacidades para conducir
vehículos automotores, en especial una motocicleta.

12. Asimismo, mencionó que en el informe pericial se indicó que la causa
probable de los hechos era la supuesta invasión del bus al carril por donde
transitaba la motocicleta. Sin embargo, para arribar a esa conclusión solo tuvo en
cuenta la posición de las víctimas sobre el carril por el que transitaban. Pero, no
analizó el altísimo grado de embriaguez del conductor de la moto. En este medio
probatorio tampoco se refutaron las causas referidas en el informe de tránsito
alusivas a transitar en contravía y en exceso de velocidad por parte de la
motocicleta.

13. Desde esta perspectiva consideró que en el expediente obraban dos medios
de convicción a partir de su análisis era procedente llegar a 2 conclusiones disímiles.
Por un lado, el informe de tránsito consignó como causas probables, el tránsito en
contravía y el exceso de velocidad de la motocicleta. A su vez, el informe pericial
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que, de acuerdo

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con la disposición de los cuerpos, el autobús de la Policía fue el que invadió el carril
por el que transitaba la motocicleta.

14. Sin embargo, la autoridad judicial accionada consideró que ninguna de las
anteriores hipótesis tenía respaldo probatorio suficiente. Esta circunstancia no
permitió a esclarecer con un grado mínimo de certeza las verdaderas circunstancias
en las cuales se produjo dicho accidente.

15. Por lo anterior, el juez de segundo grado advirtió una falta de preocupación
de los demandantes en acreditar las circunstancias en las que acaeció el referido
hecho. Esto, porque no se allegaron las diligencias de levantamiento de cadáver, ni
las investigaciones o indagaciones que sobre el suceso habría adelantado la
Fiscalía General de la Nación. Tampoco se citó al testigo presencial señalado en el
informe pericial. Los anteriores elementos probatorios hubieran permitido esclarecer
aún más el contexto en las cuales se produjo el referido accidente.

16. De esta manera, el operador judicial accionado consideró que no estaban
acreditados los hechos que permitieran imputar el daño antijurídico a la Policía
Nacional. Por esto, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

1.4. Fundamentos de la vulneración

17. Los accionantes consideraron que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales por cuanto incurrió en el defecto fáctico por los siguientes
motivos:

18. La autoridad judicial accionada valoró de manera indebida el dictamen físico
forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que se
mencionó que la causa del accidente de tránsito obedeció a una de las siguientes
hipótesis:

Hipótesis 1: 116 Exceso de velocidad. Conducir a velocidad mayor de la permitida,
según el servicio y sitio del accidente.
Hipótesis 2: 127 Transitar en contravía. Ocupar el carril de sentido contrario, cuando
no se está sobrepasando otro vehículo.
(…)

19. De acuerdo con los accionantes, este medio probatorio no fue objetado por
ninguna de las partes. Tampoco presentó errores determinantes en sus
conclusiones. También mencionaron que en el dictamen físico forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no se valoró el estado de
embriaguez y la velocidad de la motocicleta accidentada. Así que no está probado
que estas dos circunstancias hubieran sido la causa del accidente que cobró la vida
de aquel.

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20. De esta manera, consideraron que la autoridad judicial accionada desconoció
que, según el dictamen pericial antes mencionado, la causa del accidente fue la
invasión de carril por parte del autobús de la Policía Nacional.

21. Por otro lado, refirieron que, de acuerdo con el dictamen pericial aludido, los
impactos recibidos por la víctima directa por el choque fueron en todo el cuerpo. Por
esto, no era cierto que la colisión solo afectó el cráneo. En consecuencia, no era
posible afirmar como lo sostiene la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación que la causa del deceso del señor Alfredo Velásquez, fue el hecho de
no portar un casco.

1.5. Trámite de la acción de tutela

22. En auto del 27 de septiembre de 2022, el magistrado ponente de la decisión
admitió la acción de tutela. Asimismo, dispuso la notificación de la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.

23. Además, se ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) el Tribunal
Administrativo de Santander – Sala de Descongestión5; ii) la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional y del señor Wilson Macareno Ortiz6 y iii) de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

24. Luego, el Despacho ponente en decisión del 21 de octubre de 2022 dispuso
la vinculación de terceros con interés de los herederos del señor Óscar Velásquez
Ferreira. Esto, porque figuraba como demandante dentro del proceso ordinario y
falleció previo a la presentación de esta acción constitucional.

1.6. Intervenciones e informes

25. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó
las siguientes intervenciones:

1.6.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

26. El magistrado ponente de la decisión reprochada rindió informe en el que
solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela. Esto, porque en su
sentir el asunto no goza de relevancia constitucional. Así, refirió que los accionantes
lejos de buscar la protección de sus derechos fundamentales, pretenden
instrumentalizar el mecanismo de amparo como una herramienta que abra paso a
una tercera instancia del proceso ordinario. De esta manera, consideró que los
demandantes pretenden obtener un nuevo análisis probatorio que favorezca sus
intereses. Sin embargo, para esta finalidad no está instituida la acción de tutela.

5
Tribunal de primera instancia dentro del medio de control de reparación directa.
6
Entidades y personas demandadas dentro del proceso de reparación directa.

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27. Además de lo anterior, indicó que el fallo reprochado se fundó en la
valoración de las pruebas legalmente allegadas al proceso. Esto, con estricto apego
a las garantías sustanciales y procesales que informan el debido proceso.

1.6.2. La Policía Nacional

28. A su turno, la entidad vinculada a este trámite constitucional rindió informe en
el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela. Esto, porque
en su sentir, la autoridad judicial accionada valoró los medios probatorios allegados
al plenario, entre ellos los informes de tránsito y pericial del accidente. Sin embargo,
de su análisis concluyó que existían situaciones disímiles sobre la causa del choque.
Ello era indicativo de la ausencia de certeza para generar una condena patrimonial
a la entidad demandada.

1.6.3. Apoderado judicial de la parte actora

29. El profesional del derecho presentó escrito en el que informó que la única
heredera del señor Javier Velásquez Duarte era la señora Lucila Ferreira quien
también figura como accionante en el escrito de tutela.

30. El Tribunal Administrativo de Santander –– Sala de Descongestión se limitó
a enviar el expediente del medio de control de reparación directa.

31. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica y el Ministerio de Defensa Nacional
pese a que fueron notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Liliana Rueda Ramírez y otros en contra de la Subsección A de la Sección Tercera
de esta Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

33. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

34. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que las
señoras Liliana Rueda Ramírez en su nombre y en el de sus hijos menores de

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edad7, Lucila Ferreira Gualdrón, Leidy Viviana Ferreira Gualdrón y Lucy Marcela
Amaya Ferreira, junto con los señores Alfonso Velásquez Ferreira y Jhon Fredy
Velásquez Ferreira se encuentran legitimados en la causa por activa. Esto, porque
figuraban como demandantes en el proceso de reparación directa en el que se
profirió la providencia aquí cuestionada.

35. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación se encuentra legitimada en la causa por pasiva al ser
la autoridad judicial que profirió la decisión de segunda instancia reprochada en esta
oportunidad.

2.3. Problemas jurídicos

36. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela.

37. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la dignidad humana de los accionantes. Lo anterior, con la expedición
de la sentencia del 11 de mayo de 2022. Esto, porque en sentir de los
accionantes el operador judicial de segunda instancia incurrió en el defecto
fáctico por indebida valoración probatoria del dictamen físico forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De acuerdo con los
peticionarios, según este medio probatorio la causa eficiente del daño fue la
invasión del carril por parte del bus de la Policía Nacional?

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias

7
Jesús Alfredo Velásquez Rueda y Juan Diego Velásquez Rueda.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.

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judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales10.

39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia12 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial13.

40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

10
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
13
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, le corresponderá a la Sala estudiar
si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sección
ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea
de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la
acción no se intente reabrir el debate de instancia.

42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

43. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, y, solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Tutela contra tutela

44. Se advierte que no se ataca una decisión de tutela, sino la sentencia de
segundo grado proferida dentro del proceso de reparación directa, el cual se
identifica con el radicado No. 6800133310012010068600/01.

2.5.2. Subsidiariedad

45. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de una sentencia
de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación que interpuso la parte
demandada contra el fallo dictado por el tribunal de primera instancia, es evidente
el agotamiento de los recursos ordinarios.

46. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la
parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258
de la Ley 1437 de 2011.

2.5.3. Inmediatez
47. También se acredita el requisito de inmediatez. La sentencia de segunda
instancia reprochado fue dictada el 11 de mayo de 2022 y la solicitud de amparo se
interpuso el 26 de septiembre de 2022. Por ende, la Sala advierte que la acción de

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tutela se radicó dentro del término razonable de 6 meses señalado por la
jurisprudencia14.

2.5.4. Relevancia constitucional

48. La Sala considera que se cumple con este requisito porque la parte tutelante
justificó suficientemente en clave constitucional los motivos por los que considera
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales15.

49. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión encuentra que se cumple con
la exigencia de relevancia constitucional por las siguientes razones:

i) Los reparos contra la providencia bajo cuestionamiento pretenden
poner de presente las irregularidades bajo la denominación de
defectos fáctico en que presuntamente incurrió la autoridad accionada
que además comprometen una serie de garantías de orden superior;
y
ii) se trata de una discusión que involucra un debate ius fundamental –
que no es de mera legalidad–, que tiene su origen en la presunta
indebida valoración probatoria por parte de la autoridad judicial
accionada del dictamen físico forense del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses allegado al proceso. Este medio
de convicción, demostraba que la causa eficiente del accidente de
tránsito en el que falleció el señor Alfredo Velásquez fue la invasión
del carril por parte del conductor del bus de la Policía Nacional.

50. Así las cosas, no se percibe este mecanismo de amparo como un medio
dirigido a reabrir el debate jurídico realizado por la autoridad judicial accionada de
los hechos y las pretensiones que dieron lugar al ejercicio del medio de control
contencioso por parte de los demandantes.

51. Por lo anterior, el asunto es relevante desde el punto de vista constitucional.
Esto, porque el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para
la aplicación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas, concretamente el debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 23 de junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-01687-01. Consejero
Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sido enfática en
señalar que También reiteró que para acreditar el requisito de relevancia constitucional no es
suficiente alegar una violación del derecho al acceso a la administración de justicia o del debido
proceso con fundamento en una simple relación de hechos del caso con aquellos, para que un asunto
tenga relevancia constitucional. Corte Constitucional. Sentencias SU-573 de 2019, SU-103 de 2022
y T-210 de 2022.

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2.5.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos

52. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los hechos
y argumentos de los motivos por los que consideró le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la dignidad humana.

53. Así, se debe hacer énfasis en que la parte accionante cumplió con la carga
mínima en dar las razones por las cuales la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación incurrió en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria del
aludido dictamen físico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.

2.5.6. Irregularidad procesal

54. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.

55. Habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si en el caso concreto se encuentra configurado el
defecto fáctico.

56. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre los defectos invocados, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.

2.6. Noción del defecto fáctico

57. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201516, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

58. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) la omisión de decretar
o practicar las pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) el desconocimiento
del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12 de
noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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59. Se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los medios probatorios,
pues fue planteada en el caso concreto. Este cargo, procede cuando a la luz de los
postulados de la sana crítica la apreciación efectuada por el fallador resulta
manifiestamente equivocada y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.

60. Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii) identifique
la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración del operador
judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica; y iii) refiera
la incidencia de la prueba en el fallo atacado.

2.7. Caso concreto

61. Como se ha explicado, los accionantes alegan la vulneración a sus derechos
fundamentales con la providencia proferida el 11 de mayo de 2022, dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación. En esta decisión judicial
se revocó el fallo de primer grado. En su lugar, se negaron las pretensiones de la
demanda de reparación directa presentada en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional y Wilson Macareno Ortiz. Esto, con el fin de
que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la muerte
del señor Alfredo Velásquez Ferreira ocurrida el 19 de marzo de 2009 en un
accidente de tránsito.

62. Lo anterior, porque en sentir de la parte accionante, la autoridad judicial
accionada incurrió en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria del
dictamen físico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Esto, porque desconoció que:

i) de acuerdo con este medio de convicción la causa del accidente fue la
invasión de carril por parte del autobús de la Policía Nacional.
ii) Adicionalmente en aquel no se valoró el estado de embriaguez del occiso
y la velocidad de la motocicleta accidentada. Así que no está probado que
estas dos circunstancias hubieran sido la causa del accidente que cobró
la vida de aquel.
iii) Finalmente, que, de acuerdo con el informe aludido, los impactos
recibidos por la víctima directa por el choque fueron en todo el cuerpo.
Por esto, no era cierto que la colisión solo afectó el cráneo. En
consecuencia, no era posible afirmar que la causa del deceso del señor
Alfredo Velásquez, fue el hecho de no portar un casco.

63. Visto así el panorama, la Sala resaltará la valoración probatoria realizada por
la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación de los medios de
convicción que obraban en el plenario, en especial del informe pericial aludido. Esto,
porque la parte accionante plantea el fundamento de su vulneración en torno a que,

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a partir de aquella, la autoridad judicial accionada revocó la decisión del A quo y en
su lugar negó las pretensiones de la demanda.

64. En primer lugar, la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación
en sentencia del 11 de mayo de 2022, luego de encontrar acreditado el daño como
elemento primario de la responsabilidad extracontractual del Estado, pasó a
estudiar la imputación con el fin de determinar si aquel era atribuible o no a la entidad
y a la persona demandada, para lo cual valoró principalmente los siguientes medios
probatorios:

65. El informe de tránsito que daba cuenta de las circunstancias en las que
ocurrió el accidente. Respecto de este medio de convicción, la autoridad judicial
accionada resaltó:

El accidente se produjo el 19 de marzo (sic) de 2022 a las 22:25 p.m., en la vía
Piedecuesta – Curos, la cual era una vía recta, de doble sentido y una calzada
asfaltada en buen estado, se encontraba húmeda, con regular iluminación, con
demarcación de línea central doble.

En cuanto a los vehículos involucrados se indicó que se trataba de un autobús de
servicio oficial (Policía Nacional) y una motocicleta particular, el primero de ellos
conducido por Wilson Macareno Ortiz y el segundo Alfredo Velásquez Ferreira. (…)

Según el croquis del accidente y el dictamen pericial sobre el mismo, se tiene
probado que el accidente de los vehículos se produjo en una curva y el impacto de
la motocicleta fue contra el lado izquierdo del autobús.

De otra parte, se indicó como causas probables del accidente imputables a la
motocicleta las referidas en los numerales 116 y 127 (exceso de velocidad y transitar
en contravía). Finalmente se agregó como “observación” que no se dibujó el autobús
en el croquis por cuanto había sido movido del lugar del impacto.

66. El dictamen físico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses realizado el 28 de octubre de 2014. Este medio documental fue transcrito
por la autoridad judicial accionada en la sentencia reprochada. De aquel, se
destacan los siguientes extractos:

En la documentación se encuentra la información de mayor relevancia con que se
contó para realizar el análisis reconstructivo, así:
(…)
• Complemento del informe pericial de toxicología con resultados ‘-para drogas’.
Concentración 192 mg% de etanol en sangre de la víctima Alfredo Velásquez F (…).

Hallazgos:

Registros del dato del vehículo 1.

Nombre del conductor: Wilson Miguel Macareno Ortiz
(…)
Clase: Bus
Servicio: Oficial.

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Lugar del impacto: la Sección ‘LUGAR DEL IMPACTO’ dentro del ítem 9 del croquis
(del informe de policía de tránsito), indican ovalo (sic) pequeño a mano alzada la
zona fronto-lateral izquierda del bus (No. 1), como aquella zona de contacto con la
moto.

(…)
Registro de vehículo 2

Nombre del conductor: Alfredo Velásquez Ferreira
Edad: 25 años
Información médico forense del conductor: De acuerdo con la inspección técnica de
cadáver y el informe de necropsia a nombre de la víctima mencionada, se
presentaron las siguientes lesiones fatales así:

Politraumatismo representado en heridas de bordes irregulares en renglón frontal y
cuero cabelludo, hematoma galeal generalizado, heridas bordes irregulares en
región facial de hemicara izquierda, fractura conminuta hueso maxial inferior,
desgarro del piso de la boca.

Lugar del impacto: La sección “LUGAR DE IMPACTO” en el ítem 9 CROQUIS, del
informe policial del accidente de tránsito, no indican explícitamente alguna zona en
la silueta de la motocicleta (vehículo No. 2) como posible zona de impacto. Ver figura
#3, pero la ubicación en el plano coronal (frontal) de las lesiones de las víctimas
mortales y de la trayectoria que seguía la motocicleta (sentido contrario al bus)
permiten inferir razonablemente que la zona de impacto en la moto tiende a ubicarse
en su parte fronto-lateral izquierda de velocípado.
(…)
Hipótesis 1: 116 Exceso de velocidad. Conducir a velocidad mayor de la permitida,
según el servicio y sitio del accidente.
Hipótesis 2: 127 Transitar en contravía. Ocupar el carril de sentido contrario, cuando
no se está sobrepasando otro vehículo.
(…)
Por las lesiones traumáticas severas (trauma cráneo-facial y de huesos largos de
miembros inferior y superior izquierdo) lo anterior permite inferir que la biomecánica
del motociclista fue severa, esto en razón de los traumas recibidos en su humanidad
(…). Lo anterior permite inferir razonablemente que los hoy occisos ocupantes de la
moto, no se arrastraron significativamente en su movimiento relativo pos impacto
sobre la superficie es decir lo anterior es indiciario de que muy probablemente cerca
o alrededor de ellos se ubica la zona de impacto sobre la calzada. (…)

Conforme lo anterior, de acuerdo a la disposición de los cuerpos se concluye que el
lugar del impacto de los motociclistas con el autobús fue el carril derecho por donde
se desplazaban las víctimas. Resultado que deja en evidencia del carril contrario –
el izquierdo– por parte del vehículo de la POLICÍA NACIONAL que se desplazaba
en el sentido ‘Piedecuesta – Los Curos’ sobrepasando la demarcación doble de la
vía, en virtud de la cual, no puede en los lugares que exista línea separadora central
adelantarse maniobras ni siquiera de adelantamiento.

67. Así, luego de la valoración del material probatorio antes mencionado, el juez
de segunda instancia llegó a las siguientes conclusiones:

68. De acuerdo con el informe del accidente, las causas probables del accidente
fueron el hecho de que la motocicleta transitara en contravía y con exceso de
velocidad. Sin embargo, el fallador de segundo grado advirtió que en este medio

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documental no se indicó el fundamento de dichas hipótesis. Amén de que el autobús
fue movido para el momento en que llegó la autoridad pública. Por esto, no se pudo
establecer el lugar exacto en el que se encontraba el vehículo oficial al momento
del accidente. En consonancia con estas premisas, la autoridad judicial accionada
consideró que esta prueba no contaba con los elementos básicos que le permitieran
concluir con un grado mínimo de certeza sobre las hipótesis del accidente que
refirió.
69. De otra parte, a partir del análisis del dictamen físico forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la autoridad judicial accionada
encontró que:

(i) El impacto de la motocicleta con el autobús fue por el lado izquierdo de este
último.

(ii) El sitio del accidente era una curva de una vía de una sola calzada pero de
2 carriles y de regular iluminación.

(iii) Las heridas del motociclista fueron en su cabeza y cara, a partir de lo cual
era razonable concluir que el conductor de la motocicleta, desatendió las
normas de tránsito respecto a esta clase de vehículos establecidas en el
artículo 94 del Código de Tránsito respecto de la obligación de portar cascos.

(iv) Se mencionó que el complemento del “protocolo de necropsia” arrojó los
siguientes resultados: el conductor de la motocicleta para el momento del
accidente, tenía una concentración de 192 mg% de etanol en la sangre. Por
esto, la autoridad judicial accionada consideró que este suceso alteró las
capacidades para conducir la motocicleta.

70. También, la autoridad judicial accionada encontró de la valoración de aquel
dictamen proveniente de Medicina Legal, que la causa probable de los hechos fue
la supuesta invasión del bus al carril donde transitaba la motocicleta. Sin embargo,
resaltó que en dicho medio probatorio únicamente tuvo en cuenta la posición de las
víctimas sobre el carril de la motocicleta. Pero, no analizó el alto grado de
embriaguez del conductor de la moto. Tampoco refutó las causas referidas en el
informe de tránsito alusivas a transitar en contravía y en exceso de velocidad por
parte de la motocicleta. Por esto, considero que las hipótesis planteadas en este
medio de convicción no eran concluyentes ni indicativas de la responsabilidad
deprecada a los demandados.

71. Por lo anterior, la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación,
encontró que existían 2 hipótesis disímiles sobre las mismas circunstancias en que
ocurrieron los hechos. Estos supuestos se exponen en el siguiente gráfico
elaborado para un mejor entendimiento:

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Hipótesis 1 – derivada del informe del Hipótesis 2 – derivada del dictamen
accidente de tránsito físico forense del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses
La motocicleta transitaba en contravía y El bus de la Policía Nacional invadió el carril
con exceso de velocidad. por el que transitaba la motocicleta.

72. Sin embargo, la autoridad judicial accionada consideró que los anteriores
supuestos que carecían de respaldo probatorio suficiente que permitiera esclarecer
con un grado mínimo de certeza, las circunstancias en las que se produjo el
accidente. Por esto, el fallador concluyó que no se configuró la responsabilidad
patrimonial de la institución demandada por la muerte del conductor de la
motocicleta.
73. Con fundamento en lo anterior, resulta evidente que la Subsección A de la
Sección Tercera de esta Corporación tuvo en cuenta el informe pericial aludido por
la parte accionante. Sin embargo, de su valoración encontró que la víctima conducía
su motocicleta en estado de embriaguez y sin el casco de seguridad. Esto, no le
permitió tener la certeza de que el daño fuera atribuible a la entidad demandada.

74. Ahora, es relevante señalar que la autoridad judicial accionada valoró en
conjunto el dictamen físico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses con el resto del material probatorio, en concreto, con el informe
de tránsito. Pero como se resaltó anteriormente, al realizar un contraste de aquellos
documentos, no se podía establecer la causa eficiente del accidente de tránsito.
Esto, en atención a las contradicciones entre el uno y el otro.

75. Así, en este punto es importante resaltar, que la autoridad judicial accionada
sí valoró el dictamen físico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses aludido por el accionante. Sin embargo, no encontró que las
hipótesis allí mencionadas tuvieran un respaldo probatorio adicional que le
permitiera contrarrestar los supuestos establecidos en el informe de tránsito. Por
esto, consideró que no existía certeza suficiente de que el daño antijurídico fuera
atribuible a la entidad demandada.

76. Además de lo anterior, es preciso mencionar que la valoración de los medios
probatorios realizada por la autoridad judicial accionada, se acompasa con los
lineamientos establecidos por la Sección Tercera como Sala Especializada para
establecer la responsabilidad del Estado derivado de la concurrencia de actividades
riesgosas como lo es la conducción de automotores17.

17
“En cada caso concreto, el juez debe apreciar en el plano objeto cuál de las dos actividades
peligrosas fue la que concretó el riesgo creado y, por lo tanto, debe asumir los perjuicios que se
derivan del daño antijurídico. En ese orden de ideas, le corresponde al operador judicial determinar
cuál de los dos o más riesgos concurrentes fue el que se concreto y en consecuencia desencadenó
el daño. En otros términos, el régimen fundamento o titulo de imputación de riesgo excepcional,
cuando existe colisión o simultaneidad de actividades peligrosas se configura y delimita a partir de
un estudio de riesgo creado en sede de la imputación fáctica que supone un examen objetivo,
desprovisto de cualquier relevancia subjetiva (dolo o culpa) dirigido a identificar la circunstancia
material que originó la concreción de peligro”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Rad.

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77. Así, la Sala considera que el fallador de segundo grado efectuó un estudio
razonable de la prueba aducida y recaudada en el proceso de reparación directa. Sin
embargo, aquella no le ofreció suficiente certeza para establecer que el daño sufrido
por el señor Alfredo Velásquez Ferreira era atribuible a la Policía Nacional. Por tanto,
no resultaba procedente endilgarle responsabilidad patrimonial a esta entidad. Esto,
al no haberse cumplido por la parte accionante la carga probatoria que le asistía18.
Esta circunstancia trae como consecuencia que las súplicas incoadas no puedan
ser acogidas, como en este caso acontece.

78. En conclusión, la Sala encuentra que la valoración de los medios de
convicción realizada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación
no resulta arbitraria ni irrazonable, pues fue producto de un análisis probatorio que
fue realizado dentro de las reglas de la sana crítica y en ejercicio de los principios
de autonomía e independencia judicial. Distinto es que los accionantes pretenden
un examen de las pruebas que a su juicio, es el que debe darse. Sin embargo, aquel
no puede avalarse por el juez constitucional, no solo porque no es de su
competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el defecto fáctico está
estructurado en específicas causales referenciadas por la Corte Constitucional y en
ninguno de los previstos allí se encuentra la posibilidad de estudiar la prueba bajo
consideraciones propias del juez de tutela19.

79. En consecuencia, la Sala negará el amparo, en tanto que la Subsección A de
la Sección Tercera de esta Corporación no incurrió en el defecto fáctico y por ello,
no se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
dignidad humana solicitado por las señoras Liliana Rueda Ramírez en su nombre y
en el de sus hijos menores de edad, Lucila Ferreira Gualdrón, Leidy Viviana Ferreira

05001-23-31-000-1996-00722-01 (31364). Subsección A. Sentencia del 19 de julio de 2018. Rad.
68001-23-31-000-2008-00593-01(41920).
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de mayo de 2011. Rad.
05001232600019940237601: “Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de
juicio, que le indica a las partes, la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de
sustento a las pretensiones o a la defensa, resulten probados; en este sentido, en relación con los
intereses de la demandante, debe anotarse que quien presenta el libelo demandatorio sabe de
antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, conoce
de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los
derechos que solicita sean reconocidos”.
19
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2022. Rad. 11001031500020220317500

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05154-00

Gualdrón y Lucy Marcela Amaya Ferreira, junto con los señores Alfonso Velásquez
Ferreira y Jhon Fredy Velásquez Ferreira

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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