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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05163-01

Fecha
12 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05163-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de octubre de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. 15 Radicación número: 110010315000202205163 01 Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Referencia: Acción de tutela (impugnación) SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05163-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

12 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202205163 01

Accionante: NINFA RAQUEL MANOTAS SALAZAR

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
inexistencia de carga argumentativa / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se
configura en este caso / TERCERA INSTANCIA – La parte demandante pretende reabrir
el debate del proceso de reparación directa por no estar de acuerdo con lo decidido por el
juez natural.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la tutelante contra
la sentencia de 20 de octubre de 2022, mediante la cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Ministerio de Educación y el Departamento del Atlántico y declaró improcedente el
amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

La señora Ninfa Raquel Manotas Salazar, a nombre propio, instauró demanda de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado 3º Administrativo
de Barranquilla, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso1. La tutelante elevó las siguientes pretensiones (trascripción literal con
posibles errores incluidos):

1
Registrada en línea el 26 de septiembre de 2022.

1

Radicación número: 110010315000202205163 01
Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

DECLARAR, que la sentencia del EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA DE DECISIÓN ORAL “A”
integrada por los Magistrados. JUDITH ROMERO IBARRA, CRISTÓBAL
CHRISTIANSEN MARTELO, LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO, violó
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

ORDENAR, la revisión de la sentencia proferida por EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA DE
DECISIÓN ORAL “A” integrada por los Magistrados. JUDITH ROMERO
IBARRA, CRISTÓBAL CHRISTIANSEN MARTELO, LUIS CARLOS
MARTELO MALDONADO, el día Diez (10) de diciembre de 2021, a fin de que
se garantice el debido proceso y el acceso a la Justicia.

DECRETAR, AL EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BARRANQUILLA SALA DE DECISIÓN ORAL “A” integrada por los
Magistrados. JUDITH ROMERO IBARRA, CRISTÓBAL CHRISTIANSEN
MARTELO, LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO, que me reconozcan el
derecho que tengo.

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora Ninfa Raquel
Manotas Salazar demandó a la Nación – Fiscalía General de la Nación –
departamento del Atlántico – Ministerio de Educación Nacional – municipio de
Sabanalarga, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables
“por los daños antijurídicos causados al buen nombre y a la honra de la señora
Ninfa Raquel Manotas Salazar, por haber instaurado contra esta una denuncia
penal por presuntos delitos contra la fe pública, de los cuales fue absuelta”.

Mediante sentencia de 25 de junio de 2020, el Juzgado 3º Administrativo de
Barranquilla negó las pretensiones de la demanda.

La parte demandante apeló la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del
Atlántico, el que, por fallo de 10 de diciembre de 2021 –notificado el 28 de marzo
de 2022–, confirmó la sentencia de primera instancia.

3. Fundamentos de la demanda

La tutelante señaló que el tribunal accionado incurrió “en errores en la valoración
de las pruebas, al no tener en cuenta, los pronunciamientos de la Fiscalía y que es
clara la existencia de una denuncia y mi inocencia y por lo cual no estaría obligada

2

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Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

a cargar con cargas de errores del Estado lo que rompe de manera clara lo
consagrado en el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia”.

A su vez, adujo “en el presente caso se ha violado el derecho al debido proceso
pues se pone en entre dicho la correcta aplicación de los artículos los 40, 90 de la
Constitución Política; artículo 16 de la Ley 446 de 1998; artículo 140 del CPACA,
en el momento en que el Juez se separó de manera abierta y grosera del texto de
la norma”.

La tutelante citó las referidas normas y un extracto de la sentencia dictada el 1º de
febrero de 2012 por el Consejo de Estado (radicación 730012331000199900539
01), en la que se definió el daño antijurídico.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia de 29 de septiembre de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las
autoridades judiciales accionadas y vinculó, como terceros con interés, a la
Fiscalía General de la Nación, al departamento del Atlántico, al Ministerio de
Educación Nacional y al municipio de Sabanalarga, los que se pronunciaron en los
siguientes términos:

4.1.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que esa corporación valoró
las pruebas allegadas al proceso, bajo la luz de la sana crítica y que la solución
del caso fue coherente con la aplicación de las normas y la jurisprudencia de las
altas cortes.

Dijo que otra cosa es que no se encontraba probada la antijuricidad del daño,
porque se consideró que la investigación adelantada contra la tutelante “surgió por
serios indicios de responsabilidad penal y es claro para la Sala que ante la
denuncia presentada en su contra la Fiscalía tuvo que adelantar la respectiva
investigación para esclarecer los hechos y encontrar la verdad, por lo que en virtud
de ello, profirió las resoluciones pertinentes en la que finalmente culminó con la
resolución de absolución a favor de la demandante”.

Concluyó que no se vulneraron los derechos fundamentales de la tutelante, habida
3

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Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

cuenta de que “la motivación de la providencia objeto de controversia fue clara y
ceñida a los lineamientos jurisprudenciales y normativos con la debida valoración
de los medios de pruebas arrimados al proceso”.

4.1.2. El Juzgado 3º Administrativo de Barranquilla sostuvo que el amparo
reclamado es improcedente, porque lo que pretende la tutelante es emplear el
mecanismo constitucional como una “instancia adicional de revisión de las
decisiones adoptadas por los jueces ordinarios”.

4.1.3. El departamento del Atlántico dijo que se configura su falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que “ni directa, ni indirectamente ha incidido en la
toma de daciones judiciales que se han proferido en las diferentes instancia que
han dirimido las pretensiones de la accionante, máxime que se trata de decisiones
judiciales que nacen de la autonomía de los jueces, basada eso si en los hechos y
material probatorio que obre en cada actuación”.

De otra parte, indicó que la tutela de la referencia es improcedente, porque no se
han vulnerado los derechos fundamentales de la tutelante y, además, porque
contra la decisión cuestionada procedía el recurso extraordinario de revisión,
previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011.

4.1.4. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se le desvinculara de la
presente actuación, tras considerar que “no es el responsable de la conducta cuya
omisión genera la vulneración alegada, en consecuencia no tiene competencia
para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la presente acción de
tutela, pues los conflictos allegados a esta acción, se circunscriben a las
actuaciones del Despacho Judicial…”.

4.1.5. La Fiscalía General de la Nación afirmó que debe declararse la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia, pues no cumple con el
requisito de la subsidiariedad, dado que, aunque existen otros mecanismos
judiciales idóneos para ventilar la controversia de la acción de tutela –sin
mencionar cuáles–, la tutelante no hizo uso de ellos.

Agregó que la parte accionante tampoco cumplió con la carga de identificar la
afectación de derechos fundamentales ni la de sustentar la existencia de los
4

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Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

requisitos específicos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia
judicial, razón por la cual el juez constitucional no puede entrar a analizar la
decisión cuestionada.

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que “no desbordaron los criterios de
proporcionalidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones, situación
que la luz de la SU 072 de 2018, no incide de manera directa en las decisiones, ya
que el Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo
del Atlántico realizaron una valoración de la prueba bajo los criterios establecidos
en esta sentencia de unificación por lo que este requisito no se cumple”.

Añadió que, si lo que se pretende es la revisión de la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, lo propio era promover el recurso
extraordinario de revisión.

5. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 20 de octubre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado negó las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Educación y el departamento del Atlántico, tras considerar que “como entidades
demandadas en el proceso ordinario, les asiste un interés en las resultas del
proceso”.

De otra parte, se declaró improcedente el amparo solicitado, porque no se cumplió
el requisito de la relevancia constitucional. Puntualmente, se expuso (transcripción
de forma literal):

49. No se cumple con la carga argumentativa mínima:

50. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria. Se destaca que este
requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los
derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista especialmente cuando se trata
de una tutela contra una sentencia de una alta corte.

51. En el presente caso, la Sala advierte que la señora Ninfa Raquel Manotas
Salazar mencionó que las providencias atacadas no analizaron en debida

5

Radicación número: 110010315000202205163 01
Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

forma el material probatorio que obraba en el plenario, del cual, en su sentir,
se acreditaba que padeció un daño antijurídico, imputable a las entidades
demandadas.

52. Sin embargo, la Sala aprecia que la actora no explicó cuáles serían esos
elementos de juicio que presuntamente dejaron de analizar los juzgadores de
instancia. Al respecto únicamente mencionó que debía declararse la
responsabilidad de las entidades demandadas según lo establecido en los
artículos 90 de la Constitución Política y 16 de la Ley 446 de 1998. Además,
citó un extracto de una providencia de la Subsección C de la Sección Tercera
de esta Corporación sobre el concepto de daño antijurídico, pero no dio
ninguna explicación al respecto.

53. De esta manera, se evidencia que la actora no presentó argumentos
tendientes a demostrar los motivos por los cuales este asunto debe trascender
las instancias ya agotadas para llegar a la órbita del juez constitucional, pues
no explicó con claridad y de manera suficiente cómo las autoridades judiciales
accionadas vulneraron su derecho al debido proceso.

54. Cabe resaltar que la accionante manifestó que este asunto reviste de
relevancia constitucional, pero únicamente indicó que ello es así por lo
establecido en el artículo 90 constitucional, sin que se haya dado ninguna
razón adicional.

55. En ese orden de ideas, al no existir una argumentación mínima en la que
se pueda apreciar que este caso tiene una trascendencia en el plano
constitucional, la Sala advierte que no se cumple con el requisito general bajo
estudio. En ese orden, se declarará la improcedencia de esta tutela.

6. La impugnación

La tutelante impugnó la anterior decisión, para lo que reiteró que se le vulneró el
derecho al debido proceso, toda vez que en las sentencias cuestionadas no se
efectuó “un estudio de fondo en el proceso y lo que se basaron fue en revisar si el
actuar de la Fiscalía fue en debida forma, cosa que no se estaba refutando dentro
del proceso, debido a que estos realizaron la investigación conforme a denuncia
recibida, es decir, no estudiaron las verdaderas pretensiones del proceso”.

Agregó que lo que se buscaba con el proceso ordinario era “que el Departamento
del Atlántico me integrara a la planta docente del departamento, tal como en su
momento manifestaron si a los investigados penalmente fueran absueltos”.

Indicó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

Dentro del proceso, si se hace una revisión del mismo se encuentran todas las
pruebas las cuales acreditan las anteriores manifestaciones, tales como el
nombramiento, posesión, la solicitud de reincorporación, la resolución de
preclusión de investigación de la Fiscalía, entre otros.

6

Radicación número: 110010315000202205163 01
Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Además, habiendo prelucido la denuncia penal, los actos administrativos
referentes a mi vinculación con el municipio, son plenamente legales, los
cuales me permitieron ejercer como docente en diferentes instituciones del
municipio y dentro del proceso se probaron con certificaciones laborales.

Aunado a todo lo anterior, durante el desarrollo de la investigación penal, en la
que fue suspendida la carga docente y por ende el ejercicio de funciones
docentes, se recibieron pagos por parte del Departamento del Atlántico, como
se muestra con las colillas y la copia de tres cheques con números de series
1244813; 1244885; y, 7987824 fechados 14 de enero; 08 de marzo; y, 04 de
abril de 2004, respectivamente, los cuales se adjuntaron con la demanda, para
que fueren valorados con la sentencia.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se evidencia que lo que hizo el
Departamento del Atlántico fue una suspensión del ejercicio de mis funciones
como docente, hasta tanto se resolviera mi situación penal, que ellos mismos
originaron.

Como consecuencia la suspensión de la carga y del ejercicio que,
desempeñaba en razón al cargo de carrera que ocupaba, lleva implícito el
restablecimiento de mis derechos mínimos laborales, ciertos e indiscutibles.

En virtud de lo cual, resulta concluyente que mi nombramiento se encuentra
incólume y se reitera la finalidad de la demanda era la integración a la planta
docente en la cual desde un principio debió realizarse.

Concluyendo así, que el juez de primera instancia y la H. magistrada del
Tribunal Administrativo del Atlántico, no estudiaron el proceso en debida
forma, así como tampoco valoraron las pruebas aportadas dentro del mismo,
incurriendo en graves falencias, violando así mi debido proceso.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
7

Radicación número: 110010315000202205163 01
Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características3.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son4:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
8

Radicación número: 110010315000202205163 01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese
9

Radicación número: 110010315000202205163 01
Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
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examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado5.

2. Análisis de la Sala

La Subsección considera –como se concluyó en el fallo de primera instancia– que
no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, porque no se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

En ese sentido, ese alto tribunal expuso (trascripción literal):

Por un lado, la relevancia constitucional tiene como finalidad que el juez
constitucional no entre a estudiar cuestiones que carezcan de una clara y
marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos cuya
definición es competencia exclusiva del juez ordinario. De esta manera, se
garantiza ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los
de las demás jurisdicciones’6 y, de contera, se erige en garantía misma de la
independencia de los jueces ordinarios.

Por otra parte, el requisito de la relevancia constitucional busca evitar que, por
medio de la acción de tutela contra providencias judiciales, se discutan
asuntos legales que, por definición, no le compete resolver al juez de tutela,
cuya competencia se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o
vulneraciones de derechos fundamentales. En otras palabras, este requisito
garantiza que la tutela en contra de decisiones judiciales no se convierta en un
escenario para controvertir y ‘discutir asuntos de mera legalidad’7. La Corte ha

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
6
Original de la cita: “Sentencia T-137 de 2017”.
7
Original de la cita: “Sentencias T-173 de 1993 y T-102 de 2006”.
10

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sostenido al unísono que ‘la definición de asuntos meramente legales o
reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro,
no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional’8.

Igualmente, el requisito de relevancia constitucional tiene como objetivo
evitar que este mecanismo se convierta en una instancia o en un recurso
judicial adicional. En este sentido, la Corte ha exigido que ‘teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental’9. Solo así, la
intervención del juez de tutela, por definición excepcional, no se
convierte en una instancia más dentro de los procesos ordinarios10 (se
destaca).

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos11:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y

ii) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este
mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial.

En primer lugar, la Sala advierte que la accionante no cumplió con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que sería razón suficiente para declarar improcedente la demanda de
tutela.

En efecto, revisada la demanda de tutela, se observa que no se edificó ni se
desarrolló una argumentación dirigida a establecer, de un lado, una causal
específica de procedibilidad y, del otro, las razones que sustentan la supuesta
8
Original de la cita: “Sentencia T-335 de 2000”.
9
Original de la cita: “Sentencia T- 102 de 2006”.
10
T–422 de 2018
11
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11

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Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

violación de derechos fundamentales, sino que la parte actora se limitó a afirmar
que se incurrió “en errores en la valoración de las pruebas, al no tener en cuenta,
los pronunciamientos de la Fiscalía y que es clara la existencia de una denuncia y
mi inocencia y por lo cual no estaría obligada a cargar con cargas de errores del
Estado lo que rompe de manera clara lo consagrado en el Artículo 90 de la
Constitución Política de Colombia”, sin tener en cuenta que esta Corporación ha
establecido que “… no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las
decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el
interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de
las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia
constitucional”12.

En línea con lo anterior, se ha sostenido (transcripción de forma literal)::

… que en la demanda de tutela no se puede escuetamente invocar alguna de
las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales para obligar al juez de tutela que revise las decisiones que estiman
contrarias a los derechos fundamentales. Como se sabe, detrás de las
causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional
existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción
de tutela contra las providencias judiciales. Las providencias de los jueces son
decisiones intangibles e inmodificables, que gozan de la presunción de acierto
y legalidad y no son fácilmente anulables por vía de tutela13.

En otras palabras, la tutela no prospera por el simple hecho de que se invoque
alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha identificado
para la prosperidad del amparo. Las causales específicas para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales no pueden abrir la puerta para que
los jueces de tutela revisen de fondo las decisiones de los jueces ordinarios.
La tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional. No puede
convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u
obtiene una decisión contraria a sus intereses, menos aun cuando la
providencia que se cuestiona ha sido proferida por un órgano de cierre, caso
en el cual, se reitera, la propia Corte ha venido sosteniendo que para la
prosperidad de la tutela es necesario que la decisión contenga una anomalía
de tal entidad que riña abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia
que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de derechos
fundamentales14.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P. María
Adriana Marín.
13
Original de la Cita: “Sección Cuarta, sentencia del 29 de 2015, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente no. 2014-00552-01”.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P. María
Adriana Marín, reiterada en fallo de 19 de septiembre de 2019, exp. 110010315000201903701 00.
12

Radicación número: 110010315000202205163 01
Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

En segundo lugar, la Subsección considera que la accionante acudió a la acción
de tutela con el propósito de reabrir, en su integridad, el debate jurídico y
probatorio suscitado en el medio de control de reparación directa promovido contra
la Fiscalía General de la Nación, el departamento del Atlántico, el Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Sabanalarga, por “los daños antijurídicos
causados al buen nombre y a la honra de la señora Ninfa Raquel Manotas
Salazar, por haber instaurado contra esta una denuncia penal por presuntos
delitos contra la fe pública, de los cuales fue absuelta”, cuando lo cierto es que ese
mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una
instancia adicional del proceso ordinario.

Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa que –como se indicó– no se plantea la
configuración de alguno de los defectos que hacen procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales, sino que se alega la vulneración de su derecho al
debido proceso porque se negaron sus pretensiones indemnizatorias.

Es de resaltar que la posible existencia de un daño antijurídico por la “falsa
denuncia penal por los delitos de falsedad ideológica en documento público, uso
de documento público y fraude procesal sin cumplir con las exigencias debidas en
relación al sustento fáctico de la denuncia presentada, que terminó con una
decisión favorable para la demandante” fue analizada y definida en debida forma
por el Juzgado 3º Administrativo de Barranquilla, el que, mediante sentencia de 25
de junio de 2020, luego de revisar las pruebas allegadas al proceso, estableció
que (trascripción literal):

… el daño alegado no tiene el carácter de antijurídico, por haberse derivado
de una actuación de la Administración ajustada a derecho, frente a la cual la
parte actora no puede pretender indemnización de perjuicios, observándose
que de lo estudiado se puede inferir que la causa adecuada del daño al buen
nombre y a la honra sufrido por la actora, proviene es de las decisiones
tomadas por la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso penal,
consistente en la medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual
fue sustituida por prisión domiciliaria, por lo que debió entonces haber
solicitado la reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta
de la libertad; pues en este momento procesal no le es dable a este juzgador
entrar a estudiar lo anterior, pues desbordaría lo pretendido con la demanda, y
por ende vulneraría el principio de congruencia de la sentencia, y afectaría a
su vez el derecho al debido proceso y defensa de la Fiscalía General de la
Nación, al entrar estudiar unos cargos que nunca fueron puesto de presente
en la demanda, y en la cual nunca se centró la controversia.
13

Radicación número: 110010315000202205163 01
Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Así mismo, se tiene que, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la
ahora tutelante, el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de fallo de 10 de
diciembre de 2021, confirmó la anterior decisión, bajo los siguientes argumentos
(trascripción literal):

Como se deduce de la demanda, el daño que se pretende endilgar a las
entidades demandadas se encuentra sustentado en los perjuicios que la parte
actora manifiesta se le causaron con ocasión de la denuncia penal instaurada
en su contra por presuntos delitos contra la fe pública, de los cuales luego fue
absuelta.

Previo al estudio de la imputación del daño es necesario precisar que, para
que haya lugar a imputar responsabilidad al Estado por un daño sufrido por
algún ciudadano, se requiere que dicho daño se encuentre acreditado en el
proceso, para luego proceder analizar si este constituyó un desequilibrio de
las cargas públicas que aquel debía soportar, es decir, si ostenta el carácter
de antijurídico.

Conforme se extrae del acervo probatorio allegado al expediente, en lo que
respecta a la demostración de la ocurrencia de un daño en la forma como lo
señala la demandante, para esta Sala de Decisión se encuentra acreditado en
el proceso, toda vez que, que se estableció que efectivamente se inició una
investigación penal en contra de la actora, con ocasión de la denuncia
efectuada por el Secretario de Educación Departamental del Atlántico.

Ahora bien, en cuanto al si el daño ostenta el carácter de antijurídico, esto es,
en cuanto a si el daño se le puede irrogar a las entidades demandadas,
observa la Sala que, en el sub judice, el ente territorial, presentó denuncia, al
advertir irregularidades en los documentos aportados por parte de los
docentes para su vinculación a la planta de personal del Departamento del
Atlántico.

Se tiene que, conforme lo señala la Ley, constituye deber de los particulares,
denunciar las conductas punibles de la cuales tenga conocimiento de su
comisión; así mismo los servidores públicos, ‘que por cualquier medio conozca
de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio,
iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso
contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad
competente’.

En el caso de marras, se encuentra que, supervisores de la Secretaría de
Educación Departamental, practicaron visita a la Institución Educativa No. 18
de San José de Aguada de Pablo, encontrando que para el año 2003, se
encontraban laborando 21 personas, dentro de las cuales figuraba la
demandante, sin que mediara autorización expresa de la entidad competente,
las cuales no estaban reportadas por el Municipio de Sabanalarga mucho
menos al Ministerio de Educación. En igual sentido indicaron que de la
verificación de los antecedentes, se encontró que los decretos aportados y la
firma del alcalde, pareciera tener alteraciones y que en muchos documentos
aparecen inconsistencias en las rúbricas.

Ahora bien, no obra en el expediente prueba alguna de la antijuridicidad del
daño, en tanto se considera que la investigación penal no sólo se adelantó en
contra de la aquí demandante, sino contra varios, que además esta surgió por
serios indicios de responsabilidad penal y es claro para la Sala que ante la

14

Radicación número: 110010315000202205163 01
Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

denuncia presentada en su contra la Fiscalía tuvo que adelantar la respectiva
investigación para esclarecer los hechos y encontrar la verdad, por lo que en
virtud de ello, profirió las resoluciones pertinentes en la que finalmente culminó
con la resolución de absolución a favor de la demandante. La Sala encuentra
que el proceso penal seguido en contra del demandante fue revestido de
legalidad, toda vez que las decisiones fueron expedidas con observancia de la
Ley y respetando el debido proceso.

En este sentido, no se puede inferir que la vinculación de la demandante en la
investigación adelantada por la Fiscalía haya sido indebida, como quiera que
en su momento existían pruebas e indicios que comprometían su
responsabilidad. Por tanto, como bien lo sostuvo el a quo, el daño alegado no
tiene el carácter de antijurídico, por haberse derivado de una actuación del
Departamento del Atlántico, a través de la denuncia presentada, que se
encuentra ajustada a derecho, frente a la cual la parte actora no puede
pretender indemnización de perjuicios.

Acorde con lo expuesto, al no tener el carácter de antijurídico el daño irrogado
a las demandadas la respuesta al interrogante jurídico planteado es un NO, no
se debe declarar en este caso la responsabilidad administrativa de las
entidades demandadas, por cuanto no probó el actor la antijuridicidad del
daño que devenga en un reconocimiento de los presuntos perjuicios morales
causados a la parte actora, con ocasión a la denuncia penal en su contra.

En definitiva, la Sala concluye que, además de no cumplir con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales, tampoco se cumple con el requisito de la relevancia constitucional,
porque el objeto de la demanda es que se realice un nuevo estudio de las
pretensiones de la demanda de reparación directa, lo que desdibuja las finalidades
de esta acción constitucional.

De conformidad con lo anterior, la Subsección confirmará la decisión de primera
instancia, en cuanto declaró la improcedencia del amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de octubre de 2022 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas
en la presente providencia.

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Radicación número: 110010315000202205163 01
Accionante: Ninfa Raquel Manotas Salazar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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