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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05180-00

Fecha
21 de octubre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05180-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación alegada por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el ciudadano ALEX DE JESÚS LÓPEZ CERVERA por falta de legitimación en la causa por activa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 110010315000 2022 05180 00 Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-05180-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2022 05180 00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR SUBSIDIARIEDAD. EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
ELECTORAL DEL QUE SE DERIVA LA ACTUACIÓN CUESTIONADA
ESTÁ EN TRÁMITE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 y su

SECRETARÍA.

1
En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 110010315000 2022 05180 00
Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2 y su SECRETARÍA, por

cuanto esta última no ha entregado a la fecha la constancia de

ejecutoria ni ha comunicado la sentencia de 23 de junio de 2022,

proferida en segunda instancia dentro del medio de control de

nulidad electoral identificado con el número único de radicación

700012333000-2020-00004-03.

I.2.- Hechos

Manifestó que en el año 2020 el señor OMAR DE JESÚS OCHOA

GARCÍA promovió un medio de control de nulidad electoral, con la

2
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Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ

finalidad de discutir la legalidad de la elección del señor ANDRÉS

EDUARDO GÓMEZ MARTÍNEZ como alcalde del MUNICIPIO DE

SINCELEJO para el período 2020-2023.

Comentó que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 700012333000-2020-00004-00 y atribuido para su

conocimiento en primera instancia al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE SUCRE3 que, durante el trámite respectivo,

lo reconoció como coadyuvante y acumuló otras actuaciones que

tenían el mismo objeto.

Informó que mediante sentencia de 4 de noviembre de 2021, el

TRIBUNAL denegó las pretensiones de la demanda, por lo que en

consecuencia varios de los demandantes y coadyuvantes

presentaron el recurso de apelación respectivo ante la SECCIÓN

QUINTA de esta Corporación.

Precisó que la SECCIÓN QUINTA de esta Corporación decidió las

apelaciones aludidas, a través de sentencia de 23 de junio de 2022,

en la que revocó la decisión recurrida, declaró la nulidad electoral

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En adelante el TRIBUNAL.

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Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ

pretendida y ordenó la devolución del expediente al TRIBUNAL, así:

“[…] FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 4 de noviembre de 2021, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

En su lugar, declárase la nulidad de la elección del señor Andrés
Eduardo Gómez Martínez como alcalde del Municipio de Sincelejo
para el período 2020-2023, con efectos ex nunc.

SEGUNDO: Confírmese la providencia apelada en lo demás.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE […]”.

Explicó que el 29 de junio de 2022, el señor ANDRÉS GÓMEZ

MARTÍNEZ solicitó la aclaración del fallo aludido, no obstante, a

través de auto del 19 de julio siguiente, la SECCIÓN QUINTA

denegó dicha petición.

Expuso que el 27 de julio de 2022, el señor ANDRÉS GÓMEZ

MARTÍNEZ solicitó la adición de la sentencia, petición que fue

rechazada por extemporánea, por el consejero sustanciador

mediante auto del 2 de agosto siguiente.

Agregó que el 4 de agosto de 2022, el señor ANDRÉS GÓMEZ

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MARTÍNEZ interpuso recurso de reposición y en subsidio el de

súplica contra la referida decisión.

Explicó que, a través de auto de 18 de agosto de 2022, el consejero

sustanciador confirmó la decisión y concedió el recurso de súplica

ante los demás consejeros integrantes de la SECCIÓN QUINTA.

Comentó que el 27 de agosto de 2022, el señor ANDRÉS GÓMEZ

MARTÍNEZ recusó a los consejeros de la SECCIÓN QUINTA de esta

Corporación, mientras que de forma paralela interpuso la acción de

tutela identificada con el número único de radicación 110010315000

2022 04093 00, con la cual pretende dejar sin efecto la sentencia en

la que se declaró la nulidad de su elección.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que la vulneración de los derechos deprecados deviene

del hecho de que la SECRETARÍA DE LA SECCIÓN QUINTA, a la

fecha no haya entregado “[…] las constancias de ejecutoria de la

sentencia y la comunicación al Gobernador de Sucre para que cumpla

la sentencia judicial […]”, ante lo cual no cuenta con ningún

mecanismo de defensa judicial.

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Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ

Expuso que tampoco se ha notificado la ejecutoria de la sentencia

que concluyó el medio de control de nulidad electoral al TRIBUNAL,

pese a que conforme con el artículo 302 del Código General del

Proceso dicha providencia ya está en firme.

Afirmó que la SECRETARÍA DE LA SECCIÓN QUINTA estima que

la sentencia origen de la controversia no está en firme, lo cual “[…]

pone en riesgo el sistema jurídico colombiano, pues se utilizaría como

estrategia la interposición indefinida de recursos y solicitudes

improcedentes para que la sentencia judicial no adquiera ejecutoria

[…]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…]PRIMERA: Ruego señor juez se tutelen los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, de los cuales soy titular,
Vulnerados por la Secretaría DE LA SECCION QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO.

SEGUNDA: ORDENAR, a la SECRETARIA DE LA SECCION QUINTA
DEL CONSEJO DE ESTADO que de manera INMEDIATA proceda
a notificar al tribunal administrativo de sucre sobre la decisión
de revocar la sentencia que declara nula la elección del señor
Andrés Gómez Martínez como alcalde de Sincelejo y así mismo
oficie al Gobernador para que cumpla la decisión judicial.

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Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ

Las demás decisiones que considere el despacho para la
protección de los derechos invocados o de cualquier otro que el
despacho considere vulnerado.
[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECRETARÍA DE LA SECCIÓN QUINTA manifestó que,

“[…] la sentencia del 23 de junio de 2022 que declaró la nulidad de

la elección del señor Andrés Gómez Martínez no ha quedado

ejecutoriada en razón a que está pendiente de que se resuelva el

recurso de súplica que se concedió en auto del 18 de agosto de 2022

[…]”.

Agregó que, por lo anterior, “[…] en acatamiento del ordenamiento

jurídico no ha expedido constancia de ejecutoria de la sentencia

proferida en razón a que está pendiente que se resuelva el recurso

de súplica formulado y en ese orden, no se ha incurrido en la

vulneración de los derechos fundamentales alegados por el señor

Jhon Jairo Turizo Hernández […]”.

I.5.2.- La SECCIÓN QUINTA de esta Corporación hizo un recuento

de las actuaciones que ha adelantado en el trámite de segunda

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instancia impartido al medio de control de nulidad electoral origen de

la controversia, para concluir que ha obrado de forma diligente y

oportuna.

Precisó que, en todo caso, conforme con el contenido del escrito

introductorio “[…] la presente acción de tutela se dirige únicamente

contra su Secretaría, dependencia que rendirá el informe

correspondiente respecto de sus actuaciones, frente a las cuales, a

la Sala no le es dado pronunciarse [...]”.

I.5.3.- El señor OMAR DE JESÚS OCHOA GARCÍA, vinculado en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

señaló que la vulneración de los derechos deprecados resulta diáfana

frente a la negativa de la Secretaría accionada de certificar la

ejecutoria de la sentencia origen de la controversia.

Expuso que la posición que tiene la SECRETARÍA DE LA SECCIÓN

QUINTA en cuanto a la ejecutoria de la sentencia es errónea, en la

medida que el recurso de súplica debe concederse en efecto

devolutivo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del

artículo 243 del CPACA, según el cual el cumplimiento de la

providencia cuestionada no está suspendido.

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Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ

Manifestó que la SECCIÓN QUINTA debe garantizar el cumplimiento

de sus decisiones judiciales, en particular, si es su Secretaría la que

está impidiendo la materialización de la providencia origen de la

controversia.

Indicó que, en ese orden de ideas, debe accederse al amparo

solicitado para que se comunique al gobernador del Departamento

de Sucre la ejecutoria de la sentencia origen de la controversia.

I.5.4.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,

vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del

proceso, a través de su oficina jurídica, indicó que teniendo en cuenta

las pretensiones de la acción de tutela, no tiene competencia para

pronunciarse frente a las mismas, por lo que en consecuencia solicitó

que se le desvincule del presente trámite por falta de legitimación en

la causa por pasiva.

I.5.5.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, vinculado en calidad

de tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de

apoderado, señaló que en la medida que no está llamado a responder

por las pretensiones del actor, debe declararse su falta de

legitimación en la causa por pasiva.

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I.5.6.- El señor ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ MARTÍNEZ, vinculado

en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

actuando en nombre propio, se opuso a la prosperidad de las

pretensiones del actor, por cuanto, a su juicio, la sentencia origen de

la controversia no se encuentra ejecutoriada como consecuencia del

recurso de súplica que está pendiente de ser resuelto.

I.6.- Solicitud de Coadyuvancia

El señor ALEX DE JESÚS LÓPEZ CERVERA, actuando en nombre

propio e invocando su calidad de residente del MUNICIPIO DE

SINCELEJO, solicitó que se le reconociera como coadyuvante en el

presente asunto y, en tal sentido, se accedieran a las pretensiones

de la acción de tutela.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

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11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos: i) las solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva

presentadas por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; ii) la solicitud de

coadyuvancia presentada por el ciudadano ALEX DE JESÚS LÓPEZ

CERVERA y; iii) un escrito allegado por el actor pronunciándose

frente a la contestación de la Secretaría accionada.

• De las solicitudes de desvinculación presentadas por la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO

NACIONAL ELECTORAL

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

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precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL formularon

peticiones de desvinculación en la presente acción de tutela, por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, actúa como

parte demandada dentro del medio de control de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 700012333000 2020

00004 03, objeto del presente asunto, la Sala concluye que la citada

entidad, en calidad de tercera, le asiste interés en la decisión de la

acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará

la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

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pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

Respecto de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,

la Sala advierte que, si bien fue demandada en el proceso origen de

la controversia, dentro de dicho trámite fue declarada su falta de

legitimación en la causa por pasiva, razón por la que al haber sido

desvinculada en dicho trámite, es claro que no tiene interés directo

en las resultas del presente asunto.

Por lo tanto, se aceptará la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva alegada por dicha entidad, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

• De la solicitud de coadyuvancia elevada por el ciudadano

ALEX DE JESÚS LÓPEZ CERVERA

-

El ciudadano aludido allegó un escrito en el que, en calidad de

residente del MUNICIPIO DE SINCELEJO, solicitó que se le

reconociera como coadyuvante de las pretensiones del actor y, en tal

sentido, se accedieran a las mismas.

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Visto lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si al peticionario

le asiste legitimación en la causa por activa para coadyuvar las

pretensiones de la presente acción de tutela.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia

de 18 de marzo de 20144, precisó la legitimación en la causa por

activa para promover acciones judiciales que pretendan enervar los

efectos de la nulidad de la elección de un candidato, así:

“[…] Legitimación en la causa por activa

Sustenta la titularidad del interés para acudir en ejercicio de la
acción de tutela, en que la actora es una ciudadana que participó
en la elección del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. y en esas
condiciones, en nuestro sistema democrático, representativo y
participativo, sus derechos como elector no se agotan con el
simple ejercicio del derecho al sufragio, sino que ellos se
extienden también al ejercicio del control activo del poder.

Así pues, como lo ha expresado la Corte Constitucional en
asuntos como el presente, la legitimidad para actuar se
demuestra con el ejercicio del derecho al voto. Así lo precisó:

La legitimidad para actuar del accionante en la
búsqueda de su protección al derecho fundamental a
la representación efectiva, podía ser probada tan sólo
demostrando el ejercicio del derecho al voto. Tal
forma de acreditar legitimidad, no es algo extraño o
novedoso dentro de nuestro sistema jurídico, sino que
por el contrario es el mismo criterio utilizado por la ley

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Expediente núm. 2013-02221-01, Actora: Mery Janeth Gutiérrez Cabezas, Magistrado Ponente
ALFONSO VARGAS RINCÓN.

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131 de 1994 “Por la cual se reglamenta el voto
programático y se dictan otras disposiciones”. En ella,
por ejemplo, se estipula que para poder revocar el
mandato de los elegidos por medio del mecanismo del
voto programático, la convocatoria la puede hacer un
porcentaje de los ciudadanos que "haya sufragado en
la jornada electoral que escogió al respectivo
mandatario". Como puede observarse, la ley no llega
al límite de exigir que cada uno de los sufragantes
demuestre que votó por el candidato, pues esto
desbordaría los límites de razonabilidad y
proporcionalidad. Debido a que el voto es secreto,
sería inconstitucional obligar a los ciudadanos a
demostrar que han votado por un determinado
candidato. De igual forma, concluir que de esa
imposibilidad deriva también una indeterminación de
la legitimidad para actuar en defensa del derecho a la
representación efectiva, pone en riesgo la viabilidad
de proteger de algún modo este derecho fundamental.
Por tanto, el camino más razonable consiste en dar
certeza a las afirmaciones del actor con base en el
principio de la buena fe. (Sentencia T-358 de 2002)

Con el fin de establecer si la actora había ejercido el derecho al
sufragio, en la primera instancia se libró oficio a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, entidad que remitió la certificación que
obra a folio 135 del expediente, en la que hace constar que la
cédula de la actora se encontraba habilitada y que ejerció el
derecho al sufragio en las elecciones de autoridades locales del
30 de octubre de 2011, en la ciudad de Bogotá, D.C., Zona 13,
puesto 17, La Magdalena, - Mesa 7.

Se tiene entonces que la actora estaba legitimada en la causa
por activa, para instaurar la presente acción […]”.

El señor ALEX DE JESÚS LÓPEZ CERVERA acude al trámite

constitucional con el objeto de coadyuvar las pretensiones de la

demanda, sustentado en el hecho de ser residente del MUNICIPIO

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DE SINCELEJO, ente territorial frente al cual fue declarada la

nulidad de la elección de su alcalde.

Para la Sala el hecho de que el peticionario resida en el municipio

aludido no lo legitima para coadyuvar la presente acción de tutela,

en la medida que esta está dirigida contra actuaciones adelantadas

dentro de un proceso judicial, frente al cual aquel no demuestra

haberse hecho parte o haber intervenido.

Sobre este aspecto esta Sala5 ha señalado:

“[…]La Sala advierte que los signatarios acuden al trámite
constitucional con el objeto de coadyuvar las pretensiones de la
demanda, aduciendo la importancia de mantener en el cargo al
actor por ser el representante de campesinos y víctimas del
conflicto armado.

Al respecto, para la Sala la participación en el censo electoral no
legitima a los electores para coadyuvar las pretensiones de la
acción de tutela contra la providencia judicial que suspendió
provisionalmente la elección del actor como Representante a la
Cámara, si no se hicieron parte del respectivo proceso
electoral.

Distinto es si se tratara del acto administrativo que declara la
nulidad de la elección del candidato, caso en el cual, como lo ha
indicado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, los
mencionados coadyuvantes se encuentran legitimados para
promover las acciones judiciales que pretendan enervar los

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
septiembre de

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Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ

efectos de dicho acto, precisamente, en atención a la calidad de
participantes del respectivo censo electoral.

Por el contrario, si el disenso se dirige contra la
providencia judicial que resuelve la demanda electoral, es
requisito indispensable que los coadyuvantes hayan
hecho parte del respectivo proceso, para que puedan
alegar la presunta vulneración de sus derechos con
ocasión de las decisiones allí adoptadas.

Así las cosas, encuentra la Sala que los ciudadanos
PRAXEDES OSPINA ORDOÑEZ, MARÍA ALEJANDRA
PATIÑO BELTRÁN y MARÍA ASTRID ROCHA MORENO, no
se han hecho parte dentro del proceso electoral radicado
bajo el núm. 2022-00071-00, para coadyuvar o impugnar
la demanda contra la elección del señor JHON FREDY
NÚÑEZ RAMOS como representante a la Cámara por la
CITREP núm. 5, período 2022-2026, por cuanto no obra
prueba de la vinculación de los peticionarios en el medio
de control de nulidad electoral, razón por la cual se
declarará la falta de legitimación en la causa por activa
para coadyuvar las pretensiones de la tutela, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia […]” (Destacado fuera de texto)

En ese orden de ideas, como el ciudadano ALEX DE JESÚS LÓPEZ

CERVERA no se ha hecho parte dentro del medio de control de

nulidad electoral origen de la controversia, por cuanto no obra prueba

de la vinculación a dicho trámite, se declarará su falta de legitimación

en la causa por activa para coadyuvar las pretensiones de la tutela,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

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Número único de radicación: 110010315000 2022 05180 00
Actor: JHON JAIRO TURIZO HERNÁNDEZ

• De la oposición del actor a la respuesta de la secretaría

accionada

Una vez la SECRETARÍA accionada allegó la respuesta a la acción

de tutela, el actor radicó un escrito en el que se pronunció frente a

esta, por una parte, reiterando sus argumentos bajo los cuales

estima que la sentencia que definió el proceso electoral está en firme

y, por otra, solicitando que de forma subsidiaria se inste a la

SECCIÓN QUINTA para que resuelva el recurso de súplica que está

en trámite, así:

“[…] Petición

Basado en lo que esboza este escrito y las razones
argumentadas en la parte motivada de la presente acción
constitucional, solicito se concedan sus pretensiones.

En caso de ser negada, solicito a esta honorable corporación se
inste a la sección quinta del consejo de estado a resolver la
súplica de manera rápida, y que una vez esto ocurra notifique al
tribunal administrativo de sucre y en ese sentido también, de
manera INMEDIATA se notifique al Gobernador del
departamento de sucre para que cumpla la sentencia […]”.

Al respecto la Sala advierte que no hará pronunciamiento alguno

frente a la nueva pretensión subsidiaria elevada por el actor, dado

que tal aspecto no fue propuesto en el escrito inicial y, aceptar lo

contrario, conllevaría desconocer el derecho de contradicción de la

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parte accionada que no ha tenido la oportunidad de pronunciarse al

respecto.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que sólo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto el actor pretende que se ordene a la

SECRETARÍA DE LA SECCIÓN QUINTA de esta Corporación que

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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expida las constancias de ejecutoria y comunique la sentencia de 23

de junio de 2022, proferida en segunda instancia dentro del medio

de control de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 700012333000 2020 00004 03.

El disenso de la actora radica en que, en su sentir, pese a que la

sentencia aludida está en firme, dicha dependencia se niega a

adelantar las actuaciones requeridas.

La SECRETARÍA DE LA SECCIÓN QUINTA adujo que, en efecto,

no ha adelantado las actuaciones que pretende el actor en razón a

que la sentencia aludida no ha quedado en firme, dado que está en

trámite un recurso de súplica interpuesto contra el auto que rechazó

una solicitud de adición a dicha providencia.

Por su parte, el señor OMAR DE JESÚS OCHOA GARCÍA,

demandante principal en el medio de control origen de la controversia

y vinculado como tercero con interés directo en las resultas del

presente trámite, sostuvo que conforme con las normas procesales

aplicables, el recurso de súplica aludido debe surtirse en el efecto

devolutivo, por lo que tal situación no impide la ejecutoria de la

sentencia.

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En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si el caso cumple con

los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

y, de ser así, establecer si la SECRETARÍA DE LA SECCIÓN

QUINTA vulneró los derechos deprecados, al abstenerse de expedir

la constancia de ejecutoria y comunicar la sentencia de 23 de junio

de 2022 aludida.

La Sala entrará a examinar el cumplimiento del requisito de la

subsidiariedad en la acción de tutela.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se

encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

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tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la presente acción de

7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.

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tutela es improcedente por carencia del requisito de subsidiariedad,

en razón a que el medio de control de nulidad electoral que dio lugar

a las cuestiones procesales que se discuten está en trámite y, en

particular, porque no se advierte que el actor haya puesto en

discusión sus reproches ante el consejero sustanciador del proceso o

ante la Sala respectiva para que sea en esa instancia en donde se

resuelva tal aspecto.

En efecto, está probado que mediante auto de 18 de agosto de 2022,

el consejero sustanciador del proceso de nulidad electoral concedió

un recurso de súplica interpuesto contra la decisión de denegar por

extemporánea una solicitud de adición de la sentencia origen de la

controversia, así:

“[…]5. Del recurso de súplica

El artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo respecto del recurso de súplica
dispone:

[…]

Según se tiene, en el presente caso, la providencia recurrida
rechazó por extemporánea la solicitud de adición de la sentencia
de segunda instancia, por lo que, podría entenderse como
aquella que puso fin al proceso de manera definitiva en los
términos del artículo 2 del artículo 243 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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Además, fue interpuesto en el término de ejecutoria de la
providencia recurrida según se explicó en el acápite respectivo
de esta providencia por lo que reúne los requisitos legales para
su concesión y, en consecuencia, así se proveerá con el fin de
que el resto de los integrantes de la Sala lo conozcan.

[…]

RESUELVE

PRIMERO: No reponer la providencia del 2 de agosto de 2022
a través de la cual se rechazó por extemporánea la solicitud de
adición de la sentencia del 23 de junio de ese mismo año
presentada por la apoderada del señor Andrés Eduardo Gómez
Martínez.

SEGUNDO: Concédese ante el resto de los miembros de la Sala
de Decisión el recurso de súplica presentado por la parte
demandada contra la providencia del 2 de agosto de 2022 en los
términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Requiérase a las partes con el fin de que se
abstengan de presentar peticiones impertinentes, interponer
recursos improcedentes y adelantar maniobras dilatorias dentro
del presente asunto con el fin de evitar el cumplimiento de la
sentencia de segunda instancia, so pena de las consecuencias
consagradas en el artículo 295 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

En ese orden de ideas, en la medida que el proceso de nulidad

electoral está en trámite, los reproches que el actor tenga frente a

las actuaciones de la secretaría accionada deben formularse ante el

consejero sustanciador de dicho medio de control o ante la Sala de

la que hace parte, para que sean dichas autoridades las que adopten

la decisión que corresponda.

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Además, cabe anotar que la discusión que se formula frente a los

efectos en que debió tramitarse el recurso de súplica pudo haberse

formulado por los interesados a través de una solicitud de aclaración

del auto que lo concedió o, en su lugar, a través del recurso de queja,

conforme con el artículo 245 del CPACA que señala:

“[…] ARTÍCULO 245. QUEJA. Este recurso se interpondrá ante
el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare
desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser
procedente.

Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en
un efecto diferente al señalado en la ley y cuando no se
concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación
de jurisprudencia previstos en este código.

Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el
artículo 353 del Código General del Proceso […]”

Finalmente, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia

de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela

de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los

elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de

amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no

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cumplirse el requisito de la subsidiariedad, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación alegada por la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por

el ciudadano ALEX DE JESÚS LÓPEZ CERVERA por falta de

legitimación en la causa por activa, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

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CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por no

cumplirse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede

en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de octubre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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