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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05184-00

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05184-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Luis Fernando Arciniegas Vargas, respecto del cargo relacionado con la no comprobación de la ilicitud sustancial de la conducta reprochada, según lo resuelto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por el señor Luis Fernando Arciniegas Vargas, en lo relativo a los defectos fáctico y sustantivo, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05184-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

27 de octubre de 2022

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Demandante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-05184-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-05184-00
Demandante: LUIS FERNANDO ARCINIEGAS VARGAS
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por el señor Luis Fernando
Arciniegas Vargas en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 21 de septiembre de 2022 en el Sistema de Recepción
de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial1, el señor Luis Fernando
Arciniegas Vargas, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Meta, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al trabajo y al acceso a la
administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica.

Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas con ocasión de las sentencias
del 27 de mayo y 7 de septiembre del 2022, a través de las cuales las autoridades
demandadas lo sancionaron con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo
de juez Primero Penal del Circuito Judicial de Granada, Meta, dentro del proceso
disciplinario adelantado en su contra bajo el radicado 50001-11-02-000-2016-
00842-01.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

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Remitido al Consejo de Estado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
mediante auto del 27 de septiembre de 2022.
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Demandante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-05184-00

“PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales a la DEBIDO PROCESO,
DEFENSA, IGUALDAD, TRABAJO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, y el PRINCIPIO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, y los que su
honorable despacho considere pertinentes, vulnerados u amenazados.

SEGUNDO: ORDENAR LA NULIDAD de las providencias del 27 de mayo de
2022 y del 7 de septiembre de 2022, proferidas por la COMISIÓN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL META y la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA! JUDICIAL, dentro del proceso disciplinario con
radicado N.º 500011102000 2016 00842 01 seguido en mi contra, por incurrir
en un defecto fáctico, y por ser abiertamente contrarias a la Ley Estatutaria y
al ordenamiento disciplinario por no constituir falta alguna de las allí
consignadas, así como consecuencia de la nulidad dejar sin efecto la ordenes
en ellas contenidas, especialmente la SUSPENDERME por el término de un
mes en el ejercicio de mi cargo e inhabilidad especial, como juez penal del
circuito de Granada -Meta-”. (Sic a toda la transcripción)

2. Hechos

Del escrito de tutela y el expediente disciplinario se extraen los siguientes hechos
que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar
dentro del presente asunto.

El señor Luis Fernando Arciniegas Vargas ostenta el cargo de juez Primero Penal
del Circuito Judicial de Granada, Meta.

En el trámite del proceso penal adelantado contra el señor Edilson Emilio Velandia
Garnica, la doctora Nidia Zoraida Rodríguez Valdivieso, abogada de confianza del
entonces imputado, radicó el 22 de enero de 2015 ante el despacho judicial un
memorial en el que indicaba que renunciaba al poder a ella conferido y solicitaba
informar a su defendido de tal situación.

El 27 de enero siguiente, el juez corrió traslado de la renuncia al señor Velandia
Garnica, para lo cual ofició a la Inspección Municipal de Lejanías – Meta para tal
fin; adicionalmente pidió a la Defensoría del Pueblo designar un abogado que
representara los intereses del imputado, pero el 16 de febrero del mismo año se
informó que no era posible realizar dicha designación.

Al no ser posible ubicar al imputado y, en atención a que éste no conocía de la
renuncia presentada por la abogada, el despacho citó a audiencia de formulación
de acusación para el 16 de julio de 2015 y nuevamente requirió al inspector de
Policía de Lejanías – Meta para que ubicara al procesado.

En dicha ocasión tampoco pudo ser ubicado el señor Velandia Garnica, por lo que
ante la imposibilidad de continuar con el proceso, solicitó una vez más a la
Inspección de Policía de Lejanías que tratara de localizarlo para informarle sobre
la renuncia de su defensora, bajo el argumento de que la simple manifestación del
abogado de renunciar al mandato no producía efectos sino se había comunicado

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de esta situación al poderdante, circunstancia que obligaba en este caso a la
señora Nidia Zoraida Rodríguez Valdivieso a continuar con la defensa.

Ante la inasistencia de la abogada a las diligencias programadas por el accionante
como juez instructor del proceso penal, se consideró que había incurrido en
abandono del proceso por lo que ordenó compulsar copias de la actuación para
que se investigara disciplinariamente la conducta de la doctora Rodríguez
Valdivieso.

En audiencia celebrada el 29 de agosto de 2016 en el marco de dicho proceso
disciplinario, se dispuso la compulsa de copias en contra del accionante con el fin
de que se investigara la posible falta disciplinaria en la que hubiera podido incurrir
al no aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada y pretender obligarla
a continuar como defensora del procesado.

El conocimiento del asunto le correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Meta, autoridad que a través de sentencia del 27 de mayo de 2022
sancionó al señor Luis Fernando Arciniegas Vargas, en su condición de juez
Primero Penal del Circuito Judicial de Granada, Meta, con un mes de suspensión
en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo lapso, por violación del
deber establecido en el numeral 15 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, e
incursión en la prohibición estipulada en el numeral 3º del artículo 154 ibidem, a
título de falta grave culposa.

Como sustento de su decisión, consideró que el disciplinado no tramitó la renuncia
presentada por la abogada dentro de los tres días siguientes a su presentación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable por remisión normativa para la época de los hechos.

Destacó que a pesar de que la renuncia fue radicada el 22 de enero de 2015, solo
hasta el 26 de septiembre de 2016 fue aceptada, es decir, más de veinte meses
después de su presentación.

Explicó que durante todo ese período de tiempo en el que se intentó informar de la
renuncia al procesado, el juez investigado continuó teniendo a la señora
Rodríguez Valdivieso como apoderada del imputado con el fin de que asistiera a
las distintas diligencias programadas por el despacho, al punto que ordenó
compulsar copias para que fuera investigada disciplinariamente por un presunto
abandono del cargo ante su inasistencia a las audiencias.

Aseguró que el accionante, de forma arbitraria, se negó a aceptar la renuncia al
poder presentada por la abogada, pretendiendo obligarla a que continuara con la
defensa del procesado, sin tener en cuenta que desde el mismo momento en que
radicó la renuncia al poder también adjuntó copia de la comunicación que le hizo a
su poderdante a través de correo certificado, cumpliendo así la exigencia del
Código de Procedimiento Civil.

Además, explicó que la infracción por la cual se sancionaba al señor Arciniegas
Vargas correspondía a su negligencia en resolver de manera oportuna y bajo los

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términos de ley las solicitudes que le fueran presentadas, pues en este caso se
demoró más de 20 meses en aceptar la renuncia al poder radicada por la señora
Rodríguez Valdivieso, sin que existiera justificación alguna para ello.

Inconforme con esa decisión, el accionante sancionado la apeló insistiendo en que
la abogada nunca le comunicó a su cliente la renuncia al poder y, en cambio, le
trasladó esa obligación al juzgado de conocimiento.

Refirió que hizo todas las actuaciones necesarias para tratar de comunicar tal
situación al imputado e incluso solicitó la designación de un abogado de oficio,
pero eso no fue posible.

Agregó que a través de Oficio 6830 del 8 septiembre de 2015 se le informó a la
abogada Rodríguez Valdivieso que no se aceptaba la renuncia por ser contraria a
sus deberes profesionales, por lo que sí hubo un pronunciamiento en torno a su
solicitud.

Sostuvo que, contrario a lo indicado en primera instancia, la abogada nunca aportó
al proceso penal copia de la comunicación de la renuncia a su poderdante, y que
la constancia de envío tenida en cuenta en el fallo impugnado correspondía al
sobre de manila remitido al juzgado con la renuncia al poder.

Añadió que el número de guía referido por el a quo no reposaba en la
investigación, por lo que si la señora Rodríguez Valdivieso aportó ese documento
en el proceso disciplinario, éste no fue objeto de contradicción ni le fue puesto en
su conocimiento, situación que lesionaba su derecho de defensa.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante fallo del 7 de septiembre de
2022, modificó la decisión impugnada en el sentido de sancionar al señor
Arciniegas Vargas únicamente con suspensión en el cargo por el término de un
mes.

Concretamente, estableció que para la época en la que la abogada radicó la
renuncia al poder, la norma vigente era el artículo 69 del Código de Procedimiento
Civil, disposición que no establecía como requisito para aceptar la renuncia que el
abogado hubiera notificado previamente a su poderdante.

Aclaró que el artículo en mención lo que disponía era que, una vez aceptada la
renuncia al poder mediante auto, éste debía notificarse al poderdante o sustituidor
por telegrama dirigido a la dirección aportada para recibir notificaciones.

Con base en lo anterior, consideró que el disciplinado estableció un requisito
previo inexistente para aceptar la renuncia al poder y solo 20 meses después la
admitió.

Además, señaló que los argumentos dirigidos a demostrar una falsedad en el
documento presentado por la abogada para acreditar la comunicación a su
poderdante, no tenían relevancia alguna para el caso concreto pues más allá de

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que lo hubiera comunicado o no, tal requisito no era exigible para darle trámite a la
renuncia.

Finalmente, determinó que no había lugar a inhabilitar al señor Arciniegas Vargas
pues esta sanción solo era aplicable para faltas graves dolosas o gravísimas
culposas, y la suya se enmarcaba en una falta grave culposa; por lo tanto,
modificó la decisión de primera instancia en el sentido de sancionarlo únicamente
con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes.

3. Sustento de la vulneración

Según la parte actora, las autoridades demandadas desconocieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al trabajo y al
acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica.

En su concepto, las providencias que impusieron la sanción disciplinaria
incurrieron en defecto fáctico porque tuvieron en cuenta una prueba inexistente
como lo era la presunta comunicación que hizo la abogada Rodríguez Valdivieso a
su poderdante.

Alegó que dicho documento nunca fue allegado al proceso penal y, en todo caso,
de haber sido aportado al proceso disciplinario, nunca le fue puesto en su
conocimiento ni fue objeto de contradicción, situación que desconoce su derecho
fundamental al debido proceso y a la defensa.

Adujo que, contrario a lo reseñado en segunda instancia, el Código de
Procedimiento Civil ya no se encontraba vigente para la época en que se radicó la
renuncia al poder, por lo que la norma aplicable en este caso era el artículo 76 del
Código General del Proceso, disposición que sí consagra el deber de adjuntar
prueba de la comunicación al poderdante para poder aceptar la renuncia.

Por tal razón, aseguró que nunca actuó con la intención de atropellar las garantías
de la profesional del derecho, ni mucho menos con el objeto de entorpecer o poner
trabas a la administración de justicia, pues siempre quedó demostrado que lo
único pretendido fue evitar maniobras dilatorias, que el proceso se estancara y
sobre todo garantizar el debido proceso y defensa del procesado, a quien siempre
intentó comunicarle la renuncia de su apoderada y procurarle un abogado de
oficio.

Por último, aseguró que las autoridades demandadas no lograron acreditar la
ilicitud sustancial que exige el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, ya que no se
demostró que la falta endilgada afectara el deber funcional sin justificación alguna,
ni tampoco su tipicidad, antijuricidad y culpabilidad en la comisión de la conducta
reprochada, ya que siempre actuó en cumplimiento de sus funciones como juez de
la República.

4. Trámite de la acción de tutela

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A través de auto del 30 de septiembre de 2022 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La magistrada ponente de la decisión censurada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción por carecer de relevancia constitucional.

Recalcó que en la sentencia de segunda instancia se dejó absolutamente claro
que la valoración de la prueba que el actor alegaba como inexistente resultaba
inútil, pues independientemente de que la abogada hubiera hecho o no la
comunicación a su poderdante, este requisito no era exigible para darle trámite a
la renuncia del poder.

Expresó que durante el proceso penal, el juez hizo una inadecuada interpretación
de las normas aplicables para el trámite de la renuncia del poder, pues el artículo
69 del Código de Procedimiento Civil no exigía aportar la comunicación de la
renuncia al mandante.

Indicó que durante el proceso disciplinario el accionante aceptó la aplicación de
dicha disposición, y solo en la acción de tutela indicó que la norma procedente era
el artículo 76 del Código General del Proceso, circunstancia que denotaba no solo
un error respecto de la vigencia de la norma, sino su intención en revivir un debate
legal que nada tiene que ver con el amparo de sus derechos fundamentales.

Consideró que el argumento relacionado con la ilicitud sustancial de la conducta
no fue planteado en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia,
así que no es posible que solo los traiga a colación en sede constitucional, cuando
no se está ni en la oportunidad ni ante el juez natural para demostrar conclusiones
que ya fueron abordadas por la autoridad disciplinaria.

5.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta

No contestó la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio le
fue notificado electrónicamente a través de Oficio No. 105119 del 4 de octubre de
2022.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo

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2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Meta desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa, a la igualdad, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, así
como el principio de seguridad jurídica, con ocasión de las sentencias del 27 de
mayo y 7 de septiembre del 2022, a través de las cuales las autoridades
demandadas lo sancionaron con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo
de juez Primero Penal del Circuito Judicial de Granada, Meta, dentro del proceso
disciplinario adelantado en su contra bajo el radicado 50001-11-02-000-2016-
00842-01.

Para el efecto, se deberá establecer si la decisión cuestionada incurrió en defecto
fáctico por indebida valoración de las pruebas allegadas al expediente,
específicamente aquella relativa a la comunicación de la renuncia al poder
efectuada por la abogada Nidia Zoraida Rodríguez Valdivieso respecto de su
poderdante.

Así mismo, se deberá determinar si se configuró un defecto sustantivo por la
aplicación irregular del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, en la medida
en que la norma que regulaba el trámite de la aceptación de renuncia de poderes
era el artículo 76 del Código General del Proceso.

Finalmente, se deberá estudiar si la sanción disciplinaria fue impuesta de forma
irregular al no demostrarse la ilicitud sustancial de la conducta reprochada.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)2, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3,
conforme al cual:

!
2
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
!
4
Idem.
5
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia
censurada se dictó en el trámite del proceso disciplinario adelantado en contra del
señor Luis Fernando Arciniegas Vargas en su condición de juez Primero Penal del
Circuito Judicial de Granada, Meta.

De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez6,
toda vez que la última de las decisiones cuestionadas fue dictada el 7 de
septiembre de 2022, mientras que la acción de tutela fue presentada el 21 de
septiembre del presente año, por lo que sin necesidad de precisar la fecha de
ejecutoria de tal providencia, se evidencia un ejercicio oportuno de la solicitud de
amparo.

Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala considera necesario hacer la
siguiente precisión:

El señor Arciniegas Vargas alegó la configuración de ciertas irregularidades en la
sentencia de segunda instancia cuestionada, así: (i) un defecto fáctico por haber
tenido en cuenta una prueba inexistente como lo era la presunta comunicación
que hizo la abogada Rodríguez Valdivieso a su poderdante; (ii) un defecto
sustantivo por indebida aplicación del artículo 69 del Código de Procedimiento
Civil; y (iii) la falta de demostración de la ilicitud sustancial de la conducta
reprochada, como requisito indispensable para la imposición de la sanción
disciplinaria.

Al respecto, la Sala precisa que el argumento relacionado con que no se demostró
la ilicitud sustancial de la conducta endilgada, es un alegato que nunca fue
planteado dentro del proceso disciplinario, ya que en ninguna de las etapas del

!
6
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el
hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo
menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado
del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección
deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido
principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que
subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección
oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad
jurídica.
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trámite judicial ni mucho menos en el recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, se hizo alusión alguna en tal sentido.

En efecto, la impugnación contra la decisión con la cual la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Meta sancionó disciplinariamente al señor Arciniegas
Vargas, estuvo enfocada básicamente a cuestionar que se hubiera tenido como
prueba una presunta comunicación de la abogada Rodríguez Valdivieso a su
poderdante, que nunca fue aportada al proceso penal y de la cual no tenía
conocimiento.

Además, en el recurso se hizo énfasis en que, contrario a lo establecido en
primera instancia, no se había efectuado tal comunicación y que como juez
instructor del proceso, había intentado informar de dicha situación al imputado e
incluso de lograr la designación de un defensor de oficio.

Sin embargo, en ningún momento se planteó como motivo de apelación la
inexistencia de la ilicitud sustancial de la conducta reprochada, en los términos en
los que fue alegada en la solicitud de amparo constitucional.

Así, el argumento según el cual las autoridades no lograron demostrar que la falta
endilgada afectara el deber funcional sin justificación alguna, así como la tipicidad,
antijuricidad y culpabilidad en la comisión de la conducta, constituye una
afirmación que no fue planteada en el trámite del proceso disciplinario y, por lo
tanto, no cumple el requisito de subsidiariedad que debe caracterizar a la acción
de tutela.

En otras palabras, al margen de la razonabilidad de los argumentos planteados
por la parte actora, lo cierto es que el juez constitucional no es competente para
determinar si las providencias censuradas incurrieron en el yerro descrito, ya que
el análisis sobre la prueba de la ilicitud sustancial de la conducta le correspondía
al juez de segunda instancia al resolver el recurso de apelación interpuesto por el
actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución Política
consagró la acción de tutela en los siguientes términos:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.

(…)

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (Se resalta)

De igual manera, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estipuló:

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Demandante: Luis Fernando Arciniegas Vargas
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-05184-00

“La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo
pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”. (Negrilla
fuera de texto)

Así mismo, a través de sentencia T-458 de 2014 la Corte Constitucional refirió
aspectos sobre el principio de subsidiariedad, así:

“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corporación ha señalado que
para que la tutela, que constituye un mecanismo residual y subsidiario,
proceda al ser interpuesta por una persona se debe cumplir con las exigencias
de que el actor (i) no disponga de otro medio de defensa judicial para proteger
de manera inmediata sus derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que
existiendo otro medio de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el
mecanismo no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de
manera que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas, el juez de tutela debe comprobar la existencia de otro
medio de defensa judicial, evaluar las circunstancias que se invoquen en la
acción constitucional (de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991) y verificar si el mecanismo existente puede brindar o no soluciones de
forma clara, definitiva y precisa al demandante, que constituya una protección
similar o análoga a la que el juez constitucional le podría brindar a través del
amparo tutelar.”

De allí se tiene que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y
subsidiario que procede únicamente cuando no existan otros medios de defensa
judicial, razón por la cual no puede ser utilizada como un trámite alternativo para
sustituir los trámites judiciales que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto.

En este caso, tal y como se expuso en líneas precedentes, el argumento
relacionado con la falta de demostración de la ilicitud sustancial de la conducta
reprochada nunca fue planteado por la parte actora en el recurso de apelación
contra la sentencia que lo sancionó disciplinariamente.

Por tal razón, dicho cargo no cumple con el requisito de subsidiariedad, por lo que
la Sala declarará la improcedencia de la acción frente a este específico punto.

En lo que tiene que ver con los presuntos defectos fáctico y sustantivo en que
incurrieron las sentencias cuestionadas, se advierte que la parte actora no cuenta
con medio de impugnación ordinario ni extraordinario que resulte ser el
mecanismo idóneo para controvertirlas, pues la situación descrita no se ajusta a
las causales establecidas en el ordenamiento jurídico para ello.

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Por último, se advierte que el caso objeto de estudio es relevante desde el punto
de vista constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de
tutela se puede colegir que la parte actora pretende poner de presente las
presuntas irregularidades en las que incurrió la autoridad judicial cuestionada, en
tanto involucra la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa, a la igualdad, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, así
como el principio de seguridad jurídica, más allá del debate legal surtido ante el
juez natural de la especialidad.

Superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el
cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la
autonomía judicial7, la protección de derechos de terceros de buena fe, la
seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales8.

5. Estudio de fondo

La parte actora considera que se desconocieron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al trabajo y al acceso a la
administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica, con ocasión
de las sentencias del 27 de mayo y 7 de septiembre del 2022, a través de las
cuales la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Meta lo sancionaron con suspensión de un mes en el
ejercicio del cargo de juez Primero Penal del Circuito Judicial de Granda, Meta,
dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra bajo el radicado 50001-
11-02-000-2016-00842-01.

En concreto, asegura que las decisiones cuestionadas incurrieron en defecto
fáctico por indebida valoración de las pruebas allegadas al expediente,
específicamente aquella relativa a la comunicación de la renuncia al poder
efectuada por la abogada Nidia Zoraida Rodríguez Valdivieso respecto de su
poderdante.

Así mismo, alega la configuración de un defecto sustantivo por la aplicación
irregular del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que la
norma que regulaba el trámite de la aceptación de renuncia de poderes era el
artículo 76 del Código General del Proceso.

Para resolver, se precisa que el análisis del caso se enfocará únicamente respecto
de la sentencia proferida en segunda instancia por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, por ser la que puso fin al proceso disciplinario objeto de
controversia.

Ahora bien, la Sala estudiará individualmente cada uno de los defectos endilgados
para proceder a dar la solución al caso concreto.

!
7
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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5.1. Defecto fáctico

La Corte Constitucional9 ha considerado que el defecto fáctico tiene relación con la
actividad probatoria desplegada por el juez y comprende el decreto, la práctica y la
valoración de las pruebas.

Al respecto esta Sala de Decisión10, en varios pronunciamientos, ha precisado los
alcances y requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia
de un defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se
configura cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce
el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas
obtenidas con violación del debido proceso.

En este caso, el accionante afirmó que se incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, ya que se tuvo en cuenta un documento que no le había
sido puesto en conocimiento y, por ende, no estuvo sometido a contradicción.

Advirtió que, según el fallo disciplinario, en el proceso penal se negó
arbitrariamente a aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada Nidia
Zoraida Rodríguez Valdivieso, a pesar de que la profesional del derecho sí había
aportado la constancia de la comunicación efectuada a su poderdante.

Según el accionante, la abogada nunca aportó documento alguno con el que
acreditara tal comunicación, pues de hecho en el memorial en el que radicó la
renuncia al poder, solicitó que el juzgado informara de dicha situación al imputado.

Señaló que la constancia de envío que fue tenida en cuenta en la providencia
cuestionada correspondía a un sobre de manila que contenía la renuncia al poder,
pero que estaba dirigido a su despacho judicial.

Además, aseguró que el número de guía de correspondencia citado en la
sentencia no reposaba en la investigación, por lo que si la señora Rodríguez
Valdivieso aportó ese documento, éste no fue objeto de contradicción ni puesto en
su conocimiento.

Frente al punto, la Sala no advierte la configuración del defecto fáctico endilgado
por las razones que se exponen a continuación.

Según se tiene, en la sentencia de segunda instancia censurada se estableció
claramente que la decisión de sancionar disciplinariamente al actor no estaba
soportada en la existencia de ese documento.

!
9
Puede revisarse la sentencia SU-379 del 20 de agosto de 2019, ponencia del magistrado
Alejandro Linares Cantillo.
10
Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso No.
11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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En efecto, de la lectura de dicha providencia, es posible establecer que el
accionante fue sancionado porque no aceptó la renuncia de la profesional del
derecho con base en un requisito que no estaba consagrado en la normatividad
vigente para esa época.

Específicamente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló:

“Los argumentos del recurrente se circunscriben en el hecho de no haber
aceptado la renuncia al poder que presentó la abogada Nidia Zoraida
Rodríguez Valdivieso como apoderada del señor Edilson Emilio Velandia
Garnica dentro del proceso penal seguido contra este, por cuanto la referida
profesional del derecho no le comunicó en debida forma a su prohijado de la
renuncia al mandato, trasladándole tal obligación al aquí disciplinado, quien
en aras de notificar al imputado de la renuncia de su apoderada, no aceptó la
renuncia al poder para no dejar el proceso penal abandonado, sumado a que
pese a su insistencia no fue designado un defensor adscrito a la Defensoría
del Pueblo, por lo que a juicio del apelante, su proceder estuvo ajustado a
derecho.

Pues bien, al respecto es necesario señalar que el artículo 69 del Código de
Procedimiento Civil, vigente para la época en que la abogada RODRÍGUEZ
VALDIVIESO radicó la renuncia al poder, y aplicable en materia penal por
remisión normativa del artículo 25 de la Ley 906 de 2004 señalaba:

ARTÍCULO 69. TERMINACIÓN DEL PODER. (…) La renuncia no pone
término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después de notificarse
por estado el auto que la admita, y se haga saber al poderdante o
sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir
notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su
defecto como lo disponen los numerales 1 y 2 del artículo 320 (…).

Lo anterior, permite colegir que la renuncia al poder sólo produce efectos a
los 5 días después de notificarse por estado el auto que la admita, sin
que hasta este momento se establezca como requisito para aceptar la
renuncia que el abogado que renuncie al poder notifique de tal situación
a su prohijado con anterioridad a la aceptación de la renuncia, situación
que en todo caso corresponde al deber ser de un abogado diligente; (que en
gracia de discusión fue verificado por la Sala Disciplinara del Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta cuando investigó a la abogada por la
compulsa que ordenó el disciplinado). No obstante, lo que refería el artículo
69 del Código de Procedimiento Civil es que una vez aceptada la
renuncia del poder mediante auto, este deberá notificársele al
poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección
denunciada para recibir notificaciones personales.

Así las cosas, es claro entonces que en el presente asunto el
disciplinado estableció un requisito previo inexistente para aceptar la
renuncia al poder, pues como se indicó, una vez presentada por la
letrada RODRÍGUEZ VALDIVIESO, el mandato sólo finalizaría
transcurridos 5 días después del auto que admitió la renuncia, y que
este le fuese notificado al poderdante o sustituidor mediante telegrama
dirigido a la dirección reportada para recibir notificaciones personales.

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Sin embargo, en el presente asunto el disciplinado se negó a proferir el
auto admitiendo la renuncia al mandato, el cual sólo vino a proferir 20
meses después de radicada la renuncia al poder, lo que fue reprochado
por la primera instancia, sin que sean de recibo los argumentos
referidos por el disciplinable en su apelación.”

En tal sentido, independientemente de si la abogada finalmente acreditó o no
haber hecho esa comunicación, lo cierto es que la sanción no obedeció a la
comprobación de esa gestión o al análisis de algún documento que así lo
demostrara, sino a la conducta irregular del accionante al exigir un requisito que
no estaba contemplado en la normatividad para aceptar la renuncia al poder.

Así se lo hizo saber la autoridad demandada al indicarle que no eran admisibles
los argumentos relacionados con una vulneración de sus derechos por la
valoración indebida de una prueba que no fue sometida a contradicción:

“Por ello los argumentos dirigidos a probar una falsedad de la abogada en
relación al contenido del sobre que remitió al Juzgado Penal del Circuito de
Granada-Meta, ni quitan ni ponen al curso del proceso disciplinario, pues más
allá de que el referido sobre no contuviese la comunicación a su mandante,
tal requisito no era exigible para darle trámite a la renuncia”.

Por tal razón, no se encuentra demostrada una indebida valoración probatoria en
los términos planteados por el accionante, justamente porque la prueba reseñada
por el señor Arciniegas Vargas no fue tenida en cuenta en segunda instancia para
comprobar la ocurrencia de la falta que dio origen a la sanción disciplinaria.

En otras palabras, no es posible alegar la configuración de un defecto fáctico con
base en la obtención ilegal de una prueba que, en todo caso, no sirvió de
fundamento para la decisión objeto de controversia, situación que obliga a negar el
amparo sobre este particular.

5.2. Defecto sustantivo

Según se tiene, la Corte Constitucional11 ha explicado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al
caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación
que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”12.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

!
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio
12
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa,
T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio
de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
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a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente13 o porque ha sido derogada14, es
inexistente15, inexequible16 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador17.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma18.

c) La disposición aplicada es regresiva19 o contraria a la Constitución20.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición21.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma22 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

En este caso, el actor plantea la configuración del defecto sustantivo por una
presunta aplicación irregular del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, ya
que para la fecha en que se presentó la renuncia al poder esa norma ya no estaba
vigente.

Al respecto, recalcó que la disposición que regulaba el trámite en cuestión era el
artículo 76 del Código General del Proceso, el cual sí consagraba que la renuncia
al poder debía estar acompañada de la comunicación enviada al poderdante en tal
sentido.

Por lo tanto, en criterio del accionante, no actuó de forma irrazonable al exigirle la
prueba de esa gestión a la abogada Rodríguez Valdivieso, hecho que implica que
tampoco haya lugar a la sanción que le fue impuesta.

Sobre el punto, la Sala advierte que efectivamente el artículo 69 del Código de
Procedimiento Civil no establecía como requisito para aceptar la renuncia al poder
el que existiera una comunicación previa por parte del abogado a su poderdante.

!
13
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa
14
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
15
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo
Rentería
16
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
18
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
19
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
20
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
21
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
22
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
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Contrario a ello, la disposición era clara en determinar que la comunicación al
poderdante se debía efectuar por el juez luego de proferido el auto que aceptara la
renuncia al poder por parte del abogado.

La norma en cuestión era del siguiente tenor:

“Artículo 69. Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse
el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o
sustituto, termina aquél o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para
recursos o gestiones determinados dentro del proceso.

(…)

La renuncia no pone término al poder ni a la sustitución, sino cinco días
después de notificarse por estado el auto que la admita, y se haga saber
al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección
denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para este
lugar exista el servicio, y en su defecto como lo disponen los numerales
1. y 2. del artículo 320.

(…)”. (Se resalta)

Por su parte, el artículo 76 del Código General del Proceso sí estableció la
obligación de comunicar al poderdante como requisito previo para aceptar la
renuncia del poder, así:

“Artículo 76. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en
virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el
nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas
dentro del proceso.

(…)

La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de
presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la
comunicación enviada al poderdante en tal sentido.

(…)” (Se resalta)

Así, es evidente que la exigencia de tal requisito está supeditada a la entrada en
vigencia del Código General del Proceso, por lo que resulta importante establecer
la fecha en que dicho estatuto procesal entró en vigor.

Frente a este particular, la sentencia cuestionada afirmó que el Código General del
Proceso no era aplicable al caso concreto, pues este estatuto procesal solo
empezó a regir en el departamento del Meta a partir del 1º de enero de 2016.

Por su parte, el actor alegó en el escrito de tutela que el Código General del
Proceso empezó a regir en todo el territorio nacional desde el 1º de enero de
2014, es decir, más de un año antes de la presentación de la renuncia al poder por

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parte de la abogada Rodríguez Valdivieso, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 6 del artículo 627 ibidem.

Al respecto, se precisa que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura expidió el Acuerdo No. PSAA13-10073 del 27 de diciembre de 2013,
con el fin de reglamentar la implementación gradual de dicho estatuto procesal en
el territorio nacional.

En dicho acto administrativo, se estableció el siguiente cronograma:

FASE DISTRITOS FECHA
I Manizales, Florencia, Montería, San Gil, Junio 3 de 2014
Valledupar y San Andrés
II Armenia, Barranquilla, Arauca, Cali, Cúcuta, Octubre 1 de 2014
Medellín, Pamplona, Santa Rosa de Viterbo y
Tunja
III Antioquia, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Diciembre 1 de 2015
Cartagena, Cundinamarca, Ibagué, Mocoa,
Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó,
Riohacha, Santa Marta, Sincelejo,
Villavicencio y Yopal.

Lo anterior permite establecer que, por lo menos para el distrito judicial de
Villavicencio en el que se encuentra el juzgado que preside el accionante,
inicialmente el Código General del Proceso no entraría a regir sino a partir del 1º
de diciembre de 2015, por lo que las actuaciones anteriores a esa fecha seguirían
tramitándose bajo lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.

No obstante, dicho cronograma fue suspendido a través del Acuerdo No. PSAA14-
10155 del 28 de mayo de 2014, hasta tanto el Gobierno Nacional apropiara los
recursos indispensables para su entrada en vigencia.

Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo No.
PSAA15-10392 del 1º de octubre de 2015, en el que estableció que el Código
General del Proceso entraba íntegramente en vigencia en todos los distritos
judiciales del país a partir del 1º de enero de 2016.

En el caso objeto de controversia, la renuncia al poder fue presentada por la
señora Rodríguez Valdivieso el 22 de enero de 2015, razón suficiente para
concluir que la norma que debía tener en cuenta el juez para dar trámite al
memorial de la profesional del derecho era el Código de Procedimiento Civil.

En ese sentido, no existe irregularidad alguna por parte de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial al establecer que el actor exigió un requisito que no se
encontraba vigente para la época de los hechos, incurriendo así en la falta por la
cual fue finalmente sancionado.

Sobre este aspecto, la providencia cuestionada apuntó:
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“Nótese que, para el encartado el criterio es que la renuncia no era
susceptible de ser aceptada si no se acompañaba de la comunicación
enviada al poderdante, conclusión muy disímil de la norma vigente, que
establecía que al mandante se le debe comunicar la renuncia después de ser
aceptada por el despacho competente.

Luego por haber aplicado una norma que no estaba en vigencia, es que el
disciplinado creyó poder mantener obligada a la defensora de confianza atada
a la actuación procesal, pues exigió que al poderdante se le hubiese enterado
de la renuncia para darle trámite a la solicitud, requisito que se itera, en
vigencia del Código de Procedimiento Civil no era exigible para darle trámite
al pedimento, luego lo oportuno y lícito era que el juez hubiese aceptado la
renuncia para que la interesada le comunicara a su poderdante la novedad en
relación con la defensa ejercida al interior de la litis penal”.

Además, de la revisión del expediente la Sala advierte que en el auto del 26 de
septiembre de 2016, con el cual el juez finalmente aceptó la renuncia al poder, se
hizo énfasis en que el mandato fenecía en los términos del artículo 69 del Código
de Procedimiento Civil, razón por la cual no es admisible que el actor, a través de
la acción de tutela, pretenda plantear que esa norma no estaba vigente cuando él
mismo la usó como fundamento de su decisión.

Así las cosas, tampoco se encuentra acreditado el defecto sustantivo alegado por
el tutelante, comoquiera que la aplicación de las normas del Código de
Procedimiento Civil por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue
razonable y debidamente justificada.

Por tal razón, debido a que no se demostró la ocurrencia de ninguno de los yerros
invocados por la parte actora, la Sala denegará el amparo solicitado al no advertir
la vulneración de los derechos fundamentales del señor Arciniegas Vargas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Luis Fernando Arciniegas Vargas, respecto del cargo relacionado con la no
comprobación de la ilicitud sustancial de la conducta reprochada, según lo resuelto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por el señor Luis
Fernando Arciniegas Vargas, en lo relativo a los defectos fáctico y sustantivo, de
acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”!

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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