Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05184-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05184-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05184-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2022 05184 01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS FERNANDO ARCINIEGAS VARGAS
TESIS: SE ADICIONA EL NUMERAL PRIMERO DE LA SENTENCIA IMPUGNADA Y
SE CONFIRMA EN LO DEMÁS. LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES UN MECANISMO
PARA PONER EN DISCUSIÓN ASPECTOS QUE PUDIERON VENTILARSE EN EL
PROCESO ORDINARIO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA EFECTUÓ UN
ANÁLISIS RAZONABLE AL ARTÍCULO 69 DEL CPC EN RELACIÓN CON EL
TRÁMITE DE LA RENUNCIA DE PODERES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA, A LA
IGUALDAD, AL TRABAJO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 27 de octubre de 2022, mediante la cual la SECCIÓN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 resolvió la acción de tutela
de la referencia.
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En adelante SECCIÓN QUINTA.
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Número único de radicación: 110010315000 2022 05184 01
Actor: LUIS FERNANDO ARCINIEGAS VARGAS
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor LUIS FERNANDO ARCINIEGAS VARGAS, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad, al trabajo, al acceso a la administración de justicia y el
principio a la seguridad jurídica, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DEL META2 y la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL3, al proferir las sentencias de 27 de mayo
y 7 de septiembre de 2022, respectivamente, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación
500011102000-2016-00842-01.
I.2.- Hechos
Comentó que en su calidad de JUEZ PRIMERO PENAL DEL
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En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
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En adelante la COMISIÓN NACIONAL.
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Actor: LUIS FERNANDO ARCINIEGAS VARGAS
CIRCUITO JUDICIAL DE GRANADA META, tuvo bajo su
conocimiento un proceso seguido contra el señor EDILSÓN EMILIO
VELANDIA GARNICA quien estaba representado por la abogada
NIDIA ZORAYDA RODRÍGUEZ VALDIVIESO4.
Explicó que el 22 de enero 2015, la abogada radicó ante su Despacho
un memorial en el que renunciaba al poder que le había sido
conferido por el señor EDILSÓN EMILIO VELANDIA GARNICA, en
el que además solicitó que se le informara a su defendido de tal
situación.
Indicó que el 27 de enero de 2015, corrió traslado de la renuncia al
señor EDILSÓN EMILIO VELANDIA GARNICA, para lo cual ofició
a la Inspección Municipal de Lejanías - Meta, no obstante, aquel no
pudo ser ubicado.
Precisó que, de igual forma, pidió a la Defensoría del Pueblo designar
un abogado que representara los intereses del procesado, no
obstante, el 16 de febrero siguiente dicha entidad informó que no era
posible realizar la designación.
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En adelante la abogada.
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Aseguró que, en la medida que no era posible ubicar al procesado y
que este no conocía de la renuncia de su abogada, por lo que esta
debía continuar con la defensa, citó a audiencia de formulación de
acusación para el 16 de julio de 2015.
Manifestó que el día de la diligencia programada la abogada NIDIA
ZORAYDA RODRÍGUEZ VALDIVIESO no asistió, razón por la cual
ordenó que se compulsaran copias para que se investigara
disciplinariamente su conducta, por abandono del proceso.
Adujo que, con ocasión a la actuación aludida, el 29 de agosto de
2016 fue celebrada una audiencia por la entonces Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta que
dispuso compulsar copias en su contra, por presuntamente haber
incurrido en hechos arbitrarios contra la abogada.
Sostuvo que lo anterior dio lugar a la apertura del proceso
disciplinario identificado con el número de radicación 500011102000
2016 00842 01, el cual fue atribuido para su trámite en primera
instancia a la COMISIÓN SECCIONAL que, mediante sentencia de
27 de mayo de 2022, lo encontró responsable por violación al deber
establecido en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 7
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marzo de 19965, e incursión en la prohibición estipulada en el
numeral 3 del artículo 154 ibidem, a título de falta grave culposa y,
en consecuencia, le impuso como sanción un mes de suspensión en
el ejercicio del cargo.
Explicó que interpuso el recurso de apelación respectivo ante la
COMISIÓN NACIONAL describiendo cada una de las actuaciones
que adelantó, no solo para tratar de localizar al procesado, sino
también para que se le asignara un defensor público, además que la
renuncia al poder no producía efecto sino 5 días después de haberse
presentado el memorial al juzgado, acompañado de la comunicación
enviada al poderdante en tal sentido.
Anotó que, mediante sentencia de 7 de septiembre de 2022, la
COMISIÓN NACIONAL modificó la sentencia de primera instancia,
manteniendo incólume la sanción impuesta en su contra, pero
graduando la conducta como grave culposa, por infringir el contenido
del artículo 153 numeral 15 de la Ley 270 de 1996.
Apuntó que la decisión aludida obedeció a que, en criterio de la
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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COMISIÓN NACIONAL, existió un retardo injustificado en la
aceptación de la renuncia presentada por la abogada que se prolongó
durante más de 20 meses, porque dicha dimisión debió tramitarse
conforme con el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil -CPC6,
sin que fuera procedente exigir la comunicación previa al procesado.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que, al proferir las providencias cuestionadas, las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en el defecto fáctico, porque
desconocieron que en el memorial de renuncia del poder la abogada
descargó en el juzgado del que es titular, la obligación de comunicar
la situación a su defendido, cuando esa actuación era responsabilidad
de aquella, conforme con el inciso 4° del artículo 76 del Código
General del Proceso -CGP7, vigente para la época de los hechos.
Explicó que su intensión nunca fue atropellar los derechos y garantías
fundamentales de la profesional en derecho, menos aún, entorpecer
o poner trabas a la diligente administración de justicia, pues siempre
quedó demostrado que lo único que pretendía fue evitar maniobras
6
En adelante CPC.
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En adelante CGP.
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dilatorias y, en particular, garantizar ante todo el debido proceso y
defensa del procesado.
Argumentó que en el recurso de apelación que presentó frente a la
sentencia proferida en primera instancia del proceso disciplinario,
mostró su inconformidad frente a la decisión de la COMISIÓN
SECCIONAL que afirmó que, al momento de presentar el memorial
de renuncia del poder, la abogada había adjuntado la comunicación
enviada al correo de su mandante.
Sostuvo que dicha afirmación carecía de veracidad, porque nunca le
fue presentada dicha comunicación, así como tampoco fue allegada
al proceso disciplinario, sin que, en todo caso, en momento alguno
se le hubiese corrido traslado de la prueba respectiva.
Comentó que, en su sentir, “[…] las accionadas en sus decisiones no
lograron acreditar la ilicitud sustancial, que exige el artículo 5º de la
Ley 734 de 2002, pues no se demostró que la presunta falta que
fuera endilgada afectara el deber funcional sin justificación alguna,
menos aún, que fuera demostrada la tipicidad, la antijuricidad y la
culpabilidad en la comisión de la falta […]”.
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Expuso que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en
cuenta que durante su trayectoria laboral siempre ha actuado con
apego a su deber funcional, para basar “[…] sus decisiones en indicios
y conjeturas, y más aún, incurriendo en un defecto fáctico por la
irregular valoración probatoria […]”.
Indicó que para el 27 de mayo de 2022, fecha en la que se profirió
la sentencia de primera instancia en el proceso origen de la
controversia, la acción disciplinaria había prescrito conforme con los
artículos 30 de la Ley 734 de 5 de febrero 20028 y 33 de la Ley 1952
de 28 de enero 2019, porque desde la comisión de la presunta
conducta ya habían transcurrido más de 5 años.
Precisó que la presente acción de tutela es procedente para evitar un
perjuicio irremediable derivado del hecho de que se le privaría de un
mes de salario, del que además dependen su “anciana madre” y
“esposa paciente de cáncer”.
I.4.- Pretensiones
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“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
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Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, DEFENSA, IGUALDAD, TRABAJO Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y el PRINCIPIO A
LA SEGURIDAD JURÍDICA, y los que su honorable despacho
considere pertinentes, vulnerados u amenazados.
SEGUNDO: ORDENAR LA NULIDAD de las providencias del 27 de
mayo de 2022 y del 7 de septiembre de 2022, proferidas por la
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL META y la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, dentro del
proceso disciplinario con radicado N.º 500011102000 2016
00842 01 seguido en mi contra, por incurrir en un defecto
fáctico, y por ser abiertamente contrarias a la Ley Estatutaria y
al ordenamiento disciplinario por no constituir falta alguna de las
allí consignadas, así como consecuencia de la nulidad dejar sin
efecto las ordenes en ellas contenidas, especialmente la
SUSPENDERME por el término de un mes en el ejercicio de mi
cargo e inhabilidad especial, como juez penal del circuito de
Granada -Meta- […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL indicó que la presente acción de
tutela carece de relevancia constitucional, dado que lo que pretende
el actor es discutir puntos meramente legales, entorno a la aplicación
de las normas que desconoció al tramitar la renuncia de poder origen
de la controversia.
Resaltó que, como se desprende del escrito de apelación que el actor
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presentó en el curso del proceso disciplinario, aquel indistintamente
habla del trámite de la renuncia del poder conforme con los artículos
69 del CPC y 76 del CGP, lo cual no solo era un error en “[…] relación
con la vigencia de la norma, sino una clara evidencia de que lo que
le asiste es el interés de revivir un debate legal que nada tiene que
ver con el amparo o salvaguarda de derechos fundamentales […]”.
Recalcó que en la sentencia de segunda instancia dejó claro que la
valoración de la prueba que el actor alegaba como inexistente
resultaba inútil, pues independientemente de que la abogada hubiera
hecho o no la comunicación a su poderdante, este requisito no era
exigible para darle trámite a la renuncia del poder.
Afirmó que el actor pretende utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia del proceso disciplinario, al punto que propuso una
serie de argumentos entorno a la ilicitud sustancial de la conducta,
pese a que tales aspectos no fueron señalados en el recurso de
apelación que dio lugar a la sentencia que profirió en segunda
instancia, por lo que en efecto no fueron analizados en esta, “[…] por
el principio de limitación que obliga a los funcionarios que conocen
en segunda instancia a pronunciarse solo en relación con lo esgrimido
en el medio de alzada […]”.
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Sostuvo que, de igual forma en relación con la presunta prescripción
de la acción disciplinaria, el actor incurre en un error de
interpretación porque, conforme con el artículo 30 de la Ley 734 de
2002 “[…] el término de caducidad de la acción se interrumpe con la
apertura de investigación disciplinaria lo cual aconteció el 11 de
septiembre de 2017 […]”.
I.5.2.- La COMISIÓN SECCIONAL, vinculada en calidad de tercera
con interés directo en las resultas del proceso, no rindió informe
alguno, pese a haber sido notificada en debida forma.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 27 de octubre de 2022, la SECCIÓN QUINTA
de esta Corporación, en primer lugar, señaló que la presente acción
de tutela era improcedente, por subsidiariedad, para atender los
argumentos relativos a la falta de demostración de la ilicitud
sustancial de la conducta, porque se trata de un alegato que nunca
fue propuesto en el curso del proceso origen de la controversia.
Destacó que, en efecto, la apelación que presentó el actor en dicho
trámite “[…] estuvo enfocada básicamente a cuestionar que se
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hubiera tenido como prueba una presunta comunicación de la
abogada Rodríguez Valdivieso a su poderdante, que nunca fue
aportada al proceso penal y de la cual no tenía conocimiento […]”.
Agregó que al margen de la razonabilidad de los argumentos
planteados por el actor, lo cierto es que el juez constitucional no es
competente para determinar si las providencias cuestionadas
incurrieron en el yerro descrito, ya que el análisis sobre la ilicitud
sustancial de la conducta le correspondía al juez de segunda instancia
al resolver el recurso de apelación respectivo.
En segundo lugar, determinó que la acción de tutela sí cumplía con
los requisitos generales de procedibilidad, para estudiar las presuntas
irregularidades, relativas a la indebida valoración probatoria, en
particular la relativa a la comunicación de la renuncia de la abogada
a su defendido; así como el asunto concerniente a la aplicación de
los artículos 69 del CPC y 76 del CGP, esto último, bajo los
lineamientos del defecto sustantivo.
Precisó que, no obstante, el análisis del caso se enfocaría únicamente
respecto de la sentencia proferida en segunda instancia por la
COMISIÓN NACIONAL, por ser la que puso fin al proceso
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disciplinario objeto de controversia.
Explicó que no advertía la configuración del defecto fáctico, porque
en la sentencia aludida la referida autoridad estableció claramente
que la decisión de sancionar disciplinariamente al actor no estaba
soportada en la existencia de la comunicación de la renuncia del
poder por parte de la abogada a su defendido.
Aseguró que, en efecto, de la lectura de dicha providencia, era
posible establecer que el accionante fue sancionado porque no aceptó
la renuncia de la profesional del derecho con base en un requisito
que no estaba consagrado en la normatividad vigente para esa
época.
Expuso que independientemente de si la abogada finalmente acreditó
o no haber hecho esa comunicación, lo cierto es que la sanción no
obedeció a la comprobación de esa gestión o al análisis de algún
documento que así lo demostrara, sino a la conducta irregular del
accionante al exigir un requisito que no estaba contemplado en la
normatividad para aceptar la renuncia al poder.
Indicó que, por tal razón, no se encontraba demostrada una indebida
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valoración probatoria en los términos planteados por el accionante,
justamente porque la prueba que reseñaba no fue tenida en cuenta
en segunda instancia para comprobar la ocurrencia de la falta que
dio origen a la sanción disciplinaria.
Adujo que, en lo que concernía al defecto sustantivo, advertía que
efectivamente el artículo 69 del CPC no establecía como requisito
para aceptar la renuncia al poder el que existiera una comunicación
previa por parte del abogado a su poderdante.
Agregó que, contrario a ello, dicha disposición era clara en
determinar que la comunicación al poderdante se debía efectuar por
el juez luego de proferido el auto que aceptara la renuncia al poder
por parte del abogado.
Comentó que, por su parte, el artículo 76 del CGP sí estableció la
obligación de comunicar al poderdante como requisito previo para
aceptar la renuncia del poder, norma que solo entró a regir desde el
1o. de enero de 2016, conforme con el Acuerdo No. PSAA15-10392
del 1o. de octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
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Argumentó que, en ese orden de ideas, como la renuncia del poder
origen de la controversia fue presentada el 22 de enero de 2015, era
razón suficiente “[…] para concluir que la norma que debía tener en
cuenta el juez para dar trámite al memorial de la profesional del
derecho era el Código de Procedimiento Civil […]”.
Agregó que, además, de la revisión del expediente advertía que, en
auto del 26 de septiembre de 2016, el actor finalmente aceptó la
renuncia del poder haciendo énfasis en que el mandato fenecía en
los términos del artículo 69 del CPC, razón por la cual no era
admisible que, a través de la acción de tutela, pretendiera plantear
que esa norma no estaba vigente cuando él mismo la usó como
fundamento de su decisión.
Por lo anterior, dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela
presentada por el señor Luis Fernando Arciniegas Vargas,
respecto del cargo relacionado con la no comprobación de la
ilicitud sustancial de la conducta reprochada, según lo resuelto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por el
señor Luis Fernando Arciniegas Vargas, en lo relativo a los
defectos fáctico y sustantivo, de acuerdo con lo señalado en la
parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la
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forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 […]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia
insistiendo en que hizo todas las acciones posibles para ubicar al
imputado, así como para que se le designara un defensor de oficio,
por lo que era claro que las autoridades judiciales no demostraron la
ilicitud sustancial de la conducta, en los términos del artículo 5° de
la Ley 734 de 2002, dado que su actuación no implicó un perjuicio
para la administración.
Indicó que si bien en el recurso de apelación presentado en el proceso
origen de la controversia no hizo mención de la expresión de “ilicitud
sustancial de la conducta”, lo pretendido en cada una de sus
sustentaciones era demostrar que en su caso no se configuraba dicha
condición.
Aseveró que, conforme con el artículo 69 del CPC, la exigencia que
le hizo a la abogada para que acompañara a la renuncia del poder la
comunicación enviada a su defendido no era descabellada, porque lo
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que pretendía era contextualizar a este sobre esa novedad, para
garantizarle sus derechos fundamentales.
Afirmó que las dificultades que tuvo para localizar al procesado solo
pudieron superarse hasta el 30 de septiembre de 2016, cuando la
Fiscalía le dio a conocer que aquel estaba privado de la libertad en
establecimiento carcelario por cuenta de otra investigación.
Comentó que el artículo 71 del CPC imponía el deber de los abogados
de comunicar la renuncia a los poderes a sus defendidos, por lo que
era claro que la omisión de tal deber conllevaba que no se pudiera
tener por terminado el mandato.
Puso de presente que el a quo no resolvió los argumentos que
presentó en relación con la prescripción de la acción disciplinaria, por
lo cual reiteró los mismos para que fueran atendidos en esta
instancia.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
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perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente caso, el actor pretende que se dejen sin efecto las
sentencias de 27 de mayo y 7 de septiembre de 2022, mediante
las cuales la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL,
respectivamente, decidieron el proceso disciplinario 500011102000
2016 00842 01, en el cual le impusieron una sancion consistente en
su suspensión por un mes, en su calidad de Juez Primero Penal del
Circuito de Granada.
La controversia tiene origen en el hecho de que en el curso de un
proceso penal que el actor estaba tramitando, el 22 de enero de 2015
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la apoderada de un procesado le presentó la renuncia al poder que
le había sido conferido por este, no obstante, aquel no aceptó la
dimisión dado que, en su sentir, dicha actuación debía estar
acompañada de la respectiva comunicación al poderdante.
El disenso del actor radica en el hecho de que, a su juicio, las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto factico
porque desconocieron que la abogada no había comunicado la
renuncia a su poderdante, además porque la decisión de la
COMISIÓN SECCIONAL estaba basada en un hecho inexistente,
porque dicha autoridad aseguró que la referida comunicación obraba
en el expediente origen de la controversia.
Por otro lado, el actor adujo que las autoridades judiciales accionadas
no demostraron los elementos para que se configurara la ilicitud
sustantiva de la conducta, además que para la fecha en que fue
proferida la providencia por la COMISIÓN SECCIONAL ya había
prescrito la acción disciplinaria.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA de esta Corporación que declaró improcedente
la solicitud de amparo, en relación con los reproches alusivos a la
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ilicitud de la conducta, por no haberse discutido en el proceso
ordinario y denegó el amparo en relación con el defecto fáctico, por
cuanto la prueba que el actor aducía como inexistente no fue el
fundamento de la decisión proferida por la COMISIÓN NACIONAL.
Además, la SECCIÓN QUINTA dirimió la divergencia que subyacía
del caso entorno a la vigencia del CGP y el CPC, bajo los lineamientos
del defecto sustantivo, para concluir que este último estatuto era el
aplicable, como bien lo había determinado la autoridad judicial
accionada.
En la impugnación el actor manifestó que, si bien en el curso del
proceso no había hecho alusión a la expresión “ilicitud sustantiva de
la conducta”, todos sus alegatos estaban encaminados a demostrar
la no configuración de dicha condición.
Agregó que la exigencia de la comunicación no era descabellada,
porque con ello se pretendía garantizar los derechos del procesado,
además que el artículo 71 del CPC así lo preveía.
Por otro lado, solicitó que se estudiaran los argumentos relativos a
la prescripción de la acción disciplinaria, dado que el a quo omitió
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pronunciarse sobre dicho aspecto.
Al respecto, la Sala advierte que se tomará como providencia a
analizar la sentencia de 7 de septiembre de 2022 proferida por la
COMISIÓN NACIONAL, en razón a que fue la providencia que puso
fin al trámite origen de la controversia y cualquier reproche que el
actor haya podido tener contra la decisión emitida en el curso de la
primera instancia del proceso disciplinario, debió haberse planteado
en el recurso de apelación respectivo.
Además, en lo que concierne al fondo del asunto, el estudio de la
solicitud se limitará a los argumentos planteados en la impugnación,
sin perjuicio del análisis correspondiente a los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que los argumentos
planteados en la impugnación están estructurados a partir de los
lineamientos del defecto sustantivo, en la medida que refieren i) a
la falta de configuración de la ilicitud de la conducta (artículo 5 de la
Ley 734 de 2002); ii) la procedencia de la exigencia que le fue
reprochada al actor a la luz del artículo 69 y 71 del CPC y; iii) la
prescripción de la acción disciplinaria.
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Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si la COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos
deprecados e incurrió en el defecto sustantivo, al haber proferido
la sentencia de 7 de septiembre de 2022 aludida.
La Sala advierte que frente al argumento relativo a la procedencia de
la exigencia que le fue reprochada al actor a la luz de los artículos 69
y 71 del CPC se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto aquel plantea, con suficiente carga
argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad
judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales; contra la
decisión cuestionada frente a dicho disenso no proceden recursos y
tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios
de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de
jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se
interpuso en un plazo razonable9 y, por último, la solicitud identifica
los hechos y derechos que se estiman lesionados.
Ahora bien, contrario ocurre respecto de los argumentos que
9
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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conciernen a la presunta falta de configuración de la ilicitud de la
conducta conforme con el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 y la
prescripción de la acción disciplinaria, dado que sobre estos aspectos
no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida que
el actor pudo haberlos discutido al interior del proceso origen de la
controversia, sin que el hecho de que no lo hubiera efectuado le
habilite para ahora alegarlos en esta acción de tutela.
En efecto, revisado el contenido del escrito del recurso de apelación10
que el actor interpuso contra la sentencia de primera instancia en el
proceso disciplinario, la Sala advierte que aquel no hizo reproche
alguno en el que solicitara que los hechos se analizaran a la luz del
artículo 5 de la Ley 734 de 200211, con la finalidad de desvirtuar la
ilicitud de la conducta investigada.
El referido recurso, por una parte, estuvo dirigido a ilustrar cada una
de las actuaciones que el actor adelantó en el proceso penal, con el
fin de demostrar que la exigencia que le impuso a la abogada era
necesaria para garantizar los derechos fundamentales del procesado.
10
Visto el contenido íntegro en el expediente digital remitido por las autoridades judiciales.
11
“[…] ARTÍCULO 5o. ILICITUD SUSTANCIAL. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional
sin justificación alguna […]”. Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de
la Ley 1952 de 2019.
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Por otra parte, en el referido recurso el actor también cuestionó el
hecho de que, en su sentir, la COMISIÓN SECCIONAL haya dado
por cierto que la abogada sí comunicó a su poderdante sobre la
renuncia al poder.
Respecto del contenido del recurso de apelación aludido en la
providencia cuestionada se encuentra sintetizado lo siguiente:
“[…] Luego de hacer un recuento de los hechos, indicó que es
evidente que la letrada Nidia Zoraida Rodríguez Valdivieso nunca
le comunicó a su cliente Edilson Emilio Velandia Garnica la
renuncia al poder conferido, trasladándole esa responsabilidad
al Juzgado, cuando era su obligación hacerlo.
Expuso que, pese a lo anterior, emprendió todas las actuaciones
necesarias para notificarle en forma oportuna al investigado
penalmente esta situación, incluida la designación de un
defensor público, y no abandonar así el proceso hasta que se
designara un nuevo apoderado por el procesado.
Insistió en que mediante oficio 6830 de 8 de septiembre de 2015
se le informó a la abogada Rodríguez Valdivieso que no se
aceptaba la renuncia por ser contraria a sus deberes
profesionales, conforme al artículo 125 del Código de
Procedimiento Penal, por lo que sí hubo un pronunciamiento del
despacho en torno a esa solicitud.
Adujo además que toda la actividad emprendida por el Juzgado,
estuvo orientada a evitar el vencimiento de los términos legales,
y señaló también que en aplicación del principio de integración
referido en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, resultaba
aplicable el artículo 129 de la Ley 600 de 2000, que señala que
“el nombramiento del defensor de confianza o de oficio, hecho
desde la vinculación a la actuación o en cualquier otro momento
posterior, se entenderá hasta la finalización del proceso”.
Reiteró que si bien el despacho atiende una carga laboral que
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supera los límites de su evacuación, procuró dar trámite a la
actuación, preservando el derecho de defensa y al debido
proceso del imputado.
Luego hizo referencia al derecho de defensa, y al derecho que
tienen todas las personas de ejercerla a través de un abogado
previamente designado, por lo que en el momento en que el
mandatario decide unilateralmente dar por terminada dicha
relación jurídica, lo mínimo es que informe a su mandante de tal
decisión, pues los intereses de este último pueden verse
lesionados, como en el caso bajo estudio, en el que la abogada
Rodríguez Valdivieso argumentando temas económicos y de
estrategia, dio por terminado el poder conferido, decisión que no
puso en conocimiento de su mandante, y descargó dicha
obligación en su despacho. Por lo que al constatar tal situación,
desplegó las actuaciones que estuvieron a su alcance para
notificar al imputado de la renuncia de su apoderada, razón que
le impedía permitir que la abogada se apartara del proceso y
dejara abandonada la defensa de su prohijado.
Adujo el recurrente, que si bien la primera instancia indicó que
la abogada Rodríguez Valdivieso había presentado la renuncia al
poder acompañando la comunicación que le hizo a su poderdante
por correo certificado de la renuncia del poder, esta afirmación
faltaba a la verdad, pues dicha comunicación y la constancia de
envío, con número de guía 700003280375 con fecha de 15 de
diciembre de 2014 de la compañía de correos
INTERRAPIDÍSIMO, correspondía a un sobre de manila cuyo
destinatario era el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta)
y que contenía la renuncia al poder, y que fue recibido en
secretaría el 22 de enero de 2015, por lo que no es cierto que
esa fuera la comunicación de la renuncia al poder que la letrada
Rodríguez Valdivieso hizo a su poderdante.
Señaló entonces que el número de guía que el a quo adujo en la
decisión, no reposa en la investigación, por lo que, si la abogada
Rodríguez Valdivieso aportó ese documento como prueba en el
proceso disciplinario, este no fue objeto de contradicción, y no
le fue puesto de presente, lo que lesiona su derecho de defensa
y su derecho al debido proceso.
Concluyó su recurso precisando que no se puede afirmar que el
proceso penal estuvo 20 meses paralizado, pues justamente eso
fue lo que buscó evitar, al tratar de notificar al imputado de la
renuncia al poder de su prohijada, y de obtener la designación
de un abogado por parte de la Defensoría del Pueblo, pues la
entidad argumentaba la solvencia económica del imputado y la
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imposibilidad de entrevistarlo, como argumentos para designar
un defensor público […]”.
Ahora bien, el actor comentó que si bien en el recurso de apelación
aludido no hizo mención explícita a la expresión de “ilicitud sustantiva
de la conducta”, sus alegatos estaban encaminados a demostrar la
falta de configuración de dicha situación.
No obstante, para la Sala el argumento del actor no es de recibo
porque la acción de tutela tampoco es un escenario para dar claridad
a lo que pretendía expresar en el proceso ordinario, máxime si se
tiene en cuenta que, en efecto, nunca solicitó a la autoridad judicial
que estudiara el aspecto que ahora pretende le sea analizado.
De igual forma, el reproche que el actor elevó para ilustrar que, en
su sentir, la acción disciplinaria estaba prescrita para el momento en
que la COMISIÓN SECCIONAL profirió la sentencia de primera
instancia, también era un asunto que aquel debió proponer en el
recurso de apelación aludido, o en todo caso, ante la autoridad que
estuviera conociendo del proceso en el momento en el que estimaba
que se había configurado el fenómeno jurídico aludido.
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Asimismo, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, dado que, el hecho de que
eventualmente se prive al actor de un mes de salario no es una
circunstancia que por sí sola configure dicha situación y, si bien aquel
sugiere una afectación a su mínimo vital y el de su núcleo familiar,
tal circunstancia carece de prueba, aspecto sobre el cual esta Sala
ha señalado12:
“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la decisión
controvertida vulnera su derecho fundamental al mínimo vital;
sin embargo, no allegó ningún medio probatorio para corroborar
que ello es así y verificar que se encuentra en un estado de
vulnerabilidad, dado que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, le corresponde al accionante demostrar la
vulneración de su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital,
sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al
juez de tutela tener la certeza de tal situación” […]”.
Cabe precisar que, en todo caso, las circunstancias que aduce el actor
no justifican el hecho de que en el curso del proceso disciplinario no
haya propuesto los disensos aludidos y que ahora pretende le sean
resueltos en esta instancia judicial.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04089-01(AC).
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Ahora bien, al encontrarse que la presente acción de tutela sí es
procedente en lo que concierne al argumento relativo a que en
criterio del actor conforme con los artículos 69 y 71 del CPC sí era
necesario exigirle a la abogada la comunicación de la renuncia del
poder a su poderdante, la Sala desarrollará el marco jurídico del
defecto sustantivo, para enseguida resolver el fondo del asunto.
Del defecto sustantivo
En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional13 ha
precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 200914, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14
M.P Mauricio González Cuervo.
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“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional15 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
15
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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Caso concreto
A través de la sentencia de 7 de septiembre de 2022 cuestionada, la
COMISIÓN NACIONAL encontró responsable disciplinariamente al
actor en su calidad de JUEZ PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE
GRANADA por infracción al deber previsto en el numeral 1516 del
artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo
124 del CPC y la incursión en la prohibición descrita en el numeral
317 del artículo 154 de la ley referida, imponiéndole sanción de
suspensión por el término de un mes, por las siguientes razones:
“[…] 2.1. Del caso concreto. Se desciende al estudio, por parte
de la Comisión, de cada uno de los argumentos expuestos por la
defensa del investigado, para determinar si aquellos tienen o no
la capacidad de derruir la responsabilidad disciplinaria y la
sanción impuesta en la primera instancia.
Los argumentos del recurrente se circunscriben en el hecho de
no haber aceptado la renuncia al poder que presentó la abogada
Nidia Zoraida Rodríguez Valdivieso como apoderada del señor
Edilson Emilio Velandia Garnica dentro del proceso penal seguido
contra este, por cuanto la referida profesional del derecho no le
comunicó en debida forma a su prohijado de la renuncia al
mandato, trasladándole tal obligación al aquí disciplinado, quien
16
“[…] ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda,
los siguientes:
[…]
15. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con
sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional […]”.
17
“[…] ARTÍCULO 154. PROHIBICIONES. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el
caso, les está prohibido:
“[…] ARTÍCULO 154. PROHIBICIONES. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el
caso, les está prohibido:
[…]
3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que
estén obligado […]”
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en aras de notificar al imputado de la renuncia de su apoderada,
no aceptó la renuncia al poder para no dejar el proceso penal
abandonado, sumado a que pese a su insistencia no fue
designado un defensor adscrito a la Defensoría del Pueblo, por
lo que a juicio del apelante, su proceder estuvo ajustado a
derecho.
Pues bien, al respecto es necesario señalar que el artículo 69 del
Código de Procedimiento Civil, vigente para la época en que la
abogada RODRÍGUEZ VALDIVIESO radicó la renuncia al poder,
y aplicable en materia penal por remisión normativa del artículo
25 de la Ley 906 de 200419, señalaba:
“ARTÍCULO 69. TERMINACION DEL PODER. (…) La renuncia no
pone término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después
de notificarse por estado el auto que la admita, y se haga saber
al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección
denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para
este lugar exista el servicio, y en su defecto como lo disponen
los numerales 1. y 2. del artículo 320. (…)”.
Lo anterior, permite colegir que la renuncia al poder sólo produce
efectos a los 5 días después de notificarse por estado el auto que
la admita, sin que hasta este momento se establezca como
requisito para aceptar la renuncia que el abogado que renuncie
al poder notifique de tal situación a su prohijado con anterioridad
a la aceptación de la renuncia, situación que en todo caso
corresponde al deber ser de un abogado diligente; (que en gracia
de discusión fue verificado por la Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta cuando investigó a la
abogada por la compulsa que ordenó el disciplinado). No
obstante, lo que refería el artículo 69 del Código de
Procedimiento Civil es que una vez aceptada la renuncia del
poder mediante auto, este deberá notificársele al poderdante o
sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para
recibir notificaciones personales.
Así las cosas, es claro entonces que en el presente asunto el
disciplinado estableció un requisito previo inexistente para
aceptar la renuncia al poder, pues como se indicó, una vez
presentada por la letrada RODRÍGUEZ VALDIVIESO, el mandato
sólo finalizaría transcurridos 5 días después del auto que admitió
la renuncia, y que este le fuese notificado al poderdante o
sustituidor mediante telegrama dirigido a la dirección reportada
para recibir notificaciones personales. Sin embargo, en el
presente asunto el disciplinado se negó a proferir el auto
admitiendo la renuncia al mandato, el cual sólo vino a proferir
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20 meses después de radicada la renuncia al poder, lo que fue
reprochado por la primera instancia, sin que sean de recibo los
argumentos referidos por el disciplinable en su apelación.
Quiso justificar entonces el disciplinado su actuar, en no poder
aceptar la dimisión que presentara del mandato la abogada de
confianza por mantener al investigado penal cubierto con las
garantías procesales, sin embargo como quedó definido, el
trámite a la solicitud elevada por la defensora contractual debió
surtirse en los tres días subsiguientes a que el Juez tuviese
conocimiento de la solicitud y si bien el mismo fue radicado el
22 de enero de 2015, el memorial ingresó al despacho el 27 de
enero del mismo año, luego en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil20 vigente para
la época de los hechos, la oportunidad para que el Juez
resolviera la solicitud venció el 30 de enero de 2015 sin
pronunciamiento, ,(sic) comportamiento que no encontró
justificante alguno que pudiese excluir la responsabilidad
disciplinaria, por lo que en el caso que nos ocupa la aceptación
de la renuncia de la letrada solo vino a producirse en auto del
16 de septiembre de 2016 es decir casi 20 meses después de
presentada la solicitud.
Nótese que, para el encartado el criterio es que la renuncia no
era susceptible de ser aceptada sino se acompañaba de la
comunicación enviada al poderdante, conclusión muy disímil de
la norma vigente, que establecía que al mandante se le debe
comunicar la renuncia después de ser aceptada por el despacho
competente.
Luego por haber aplicado una norma que no estaba en vigencia,
es que el disciplinado creyó poder mantener obligada a la
defensora de confianza atada a la actuación procesal, pues
exigió que al poderdante se le hubiese enterado de la renuncia
para darle trámite a la solicitud, requisito que se itera, en
vigencia del Código de Procedimiento Civil no era exigible para
darle trámite al pedimento, luego lo oportuno y licito era que el
juez hubiese aceptado la renuncia para que la interesada le
comunicara a su poderdante la novedad en relación con la
defensa ejercida al interior de la litis penal.
Por ello los argumentos dirigidos a probar una falsedad de la
abogada en relación al contenido del sobre que remitió al
Juzgado Penal del Circuito de Granada-Meta, ni quitan ni ponen
al curso del proceso disciplinario, pues más allá de que el
referido sobre no contuviese la comunicación a su mandante, tal
requisito no era exigible para darle trámite a la renuncia.
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En relación con la obligatoriedad de la apoderada de permanecer
atada al desarrollo del proceso penal, tal afirmación adolece de
todo sustento jurídico, pues la aplicación que le dio el juez al
artículo 129 de la Ley 600 de 2000 citada por el Juez, desconoce
principios de orden constitucional y legal que les permite a los
abogados de confianza renunciar en cualquier tiempo al
mandato aceptado, sumado al hecho de que igualmente, para el
momento en que se presentó la solicitud de aceptación de la
renuncia tal disposición normativa ya no estaba vigente, por lo
que para esta colegiatura no es de recibo el argumento
presentado en el medio de alzada, pues no es dable garantizar
la protección de derechos fundamentales como el debido proceso
y la defensa técnica al interior del proceso penal, vulnerando los
derechos fundamentales de quienes actúan en la actuación
procesal.
En relación con la parálisis de la actuación penal, lo cierto es que
tal circunstancia de suyo si era responsabilidad del director del
despacho, quien no continuó con el trámite del proceso por estar
en la errada convicción de que podía obligar a la defensora
contractual a permanecer vinculada como apoderada del
investigado penalmente, por lo que fue su iniciativa de
compulsar copias la que lo trajo a responder por la conducta
típica, antijuridica y culpable que hoy se le enrostra, por lo que
no tienen vocación de prosperidad los argumentos del apelante
[…]”.
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el actor
fue sancionado por haber tardado más de 20 meses en aceptar la
renuncia de poder que presentó la abogada, excusado en que esta
no había comunicado previamente a su defendido de tal situación,
justificación que, en criterio de la autoridad judicial accionada, no
tenía sustento jurídico, dado que dicha exigencia no estaba prevista
en el artículo 69 de CPC.
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Ahora bien, el actor afirmó que el hecho de que haya exigido a la
abogada presentar la comunicación efectuada a su poderdante no
era descabellada, porque tal requerimiento tuvo como finalidad
garantizar los derechos fundamentales del procesado.
Además, el accionante sostuvo que dicha comunicación era necesaria
para la aceptación de la renuncia, conforme con el artículo 69 y el
numeral 8 del artículo 71 del CPC, que preveían:
“[…] ARTÍCULO 69. TERMINACION DEL PODER. Con la
presentación en la secretaría del despacho donde curse el
asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo
apoderado o sustituto, termina aquél o la sustitución, salvo
cuando el poder fuere para recursos o gestiones determinados
dentro del proceso.
El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado
el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna
actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro
de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite
dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los
honorarios mediante incidente que se tramitará con
independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto
de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios
pactados.
Igual derecho tiene el heredero o el cónyuge sobreviviente de
quien fallezca ejerciendo mandato judicial.
La renuncia no pone término al poder ni a la sustitución,
sino cinco días después de notificarse por estado el auto
que la admita, y se haga saber al poderdante o sustituidor
por telegrama dirigido a la dirección denunciada para
recibir notificaciones personales, cuando para este lugar
exista el servicio, y en su defecto como lo disponen los
numerales 1. y 2. del artículo 320.
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La muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas
no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la
demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o
sucesores.
Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de
quien lo confirió como representante de una persona natural o
jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda.
[…]
ARTÍCULO 71. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.
Son deberes de las partes y sus apoderados:
[…]
8. Comunicar a su representado el día y la hora que el juez
haya fijado para interrogatorio de parte, careo,
reconocimiento de documentos, inspección judicial o
exhibición, y darle a conocer de inmediato la renuncia del
poder […]”.
El inciso 3 del artículo 69 del CPC preveía que la renuncia al poder
solo producía efectos, cinco días después de notificarse por estado el
auto que la admitía y se hiciera saber al poderdante o sustituidor por
telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir
notificaciones personales.
La norma en comento fue interpretada por la autoridad judicial
accionada, bajo el entendido que la admisión de la renuncia no
requería de comunicación previa al poderdante, dado que sería el
auto que aceptara tal dimisión el que debía ser notificado a este.
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La interpretación que efectuó la autoridad judicial de la referida
disposición, a juicio de esta Sala, no configura el defecto sustantivo
estudiado, dado que es razonable, en particular, porque la exigencia
a la que alude el actor solo vino a ser introducida con la entrada en
vigencia del inciso 4 del artículo 76 CGP18.
En lo que respecta al numeral 8 del artículo 71 del CPC, la Sala
advierte que si bien dicha norma preveía como deber de los abogados
el de notificar a sus poderdantes sobre la renuncia al poder, tal
disposición no preceptuaba que debía acreditarse el cumplimiento de
dicha carga, como requisito para la admisión de la dimisión, por lo
que tampoco se advierte que hubiese una actuación arbitraria
derivada de la decisión cuestionada.
La Sala destaca que la acción de tutela no es una instancia para
perseguir la imposición de conclusiones interpretativas en detrimento
de la actividad hermenéutica de la autoridad judicial que en sede
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“[…] ARTÍCULO 76. TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la radicación en secretaría del
escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se
hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso.
[…]
La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia
en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido […]”.
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ordinaria conoce de un asunto, pues la intervención del juez
constitucional está dada para eventos en que resulta evidente que
hubo una actuación abiertamente arbitraria, situación que en el
presente caso no se vislumbra, dado que, se insiste, más allá de
cualquier otra lectura que pueda darse al caso, lo cierto es que el
análisis que efectuó la COMISIÓN NACIONAL es razonable,
admisible y atiende al principio de autonomía judicial.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades de este.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea
arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la
que goza el juez de conocimiento, la autoridad judicial accionada de
esta Corporación decidió el asunto sometido a su consideración.
En ese orden de ideas, la Sala adicionará el numeral primero de la
sentencia impugnada, para también declarar improcedente la acción
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de tutela en relación con la pretensión relativa a la prescripción de la
acción disciplinaria alegada por el actor y confirmará en lo demás la
decisión del a quo, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: ADICIONAR el numeral primero de la sentencia
impugnada, para también DECLARAR improcedente la acción de
tutela en relación con la pretensión relativa a la prescripción de la
acción disciplinaria alegada por el actor, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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