Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05190-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05190-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05190-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05190-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: BERNARDA DE JESÚS VELÁSQUEZ DE MONTOYA Y OTRO.
TESIS: SE REVOCA LA DECISIÓN IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO FRENTE AL DEFECTO FÁCTICO.
LA DECISIÓN CUESTIONADA SE ENCUENTRA RAZONADA Y
MOTIVADA EN EL MATERIAL PROBATORIO. SE AMPARA EL
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, NO HABÍA LUGAR
A LA CONDENA EN COSTAS, LOS ACTORES ESTABAN PROTEGIDOS
BAJO LA FIGURA DEL AMPARO DE POBREZA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, VIDA
Y MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por los actores
contra la sentencia de 7 de diciembre de 2022, mediante la cual la
SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró
improcedente la solicitud de amparo por no satisfacer el requisito de
la relevancia constitucional.
1
En adelante la Sección Cuarta.
2
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05190 01
Actores: BERNARDA DE JESÚS VELÁSQUEZ DE MONTOYA Y OTRO.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores BERNARDA DE JESÚS VELÁSQUEZ DE MONTOYA y
MIGUEL ÁNGEL MONTOYA GALLEGO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la vida y al mínimo
vital, los cuales consideraron vulnerados por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA2 y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA3 al haber proferido
las providencias de 23 de mayo de 2019 y 18 de febrero de 2022,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 23001-33-33-001-2016-00216-01.
I.2.- Hechos
Manifestaron que su hijo ELKIN DARIO MONTOYA VELÁSQUEZ,
ingresó al servicio militar obligatorio el 16 de junio de 1986 y falleció
2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante el Tribunal.
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el 22 de febrero de 1988, en un combate con grupos alzados en
armas.
Afirmaron que a su hijo fallecido se le confirió ascenso póstumo al
grado de cabo segundo y mediante Resolución núm. 5891 de 8 de
septiembre 1988, les fue reconocida una compensación por muerte.
Indicaron que solicitaron al MINISTERIO DE DEFENSA -
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA4- el reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente con ocasión de la muerte de su hijo.
Revelaron que el MINISTERIO denegó la petición a través de la
Resolución núm. 4029 de 2 de septiembre 2015, decisión que fue
objeto de los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron
resueltos desfavorablemente mediante Resolución núm. 4752 de 26
de octubre de ese año.
Aseguraron que promovieron demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
MINISTERIO, con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos que denegaron el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente y, en consecuencia, se ordenara el pago de dicha
4
En adelante el Ministerio.
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prestación.
Manifestaron que la demanda le correspondió por reparto al
JUZGADO que, mediante auto de 27 de octubre de 2016, admitió la
demanda y les concedió el amparo de pobreza y, en sentencia de 23
de mayo de 2019, denegó las pretensiones.
Subrayaron que inconformes con lo anterior, interpusieron recurso
de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 18 de
febrero de 2022, confirmó la decisión del a quo y los condenó en
costas de segunda instancia a favor de la parte demandada, en un
3% equivalente al valor de las pretensiones.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmaron que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en
el defecto fáctico, comoquiera que no fueron debidamente
valoradas las pruebas que daban cuenta de la vinculación de su hijo
al Ejército Nacional y que luego de su fallecimiento, le fue duplicado
el tiempo de servicio militar a 4 años de haberes, lo que
consecuentemente les otorgó una compensación económica que no
recibieron dadas las falencias en la notificación de la resolución.
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Manifestaron que las autoridades judiciales desconocieron el principio
de favorabilidad, pues, a su juicio, no se tomó en consideración su
estado de indefensión y su condición especial por ser personas de la
tercera edad que gozan de protección constitucional.
Igualmente, mencionaron que las decisiones cuestionadas
desconocieron el principio de retrospectividad de la ley en materia
laboral y omitieron aplicar en debida forma la norma más favorable
al trabajador, esto es, el Decreto núm. 95 de 1989, el cual se
encontraba vigente al momento del fallecimiento de su hijo y
contemplaba la pensión de sobrevivientes sin exigir tiempo de
servicio.
Finalmente, señalaron de arbitraria la decisión de condenarlos en
costas de segunda instancia, sin advertir que actuaron en la instancia
ordinaria bajo la protección del amparo de pobreza.
I.4.- Pretensiones
Los actores solicitaron el amparo de los derechos fundamentales
invocados como violados, en los siguientes términos:
“[…] 1- Con nuestro acostumbrado Respeto le solicitamos
Honorable Magistrado Constitucional, LA PROTECCIÓN DE
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NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES Y
CONSTITUCIONALES EN AMPARO DE NUESTRO DERECHO
A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE.
2- Atentamente le suplicamos Insigne Autoridad
Constitucional, SE DECLAREN INEFICACES LAS
PROVIDENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA POR EL
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO EL VEINTITRÉS (23) DE
MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) Y DE SEGUNDA
INSTANCIA FORMULADA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CORDOBA-SALA TERCERA DE DECISIÓN, EL DIECIOCHO
(18) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022),
PROFERIDAS DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL, atacados
mediante este medio de Control y, EN SU LUGAR
CONCEDERNOS TODAS Y CADA UNA DE LAS
PRETENSIONES QUE ENUNCIAMOS EN LA DEMANDA; como
producto del Abuso del Derecho […]” (Negrilla pertenece al
texto).
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno
frente al objeto de la acción de tutela.
I.5.2.- El JUZGADO pese a haber sido notificado en debida forma,
guardó silencio.
I.6.- Interviniente
I.6.1. El MINISTERIO señaló que la acción de tutela resulta
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improcedente al no cumplir con el requisito general de inmediatez,
toda vez que, a su juicio, transcurrió más de 6 meses desde la
ocurrencia de la vulneración y no cumplió con la carga procesal para
justificar la tardanza.
Igualmente, consideró que la acción de tutela no puede
implementarse como una tercera instancia para controvertir una
decisión que fue dilucidada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque dicha circunstancia desdibuja
el objeto del amparo constitucional.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 7 de diciembre de 2022, la SECCIÓN
CUARTA declaró improcedente el amparo al considerar que no se
encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.
Señaló que los argumentos que se plantearon en la instancia
ordinaria fueron reiterados en el escrito de tutela, lo que permitió
evidenciar la utilización del mecanismo constitucional como una
tercera instancia adicional para debatir lo que fue resuelto en sede
ordinaria por el juez natural.
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Asimismo, advirtió que la sentencia cuestionada fue proferida el 18
de febrero de 2022, notificada mediante correo electrónico el 22 de
febrero de 2022 y, pese a que la solicitud de amparo fue presentada
el 19 de septiembre de 2022, para dicha fecha se encontraba
pendiente de resolver una solicitud de aclaración o corrección de la
sentencia cuestionada, la cual fue resuelta a través de la providencia
de 28 de octubre de 2022, esto es, durante el trámite de la acción
de tutela.
Por lo tanto, concluyó que el requisito inmediatez si se encontró
satisfecho, pues el término debió contabilizarse a partir de la
notificación de esta última providencia.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Los actores cuestionaron la providencia de primera instancia, al
señalar que la elaboración del escrito de tutela fue orientada por la
Constitución Política de 1991 y el Decreto núm. 2591 de 1991,
normatividad en la que no se contempla el requisito de relevancia
constitucional, por lo que infortunadamente desconocían dicho
requisito de procedencia.
Mencionaron que la acción de tutela la presentaron a nombre propio
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por lo que no comprenden los argumentos jurídicos que se
plantearon el proceso ordinario.
Resaltaron que lo único que han entendido de la lectura de las
decisiones cuestionadas es que “[…] los señores jueces se
equivocaron con el estudio de las pruebas, porque anexamos un
documento donde el ejército dice que nuestro hijo fue empleado
público, también hay otro que dice que el ascenso de nuestro hijo
Elkin se le reconocen cuatro años de haberes, así mismo el Tribunal
Administrativo se equivocó porque tampoco reconoció que eran
cuatro años de haberes, igualmente creemos que los dos falladores
se equivocaron en el estudio de las pruebas y no sabemos dónde más
cometieron errores pero que consideramos que si los hay por la
negación de nuestro derecho a la pensión de sobreviviente […]”
Igualmente, afirmaron que “[…] el Tribunal Administrativo se
equivocó con el estudio del proceso porque nosotros teniendo
reconocido el amparo de pobreza y aún estando vigente, nos condenó
en costas de la apelación, por esas razones nosotros consideramos
vulnerado nuestro derecho al debido proceso y ese derecho
fundamental del debido proceso es el que conlleva a la vulneración
de los otros solicitados en tutela, con esto consideramos aclarado
que no estamos buscando ninguna otra instancia del proceso […]”
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
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jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que
se dejen sin efecto las providencias de 23 de mayo de 2019 y 18
de febrero de 2022, proferidas, por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 23001-33-33-001-2016-00216-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio de
los actores, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el
defecto fáctico, comoquiera que, no fueron debidamente valoradas
las pruebas que daban cuenta de la vinculación de su hijo al ejército
y, el ascenso póstumo que les otorgó el derecho a una compensación
económica que no recibieron dadas las falencias en la notificación de
la resolución.
A su juicio, las autoridades judiciales desconocieron el principio de
favorabilidad, al no tomar en consideración su estado de indefensión
y su condición especial por ser personas de la tercera edad que gozan
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de protección constitucional.
Igualmente, indicaron que las decisiones cuestionadas i)
desconocieron el principio de retrospectividad de la ley en materia
laboral y omitieron aplicar en debida forma la norma más favorable
al trabajador, esto es, el Decreto núm. 95 de 1989 el cual se
encontraba vigente al momento del fallecimiento de su hijo y,
contemplaba la pensión de sobrevivientes sin exigir tiempo de
servicio y, ii) fueron condenados injustamente a pagar costas
procesales sin advertir que durante el trámite de la actuación
ordinaria actuaron bajo la protección del amparo de pobreza.
Al respecto, la Sala advierte que los anteriores argumentos están
relacionados con el defecto sustantivo, por lo que, su análisis se
desarrollará a través del estudio que se haga de éste, de llegar a ser
procedente el estudio de fondo del asunto.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 7 de diciembre de
2022, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que,
no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional.
Inconformes con lo anterior, los actores impugnaron la decisión
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proferida en primera instancia, al señalar que la elaboración del
escrito de tutela fue orientada por la Constitución Política de 1991 y
el Decreto núm. 2591 de 1991, normatividad que no contempla el
requisito de relevancia constitucional, por lo que desconocían dicho
requisito de procedencia.
Mencionaron que desconocen de los términos jurídicos ventilados en
el proceso ordinario, pero que de la lectura de las decisiones
cuestionadas entienden que los jueces se equivocaron al valorar el
material probatorio aportado y, además, recalcaron que fueron
condenados en costas de segunda instancia desconociendo el amparo
de pobreza que les fue concedido en la primera instancia.
Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos
expuestos en la impugnación y, en primer lugar, debe determinar si
el presente caso cumple con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de
ser así, determinar si las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos alegados.
Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos, tanto la providencia de 23 de mayo de 2019 proferida
por el JUZGADO, como la dictada el 18 de febrero de 2022 por el
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TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados a la sentencia
proferida por el ad quem, toda vez que fue esta la que dio por
terminado el proceso.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela; de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos invocados e
incurrió en los defectos invocados.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto los actores plantean con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra la
decisión que puso fin al proceso ordinario no proceden recursos y
tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios
de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de
jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se
interpuso en un plazo razonable5, la solicitud identifica los hechos y
derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se trata de
una acción de tutela contra sentencia de tutela.
5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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En ese orden de ideas, visto que el presente caso cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, la Sala procede a hacer el estudio del fondo del
asunto de la siguiente manera: i) hará mención al marco jurídico de
los defectos alegados, para enseguida analizar los reproches
relacionados con el reconocimiento de la pensión de sobreviviente y,
ii) analizará las pretensiones relacionadas con la protección del
derecho al debido proceso, en razón a la condena en costas de
segunda instancia estando vigente la concesión del amparo de
pobreza.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20136, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
6
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Del defecto sustantivo
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En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional7 ha
precisado que éste se presenta cuando “[…] la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 20098, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
8
M.P Mauricio González Cuervo.
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De igual forma, la Corte Constitucional9 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Caso concreto
Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la
providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de la
decisión proferida por el TRIBUNAL, en la cual se indicó lo siguiente:
“[…] 4. Análisis y conclusiones.
Partiendo de los hechos se tiene, que de acuerdo con el material
probatorio allegado al expediente, a folio 9 y siguiente se advierte
que el soldado Elkin Darío Montoya Velásquez ingresó a prestar sus
servicios al Ejército Nacional a partir del 16 de junio de 1986 hasta
el 22 de febrero de 1988, fecha de su fallecimiento, permaneciendo
un lapso de 01 año, 08 meses. Al momento de su muerte fue
ascendido mediante grado póstumo.
Visto el recuento normativo y jurisprudencia antes expuesto, a la
fecha de la muerte del soldado estaba vigente el decreto El decreto
2728 de 1968 el cual en su artículo 8º disponía: […]
9
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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Así mismo estaba vigente el DECRETO 89 DE 1984, que en su art.
181 establecía: […]
Posteriormente con los decretos 95 de 1989 y 1211 DE 1990 se
extiende este beneficio: […]
Por consiguiente, se está de acuerdo con las razones expuestas por
el Juez de instancia para negar la pensión de sobreviviente para el
soldado voluntario, con ascenso póstumo fallecido en el año 1988,
dado que para esa fecha la pensión de sobreviviente estaba
estipulada si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o
más años de servicio, fue con posterioridad a la fecha de la muerte
del soldado que se otorga el derecho a los suboficiales a la pensión
de sobreviviente sin consideración al tiempo de servicio con las
leyes, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura,
toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión
de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del
causante y no una posterior.
Así las cosas, aquí se pretende entonces con apoyo de la sentencia
de unificación y principios constitucionales se reconozca la
sustitución pensional, pero al no existir norma vigente para la
época de los hechos que reconociera esta prestación a favor del
uniformado sin distingo del tiempo de servicio, sino que se exigían
doce años de servicio, no es posible reconocer la pensión salvo que
se aplicará retrospectivamente la norma que consagra el derecho,
sin embargo sobre este particular ha dicho lo siguiente la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado2 […]
De acuerdo con lo anterior, aunque en un principio la jurisprudencia
del Consejo de Estado, contempló la posibilidad de reconocer
retroactivamente la Ley 100 de 1993, lo cierto es que existió una
rectificación jurisprudencial para concluir que los derechos
prestacionales derivados de la muerte del causante se consolidan
a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, de
suerte que no es posible la aplicación de la Ley 100 de 1993, si la
muerte ocurrió antes de su entrada en vigencia de la ley.
Como en realidad, al momento de la muerte del soldado estaba
establecida la pensión de sobreviviente para suboficiales, pero en
este caso, pese a que el Soldado voluntario fue ascendido a
suboficial en grado póstumo, no reunía los restantes requisitos
señalados en la ley, doce años de servicio, y las normas más
favorables que prescinden del tiempo de servicio son posteriores a
la muerte del soldado, no es posible el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente a sus posibles beneficiarios.
Por consiguiente, debe confirmarse la sentencia de primera
instancia. […]”
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De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que la
autoridad judicial accionada, al conocer del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia,
consideró que no le asistía derecho a los actores, pues luego de
efectuar el análisis de las pruebas aportadas, concluyó que pese a
que su hijo prestó el servicio militar por un lapso de 1 año y 8 meses
y, luego de su fallecimiento fue ascendido a suboficial en grado
póstumo, no reunió los requisitos de ley para acceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Igualmente, estimó que no era posible aplicar de manera
retrospectiva la Ley 100 de 1993, en tanto la consolidación de los
derechos pensionales derivados de la muerte del causante se genera
a partir de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, es
decir, el artículo 8° del Decreto núm. 2728 de 196810 que
establece: i) el ascenso póstumo, ii) el reconocimiento de los haberes
correspondientes al grado, iii) el pago doble la cesantía y, el artículo
10
“Artículo 8º. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente
aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en
mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o
Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses
de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado
o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán
derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo
corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas
anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de
sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.”
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181 del Decreto núm. 89 de 198411, que otorgaba el derecho a
sus beneficiarios de acceder a una asignación de retiro o pensión
mensual de acuerdo con el grado del causante siempre que éste
hubiere cumplido 12 años de servicio.
En ese sentido, para el TRIBUNAL no era posible aplicar en el caso
concreto de manera retrospectiva los decretos 95 de 1989 y 1211 de
1990 que otorgaban la posibilidad de adquirir una pensión de
sobreviviente sin consideración del tiempo de servicio, como lo
pretendieron los actores en la instancia ordinaria, pues como
acertadamente lo consideró la autoridad judicial accionada, no había
lugar a dar aplicación a dicha figura por cuanto la norma aplicable
para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente es la vigente
al momento del fallecimiento del causante y no una norma posterior.
En consecuencia, respecto del primer reproche analizado es claro que
11
“Artículo 181. Muerte en combate. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la Muerte de un Oficial
o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, por hechos inherentes al combate o -por acción
del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden
público, será ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el
tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto,
tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a) A que el Tesoro Público les pague por un sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) anos
de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas
señaladas en el Artículo 151 de este Estatuto.
b) Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante; y
c) Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público
les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación
de retiro, de acuerdo con el grado y el tiempo de servicio del causante.”
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no hubo desconocimiento probatorio alguno y, por ende, no se
configuró el defecto fáctico alegado.
De la misma manera, la Sala tampoco encuentra configurado el
defecto sustantivo que aducen los actores contra la sentencia
cuestionada, pues advierte que el TRIBUNAL aplicó las normas
vigentes al momento del fallecimiento de su hijo, lo que descarta la
configuración del defecto endilgado.
Así las cosas, para la Sala ni el análisis probatorio, ni la decisión
contenida en la sentencia controvertida resultó caprichoso o
arbitrario, sino que fue adoptada a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a las pruebas aportadas al
plenario.
En ese orden de ideas, en la medida en que la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos alegados por los actores, la Sala
revocará la decisión de primera instancia que declaró y, en su lugar,
denegará el amparo solicitado, como en efecto lo dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
Del amparo de pobreza y la condena en costas
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Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en
costas impuesta a los actores aun cuando gozaban del beneficio del
amparo de pobreza, la Sala advierte que la figura procesal del
amparo de pobreza se encuentra regulada en el artículo 151 del
CGP12 y ha sido considerada como aquel beneficio concedido a un
sujeto procesal que no esté en capacidad de atender los gastos del
proceso.
Al respecto, en sentencia de T-374 de 2021, la Corte Constitucional
señaló:
“[…] 16.4 El amparo de pobreza es una medida correctiva y
equilibrante. En consecuencia, su aplicación es restringida. Es
un instituto procesal que busca garantizar la igualdad real
de las partes durante el desarrollo del proceso. Permite a
aquel sujeto que se encuentre en una situación
económica vulnerable, ser válidamente exonerado de la
carga procesal de asumir ciertos costos. Por igual motivo,
este amparo no debe otorgarse al sujeto procesal que no se
encuentre en la situación de hecho que esta institución busca
corregir13.
La persona a quien se le ha concedido el amparo de
pobreza no solo se le designará un abogado de oficio, sino
que, además, se le exonerará de incurrir en los costos
asociados al proceso previstos en el ordenamiento
jurídico. Esto es una protección adicional que obedece a la
obligación social y estatal de solidaridad con las personas que se
encuentran en situaciones de necesidad14.[…]”. (Destacado
fuera de texto)
12
Código General del Proceso “Artículo 151. Procedencia: Se concederá el amparo de pobreza a la
persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario
para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando
pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.”
13
Corte Constitucional. Sentencia T-114 de 2007. M.P. Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-616 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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En ese sentido, al beneficiario del amparo de pobreza se le
garantizará el ejercicio del derecho de defensa, en tanto se le
asignará un abogado de oficio para que lo represente durante el
desarrollo del proceso, además, se le exonerará de sufragar los
gastos y costos asociados al proceso, es decir, que no estará
obligado a […] prestar cauciones procesales ni a pagar expensas,
honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación,
y no será condenado en costas […]15.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que mediante auto de 27 de
octubre de 201616 el JUZGADO al proveer la admisión de la
demanda, concedió a los actores el amparo de pobreza por cumplir
los requisitos señalados en el artículo 152 del CGP, dicha actuación
se mantuvo vigente durante el curso de la actuación procesal.
La Sala observa que el numeral “Segundo” de la sentencia de 18 de
febrero de 2022 proferida por el TRIBUNAL resolvió […]
CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante y en
15
Código General del Proceso “Artículo 154. Efectos: El amparado por pobre no estará obligado a prestar
cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la
actuación, y no será condenado en costas.”
16
Expediente digital proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2016-00216-00.
Cuaderno No. 02 pdf.
Vinculo: https://etbcsj-
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italDespacho03%2FProcesosOrdinarios%2FNulidadRestablecimientoDerecho%2F23001333300120160
021601&ga=1
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favor de la parte demandada en su rubro de agencias en derecho,
por el equivalente al 3% del valor de las pretensiones reconocidas
[…], ante la no prosperidad del recurso de alzada.
Al respecto, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada al
resolver el caso sub examine, efectuó una interpretación normativa
sin tener en cuenta las disposiciones legales vigentes y aplicables al
asunto, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 154 del CGP, los
actores se encontraban protegidos bajo la figura del amparo de
pobreza y, por lo tanto, no había lugar a condenarlos en costas por
expresa prohibición legal.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concederá el amparo del
derecho al debido proceso y, por lo tanto, dejará sin efecto el numeral
“Segundo” de la sentencia de 18 de febrero de 2022, proferida por
el TRIBUNAL, que condenó en costas a los actores, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el numero único de radicación 23001-33-33-001-2016-00216-01.
En consecuencia, se ordenará que la autoridad judicial aludida,
dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta
providencia, dicte una decisión de reemplazo en la que tenga en
cuenta las consideraciones aquí expuestas, como en efecto se
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dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DENEGAR el amparo solicitado relacionado con los defectos fáctico
y sustantivo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de
los señores BERNARDA DE JESÚS VELÁSQUEZ DE MONTOYA y
MIGUEL ÁNGEL MONTOYA GALLEGO, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia y, por lo tanto, DEJAR SIN
EFECTO el numeral “Segundo” de la sentencia de 18 de febrero de
2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CÓRDOBA, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 23001-33-33-001-2016-00216-01. En consecuencia,
ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA que,
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dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta
providencia, dicte una decisión de reemplazo de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de febrero de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Aclara voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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