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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05192-00

Improcedencia de acción de tutela: por incumplimiento del requisito de

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05192-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia del amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-05192-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202205192 00

Accionante: RODRIGO FIGUEROA RAMÓN

Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA - Por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO – Mecanismo de defensa judicial idóneo para obtener el fin perseguido con la
demanda de tutela / FUERO DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – Por condición
de pre-pensionado. No aplica.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Rodrigo Figueroa Ramón, de conformidad con el Decreto
333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor Rodrigo Figueroa Ramón, en nombre propio, instauró demanda de tutela
contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna, al debido
proceso y a la estabilidad reforzada como pre-pensionado. El tutelante elevó las
siguientes pretensiones (trascripción literal):

PRIMERA: DECLARAR VULNERADOS mis derechos fundamentales al
trabajo, mínimo vital, vida digna, debido proceso, estabilidad laboral reforzada
como pre pensionado, con la garantía de mi permanencia en el cargo de juez

1

Radicación número: 110010315000202205192 00
Accionante: Rodrigo Figueroa Ramón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

en provisionalidad, por no tener aún los requisitos legales para el trámite de la
pensión de vejez, quebrantados gravemente con el Acuerdo 219 del pasado
13 de septiembre de 2022.

SEGUNDA: En consecuencia, ORDENAR a la Sala Plena del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, que dentro de las 48 horas
siguientes al fallo, proceder a mantener en el cargo de JUEZ PROMISCUO
MUNICIPAL DE APULO al suscrito, hasta tanto adquiere el derecho a la
pensión, o en su defecto, proceder a REUBICAR al suscrito en un cargo de
igual categoría en las plazas que se encuentren dispuestas en el
departamento, en virtud de la estabilidad laboral reforzada, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8º de la Ley 2040 de 2020.

TERCERA: En su defecto, ordenar la suspensión transitoria de los efectos y
vigencia del Acuerdo 219 del 13 de septiembre de 2022, emanado de la Sala
Plena del Tribunal Superior Distrito Judicial de Cund., hasta que el suscrito
accionante obtenga el reconocimiento de mi pensión de vejez y empiece a
recibir las mesadas prestacionales debidas.

2. Hechos relevantes y fundamentos de la demanda de tutela

El tutelante se desempeñaba como Juez Promiscuo Municipal de Samaniego
(Nariño), pero con ocasión de las amenazas que recibió por parte de los grupos
ilegales de influencia en la zona, solicitó su traslado al departamento de
Cundinamarca.

Por lo anterior, mediante Acuerdo 025 de diciembre de 2020, fue reubicado como
Juez Promiscuo Municipal de Apulo (Cundinamarca), cargo en el que se
posesionó el 19 de febrero de 2021 y que ha desempeñado con honestidad,
dedicación, responsabilidad y eficacia.

Precisó el tutelante que desde la fecha de su posesión ya gozaba de estabilidad
laboral como pre-pensionado, porque (trascripción literal):

… habiendo nacido el 11 de abril de 1961, ya, contaba con una edad de 60
años cumplidos. Es decir, que los 62 años los cumplo hasta el mes de abril de
2023. Pues, aún me faltan siete (7) meses para cumplir el requisito de la edad
y presentar los papeles a COLPENSIONES para el trámite del reconocimiento
prestacional citado. Aunque también estoy gestionando desde ya por la
complejidad, la clarificación del historial laboral. Puesto que he laborando toda
mi vida en la Rama Judicial. Anexo prueba documental.

Agregó que tiene “una invalidez parcial reconocida por la ARL POSITIVA, y la
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, con pérdida del 7.60%.
De donde se infiere igualmente razones médicas de origen laboral que le impone a
las instituciones y al Estado el respeto y el cumplimiento de privilegios de
2

Radicación número: 110010315000202205192 00
Accionante: Rodrigo Figueroa Ramón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

estabilidad laboral reforzada por invalidez”.

Dijo que esas situaciones fueron puestas en conocimiento del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca con el fin de que se le reconociera estabilidad
laboral reforzada en su condición de pre-pensionado, pero dicha entidad “emite el
acto administrativo confuso, impreciso, indeterminado, que anexo, reconociendo
dicha condición, para publicar la vacante con la anotación respectiva en la materia,
limitando la opción de sede por los interesados”.

Adujo que, pese a su condición, el 15 de septiembre de 2022, se le notificó por
correo electrónico el Acuerdo 219 de 13 de septiembre de 2022, mediante el cual
la Sala Plena del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca “provee
por traslado el cargo de juez promiscuo municipal de Apulo Cund., con el juez
Promiscuo Municipal de El Colegio en cabeza de Douglas Jesús González”.

Alegó que ese Acuerdo desconoce el artículo 8 de la Ley 2040 de 2020, que
establece que las personas a las que les falte tres años o menos para cumplir los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez “serán sujetos de Ia
especial protección por parte del Estado y en virtud de la misma deberán ser
reubicados hasta tanto adquieran los requisitos mínimos para el acceso al
beneficio pensional”. Agregó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… la norma en mención dio un giro a la interpretación jurisprudencial, ya que
en modo alguno permite la desvinculación del empleado que se encuentre en
condición de prepensionado y que esté vinculado en carácter provisional a las
plantas de personal de las entidades, sino que lo que ordena de manera
categórica, es la REUBICACIÓN, situación que claramente fue desconocida
por el Tribunal, con flagrante violación del precepto legal.

… el Tribunal solo tuvo en cuenta que contara con las semanas cotizadas,
haciendo una interpretación que desconoce la disposición legal que hemos
citado, ya que se olvida del otro requisito establecido en la ley, para acceder a
la pensión. Se puede tener el tiempo en semanas cotizadas, pero no se puede
acceder al beneficio pensional hasta tanto se cumpla el otro requisito
dispuesto en la ley, esto es, la edad para pensionarse, siendo claro a partir de
la norma en mención, que lo que debe hacer el Tribunal, es reubicarme en otro
empleo, hasta tanto cumpla con los requisitos mínimos para acceder a la
pensión.

… el artículo 8º de la Ley 2040 de 2020, lo que hace es precisamente
reconocer la realidad que muchos prepensionados padecen, ya que al faltarles
alguno de los requisitos para la pensión, sencillamente no podrán acceder a
ellos, y en el caso de aquellos que solo les falta la edad, se les garantiza su
mínimo vital y móvil, prohibiendo la desvinculación hasta tanto adquiera de

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Accionante: Rodrigo Figueroa Ramón
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

manera efectiva el derecho a pensionarse. En tal sentido, darle a la norma, la
misma interpretación dada por la jurisprudencia, sería desconocer el principio
de derecho según el cual, cuando la norma no distingue el interprete le está
prohibido distinguir. En tal sentido, la norma no da pie a considerar que si le
faltare el requisito de la edad, pueda ser desvinculado del servicio, sino todo lo
contrario, lo que ordena la norma de manera categórica, es que DEBE SER
REHUBICADO, hasta tanto cumpla con los requisitos mínimos para obtener el
beneficio pensional.

De otra parte, sostuvo que el Acuerdo 219 de 2022 no estableció que en su contra
procedieran recursos y que, aunque es cierto que puede ser atacado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, “de aquí a que sea
admitida y resuelto el caso concreto, ya la vulneración del derecho estaría
consumada, y dicha protección resultaría ineficaz”.

Añadió que se le está causando un perjuicio irremediable porque la desvinculación
del cargo genera que pierda “la garantía de un mínimo vital y móvil con el cual
puede sostener mis necesidades y las de mi familia, lo cual me pone en una
condición de debilidad manifiesta, ante el hecho que, aunque sea profesional, no
garantiza que a mi edad pueda acceder al mercado laboral y poder sufragar los
gastos que actualmente tengo”.

3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

3.1. La demanda de tutela se presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, la que, mediante providencia de 21 de septiembre de 2022,
la remitió por competencia a esta Corporación.

Efectuado el respectivo reparto, por auto de 4 de octubre de 2022, se admitió la
demanda de tutela, se negó la medida provisional solicitada por el tutelante1, se
ordenó notificar al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y al
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y se vinculó, como tercero
con interés, al señor Douglas de Jesús González Atuesta, los que se pronunciaron
en los siguientes términos:

1
Como medida provisional se solicitó:
“Previo a resolver de fondo la presente acción de tutela, solicito muy respetuosamente, se
ordene como medida cautelar, la suspensión provisional del Acuerdo 219 del 13 de
septiembre de 2022, emanado de la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, a fin de garantizar la permanencia del suscrito en el ejercicio del cargo, hasta
tanto se de sentencia de fondo”.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

3.1.1. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, por conducto de
su Presidente, informó que esa corporación realiza la provisión de cargos en
observancia de la Ley 270 de 1996 y del Acuerdo PCSJA17-10715 del Consejo
Superior de la Judicatura.

Señaló que, si bien es cierto que en el Acuerdo 219 de 2022 no se precisó los
recursos que procedían, también lo es que en atención a lo previsto en el artículo
74 del CPACA, el tutelante debió interponer el recurso de reposición para que se
aclarara, modificara, adicionara o revocara el referido acto administrativo “pero, a
cambio, sin agotar tal herramienta legal, presuroso presentó la acción de tutela
cuando aún estaba en términos para proponer su oposición -19 de septiembre-
ante esta Corporación, pero, permaneció silente frente al trámite del Acuerdo 219,
que solo quedó en firme hasta el día 30 de septiembre del año en curso”.

Sostuvo que esa Corporación no tuvo conocimiento de la pérdida de la capacidad
laboral a la que se refiere el señor Figueroa Ramón, porque no lo informó ni allegó
documento alguno que la evidenciara, pues solo con la demanda de tutela se
enteró de esa condición.

Añadió que el tutelante en ningún momento elevó petición ante ese tribunal para
que se le reconociera la calidad de pre-pensionado.

En cuanto a la aplicación de la Ley 2040 de 2020, en el sentido de reubicar al
tutelante en otro cargo a nivel nacional, indicó que es competencia del Consejo
Superior de la Judicatura por conducto de la Unidad de Carrera Judicial.

Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que la Ley 2040 de 2020 “siendo una Ley
ordinaria, que está pendiente de reglamentación, como lo exige el Parágrafo 1º de
su artículo 8º, no modifica, sustituye o deroga la norma orgánica que rige la
carrera judicial”.

Por lo expuesto, solicitó que se negara el amparo reclamado porque el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca obró en cumplimiento de sus
funciones legales y no le ha vulnerado los derechos fundamentales al tutelante.

3.1.2. La Unidad de Administración de Carrera Judicial - Consejo Superior de la
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Judicatura dijo que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que los nombramientos de los jueces de la República y las decisiones
sobre estabilidad laboral reforzada corresponden al nominador, que en este caso
es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

Respecto de la reubicación solicitada, precisó que “no es procedente bajo el
entendido de que el Consejo Superior de la Judicatura ha regulado su trámite a
través del Acuerdo 756 de 2000, que reglamenta la reincorporación o reubicación
de los servidores de la Rama Judicial, sin que sea aplicable en el caso concreto”.

Por lo anterior, solicitó que se le desvincule de la presente actuación o, en su
defecto, se niegue el amparo reclamado, porque no ha vulnerado los derechos
fundamentales del tutelante.

3.1.3. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
solicitó su desvinculación de la presente actuación o, en su defecto, que se negara
el amparo solicitado porque “ha obrado en cumplimiento de sus funciones legales
y se considera que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al
accionante”.

Agregó que solo tuvo conocimiento de la pérdida de capacidad alegada por el
tutelante con la demanda de tutela de la referencia y que “lo peticionado por el
accionante haciendo referencia a la Ley 2040 de 2020, en el sentido reubicar al
mismo en otro cargo a nivel nacional, esta competencia no está en cabeza de este
Consejo Seccional”.

3.1.4. El señor Douglas Jesús González Atuesta -Juez Promiscuo Municipal
posesionado en Apulo el 7 de octubre de 2022, con efectos fiscales a partir del 18
del mismo mes y año- se opuso al amparo solicitado.

Como fundamento de lo anterior, expuso que, contrario a lo afirmado en la
demanda de tutela, el señor Figueroa Ramón no es sujeto de estabilidad laboral
reforzada como pre-pensionado.

Informó que, en la conversación sostenida con el tutelante el 7 de octubre de
2022, lo enteró de los datos para su notificación, del contenido del Acuerdo, del
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acta de confirmación y de la de posesión, sin que se entienda “por qué el actor
guarda silencio sobre esas circunstancias, conducta procesal que se deberá tener
en cuenta al momento de decidir la presente acción”.

Afirmó que la acción de tutela es improcedente, toda vez que lo que busca el
tutelante es “suplir el proceso ordinario de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, solicitando la suspensión del acuerdo del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cundinamarca, sin haber agotado los recursos de la vía
gubernativa”.

Agregó que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente el mecanismo constitucional de manera transitoria, porque “… ya
supera con creces las semanas cotizadas”.

Sin perjuicio de lo anterior, dijo que debía tenerse en cuenta que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-003 de 2018, advirtió que la estabilidad laboral de
los pre- pensionados “se predica del trabajador que le faltare el cumplimiento del
número mínimo de semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez,
dado que el requisito faltante relativo a la edad, puede ser cumplido de manera
posterior con o sin vinculación laboral vigente”.

Agregó que, en esa línea, se pronunció la Corte Suprema de Justicia en sentencia
STC-12498 de 2021 y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia de 19 de mayo de 2022 (radicado 2022-000488-01).

De otra parte, manifestó que no se opone a la reubicación solicitada por el
tutelante y que “podría fácilmente REUBICARSE en el Juzgado Promiscuo
Municipal de El Colegio, cargo que el suscrito deja vacante en razón a mi traslado
a Apulo”.

Finalmente, refirió que en caso de decidirse mantener al tutelante en el Juzgado
Promiscuo de Apulo se le estaría generando un perjuicio debido a los gastos en
los que ha incurrido para trasladarse junto con su familia a su nueva residencia.

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

4. Intervenciones

4.1. El señor Figueroa Ramón reiteró la solicitud de que se le permita la
permanencia en el cargo de ocupa como Juez Promiscuo Municipal de Apulo
hasta que se le reconozca su derecho a la pensión y, de manera efectiva, empiece
a percibir las mesadas correspondientes o, en su defecto, se le reubique en un
cargo de igual categoría en el departamento de Cundinamarca.

Mencionó que la razón de su desvinculación no es la provisión del cargo en
atención a un concurso de méritos, sino “simplemente porque el referido señor
quiere un traslado a la sede que ocupo en calidad de provisional”. Añadió
(trascripción de forma literal):

… al señor Douglas Jesús González, no se le está lesionando ningún derecho
de acceso a la carrera administrativa de la Rama Judicial, ni se trata de una
situación de mejor derecho con ocasión de haber ganado el concurso de
méritos público por haber ocupado el primer lugar y que se haya ofertado mi
cargo dentro de un concurso, por el contrario, el referido funcionario, goza de
todas las garantías de estabilidad que le concede el ser funcionario de carrera
administrativa, por lo que el hecho que yo continúe en mi cargo como JUEZ
PROMISCUO MUNICIPAL DE APULO, hasta que pueda acceder de manera
efectiva a mi pensión de vejez, no lesionará ningún derecho de alguien que lo
este solicitando por haber ganado el concurso de méritos.

Señaló que “al día de hoy, el señor Douglas Jesús González, acaba de llegar a
posesionarse del cargo, dejándome a mi, en condición de desempleado, sin que
se hubiese atendido mi petición de medida provisional”.

Insistió en que se debe dar aplicación a la Ley 2040 de 2020 en el sentido de
ordenar su reubicación hasta que cumpla los requisitos mínimos para obtener el
beneficio pensional.

Trascribió un fallo de tutela del 8 de septiembre de 2022 (radicado:
2022-03727-01), en el que la Sección Quinta del Consejo de Estado, según su
criterio, estableció que “la garantía de derechos de los prepensionados, como en
mi caso, debe darse a partir de la consideración de preservar el derecho a recibir
el mínimo vital y móvil hasta tanto se materialice de manera efectiva el derecho a
pensión de jubilación”.

4.2. Posteriormente, en memorial denominado “perjuicio irremediable por su
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

ineficacia judicial”, el tutelante refirió (trascripción literal):

… Su decisión de admisión de la acción de tutela, (vulnerando los términos
perentorios que la ley tiene previstos para su trámite, pues ya se cumplen más
de 15 días hábiles, sin ninguna solución) y me llamen ayer, diciendo que, al
Señor Douglas Jesús González, no se le ha podido notificar, porque no está
posesionado en el juzgado promiscuo municipal de Apulo. Que cómo es
posible que no lo haya hecho. Así lo expresó arbitrariamente el funcionario
que llamó del respetado Consejo de Estado Colombiano. Situación totalmente
adversa con la realidad, porque usted señor juez Constitucional, pudo leer
claramente en el acto administrativo arbitrario que se está demandando, que
este señor estando como juez promiscuo municipal de El Colegio, es
trasladado a ejercer el cargo como juez 2 promiscuo municipal de Apulo Cund.
Entonces, por sí solo se contradicen en una supuesta violación inexistente de
derechos fundamentales del servidor público trasladado. En ningún momento
se ha quedado sin trabajo ese juez, por el contrario ahora, acaba de asumir
dos cargos de juez simultáneamente como se lo demuestro con el acta de
posesión híbrida con la que se presentó hoy al juzgado promiscuo municipal
de Apulo, tomando posesión en ‘provisionalidad’, entuerto que no corresponde
a su condición de juez en propiedad. Y, además, toma posesión del cargo de
juez promiscuo municipal de Apulo, hoy 7 de octubre, con efectos fiscales a
partir del 18 de octubre de 2022. Qué significa tamaño absurdo administrativo.

… Acompaño audio de llamada telefónica donde consta la conversación del
suscrito accionante con el juez en propiedad Douglas Jesús González, donde
dice que él se esperó los 5 días que yo tenía para que impugnara el acto
administrativo atacado, y yo guardé silencio. Que afirmación más alejada de la
verdad, el acto administrativo demandado, en ninguna parte me notifica la
posibilidad de presentar recursos, precisamente por dicha razón no tuve otra
alternativa que presentar la tutela…

4.3. El Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
remitió el correo electrónico allegado por el señor Rodrigo Figueroa Ramón en el
que, ante el requerimiento hecho por el doctor González Atuesta, consistente en
que se indicara si “realizó la estadística (SIERJU), la cantidad de los procesos,
cuándo fue la última conciliación bancaria (la constancia de la misma)… la
situación actual de la Secretaría”, el aquí tutelante respondió “cuando cese por
parte de ustedes la vía de hecho de la cual soy víctima, con la violación flagrante
de mis derechos fundamentales y mis derechos humanos, entonces responderé,
mientras tanto si ustedes ni respetan la ley, ni la constitución, ni los derechos
humanos, yo tampoco”.

Así mismo, se allegó oficio del 18 de octubre de 2022, mediante el cual el
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca le solicitó al
señor Figueroa Ramón “dar cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo PSAA16-
10476, en cuyo artículo 8°, establece como deberes del funcionario el
diligenciamiento oportuno de la información estadística, en los periodos
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Radicación número: 110010315000202205192 00
Accionante: Rodrigo Figueroa Ramón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

trimestrales establecidos en el artículo 6° y su correcto diligenciamiento conforme
lo señala el artículo 12 del acuerdo atrás enunciado”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.

En cuanto al presupuesto de la subsidiariedad, el inciso 3 del artículo 86 de la
Constitución Política prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado
por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. No obstante, el artículo
82 del mencionado decreto consagra que aun cuando el afectado disponga de otro
mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela procede para evitar un perjuicio
irremediable.

La Corte Constitucional ha sostenido que para efectos de comprobar si se cumple
o no el requisito de la subsidiariedad no basta con la simple existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, sino que se debe verificar que dicho medio de
defensa es idóneo y eficaz, porque en caso de no serlo, la acción de tutela es el
mecanismo indicado para proteger los derechos fundamentales y, en ese sentido,
evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

Puntualmente, esa alta corporación señaló:

2
“Articulo 8. La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro
medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para
decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”.
“En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a
partir del fallo de tutela.
“Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.
“Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela
también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente
podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya
protección se solicita, mientras dure el proceso”.
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Radicación número: 110010315000202205192 00
Accionante: Rodrigo Figueroa Ramón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

… en consonancia con los artículos 86º Constitucional y 6º del Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela también podrá interponerse como mecanismo
transitorio, cuando existiendo un mecanismo judicial principal, la intervención
del juez constitucional resulta imperativa para evitar que se configure un
perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente, grave, urgente e
impostergable. Lo anterior, implica que se caracteriza por ser ‘(i) una amenaza
que está por suceder prontamente; (ii) el daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean
urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad’”3.

En el presente caso, el señor Rodrigo Figueroa Ramón pretende que se amparen
sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna y al debido
proceso y, como consecuencia, se tenga en cuenta su condición de
pre-pensionado, para “mantener en el cargo de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL
DE APULO al suscrito, hasta tanto adquiere el derecho a la pensión, o en su
defecto, proceder a REUBICAR al suscrito en un cargo de igual categoría en las
plazas que se encuentren dispuestas en el departamento, en virtud de la
estabilidad laboral reforzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley
2040 de 2020”.

Pues bien, se tiene que la decisión de desvincular al tutelante -pese a la condición
de pre-pensionado que alega- se materializó en el Acuerdo No. 219 de 13 de
septiembre de 2022, mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca nombró, en propiedad por traslado, al señor Douglas Jesús
González Atuesta en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Apulo, bajo las
siguientes consideraciones (trascripción literal):

2. El cargo para el cual se solicita nombramiento por traslado, tiene funciones
afines y la misma categoría del que ocupa el aspirante en propiedad. El
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca manifestó que
verificada la base de datos de esa corporación, se encuentra que mediante
Resolución SACUNR11-199 ‘Por medio de la cual el Consejo Seccional
inscribió en el escalafón de carrera judicial al doctor DOUGLAS JESÚS
GONZÁLEZ ATUESTA’, en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de
Guayabal de Siquima – Cundinamarca, con la Resolución CSJCUR21-77
‘Por medio de la cual se efectúa la actualización en el escalafón de carrera
judicial de un funcionario’, en donde se actualizó el escalafón del
funcionario en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de El Colegio –
Cundinamarca; circunstancias que acreditan la condición de servidor de
carrera judicial al interesado.

3. Revisada la hoja de vida de quien se encuentra nombrado en

3
Sentencia T-065 de 2019.
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Radicación número: 110010315000202205192 00
Accionante: Rodrigo Figueroa Ramón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

provisionalidad en el Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo, RODRIGO
FIGUEROA RAMÓN, se encuentra incorporada copia del oficio
CSJCU021-1655 de 2 de agosto de 2021, suscrito por el Vicepresidente del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, donde se le informa
que, para atender la petición de estabilidad laboral reforzada presentada
bajo la condición de prepensionado, se le requirió allegar documentos para
emitir concepto y remitirlo a la Corporación, sin tener noticia de su
respuesta, por ello, se procedió por parte del Tribunal a requerirlo para que
informara las semanas cotizadas a la fecha, en Colpensiones y/o fondo
privado de pensiones y así se obtuvo respuesta el 2 de septiembre del
presente año, donde allegó como último reporte suministrado por
COLPENSIONES, observando que en el adjunto ‘COLPENSIONES (…)
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES PERÍODO DE
INFORME: enero 1967 agosto/2021 ACTUALIZADO A: 02 agosto
2021…TOTAL SEMANAS COTIZADAS: 1.271,00’ y pese a que en dos
oportunidades se le insistió por medio de correos electrónicos de 5 y 12 de
septiembre de 2022. Para que remitiera el reporte actualizado, no se
obtuvo respuesta, como tampoco existe petición ante esta corporación por
parte del servidor FIGUEROA RAMÓN para que se le reconozca condición
especial de estabilidad laboral.

De esta manera, encontrándonos en septiembre de 2022 y teniendo que
esta persona desde esa fecha ha laborado en la entidad para el despacho
que actualmente regenta, significa que cuenta con más de 1300 semanas
cotizadas, razón por la cual se establece que no se encuentra en condición
de prepensionado, tal como lo reiteró la Corte Constitucional en la
sentencia T-500 de 2019, que indicó:

‘1.1.1. A partir de esta definición, este Tribunal Constitucional4 sostuvo que
en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad ‘la estabilidad laboral
de los prepensionados es una garantía constitucional de los trabajadores
del sector público o privado, de no ser desvinculados de sus cargos cuando
se encuentren ad portas de cumplir con los requisitos para acceder a la
pensión de vejez’, siempre y cuando, la terminación del contrato ponga en
riesgo derechos fundamentales tales como el mínimo vital5.

1.1.1 Mas adelante, en sentencia SU-003 de 2018, esta Corporación
advirtió que la garantía a la estabilidad laboral de los prepensionados, se
predica del trabajador que le faltare el cumplimiento del número mínimo de
semanas de cotización para acceder a la pensión, dado que el requisito
faltante, relativo a la edad, puede ser cumplido de manera posterior, con o
sin vinculación laboral vigente.

1.1.2 Sobre el particular indicó que ‘la prepensión protege la expectativa
del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración
como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo. Por tanto,
ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva

4
Original de la cita: “Sentencia T-229 de 2017, con fundamento en las sentencias T-186 de 2013 y
T-326 de 2014”.
5
Original de la cita: “En sentencia T-325 de 2018, la Sala Octava de Revisión sostuvo que ‘no
basta con ostentar la calidad de prepensionado para gozar de esta protección [estabilidad laboral
reforzada], pues además se requiere que la terminación del contrato de trabajo ponga en riesgo
derechos fundamentales tales como el mínimo vital, debido a la edad en que se encuentra quien es
retirado de su puesto de trabajo, lo cual puede conllevar a que sea difícil conseguir un nuevo
empleo y por ende satisfacer las necesidades básicas de un hogar. Lo que implica que, en los
eventos de retiro de una persona a quien le falten tres años o menos para adquirir la condición de
prepensionado se debe analizar cada caso concreto para establecer si están en riesgo derechos
fundamentales”.
12

Radicación número: 110010315000202205192 00
Accionante: Rodrigo Figueroa Ramón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los
requisitos que le faltaren para acceder a su pensión de vejez’

1.1.3 De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que la estabilidad
laboral de los pensionados se predica de los trabajadores (público o
privado) que les faltare tres (3) o menos años para cumplir con el número
de semanas cotizadas o el tiempo de servicio, en el caso del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, para acceder a la pensión de vejez’.

Igualmente considerado por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia
STC 12498 de 2021

Así la Sala Plena, dispuso por unanimidad, el nombramiento por traslado
en el Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo del abogado DOUGLAS
JESÚS GONZÁLEZ ATUESTA, actual Juez Promiscuo Municipal de El
Colegio.

En primer lugar, la Sala considera pertinente precisar que es cierto que en el
referido acto administrativo no se consignó, de manera expresa, los recursos que
contra él procedían.

Sin embargo, lo anterior no relevaba al ahora tutelante de la obligación que le
asistía de cuestionarlo a través de los recursos dispuestos en la ley para tal fin
-artículos 74 y siguientes del CPACA6-, porque -como se vio- en el Acuerdo 219 de

6
ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general,
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo,
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario
que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que
haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la
decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo
que sea del caso.
ARTÍCULO 75. IMPROCEDENCIA. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma
expresa.
ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación,
según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo,
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
13

Radicación número: 110010315000202205192 00
Accionante: Rodrigo Figueroa Ramón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

2022 se analizó y se adoptó una decisión definitiva respecto del reconocimiento de
la estabilidad laboral solicitada en atención a su condición de pre-pensionado, al
punto de que se indicó, de manera precisa, lo siguiente: “encontrándonos en
septiembre de 2022 y teniendo que esta persona desde esa fecha ha laborado en
la entidad para el despacho que actualmente regenta, significa que cuenta con
más de 1300 semanas cotizadas, razón por la cual se establece que no se
encuentra en condición de prepensionado” (se destaca).

Esto sería suficiente para declarar la improcedencia del amparo solicitado, bajo el
entendido de que, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, la acción de tutela
“no es un medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”7, pues en
este caso la parte actora ni siquiera cuestionó, en sede administrativa, la decisión

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.
ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser
notificado por este medio.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso,
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2)
meses.
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto
recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.
ARTÍCULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos
en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra
el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.
ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en el
efecto suspensivo.
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días.
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30)
días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el
término exceda de treinta (30) días.
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.
ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere
lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que
resuelva el recurso.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que
surjan con motivo del recurso.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de
mayo de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14

Radicación número: 110010315000202205192 00
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Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

por virtud de la cual fue separado del cargo que ejercía y que, incluso, descartó
que se tratara de un funcionario con estabilidad laboral reforzada.

Sin perjuicio de lo anterior, es del caso mencionar que el accionante tiene la
posibilidad de cuestionar la decisión que considera lesiva –Acuerdo No. 219 de 13
de septiembre de 2022– mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., en el
que, incluso, tiene la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares
(numeral 3 del artículo 230) y, si la situación lo amerita, se pueden adoptar las
medidas cautelares de urgencia (artículo 234).

Así las cosas, resulta evidente que no le es dado al juez constitucional
pronunciarse sobre el fondo del asunto, toda vez que la acción de tutela no es un
medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley
para defensa de los derechos del ahora accionante, ni está instituido para
desconocer los mecanismos dispuestos para debatir la legalidad de las decisiones
de su nominador –Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca–. Al
respecto, frente a casos similares, se ha considerado:

… advierte la Sala es que la inconformidad de la parte actora se refiere
principalmente a la decisión emitida por Tribunal Administrado del Cesar,
mediante la cual nombró en propiedad a la señora (…) y, por ende, lo apartó
del cargo de profesional universitario grado 12 del Tribunal Administrativo del
Cesar, que ocupaba en provisionalidad desde el 2015.

43. Dicho acto administrativo constituye la culminación de un procedimiento
administrativo reglado que se deriva de la competencia asignada a las
autoridades nominadoras de la Rama Judicial, por el artículo 131 de la Ley
270 de 1996, pasible de control en sede judicial ordinaria, para lo cual se
encuentra el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de
conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 20118.

Finalmente, se tiene que el tutelante alega que se le está causando un perjuicio
irremediable porque se transgrede “la garantía de un mínimo vital y móvil con el
cual puede sostener mis necesidades y las de mi familia, lo cual me pone en una
condición de debilidad manifiesta, ante el hecho que, aunque sea profesional, no
garantiza que a mi edad pueda acceder al mercado laboral y poder sufragar los
gastos que actualmente tengo”.
8
Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P.: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 21 de octubre
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-06544-00.
15

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Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Sin embargo, para la Sala, ello no es suficiente para que se justifique la
intervención del juez de tutela, bajo el entendido de que este mecanismo
excepcional procede “siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir,
que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley,
al punto de ser atentados a los derechos fundamentales”9, lo que no se evidencia
en el caso bajo estudio porque, como se vio, la decisión de trasladar al señor
Douglas Jesús González Atuesta en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de
Apulo -cargo desempeñado por el tutelante- estuvo debidamente motivada, a tal
punto que hizo el análisis de semanas cotizadas para establecer “que no se
encuentra en condición de prepensionado”.

De otra parte, se advierte que, es cierto que de los documentos allegados con la
demanda de tutela se desprende que, el 12 de noviembre de 2015, el tutelante fue
diagnosticado con “epicondilitis medial y lateral derecha – epicondilitis medial
izquierda – tendinitis de flexores y extensores de antebrazos bilateral”, con una
pérdida de la capacidad laboral de 7.60%; sin embargo, a juicio de la Sala, esa
condición de salud no impide que se desempeñe profesionalmente y menos aun
cuando la profesión de abogado es un “profesión liberal que, incluso, puede
ejercer de manera independiente”10.

En esos términos, la Subsección ha sostenido que:

… teniendo en cuenta que los servidores públicos que ejercen un cargo en
provisionalidad, deben ceder frente al mejor derecho que tienen las personas
que ganaron un concurso público de méritos para ejercer el mismo cargo,
incluso los que gozan de una estabilidad laboral reforzada, como las
madres o padres cabeza de familia o personas, o los llamados
prepensionados, a quienes las entidades deben darles un trato preferencial,
no para permanecer en el empleo que fue objeto de concurso, sino para que
ocupen cargos iguales o equivalentes, si es que existen, pues la protección no
es absoluta ni automática.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-446 de
2011, expresó lo siguiente:

[L]a terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza
respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no
desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la
estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 22 de abril de 2022, radicación: 25000-23-15-000-2022-00236-01, M.P. María Adriana
Marín, entre otras decisiones de la Sala.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: María Adriana Marín, sentencia de 20
de mayo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-02054-00.
16

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Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que
ganaron un concurso público de méritos […].

En el caso de los provisionales que son sujetos de especial de protección, si
bien la Corte no concederá la tutela porque no ostentaban un derecho a
permanecer en el empleo, sí se ordenará a la Fiscalía General de la Nación
que, en el evento en que a la fecha de expedición del fallo existan vacantes
disponibles en cargos iguales o equivalentes a aquellos que venían ocupando,
sean vinculados en provisionalidad mientras se realiza un nuevo concurso. La
desvinculación de estos servidores sólo será posible previo acto administrativo
motivado en los términos de la sentencia SU-917 de 2010.

En el caso bajo estudio, si bien en la tutela el señor (…) manifestó que con el
nombramiento del señor (…) se le causaría un perjuicio irremediable,
considera la Sala que su situación particular no encaja en aquellas que, a
la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deben considerarse
para otorgarle un trato preferente sobre otros cargos vacantes en su
lugar de trabajo.

En efecto, como bien señaló el a quo, la parte actora no acreditó que en este
caso estemos ante una circunstancia excepcional que justifique la intervención
urgente e inmediata del juez de tutela. Como ya se dijo, el perjuicio
irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegarse
a producir no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es,
diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la
intervención del juez de tutela, pero siempre que ese perjuicio se note
sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente
contrarias a la Constitución o a la ley, al punto de ser atentados a los
derechos fundamentales, situación que, a simple vista, no se presenta en
este caso.

En suma, la Sala considera que en el presente asunto no se presenta ninguna
de las situaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, ni se
configura un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental, como para
que prospere la acción de tutela. El hecho de que el accionante vaya a ser
desvinculado de su cargo en provisionalidad, debido al nombramiento en
propiedad del señor (…), no implica necesariamente que se le estén
violando sus derechos fundamentales11 (se destaca).

Por último, se precisa que es cierto que, mediante fallo del 8 de septiembre de
2022 (11001-03-15-000-2022-03727-01), la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó la decisión de amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de
una persona dada su condición de prepensionada; sin embargo, para la
Subsección ese pronunciamiento no constituye un precedente aplicable al caso
bajo estudio, porque “tiene carácter obligatorio únicamente para las partes”
(numeral 2 del artículo 4812 de la Ley 270 de 1996).

11
Ibidem.
12
“ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL
CONSTITUCIONAL.<CONDICIONALMENTE exequible> Las sentencias proferidas en
cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya
sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de
constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte
17

Radicación número: 110010315000202205192 00
Accionante: Rodrigo Figueroa Ramón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará la improcedencia del
amparo solicitado por no cumplir el requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia del amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación
de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene
carácter obligatorio general.
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los
jueces”.
18

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