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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05194-00

Fecha
26 de octubre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05194-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: ORDÉNASE a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, notifique a los actores el correspondiente 7 Radicado: 11001-03-15-000-2022-05194-00 Accionantes: Rosa Julia Aullon Luna y otros Se concede el amparo acto administrativo de retiro con respecto al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. TERCERO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05194-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

26 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05194-00
Accionantes: Rosa Julia Aullon Luna y otros
Se concede el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05194-00
Accionantes: Rosa Julia Aullon Luna y otros
Accionado: Dirección Nacional para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y otros

Temas: Tutela por acción u omisión de autoridad pública / Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS / Notificación de actos administrativos /
Debido proceso / Se concede el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra la Dirección Nacional
para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, la Agencia de Renovación del Territorio y la
Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. Los accionantes alegan
que las autoridades accionadas no les notificaron personalmente los actos
administrativos de retiro o cesación de beneficios del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

1 El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís, Putumayo remitió por competencia la presente

acción al Consejo de Estado. El despacho sustanciador asumió el conocimiento del asunto mediante auto del 30 de
septiembre de 2022. Lo anterior, atendiendo el principio de celeridad que impone el trámite de este tipo de acciones,
de manera que se eviten dilaciones en la protección de los derechos fundamentales alegados.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05194-00
Accionantes: Rosa Julia Aullon Luna y otros
Se concede el amparo

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 20 de septiembre de 2022 Rosa Julia Aullon Luna, Domiciano Audelo Acosta
Rosero, María Amalia Rodríguez Villada, Mari Luz Herrera, Marino Ordóñez, Nelson
Acevedo Hernández, Clementina Medina Rivera, José́ Orlando Díaz, Alba Lucia Medina
Rivera, Gloria Lucía López Moreno, Edi Omaira Acosta Morales, Rober Félix Pantoja
Matasea, Claudia García Luna y Teresa de Jesús Villada Criollo presentaron una acción
de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad, con ocasión de la falta de notificación personal de los actos administrativos de
retiro de los accionantes del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
(en adelante, PNIS).

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso e igualdad material.

SEGUNDO: ORDENE a las entidades accionadas DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO, CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN, el reintegro temporal de los accionantes y sus núcleos familiares al
Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito – PNIS.

TERCERO: ORDENE a las entidades accionadas DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO, CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN, notificar personalmente los actos administrativos de retiro o cesación
de beneficios del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito –
PNIS de los accionantes>>.

B. Hechos

3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- En 2018 los accionantes, residentes de la vereda Puerto El Sol del municipio de

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Accionantes: Rosa Julia Aullon Luna y otros
Se concede el amparo

San Miguel, Putumayo2 diligenciaron el <<formulario de vinculación de núcleos
familiares de recolectores y familias agricultoras no cultivadoras de cultivos de uso ilícito
y establecimiento de compromisos en el marco de la implementación del [PNIS]>>,
mediante el cual fueron incluidos en ese programa.

3.2.- Los actores conocieron de manera informal que fueron retirados del PNIS, sin que
se hayan notificado debidamente los actos administrativos a través de los cuales se
tomó dicha decisión. Por lo anterior, no conocen las razones fácticas y jurídicas que
motivaron su retiro del programa.

3.3.- La Personería Municipal de San Miguel, Putumayo envió un derecho de petición a
la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (en adelante, DSCUI) de la Agencia
de Renovación del Territorio (en adelante, ART), en el que solicitó que se informara por
qué desvinculó a los actores del PNIS y el procedimiento administrativo adoptado para
proceder en ese sentido, así como las notificaciones derivadas del mismo. Esta solicitud
fue respondida el 3 de junio de 2022 por dicha autoridad, mediante documento en el
cual informó que los actores habían sido desvinculados del PNIS por la causal de <<baja
densidad>> y que dicho retiro fue de conocimiento público; sin embargo, no acreditó la
notificación de los actos de retiro.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los actores afirman que no pudieron conocer ni participar en las actuaciones
administrativas que condujeron a su retiro del PNIS, por lo cual se vulneró su derecho
al debido proceso. Aducen que la acción de tutela es procedente porque la DSCUI no
respondió debidamente la solicitud radicada por la Personería Municipal de San Miguel,
Putumayo. Además, aseveran que la tutela pretende evitar la consumación de un
perjuicio irremediable.

2 <<Realizamos la firma de los acuerdos de vinculación en las siguientes fechas y código único de beneficiario (CUB):

ROSA JULIA AULLON LUNA el 16/3/2018 CUB 807477, DOMICIANO AUDELO ACOSTA ROSERO el 16/3/2018
CUB 807466, MARIA AMALIA RODRÍGUEZ VILLADA el 16/3/2018 CUB 807467, MARI LUZ HERRERA el 16/3/2018
CUB 807475, MARINO ORDOÑEZ el 16/3/2018 CUB 807476, NELSON ACEVEDO HERNANDEZ el 16/3/2018 CUB
807465, CLEMENTINA MEDINA RIVERA el 16/3/2018 CUB 807461, JOSE ORLANDO DÍAZ el 16/3/2018 CUB
807431, ALBA LUCIA MEDINA RIVERA 16/3/2018 CUB 807280, GLORIA LUCIA LOPEZ MORENO 17/3/2018 CUB
807321, EDI OMARIA ACOSTA MORALES 16/3/2018 CUB 807449, ROBER FELIX PANTOJA MATASEA 16/3/2018
CUB 807277, CLAUDIA GARCIA LUNA 17/3/2018 CUB 806928 Y TERESA DE JESÚS VILLADA CRIOLLO 16/3/2018
CUB 807278>>.

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Accionantes: Rosa Julia Aullon Luna y otros
Se concede el amparo

4.1.- Consideran que no se acató lo previsto en los artículos 43, 66 y 67 del CPACA al
no notificarse personalmente los actos administrativos que retiraron a los actores del
PNIS. Agregan que se vulneró su derecho a la igualdad, pues no se tuvieron en cuenta
las condiciones de desigualdad estructural en las que viven. Señalan que son
campesinos con escasos recursos, en algunos casos son mujeres cabezas de familia y
adultos mayores con bajos niveles de escolaridad, habitantes de un municipio afectado
por el conflicto con la presencia de actores armados, y cuyas viviendas no cuentan con
acceso a servicios públicos domiciliarios; en suma, sostienen que son sujetos de
especial protección constitucional.

4.2.- Para respaldar su reparo, los actores citan algunas sentencias sobre el debido
proceso administrativo, las notificaciones de las decisiones de la Administración y los
sujetos de especial protección constitucional: T-616 de 2006, T-404 de 2014, T-002 de
2019 y C-077 de 2017. Sin embargo, no agregan ninguna consideración adicional, pues
se limitan a transcribir algunas secciones de dichas sentencias.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La ART (accionada) solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela o negar
sus pretensiones. Reconoce que el 16 de marzo de 2018 los actores se inscribieron al
PNIS mediante formularios de vinculación individual debidamente identificados bajo
códigos únicos de beneficiarios3. Sin embargo, los núcleos familiares fueron retirados
del PNIS cuando el programa se encontraba bajo el control de la Consejería Presidencial
para la Estabilización, pues para ese momento no existía la DSCUI en la estructura de
la ART, ya que fue creada a partir del 1° de enero de 2020. En esa medida, la DSCUI
cuenta con información trasladada una vez se dio la transición institucional, pero no
puede responsabilizarse por decisiones que no adoptó y procedimientos que no ejecutó.

5.1.- Aduce que en atención al derecho de petición del 2 de junio de 20224 se dio
respuesta de fondo sobre la situación de los accionantes. Afirma que la ART no puede
revocar una decisión adoptada por la anterior entidad a cargo del PNIS, <<que además
ha sido notificada conforme a lo dispuesto en el [CPACA] y se encuentra debidamente
ejecutoriada, por lo que, en atención al principio de preclusión procesal no es viable

3 807277; 807280; 807467; 806928; 807278; 807475; 807465; 807476; 807321; 807431; 807449; 807461; 807466;

807477.
4 Radicado de entrada No. 20222300032722 y radicado de salida No. 20222300060321

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Accionantes: Rosa Julia Aullon Luna y otros
Se concede el amparo

revivir términos agotados, toda vez que la accionante no interpuso recurso de
reposición>>5. Agrega que los accionantes fueron excluidos del PNIS hace más de tres
años, <<sin que se haya realizado gestión en sede de la interposición de un medio de
control o acción constitucional alguna>>. Así, concluye que la acción de tutela no fue
presentada dentro de un término razonable.

5.2.- Señala que la decisión de retirar a los núcleos familiares <<es una consecuencia
de pleno conocimiento desde el momento de suscripción de los respectivos formularios
de vinculación individual y se debió al actuar de los núcleos familiares al no cumplir con
los criterios de priorización>>. Lo anterior, pues de acuerdo con la información
reportada, <<se encontró que dichos retiros obedecieron a la causal de baja densidad,
es decir que eran más las familias sin cultivos ilícitos que aquellas que tenían cultivos
ilícitos>>. Por esto, dicha población no fue priorizada de acuerdo con su calidad al
momento de presentar la vinculación, es decir, no cultivadores.

5.3.- Aclara que la continuidad en el PNIS depende del componente volitivo, es decir,
los núcleos familiares deben estar prestos a cumplir con los compromisos adquiridos,
esto es, sustituir el cultivo y abstenerse de resembrar especies ilícitas, entre otros. Esto
es diferente de otros programas que están concebidos como una herramienta para
garantizar la superación de la pobreza, de manera que el mínimo vital no está
directamente asociado al PNIS.

6.- La Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (accionada) afirma
que la implementación del PNIS no le compete, por lo que no pudo vulnerar los derechos
alegados por los actores. Aduce que en este asunto existe un traslado de competencias
de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación a la ART6. Por
esto, la DSCUI de la ART es la competente para responder por los hechos y
pretensiones de la tutela, de manera que debe declararse la falta de legitimación en la
causa por pasiva y desvincularse a esta consejería.

5 Aduce también que <<la Consejería tomó una decisión sobre la permanencia de los accionantes en el programa y

procedió a comunicarle la misma indicando que contra esa decisión procedía el recurso de reposición>>.
6 Explica que la DSCUI a la que se refiere el artículo 1° del Decreto Ley 896 de 2017, que se encontraba <<adscrita

a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República>>, actualmente no hace parte de esa dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, según lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 281 de la ley 1955 de 2019, el cual definió que el
desarrollo y ejecución del PNIS se efectuará por parte de la ART.

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Accionantes: Rosa Julia Aullon Luna y otros
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7.- La consejería aclara que la implementación del PNIS estuvo a cargo de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación hasta diciembre de 2019. Con
posterioridad a esa fecha y en virtud de los Decretos 2107 y 2108 de 22 de noviembre
de 2019, la ART modificó su estructura para incluir a la DSCUI y asumió la función de
desarrollo y ejecución del PNIS7.

II. CONSIDERACIONES

8.- La Sala concederá el amparo solicitado, por cuanto considera que la DSCUI de la
ART desconoció los artículos 66 y 67 del CPACA en la medida que no existe prueba en
el expediente que demuestre la notificación de los actos administrativos de
desvinculación del PNIS a los actores. Por consiguiente, se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso.

9.- Los actores pretenden que se ordene a las autoridades accionadas el reintegro
temporal de sus núcleos familiares al PNIS y que se les notifiquen personalmente los
actos administrativos de retiro del PNIS. Al respecto, esta Sala observa que aunque la
ART reconoce que los actores estuvieron vinculados al PNIS y luego fueron retirados
debido a la causal de <<baja densidad>>, lo cierto es que no se allegó prueba al
expediente que acredite la notificación de esta decisión a los afectados.

10.- La Sala resalta que la decisión de retirar a los accionantes del PNIS a los
accionantes es un acto administrativo de carácter particular, en especial en tanto pone
término a una actuación administrativa –esto es, la vinculación de los actores al PNIS–.
Por lo tanto, dicho acto administrativo debía ser notificado a los actores de conformidad
con el artículo 67 del CPACA, pero en el expediente no existe prueba de dicha
notificación.

7 En efecto, el Decreto 2107 de 2019 (artículos 1 y 6) estableció que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso

Ilícito sería una dependencia <<con autonomía administrativa y financiera, en los términos del literal j) del artículo 54
de la Ley 489 de 1998>>. Posteriormente, mediante el Decreto 1223 de 2022 se modificó la estructura de la ART
conservando a la aludida Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y reseñando sus funciones en su artículo
23, en el cual se reitera que es una dependencia con autonomía administrativa y financiera, en los términos del literal
j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Es decir, la norma mantiene la competencia de las alternativas de sustitución
de cultivos ilícitos en la aludida agencia, y consecuencia, <<la referida Dirección tiene la capacidad de comparecer
por sí misma sin que se requiera la comparecencia de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación>>.

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10.1.- El argumento de la DSCUI de la ART según el cual dicha decisión <<es una
consecuencia de pleno conocimiento desde el momento de suscripción de los
respectivos formularios de vinculación individual>> no es adecuado, pues aunque los
actores sabían que podían ser desvinculados del PNIS, dicho conocimiento no suple la
obligación de notificación en cabeza de la autoridad accionada. Además, si bien dicha
autoridad señaló en su informe en el presente proceso de tutela que la decisión de retiro
de los actores <<ha sido notificada conforme a lo dispuesto en el [CPACA] y se
encuentra debidamente ejecutoriada>>, lo cierto es que no aportó ninguna prueba que
acreditara su afirmación.

10.2.- De conformidad con el artículo 26A del Decreto 2366 de 2015, adicionado por el
artículo 6 del Decreto 2107 de 2019, la DSCUI de la ART tiene competencia para
adelantar las actividades administrativas relacionadas con el PNIS. Además, el artículo
8 del Decreto 2107 de 2019 establece que los archivos correspondientes al PNIS, entre
los cuales se encuentran los acuerdos y <<demás documentos relacionados con las
funciones asignadas a la [ART]>> serían transferidos a esta autoridad. Por lo anterior,
la orden consistente en notificar el respectivo acto administrativo de retiro se dirigirá la
ART.

11.- Por último, se negará la solicitud de desvinculación elevada por la Consejería
Presidencial para la Estabilización y Consolidación; su vinculación al presente asunto se
origina en el interés que pueda tener en las resultas del trámite de la acción, puesto que
dicha autoridad tuvo a su cargo la administración y ejecución del PNIS.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ORDÉNASE a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la
Agencia de Renovación del Territorio que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la notificación de la presente providencia, notifique a los actores el correspondiente

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05194-00
Accionantes: Rosa Julia Aullon Luna y otros
Se concede el amparo

acto administrativo de retiro con respecto al Programa Nacional de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito.

TERCERO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Consejería
Presidencial para la Estabilización y Consolidación.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

QUINTO: Por Secretaría, PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de
esta Corporación.

SEXTO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado este fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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