Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05209-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05209 00
Demandante: Bayron Alonso Restrepo Giraldo
Demandado: Presidencia de la República y otros
Temas: Acción de tutela en la que se busca que se establezcan requisitos
adicionales a los previstos en el artículo transitorio 5 del Acto
Legislativo 2 de 2021, para ser candidato(a) a las curules de las 16
circunscripciones territoriales especiales de paz para la Cámara de
Representantes y ocupar cargos públicos / rechazo por
improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Bayron Alonso Restrepo
Giraldo contra la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría General de la Nación.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
El señor Bayron Alonso Restrepo Giraldo, promovió acción de tutela contra la
Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría General
de la Nación, en orden a que se protejan sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, la vida, la honra y el buen nombre.
1.2. Pretensiones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05209 00
Demandante: Bayron Alonso Restrepo Giraldo
El accionante formuló la siguiente súplica:
SEGUNDA: Solicito como víctima del conflicto armado establecer el requisito adicional
de que para quienes pretendan ser nombrados dentro de las 16 curules especiales para
representar a sus víctimas de conflicto armado en el congreso y quienes pretendan
ocupar cargos de alta jerarquía dentro de la Unidad de Víctimas, que ellos o sus
familiares hasta en 4 grado de consanguineidad, nunca hayan sido victimarios de las
víctimas del conflicto armado, ni hayan tenido relaciones estrechas comprobables con
victimarios de cualquier índole, ni relaciones con el narcotráfico o cualquier actor del
conflicto armado.1
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el accionante señaló los siguientes:
i) Junto con su familia, aproximadamente en el año 2001, cuando tenía 8 años,
fueron víctimas de desplazamiento forzado de la zona rural del municipio de
Santuario (Risaralda), por los actores del conflicto armado y, después de vivir
algunos meses en la finca del abuelo paterno, en una vereda del Valle del Cauca,
dichos grupos continuaron la persecución y posterior asesinato de su progenitor
(acaecida el 5 de mayo de 2003), lo que conllevó un nuevo traslado de ciudad.
ii) Desde entonces, como víctimas del conflicto armado en Colombia, han padecido
un sin número de abusos, «inclusive de hasta familiares, aprovechándose de que
éramos vulnerables […] sin la protección de nuestro padre». Los hechos
victimizantes ocurridos entre 2002 y 2003, fueron declarados ante la UARIV en el
año 2007; sin embargo, no han recibido apoyo de esa entidad, dado que la voluntad
de ayuda de los anteriores gobiernos, es muy reducida, pues «solo les ha interesado
el negocio lucrativo de la guerra […]».
iii) Al estudiar el perfil de quienes pretenden ocupar 16 cargos para representar a las
víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República, se encuentra que hay
personas con presuntos y claros vínculos con el narcotráfico, paramilitarismo,
parapolítica e, inclusive, victimarios directos o sus hijos, lo cual revictimiza a los ya
afectados por el actuar de éstos, como es el caso de la dirección de la Unidad de
1 A través de escrito de subsanación de la acción de tutela, el accionante modificó las pretensiones
inicialmente planteadas y formuló la que se consigna.
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Demandante: Bayron Alonso Restrepo Giraldo
Víctimas del Conflicto Armado, lo que constituye un atropello contra la dignidad
humana y la justicia.
1.4. Fundamentos jurídicos
La parte accionante soporta la solicitud de amparo en los artículos 1, 5, 11, 12, 13,
15, 21, 29 y 86 de la Constitución Política y la Ley 100 de 1993; igualmente,
argumenta que «[c]on el nombramiento de victimarios en las curules de la paz, se me
ha vulnerado a mí y a todas las verdaderas víctimas civiles del conflicto armado que
nunca empuñaron un arma, ni fueron actores activos del conflicto armado interno,
nuestros derechos a la dignidad humana, a la vida, el buen nombre y la honra».
1.5. Actuación procesal
1.5.1. Mediante los autos del 4 y 19 de octubre de 2022, se dispuso requerir al
accionante, en el primero, para que allegara memorial en el que aclarara: i) las
personas que deben ser removidas de sus curules de paz o de sus cargos estatales,
suministrando sus nombres completos y direcciones de notificación, con el fin de
vincularlos dentro de este trámite,2 ii) las acciones u omisiones en las que incurrieron
las entidades accionadas que motivan la solicitud de amparo, y, de ser el caso,
aportara los documentos de prueba relacionados con la trasgresión de sus derechos
fundamentales y iii) suministrara su segundo nombre completo; en el ulterior
proveído se ordenó realizar la corrección de este último aspecto en todas las bases
de datos de la Rama Judicial y se solicitó al señor Restrepo Giraldo que indicara las
pretensiones o solicitudes definitivas.
1.5.2. Una vez el accionante realizó las aclaraciones atrás mencionadas, la acción de
tutela se admitió a través de providencia del 4 de noviembre de 2022, en la que se
ordenó notificar como accionados a la Presidencia de la República, al Consejo
2 Esto, debido a que en el escrito inicial de acción de tutela, el accionante solicitaba «desprender de su
cargo», tanto a los ocupantes de las curules de paz, como a cualquier persona que se haya
«posesionado en entidades estatales», que no cumplan con los requisitos que él plantea en su escrito
de tutela; empero, efectuó una mención general, sin referirse a personas determinadas; pretensión
que no incluyó en el escrito de subsanación, en el que solo relacionó la súplica transcrita en el acápite
de «Pretensiones».
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Demandante: Bayron Alonso Restrepo Giraldo
Nacional Electoral y a la Registraduría General de la Nación, igualmente se vinculó
como tercera interesada en las resultas del proceso a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas.
1.6. Intervenciones
1.6.1. De la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
El abogado Pablo Andrés Corredor Gómez, en condición de apoderado judicial del
señor presidente de la República y del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República solicitó, por un lado, que se declare la improcedencia de
la acción de tutela por incumplir los requisitos para su procedencia y, por otro, la
desvinculación de sus representadas por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, comoquiera que no existe ningún hecho u omisión que les sea atribuible, y
por último, peticionó que se nieguen las pretensiones de la demanda tutelar.
Respecto a los requisitos de procedencia expuso que la solicitud de amparo no
cumple con: i) el principio de subsidiariedad en atención a que cuenta con la
«iniciativa legislativa» para satisfacer la pretensión de que se impongan limitaciones
que contemplen los vínculos con la violencia, para acceder a las curules existentes
para representar las víctimas del conflicto armado; ii) acreditar un perjuicio
irremediable, en atención a que no expone una situación de riesgo o particular que
amerite la intervención del juez de tutela; iii) el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, pues la entidad que representa no es la llamada a atender las
pretensiones formuladas y iv) la acreditación de vulneración de derechos
fundamentales por parte de la Presidencia de la República.
1.6.2. Del Consejo Nacional Electoral
La profesional especializada adscrita a la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa
Judicial del Consejo Nacional Electoral, Briceyda Retavisca Peralta, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela al considerar que:
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i) El marco regulatorio actualmente vigente, respecto de la composición de la
Cámara de Representantes se establece en los artículos 112 y 176 de la
Constitución junto con el artículo 3° transitorio del Acto Legislativo 03 de 2017, en
ellos no se prevé la participación política de las víctimas por intermedio de las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, pues se limita a las
Circunscripciones Territoriales (departamentos y Distrito Capital), a las
Circunscripciones Especiales (afrodescendientes, indígenas y colombianos en el
exterior), a la curul derivada del Estatuto de la Oposición y a las curules transitorias
que se otorgan a los miembros de las FARC-EP, en virtud del Acuerdo Final, en el
que se pactó la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz –
CTEPCR para la Cámara de Representantes, lo cual aconteció con el Acto
Legislativo 02 de 2021 para los períodos 2022-2026 y 2026-2030 y la normatividad
vigente y la Unidad para las Víctimas, agotó el procedimiento de su competencia en
virtud de lo previsto en el artículo 176 de la Constitución Política.
ii) Los requisitos para ser candidato y elegido para las circunscripciones transitorias
especiales para la paz, fueron definidos por el Congreso de la República en el Acto
Legislativo 1 de 2021 y el artículo 5 del Decreto 1207 de 2021 expedido por la
Presidencia de la República, instrumentos jurídicos en los que la Comisión Nacional
Electoral no intervino.
iii) De acuerdo con lo expuesto la corporación no ha vulnerado o puesto en peligro
los derechos fundamentales del accionante, por lo que el amparo solicitado debe ser
denegado o declarado improcedente.
1.6.3. De la Registraduría Nacional del Estado Civil —RNEC—
El jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, indicó que
los hechos y las pretensiones aludidas por el accionante, nada tienen que ver con las
funciones constitucionales y legales a cargo de la RNEC, aunado a que fue el Acto
Legislativo 02 de 2021 el que creó las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales
para la Paz y señaló las reglas en relación con las calidades que debían cumplir
quienes pretendieran ser candidatos a las CITREP, por lo que se limitó a cumplir con
el deber de verificar los requisitos formales de la inscripción de candidaturas con la
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exigencia de los documentos necesarios, expedidos por las autoridades
competentes; por tanto, no ha incurrido en actuación u omisión administrativa que
transgreda los derechos fundamentales alegados en la solicitud de amparo; por lo
que las pretensiones carecen de vocación de prosperidad.
1.6.4. De la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Gina Marcela Duarte Fonseca, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó desvincular a
la entidad por carecer de competencia frente a los hechos y pretensiones de la
acción de tutela, dado que si bien el señor Bayron Alfonso Restrepo Giraldo se
encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas, lo pretendido por este, desborda
las competencias de la Unidad, toda vez que las curules de paz se encuentran
establecidas en el Acto Legislativo 02 de 2021 y la regulación de las inhabilidades e
incompatibilidades para el efecto, corresponde al Congreso de la República.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que prevé que
«[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la
República [...] serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo
de Estado», en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuerdo
080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de
Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
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Corresponde a la Sala establecer si a través de la acción de tutela se pueden crear
requisitos adicionales a los previstos en el artículo 5 del Acto Legislativo 02 de 2021
para ser candidato a ocupar las curules de las circunscripciones Transitorias
Especiales de paz para la Cámara de Representantes y en la Ley y el reglamento
para ejercer cargos «de alta jerarquía dentro de la Unidad de Víctimas».
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un medio de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se
pueden pasar por alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 reitera que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del
carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar
cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo
para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
3 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
El señor Bayron Alfonso Restrepo Giraldo, víctima del conflicto armado en
Colombia,4 interpuso la presente acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la honra y el buen
nombre, que considera deben ser salvaguardados a través de la expedición de una
regulación que establezca como requisito, aplicable tanto para ser candidato a
ocupar las curules de las circunscripciones Transitorias Especiales de paz para la
Cámara de Representantes, como para ejercer cargos «de alta jerarquía dentro de la
Unidad de Víctimas», que, los que pretendan acceder a dichas plazas, no hayan sido
victimarios o familiares de éstos hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni tengan
«relaciones estrechas comprobables con victimarios de cualquier índole ni relación
con el narcotráfico o cualquier actor del conflicto armado».
Por su parte, las accionadas indicaron que no han vulnerado los derechos alegados
por el accionante, comoquiera que, en primer lugar, dentro de sus competencias
legales y constitucionales no está la de establecer los requisitos para acceder a los
cargos sobre los cuales el accionante pretende que se cree el requisito en cuestión y,
en segundo lugar, en lo que respecta a las 16 curules creadas para las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de
Representantes, actuaron conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 2 de 2021
que las creó.
Pues bien, para determinar si la acción de tutela es el medio idóneo para adicionar
una norma constitucional, es preciso indicar que las Circunscripciones Transitorias
4 Condición que acredita con la constancia expedida por el director del Registro y Gestión de
Información de la Unidad para las víctimas, según la cual se encuentra incluido en el Registro Único
de Víctimas por los hechos victimizantes de desplazamiento forzado y homicidio ocurridos el 5 de
mayo de 2003 en el municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca)
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Especiales de Paz para la Cámara de Representantes y la consecuente creación de
16 curules para el efecto, surgieron como consecuencia de los compromisos
adquiridos con el Acuerdo Final de Paz, suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el
Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep),
en especial, en lo que respecta a la participación política, en busca de fortalecer los
escenarios de inclusión a los habitantes de territorios apartados, marginados y con
deficiente presencia institucional, por causa del conflicto armado. 5
Ahora bien, para materializar dicho compromiso, fue necesario acudir a los
mecanismos de modificación de la Constitución Política, comoquiera que lo acordado
impacta, tal como lo definió la Corte Constitucional al realizar el control de
constitucionalidad al Acuerdo 2 de 20216, el Estado Social y Democrático de
Derecho, en lo que tiene que ver con respetar, proteger y garantizar los derechos de
5 El punto 2.3.6. del Acuerdo Final, establece lo siguiente:
«2.3.6. Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente
afectadas por el conflicto y el abandono
En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas
especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor
inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la
paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de
Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales.
Las Circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos y
candidatas. Igualmente, las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios
regionales. Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la
transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado.
Los candidatos y candidatas en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos
territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Los candidatos y
candidatas podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u
organizaciones de la Circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo
desplazados y desplazadas), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la
paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros. El Gobierno Nacional
pondrá en marcha procesos de fortalecimiento de las organizaciones sociales en estos territorios, en
especial de las organizaciones de víctimas de cara a su participación en la circunscripción.
Los candidatos y candidatas serán elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de esos mismos
territorios, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos y candidatas a la
Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias en sus departamentos. Los partidos que
cuentan con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica, incluido el
partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, no
podrán inscribir candidatos ni candidatas para estas Circunscripciones.
La organización electoral ejercerá una especial vigilancia sobre el censo electoral, la inscripción de
candidatos y candidatas y la financiación de las campañas, garantizando que se cumplan las reglas
establecidas. Se promoverán mecanismos adicionales de control y veeduría por parte de
organizaciones especializadas como la Misión de Observación Electoral (MOE) y de partidos y
movimientos políticos».
6 Por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de
Representantes en los periodos 2022-2026 y 2026-2030.
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la sociedad y de las víctimas en el marco democrático participativo y la participación
política, así como los principios de separación de poderes, legalidad e igualdad y la
justicia transicional, como ejes definitorios de la Constitución de 1991. 7
Es así como a través del citado Acuerdo Legislativo, el Congreso de la República, en
virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, creó 16 Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes, para los periodos
constitucionales 2022-2026 y 2026-2030, para elegir un candidato(a) por cada curul
con mayor cantidad de votos de la lista que debe tener en cuenta la equidad e
igualdad de género (artículo transitorio 1º). Además, prevé que los candidatos solo
pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u
organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres, y grupos significativos de
ciudadanos (inciso segundo del artículo transitorio 3º).
El artículo transitorio 5º ibídem, establece como requisitos para ser candidatos a
ocupar las curules en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la
Cámara de Representantes, los generales establecidos en la Constitución y la Ley
para los Representantes a la Cámara y además: i) haber nacido o habitado en el
territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de
elección o, ii) los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el
propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación,
quienes deberán haber nacido o habitado en él al menos tres años consecutivos en
cualquier época.
La norma en mención igualmente prevé restricciones para postularse como
candidatos en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la
Cámara de Representantes, así:
7 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2022 del 10 de marzo de 2022, expediente RPZ-012,
magistrada sustanciadora: Paola Andrea Meneses Mosquera. Asunto: Control de constitucionalidad
del Acto Legislativo No. 2 del 25 de agosto de 2021, “[p]or medio del cual se crean 16
circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los periodos
2022-2026 y 2026-2030”.
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PARÁGRAFO 2 o. No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido
candidatos elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos o movimientos
políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica, o quienes lo
hayan sido por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los
cinco años anteriores a la fecha de la inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones
de estos, durante el último año.
PARÁGRAFO 3o. Dado el carácter especial de estas circunscripciones, los miembros de
los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de Paz con el
Gobierno nacional y/o se hayan desmovilizado de manera individual en los últimos veinte
años, no podrán presentarse como candidatos a las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz.
En cuanto a los requisitos que deben cumplir los candidatos a ocupar las curules de
las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de
Representantes, la Corte Constitucional en la mencionada sentencia C-089 de 2022,
que declaró exequible el Acto Legislativo 2 de 2021, precisó lo siguiente:
Con todo, la Sala considera necesario aclarar que la interpretación conforme a la
Constitución del artículo transitorio 5o supone la aplicación directa del inciso 5o del
artículo 122 de la Carta Política, que establece que: “[s]in perjuicio de las demás
sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos
de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar
personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan
sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con
la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa
humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”. Esto, porque los
antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2021 dan cuenta de que el mismo tiene como
propósito garantizar la representación de las víctimas del conflicto en el Congreso de
la República, pero, de ninguna forma, la de sus victimarios.
De acuerdo con el texto que antecede, la Corte Constitucional fue enfática en señalar
que la interpretación del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 2 de 2021, debe
guardar armonía con lo dispuesto en el ordinal quinto del artículo 122 de la Carta
Política, de tal suerte que las víctimas del conflicto armado cuenten con una garantía
efectiva de participación política, en la que los victimarios no tendrían cabida.
Así las cosas, advierte la Subsección que en el sub lite, por un lado, no le está dado
al juez de tutela crear normas que tienen como finalidad sustituir la Constitución
Política, pues como quedó visto, la garantía de la participación política de las
víctimas del conflicto armado, de zonas apartadas, marginadas y con escasa
presencia institucional, conlleva la afectación de tejidos sensibles propios del estado
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social y democrático de derecho y, por otro, que en la Sentencia C-089 de 2000, la
Corte Constitucional, al armonizar el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 2 de
2021, estableció un marco de interpretación, según el cual no pueden ser inscritos a
las curules de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz «quienes
hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten
el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados
con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de
lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior».
Bajo este panorama, en la medida que, como se adujo con anterioridad, por un lado,
la acción de tutela no procede para modificar la Constitución Política, según lo
pretendido por el accionante, que no es otra cosa que adicionar requisitos a los ya
establecidos por el Congreso de la República, en ejercicio de la potestad excepcional
dentro del procedimiento legislativo especial para la paz, los cuales se encuentran
plasmados en el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 2 de 2021 y, por otro, que
la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-089 de 2022, estableció el ámbito de
interpretación de la precitada norma, aunado a que el señor Bayron Alfonso Restrepo
Giraldo no acreditó de manera concreta una transgresión puntual a los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la honra y el buen nombre, ello
conlleva rechazar por improcedente la solicitud de amparo deprecada.
En efecto, para esta subsección resulta claro que, como lo dijo la Corte
Constitucional, dentro de los requisitos, tanto para ser candidato(a) a ocupar las
curules de las 16 Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz, como para
ejercer cargos públicos, de acuerdo con el artículo 122 Superior, aquellos no pueden
haber sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten
el patrimonio del Estado o por los relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por
narcotráfico en Colombia o en el exterior, de tal suerte que lo pretendido por el
accionante, se encuentra garantizado por la Constitución Política.
3. Conclusión
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Demandante: Bayron Alonso Restrepo Giraldo
La Sala concluye que la acción interpuesta por el señor Bayron Alonso Restrepo
Giraldo, debe ser rechazada por improcedente por cuanto la pretensión del
accionante consistente en que se adicionen requisitos a los establecidos por la ley
para ocupar las curules de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
para la Cámara de Representantes desborda el ámbito de competencia de la acción
de tutela y, además, por cuanto no se aprecia de forma concreta y específica la
violación de los derechos fundamentales del accionante a la dignidad humana, a la
vida, a la honra y el buen nombre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Bayron Alonso Restrepo Giraldo, conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente providencia, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G.
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