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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05222-00

Fecha
27 de enero de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05222-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Mabelys Belén Montero Moscote y su hija Mabel Lorena Cáceres Montero, por las razones expuestas. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido el 15 de diciembre de 2021 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de revisión No. 20001-23-31-000-2004- 01168-01 (40009). En consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de remplazo en la cual atienda lo expresado en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello13. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05222-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

27 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 27 de enero de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05222-00
Demandante: Mabelys Belén Montero Moscote y otra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Recurso extraordinario de
revisión/ Defecto fáctico/ Defecto procedimental.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia judicial que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión porque no se encontraron configuradas las causales
invocadas.

De conformidad con el Auto de 10 de noviembre de 20221 y la
competencia asignada2, procede la Sala a resolver, en primera instancia,
la acción de tutela presentada por Mabelys Belén Montero Moscote y su
hija Mabel Lorena Cáceres Montero en contra de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cesar
y el Juzgado 6 Administrativo de Valledupar.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 28 de septiembre de 2022, Mabelys Belén Montero Moscote y su
hija Mabel Lorena Cáceres Montero, por intermedio de apoderada judicial,
presentaron acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cesar y el Juzgado 6
Administrativo de Valledupar, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la providencia de 15 de diciembre de 2021, mediante la
cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión No. 20001-

1 Por medio del cual, el Magistrado Fredy Ibarra Martínez ordenó enviar el expediente de la referencia a este

despacho, “en la medida que el proyecto de fallo presentado (…) fue derrotado por la posición mayoritaria en
Sala del 3 de noviembre de 2022”. Es preciso señalar que el mismo ingresó a este despacho el 17 de noviembre
de 2022, tal como consta en el Sistema Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI
2 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05222-00
Demandante: Mabelys Belén Montero Moscote y otra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Decisión: Concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________

23-31-000-2004-01168-01 (40009) formulado contra la sentencia de segunda
instancia de un proceso de reparación directa.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, REPARACION INTEGRAL, violados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR y la SUBSECCION C DE LA SECCION
TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, y en consecuencia ordenar que en un
término no mayor a 48 Horas dejar sin efectos las sentencias proferida por el
Juzgado Sexto Administrativo del Cesar, Tribunal Administrativo del Cesar y
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCION
TERCERA – SUBSECCIÓN C., dentro del proceso de Reparación Directa
promovido por MABELLYS BELEN MONTERO MOSCOTE y MABEL LORENA
CÁCERES MONTERO y otros contra LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA -
EJERCITO NACIONAL, bajo el radicado número 20-001-23-31-000-2004-01168-01,
mediante las cuales negaron las pretensiones de mis clientas, y se proceda a
declarar la responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de
Defensa -Ejército Nacional, por la muerte del señor EDUAR CÁCERES PRADO, el
día 22 junio de 2002 dentro de las instalaciones del Batallón de Artillería La
Popa de la ciudad de Valledupar.

Las demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo de mis
derechos fundamentales violados.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) El 22 de junio de 2002, Eduar Cáceres Prado, ex soldado voluntario
y compañero permanente de Mabellys Belén Montero Moscote, y Carlos
Alberto Pumarejo Lopesierra se presentaron en las instalaciones del Batallón
La Popa y, en hechos confusos, les propinaron 7 disparos que terminaron
con sus vidas, incidente que el Ejército Nacional justificó tras indicar que
ellos hacían parte de las milicias urbanas del ELN y habían intentado
ingresar a las instalaciones con el propósito de matar a los centinelas y
hurtar material bélico.

5. 2) Debido a lo acontecido, el 22 de junio de 2004, la señora Montero
Moscote y su hija presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables por la muerte de señor Cáceres Prado, la cual catalogaron
de ejecución extrajudicial.

6. 3) El 22 de febrero de 2007, el Juzgado 6 Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones de la demanda y declaró probada la
excepción de culpa exclusiva de la víctima porque el señor Cáceres Prado
violó las normas de seguridad de la guarnición militar y saltó la malla de

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Decisión: Concede amparo
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protección, al parecer, con el fin de hurtar material bélico, ya que junto a
su cuerpo se encontró un camuflado y 2 fusiles.

7. 4) La parte demandante apeló la decisión anterior e indicó que
hubo responsabilidad del Estado y que debían tenerse en cuenta las
investigaciones penales que se adelantaron en contra del teniente coronel
Hernán Mejía Gutiérrez, quien al momento en que se desarrollaron los
hechos se desempeñaba como comandante del Batallón de Artillería No.
2 La Popa y fue sindicado por varios homicidios cometidos en complicidad
con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por lo cual, le solicitó al
juez de conocimiento el traslado de las piezas procesales de esos procesos,
por tratarse de pruebas sobrevinientes.

8. 5) El 6 de noviembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Cesar
confirmó la decisión de primera instancia que declaró probada la culpa
exclusiva de la víctima en consideración a que la conducta del señor
Cáceres Prado fue imprudente, pues los miembros del Ejército Nacional
reaccionaron ante la intromisión de un extraño que pretendía ingresar a la
base militar que custodiaban, sin encontrar falla alguna en su actuar.

9. 6) El 19 de noviembre de 2010, la señora Mabelys Montero Moscote
formuló recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de
segunda instancia, en el cual invocó la configuración de las causales
previstas en los numerales 13 y 24 del artículo 188 del entonces Código
Contencioso Administrativo (CCA). La primera causal la sustentó en el
hecho de que el tribunal le dio credibilidad a: 1) la declaración jurada de
24 de junio de 2002, rendida por el soldado Nelson Mora Quiñonez ante la
Fiscalía 14 Seccional adscrita a la Subunidad de Homicidios de la Unidad
de Vida y Delitos Varios de Valledupar, quien afirmó que el 22 de junio de
2002 ingresaron 2 personas de forma clandestina al Batallón La Popa y que,
como no se detuvieron, él les disparó; 2) los documentos falsos (se
trascribe) “elaborados por los militares, los cuales hacen parte del
expediente penal militar No. 38 adelantado por el Juzgado 90 Penal de
Instrucción Militar”, y 3) la decisión de 14 de abril de 2004 de la Justicia
Penal Militar que determinó que no había lugar a investigar la muerte de
Eduar Cáceres Prado, lo cual, a juicio de la parte actora, (se trascribe):

“(…) faltó a la verdad, si se tiene en cuenta la resolución de acusación de 4
de octubre de 2010, proferida contra el comandante del batallón y otras
personas que participaron en estos sucesos, así como la investigación
adelantada por la Fiscalía General de la Nación, las cuales dan cuenta de
que el ente acusador encontró que las referidas personas fueron dadas de
baja de forma ilegal”.

3 “1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”.
4 “2. Haberse recobrado después expediente de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se

hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

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10. La segunda causal la fundó en que, el expediente del proceso penal
No. 3834 cumplía los requisitos de prueba recobrada, por ser un
documento que 1) fue solicitado oportunamente en el curso del proceso
de reparación directa5, 2) no se pudo allegar por situaciones de fuerza
mayor6 y 3) es una prueba capaz de producir una decisión diferente en la
controversia, dado que la Fiscalía 14 Especializada de Derechos Humanos
y Derechos Internacional Humanitario (se trascribe) “acusó a los militares
que propiciaron la muerte del señor Eduar Cáceres Prado por estar
demostrado que, contrario a lo asegurado por los jueces de instancia, su
muerte obedeció a una ejecución extrajudicial dentro de la práctica
conocida como ‘falsos positivos’, decisión que fue adoptada mediante
resolución de acusación de 4 de octubre de 2010”.

11. 7) Mediante Auto de 25 de mayo de 2015, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado tuvo como prueba los documentos
allegados por la parte actora el 27 de octubre de 20147. Luego, en Auto de
15 de diciembre de 2021, declaró infundado el recurso, tras considerar
que, frente a la causal primera, la prueba reputada como falsa -
declaración jurada rendida por el soldado Nelson Mora Quiñonez- no
cumplió con el presupuesto de ser una prueba documental y, respecto a
la causal segunda, expuso que la prueba que se aludió como recobrada
no existía cuando se tramitó el proceso ordinario ni cuando se profirió la
sentencia de segunda instancia.

12. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en la
configuración de un defecto fáctico porque no se valoraron
adecuadamente las pruebas y se les dio más peso a las declaraciones de
la parte demandada que a otros documentos, lo que conllevó a la
primacía del derecho procesal sobre el derecho sustancial por (se
trascribe) “no valorar los documentos que crearon los militares para
sustentar o amparar una operación militar ilegal y así justificar las supuestas
bajas de guerrilleros, encubriendo una ejecución extrajudicial, documentos
que conforman un todo con las declaraciones juradas”.

13. Asimismo, invocó un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto debido a que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, tras
considerar que no era posible entrar a analizar si hubo falsedad o no en lo

5 Al respecto indicó que con el recurso de apelación solicitó oficiar a la Fiscalía para que allegara su copia; sin

embargo, pese a que se libraron los oficios correspondientes, no se aportó.
6 Las razones dadas fueron (se trascribe) “(…) no poder la recurrente acudir directamente a la Fiscalía 14

Especializada (...) por ser una mujer viuda, pendiente del parto de su entonces hija póstuma, madre cabeza de
hogar y desempleada, persona vulnerable, aunado a la renuncia del poder por parte de su entonces
apoderado NESTOR DUARTE por amenazas (…); pero sobre todo, porque la investigación penal estaba revestida
de la reserva sumarial, y en donde estaba el miedo imperante por los grupos paramilitares”.
7 Dichos documentos fueron: 1) Resolución de acusación proferida dentro del proceso penal radicado bajo el

No. 3834B (Fls 1-112 anexo del cuaderno principal) y 2) Certificación del mismo proceso expedida por el Juzgado
4 Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 2 de octubre de 2014 (Fl 293 Cuaderno principal).

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que declaró Nelson Mora Quiñonez (se trascribe) “pues la causal del
recurso extraordinario, de interpretación restrictiva, únicamente se refiere a
la falsedad de documentos, sin que sea dable efectuar una interpretación
analógica o extensiva para incluir otros medios de prueba no
contemplados específicamente en la ley”.

14. Por lo anterior, afirmó que los militares, con las pruebas que crearon
de una supuesta misión previa denominada “coraza” que resultó falsa
porque posteriormente la Jurisdicción Ordinaria resolvió condenarlos por el
delito de homicidio en persona protegida, indujeron en error a los
servidores judiciales de primera y segunda instancia dentro del expediente
de reparación directa, cuyas decisiones vulneraron los derechos
fundamentales mencionados.

15. Por otro lado, invocó un desconocimiento del precedente sobre lo
que constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por
omitir decretar o valorar una prueba determinante y por no tener en
cuenta la flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a los
derechos humanos. Para ello, citó las Sentencias SU-35 y SU-62 de 2018.

16. Finalmente, alegó la trasgresión de su derecho fundamental a la
igualdad, ya que los familiares del señor Pumarejo Lopesierra obtuvieron
una decisión favorable por los mismos hechos, dentro del proceso de
reparación directa No. 20001-33-31-002-2004-01007-00/01, en el cual se
declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, en cambio, en el proceso de reparación directa
No. 20001-23-31-000-2004-01168-00/01, por la muerte del señor Cáceres
Prado, se negaron las pretensiones.

1.2. Posición de la parte demandada y los terceros8

17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado rindió
informe, a través del cual hizo un recuento del trámite del recurso
extraordinario de revisión para precisar que dicho mecanismo judicial tenía
una interpretación restrictiva y que no podía entenderse materializada la
causal contenida en el numeral 1 del artículo 188 del CCA, pues la prueba
que se reputaba como falsa ⎯esto es, la “declaración jurada” rendida el 24
de junio de 2022 por el soldado Nelson Mora Quiñonez dentro de la
investigación penal⎯ no tenía carácter documental, tal y como lo exige la

8 Mediante Auto de 11 de octubre de 2022, el despacho del magistrado Fredy Ibarra Martínez resolvió, entre

otros, (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como demandados ala Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cesar y el Juzgado 6 Administrativo de
Valledupar y (3) vincular al ministro de defensa. Posteriormente, en Auto de 18 de octubre de 2022, vinculó al
Ejército Nacional. Luego, en Auto de 12 de octubre de 2022, solicitó a la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado para que remitiera el expediente correspondiente al recurso de revisión con radicación No.
20001-23-31-000-2004-01168-01, y en Auto de 18 de octubre de 2022, vinculó al Ejército Nacional.

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referida disposición, ni podía dársele al ligar dicha declaración con los
documentos de la operación militar “Coraza”.

18. A su vez, respecto a la causal contenida en el numeral 2 ibidem,
conocida como “prueba recobrada”, se determinó que el documento –
Resolución de acusación de 4 de octubre de 2010 de la Fiscalía 12
Especializada Unidad de Derechos Humanos- que la parte actora calificó
como tal, se produjo varios años después de que el Tribunal Administrativo
de Cesar hubiera adoptado la sentencia en el proceso de reparación
directa, y no antes.

19. Adicionalmente, indicó que la parte recurrente no demostró las
circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito que le habrían impedido
aportar al proceso los avances de la investigación penal, (se trascribe) “lo
cual no puede calificarse como un exceso ritual manifiesto sino como la
aplicación de la jurisprudencia pacífica de esta Corporación que ha
exigido la prueba de estas situaciones para justificar la omisión probatoria”,
y que el hecho de que se hubiera incorporado al recurso extraordinario
algunas pruebas de oficio – providencia de 25 de mayo de 2015 -, no
podía ser un indicativo de que la decisión debía ser favorable.

20. De otro lado, indicó que no era posible pronunciarse sobre la
presunta vulneración al derecho a la igualdad respecto del proceso No.
20001-33-31-0002-2004-01007-01 promovido por los familiares de Carlos
Alberto Pumarejo, quien falleció en el mismo incidente en el que murió el
señor Cáceres Prado porque esta alegación no se enmarcaba en alguna
de las causales de revisión, sino que obedecía a la actividad probatoria
desplegada en cada asunto.

21. Por último, respecto al desconocimiento del precedente sobre casos
de ejecuciones extrajudiciales sostuvo que la decisión de 15 de diciembre
de 2021 se produjo en el marco de un recurso extraordinario de revisión en
el que debía establecerse si el fallo de 6 de noviembre de 2008 se
encontraba incurso o no en las causales de revisión alegadas, y no
determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la
muerte el señor Cáceres Prado y/o examinar la responsabilidad del Estado
por eso hechos, por lo que no resultaban aplicables los principios de
flexibilidad probatoria acuñados en la jurisprudencia constitucional citada,
pues se confundía el escenario de la reparación directa con el del recurso
extraordinario.

22. El Juzgado 6 Administrativo de Valledupar remitió el expediente
ordinario solicitado, pero no se pronunció respecto de los fundamentos de
hecho y derecho de la acción de tutela de la referencia.

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23. El Tribunal Administrativo de Cesar, el ministro de Defensa y el Ejército
Nacional guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Identificación del objeto de pronunciamiento en primera instancia. 2.2.
Identificación de defectos. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de
derechos fundamentales. 2.6. Conclusión.

2.1. Identificación del objeto de pronunciamiento en primera instancia

24. Si bien, la parte actora demandó al Tribunal Administrativo de Cesar
y al Juzgado 6 Administrativo de Valledupar, autoridades judiciales que
resolvieron las instancias del proceso de reparación directa9, lo cierto es
que los reparos expuestos en la tutela se dirigieron contra la providencia
mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la decisión de segunda instancia del proceso ordinario,
motivo por el cual la Sala solamente se pronunciará sobre aquella.

25. Cabe precisar que, aunque se mencionó la presunta vulneración del
derecho fundamental a la igualdad, la Sala no analizará tal reparo porque
el mismo está sustentado en la resolución desfavorable del proceso de
reparación directa No. 20001-23-31-000-2004-01168-00/01, adelantado por
la muerte del señor Cáceres Prado, en contraste con la supuesta resolución
favorable del proceso de reparación directa No. 20001-33-31-002-2004-
01007-00/01 por la muerte del señor Pumarejo Lopesierra, lo que
indudablemente implicaría el estudio de esos procesos; sin embargo, la
parte accionante no allegó la providencia del segundo proceso ni
identificó cuáles fueron los sustentos probatorios que llevó al juez a tomar
esa decisión, de manera que la Sala no cuenta con información para
efectuar algún pronunciamiento al respecto.

2.2. Identificación de defectos

26. Si bien, la parte accionante, en el escrito de tutela, invocó un
desconocimiento del precedente, la Sala considera que no desplegó
argumentos que permitan su estudio, pues, simplemente afirmó que no se
aplicó un precedente relacionado con valoración y flexibilización
probatoria en materia de graves violaciones a los derechos humanos, pero
no precisó por qué, ni lo relacionó con su caso. Lo que evidencia la Sala es
que lo alegado se enmarca en el defecto fáctico invocado, por tener
relación directa con la valoración probatoria de la declaración rendida

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Respectivamente mediante las Sentencias de 22 de febrero de 2007 y 6 de noviembre de 2008.

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por Nelson Mora Quiñonez y de los documentos que sustentaron la
supuesta operación militar denominada “coraza”. Por lo anterior, la Sala
centrará su estudio en los defectos fáctico y procedimental alegados.

2.3. Fijación de la controversia

27. Corresponde a la Sala establecer, luego de verificados los requisitos
de procedencia de la acción de tutela, si la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en 1) un defecto fáctico, al omitir
valorar los documentos que fueron (se trascribe) “elaborados por los
militares, los cuales hacen parte del expediente penal militar No. 38
adelantado por el Juzgado 90 Penal de Instrucción Militar”, 2) un defecto
procedimental por no analizar si hubo falsedad o no en lo que declaró
Nelson Mora Quiñonez, bajo el argumento de que no era una prueba
documental.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial10

28. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente
porque: (1) No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
del derecho presuntamente vulnerado. (2) Hubo un plazo razonable entre
la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (mediante edicto
fijado el 25/3/22 y desfijado el 29/3/22) y la de presentación de la acción
de tutela (28/09/22). (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relaciona con una providencia proferida en el marco de un
recurso extraordinario de revisión. (4) Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos.

29. (5) La controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación de los derechos fundamentales de la parte
demandante, con ocasión de una providencia a la cual se le endilga una
valoración irracional de pruebas determinantes en la decisión, así como un
desconocimiento del precedente judicial y una violación al derecho a la
igualdad. Asimismo, no se advierte que los argumentos sean repetitivos
respecto de aquellos alegados en el recurso extraordinario de revisión.

2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales

10 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.

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30. En el presente caso, la Sala accederá al amparo solicitado, tras
verificar que en la providencia enjuiciada se configuró el defecto fáctico
alegado, por lo siguiente:

31. Se reprochó el Auto de 15 de diciembre de 2021 que declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión, bajo el argumento de que
no procedía la causal 1 prevista en el artículo 188 del CCA, esto es,
haberse dictado sentencia con base en documento falso, porque la
declaración jurada rendida por el soldado Nelson Mora Quiñonez no era
una prueba documental.

32. Habida cuenta de lo anterior, la parte actora indicó que se
configuró un defecto fáctico, en la medida en que, en dicha providencia,
se le dio más peso a la declaración rendida por el soldado Nelson Mora
Quiñonez que a (se trascribe) “los documentos que crearon los militares
para sustentar o amparar una operación militar ilegal y así justificar las
supuestas bajas de guerrilleros, encubriendo una ejecución extrajudicial”,
documentos que hacían parte del expediente penal militar No. 38
adelantado ante el Juzgado 90 Penal de Instrucción Militar por la muerte
de Eduar Cáceres Prado y que, a su juicio, eran falsos.

33. En ese orden, para determinar si, en efecto, hizo mal el juez ordinario
al estudiar, únicamente, lo relativo a la declaración jurada y no las demás
pruebas documentales que hacían parte del expediente penal, es
necesario aclarar cuáles fueron los argumentos con los cuales la parte
demandante fundamentó la causal 1 de procedencia del recurso de
revisión que se refiere a documentos falsos. En relación con dicha causal,
la parte actora manifestó (se trascribe):

““Cuarto. La prueba recobrada en el presente Recurso Extraordinario de
Revisión, configura la causal señalada en el numeral 1 del artículo 188 del
C.C.A., según su modificación por la Ley 446 de 1998, que a letra dice:

"Artículo 188. Modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. Son causales
de revisión:

1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos
adulterados".

Honorables Consejeros, el Tribunal Administrativo del Cesar, con ponencia del
Honorable Magistrado, doctor OSCAR WILCHES DONADO, al momento de
hacer la valoración probatoria del expediente penal militar visto folio 403 del
cuaderno respectivo, le dio valor la declaración jurada del señor NELSON
JAVIER MORA QUINONEZ, con la cual resolvió confirmar la sentencia de
primera instancia, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Valledupar, que negó las pretensiones de mis clientes, y con la prueba
recobrada en el presente Recurso Extraordinario de Revisión, se demuestra
que los documentos elaborados por los militares, los cuales hacen parte del
expediente penal militar No. 038 adelantado por el Juzgado 90 Penal de
Instrucción Militar, son falsos, los cuales hicieron incurrir en error a los
operadores judiciales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05222-00
Demandante: Mabelys Belén Montero Moscote y otra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Decisión: Concede amparo
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Quinto.- La Sentencia que debe ser materia del presente Recurso
Extraordinario de Revisión, con la cual parte que represento pretendía que se
declarare Administrativa Patrimonialmente responsable la NACION-MINISTERIO
DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, por la muerte injusta violenta del
compañero y parte de mis clientes, es absolutamente contraria derecho, en
virtud de que existen causales para declarar su invalidez por haberse
fundamentado en pruebas falsas del expediente preliminar No. 038
adelantada por el Juzgado 90 Penal de Instrucción Militar por los hechos
acaecidos el día 22 de junio de 2002 en las instalaciones del Batallón de
Artillería No. La Popa ubicado en la ciudad de Valledupar, que tuvo como
resultado la muerte injusta y violenta del señor EDUAR CÁCERES PRADO- tal
como se demuestra con las piezas procesales que llevaron al FISCAL 14
ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO, a acusar a los militares implicados en la
operación militar que acabó con la vida del señor EDUAR CÁCERES PRADO, y
quedando estigmatizado su nombre en la sociedad como un guerrillero y
delincuente.”. (Subrayados de la Sala).

34. De lo trascrito, la Sala observa que le asiste razón a la parte actora
respecto a que no se valoraron los documentos que calificó de falsos en el
escrito del recurso extraordinario de revisión, pues la providencia
enjuiciada, al hacer el estudio de la causal 1, únicamente analizó y se
pronunció sobre la declaración jurada del soldado Nelson Javier Mora
Quiñonez, la cual el accionante también tildó de falsa, para efectos de
desvirtuar la prosperidad de esa causal, pero nada dijo frente a la presunta
falsedad en el expediente penal militar No. 38 adelantado por el Juzgado
90 Penal de Instrucción Militar, pese a que el mismo fue decretado e
incorporado como prueba en el curso del trámite de la segunda
instancia11 y a que el recurrente alegó que, de ser valorada, podría
cambiar el sentido de la decisión.

35. Así las cosas, la Sala advierte que se configuró un defecto fáctico
por la falta de valoración de las pruebas que se invocaron como
documentales (expediente penal militar o preliminar No. 38) para sustentar
la causal 1 del recurso.

36. Por lo tanto, a la autoridad demandada le corresponderá completar
el estudio en los términos en que se solicitó en el recurso extraordinario de
revisión y valorar si las demás pruebas en que se fundó la causal del
numeral 1 del artículo 188 del CCA tienen el carácter de documentales y
son “falsas o adulteradas” a efectos de determinar si el recurso tiene o no
vocación de prosperidad.

11 En el expediente digital allegado, obra el Auto de 27 de junio de 2007, mediante el cual el Tribunal

Administrativo de Cesar resolvió reponer el Auto de 26 de abril de 2007 por medio del cual se corrió traslado para
alegar y, en su lugar, abrió el proceso a pruebas y decretó las solicitudes en el acápite de pruebas por el
apoderado de la parte demandada (folio 182) numerales 1 y 2. Así mismo, solicitó que se hiciera efectiva la
expedición de las fotocopias de la preliminar adelantada por el Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar del
Ministerio de Defensa Nacional por los hechos acaecidos el 22 de junio de 2002 en las instalaciones del Batallón
de Artillería La Popa y que mediante oficio No. 201 MDN-DEJUM-J-90-IPM-746 de 5 de febrero de 2007 fueron
colocadas a su disposición (Folio 59 del cuaderno de segunda instancia del proceso No. 20001-23-15-000-2004-
01168-01. En cumplimiento de lo anterior, el 24de julio de 2007, el Juzgado aludido remitió al despacho del
tribunal las copias solicitadas. (Folio 66 ibidem).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05222-00
Demandante: Mabelys Belén Montero Moscote y otra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Decisión: Concede amparo
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37. Vale la pena aclarar que ese análisis le corresponderá, únicamente,
a la autoridad demandada, quien, en el marco de los principios de
autonomía e independencia judicial, cuando profiera una decisión de
remplazo, será quien determine si el expediente preliminar cumple con
esas condiciones, pues, se precisa que el amparo no implica que se
acceda a lo pretendido.

38. Así las cosas, bastan las anteriores consideraciones para tener como
probada la existencia del defecto fáctico en la providencia de 15 de
diciembre de 2021 y constituye razón suficiente para predicar la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, invocados por la parte actora, y proceder a
su amparo.

39. En efecto, el amparo se justifica por la configuración del defecto
fáctico y no del defecto procedimental alegado, en la medida que la
determinación de la autoridad judicial demandada de no analizar si hubo
falsedad o no en la declaración de Nelson Mora Quiñonez por no ser un
documento [causal 1 del artículo 188 del CCA], tuvo sustento normativo y
jurisprudencial12 y, por ende, no hubo arbitrariedad o ritualismo alguno.

40. En consecuencia, se dejará sin efecto el fallo proferido el 15 de
diciembre de 2021 en el marco del recurso extraordinario de revisión con
radicación No. 20001-23-31-000-2004-01168-01 y se ordenará a la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación que profiera una
nueva decisión en la cual se pronuncie sobre si el expediente preliminar
No. 38 tiene la condición de ser una prueba documental, si la misma es
falsa o adulterada, de cara a las pruebas que fueron aportadas y las que
se decretaron de oficio, y si tiene la entidad suficiente para configurar la
causal del numeral 1 del artículo 188 del CCA, en los términos solicitados en
el recurso extraordinario de revisión.

2.6. Conclusión

41. Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que se
configuró el defecto fáctico invocado, debido a que la decisión
cuestionada no tuvo en cuenta ni se atendió el reparo de la supuesta
falsedad de los documentos del expediente penal militar No. 38
adelantado por el Juzgado 90 Penal de Instrucción Militar. En esa medida,
se le ordenará a la autoridad judicial demandada que dicte una nueva

12
“En ese sentido, debe resaltarse que el numeral 1° del artículo 188 del CCA se refiere únicamente a
documentos sin extender la causal a los demás medios de prueba enunciados en el artículo 175 del Código de
Procedimiento Civil hoy 165 del Código General del Proceso-, cualesquiera que sean esos ‘otros medios que
sean útiles para la formación del convencimiento del juez’ [Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencias del 26 de febrero de 2013, radicación 11001-03-15-000-2008-000181-00.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05222-00
Demandante: Mabelys Belén Montero Moscote y otra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Decisión: Concede amparo
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decisión en observancia de las consideraciones que sobre el particular se
efectuaron anteriormente.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de Mabelys Belén Montero Moscote
y su hija Mabel Lorena Cáceres Montero, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido el 15 de diciembre de
2021 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del recurso extraordinario de revisión No. 20001-23-31-000-2004-
01168-01 (40009). En consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial
que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una decisión de remplazo en la cual atienda lo expresado en esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello13.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

13 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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