Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05226-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05226-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-05226-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
26 de enero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Demandante: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL
S.A.-
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN “A”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de anular actos
administrativos que determinaron oficialmente la contribución
especial por contrato de obra pública. Requisito general de
relevancia constitucional cuando se acude como instancia
adicional en relación con los defectos sustantivo y violación
directa de la Constitución. Estudio de fondo respecto de los
defectos por desconocimiento del precedente judicial y
procedimental
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Empresa Colombiana de Petróleos (en adelante Ecopetrol S.A.),
quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, en la que pide el amparo
constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y “a las
situaciones jurídicas consolidadas”, así como al principio a la seguridad jurídica,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 7 de abril de 2022, mediante la
cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó el accionante
contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (en adelante DIAN).
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora relató que celebró dos contratos, bajo los siguientes términos:
“(i) Contrato No. MA-0030693 con el objeto de contratar el ‘servicio de mantenimiento
instalaciones (obras civiles menores, adecuaciones menores, plomería, carpintería,
cerrajería) de las bases militares del Ejército ubicadas en el campo 23, campo 28, el
Centro, Lizama, Llanito, Puerto Mangos y estaciones de Policía ubicadas en el Centro,
Sábana de Torres (provincia), Suertes, Oficinas’.
(ii) Contrato No. MA-0031636 con el objeto de contratar el (sic) ‘obras civiles de
mantenimiento para los colegios de la Regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A.’”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
Señaló que en virtud de los actos jurídicos antes señalados, la DIAN expidió las
Resoluciones No. 312412018000014 de 13 de agosto de 2018, por medio de la
cual le fue determinado a cargo de Ecopetrol S.A. que el valor de la contribución
especial por contratos de obra pública ascendía a la suma de $48.918.000,
correspondiente al 5% del valor total del contrato No. MA-0030693 de 2013, y No.
312412018000016 de 20 de septiembre de 2018, por medio de la cual le fue
determinado a su cargo que el valor de la contribución especial por contratos de
obra pública ascendía a la suma de $66.430.000, correspondiente al 5% del valor
total del contrato No. MA-0031636 del 2013.
Resaltó que contra las anteriores decisiones interpuso recurso de
reconsideración, el cual fue resuelto por medio de las Resoluciones Nos.
312362019000007 de 31 de mayo de 2019 y 006.506 de 3 de septiembre de
2019, en el sentido de confirmar los actos administrativos que determinaron
oficialmente la contribución especial por contratos de obra pública, a cargo de
Ecopetrol S.A.
Afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la DIAN, con el fin de que se anularan las
Resoluciones Nos. 312412018000014 de 13 de agosto de 2018 y
312412018000016 del 20 de septiembre de 2018, mediante las cuales se
determinó oficialmente la contribución especial por contratos de obra pública. Así
mismo, las Resoluciones Nos. 312362019000007 de 31 de mayo de 2019 y
006.506 de 3 de septiembre de 2019, a través de las cuales la DIAN confirmó la
obligación a cargo de Ecopetrol S.A.
Sostuvo que en la demanda “se interpuso sobre la base de que dichas
resoluciones fueron expedidas de forma ilegal por infracción a la Constitución
Política (artículos 6, 13, 29, 83, 121, 123, 338 y 363), al Estatuto Tributario
(artículo 730), Ley 223 de 1995 (artículo 264), Ley 1106 de 2006, el decreto 3461
de 2007, el Decreto 4048 de 2008 y el Decreto 399 de 2011, además señaló la
vulneración de los Conceptos No. 09714 de 1993, 036803 del 2007, 063832 de
2008 y 100202208-915 de 2014, proferidos por la DIAN”.
Indicó que el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá en
sentencia de 30 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda, en razón
a que Ecopetrol S.A. era sujeto pasivo de la contribución especial por contratos de
obra pública, según lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 418 de 1997,
modificado por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, así como por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 20201, en la que se indicó que si el contratista
celebra con una entidad de derecho público un contrato de obra, habrá suscrito un
contrato de obra pública gravado con el tributo, independientemente del régimen
contractual al que se encuentre sometido el contrato o la entidad de derecho
público contratante.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación, cuya resolución le correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que por fallo de 7 de abril de
2022, confirmó íntegramente el fallo del a quo.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y “a las situaciones
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Radicado No. 25000-23-37-000-2014-00721-01, C.P.: William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
jurídicas consolidadas”, así como al principio de seguridad jurídica, supuestamente
vulnerados con la sentencia de 7 de abril de 2022, mediante la cual se confirmó el
fallo que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho tendientes a la anulación de los actos administrativos que determinaron
oficialmente la contribución especial por contratos de obra pública a cargo de
Ecopetrol S.A.
En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Específicamente, mencionó que se cumple
con la relevancia constitucional, pues “la decisión judicial realiza una serie de
consideraciones y toma decisiones que desconocen el derecho de ECOPETROL,
aunado a ello, la emisión de sentencias abiertamente injustas que encarnan la
vulneración de derechos fundamentales representan un daño directo contra el
Estado Social de Derecho, el cual tiene estos derechos como pilares de su propia
existencia. De igual modo, este tipo de actuaciones violatorias de las normas,
acarrean un costo muy caro a la credibilidad de las instituciones jurisdiccionales,
conllevando en la falta de confianza hacia estas por parte de la comunidad. Así las
cosas, nos encontramos ante un debate de evidente relevancia constitucional,
más aún cuando el fundamento de la decisión es una SU que adolece de graves
yerros jurídicos que se encuentran en discusión ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”.
Luego se refirió a la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, dictada por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para lo cual
afirmó que los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos se rigen
por un régimen especial ajeno a los contratos de obra pública, y resaltó que “de la
operación de exploración y explotación de hidrocarburos hacen parte todos los
actos y contratos concernientes a la comercialización y las actividades industriales
y comerciales que sean necesarias para esos asuntos, lo que implica todas las
actividades conexas, complementarias y necesarias para llevar a cabo la
exploración y explotación de hidrocarburos”.
De otra parte, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, toda vez que desconoció el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 que
establece que Ecopetrol S.A. por las actividades que desarrolla, se encuentra
excluida de lo dispuesto en el artículo 32 de la mencionada normativa. Igualmente,
porque se omitió la aplicación del Decreto 3461 de 2007, pues la ahora accionante
al no estar sometida a procesos de licitación pública o de selección abierta se
encuentra excluida de la contribución de obra pública.
En tercer término, indicó que en la sentencia objetada se incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, porque no se aplicó lo dispuesto por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado en los fallos de 22 de febrero de 20182, 3
de mayo de 20183, 24 de mayo de 20184 y 31 de mayo de 20185 y, además, que se
desconocieron las propias reglas de la sentencia de unificación de 25 de febrero
de 2020 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Agregó que en la sentencia objetada no se tuvieron en cuenta los salvamentos de
voto que se manifestaron en la precitada sentencia de unificación, los cuales se
ajustan a la tesis planteada en el proceso ordinario, en el sentido de que los
contratos por los cuales la DIAN determinó la contribución no eran de obra pública
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Radicado No.: 25000-23-37-000-2014-00994-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicado No.: 25000-23-37-000-2015-01316-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicado No.: 25000-23-37-000-2015-00771-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicado No.: 25000-23-37-000-2014-00616-01, C.P.: Milton Chaves García.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
y que estos se encontraban relacionados con la actividad de exploración y
explotación de hidrocarburos.
Señaló que la posición mayoritaria de la sentencia de unificación desconoció que
Ecopetrol S.A. no puede celebrar contratos de obra pública, a lo que agregó que
los efectos de la decisión unificadora se debían modular porque cambió una regla
jurisprudencial que se aplicaba 10 años atrás a la de unificación.
En cuarto lugar, sostuvo que en la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental, con sustento en que no se aplicó adecuadamente la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación, pues según dicho fallo
“el elemento de la obligación tributaria se define en función del contrato celebrado,
si es o no un contrato de obra pública con toda la connotación de este concepto.
De tal suerte que para saber si cada uno de los contratos debatidos en las
Resoluciones de determinación es o no un contrato de obra pública, la Sección
Cuarta (…) debió hacer un análisis minucioso de cada uno de ellos, evidenciando
que no se trataba de actividades de producción o exploración de hidrocarburos, y
no limitarse a aplicar las reglas de la SU, improcedente para el presente caso”.
Finalmente, manifestó que en la sentencia objetada se incurrió en violación
directa de la Constitución, porque se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, defensa y “a las situaciones jurídicas consolidadas”, así como al
principio a la seguridad jurídica.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló la siguiente:
“Conceder el amparo a los derechos al debido proceso, a la defensa, a las situaciones
jurídicas consolidadas a la seguridad jurídica y demás que ese H. despacho considere
vulnerados, de los que es titular ECOPETROL S.A., y en consecuencia, se DEJE SIN
EFECTO la sentencia del 7 de abril de 2022, proferida por la Sección Cuarta
(subsección A) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso
11001-33-37-040-2019-00343-01 pues en ella se adoptan una serie de consideraciones
y decisiones erróneas que afectan a mi representada y la legitiman en la causa para
interponer la presente acción”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 8 de noviembre de 2022, la Secretaría General del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió copia digital del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la sociedad Ecopetrol S.A.
contra la DIAN (radicado No. 11001-33-37-040-2019-00343-01).
5. Trámite procesal
En proveído de 6 de octubre de 2022, la Magistrada Sustanciadora requirió al
abogado de Ecopetrol S.A. para que allegara poder especial que lo acreditara
como apoderado de la mencionada entidad.
Una vez se cumplió con el requerimiento, por auto de 26 de octubre de 2022 se
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá, a la DIAN y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 115965 a 115969 de 4
de noviembre de 20226, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “A”
En escrito de 8 de noviembre de 2022, la magistrada ponente de la decisión objeto
de reproche constitucional pidió que se declare improcedente la acción de tutela,
al considerar que se utiliza como una tercera instancia o, en su defecto, que se
nieguen las pretensiones de la demanda al no evidenciarse la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.
Destacó que la sentencia objetada se profirió conforme con los argumentos
expuestos en el recurso de apelación formulados por la parte demandante, es
decir, (i) si la DIAN ostenta o no la competencia para proferir los actos
administrativos demandados, (ii) si se vulneró o no el derecho al debido proceso
de la sociedad demandante, (iii) si se incurrió o no en el hecho generador del
tributo y (iv) si la demandante es sujeto pasivo o no del tributo a partir de los
cuales se verificó si los actos impugnados incurrieron en falsa motivación como
causal de nulidad invocada.
Sostuvo que la DIAN tiene competencia residual asignada en el inciso segundo del
artículo 1º del Decreto 4048 de 2008, para la administración de los demás
impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras
entidades del Estado, como es el caso de la contribución especial por contrato de
obra pública, el cual se refiere específicamente al recaudo de la contribución, no a
su determinación, por lo que no puede confundirse la actividad de la
administración del tributo que le corresponde a la DIAN, con el uso dado a los
recursos recaudados, que corresponde al Ministerio del Interior por medio del
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, conforme
con el artículo 122 de la Ley 418 de 1997.
Señaló que el requerimiento ordinario de 24 de noviembre de 2017, constituye un
acto previo a la expedición de las resoluciones de determinación acusadas,
expedido en virtud de las facultades de fiscalización de la DIAN y no desconoce lo
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, postura que fue ratificada por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación 2020-CE-SUJ-SP-001 de 25 de febrero de 2020 y en el
fallo de 3 de diciembre de 2020, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
Indicó que en la sentencia objetada se analizaron los objetos de los contratos
materia de los actos administrativos demandados, es decir, el contrato No. MA-
0030693 de 12 de septiembre de 2013 y el contrato No. MA-0031636 de 16 de
octubre de 2013, a partir de los cuales se pudo concluir que no corresponden a
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, sino a un conjunto de
obras que tiene por objeto el mantenimiento en unas bases militares y colegios.
Agregó que esas actividades son propias de un contrato de obra y que si bien
eventualmente podrían llegar a relacionarse de manera indirecta con la actividad
de exploración y explotación de hidrocarburos, lo cierto es que dichos trabajos no
6
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: jadmin40bta@notificacionesrj.gov.com; admin40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co; juanm.rios@ecopetrol.com.co,
scs04sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co y notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co,
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
se refieren esta última actividad, porque no tienen por objeto la búsqueda o
producción del hidrocarburo, tal como lo analizó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 25 de
febrero de 2020.
Afirmó que “la calidad de tributo indirecto que ostenta la contribución por contratos
de obra pública, la sujeción pasiva está de una parte en cabeza del contribuyente,
que es la persona natural o jurídica que suscribe los contratos de obra pública con
entidades de derecho público o celebre contratos de adición al valor de los
existentes o concesiones de construcción, mantenimiento u operación de vías de
comunicación, y de otra está el agente retenedor que es aquella entidad de
derecho público contratante de la obra pública, que de no realizar la retención por
la suma que está obligado a retener, deberá responder de manera directa por
dicha suma ante el sujeto activo del tributo, sin perjuicio de su derecho de
reembolso contra el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
370 del E.T. y demás normas aplicables, por lo que ECOPETROL si se considera
sujeto pasivo de la obligación”.
Resaltó que en el presente asunto no es predicable la configuración de los
defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, ni violación
directa de la Constitución, pues no se demostró que se hubiera efectuado una
interpretación normativa de manera irrazonable o arbitraria, además que en el fallo
objeto de tutela se tuvo en cuenta el material probatorio que sustentó la decisión y
se expusieron los fundamentos fácticos y jurídicos atendiendo la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020, proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Finalmente, reiteró que la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera
instancia, a partir de la cual se pueda discutir la interpretación efectuada por el
juez natural en dos instancias.
6.2. Respuesta del Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá
En memorial de 9 de noviembre de 2022, la titular del despacho pidió que las
pretensiones de la acción de tutela no prosperen, toda vez que no existen
elementos fácticos y jurídicos que evidencien que en la sentencia proferida en
primera instancia dentro del proceso ordinario se incurrió en algún defecto, más
aún cuando se soportó en las reglas jurisprudenciales desarrolladas por el
Consejo de Estado.
6.3. Respuesta de la DIAN
En oficio de 9 de noviembre de 2022, la subdirectora de representación externa
pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los
requisitos generales de procedencia.
Afirmó que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, en tanto
los alegatos desarrollados en el escrito de tutela fueron los mismos que se
formularon en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales
fueron resueltos en dos instancias, por lo que es evidente la intención de utilizarla
como una tercera instancia.
Señaló que de conformidad con la primera regla establecida en la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020, proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para establecer el hecho
generador de la contribución especial por contratos de obra pública no es
determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el contrato de obra
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pública -general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado-. Agregó que el
elemento de la obligación tributaria se define en función del contrato celebrado y
no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público, por cuanto
según lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo de Estado, el artículo 6° de la
Ley 1106 de 2006 determinó que el hecho generador de la contribución especial
por contratos de obra pública se concreta cuando quiera que una entidad estatal
celebre negocios que tengan por objeto una de las actividades descritas en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Indicó que la sentencia de unificación precisó que la formulación jurídica del hecho
generador en cuestión prescinde de consideraciones relacionadas con el régimen
negocial que vincula a la entidad contratante, por lo que no es relevante para
efectos tributarios.
Resaltó que la segunda y tercera regla de unificación establecen que los contratos
de obra pública y de los que trata el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, los contratos
de exploración y explotación de recursos naturales y las actividades comerciales e
industriales, son dos categorías de contratos diferentes, en tanto tienen finalidades
propias que impiden que se trate de un mismo contrato. Agregó que la
contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de
1993, por cuanto no corresponden a los contratos de obra pública que son objeto
de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
Sostuvo que de acuerdo con la referida sentencia de unificación para que se
configure el hecho generador de la contribución especial por contratos de obra
pública basta con que concurran dos circunstancias: en primer lugar, que el
negocio jurídico suscrito tenga por objeto la realización de trabajos materiales
sobre bienes inmuebles y, en segundo término, que la parte contratante sea una
entidad de derecho público. De ahí que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado haya concluido que “el citado artículo 76 no
establece una exención tributaria, sino un régimen jurídico contractual especial
sobre un determinado tipo de contrato. Otra cosa es que la norma se refiera a una
clase de contrato que no fue gravado por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que
es la razón por la cual dicho contrato no se encuentra sujeto a la contribución”.
Por último, afirmó que en la sentencia objetada no se incurrió en el defecto
procedimental ni se desconoció la sentencia de unificación de 25 de febrero de
2020.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, con la sentencia de 7 de abril de
2022, por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones encaminadas a declarar la nulidad de los actos administrativos
que determinaron la contribución especial por contrato de obras públicas a cargo
de la entidad accionante, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
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defensa y “a las situaciones jurídicas consolidadas”, así como al principio a la
seguridad jurídica, por incurrir en los defectos i) sustantivo, pues desconoció el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993 que establece que Ecopetrol S.A. no puede
celebrar contratos de obra pública y se omitió la aplicación del Decreto 3461 de
2007, ii) desconocimiento del precedente judicial, por la inaplicación de los
fallos de 22 de febrero de 20187, 3 de mayo de 20188, 24 de mayo de 20189 y 31
de mayo de 201810, emanados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y,
además, que se desconocieron las reglas de la sentencia de unificación de 25 de
febrero de 2020, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, iii) procedimental, por la indebida interpretación de las reglas
establecidas en la sentencia de unificación y de los salvamentos de voto que se
manifestaron en esa decisión y iv) en violación directa de la Constitución, por la
vulneración de los derechos fundamentales alegados.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones11.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200512, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional13.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala14, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de
tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para
7
Radicado No.: 25000-23-37-000-2014-00994-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
8
Radicado No.: 25000-23-37-000-2015-01316-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
9
Radicado No.: 25000-23-37-000-2015-00771-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
10
Radicado No.: 25000-23-37-000-2014-00616-01, C.P.: Milton Chaves García.
11
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
13
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
14
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Actor: ECOPETROL S.A.
discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues
ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con
las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta
en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de
la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De
modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron
expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que
permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional
del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos
sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en
la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los
jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos15 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos16, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en
virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
15
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
16
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
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Actor: ECOPETROL S.A.
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201217, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201418, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico20; (ii) Defecto procedimental absoluto21; (iii)
Defecto fáctico22; (iv) Defecto material o sustantivo23; (v) Error inducido24; (vi)
Decisión sin motivación25; (vii) Desconocimiento del precedente26 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
17
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
18
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
20
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
21
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
22
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
23
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
24
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
25
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
26
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
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Actor: ECOPETROL S.A.
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo27 y de la Corte
Constitucional28.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional
respecto de los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución
5.1.1. La entidad accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, con la sentencia de 7 de abril de
2022, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y “a las
situaciones jurídicas consolidadas”, así como el principio a la seguridad jurídica,
por incurrir en los defectos i) sustantivo, pues desconoció el artículo 76 de la Ley
80 de 1993 que establece que Ecopetrol S.A. no puede celebrar contrato de obra
pública y se omitió la aplicación del Decreto 3461 de 2007, y iv) violación directa
de la Constitución, por la vulneración de los derechos fundamentales alegados.
5.1.2. La Sala anticipa que respecto de estos dos defectos declarará la
improcedencia de la acción de tutela porque no cumple el requisito de la
relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con la intención de dar
continuidad al debate de naturaleza legal relativo a la nulidad de los actos
administrativos que determinaron oficialmente la contribución de los contratos de
obra pública a cargo de Ecopetrol S.A, el cual fue resuelto en dos instancias
Con el fin de evidenciar la continuidad de esa discusión litigiosa, se hará
referencia al objeto de la demanda ordinaria, el concepto de la violación, las
razones en las que se sustentó el recurso de apelación y las decisiones judiciales
de primera y segunda instancia, solo que ahora la parte demandante caracteriza
ese mismo debate bajo los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial, procedimental y violación directa de la Constitución.
Ecopetrol S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la DIAN, en la que solicitó que se anularan los actos administrativos que se
relacionan a continuación:
Número de la resolución de determinación Número de la resolución que resolvió el
de la contribución recurso de reconsideración
312412018000014 de 13 de agosto de 2018 312362019000007 de 31 de mayo de 2019
312412018000016 de 20 de septiembre de 006.506 de 3 de septiembre de 2019
2018
La parte demandante alegó como cargos los siguientes: i) falta de competencia
para determinar la contribución de los contratos de obra pública por violación al
artículo 29 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 730 del Estatuto
Tributario y el Decreto 4048 de 2008, ii) determinación de un nuevo hecho
27
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
28
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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Actor: ECOPETROL S.A.
generador no establecido en la ley que conlleva el desconocimiento del artículo 76
de la Ley 80 de 1993 en relación con la expresa exclusión de la contribución de
obra pública respecto de los contratos relacionados con las actividades de
exploración, explotación, refinación y demás que son propias del sector de
hidrocarburos suscritos por Ecopetrol, iii) imposibilidad de celebrar contratos de
obra pública en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la falta de
aplicación del Decreto 3461 de 2007, iv) falta de motivación de los actos
administrativos demandados, en el sentido de establecer si el contrato celebrado
por Ecopetrol S.A. corresponde o no a un contrato de obra sujeto a la
contribución, v) violación de los derechos al del debido proceso y defensa y vi) la
entidad no es sujeto pasivo ni responsable bajo ningún título de la contribución
por obra pública, por lo que no era procedente que la DIAN efectuara la
liquidación del tributo.
En primera instancia, el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá
en sentencia de 30 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda, con
sustento en que Ecopetrol S.A. es sujeto pasivo de la contribución de los
contratos de obra pública, según lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 418 de
1997, modificado por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, tal como lo dispuso la
sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, proferida por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la que se indicó que si el
contratista celebra con una entidad de derecho público un contrato de obra estará
gravado con el tributo, independientemente del régimen contractual al que se
encuentre sometido el contrato o la entidad de derecho contratante.
Agregó que los Contratos No. MA-0030693 de 12 de septiembre de 2013 y MA-
0031636 de 16 de octubre de 2013, suscritos por Ecopetrol S.A. con particulares,
constituyen el hecho generador de la contribución especial de contratos de obra
pública, pese a que dicha entidad tiene un régimen excepcional de contratación,
pues se demostró que estos contratos no buscan la explotación o exploración de
hidrocarburos y minerales o actividades comerciales e industriales propias del
sector de hidrocarburos, en los términos del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, sino
que se enmarcan en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993.
La ahora demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
en el que señaló que el a quo desconoció el alcance del artículo 76 de la Ley 80
de 1993, pues la exploración, explotación, comercialización y transporte de
hidrocarburos no corresponde a actividades únicas y autónomas que se puedan
realizar con un solo acto o contrato, para lo que era necesario analizar si los
contratos eran conexos o no con dichas actividades de conformidad con lo
previsto en el Decreto 284 de 1957.
Resaltó que si bien el objeto del contrato No. MA-0030693 de 12 de septiembre
de 2013 se circunscribe al servicio de mantenimiento y adecuaciones menores en
bases militares del Ejército Nacional, lo cierto es que esto tiene conexidad con las
actividades de exploración, explotación, refinación, comercialización y transporte
de hidrocarburos, en tanto para sus actividades cuenta con una Estrategia Integral
de Seguridad, la cual requiere de gestión con la Fuerza Pública, gestión de
seguridad interna, gestión judicial, gestión de entorno, gestión de comunicaciones
y gestión de tecnología, en virtud de lo cual se suscriben los convenios y
contratos que incluyen, sin limitarse a ello, al suministro de combustible a las
Fuerzas Militares en algunos puntos definidos previamente, el mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones físicas en donde se ubican los miembros de las
Fuerzas Militares.
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Actor: ECOPETROL S.A.
Agregó que respecto del Contrato No. 031636 de 16 de octubre de 2013, el cual
tiene por objeto el mantenimiento de colegios de la Regional Magdalena Medio de
Ecopetrol, debe tenerse en cuenta que en esta zona se cuenta con varios campos
donde la compañía desarrolla su actividad, donde sus empleados se trasladan
con sus familias con el fin de mantener la unidad familiar, por lo que se torna
necesario brindar facilidades que permitan a sus trabajadores y contratistas
desarrollar sus actividades sin interrupciones y con todas las garantías de
seguridad, salubridad y bienestar, razón por la cual se cuenta con una serie de
colegios privados.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “A”, en sentencia de 7 de abril de 2022, confirmó la decisión
con sustento en las siguientes razones:
En primer lugar, realizó un desarrollo sobre la competencia de la DIAN y el
procedimiento que adelantó y culminó con la expedición de los actos
administrativos demandados.
Luego de concluir que la DIAN sí era la competente para adelantar el trámite
administrativo contra Ecopetrol S.A. y que en el curso del procedimiento se
respetaron las garantías del debido proceso, defensa y contradicción, resolvió el
caso de conformidad con la regla jurisprudencial precisada por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de estado en la sentencia de unificación
de 25 de febrero de 2020, en los siguientes términos:
“De acuerdo con las citadas reglas se destaca que en el caso que nos ocupa, la
sociedad ECOPETROL S.A. funge como contratante de los contratos que originaron
la determinación de la contribución por contrato de obra pública que se cuestionan en
el presente proceso, entidad que de conformidad con la Ley 1118 de 2006, es una
sociedad de economía mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Minas y Energía, la cual tiene por objeto social la actividad comercial o
industrial relacionada con la exploración, explotación, refinación, transporte,
almacenamiento, distribución, y comercialización de hidrocarburos sus derivados y
productos.
En esa medida, tal como se refirió con antelación, los objetos de los contratos materia
de este proceso son (i) en cuanto al Contrato No. MA-0030693 del 12 de septiembre
de 2013 la adquisición del “servicio de mantenimiento instalaciones (obras civiles
menores, adecuaciones menores, plomería, carpintería, cerrajería) de las bases
militares del Ejército ubicadas en el campo 23, campo 28, el Centro, Lizama, Llanito,
Puerto Mangos y estaciones de Policía ubicadas en el Centro, Sábana de Torres
(provincia), Suertes, Oficinas”, y (ii) respecto al Contrato No. MA-0031636 del 16 de
octubre de 2013, la contratación de “obras civiles de mantenimiento para los colegios
de la Regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A.”.
De lo anterior, se advierte que los contratos no corresponden a la exploración y
explotación de hidrocarburos, sino a un conjunto de obras que tiene por objeto el
mantenimiento en unas bases militares y en unos colegios, actividades materiales
propias de un contrato de obra, que si bien eventualmente podrían llegar a
relacionarse de manera indirecta con la actividad de exploración y explotación de
petróleo, lo cierto es que dichos trabajos no son contratos de exploración y
explotación, porque no tienen por objeto la búsqueda o producción del hidrocarburo,
tal como lo analizó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación, en la que se
afirmó que “… no hay lugar a aplicar un criterio de conexidad entre la obra y la
destinación del inmueble, porque como se explicó se trata de contratos típicos que
tienen objetos totalmente diferentes”.
En este orden, se advierte que en el presente caso sí se incurrió en el hecho
generador al haberse suscrito los Contratos de Obra No. MA-0030693 del 12 de
septiembre de 2013 y MA-0031636 del 16 de octubre de 2013, por lo que a Ecopetrol
S.A. le correspondía retener al contratista la contribución de los contratos de obra
pública, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y en el
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
artículo 121 de la Ley 418 de 1997, tal como le fuere exigido por la DIAN en los actos
acusados.
Aunado a lo anterior se precisa que dada la calidad de tributo indirecto que ostenta la
contribución por contratos de obra pública, la sujeción pasiva está de una parte en
cabeza del contribuyente, que es la persona natural o jurídica que suscriba los
contratos de obra pública con entidades de derecho público o celebre contratos de
adición al valor de los existentes o concesiones de construcción, mantenimiento u
operación de vías de comunicación, y de otra está el agente retenedor que es aquella
entidad de derecho público contratante de la obra pública, que de no realizar la
retención por la suma que está obligado a retener, deberá responder de manera
directa por dicha suma ante el sujeto activo del tributo, sin perjuicio de su derecho de
reembolso contra el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370
del E.T. y demás normas aplicables.”
De lo anterior, la Sala observa que las decisiones judiciales de primera y segunda
instancia con base en el marco normativo aplicable, el análisis crítico de las
pruebas y la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, proferida por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluyeron que los actos
administrativos mediante los cuales la DIAN determinó a cargo de Ecopetrol S.A.
la contribución por contratos de obra pública se ajustaban al ordenamiento
jurídico, pues se evidenció que los contratos no correspondían a la exploración y
explotación de hidrocarburos, sino a un conjunto de obras que tenían por objeto el
mantenimiento en unas bases militares y unos colegios, actividades que eran
propias de un contrato de obra y que si bien eventualmente podrían llegar a
relacionarse de manera indirecta con el objeto social de la entidad, lo cierto es
que no se encuadran en el mismo, porque no tienen por objeto la búsqueda o
producción del hidrocarburo.
5.1.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que los reproches
formulados por la entidad accionante en el escrito de tutela, al margen de que se
quieran encuadrar en los supuestos defectos sustantivo y violación directa de la
Constitución, lo que en realidad pretende es darle continuidad al debate litigioso
relacionado con la presunción de legalidad de los actos administrativos mediante
los cuales la DIAN determinó a cargo de Ecopetrol S.A. la contribución especial
por contratos de obra pública.
En efecto, el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, analizaron con
suficiencia los Contratos Nos. MA-0030693 de 12 de septiembre de 2013 y MA-
0031636 de 16 de octubre de 2013, así como las reglas desarrolladas en la
sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, proferida por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, lo que llevó a concluir que
los mismos eran de obra pública, por lo que encontraron ajustado a derecho la
determinación de la contribución a cargo de Ecopetrol S.A.
De hecho, como quedó evidenciado la autoridad judicial accionada analizó los
objetos de los Contratos Nos. MA-0030693 de 12 de septiembre de 2013 y MA-
0031636 de 16 de octubre de 2013, tal como se estableció en la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020, al punto que estableció que estos
correspondían a “servicio de mantenimiento instalaciones (obras civiles menores,
adecuaciones menores, plomería, carpintería, cerrajería) de las bases militares del
Ejército ubicadas en el campo 23, campo 28, el Centro, Lizama, Llanito, Puerto
Mangos y estaciones de Policía ubicadas en el Centro, Sábana de Torres
(provincia), Suertes, Oficinas”, y el otro acto jurídico consistió en “obras civiles de
mantenimiento para los colegios de la Regional Magdalena Medio de Ecopetrol
S.A.”.
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Actor: ECOPETROL S.A.
Luego, en la sentencia objetada se concluyó que los contratos mencionados en el
párrafo anterior no corresponden a actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos ni los trabajos que se plasmaron en los actos jurídicos que celebró
Ecopetrol S.A. no tiene relación indirecta con las actividades antes mencionadas.
Asimismo, el juez natural del asunto, tanto el de primera como el de segunda
instancia, analizaron la Ley 1106 de 2006 y su reglamento el Decreto 3461 de
2007 para establecer la competencia de la DIAN para determinar la contribución
especial por contrato de obra pública. Igualmente, a partir de dichas normas, del
estudio de las pruebas y la aplicación de las reglas establecidas en la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020, concluyeron que la accionante incurrió en el
hecho generaron de la contribución.
Cuestión diferente es que la accionante al no estar de acuerdo con la decisión que
le negó las pretensiones en las dos instancias, formulara la acción de tutela bajo la
supuesta vulneración de derechos fundamentales con sustento en argumentos
subjetivos y de naturaleza legal, lo que no es razón suficiente para omitir el hecho
de que el mecanismo de tutela se está utilizando como una instancia adicional, lo
que desconoce el requisito de la relevancia constitucional.
Adicionalmente, se constató que los fundamentos que la sociedad Ecopetrol S.A.
desarrolló en la solicitud de amparo relacionados con el defecto sustantivo se
plantearon en el proceso ordinaria, los cuales han sido objeto de estudio y
pronunciamiento en las dos instancias, lo que evidencia el propósito de continuar
con un debate que ya fue abordado por el juez natural del asunto.
Igualmente, se advierte que el hecho de que la demandante alegue la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y “a las situaciones
jurídicas consolidadas”, no da por superado automáticamente el requisito de la
relevancia constitucional, pues es necesario que se proponga un genuino debate
constitucional alejado de apreciaciones subjetivas, las que, como quedó
evidenciado, fueron planteadas ante el juez ordinario.
Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201929, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”30 (Negrilla y resalta de la Sala)
En sentencia SU-215 de 202231, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
29
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
30
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
31
M.P. Natalia Ángel Cabo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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15
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
De otro lado, respecto al cargo de violación directa de la Constitución, la Sala
observa que en el escrito de tutela no se expone argumento alguno que lo
sustente, lo que es muestra suficiente de que la entidad demandante no cumplió
con la carga argumentativa mínima frente a dicho alegato, lo que también lo torna
improcedente.
En conclusión, la solicitud de amparo constitucional, con respecto a los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución, desatendió el requisito de la
relevancia constitucional, toda vez que, respecto del primero, la parte actora
insiste en el mismo debate de naturaleza legal relacionado con la anulación de los
actos administrativos que le determinaron a su cargo la contribución especial por
contrato de obras públicas, lo que de contera tiene como propósito continuar con
el debate adelantado en sus dos instancias en el proceso ordinario. En relación
con el segundo, no cumple con la carga argumentativa mínima.
5.2. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia en relación con el desconocimiento del precedente judicial y el
defecto procedimental
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional porque
la entidad accionante invoca una presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y “a las situaciones jurídicas
consolidadas”, así como al principio a la seguridad jurídica, por la supuesta
configuración de los defectos por desconocimiento del precedente judicial y
procedimental por no aplicar varias decisiones proferidas por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y la indebida aplicación de las reglas jurisprudenciales de la
sentencia de unificación 25 de febrero de 2020, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” al dictar la sentencia de 7 de abril
de 2022, en la que se confirmó la decisión que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la accionante
contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (en adelante DIAN), a lo que se agrega que lo pretendido por la parte
actora no es reabrir un debate legal propuesto o proponer una discusión a la
manera de tercera instancia.
Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que la demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa
32
judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional33; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
5.3. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “A”, no incurrió en los defectos por desconocimiento
del precedente judicial y procedimental
5.3.1. De otra parte, la entidad demandante estima que la decisión objeto de
reproche constitucional incurrió en i) desconocimiento del precedente judicial,
por la inaplicación de los fallos de 22 de febrero de 201834, 3 de mayo de 201835,
32
La providencia atacada se profirió el 7 de abril de 2022 y se notificó mediante correo electrónico el 8 de abril de 2022,
mientras que la acción de tutela se instauró el 29 de septiembre de 2022, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6)
meses.
33
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
34
Radicado No.: 25000-23-37-000-2014-00994-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
24 de mayo de 201836 y 31 de mayo de 201837, proferidos por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, y porque se desconocieron las reglas de la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y ii) procedimental, por la indebida
interpretación de las reglas establecidas en la sentencia de unificación y de los
salvamentos de voto que se manifestaron en la misma
Previo a cualquier análisis de los cargos antes planteados, la Sala advierte que
por su similitud se procederán a estudiar en conjunto bajo la caracterización del
desconocimiento del precedente judicial, tal como se hará a continuación:
5.3.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que38: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas39:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente
si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el
juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto40.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
5.3.3. En el asunto bajo examen, se observa que en los fallos de 22 de febrero de
2018, 24 de mayo de 2018, 31 de mayo de 2018 y 3 de mayo de 2018 de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, se indicó que la ejecución de los contratos
que se reprocharon en cada uno de las antes mencionadas decisiones se
35
Radicado No.: 25000-23-37-000-2015-01316-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
36
Radicado No.: 25000-23-37-000-2015-00771-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
37
Radicado No.: 25000-23-37-000-2014-00616-01, C.P.: Milton Chaves García.
38
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
39
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
40
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
encuentran directamente ligadas a la actividad de exploración, explotación y
comercialización de recursos naturales no renovables (hidrocarburos) que
adelanta Ecopetrol S.A. en desarrollo de su objeto social, circunstancia que los
ubica dentro de los señalados en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, razón por la
cual su celebración y suscripción no genera la contribución de obra pública.
Al respecto, se advierte que esta postura es anterior a la sentencia de unificación
de 25 de febrero de 2020, decisión en la cual se establecieron las siguientes
reglas:
“1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los
contratos de obra pública no es determinante el régimen contractual de la entidad que
celebre el contrato de obra pública el elemento de la obligación tributaria se define en
función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de
derecho público.
2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la Ley
80 de 1993 -contratos de exploración y explotación de recursos naturales, y las
actividades comerciales e industriales, son dos categorías de contratos diferentes, en
tanto tienen características y finalidades propias, que impiden que se trate de un
mismo contrato.
3. La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de
1993, por cuanto no corresponden a los contratos de obra pública que son objeto de
gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006”.
Es decir, que las reglas jurisprudenciales de la sentencia de unificación
establecieron que para determinar el hecho generador de la contribución especial
por contratos de obra pública se define en función del contrato celebrado, y no de
la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público. Asimismo, se
resaltó que los contratos de obra pública y los contratos de exploración y
explotación de recursos naturales y las actividades comerciales e industriales, son
dos categorías de contratos diferentes, en tanto tienen características y
finalidades propias, que impiden que se trate de un mismo acto jurídico y que,
además, estos últimos no se encuentran gravados con la mencionada
contribución.
Adicionalmente, en el caso concreto la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado señaló que el hecho de que las obras que
se iban a ejecutar en los contratos celebrados fuesen utilizadas en la industria
petrolera o en el bienestar de los empleados, lo cierto es que desconoce su
naturaleza de contrato de obra pública “porque en este tipo de contrato, lo
esencial es que la actividad contratada sea un trabajo material sobre un bien
inmueble”. Igualmente, resaltó que “en estos casos, no hay lugar a aplicar un
criterio de conexidad entre la obra y la destinación del inmueble, porque como se
explicó se trata de contratos típicos que tiene objetos totalmente diferentes”.
Por lo anterior, se observa que las sentencias que invoca la parte actora en el
escrito de tutela no resultaban vinculantes, pues estas reflejan una postura que se
aplicaba con anterioridad a la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020 y,
en consecuencia, no se configura el desconocimiento del precedente judicial.
Ahora bien, si lo que pretende la entidad demandante es reprochar las reglas
jurisprudenciales de la sentencia de unificación, esta Sección advierte que no es
procedente dicho reparo, pues la acción de tutela que ocupa la atención de la
Sala se interpuso contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección “A” por la sentencia de 7 de abril de 2022 proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó Ecopetrol S.A.
contra la DIAN bajo radicado No. 11001-33-37-040-2019-00343-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
Igualmente, frente al argumento en el que solicita tener en cuenta los salvamentos
de voto de la mencionada decisión unificadora en virtud a que guardan relación
con la tesis desarrollada por la accionante en el escrito de tutela, se advierte que
no hacen parte de la decisión mayoritaria, sino que son disidencias que pueden
expresar los magistrados en virtud de lo previsto en el artículo 56 de la Ley 270 de
1996, lo cual es una manifestación del principio de autonomía judicial.
Por último, respecto al cargo de indebida aplicación de la sentencia de unificación
de 25 de febrero de 2020, se advierte que, contrario a lo manifestado por la
accionante, la autoridad judicial accionada analizó el objeto de los contratos y
evidenciaron que no eran de exploración y explotación de recursos naturales y
que respondían a obras públicas, por consiguiente, conforme con las reglas de
unificación, concluyó que se debía mantener en firme la presunción de legalidad
de los actos administrativos de determinación de la contribución especial por
contratos de obra pública a cargo de Ecopetrol S.A. Por consiguiente, no se
configura el defecto procedimental alegado.
En consecuencia, la Sala evidenció que la sociedad accionante no demostró la
configuración de los defectos por desconocimiento del precedente judicial ni el
procedimental, pues i) las providencias invocadas por la sociedad accionante se
expidieron con anterioridad a la sentencia de unificación, fallo que estableció
reglas jurisprudenciales diferentes a las que se desarrollaron en las decisiones
que señala en el escrito de tutela y ii) porque la autoridad judicial accionada aplicó
la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela,
pues no se demostró la configuración de los defectos por desconocimiento del
precedente judicial y procedimental.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol S.A.- contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, respecto de los
defectos sustantivo y violación directa de la Constitución.
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, en relación con
el desconocimiento del precedente judicial y el defecto procedimental.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-00
Actor: ECOPETROL S.A.
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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