Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05226-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05226-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-05226-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
28 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S.A.)
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho respecto de acto que liquidó contribución especial por
contrato de obra pública. Desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Ecopetrol S.A., en contra de la
sentencia proferida el 26 de enero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
Ecopetrol S.A. promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 7 de abril de 2022,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 11001-33-37-040-2019-00343-01.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) ECOPETROL S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, presentó demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales1, con el fin de cuestionar la legalidad de los actos administrativos a
través de los cuales se liquidó la contribución especial por contrato de obra pública.
ii) El Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
proferida el 30 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que Ecopetrol S.A. es sujeto pasivo de la contribución especial por contratos de obra
pública, según lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, modificado por
el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, y en la sentencia de unificación del 25 de
febrero de 2020, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado. En contra de esta decisión la entidad demandante interpuso
recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, a
través de la sentencia del 7 de abril de 2022, confirmó lo resuelto por el a quo con
similares consideraciones.
iv) En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en 1) violación directa de
la Constitución por desconocimiento de los derechos al debido proceso y a la
seguridad jurídica; 2) defecto sustantivo o material por indebida aplicación del
artículo 76 de la Ley 80 de 1993; 3) defecto procedimental por la falta de análisis
del objeto de los contratos discutidos, tal como lo señala la referida sentencia de
unificación y 4) desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, Sección
Cuarta, contenido en las sentencias del 22 de febrero de 2018,2 del 3 de mayo de
1
En adelante DIAN
2
Radicado No.: 25000-23-37-000-2014-00994-01
2
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
2018,3 del 24 de mayo de 20184 y del 31 de mayo de 20185.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] Conceder el amparo a los derechos al debido proceso, a la defensa, a las
situaciones jurídicas consolidadas, a la seguridad jurídica y los demás que ese H.
Despacho considere vulnerados, de los que es titular ECOPETROL S.A., y en
consecuencia, SE DEJE SIN EFECTO la Sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por
la Sección Cuarta (Subsección A) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del proceso 11001-33-37-040-2019-00343-01, pues en ella se adoptan una serie de
consideraciones y decisiones erróneas que afectan a mi representada y la legitiman en
la causa para interponer la presente acción. […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales6 señaló que no se cumple
con el requisito de la relevancia constitucional, al considerar que la solicitud de tutela
contiene los mismos argumentos presentados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho cuestionado, los cuales ya fueron resueltos por los
jueces naturales del asunto, convirtiendo el mecanismo constitucional en una
tercera instancia.
Sostuvo que, de conformidad con la primera regla establecida en la sentencia de
unificación del 25 de febrero de 2020, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo del Consejo de Estado, para establecer el hecho generador de la
contribución especial por contratos de obra pública no es determinante el régimen
contractual de la entidad que celebre el contrato de obra pública -general de la Ley
80 de 1993 o un régimen exceptuado-, sino el objeto de este; toda vez que el artículo
6° de la Ley 1106 de 2006 determinó que el hecho generador de la contribución
especial por contratos de obra pública se concreta cuando quiera que una entidad
3 Radicado No.: 25000-23-37-000-2015-01316-01
4 Radicado No.: 25000-23-37-000-2015-00771-01
5 Radicado No.: 25000-23-37-000-2014-00616-01
6 Ver índice 18 de SAMAI. Archivo de nominado
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV__CONTESTACION_TUT(.zip)
3
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
estatal celebre negocios que tengan por objeto una de las actividades descritas en
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Se refirió a la segunda y tercera regla establecida en la mencionada providencia de
unificación, según las cuales los contratos de obra pública y de los que trata el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993, los de exploración y explotación de recursos
naturales y las actividades comerciales e industriales, son dos categorías diferentes,
en tanto tienen finalidades propias que impiden que se trate de un mismo contrato.
Agregó que la contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la
Ley 80 de 1993, por cuanto no corresponden a los contratos de obra pública que
son objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
1.2.2. El Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá7 solicitó
declarar improcedentes las pretensiones de la solicitud de tutela al considerar que
no existen elementos fácticos y jurídicos que evidencien que en la sentencia
proferida en primera instancia en el proceso ordinario cuestionado se incurrió en
algún defecto, más aún cuando se soportó en las reglas jurisprudenciales
desarrolladas por el Consejo de Estado.
1.2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,8
por conducto de la magistrada ponente de la sentencia objeto de reproche, señaló
que en el presente asunto no se configuran las causales de procedencia específica
invocadas y, en consecuencia, solicitó negar el amparo constitucional en atención
a que los argumentos expuestos fueron resueltos en el proceso ordinario, y que en
esta oportunidad lo que se pretende es reabrir un debate jurídico ya concluido, como
si se tratara de una tercera instancia.
Indicó que se analizaron los objetos de los contratos materia de los actos
administrativos demandados, es decir, el MA0030693 del 12 de septiembre de 2013
y el MA-0031636 del 16 de octubre de 2013, respecto de los cuales se concluyó que
7 Ver índice 19 de SAMAI. Archivo de nominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CORREO_LORENACARMO(.pdf )
8 Ver índice 17 de SAMAI. Archivo de nominado RECIBEPRUEBAS_CORREO_LORENACAR
MO(.pdf)
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
no corresponden a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, sino
a un conjunto de obras que tiene por objeto el mantenimiento de unas bases
militares y colegios.
Dijo además que esas actividades son propias de un contrato de obra y que si bien
podrían llegar a relacionarse de manera indirecta con la actividad de exploración y
explotación de hidrocarburos, lo cierto es que dichos trabajos no se refieren a esta
última actividad, porque no tienen por objeto la búsqueda o producción del
hidrocarburo, tal como lo analizó la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020.
1.3 Sentencia de primera instancia9
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 26 de enero de 2023
declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no tiene
relevancia constitucional respecto de los defectos sustantivo y violación directa de
la Constitución, y negó el amparo en cuanto desconocimiento del precedente judicial
y el defecto procedimental.
En relación con el requisito de la relevancia constitucional señaló que, «respecto [del
defecto sustantivo], la parte actora insiste en el mismo debate de naturaleza legal
relacionado con la anulación de los actos administrativos que le determinaron a su cargo la
contribución especial por contrato de obras públicas, lo que de contera tiene como propósito
continuar con el debate adelantado en sus dos instancias en el proceso ordinario. En
relación con [el requisito de violación directa de la Constitución], no cumple con la carga
argumentativa mínima».
Por otra parte, en cuanto al desconocimiento del precedente judicial refirió que las
decisiones alegadas como desconocidas dan cuenta de la postura anterior de la
corporación sobre la materia, la cual fue modificada a través de la sentencia de
unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 25 de febrero de 2020.
9 Ver índice 22 de SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
Y, finalmente, en lo que se refiere al defecto procedimental explicó que la autoridad
judicial accionada sí valoró el objeto de los contratos de obra pública que dieron
origen a la contribución especial cuestionada, en los términos fijados en la referida
sentencia de unificación.
1.4. El recurso de apelación10
ECOPETROL S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, para lo cual insistió en que continúa la vulneración de sus derechos
fundamentales y de los principios a la confianza legítima y la buena fe al darse
aplicación retroactiva a la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de
Estado del 25 de febrero de 2020 en el caso bajo estudio, además,
desconociéndose que aún no ha cobrado firmeza ya que contra la misma se
presentó solicitud de tutela, encontrándose en trámite.
En concordancia con lo anterior, insistió en que se desconoció el precedente del
Consejo de Estado, Sección Cuarta, vigente hasta el año 2020, a la luz del cual
debió fallarse el asunto cuestionado, que establecía que los contratos celebrados
por ECOPETROL S.A. no estaban sujetos al pago de la contribución especial.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en los escritos de tutela y de impugnación
y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a
consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv)
solución del caso concreto.
2.1. Competencia
10 Ver índice 27 de SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.14 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado15 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,17 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.18
15 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, vulneró los derechos fundamentales de ECOPETROL S.A.
con ocasión de la sentencia del 7 de abril de 2022, que confirmó la negativa frente
a la solicitud de declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos a través de
los cuales se le liquidó el pago de la contribución especial, con la que incurrió,
presuntamente, en desconocimiento del precedente por aplicar una sentencia de
unificación de forma retroactiva y pasar por alto la tesis jurisprudencial vigente al
momento en que se celebraron los contratos originarios de los actos acusados?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Caso concreto
ECOPETROL S.A. acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia del 7
de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A,, en cuanto confirmó la negativa de primera instancia frente a
las pretensiones de declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos a través
de los cuales se le determinó la contribución de los contratos de obra pública
0030693 del 12 de septiembre de 2013 y MA0031636 del 16 de octubre de 2013.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
Lo anterior, según se alegó en el escrito de impugnación, al considerar que la
referida decisión judicial incurrió en desconocimiento del precedente por aplicación
retroactiva de la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado
del 25 de febrero de 2020, la cual, según su decir, no ha cobrado firmeza ya que
contra la misma se presentó acción de tutela, encontrándose en trámite.
En concordancia con lo anterior, refirió que se desconoció el precedente del Consejo
de Estado, Sección Cuarta, vigente hasta el año 2020, a la luz del cual debió fallarse
el asunto cuestionado, que establecía que los contratos celebrados por
ECOPETROL S.A. no estaban sujetos al pago de la contribución especial.
En cuanto al precedente judicial, es importante recordar que la Corte
Constitucional19 lo ha definido como la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a
un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos debe ser considerada por las autoridades judiciales al momento de proferir
una decisión. En esa misma línea el tribunal constitucional ha destacado que la
relevancia del precedente responde a: i) la necesidad de proteger el derecho a la
igualdad y salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica de quienes
acuden a la administración de justicia y; ii) el reconocimiento del carácter vinculante
de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos cuya función es unificar
jurisprudencia, con lo cual se le otorga la «categoría de fuente de derecho aplicable al
caso concreto».
En ese sentido y dada la imposibilidad que le asiste al legislador de regular, a partir
de disposiciones de carácter general, cada situación particular y concreta que se
puede presentar al interior de una sociedad, es que surge la necesidad e
importancia de reconocer la obligatoriedad del precedente judicial, ya que, cuando
la norma no es clara o su construcción gramatical resulta ambigua, es el juez, a
partir del análisis de la situación fáctica en estudio y las normas aplicables a esta,
quien define cada caso, a partir de la creación de las denominadas reglas de origen
19 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
judicial20. Es desde esa realidad que el precedente judicial adquiere la categoría de
fuente formal de derecho21 que propende por la aplicación uniforme de este, como
una forma de materializar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima que deben dirigir toda actuación del Estado.
Asimismo, cabe advertir que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la
lectura del artículo 230 de la Constitución Política, según el cual «los jueces, en sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley», debe hacerse bajo el entendido
que el operador judicial también se encuentra sometido al precedente judicial, en
tanto, a través de este es que se determina el contenido y alcance normativo de la
ley22. De acuerdo con lo anterior, el concepto «ley» del referido artículo 230, debe
ser entendido como el conjunto de normas constitucionales y legales, incluida la
interpretación que de estas hacen las autoridades judiciales. Es decir, el carácter
vinculante del precedente judicial, es un claro desarrollo del principio de legalidad
que debe dirigir las actuaciones que adelanten los servidores públicos.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución Política, el Consejo de
Estado como tribunal supremo de lo contencioso-administrativo tiene el deber de
unificar jurisprudencia al interior de la jurisdicción, de tal manera que las decisiones
emitidas por este órgano se constituyen en precedente de obligatorio cumplimiento.
Lo anterior cobra especial relevancia, al tratarse de un desarrollo del derecho a la
igualdad, que se hace efectivo cuando una situación fáctica y jurídica se define con
aplicación de criterios e interpretaciones adoptadas de manera previa en casos
análogos, dicho en otras palabras, el derecho a la igualdad se materializa cuando
asuntos con situaciones fácticas y problemas jurídicos similares se definen con base
en la misma interpretación.
20 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011: «[…] n las sociedades contemporáneas, merced
la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas
puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por
ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces
conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial,
creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador.»
21 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011
22 Corte Constitucional, sentencia C-539 de 2011.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
De otra parte, como se ha expuesto en párrafos anteriores, la regla general es la
obligatoriedad del precedente proferido por los órganos de cierre de la respectiva
jurisdicción, sin embargo, existen ciertos eventos en los que el juez puede separarse
de dicha interpretación, para lo cual la jurisprudencia constitucional23 ha establecido
como requisitos: i) el de la transparencia: para lo cual, el juez debe referirse de
manera expresa al precedente conforme al cual se han resuelto casos análogos y
del cual estima pertinente apartarse y; ii) el de la suficiencia: este exige al operador
judicial exponer razones suficientes y válidas que justifiquen un cambio en el
precedente, para lo que deberá demostrar que la ratio decidendi avalada por el
órgano de cierre para resolver casos con situaciones jurídicas y fácticas similares
«ha perdido vigencia para resolver asuntos futuros, bien sea por el cambio normativo o por
la simple transformación social». En consonancia con lo anterior, es claro que si una
autoridad judicial se aparta del precedente sin acreditar el cumplimiento de los
mencionados requisitos, la consecuencia es la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad y el debido proceso, así como, de los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica.
Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por ECOPETROL S.A.,
en cuanto al primer cargo relacionado con la aplicación retroactiva de la sentencia
de unificación del 25 de febrero de 2020 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
en el acápite resolutivo de esta providencia se señaló:
«[…] Segundo: Advertir que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]»
Mediante auto del 20 de octubre de 2020, la corporación resolvió la solicitud de
aclaración presentada por entidad demandante, al respecto indicó:
«[…] Finalmente, en lo relativo a la solicitud de aclaración de los efectos de la
sentencia de unificación, se advierte que en la parte resolutiva de la providencia, la
Sala fue precisa en señalar que en los casos en que haya operado la cosa juzgada,
no aplica el criterio jurisprudencial sentado. Por esa razón, es claro que en los
supuestos contemplados en el artículo 189 del CPACA, que regula la cosa juzgada,
no se extiende la citada regla jurisprudencial. Se pone de presente, además, que las
consideraciones realizadas por uno de los magistrados de la Sala Plena en el Acta
nro. 38 del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de solicitar que la tesis que se
tomé sobre este asunto rija a partir de la fecha, no determina los efectos de la
23 Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013 y SU-113 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
sentencia de unificación jurisprudencial analizada.
Lo anterior, porque en el acta de las sesiones de la Sala Plena se redactan las
proposiciones y discusiones de sus miembros, en cambio en la sentencia judicial se
incorpora la decisión definitiva que toma la Sala Plena sobre los procesos puestos a
su consideración; razón por la cual no cabe la menor duda que el efecto que tiene la
regla jurisprudencial es el previsto por la Sala Plena de esta Corporación en la
sentencia del 25 de febrero de 2020. […]»
Como se observa, sin perjuicio de que el asunto contencioso bajo estudio se
originara en contratos celebrados en septiembre y octubre de 2013, la sentencia de
unificación fue clara en definir sus efectos en el sentido de respetar la existencia de
cosa juzgada, por lo cual, resulta razonable que la autoridad judicial accionada
aplicara los lineamientos decisionales allí establecidos.
En cuanto al segundo cargo relacionado con que la referida sentencia de unificación
no se encuentra en firme toda vez que contra esta se presentó solicitud de tutela,
se recuerda que de conformidad con las disposiciones del artículo 302 del Código
General del Proceso, las providencias judiciales proferidas fuera de audiencia
quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas, cuando contra estas no
procede recurso alguno o, de proceder, no fue interpuesto. Asimismo, cuando quede
ejecutoriada la providencia que resuelva los recursos que fueran procedentes o la
solicitud de aclaración o complementación de la providencia.
Es decir, contrario a lo considerado por la entidad accionante, la solicitud de tutela
presentada contra providencia judicial no suspende su ejecutoria, salvo que así lo
determine de forma expresa el juez constitucional.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala informa que la solicitud de tutela impetrada por
ECOPETROL S.A. para cuestionar la sentencia de unificación del 25 de febrero de
2020, bajo el radicado 11001031500020210113800/01, fue decidida de manera
desfavorable en primera y segunda instancia mediante providencias del 15 de
marzo y del 4 de agosto del 2022 proferidas por el Consejo de Estado, Sala de
Conjueces de la Sección Tercera, Subsección B, y la Sección Quinta de la misma
corporación. Asunto constitucional que no fue seleccionado para revisión, de
acuerdo con lo resuelto en auto del 30 de enero de 2023, por la Sala de Selección
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05226-01
Demandante: ECOPETROL S.A.
de Tutela Número Uno de la Corte Constitucional, publicado en estado 003 del 13
de febrero de 2023.
En concordancia con lo expuesto, respecto del tercer cargo formulado, el cual la
entidad accionante hace constituir en que se desconoció el precedente del Consejo
de Estado, Sección Cuarta, vigente hasta el año 2020, se observa que fue la
pluricitada sentencia de unificación la que modificó el precedente echado de menos,
así:
«[….] Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido precisar
lo siguiente:
«1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los
contratos de obra pública no es determinante el régimen contractual de la
entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de
1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se define
en función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la
entidad de derecho público. 2. Los contratos de obra pública y los contratos de
que trata el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 -contratos de exploración y
explotacíón de recursos naturales, y las actividades comerciales e industriales,
son dos categorías de contratos diferentes, en tanto tienen características y
finalidades propias, que impiden que se trate de un mismo contrato. 3. La
contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de
1993, por cuanto no corresponden a los contratos de obra pública que son
objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006». […]»
Es decir, resulta ajustado a derecho que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, atendiera los nuevos parámetros de
decisión establecidos por la Sala Plena del Consejo de Estado, tal como lo regula
el CPACA y la jurisprudencia, lo cual conllevó, a que dejara de la lado la línea
jurisprudencial que existía hasta ese momento.
Así, contrario a lo señalado por el tutelante, no se evidencia que la autoridad judicial
haya incurrido en desconocimiento del precedente pues lo cierto es que, la decisión
cuestionada pese a resultar contraria a los intereses de ECOPETROL S.A., se
ajusta a la jurisprudencia actual sobre la materia, esto es, que en «el hecho generador
de la contribución de los contratos de obra pública no es determinante el régimen
contractual de la entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley
80 de 1993 o un régimen exceptuado», sino el objeto del contrato, y en el asunto bajo
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estudio se encontró probado que los contratos que generaron la contribución
objetada no correspondían a la «actividad comercial o industrial relacionada con la
exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución, y
comercialización de hidrocarburos sus derivados y productos»24. Dijo el tribunal
demandado en su providencia:
«[…] Los objetos de los contratos materia de este proceso son (i) en cuanto al Contrato
No. MA-0030693 del 12 de septiembre de 2013 la adquisición del “servicio de
mantenimiento instalaciones (obras civiles menores, adecuaciones menores,
plomería, carpintería, cerrajería) de las bases militares del Ejército ubicadas en el
campo 23, campo 28, el Centro, Lizama, Llanito, Puerto Mangos y estaciones de
Policía ubicadas en el Centro, Sábana de Torres (provincia), Suertes, Oficinas”, y (ii)
respecto al Contrato No. MA0031636 del 16 de octubre de 2013, la contratación de
“obras civiles de mantenimiento para los colegios de la Regional Magdalena Medio
de Ecopetrol S.A.”. »
A juicio de esta Sala, la autoridad judicial realizó una valoración probatoria acorde
con las reglas fijadas por el Consejo de Estado, en relación con el hecho generador
de la contribución de obra pública, todo lo cual le permitió concluir que en el caso
bajo estudio no se demostró la ilegalidad de los actos acusados.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial accionada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
Ahora, en cuanto a los cargos de violación directa de la Constitución por
desconocimiento de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica,
defecto sustantivo o material por indebida aplicación del artículo 76 de la Ley 80 de
24 Ley 1118 de 2006
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1993 y defecto procedimental por la falta de análisis del objeto de los contratos
discutidos, la Sala recuerda que la decisión adoptada en primera instancia al
respecto no fue impugnada, razón por la cual no se realizará ningún análisis al
respecto; sin embargo, no sobra referir que el estudio adelantado por la autoridad
judicial accionada se ajustó a los parámetros de la sentencia de unificación.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la decisión
proferida en primera instancia mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela respecto de los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, y
negó el amparo en cuanto al desconocimiento del precedente judicial y el defecto
procedimental.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 26 de enero de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela respecto de los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, y
negó el amparo en relación con el desconocimiento del precedente judicial y el
defecto procedimental, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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