Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05227-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05227-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05227-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
3 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05227-00
Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05227-00
Demandante: CLARA XIMENA SALCEDO DUARTE
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Vacaciones individuales del régimen especial de la rama
judicial. Falta de disponibilidad presupuestal. Derecho al
descanso remunerado.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada en nombre propio por la señora Clara
Ximena Salcedo Duarte contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio - Meta y el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Villavicencio de conformidad con lo establecido en
el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Clara Ximena Salcedo Duarte ejerció acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Villavicencio - Meta y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, por
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, al
trabajo en condiciones dignas y al descanso. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
“Con fundamento en todo lo expuesto, solicito respetuosamente que se amparen
mis derechos fundamentales al descanso, dignidad humana, salud e igualdad
vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Nacional
de Administración Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio; y de
conformidad con ello se ordene que:
1. Dentro de un término perentorio se disponga lo necesario para la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) que asegure el nombramiento del
reemplazo por vacaciones de la titular del Juzgado 9 Penal Municipal con función
de control de garantías de Villavicencio y, una vez emitido, se adopten por parte
de la autoridad nominadora las acciones pertinentes para que, antes del periodo
solicitado para su disfrute, conceda el descanso a que tengo derecho.”
2. Hechos
De la demanda de tutela, se recogen como hechos relevantes los siguientes:
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05227-00
Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
La señora Clara Ximena Salcedo Duarte manifestó que está vinculada desde el
2018 en propiedad en el cargo de Juez 30 Penal Municipal con función de control
de garantías de Bogotá y a partir del 1º de marzo de 2021, por virtud de un traslado
es titular del Juzgado Noveno Penal municipal con función de control de garantías
de Villavicencio.
Indicó que a la fecha cuenta con dos periodos de vacaciones causados entre el 23
de agosto de 2018 al 22 de agosto de 2019 y del 23 de agosto de 2019 al 22 de
agosto de 2020, razón por la que solicitó ante la presidencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio le fueran concedidos dichos períodos, a partir
del 19 de diciembre de 2022.
Manifestó que el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, como autoridad
nominadora, requirió a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio - Meta la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal
(CDP) para atender el pago de las vacaciones, así como el nombramiento del
reemplazo ante la ausencia temporal del juez.
La actora señaló que la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio, por intermedio de la Coordinación de Ejecución Presupuestal, certific ó
la existencia de los recursos para el pago de las vacaciones y de la prima de
vacaciones; sin embargo, indicó que no existe disponibilidad en la presente vigencia
para la remuneración del reemplazo.
En razón de lo anterior, mediante Resolución núm. 49 del 21 de septiembre de 2022,
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio negó
la solicitud de vacaciones de la actora considerando las necesidades del servicio, la
alta carga laboral, así como la falta de asignación de presupuesto para nombrar su
reemplazo.
3. Argumentos de la acción de tutela
La demandante manifestó que las vacaciones son un derecho adquirido por el
tiempo laborado. Además, indicó que está demostrado que tiene dos periodos
cumplidos para el disfrute de vacaciones, que podría perder en caso de no ser
concedidos.
Sostuvo que la decisión de negarle las vacaciones a las que tiene derecho
constituye la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad
humana, a la igualdad y a la salud. Tanto el juez como la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Villavicencio como el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio vulneran los derechos fundamentales invocados, pues la
decisión de negarle sus vacaciones obedece a un trámite administrativo (la
expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal), requerido con el fin de
no afectar el correcto funcionamiento de la administración de justicia.
4. Trámite Previo
En auto del 3 de octubre de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la demandada, al Consejo Superior de la Judicatura, a
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Villavicencio-Meta y al Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Villavicencio en calidad de demandados, y publicar en la página web del Consejo
de Estado la providencia, así como la notificación a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
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Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
5. Oposición
El Consejo Seccional de la Judicatura de Villavicencio – Meta señaló que la
expedición del CDP es un asunto que corresponde neta y exclusivamente a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, quien es la entidad
que tiene a su cargo el pago de dicha prestación y los demás emolumentos que
perciben los servidores judiciales como remuneración, conforme a lo dispuesto en
el artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
Afirmó que desde sus competencias no puede intervenir en la decisión de negar las
vacaciones por necesidad del servicio, ni en la postura jurídica acerca del encargo
a un servidor judicial que cumpla con los requisitos legales que adopta el Tribunal
Superior de Villavicencio, en ejercicio de su función de autoridad nominadora de la
Juez accionante.
Sostuvo que, al no tener injerencia, ni participación en la gestión administrativa, que
le corresponde al Director Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, y al
Tribunal Superior de Villavicencio, en su calidad de autoridad nominadora; lo
procedente es que sea desvinculado de la acción de la referencia.
Adicional a lo anterior precisó que las vacaciones reclamadas por la actora deben
ser concedidas, puesto que, con ello, no se afectará la prestación del servicio y pues
esa corporación haría uso de la facultad de cierre transitorio del despacho y la
exoneración temporal del reparto, durante el tiempo de disfrute de las vacaciones
de la tutelante, conforme lo dispuesto en los artículos 6 y 11 del Acuerdo PSAA16-
10561 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
– Meta señaló que desde sus competencias no han sido vulnerados los derechos
fundamentales invocados por la demandante, dado que en su momento expidió el
correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el disfrute de dos
periodos de vacaciones de la actora, esto es, los periodos certificados por Talento
Humano, a través de correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2022, esto
es del 17 de junio de 2019 al 16 de junio de 2020 y del 17 de junio de 2020 al 16 de
junio de 2021.
Indicó que pese a lo anterior fue el Tribunal Superior de Villavicencio en calidad de
nominador quien negó las vacaciones bajo el supuesto de que no fue expedido
Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el reemplazo de la actora mientras
disfruta de sus periodos vacacionales, bajo ese entendido, manifestó que la
ausencia de reemplazo de vacaciones no puede ser atribuida a la Dirección
Seccional de Villavicencio, toda vez que por expresa disposición del inciso segundo
del artículo 146 de la Ley 270 de 1996 estas serán concedidas por la autoridad
nominadora en este caso la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Villavicencio.
Informó que, en su calidad de ordenadora del gasto, no se encuentra facultada para
impartir decisiones que afecten el presupuesto de conformidad con lo establecido
en el Decreto 111 de 1996, razón por la que fue enfática en señalar que es el
nominador a quien le corresponde garantizar el disfrute de las vacaciones del
servidor, sin condicionar las mismas a la expedición de un CDP.
Precisó que en relación con el reemplazo de vacaciones la Circular PSAC 11-44 de
fecha 23 de noviembre de 2011 proferida por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, solo permite que se soliciten rubros para el reemplazo de
vacaciones de los funcionarios Judiciales (Magistrados y jueces) de régimen de
vacaciones individuales.
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Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
Por lo expuesto se opuso a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia,
dado que en atención a las competencias de esa entidad se está frente a la
imposibilidad fáctica y jurídica de satisfacer la pretensión de la demandante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: “ Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la señora Salcedo Duarte con ocasión de la decisión de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio - Meta de negar la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para pagar el salario de la
persona que la reemplazaría en la época de disfrute de las vacaciones, y la
consecuente decisión del Tribunal Superior del Distrito de Villavicencio de negar las
vacaciones de la actor en calidad de Juez Noveno Penal municipal con función de
control de garantías de Villavicencio.
Previo a resolver el problema jurídico planteado en el presente caso, la Sala
considera necesario hacer referencia a la idoneidad de la acción de tutela como
mecanismo transitorio.
Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en el mecanismo principal de protección de
los derechos, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
establecen una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó4:
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Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr
la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la
excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer
el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos
esenciales (…).”
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en estos
se cuestionen las decisiones que se atacan en la acción de tutela.
En el presente asunto, si bien la demandante podría cuestionar la resolución
mediante la cual le fue negado el periodo de vacaciones con ocasión de la falta de
disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo, mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011, por tratarse del medio para cuestionar actos administrativos,
lo cierto es que no resulta ser eficaz en el caso objeto de estudio. En este punto, es
importante resaltar que la Corte Constitucional1 ha precisado que, pese a la
existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se evidencia que
el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela es procedente como mecanismo
principal.
En el sub lite, la señora Salcedo Duarte solicita el reconocimiento del derecho al
descanso en dos periodos causados entre el 23 de agosto de 2018 al 22 de agosto
de 2019 y del 23 de agosto de 2019 al 22 de agosto de 2020, circunstancia que
denota la necesidad urgente de evitar que se siga prolongando en el tiempo la
ausencia de descanso, que puede comprometer la salud mental y física de la
demandante, dado que está demostrado que cuenta con dos periodos de
vacaciones causados de los cuales no ha podido hacer uso, condiciones que
justamente se busca salvaguardar con el descanso, como se explicará con detalle
más adelante.
De hecho, no se puede pasar por alto que la parte demandante señaló que no
cuestionaba la legalidad del acto administrativo que negó la petición de vacaciones.
Su inconformidad proviene de la actuación de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio de impedirle el disfrute de sus vacaciones,
pese a que reúne los requisitos para acceder a ese derecho.
Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el requisito
de subsidiariedad, y procede como mecanismo principal para la protección de
derechos fundamentales invocados por la parte demandante.
1 Ver sentencia T-471 de 2017.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05227-00
Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
Caso concreto
En aras de resolver el asunto sometido a conocimiento y teniendo en cuenta la tesis
reiterada que la Sala ha manejado en casos con identidad fáctica al del sub lite2, es
necesario tener en cuenta que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (Decreto 3135 de 1968 - artículo
8 - y Decreto 1045 de 1978).
En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en
el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, así:
“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales
y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada
año de servicio”.
De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales
remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental
al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que
se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por
espacios prolongados de tiempo”, con lo que ha reiterado que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas.
En la misma línea, esta Sección ha indicado que “El descanso remunerado,
denominado vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas
físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera
preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de
derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos
para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a
otorgar las vacaciones al trabajador 3”’.
En este sentido, el disfrute de las vacaciones constituye un derecho fundamental
cuya protección puede ser solicitada mediante la acción de tutela.
Descendiendo al caso concreto, en el año 2005 la Presidencia de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó a los nominadores de
la Rama Judicial el procedimiento para solicitar el nombramiento de reemplazos por
vacaciones del personal titular de los despachos judiciales. Para tal efecto, profirió
las Circulares PSAC-0589 del 18 de noviembre de 2005, cuyo asunto fue
“asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del personal titular en los
despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema penal acusatorio”, y 044 del
12 de mayo de 2005, en la que estableció el procedimiento para la programación de
vacaciones individuales de los servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.
2 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756
01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado
número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756
01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado
número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
En estas, se establecieron como condiciones alternativas para la programación de
las vacaciones las siguientes:
“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es
conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o
redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los
empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento
deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los
requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que debe ser
corroborada e igualmente certificada por el director Seccional, previa verificación de las
hojas de vida correspondientes”.
(Se subraya)
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Circular PSAC11-44, en la que derogó lo establecido en las referidas
circulares “para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello”, eliminando así la restricción de la asignación
de recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de las
condiciones contenidas en las circulares precedentes.
En ésta se indicó que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al
siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Dirección Seccional
del respectivo distrito judicial, y se estableció que las designaciones en encargo son
procedentes cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo tratándose
de un juez, y “cuando no sea posible designar en encargo a alguno de los servidores
del correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá
incluir dentro del proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de
recursos que permita efectuar el nombramiento en provisionalidad de sus
reemplazos”.
Para la Sala, del contenido de la mencionada circular, se observa que el propósito
del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de
las vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la
asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que existían en el
pasado, imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar la programación
de vacaciones para el año siguiente.
En el presente caso, se tiene que de conformidad con lo establecido en el artículo
6° del Acuerdo PCSJA17-10715 de Julio 25 de 2017, literal d), es función de la Sala
de Gobierno de los Tribunales Superiores, resolver las solicitudes de vacaciones a
los jueces del distrito judicial que disfrutan el régimen individual tal como es el caso
de la actora.
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Conforme a lo anterior, se tiene que una vez la demandante solicitó el
reconocimiento de los mencionados periodos vacacionales el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio como entidad nominadora de la actora procedió a
solicitar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para la
concesión de las mismas, y en respuesta a ello la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio indicó que era procedente únicamente
acceder a la solicitud respecto al reconocimiento de las prestaciones a las que
hubiese lugar, pero no era posible acceder a la solicitud respecto al nombramiento
de reemplazo en provisionalidad por no existir disponibilidad presupuestal en la
presente vigencia fiscal en la Seccional, razón principal por la que el Tribunal
demandado mediante núm. 498 del 22 de septiembre de 2022 negó la solicitud de
vacaciones de la señora Salcedo Duarte; además señaló que no era procedente el
nombramiento de un reemplazo dado que el criterio de la plenaria varió, al destacar
que la aceptación del nombramiento en encargo por el empleado que funge en
propiedad en la agencia cuyo titular hará uso del descanso remunerado, conlleva a
la afectación de los principios de celeridad, eficacia y eficiencia en la tutela judicial
previstos en los artículos 4º y 7° de la ley 270 de 1996, en tanto que, de facto es
sometido a asumir dos cargos, duplicidad de funciones que riñe con la diligencia
debida a las responsabilidades de uno y otro cargo.
Respecto al nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios
judiciales se tiene que la Circular núm. PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011, reguló
este punto y en su numeral 4 indicó:
“Numeral 4. Tal como está previsto en el artículo 132 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, las designaciones en encargo son procedentes cuando las
necesidades del servicio lo exijan. Por tanto, tratándose de Jueces, los nominadores
deberán ejercer esa potestad en todos los casos en que exista un empleado que cumpla
los requisitos para ser designado como Juez. Por su parte, el empleado encargado
asumirá este deber conforme lo prevé el artículo 153 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, sin derecho a percibir la remuneración señalada para el
empleo que se desempeña temporalmente, mientras su titular lo esté devengando (Art.
18 Ley 344 de 1996)”.
(Resaltado por la Sala).
Con base en lo anterior, se tiene que la autoridad nominadora tiene el deber de
verificar la posibilidad de nombrar el reemplazo y en caso de no tener como posible
dicho nombramiento en encargo deberá solicitar rubros para el nombramiento del
reemplazo de la actora mientras disfrute de su periodo vacacional, de conformidad
a lo estipulado en la Circular PSAC 11-44 de fecha 23 de noviembre de 2011
proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Para la Sala, como se ha indicado en oportunidades anteriores 4: “la omisión de
establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los
empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al
descanso de estos”.
En el presente caso es claro que con la decisión adoptada por las autoridades
demandadas se comprometen los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones justas y al descanso de la actora, por lo que la intervención del juez
constitucional se torna necesaria para su restablecimiento, en tanto se evidencia
que un procedimiento netamente administrativo está comprometiendo un derecho
de mayor valor como lo es el derecho al descanso de una funcionaria de la Rama
Judicial.
4 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018- 00756-01. C.P. Milton Chaves García.
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Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
De igual forma, aun cuando frente al cumplimiento del procedimiento establecido en
la Circular PSAC 11-44 de 23 de noviembre de 2011 no existe prueba en el presente
caso, como se anticipó, la falta de asignación de recursos para nombrar sus
reemplazos sí atenta contra el derecho al descanso de la señora Salcedo Duarte,
en tanto, en la práctica, implica el aplazamiento indefinido de sus vacaciones ya
causadas, con la excusa de no entorpecer el funcionamiento normal del Juzgado
del que es titular, situación que a juicio de la Sala no es más que un obstáculo
administrativo de los que se previó evitar con la expedición de la mencionada
circular.
Esta Sala, en un caso de connotaciones fácticas similares, manifestó que “asuntos
de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en
cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al
trabajo en condiciones dignas. Impedir el derecho al descanso con base en
restricciones administrativas no es una carga que deban soportar las actoras,
puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental que tienen todos
los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del servicio ni por
cuestiones de índole presupuestal 5”.
Por lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la señora Salcedo Duarte, toda vez que los asuntos
de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente le asiste, máxime si se tiene en cuenta que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas, y a la fecha la demandante cuenta con dos periodos de vacaciones
causados entre el 23 de agosto de 2018 y el 22 de agosto de 2020, de conformidad
a la certificación núm. 1032417291 de Efinómina expedida el 22 de septiembre de
2022.
Si bien es cierto que el principio de continuidad de los servicios públicos exige que
las funciones que desempeña la demandante continúen cumpliéndose
adecuadamente, el nominador no puede basarse en ese principio constitucional
para desconocer el derecho al descanso, pues la Ley 270 de 1996 prevé formas
efectivas para conciliar los dos intereses involucrados, tales como el encargo o el
nombramiento en provisionalidad 6.
5 Rad. 2020-00143-00 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la rama judicial. La provisión de cargos en la Rama Judicial
se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas de l
proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto
se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en
caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala
Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la
correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del
cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional
o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva
Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta
por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad.
Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de
conformidad con las normas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala
Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el
competente, a quien dará aviso inmediato.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05227-00
Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
La Sala destaca que, si bien la acción de tutela en el presente caso procede de
manera excepcional, la misma no procede con la finalidad de dejar sin efecto el acto
administrativo que negó la solicitud de vacaciones de la demandante, razón por la
que, de acuerdo con lo expuesto y en coherencia con el criterio que ha manejado
esta Sala7, se accederá al amparo de los derechos fundamentales al trabajo, a la
dignidad humana y al descanso de la señora Clara Ximena Salcedo Duarte.
En consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que, de
acuerdo con sus competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta
(30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten
las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que proveer
el reemplazo de la actora al momento en que pretenda materializar el derecho al
disfrute del descanso remunerado que ya causó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta
– Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana y al
descanso de la señora Clara Ximena Salcedo Duarte. En consecuencia, se
dispone:
2. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio – Meta , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que, de
acuerdo con sus competencias, y de manera coordinada, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan
para que se pueda proveer su reemplazo al momento en que pretenda
materializar el derecho al disfrute del descanso remunerado que ya causó.
3. De no ser impugnada, enviar la presente providencia a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier
otro medio expedito.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase,
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
7 Sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01,
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Clara Ximena Salcedo Duarte
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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