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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05228-00

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05228-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: Declarar improcedente el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05228-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202205228 00

Accionante: PATRICIA IBARRA LARGO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia / INMEDIATEZ – No se presentó la
demanda en un término razonable.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Patricia Ibarra Largo, de conformidad con el Decreto 333
de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

La señora Patricia Ibarra Largo presentó demanda de tutela1 contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso. La tutelante elevó las siguientes
pretensiones (se trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

1. Revocar la dicción contenida en la audiencia celebrada el 6 de agosto de
2020, por medio de la cual se declaró probada de oficio la excepción de
Ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida individualización del acto
demandado respecto de la pretensión del reconocimiento y pago del
excedente de la liquidación de las prestaciones sociales definitivas, conforme
a las razones expuestas en la parte motiva de esta tutela.

1
El proceso ingresó al despacho para fallo el 13 de octubre de 2022.

1

Radicación número: 110010315000202205228 00
Accionante: Patricia Ibarra Largo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

2. ordenar seguir con el trámite del proceso nulidad y restablecimiento del
derecho de acuerdo.

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, la señora Patricia
Ibarra Largo demandó al Hospital San Jorge E.S.E. Calima El Darién, con el fin de
obtener la nulidad del acto administrativo que dio respuesta a la solicitud radicada
con el No 4986 de 2017.

En la demanda solicitó que: i) se ordenara el pago de la sanción moratoria por el
no pago oportuno de las cesantías; ii) se reconociera el excedente de la
liquidación de las prestaciones sociales definitivas teniendo como base el salario
devengado en el 2017 y no el de 2016; iii) se pagara el aumento salarial del
período 2017 y 17 días que laboró en abril de ese año.

El juzgado de conocimiento declaró, de oficio, probada la excepción de inepta
demanda respecto de la pretensión de reliquidación de las prestaciones definitivas
por indebida individualización del acto administrativo y ordenó continuar el proceso
respecto de la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
no pago oportuno de las cesantías definitivas.

Además, el juzgado sostuvo que mediante las Resoluciones Nos 121 de 21 de
abril de 2017 y 181 de 1 de junio de 2017 se resolvió lo concerniente al
reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones sociales definitivas, pero
esos actos no fueron demandados, sólo el oficio de respuesta a la solicitud
elevada el 3 de noviembre de 2017 radicada bajo el número 4986 de 2017 por el
que “únicamente se negó el pago de la sanción moratoria”.

Destacó que aun cuando se hubieran demandado las resoluciones contra ellas
había operado la caducidad.

Contra esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación ante
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque no estaba demandando los
actos administrativos sino “el derecho de petición”, dado que la reliquidación de las

2

Radicación número: 110010315000202205228 00
Accionante: Patricia Ibarra Largo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

prestaciones no se hizo en debida forma y no se realizó en oportunidad el pago de
las cesantías.

El tribunal, por medio de providencia de 28 de octubre de 2021, confirmó el auto
de primera instancia.

3. Fundamentos de la demanda

La accionante señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desconoció la Constitución Política y demás normas concordantes; además, omitió
aplicar jurisprudencia del Consejo de Estado de conformidad con el siguiente
argumento (trascripción literal, incluidos posibles errores):

Ahora bien se equivoca el juez de primera instancia y el tribunal administrativo
del valle en la afirmación de que es la Resolución 121 del 21 de abril de 2017
el acto administrativo a demandar (…) este acto administrativo en el cual se
está apoyando el señor Juez (Resolución 121 de 01 de junio de 2017) no sería
el acto administrativo llamado a demandar como quiera de que se presentó
recurso de reposición y el mismo fue resuelto mediante la resolución 181 de
01 de junio de 2017 a folio 12, pero esta resolución o acto administrativo no es
el llamado a demandar como quiera que no es el acto administrativo definitivo
que pone fin a la acción o actuación, en consecuencia no son susceptibles de
control jurisdiccional en tanto se limitan a indicar que se está pendiente de otra
actuación, porque como ya se advirtió antes el mismo deja suspendida la
actuación hasta tanto no se de otro acto administrativo “cabe advertir que por
jurisprudencia del consejo de estado no es necesario relacionar todos los
actos administrativos que se estén demandando.

Con el fin de demostrar su afirmación, realizó un recuento de las excepciones
previas y concluyó que en este caso hubo una errada interpretación del artículo
100 del CGP y, en especial, del numeral 5 relativo a la ineptitud de la demanda y
demás normas concordantes.

Finalmente, trascribió apartes de una sentencia de esta Corporación2 con el fin de
indicar que no fueron aplicadas a su caso, pues de lo contrario, se hubiera
advertido que no se configuró la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
individualización de las pretensiones, pues es claro que ante la solicitud de la
reliquidación prestacional con la respuesta incompleta al derecho de petición se
configuró -frente a la pretensión faltante- un silencio administrativo negativo.

2
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A -
sentencia 19/04/2015, C.P. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren
3

Radicación número: 110010315000202205228 00
Accionante: Patricia Ibarra Largo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

Mediante providencia de 4 de octubre de 2022, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, se vinculó, como tercero con
interés, al Hospital San Jorge E.S.E. Calima El Darién y se le comunicó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado quienes, a pesar de haber sido
debidamente notificados, guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

4

Radicación número: 110010315000202205228 00
Accionante: Patricia Ibarra Largo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones

5

Radicación número: 110010315000202205228 00
Accionante: Patricia Ibarra Largo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado.

2. Caso concreto

La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de inmediatez, tal como
pasa a explicarse.

La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela.

Por otra parte, en relación con la inmediatez para la interposición de demandas de
tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación ha considerado:

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados.

6

Radicación número: 110010315000202205228 00
Accionante: Patricia Ibarra Largo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

(…) De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera
o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial
para la protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de
tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por
lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia
judicial por la vía de tutela’3’4.

Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su
amparo5.

Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos’6

(…) Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes
sobre este aspecto7.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente8 (negrillas y subrayado del original).

Así pues, esta Corporación ha establecido que para efectos de establecer si la
acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, que se
cumple con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese

3
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
4
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
5
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
6
Original de la cita: “Ibíd”.
7
Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente
al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro
meses y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el
término razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede
exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su
interposición un plazo de seis meses”.
8
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
7

Radicación número: 110010315000202205228 00
Accionante: Patricia Ibarra Largo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la
providencia cuestionada, según sea el caso.

Esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe
contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es
a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración
de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos
que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial –defecto
orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto sustantivo, error inducido,
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y/o la violación directa de
la Constitución Política–.

En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por
cuanto los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes
podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por
tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

En el presente asunto, la Sala considera que el término establecido como
razonable para promover la acción de tutela contra providencias judiciales, se
debe computar desde la notificación de la decisión cuestionada, del 28 de octubre
de 2021 –mediante la cual se confirmó la excepción de inepta demanda respecto
de la pretensión de reliquidación de las prestaciones definitivas–, porque ese fue
el momento en que se evidenció la supuesta configuración de los defectos
alegados en sede de tutela.

Así las cosas, la Subsección estima que no se cumple con el requisito de la
inmediatez, habida cuenta de que la mencionada decisión se notificó por estado
del 17 de enero de 20229 y la demanda de tutela se presentó el 29 de septiembre
de 2022.

9
De conformidad con las anotaciones obrantes en la página de la Rama Judicial, consulta de
procesos.
8

Radicación número: 110010315000202205228 00
Accionante: Patricia Ibarra Largo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Adicionalmente, la Sala advierte que en el escrito de tutela no se realizó alguna
referencia a los motivos por los cuales la demanda de tutela se presentó luego del
vencimiento del plazo de seis meses, después de la notificación del auto que
confirmó la decisión de primera instancia, ni se observa que en su contra se haya
realizado alguna solicitud adicional.

Dado que la demanda de tutela se presentó más de 2 meses después de que se
cumplieron los 6 meses previstos por el Consejo de Estado como término
razonable para cuestionar la decisión que habría vulnerado los derechos
fundamentales de la ahora tutelante, la Sala estima que se desborda cualquier
margen de flexibilidad respecto de la exigencia del requisito de la inmediatez y, por
tanto, se debe declarar la improcedencia del amparo solicitado. Al respecto, se ha
indicado:

… en esta actuación se cuestionan las providencias del 7 de febrero de 2019 y
del 16 de septiembre de ese mismo año, dictadas por el (…) a través de las
cuales no se accedió a la declaratoria de nulidad de la resolución 2016-67394
del 8 de octubre de 2016 y, como consecuencia, a la reliquidación de la
asignación de retiro del aquí demandante. No obstante, para la Sala la
demanda de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la
providencia que puso fin al proceso -la del 16 de septiembre de 2019- se
notificó por correo electrónico al apoderado del señor (…) el 4 de octubre de
2019, mientras que la demanda de tutela se presentó el 16 de julio de 2020,
es decir, tres (3) meses y doce (12) días por fuera del plazo que se ha
establecido como razonable para la formulación de las acciones de esta
naturaleza.

Lo anterior, se acompasa con el hecho de que no se observa explicación ni
circunstancia alguna que justifique la tardanza en la presentación de la
demanda de tutela, a partir de la notificación del fallo del 16 de septiembre de
2019, por lo que no es posible flexibilizar la exigencia del requisito de la
inmediatez, tal como en se ha hecho en otras oportunidades, cuando se han
encontrado satisfechos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional
para tal efecto10.

10
Original de la cita: “La Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al momento de
valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados como valorativos del plazo
y, los otros, justificantes de conducta del accionante (Al respecto, ver: Corte Constitucional,
sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017).
“En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del actor a un
grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de forma inmediata al juez de
tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad económica, (v) la eventual afectación de
derechos de terceros, (vi) la diligencia (o falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad
de que el amparo represente una serie afectación a la seguridad jurídica (Al respecto, ver: Corte
Constitucional, sentencia T-069 de 20159.
“Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante, son (i) que se demuestre que
la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es «muy antiguo» respecto de la
presentación de la tutela, y (ii) que la especial situación del accionante haga desproporcionado
adjudicarle la carga de acudir al juez (Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de
2016)”.
9

Radicación número: 110010315000202205228 00
Accionante: Patricia Ibarra Largo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Se indica, además, que en el expediente no obra prueba de circunstancia
fáctica, personal o de otra índole que justificara la presentación de la acción
de tutela en la fecha indicada, y no dentro de término que prudencialmente ha
fijado la jurisprudencia para acudir a los jueces de tutela11.

Así las cosas, la Subsección declarará la improcedencia del amparo solicitado por
la actora, por no cumplirse con el requisito de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez,
sentencia de 10 de septiembre de 2020, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03207-00.
10

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