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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05234-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05234-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado en relación con las pretensiones elevadas por el señor Abel José Arrieta Vega contra la Corte Constitucional. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela interpuesta por el señor Abel José Arrieta Vega frente al exmagistrado Alberto Rojas Ríos. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05234-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

10 de noviembre de 2022

Demandante: Abel José Arrieta Vega
Demandados: Corte Constitucional y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05234-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05234-00
Demandante: ABEL JOSÉ ARRIETA VEGA
Demandados: CORTE CONSTITUCIONAL Y OTRO1

Temas: Tutela de fondo – derecho de petición – carencia actual de objeto
por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por el
señor Abel José Arrieta Vega contra la Corte Constitucional y el señor Alberto Rojas
Ríos, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política,
artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 29 de septiembre de 2022 en el correo de recepción
de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, y remitido al buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado en la misma fecha, el señor Abel José
Arrieta Vega, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Corte
Constitucional y el señor Alberto Rojas Ríos, en su calidad de ex magistrado de esta
Corporación, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales de
petición y al debido proceso.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la presunta omisión por parte de los accionados en dar respuesta a
las peticiones radicadas el 24 de mayo, 26 de agosto, 7 de septiembre y 27 de
septiembre de 2022 en la página web de la Corte Constitucional, por medio de las
cuales solicitó “copia del salvamento de voto a la sentencia SU067 de 2022”

1 El señor Alberto Rojas Ríos en su calidad de ex magistrado de la Corte Constitucional.

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Demandante: Abel José Arrieta Vega
Demandados: Corte Constitucional y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05234-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“PRIMERA: Solicito al señor juez constitucional, se sirva tutelar mis derechos
fundamentales de petición y debido proceso. Como consecuencia de esto
ordenar lo siguiente:

1.- Ordenar a la Corte Constitucional a entregar copia del salvamento de voto
de la sentencia SU067 de 2022”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Por medio de la página web de la Corte Constitucional, el 24 de mayo, 26 de
agosto, 7 de septiembre y 27 de septiembre de 2022, el señor Arrieta Vega solicitó
la copia del salvamento de voto del exmagistrado Alberto Rojas Ríos frente a la
sentencia SU-067 de 2022.

5. En las mismas fechas, dicha Corporación respondió a su solicitud mediante
los oficios N.º 2022-1704 del 24 de mayo de 2022, N.º 2022-3083 del 26 de agosto
del mismo año, N.º 2022-3298 del 7 de septiembre siguiente y N.º A-556 del 27 de
septiembre de 2022.

6. A través de tales actos, la accionada manifestó que el documento solicitado
no se encontraba disponible, pues el exmagistrado no lo había remitido para su
publicación. La autoridad judicial accionada aclaró que la elaboración de los
respectivos salvamentos de voto era responsabilidad de los magistrados que
manifestaban suscribir las providencias con voto disidente.

7. A la fecha de interposición de la presente tutela, el señor Rojas Ríos no había
remitido el documento a la Secretaría General de la Corte Constitucional, a efectos
de que el área de Relatoría surtiera la respectiva publicación en la página web.

1.4. Sustento de la vulneración

8. Citó textualmente el artículo 34 – numeral 8 del reglamento interno de la Corte
Constitucional que dispone:

“8a. Cuando el proyecto o estudio tenga la mayoría legal de los votos de los
magistrados pero no la unanimidad, a cada uno de los disidentes se le
concederá el plazo de cinco (5) días para aclarar o salvar su voto, contados a
partir del día siguiente a la recepción en su despacho de la copia de la
providencia respectiva”.

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9. Argumentó que la sentencia SU-067 del 24 de febrero de 2022 señalaba
claramente que el señor Rojas Ríos la había suscrito con voto disidente, “pero
consultado en la relatoría de la corporación dicho salvamento no se encuentra”.

1.5. Admisión de la demanda

10. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 11 de
octubre del 2022: i) admitió la demanda de tutela y ii) ordenó notificar a la parte
actora, así como a la Corte Constitucional y al exmagistrado Alberto Rojas Ríos
como accionados, para que dentro del término de 3 días, contados a partir de la
fecha del recibo de la providencia, remitieran copia del salvamento de voto que
anunció respecto de la sentencia SU-067 del 24 de febrero de 2022 o rindieran un
informe detallado en el que se indicara la razón por la cual, a la fecha de
presentación de este mecanismo de amparo no se había entregado al actor el
documento solicitado.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Corte Constitucional

11. Por medio de escrito enviado el 19 de octubre de 2022 al correo electrónico
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora presidenta de la
Corporación solicitó negar el amparo invocado pues, a su juicio, la autoridad carece
de legitimación en la causa por pasiva.

12. Sostuvo que la Corte Constitucional no está llamada a responder por la
presunta vulneración de los derechos invocados, toda vez que no es la autoridad
competente para resolver las pretensiones formuladas por el accionante.

13. Señaló que el pleno del alto tribunal no actúa ni interviene en las
manifestaciones disidentes realizadas por los magistrados respecto de las
decisiones tomadas por la sala plena en los fallos que profiere. Agregó que la figura
del “salvamento de voto” permite a los magistrados explicar las razones de su
desacuerdo con la providencia.

14. No obstante, indicó que ante las solicitudes elevadas por el señor Arrieta
Vega, se surtió el siguiente trámite:

“Petición del 24 de mayo de 2022, se radicó con el ECC-2022-3172. La
Relatoría de la Corte Constitucional, procedió a generar respuesta a tal
requerimiento mediante el oficio No. 2022-1704.

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Solicitud del 26 de agosto de 2022, se radicó con el ECC-2022-5496, la
Relatoría tramitó y respondió a través del Oficio No. 2022-3083.

Petición del 7 de septiembre de 2022, radicada con el ECC-2022-6254,
tramitada mediante el oficio 2022-3298.

Solicitud del 27 de septiembre de 2022, la Secretaría General respondió a
través del Oficio N° A-556/2022”.

15. En tal sentido, resaltó que la Secretaría y la Relatoría de la Corte
Constitucional respondieron a las peticiones del accionante en los términos legales
y le informaron de manera clara que el salvamento de voto del exmagistrado Alberto
Rojas Ríos a la sentencia SU-067 de 2022 no fue allegado con dicho
pronunciamiento.

16. A su vez, manifestó que la Corporación le explicó al accionante que en el
momento en que se llevan a cabo las sesiones de Sala Plena, en las que se
profieren dichos pronunciamientos por parte de los magistrados, estos son los
responsables de elaborar los argumentos que respaldan sus salvamentos o
aclaraciones, para posteriormente remitirlos a la Secretaría General y finalmente
esta dependencia se encarga enviarla al área de Relatoría para su respectiva
publicación.

17. Argumentó que carecía de legitimación en la causa por pasiva para dar
respuesta a la solicitud del señor Arrieta Vega, “como quiera que es responsabilidad
del magistrado que se encuentra en desacuerdo con la decisión tomada por la Sala Plena,
elaborar un escrito separado exponiendo los argumentos que respaldan su salvamento y/o
aclaraciones para su remisión a la Secretaría General”.

18. Concluyó que era necesario resaltar que el exmagistrado Alberto Rojas Ríos,
quien manifestó su intención de salvar voto en la decisión proferida en la sentencia
SU-067 de 2022, ya no se encuentra vinculado a la Corte Constitucional, pues en
febrero del 2022 culminó su período en el alto tribunal.

1.6.2. Alberto Rojas Ríos

19. A través de mensaje de datos remitido el 26 de octubre de 2022 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Alberto Rojas Ríos remitió
copia del salvamento de voto de la sentencia SU-067 de 2022.

1.6.3. Abel José Arrieta Vega

20. Por medio de escrito enviado el 25 de octubre de 2022 al correo electrónico
de la Secretaría General de esta Corporación, el accionante allegó memorial
mediante el cual se pronunció frente al informe presentado por la Corte
Constitucional al interior del presente trámite.

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21. Sostuvo que, conforme con el artículo 56 – inciso 42 del Acuerdo 02 de 2015
(Reglamento de la Corte Constitucional), es deber de los magistrados disidentes
elaborar y presentar los salvamentos y, por tanto, esto no es facultativo. Agregó que
todo magistrado que no esté de acuerdo con la decisión, debe expresar en un
documento los motivos de su inconformidad.

22. Argumentó que de la anterior norma se podía concluir que “hasta tanto no esté
dicho salvamento o aclaración de voto, no puede publicarse la sentencia”, toda vez que
“el magistrado disidente es al último que se le remite la providencia ya firmada, es decir que
sería su despacho quien debe remitir a la secretaria la providencia firmada y el salvamento
de voto”.

23. Con respecto a la legitimación en la causa por pasiva de la Corte
Constitucional, expuso:

“A quien más se puede reclamar, sino a la misma Corte Constitucional, en ese
sentido contrario a lo dicho por su presidenta, la Corte si es sujeto pasivo, pues
si no contaba con dicho salvamento de voto no debió publicar la sentencia,
menos cuando sabían que el magistrado que salvó el voto ya estaba a punto de
vencer su periodo”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

24. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por el señor Abel José Arrieta Vega contra la Corte Constitucional, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

25. Lo anterior, toda vez que si bien la Corte Constitucional estableció que
cuando se instaure una acción de tutela en su contra debe aplicarse la regla general
de competencia emanada de las referidas normas y según la cual serán
competentes para resolver el asunto, a prevención, “los jueces o tribunales con
jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la
presentación de la solicitud”3, lo cierto es que la misma Alta Corporación, de manera
reiterada4, ha indicado que:

2 “Los Magistrados que integran la Sala de Revisión deberán adoptar una decisión definitiva sobre el

caso, sin superar el término máximo de tres (3) meses al que se refiere el inciso segundo de este
artículo. Adoptada la decisión, se procederá a la firma de la providencia dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes, luego de lo cual los magistrados disidentes elaborarán el salvamento o aclaración
de voto, en los términos dispuestos en el numeral 8º del artículo 34 de este reglamento”
3 Decreto 2591 de 1991 – artículo 37.
4 Al respecto, consultar, entre otros: Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 172 del 22.03.18., M.P.

Alberto Rojas Ríos; Auto 269 del 29.05.19., M.P. Carlos Bernal Pulido; y Auto 434 del 06.08.19., M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.

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“3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las
disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los
despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de
tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser
usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta
forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la
administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir
este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la
resolución del asunto en sede de instancia”. (Negrita y subrayado fuera del
texto).

26. Además, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, en el que se advirtió: “ PARÁGRAFO
2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar
la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.

2.2. Legitimación en la causa

27. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

28. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente
oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en
condiciones de promover su propia defensa.

29. Desde que se profirió por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19975, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.

30. En la sentencia T-086 de 20106, la Alta Corporación reiteró que:

“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la
acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra
persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos

5 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera

Carbonell.
6 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.

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fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado
judicial o aun de agente oficioso”.

31. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20117, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción
de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al
juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el
derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

2.2.1. Legitimación en la causa por activa

32. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Abel José Arrieta Vega es titular de los derechos fundamentales que reclama,
en consideración a que fue quien presentó la solicitud que dio origen a la presente
controversia.

2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva

33. En relación con las autoridades accionadas, se advierte que la demanda se
dirigió contra la Corte Constitucional, autoridad judicial ante la cual se elevó la
solicitud frente a la cual el accionante alegó que no se ha surtido el respectivo
trámite. Por tanto, tal entidad se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

34. A su vez, el señor Alberto Rojas Ríos está legitimado en la causa por pasiva,
toda vez que, en su calidad de magistrado del alto tribunal, fue quien manifestó su
voluntad de salvar el voto al suscribir la sentencia SU-067 de 2022 y es
precisamente dicho documento sobre el que recae la petición objeto de la presente
controversia constitucional.

2.3. Problema jurídico

35. Tomando en consideración los hechos expuestos, las pretensiones elevadas
por el demandante, el material probatorio recaudado y los informes allegados por
los accionados, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿La Corte Constitucional y el señor Alberto Rojas Ríos, en calidad de
exmagistrado de dicha corporación, vulneraron los derechos invocados en el
escrito de tutela, ante la presunta falta de remisión del documento solicitado
mediante las peticiones elevadas el 24 de mayo, 26 de agosto, 7 de
septiembre y 27 de septiembre de 2022?

7 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.

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36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) naturaleza de la acción de tutela; ii) características esenciales del derecho
de petición; iii) carencia actual de objeto; iv) análisis del caso en concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

37. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de
particulares.

38. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio
se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de
los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

39. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede
decidir sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción
constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor
especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin
superior que le dio el constituyente.

2.5. Del derecho de petición

40. El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce
en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para
obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.

41. La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991,
como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos
inherentes a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como
para asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual
que los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros
derechos fundamentales.

42. Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los
presupuestos esenciales del derecho de petición de la siguiente forma: i) en la

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posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o
particular y ii) en la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en
consideración. Esos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto
es, que el goce y satisfacción del mismo se realiza una vez ambos se verifiquen;
por lo tanto, el derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se
efectiviza con la resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta
resulta o no favorable al sentido de la misma.

43. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

“Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente”

44. Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

45. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia
C-818 de 1º de noviembre de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la
Ley 1437 de 2011, referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los
efectos de dicha sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con
el fin de que el Congreso expidiera la ley estatutaria correspondiente.

46. Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria N.º 1755 del 30 de junio del
2015, se reguló el derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
normatividad que entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

47. Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa
y congruente con lo solicitado. Ello significa que:

“(…) la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado
por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los

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intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada (…)”8.

48. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “(…) los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante (…)”9.

49. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

2.6. De la carencia actual de objeto

50. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados
o amenazados de una manera actual e inminente.

51. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso. Esto conlleva a que
el instrumento pierda su efectividad y, a su vez, hace que la intervención del juez
constitucional sea vacía, en relación con las órdenes que puedan impartirse para
que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

52. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-481 del 201610, señaló
que la tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
derechos fundamentales actualmente afectados o amenazados. Por tanto, señaló
la Corte que ante una alteración o desaparecimiento del contexto que dio origen a
la vulneración de los derechos invocados por la accionante, la solicitud de amparo
pierde eficacia y sustento. Esto, pues al desaparecer la situación sobre la cual
recaería una posible decisión del juez de tutela, cualquier determinación que pueda
tomar para salvaguardar las garantías violadas o que se encontraban en peligro,
resultaría vacía11.

53. En tal sentido, dicho tribunal12 destacó que el concepto de “carencia actual de
objeto”, se desarrolló con el fin de identificar este tipo de eventos en los que el juez

8 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-149 del 19.03.13, M.P: Luis Guillermo

Guerrero Pérez.
9 Ibidem.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-481 del 01.09.16, Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido.
11 Ibidem.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-200 del 10.04.13. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada.

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se encuentra materialmente imposibilitado para dictar una orden que permita
proteger los intereses jurídicos invocados en la acción de tutela. Así, dicho Tribunal
ha indicado que tal fenómeno puede tener lugar a través de las siguientes figuras:

I. Hecho superado
II. Daño Consumado
III. Situación sobreviniente

2.6.1. Hecho superado

54. Este evento ocurre cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra
que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales, previo a que el juez constitucional
profiera alguna orden13. Por tanto, se logra superar la afectación alegada y resulta
inútil cualquier intervención del operador judicial.

55. En tal sentido, resalta esta Sección que, para la aplicación del hecho superado,
es irrelevante determinar si la cesación de la vulneración de las garantías
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia. Ello indica
que, también en ciertos casos, el juez podría optar por estudiar de fondo la conducta
de la autoridad demandada y así determinar si se vulneraron o no los derechos
invocados a través de la tutela.

56. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado la figura del hecho superado
incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los
derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda
instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal14. En estas situaciones,
los jueces de primera o segunda instancia no están obligados a pronunciarse sobre
la conducta de la autoridad demandada. Por tanto, dichos jueces no deben formular
un juicio de reproche o advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados.

57. No obstante, la Corte Constitucional15 ha afirmado que los jueces de instancia
pueden hacer lo mencionado anteriormente. Esto, sobre todo si se considera que la
decisión debe incluir alguna observación de los hechos del caso estudiado, incluso
para que llame la atención sobre la vulneración de derechos en la situación
analizada, o para condenar lo ocurrido y advertir la inconveniencia de su repetición

13 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger; Corte Constitucional. Sentencia SU-225 del 18.04.13. Magistrado Ponente: Alexei Julio
Estrada.
14 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortíz

Delgado.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-112 del 16.02.10. Magistrado Ponente: Mauricio González

Cuervo; Corte Constitucional, Sentencia T-612 del 02.09.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto.

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bajo el riesgo de las sanciones a que haya lugar16. Lo que sí es obligatorio para el
juez de primera o de segunda instancia, es que en la providencia incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir,
que se acredite el hecho superado17.

2.7. Caso en concreto

58. El 24 de mayo, 26 de agosto, 7 de septiembre y 27 de septiembre de 2022,
por medio de la página de la Corte Constitucional, el señor Arrieta Vega elevó
solicitudes por medio de las cuales pidió una copia del salvamento de voto de la
sentencia SU-067 de 2022, manifestado por el exmagistrado Alberto Rojas Ríos. A
la fecha de interposición de la tutela, el accionante no había recibido copia del
referido documento y no había sido publicado en la página de la relatoría de dicha
Corporación.

59. La Sala estudiará el presente asunto, en primer lugar, en lo atinente al actuar
de la Corte Constitucional como autoridad frente a la cual se elevaron las
respectivas solicitudes. Posteriormente, se analizará la controversia frente a la
presunta vulneración de los derechos invocados por parte del exmagistrado Rojas
Ríos, ante la supuesta omisión de elaborar el salvamento de voto de la sentencia
de unificación SU-067 de 2022.

2.7.1. Del actuar de la Corte Constitucional

60. En lo atinente a este punto, la Sala advierte que negará el amparo invocado,
toda vez que, como se expone a continuación, la autoridad brindó una respuesta de
fondo, clara, precisa y congruente con respecto a cada una de las solicitudes
elevadas por el accionante, en el marco de sus competencias.

61. En efecto, conforme con el material probatorio obrante en el expediente, la
Corte Constitucional dio las siguientes respuestas ante las peticiones elevadas por
el señor Arrieta Vega.

62. Frente a la solicitud del 24 de mayo de 2022, se dio respuesta mediante el
oficio No. 2022-1704 de la misma fecha, el cual se anexa a continuación:

16 Corte Constitucional, Sentencia T-612 del 02.09.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra

Porto.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-170 del 18.03.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra

Porto.

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63. Con respecto a la petición radicada el 26 de agosto de 2022, la autoridad
accionada respondió lo siguiente, a través del oficio N.º 2022-3083 de la misma
fecha:

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64. En relación con la solicitud elevada el 7 de septiembre de 2022, la Corte
Constitucional respondió por medio de oficio N.º 2022-3298 de la misma fecha, el
cual se reproduce a continuación:

65. Finalmente, frente a la petición radicada el 27 de septiembre de 2022, la
autoridad demandada respondió mediante oficio N.º A-556/2022:

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66. Tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional18, los salvamentos y las
aclaraciones de voto son documentos mediante los cuales los magistrados
consignan sus posturas jurídicas respecto de lo establecido o decidido en la
providencia de la que se trate.

67. Por tanto, el deber de elaboración y remisión a la Secretaría General del
respectivo salvamento de voto, para su posterior publicación por parte de la
Relatoría, recae exclusivamente en el magistrado que suscribe una providencia con
voto disidente. De manera que es éste, y no la Sala de Decisión, quien debe cumplir
con el término de 5 días establecido, para el caso en concreto, en el artículo 34 –
numeral 8 del Acuerdo 02 del 2015 (Reglamento de la Corte Constitucional), el cual
se contabiliza desde el día siguiente a la recepción en su despacho de la copia de
la respectiva providencia.

68. En tal sentido, dado que se acreditó que el alto tribunal dio respuesta de fondo,
clara, precisa y congruente frente a las solicitudes elevadas por el accionante, en la
medida en que informó los motivos por los cuales no podía cumplir con la remisión
del documento solicitado, esta Sala de Decisión considera que dicha autoridad no
ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el señor Arrieta Vega y,
por tanto, se negará el amparo en relación con la Corte Constitucional.

69. Por último, es necesario advertir que, aun cuando exista una falta de remisión
de un salvamento o aclaración de voto en una providencia, la respectiva autoridad
judicial debe cumplir los términos con los que cuenta para la notificación y
publicación de la providencia en cuestión.

2.7.2. Del actuar del exmagistrado Alberto Rojas Ríos

70. Del informe allegado por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alberto
Rojas Ríos, se encuentra que en el presente asunto se configura el fenómeno de
carencia actual de objeto por hecho superado.

71. En efecto, el señor Rojas Ríos remitió a la Secretaría de esta Corporación
copia del respectivo salvamento de voto solicitado por el accionante, el cual se
anexa a continuación:

18 Sala Plena, Corte Constitucional. Auto A-293 del 12.07.16. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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72. De igual forma, una vez consultada la página de la Relatoría de la Corte
Constitucional, se encuentra que el salvamento de voto respectivo ya está publicado
y puede ser consultado en el siguiente enlace de la sentencia SU-067 de 2022:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/SU067-22.htm.

73. Por tanto, y bajo el entendido que el señor Rojas Ríos cumplió con su deber
de remitir a la Secretaría General de la Corte Constitucional dicho documento, lo
que permitió su publicación por parte de la Relatoría de dicha Corporación en el
transcurso del presente trámite constitucional, se declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que desapareció la circunstancia que podía
originar algún quebranto de los derechos fundamentales del señor Arrieta Vega y,
en tal sentido, cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala carecería de
sentido, debido a que la posible vulneración cesó con la actuación del accionado.

2.7. Conclusión

74. La Sala negará la solicitud de amparo, en relación con las pretensiones
elevadas contra la Corte Constitucional, pues se acreditó que la autoridad accionada
dio trámite a las peticiones elevadas por el demandante conforme con su
competencia. A su vez, en este trámite se configuró el fenómeno de la carencia

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actual de objeto por hecho superado, ya que el exmagistrado del alto tribunal
cumplió con su deber de elaboración y remisión del salvamento de voto solicitado
por el accionante, lo que permitió su publicación por parte de la Relatoría de la
Corporación y posibilita que el tutelante pueda acceder al mismo.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado en relación con las pretensiones elevadas
por el señor Abel José Arrieta Vega contra la Corte Constitucional.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela interpuesta por el señor Abel José Arrieta Vega frente al
exmagistrado Alberto Rojas Ríos.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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