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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05235-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05235-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, por las razones expuestas en precedencia. ! *! ! Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ! Demandante: Yeiner Eliéser Osorio Ariza Demandados: Presidencia de la República y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05235-00 SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Yeiner Eliéser Osorio Ariza, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05235-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

10 de noviembre de 2022

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Demandante: Yeiner Eliéser Osorio Ariza
Demandados: Presidencia de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-05235-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-05235-00
Demandante: YEINER ELIÉSER OSORIO ARIZA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Temas: Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por el señor Yeiner Eliéser Osorio
Ariza en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política,
artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 29 de septiembre de 2022 a través de la ventanilla
virtual del Consejo de Estado, el señor Yeiner Eliéser Osorio Ariza, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República y
el Ministerio del Interior con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso y de petición, así como “los derechos políticos de los
ciudadanos guajiros”.

Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas con ocasión del Decreto 1304
del 25 de julio de 2022, mediante el cual se retiró del cargo de gobernador de La
Guajira al señor Nemesio Raúl Roys Garzón y se encargó provisionalmente al
señor José Jaime Vega Vence, quien se encontraba adscrito al despacho del
gobernador como secretario de Apoyo a la Gestión.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

“1. DECLARAR la nulidad del Decreto 1304 del 25 de julio de 2022, proferido
por el Presidente de la República y el Ministro del Interior, mediante el cual se
designa temporalmente como gobernador encargado al señor José Jaime
Vega Vence, a la espera de que la coalición “Un Cambio por La Guajira”

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Demandante: Yeiner Eliéser Osorio Ariza
Demandados: Presidencia de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-05235-00

presente la terna requerida y el Gobierno Nacional verifique el cumplimiento
de los requisitos de los ternados para nombrar y posesionar el mandatario
que terminará el periodo constitucional.

2. ORDENAR al Ministro del Interior convocar a las elecciones de
gobernación del departamento de La Guajira, de conformidad con la parte
motiva de la presente acción y en cumplimiento del artículo 303 superior.

3. Las demás que los magistrados hallaren pertinentes.”

2. Hechos

El accionante expuso los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan
relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.

Indicó que el 27 de octubre de 2019 fue elegido el señor Nemesio Raúl Roys
Garzón como gobernador de La Guajira, quien se posesionó en el cargo el 30 de
diciembre siguiente y empezó a ejercer su mandato el 1º de enero de 2020.

Mencionó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia
proferida el 1º de julio de 2021 dentro del proceso con radicado 11001-03-28-000-
2020-00018-00, declaró la nulidad del acto de elección del señor Roys Garzón.

Señaló que, como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 988 del 24 de agosto de 2021, con el cual se dispuso su retiro del cargo y
se encargó al señor José Jaime Vega Vence, quien se desempeñaba como
secretario de Apoyo a la Gestión del departamento.

Afirmó que el señor Roys Garzón interpuso una acción de tutela con el fin de
recuperar el cargo del cual había sido retirado, la cual fue resuelta por la Sección
Segunda, Subsección A de esta Corporación mediante fallo del 9 de septiembre
de 2021 dentro del radicado 11001-03-15-000-2021-05205-00, en el que se
ampararon sus derechos fundamentales y se dejó sin efectos la decisión de la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

Resaltó que, atendiendo a la orden de amparo, la Sección Quinta de esta
Corporación emitió sentencia de reemplazo el 14 de octubre de 2021 y el
funcionario retornó a su cargo de gobernador de La Guajira.

Sostuvo que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-263 de 2022, revocó la
sentencia emitida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
denegó el amparo solicitado por el señor Roys Garzón y dejó en firme la sentencia
dictada inicialmente por la Sección Quinta de esta Corporación, en la cual se
declaró la nulidad de su elección.

Manifestó que el presidente de la República y el ministro del Interior expidieron el
Decreto 1304 del 25 de julio de 2022, mediante el cual se retiró por segunda vez al
señor Royos Garzón del cargo de gobernador y nuevamente se encargó al señor
José Jaime Vega Vence, quien se desempeñaba como secretario de Apoyo a la
Gestión del departamento.
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Demandante: Yeiner Eliéser Osorio Ariza
Demandados: Presidencia de la República y otro
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Agregó que en dicho acto administrativo se estableció que, de conformidad con el
parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, la coalición “Un cambio por La
Guajira” debía presentar la terna requerida para elegir al nuevo gobernador.

3. Sustento de la vulneración

Según la parte actora, el Decreto 1304 del 25 de julio de 2022 desconoce sus
derechos fundamentales al debido proceso y de petición, así como “los derechos
políticos de los ciudadanos guajiros”, ya que al establecer que la elección del
gobernador de La Guajira se hará a través de una terna, se está omitiendo la
posibilidad de convocar a elecciones atípicas.

Explicó que este sistema de elección no tiene en cuenta que los ciudadanos de
ese departamento fueron quienes eligieron el gobernador a través del voto
popular.

Aseguró que los gobernadores son servidores públicos elegidos a través del voto y
su designación se efectúa gracias a la voluntad popular.

Manifestó que el artículo 303 de la Constitución Política establece la forma de
proveer ese cargo cuando se configure su falta absoluta, de acuerdo con dos
circunstancias: i) que la falta se configure faltando más de 18 meses para la
terminación del período, caso en el que se elegirá un nuevo gobernador, y ii) que
la falta se configure faltando menos de 18 meses, circunstancia que habilita al
presidente de la República a designar uno para lo que reste del período.

Resaltó que el artículo 121 de la Ley 2200 de 2022 determinó como falta absoluta
del gobernador la declaración de nulidad de su elección.

Añadió que el artículo 135 ibidem dispuso el trámite que se debe aplicar para la
designación de gobernador en caso de falta absoluta o suspensión, así:

“ARTÍCULO 135. Designación de gobernador en caso de falta absoluta
o suspensión. Siempre que se presente falta absoluta a más de
dieciocho (18) meses de la terminación del período constitucional, se
elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare
menos de dieciocho (18) meses, el presidente de la República
designará un gobernador para lo que reste del período, respetando el
partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador
elegido. Acto administrativo que será comunicado a la asamblea
departamental.

En los dos eventos anteriores, mientras se designa y asume el
gobernador encargado, actuará como tal el secretario de gobierno o
quien haga sus veces en el departamento.

(…)

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Demandante: Yeiner Eliéser Osorio Ariza
Demandados: Presidencia de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-05235-00

En caso de faltas absolutas de gobernadores, el presidente de la
República solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al
candidato, una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al
respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes al de recibido de la solicitud no presentaren la
terna, el presidente designará libremente.”

Sostuvo que la nulidad de la elección del señor Nemesio Raúl Roys Garzón como
gobernador de La Guajira fue declarada el 1º de julio de 2021, es decir, faltando
30 meses para la culminación del período constitucional para el que fue elegido,
así que resultaba procedente convocar a elecciones atípicas en cumplimiento de
las normas constitucionales y legales antes citadas.

Aseguró que de efectuarse la designación del nuevo gobernador en los términos
previstos en el Decreto 1304 del 25 de julio de 2022, se vulnerarían los derechos
políticos y el debido proceso de los habitantes de La Guajira, además de existir
una flagrante violación de la Constitución Política.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 6 de octubre de 2022 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al presidente de la República y al ministro del Interior.

Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso
al señor José Jaime Vega Vence en su calidad de gobernador encargado de La
Guajira, así como al señor Nemesio Raúl Roys Garzón, quien fue retirado de dicho
cargo con ocasión del Decreto 1304 del 25 de julio de 2022.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

El apoderado de la entidad consideró que la acción de tutela es improcedente por
no cumplir los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, además de no estar
demostrada la existencia de un presunto perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional de manera excepcional.

Advirtió que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados, ya que en la actualidad aún no se ha conformado la terna para la
designación del gobernador de La Guajira.

Expresó que el actor cuenta con otro medio judicial idóneo distinto a la acción de
tutela, como lo es el medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a
través del cual puede cuestionar la legalidad del Decreto 1304 del 25 de julio de
2022.

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Con base en lo anterior, solicitó que se niegue el amparo solicitado al no existir un
hecho atribuible a esa entidad del cual se pueda derivar la vulneración alegada por
la parte actora.

5.2. Ministerio del Interior

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó la desvinculación del Ministerio del
Interior por no haber sido la entidad que, presuntamente, vulneró las garantías
constitucionales del señor Osorio Ariza.

Destacó que mediante oficio radicado el 10 de agosto de 2022, los presidentes de
los partidos Cambio Radical, Colombia Renaciente y Conservador Colombiano,
remitieron la terna para la elección del gobernador para el departamento de La
Guajira.

Indicó que el 12 de agosto de 2022 se le solicitó a cada uno de los ternados los
documentos necesarios para verificar la validez de su designación.

Señaló que, en esa misma fecha, el secretario general del Partido Cambio Radical
solicitó retirar de la terna a uno de los ciudadanos incluidos inicialmente mientras
se inscribía a otra persona que sí cumpliera los requisitos constitucionales y
legales para el efecto.

Afirmó que, ante la desintegración de la terna, mediante oficio con radicado 2022-
2-001402-016221 del 25 de agosto siguiente, se requirió a los representantes
legales de los partidos antes mencionados, con el fin de que informaran el
reemplazo de la persona que fue retirada o allegaran una nueva terna, con el fin
de poder continuar con el trámite correspondiente.

Por otra parte, expuso que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, ya que la parte actora cuenta con la posibilidad de acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para cuestionar la decisión que
considera contraria a sus intereses.

5.3. José Jaime Vega Vence y Nemesio Raúl Roys Garzón

No contestaron la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio
les fue notificado en debida forma mediante Oficios Nros. 107581 y 107583 del 10
de octubre de 2022.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2. Cuestión previa

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior solicitó su
desvinculación por no haber sido la entidad que, presuntamente, vulneró las
garantías constitucionales del señor Osorio Ariza.

Sin embargo, se advierte que su vinculación al presente trámite constitucional se
dio en calidad de demandada debido a que el jefe de esa cartera suscribió el
Decreto 1304 del 25 de julio de 2022, acto administrativo cuestionado a través de
la acción de tutela de la referencia.

Por lo anterior, no es posible acceder a su solicitud ya que su comparecencia al
proceso resultaba necesaria para conformar en debida forma el contradictorio y
garantizar efectivamente su derecho defensa.

3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
el presidente de la República y el ministro del Interior vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de petición, así como “los derechos políticos
de los ciudadanos guajiros”, con ocasión!del Decreto 1304 del 25 de julio de 2022,
mediante el cual se retiró del cargo de gobernador de La Guajira al señor Nemesio
Raúl Roys Garzón y se encargó provisionalmente al señor José Jaime Vega
Vence, quien se encontraba adscrito al despacho del gobernador como secretario
de Apoyo a la Gestión.

Para abordar el problema jurídico se analizarán los siguientes aspectos:

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º del Decreto 2591 de 19911, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de amparo
se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y las
circunstancias que invoca, se acrediten al menos sumariamente.

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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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5. Caso concreto - Subsidiariedad

La parte actora alega la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión
del Decreto 1304 del 25 de julio de 2022, con el cual el Gobierno Nacional retiró
del cargo de gobernador de La Guajira al señor Nemesio Raúl Roys Garzón y
encargó provisionalmente al señor José Jaime Vega Vence, quien se encontraba
adscrito al despacho del gobernador como secretario de Apoyo a la Gestión.

En síntesis, la inconformidad del accionante radica en que en dicho acto
administrativo se haya determinado que, en cumplimiento del parágrafo 3º del
artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, la coalición “Un cambio por La Guajira” debía
presentar una terna para elegir al nuevo gobernador.

En su concepto, lo correcto en este caso es que se convoque a elecciones
atípicas para que los habitantes de La Guajira expresen su voluntad y elijan el
reemplazo de dicho funcionario, de conformidad con lo previsto en los artículos
303 de la Constitución Política y 135 de la Ley 2200 de 2022.

Al margen de la razonabilidad de los argumentos planteados por la parte actora, lo
cierto es que el juez constitucional no es competente para revisar la legalidad del
Decreto 1304 del 25 de julio de 2022, ya que tal análisis corresponde al juez
natural en instancias del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
cual dispone:

“ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio
de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de
carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en
que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y
de los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de
contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se
produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a
favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el
orden público, político, económico, social o ecológico.

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4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el
restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas
del artículo siguiente.” (Destacado por la Sala)

En consideración a lo anterior, es evidente que la inconformidad con el acto
administrativo con el cual el Gobierno Nacional dispuso que la designación del
nuevo gobernador de La Guajira debía efectuarse a través de una terna enviada
por la coalición “Un cambio por La Guajira”, y no mediante elecciones atípicas en
las que se consulte la voluntad de los habitantes de dicho departamento, debe ser
ventilada a través del medio de control de nulidad simple dirigido contra un acto de
contenido electoral.

Debido a lo expuesto, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad.

Sobre este presupuesto, el artículo 86 de la Constitución Política consagró la
acción de tutela en los siguientes términos:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

(…)

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (Se resalta)

De igual manera, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estipuló:

“La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado
en su integridad mediante una indemnización”. (Negrilla fuera de texto)

Así mismo, a través de sentencia T-458 de 2014 la Corte Constitucional refirió
aspectos sobre el principio de subsidiariedad, así:

“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corporación ha señalado que
para que la tutela, que constituye un mecanismo residual y subsidiario, proceda
al ser interpuesta por una persona se debe cumplir con las exigencias de que el
actor (i) no disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de manera
inmediata sus derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro
medio de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo no
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sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera que la tutela
los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un mecanismo transitorio para
que se evite un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas, el juez de tutela debe comprobar la existencia de otro
medio de defensa judicial, evaluar las circunstancias que se invoquen en la
acción constitucional (de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991) y verificar si el mecanismo existente puede brindar o no soluciones de
forma clara, definitiva y precisa al demandante, que constituya una protección
similar o análoga a la que el juez constitucional le podría brindar a través del
amparo tutelar.”

De allí se tiene que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y
subsidiario que procede únicamente cuando no existan otros medios de defensa
judicial, razón por la cual no puede ser utilizada como un trámite alternativo para
sustituir los trámites judiciales que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto.

En el caso concreto, es evidente que la decisión que se cuestiona a través de la
solicitud de amparo corresponde a un acto administrativo de contenido electoral
frente al cual procede el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
mecanismo judicial idóneo al cual podía acudir la parte actora para plantear ante el
juez natural el yerro advertido en el escrito de tutela.

Por lo tanto, no es posible emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las
pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la misma no cumple con
el requisito de subsidiariedad que debe caracterizarla.

Se precisa que tampoco se vislumbra la existencia de un perjuicio irremediable
que haga imperiosa la intervención excepcional del juez de tutela pues, por el
contrario, la parte actora cuenta con la posibilidad de solicitar el decreto de las
medidas cautelares que considere pertinentes para procurar la protección
inmediata de sus garantías mientras se profiere la decisión de fondo por parte del
juez de conocimiento, mecanismos que se encuentran regulados en los artículos
229 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Yeiner Eliéser Osorio Ariza contra el presidente de la República y el ministro
del Interior.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, por las razones expuestas en
precedencia.

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Demandante: Yeiner Eliéser Osorio Ariza
Demandados: Presidencia de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-05235-00

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Yeiner Eliéser Osorio Ariza, de conformidad con lo señalado en la parte
considerativa de esta providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

Aclara voto
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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