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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05244-01

Fecha
19 de enero de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05244-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el consejero William Hernández Gómez. En consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto de la referencia. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de octubre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado. www.consejodeestado.gov.co 23 C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0 B og o tá D . C . – C ol o mbi a ACC IÓN D E TUT EL A R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 52 4 4- 0 1 A c ci o na n t e: T A X A N T I O QU I A LT D A y A dr ia n a Go n zá le z G óm e z TERCERO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05244-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

19 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05244-01
Accionante: TAX ANTIOQUIA LTDA y ADRIANA MARIA GONZÁLEZ
GÓMEZ
Accionado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial / defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente /
demanda de simple nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 21 de octubre de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que negó el amparo solicitado.

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I. ANTECEDENTES

Tax Antioquia Ltda. y Adriana María González Gómez, a través de
apoderado1, solicitaron la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administración de
justicia, con sustento en los siguientes:

1. HECHOS

Tax Antioquia LTDA presentó medio de control de simple nulidad contra
(i) los actos administrativos a través de los cuales la Cámara de
Comercio Aburrá Sur (Antioquia) efectuó el registro de la liquidación y
adjudicación de herencia del causante, Francisco Javier Piedrahita
Santa, a favor de la señora Diana Milena Piedrahita Morales y otros, y
negó la revocatoria directa de esta decisión; y (ii) la Resolución núm.
47104 del 18 de septiembre de 2019, por medio de la cual la
Superintendencia de Industria y Comercio negó por improcedente el
recurso de apelación interpuesto contra los mismos.

El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín que, mediante
auto del 17 de septiembre de 2021, resolvió adecuar la demanda al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
rechazarla al considerar que había operado el fenómeno de la
caducidad.

1 Carlos Antonio Ospina Lopera.

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Contra la decisión anterior la parte demandante interpuso los recursos
de reposición y apelación; sin embargo, por autos del 15 de octubre de
2021 y 30 de marzo de 2022, el despacho judicial referido y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente, la confirmaron.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante manifestó que las decisiones proferidas por las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes
defectos:

• Defecto sustantivo: porque desconocen que, de acuerdo con el
artículo 136 y el inciso 3 del artículo 137 del CPACA, el medio de
control de nulidad podrá ejercerse en cualquier tiempo contra las
circulares de servicio y de los actos de certificación y registro a
partir de su expedición.

• Decisión sin motivación: toda vez que al adecuar el medio de
control al de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
argumentación alguna, no tuvo e cuenta que quien presentó la
demanda en ningún momento hizo parte de la negociación de la
cesión de derecho registrada por la Cámara de Comercio, razón
por la cual no existiría un restablecimiento del derecho.

• Desconocimiento del precedente: por cuanto al adecuar la
demanda a una nulidad y restablecimiento del derecho
desconoció que la Corte Constitucional en sentencia C-426 de
2002 señaló que la voluntad del legislador con esta norma era

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permitir que se pudiera ejercer no solo contra actos de contenido
general, sino también de contenido particular y concreto, puesto
que estos, independientemente de regular situaciones jurídicas
individuales, pueden entrar en contradicción con la integridad del
ordenamiento jurídico, que es lo que en últimas pretende
preservarse a través de la acción pública de nulidad.

• Asimismo, aseguró que se desconoció que la Sección Quinta del
Consejo de Estado en providencias del 1 de marzo de 2018, en
el radicado 2010-550-01, y del 31 de mayo de 2018, en el
radicado número 20001-23-31-000-2011-00420-01, dijo que los
actos de registros pueden ser demandados por la acción de
simple nulidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 del
CCA, sin perjuicio de que en casos específicos, ante la
demostración de interés o derecho particular y concreto
afectado, se pueda optar por la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA.

• Defecto procedimental: porque se realizó una interpretación
absolutamente extensiva y contraria al derecho sustancial y
procesal respecto del medio de control idóneo legalmente
establecido para acudir a la jurisdicción con el fin de perseguir la
nulidad de un acto administrativo ilegal, improcedente e
inexistente frente a sus efectos.

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3. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«1. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la
igualdad, al acceso real y efectivo a la administración de justicia, obtener justicia material,
así como por conexidad el derecho a la buena fe y cualquier otro que considere los
honorables magistrados del Consejo de Estado, de TAX ANTIOQUIA LTDA. (NIT.
811.010.306-3) y la señora ADRIANA MARIA GONZÉLEZ GÓMEZ (C.C. No.
43.430.609).

2. Que se deje sin valor ni efecto las decisiones proferidas por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante providencias del 17 de
septiembre y 15 de octubre del 2021 emitidas dentro del proceso con radicado
050013333002 2021-00326-00, por medio de las cuales se rechaza la demanda por
caducidad y resuelve recurso de reposición, respectivamente.

3. Que se deje sin valor ni efecto la decisión proferida por LA SALA QUINTA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA contenida en
providencia del 30 de marzo de 2022, en el trámite con radicado: 050013333002 2021-
00326-01, la cual confirma la decisión del juez de primera instancia.

4. ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, o el que su despacho estime pertinente, se sirva
proferir una nueva decisión sobre el juicio de admisibilidad o inadmisibilidad de la
demanda.

5. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para proteger y
restablecer los derechos fundamentales de TAX ANTIOQUIA LTDA. (NIT. 811.010.306-
3) y la señora ADRIANA MARIA GONZÉLEZ GÓMEZ (C.C. No. 43.430.609).

6. De encontrarse fundamentos legales suficientes para declarar la acción de LA SALA
QUINTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA y
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, como
configurativas de un prevaricato, realizar las actuaciones pertinentes para el estudio e
investigación de estas conductas».

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4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 5 de octubre de 2022, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de la referencia y
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia y al juez segundo administrativo del circuito judicial de
Medellín, como accionados, y a la Cámara de Comercio Aburrá Sur y a
la Superintendencia de Industria y Comercio, como terceros
interesados, para que se pronunciaran sobre los hechos que originaron
la solicitud constitucional.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que
esa entidad no ha vulnerado derecho alguno de la parte accionante
según los fundamentos fácticos y jurídicos que fueron expuestos en la
tutela, razón por la cual solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en el entendido que el petitum de
la acción se encuentra limitado a las actuaciones u omisiones del
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Segunda
Administrativo del Circuito de Medellín.

5.2. Las demás partes guardaron silencio.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a través
de sentencia del 21 de octubre de 2022, negó el amparo solicitado,

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pues no encontró acreditado que se configuraran los defectos alegados
contra las decisiones judiciales enjuiciadas, en el entendido que las
providencias reprochadas se ajustaron a la Constitución y a la ley,
porque «el acto administrativo proferido por la Cámara de Comercio
Aburrá Sur por medio del cual se efectuó el registro de la liquidación y
adjudicación de herencia del causante Francisco Javier Piedrahita
Santa, efectuado el 20 de febrero de 2015 es un acto de carácter
particular ante lo cual, resultaba improcedente el medio de control de
simple nulidad, pues un eventual fallo favorable a las pretensiones de
la parte demandante conllevaría no sólo a la afectación de derechos de
terceras personas, sino a la modificación de la adjudicación de herencia
que tiene incidencia económica».

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, con el
propósito que se revocara y, en su lugar, se accediera al amparo
requerido, pues insistió en que el medio de control de nulidad simple
sí es procedente contra los actos de registro respecto de los cuales lo
ejerció como lo estableció el artículo 137 del CPACA y lo señaló la Corte
Constitucional en sentencia C-426 de 2002.

II. CONSIDERACIONES

1. CUESTIÓN PREVIA

El consejero William Hernández Gómez, mediante proveído de 19 de
enero de 2023, manifestó encontrarse incurso en la causal de

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impedimento consagrada en el numeral 1º del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal, que reza: «1. Que el funcionario judicial, su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, tenga interés en la actuación procesal».

Lo anterior, por cuanto a través del Acuerdo 244-A del 25 de octubre
de 2022, la Sala Plena de la corporación lo designó como encargado de
las funciones de uno de los despachos de la Subsección que profirió la
decisión impugnada, cuya titular era la magistrada Sandra Lisset Ibarra
Vélez.

Al respecto, el artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, señaló para
las manifestaciones de impedimento dentro de las acciones de tutela lo
siguiente:

«ARTICULO 39. RECUSACION. En ningún caso será procedente la recusación.
El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento
del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario,
si fuere el caso».

Conforme con la norma, para que sea posible que el juez de tutela se
aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación a instancia del propio funcionario judicial, esto es, por la
vía del impedimento, con fundamento en las causales establecidas en
el Código de Procedimiento Penal.

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En el presente caso, el consejero William Hernández Gómez declaró su
impedimento para conocer de la presente acción de tutela, apoyado en
el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que
señala:

«Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:

[…]

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente,
o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo
de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.

[…]».

En este orden de ideas, la Sala de Subsección estima fundado el
impedimento para conocer del presente asunto, en consideración a que
la afirmación señalada por el consejero William Hernández Gómez se
ajusta al presupuesto fijado en el dispositivo mencionado, teniendo en
cuenta que en razón del Acuerdo 244-A del 25 de octubre de 2002 se
encuentra encargado de uno de los despachos judiciales que conforman
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
profirió la decisión impugnada, contra la cual se dirige la inconformidad
del recurrente en el sub examine.

2. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 080 de 2019, en
cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo

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de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

3. PROBLEMAS JURÍDICOS

Previo a formular los cuestionamientos que se responderán, la Sala de
Subsección precisa que la decisión judicial que será analizada en esta
instancia será la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
al ser la providencia en firme y ejecutoriada dentro del proceso de
nulidad simple presentado por los accionantes y además, que en razón
a los argumentos de la impugnación los defectos que se estudiarán
serán el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente, pues
respecto a los demás no señaló inconformidad alguna en relación con
la decisión de primera instancia.

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
responder si:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, al expedir la providencia
del 30 de marzo de 2022, incurrió en un defecto sustantivo y en

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un desconocimiento del precedente, y por consiguiente, vulneró
los derechos fundamentales invocados en protección por la
accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente y iv) el caso concreto.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

4.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-

03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García
González.

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mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la

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sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

4.1.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

(i) La pretensión de amparo es de marcada relevancia constitucional,
en la medida en que se contrae a establecer de manera central si el
Tribunal Administrativo de Antioquia con la providencia del 30 de marzo
de 2022, incurrió en la violación de los derechos de la parte accionante
debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administración de
justicia;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
providencia reprochada no procedía recurso alguno;

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(iii) cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la interposición
de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado» por cuanto
la providencia discutida se profirió el 30 de marzo de 2022, fue
notificado el 18 de abril de 2022 y la tutela se presentó el 3 de octubre
de 2022;

(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran transgredidos en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque

4 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-

567 de 2015, entre otras.
5 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue
derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,
(d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”6.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en
una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”7. Este defecto, se presenta ante
situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión

6 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues
de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente8.

4.3. SOBRE EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección
y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades
judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con
ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma9.

En ese sentido, el precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho11.

8 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
9 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de

2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
10 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional

precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores
a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de
emitir un fallo”.
11 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et

Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.

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En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido12. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”13.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”14.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien

12 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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sean estos verticales u horizontales15, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial16.

5. CASO CONCRETO

A propósito del segundo problema jurídico propuesto, se advierte que
la decisión judicial reprochada fue expedida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 30 de marzo de 2022, en el trámite del
recurso de apelación interpuesto por Tax Antioquia Ltda. y la señora
Adriana María González Gómez en contra de la providencia proferida el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín el 17 de
septiembre de 2021, a través de la cual rechazó la demanda que
promovieron en ejercicio del medio de control de nulidad simple que
adecuó a la de nulidad y restablecimiento del derecho y respecto de la
que evidenció que no cumplió con el requisito de caducidad.

En la providencia del 30 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo
de Antioquia confirmó el auto recurrido «que rechazó la demanda

15 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior

jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes
para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
16 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (art. 138 CPACA), por TAX ANTIOQUIA
LTDA con Nit. 811.010.306 y ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 43.430.609 contra la
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR con Nit. 800.157.427 y la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con Nit.
800.176.089, por caducidad».

Ahora bien, en relación con esta decisión, la parte accionante insistió
en la impugnación que presentó contra la sentencia de primera
instancia que incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento
del precedente porque no tuvo en cuenta que a través del medio de
control de simple nulidad se pueden demandar actos administrativos
de registro, como los que son objeto de reproche, y que la Corte
Constitucional en sentencia C-426 de 2002, así lo reconoció.

Al respecto, la Sala de Decisión considera que los argumentos en los
que el accionante fundamentó la existencia del defecto sustantivo y
el desconocimiento del precedente no están llamados a prosperar,
por cuanto se evidenció que al resolver la alzada el Tribunal
Administrativo de Antioquia tuvo en cuenta tanto la normatividad
aplicable, como la jurisprudencia.

En ese sentido, al definir sobre la adecuación de la demanda al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal
aseguró:

«12. Ciertamente, de conformidad con el artículo 137 del CPACA, los actos de registro
son susceptibles de ser enjuiciados a través del medio de control de nulidad. Sin embargo,

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esta previsión debe ser atendida en forma armónica con la lectura integral de la norma, la
cual dispone en su parágrafo que, “si de la demanda se desprendiere que se persigue el
restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo
siguiente”.

13. Así las cosas, le asiste razón al a quo al analizar en este caso la teoría de los móviles
y las finalidades desarrollada por el Consejo de Estado17.

14. Pues bien, en el caso se pretende la nulidad del acto administrativo emitido por Cámara
de Comercio Aburrá Sur el 20/2/2015 en el Libro IX con el No. 100370, por el cual se
efectuó el registro de la Liquidación y Adjudicación de Herencia del causante Francisco
Javier Piedrahita Santa, a favor de Diana Milena Piedrahita Morales y otros; del acto
administrativo de 26/7/2019 por el cual la Cámara de Comercio Aburrá Sur niega la
solicitud de revocatoria directa del anterior acto y de la resolución No. 47104 de 2019
mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio niega por improcedente el
recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo de 26/7/2019. Como
consecuencia, indica que “automáticamente se entiende que el señor MATEO DE VILLA
BARRIENTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.358.633, nunca tuvo la
calidad de socio de la sociedad TAX ANTIOQUIA LTDA., conforme a la clara ilegalidad,
inexistencia, ineficacia e inoponibilidad que dicho acto ostenta”.

15. Como pretensiones subsidiarias, solicita declarar la ineficacia de los mismos actos
administrativos y las mismas consecuencias principales.

16. Así entonces, aunque se trate de un acto de registro, es necesario definir la
finalidad que con su eventual nulidad se pretende, más allá de lo que explícitamente
se diga en el escrito de demanda; tarea a cargo del juez en virtud del artículo 207 del
CPACA.

17. Y, de una lectura integral de la causa petendi y del objeto en el caso concreto, esta Sala
advierte que la parte demandante pretende la exclusión de Mateo de Villa Barrientos
como socio de la sociedad TAX ANTIOQUIA LTDA., lo que conllevaría
necesariamente a concluir que la única socia restante sobreviviente sería ADRIANA
MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ, quien actúa en calidad de demandante. Situación que
impone, como se ha explicado, aplicar el trámite previsto en el artículo 138 del CPACA.

18. Caso distinto sería que, pese a producirse un restablecimiento de derechos con su
nulidad, se tratara de recuperar bienes de uso público, o los efectos nocivos del acto
administrativo afectaran en materia grave el orden público, económico, social o
ecológico, o que la ley lo consagrara expresamente (art. 137 1,2,3 del CPACA).

17 Cfr. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 21/5/2021,

radicado No. 11001-03-24-000-2016-00556-00.

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Empero, ninguna de las anteriores hipótesis se configura en esta oportunidad, con lo cual
se permitiera adelantar el trámite de nulidad independientemente de que se causaran
efectos particulares.

19. Por lo anterior, salta a la vista la improcedencia de la acción de simple nulidad, pues
un eventual fallo favorable a las pretensiones de la parte demandante conllevaría no sólo
a la afectación de derechos de terceras personas, sino a la modificación en la
participación de una sociedad, que beneficiaría a la demandante.

20. Entonces, bien hizo el juez de primera instancia al adecuar el medio de control al de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues el control de legalidad tiene como fin sanear
irregularidades para evitar nulidades y decisiones inhibitorias, y de acuerdo con el artículo
13 del CGP, las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento.

21. En relación con la decisión del Consejo de Estado de 31/5/2018 en el proceso con
radicado No. 20001-23-31-000-2011-00420-01, citada por el recurrente, en efecto hace
alusión al medio de control procedente para atacar actos de registro, pero en sus mismas
consideraciones explica que en ese caso concreto sí era procedente la acción de nulidad
simple, “sin perjuicio de que en otros casos ante la demostración de interés particular,
resulte viable la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo
85 del C.C.A., dentro de su oportunidad”, conclusión que se acompasa al argumento
esgrimido en el auto recurrido.

22. En efecto, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 138 del CPACA, la pretensión
de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra sometida al término de caducidad
previsto en el artículo 164-2-d), esto es, debía presentarse dentro del término de 4 meses
contados a partir del día siguiente al de la notificación.

23. De conformidad con los documentos aportados, se advierte que el acto administrativo
por el cual se registró la Liquidación y Adjudicación de Herencia demandado, data de
20/2/2015; el oficio por el cual da respuesta de fondo a una solicitud negando la
revocatoria directa del acto, de 26/7/2019 (01-01, p.118-123), y la resolución No. 47104
por la cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de 26/7/2019,
de 18/9/2019 (01-01, p. 130-133); no constan las fechas en que ha sido notificado cada
acto administrativo, así que, en el mejor de los casos se tendrá la de la expedición del
último de ellos, esto es, el 18/9/2019.

24. En el caso, la oportunidad para presentar la demanda se encuentra agotada desde
19/1/2020, por tratarse de un día inhábil, queda habilitado el primer día hábil siguiente,
esto es, el 20/1/2020 y ha sido promovida el 15/9/2021 (01 p.1).

25. Si bien el término de caducidad se suspende con la radicación de la solicitud de
conciliación extrajudicial; en el presente caso tal solicitud se presentó el 23/7/2021 (01-

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01, p. 27), esto es cuando ya había operado la caducidad.

26. EN CONCLUSIÓN. De conformidad con el artículo 169-1 del CPACA, procede la
confirmación del auto que rechazó la demanda, por haber operado la caducidad, por los
motivos expuestos en esta providencia.

[…]»

De acuerdo con lo expuesto, la Sala de Decisión evidenció que el
Tribunal Administrativo de Antioquia al resolver sobre la adecuación de
la demanda, ajustó su decisión a lo previsto en los artículos 137, 138 y
207 del CPACA, según los cuales el juez puede adecuar el medio de
control y tratándose de la nulidad simple y de la nulidad y
restablecimiento del derecho, encontró que los actos demandados, la
prosperidad de la pretensión conllevaría indefectiblemente a que la
única socia restante de la empresa Tax de Antioquia Ltda. sería una de
las demandantes: Adriana María González Gómez, lo cual, a su vez,
implicaría la afectación de terceras personas y la modificación en la
participación de la sociedad referida en favor de ella.

En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Antioquia observó
lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-426 de 2002,
a través de la cual declaró exequible el artículo 84 del CCA, subrogados
por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989 «siempre y cuando se
entienda que la acción de nulidad también procede contra los actos de
contenido particular y concreto, cuando la pretensión es
exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto, en los
términos de la parte motiva de esta Sentencia», puesto que, como
argumentó, estudió el asunto puesto en su conocimiento y determinó
que, independientemente de tratarse de actos particulares, el medio de

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control de nulidad y restablecimiento del derecho era el mecanismo
procedente, por cuanto la pretensión no implicaba exclusivamente el
control de legalidad de dichos actos, sino que se contraía también a la
afectación de los derechos de terceros y al favorecimiento de una de
las demandante en caso que esta prosperara.

En consecuencia, de acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala de
Subsección confirmará la decisión impugnada que negó del amparo
constitucional, toda vez que no se probó que los defectos invocados
contra las decisiones judiciales atacadas se configuraran.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el
consejero William Hernández Gómez. En consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto de la referencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 21 de octubre de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que negó el amparo solicitado.

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TERCERO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí
contemplados.

CUARTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable
Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Impedido
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

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