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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05248-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05248-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Alexander Zambrano Morales contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05248-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

24 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05248-00
Actor: ALEXANDER ZAMBRANO MORALES

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05248-00
Demandante: ALEXANDER ZAMBRANO MORALES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el
reconocimiento y reajuste del subsidio familiar de conformidad
con el Decreto 1794 de 2000. Defecto sustantivo por supuesta
inaplicación del parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de
2014

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Alexander Zambrano Morales, quien actúa mediante
apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que
pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
prevalencia del derecho sustancial, derechos adquiridos, seguridad jurídica,
inescindibilidad de la norma y prohibición de regresividad de los derechos
prestacionales, supuestamente vulnerados con la sentencia de 22 de abril de
2022, por medio de la cual se modificó el fallo de primera instancia que accedió al
reconocimiento del subsidio familiar como soldado profesional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
de 8 de junio de 2017, declaró la nulidad con efectos ex tunc el Decreto 3770 de
2009, el cual había derogado el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en lo
relacionado con el subsidio familiar que devengaban los soldados profesionales.

Afirmó que el 24 de septiembre de 2018, solicitó al Ejército Nacional, en calidad
de soldado profesional, que se le reconociera el subsidio familiar conforme con lo
establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde la fecha en que se
le consolidó el derecho, esto es, el 26 de diciembre de 2009.

Señaló que mediante Oficio No. 20193111860031 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-
JEMGF-COPER-DIPER-1-10 de 28 de septiembre de 2018, la entidad negó la
petición.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05248-00
Actor: ALEXANDER ZAMBRANO MORALES

Sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con el fin de que se anulara el Oficio No. 20193111860031
MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 de 28 de septiembre
de 2018 y se le reconociera y pagara el subsidio familiar de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1794 de 2000.

Indicó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali en fallo de 22 de
septiembre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que ordenó
a la entidad demandada reconocer y pagar el subsidio familiar al señor Alexander
Zambrano Morales en la cuantía señalada en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 desde el 26 de diciembre de 2009 hasta la fecha de retiro de la institución.

Por último, manifestó que la parte demandada interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
sentencia de 22 de abril de 2022, la modificó “y en su lugar precisó que el
reconocimiento del subsidio familiar operaba solo entre el lapso comprendido
entre el 26 de diciembre de 2009 y el 30 de septiembre de 2014, y no hasta la
fecha de retiro de la institución”, con sustento en que “no era posible acceder al
reajuste del subsidio familiar para que este fuera reconocido hasta la fecha de
retiro de la institución, por cuanto no se podía desconocer que al accionante se le
reconoció con anterioridad el subsidio familiar conforme las disposiciones del
Decreto 1161 de 2014”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de prevalencia del derecho
sustancial, derechos adquiridos, seguridad jurídica, inescindibilidad de la norma y
prohibición de regresividad de los derechos prestacionales, vulnerados,
supuestamente, con la sentencia de 22 de abril de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se modificó el fallo favorable
de primera instancia y dispuso que el reconocimiento del subsidio familiar no se
extendiera hasta la fecha de retiro de la institución, sino que precisó como extremo
el 30 de septiembre de 2014 cuando se reconoció esa prestación social en los
términos del Decreto 1161 de 2014.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, en tanto
estableció que el subsidio familiar reconocido en virtud del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 era hasta el 30 de septiembre de 2014, sin embargo, omitió aplicar
el parágrafo tercero del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, el cual señala que el
mencionado subsidio consagrado en el Decreto 1794 de 2000 y en el Decreto
1161 de 2014 son excluyentes entre sí, “es decir que solo se puede aplicar una de
las dos normas”.

Agregó que al demandante le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, porque adquirió el derecho al subsidio familiar desde el
momento en el que contrajo matrimonio, es decir, el 26 de diciembre de 2009.

Por último, resaltó que “no es dable permitir que en un interregno de tiempo se
establezca la aplicación de determinada norma y en otro periodo la aplicación de
una norma diferente que resulta ser inferior a la primera, pues de manera
automática se torna regresivo de cara a los derechos prestaciones del beneficiario,
por tal razón la aplicación del decreto 1161 del 2014 no tiene validez, pues al
otorgarle el derecho a ser acreedor a devengar el subsidio familiar conforme lo
señala el artículo 11 del decreto 1794 del 2000, su subsidio familiar se rige por las

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disposiciones indicadas en este último desde que adquiere el derecho, hasta que
fenezca su vinculación con la institución, y esta prestación no podrá presentar
disminución ni modificación alguna que constituya un retroceso en sus derechos
adquiridos”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la
sentencia de fecha 22 de abril de 2022, puesto que no tuvo en cuenta el
parágrafo 3° del artículo 1° del Decreto 1161 del 2014.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y se
ordene a la entidad accionada que profiera nueva sentencia en la que se
disponga reajustar el subsidio familiar desde el 30 de diciembre de 2014 hasta la
fecha de retiro de la institución con fundamento en lo establecido en el artículo
11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que
conlleva el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera”.

4. Pruebas relevantes

A través de correo electrónico de 11 de octubre de 2022, Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cali allegó el expediente digital No. 76001-33-33-
008-2019-00074-01, que contiene las actuaciones del proceso referente al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el accionante
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto de 6 de octubre de 2022, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada.
Asimismo, vinculó al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali, a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, como terceros
interesados, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 107910 a 107914 de 11
de octubre de 20221, con el fin de dar cumplimiento de la anterior providencia.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali

En escrito de 11 de octubre de 2022, la titular del despacho informó que acatará lo
que se decida en la acción de tutela y agregó que la providencia que se emitió en
primera instancia se sujetó al precedente judicial vigente al momento de proferir la
sentencia y a los medios de prueba válidamente incorporados al proceso.

1
El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de
correo electrónico: clgomezl@hotmail.com, adm08cali@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin08cli@notificacionesrj.gov.co,
ceoju@buzonejercito.mil.co; peticiones@pqr.mil.co, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co y
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.

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Actor: ALEXANDER ZAMBRANO MORALES

6.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Ministerio de Defensa
Nacional y el Ejército Nacional, guardaron silencio a pesar de que se les notificó
en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 22 de abril de 2022, en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó el accionante
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como a los principios de prevalencia del derecho
sustancial, derechos adquiridos, seguridad jurídica, inescindibilidad de la norma y
prohibición de regresividad de los derechos prestacionales, al incurrir
supuestamente en defecto sustantivo, por la omisión en aplicar el parágrafo
tercero del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, que dispone que no es compatible
el subsidio familiar reconocido en esa normativa con el de los soldados
profesionales que accedieron a esa prestación social en vigencia del Decreto 1794
de 2000.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.

2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional porque
el accionante invoca una presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como a
los principios de prevalencia del derecho sustancial, derechos adquiridos,
seguridad jurídica, inescindibilidad de la norma y prohibición de regresividad de los
derechos prestacionales, por la supuesta configuración de un defecto sustantivo
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al dictar la sentencia de 22 de
abril de 2022, en la que se modificó la decisión favorable de primera instancia, en
el sentido de indicar que la liquidación y el pago del subsidio familiar solo es
procedente hasta el 30 de septiembre de 2014, y no para el momento del retiro de
la institución, a lo que se agrega que lo pretendido por la parte actora no es reabrir
un debate legal propuesto o proponer una discusión a la manera de tercera
instancia.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que el demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa
16
judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional17; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto sustantivo
alegado

4.2.1. La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como a los principios de prevalencia del derecho
sustancial, derechos adquiridos, seguridad jurídica, inescindibilidad de la norma y
prohibición de regresividad de los derechos prestacionales, al incurrir
supuestamente en defecto sustantivo, por la omisión en aplicar el parágrafo
tercero del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, que establece que no es
compatible el subsidio familiar reconocido en esa norma con el de los soldados
profesionales que accedieron a esa prestación social en vigencia del Decreto 1794
de 2000.

4.2.2. Con el fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver el caso
concreto, la Sala se referirá a algunas de las actuaciones surtidas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que el demandante
demandó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional, y formuló
las siguientes pretensiones relacionadas con el reajuste del subsidio familiar:

“(…)

2.1. Oficio No. 20183111860031 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ.JEMGF-COPER-DIPER-
1.10 librado el 28 de septiembre del 2018 suscrito por el Oficial Seccional Ejecución
presupuestal DIPER del Ejército Nacional, en virtud del cual se negó el Reconocimiento

16
La providencia atacada se profirió el 22 de febrero de 2022 y se notificó mediante correo electrónico el 11 de marzo de
2022, mientras que la acción de tutela se instauró el 11 de agosto de 2022, es decir, dentro del plazo razonable de los seis
(6) meses.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.

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y Reajuste del subsidio familiar devengado por el demandante conforme a lo
establecido en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del
Derecho, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO
NACIONAL, disponga el reajuste de salarios y prestaciones sociales que actualmente
devenga el Demandante, con fundamento en las siguientes causales, las cuales
sustento más adelante:

(…)

3.2. Reconocimiento del SUBSIDIO FAMILIAR según lo reglado en el artículo 11 del
decreto 1794 del 2000, desde la fecha en que el demandante adquirió el derecho, esto
es desde el 26 de diciembre del 2009, hasta la fecha de retiro de la institución.

3.3. Reajuste del SUBSIDIO FAMILIAR reconocido al Demandante en un 25%, cuando
debió ser reconocido en un 62.5%, con fundamento en lo normado en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.

(…)”.

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali en fallo de 22 de septiembre
de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda, y en lo que hace relación con
el reconocimiento del subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, decidió:

“(…)

CUARTO: DECLARAR la nulidad del oficio No. 20183111860031 de fecha 28 de
septiembre de 2018 emanado de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

(…)

SEXTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a que reajuste, liquide y
pague el subsidio familiar en favor del señor ALEXANDER ZAMBRANO MORALES,
en la forma prevista en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, con efectos fiscales
a partir del 26 de diciembre de 2009 y hasta la fecha de su retiro, conforme lo
expuesto.

La entidad deberá descontar los valores que por concepto de subsidio familiar
previsto en el Decreto 1161 de 2014 le haya pagado al demandante, por ser
incompatibles con el derecho aquí reconocido.

SÉPTIMO: Se ORDENA el reajuste y pago de las diferencias por las prestaciones y
emolumentos que haya devengado el demandante y que se calculan tomando como
base el subsidio familiar y que resulten afectados con el reajuste dispuesto en el
ordinal anterior a partir del 26 de diciembre de 2009.

(…)”.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de sentencia de 22 de abril
de 2022, modificó la precitada decisión en el sentido de que el reajuste, liquidación
y pago del subsidio familiar del ahora demandante se realice “en la forma prevista
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, con efectos fiscales a partir del 26 de
diciembre de 2009 fecha en la que el demandante contrajo matrimonio y hasta el
30 de septiembre de 2014”. Agregó que “la entidad deberá descontar los valores
que por concepto de subsidio familiar previsto en el Decreto 1161 de 2014 le haya
pagado al demandante, por ser incompatibles con el derecho aquí reconocido”.

La anterior decisión se dictó luego de analizar las pruebas en conjunto y el marco
normativo aplicable para el caso del demandante relativo al reajuste, pago y
liquidación del subsidio familiar, a partir de lo cual sostuvo:

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05248-00
Actor: ALEXANDER ZAMBRANO MORALES

“Así las cosas, el subsidio familiar se le reconoció al señor ALEXANDER
ZAMBRANO MORALES por medio de la Orden Administrativa de Personal
2027 del 30 de septiembre de 2014, con fundamento en los parámetros del
decreto 1161 de ese mismo año, es decir, en cuantía del 20% para la señora
ALEYDA GÓMEZ PINEDA, con quien contrajo matrimonio el 29 de diciembre
de 2009, un 3% por el nacimiento de su hijo ALEXANDER ZAMBRANO
GÓMEZ y finalmente un 2% para su segundo hijo, para un total del 25%.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 8 de
junio de 2017, que se profirió en el proceso de simple nulidad con radicación
11001 03 25 000 2010 00065 00 declaró con efectos ex tunc, la nulidad del
decreto 3770 de 2009, al considerar, entre otras razones, que trasgredía el
principio de progresividad, por la desmejora salarial y prestacional al personal
de soldados profesionales de las Fuerzas Militares y, además se concluyó en
la providencia que constituía un acto de discriminación en relación con aquel
personal de la institución que contrajeron matrimonio con posterioridad a la
entrada en vigencia de la norma mencionada.

Por lo expuesto, es claro que el caso del demandante encaja en dicho
presupuesto, ya que según el Registro Civil de Matrimonio con serial
05479311 del 26 de diciembre de 2009, contrajo nupcias con la señora
ALEYDA GÓMEZ PINEDA, esto es, en vigencia del Decreto 3770 de 2009,
que derogó el derecho a percibir el subsidio familiar de los soldados
profesionales; por tanto, «los efectos ex tunc declarados en la sentencia 08
de junio de 2017”, cobijan la situación jurídica particular del señor
ZAMBRANO MORALES, y por tanto, es procedente conceder el subsidio
familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000. De ahí que el argumento
del recurrente no tiene vocación de prosperidad.

Sin embargo, precisa la Sala que los beneficios del Decreto 1794 de 2000 no
se pueden aplicar como lo solicita el señor ALEXANDER ZAMBRANO
MORALES, esto es, desde que contrajo matrimonio y hasta su retiro de la
institución demandada, tal como pasa a explicarse:

Mediante OAP No. 2027 del 30 de septiembre de 2014, se reconoció
subsidio familiar al soldado profesional ALEXANDER ZAMBRANO
MORALES, en aplicación del Decreto 1161 de 2014, el cual entró a regir a
partir del 25 de junio de la misma anualidad.

Si bien, el reconocimiento del subsidio familiar se hizo a partir del mes de
septiembre de 2014, lo cierto es, que la norma aplicada (Decreto 1161 de
2014) entró en vigencia antes, por lo tanto, a partir de este momento surgió
para el demandante el derecho a devengar el subsidio familiar,
independientemente que lo hubiera solicitado mucho después.

Así las cosas, se debe declarar la nulidad del oficio No. 20183111860031
MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- COPER-DIPER-1.10 del 28 de
septiembre de 2018, por medio del cual se negó el reajuste y pago
actualizado e indexado del subsidio familiar bajo el amparo del decreto 1794
de 2000, por violación de las normas en que debería fundarse, y en
consecuencia, la entidad deberá reconocer y pagar el subsidio familiar a favor
del actor en los términos del Decreto 1794 de 2000: equivalente al cuatro por
ciento (4%) de su salario básico mensual + 100% de la prima de antigüedad,
en el interregno del 26 de diciembre de 2009 (fecha en que contrajo
matrimonio) al 25 de junio de 2014 (fecha de la entrada en vigencia del
Decreto 1161 de 2014); así como las diferencias resultantes del reajuste de
las demás prestaciones sociales pagadas durante dicho período.

Lo anterior en razón a que no se puede desconocer que la entidad pública
demandada le reconoció y le paga esa prestación en cuantía del 20% para su
cónyuge, el 3% y 2% por el nacimiento de sus primogénitos desde el 30 de

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Actor: ALEXANDER ZAMBRANO MORALES

septiembre de 2014, según lo dispuesto en la norma vigente para ese
momento, esto es, el decreto 1161 de 2014.

En suma, le asiste razón a la parte demandante, en tanto el
reconocimiento del subsidio familiar debió efectuarse con fundamento
en lo previsto en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000, de ahí que es
procedente el reajuste solicitado. Pero dicho beneficio no se podía
aplicar como lo pedía el demandante- desde que contrajo matrimonio y
hasta su retiro de la institución-, porque mediante la OAP 2027 de 30 de
septiembre de 2014, se le había reconocido el subsidio familiar en
aplicación del Decreto 1161 de 2014, que entró en vigor el 25 de junio de
la misma anualidad, razón por la cual la sentencia será modificada en
ese sentido.

Finalmente, se tiene que la petición de reajuste y reconocimiento del subsidio
familiar fue interpuesta el 24 de septiembre de 2018, esto es, dentro de los
cuatro años siguientes a la ejecutoria de la sentencia del 8 de junio de 2017 y
que, la demanda fue radicada el 18 de marzo de 2019, se entiende que no ha
prescrito suma alguna, por lo que se causa el derecho a partir del 26 de
diciembre de 2009, fecha en la que el demandante contrajo matrimonio”.
(Negrilla y subraya de la Sala)

4.2.3. El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los
siguientes casos:

“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la
decisión se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido
declarada inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la
situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen
efectos distintos a los señalados por el legislador (iv) Cuando se aplica una
norma cuya interpretación desconoce una sentencia con efectos erga omnes. En
esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de
una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (v) La
disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente
contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para
un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras
disposiciones aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente
sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos
fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación. (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido
declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al
caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser
igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre
los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la
providencia”18.

Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad
judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al
menos, dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido
y alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o
18
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Actor: ALEXANDER ZAMBRANO MORALES

de manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes;
y (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que
en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece,
pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de
la hermenéutica jurídica aceptable”19 (Negrillas y subrayas de la Sala).

4.2.4. En el asunto bajo examen, la parte actora considera que se incurrió en
defecto sustantivo porque no se aplicó el parágrafo tercero del artículo 1 del
Decreto 1161 de 2014, que establece que no es compatible el subsidio familiar
establecido en esa normativa con el que se reconoció a los soldados
profesionales en vigencia del Decreto 1794 de 2000.

La Sala anticipa que la autoridad judicial accionada no incurrió en la referida
anomalía por las razones que a continuación se exponen:

En el escrito de tutela el demandante reprochó que la autoridad judicial accionada
no aplicara el parágrafo tercero del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, el cual
dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 1º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e
infantes de marina profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014,
para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar
regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar
que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica,
así:

(…)

PARÁGRAFO 3. Los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales de las Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio
familiar previsto en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, no tendrán
derecho a percibir el subsidio familiar que se crea en el presente decreto”.

En la sentencia objetada, si bien no se mencionó la norma antes transcrita, se
observa que la misma sí fue aplicada para resolver su situación particular y
concreta, pues justamente la decisión de modificar el restablecimiento del derecho
ordenado por el a quo, obedeció a que al señor Zambrano Morales se le había
reconocido esa prestación social mediante Orden Administrativa de Personal No.
2027 de 30 de septiembre de 2014, es decir, en vigencia del Decreto 1161 de
2014, y como el parágrafo tercero del artículo 1 del mismo marco normativo
establece la incompatibilidad del subsidio con el del Decreto 1794 de 2000, el
tribunal accionado, en ejercicio de su autonomía interpretativa, consideró que se
debía liquidar el subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000,
dando aplicación a los efectos ex tunc de la sentencia que anuló el Decreto 3770
de 2009, hasta la fecha en que se reconoció administrativamente de conformidad
con el Decreto 1161 de 2014

Igualmente, es necesario recordar que la Orden Administrativa de Personal No.
2027 del 30 de septiembre de 2014, le reconoció al demandante el subsidio
familiar de acuerdo con lo regulado en el Decreto 1161 de 2014, marco normativo
que en la actualidad se encuentra vigente.

Por lo anterior, la Sala observa que si bien en la sentencia objetada no se hizo
mención al parágrafo tercero del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014,

19
Ibíd.

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Actor: ALEXANDER ZAMBRANO MORALES

materialmente sí aplicó los efectos jurídicos que establece esa disposición, pues
el tribunal accionado modificó el reajuste del subsidio familiar de acuerdo con el
Decreto 1794 de 2000, hasta la fecha en que empezó a devengar el mencionado
subsidio reconocido en la Orden Administrativa de Personal No. 2027 del 30 de
septiembre de 2014, con sustento en el Decreto 1161 de 2014.

Por consiguiente, se evidencia que en la sentencia de 22 de abril de 2022, la
autoridad judicial accionada limitó el reconocimiento y pago del subsidio familiar
de acuerdo con el Decreto 1794 de 2000 hasta la fecha en que al demandante se
le reconoció el subsidio establecido en el Decreto 1161 de 2014, lo cual no resulta
caprichoso ni ilegal, por el contrario, para la Sala es razonable.

En un asunto con similares contornos fácticos, en sentencia de tutela de 28 de
octubre de 202120, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado
negó las pretensiones de una solicitud de amparo, en la que el accionante pidió
que se ordenara a la autoridad judicial accionada reajustar el subsidio familiar de
acuerdo lo establecido en el Decreto 1794 de 2000, desde el momento en que
contrajo matrimonio hasta la fecha de retiro del Ejército Nacional y no hasta el
momento en que se expidió el acto administrativo que le reconoció al demandante
el derecho al mencionado subsidio en vigencia del Decreto 1161 de 2014.

Esa decisión se sustentó en que “contrario a lo que plantea el accionante, lo
decidido en la sentencia adoptada por el Tribunal no constituye una transgresión
del ordenamiento jurídico, sino que el juez de instancia consideró que si bien el
reconocimiento del subsidio familiar se rige por lo establecido en el Decreto 1794
de 2000, no era procedente el reajuste como lo pretendía la parte actora, es decir,
desde el 25 de junio de 2011, fecha en que adquirió el derecho a devengarlo en
razón de su matrimonio y, de ahí en adelante, pues no se podía desconocer que
la entidad demandada le reconoció y le paga esa prestación en cuantía del 20%
para su cónyuge y el 3%, por el nacimiento de su primogénito desde el 30 de
septiembre de 2014, según lo dispuesto en la norma vigente para ese momento,
esto es, el Decreto 1161 de 2014”.

Adicionalmente, se debe resaltar que la razonabilidad de la decisión objetada
también se sustenta en la presunción de legalidad que recae sobre la Orden
Administrativa de Personal No. 2027 de 30 de septiembre de 2014, por medio de
la cual se le reconoció al señor Alexander Zambrano Morales el derecho al
subsidio familiar en vigencia del Decreto 1161 de 2014, la que, por lo demás, no
fue demandada por el accionante en el proceso ordinario y cuyo análisis no podía
realizarse de oficio por la autoridad judicial demandada.

Así las cosas, en el sub judice no se encuentra configurado el defecto sustantivo
alegado, pues, como quedó demostrado, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca aplicó el parágrafo tercero del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, lo que
se manifiesta en la modificación de la decisión del a quo relacionada con el
reconocimiento y reajuste del subsidio familiar hasta la expedición de la Orden
Administrativa de Personal No. 2027 de 30 de septiembre de 2014, de
conformidad con el Decreto 1794 de 2000, teniendo en cuenta que existe un
reconocimiento ulterior con base en el Decreto 1164 de 2014, razonamiento que
resulta ajustado a derecho y que no vulnera los derechos fundamentales
invocados por el demandante.

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por la parte demandante.

20
Radicado No. 11001-03-15-000-2021-03220-01, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05248-00
Actor: ALEXANDER ZAMBRANO MORALES

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Alexander Zambrano Morales contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA

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