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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05256-00

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05256-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05256-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

17 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05256-00
Demandante: Federación Nacional de Departamentos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE (E): MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05256-00
Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Contra providencia judicial que denegó recurso de insistencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Federación Nacional de
Departamentos contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 3 de octubre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto del
representante legal suplente, la Federación Nacional de Departamentos pidió la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que estimó vulnerados por la providencia del 23 de agosto de
2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B. Por consiguiente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Con fundamento en la situación fáctica antes descrita y los fundamentos de derecho expuestos,
solicito muy comedidamente al Consejo de Estado declarar que el Tribunal accionado vulneró el
derecho fundamental al debido proceso y a la intimidad de la Federación Nacional de
Departamentos con ocasión de la expedición de 23 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, subsección “B”, por la cual, se resolvió de
fondo y de manera definitiva la solicitud de insistencia radicada por el señor Carlos Alberto
Hernández Pava identificado con el número 25000234100020220077700. En consecuencia, se
sirva amparar dichos derechos, dejando sin efecto esta providencia y disponiendo que se adopte
una nueva decisión que efectúe una valoración correcta de la naturaleza de los documentos e
información solicitada por el peticionario en el recurso de insistencia antes mencionado, con el
objetivo de negar el acceso a los mismos.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El 19 de mayo de 2022, el señor Carlos Alberto Hernández Pava solicitó a la
Federación Nacional de Departamentos lo siguiente:

1. Copia del acta de constitución de la Federación Nacional de Departamentos.
2. Copia de los Estatutos vigentes de la Federación Nacional de Departamentos.
3. Informar, en caso positivo, a qué ente u organismo está adscrita la Federación Nacional de
Departamentos.
4. Informar qué departamentos hacen parte de la Federación Nacional de Departamentos.
5. Informar qué servicios presta la Federación Nacional de Departamentos, y si los mismos los
prestan en todo el territorio nacional.

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Demandante: Federación Nacional de Departamentos

6. Copia de las resoluciones y actas del Consejo Directivo de la Federación Nacional de
Departamentos originadas en lo que va corrido del presente año, es decir, desde el 1º de enero
al 20 de mayo de 2022.
7. Copia de las resoluciones y actas de la Asamblea General de la Federación Nacional de
Departamentos originadas en lo que va corrido del presente año, es decir, desde el 1º de enero
al 20 de mayo de 2022.
8. Copia de los contratos y convenios celebrados por la Federación Nacional de Departamentos
originadas en lo que va corrido del presente año, es decir, desde el 1º de enero al 20 de mayo
de 2022.

2.2. Mediante oficio del 9 de junio de 2022, la Federación Nacional de Departamentos
resolvió la petición del actor, en lo que tiene que ver con los numerales 1 a 5, esto es: (i)
lo relacionado con el acta de constitución y los estatutos vigentes de la Federación
Nacional de Departamentos, (ii) si se encuentra adscrita algún organismo, (iii) los
departamentos que hacen parte de la Federación y (vi) los servicios que prestan. Ahora,
respecto de los numerales 6 a 8, la autoridad demandada explicó que:

La Federación Nacional de Departamentos de conformidad con el artículo 1° de sus Estatutos, es
una entidad pública sin ánimo de lucro en la cual se encuentran asociados los Departamentos de
Colombia, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. No presta
servicios, y tiene unos fines comunes o generales que debe cumplir y están determinados en el
artículo 3º de sus Estatutos.

Respecto de los numerales 6, 7, y 8, mediante los cuales solicita: “Copia de las resoluciones y
actas del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos originadas en lo que va
corrido del presente año, es decir, desde el 1º de enero al 20 de mayo de 2022, ... Copia de las
resoluciones y actas de la Asamblea General de la Federación Nacional de Departamentos
originadas en lo que va corrido del presente año, es decir, desde el 1º de enero al 20 de mayo de
2022, y Copia de los contratos y convenios celebrados por la Federación Nacional de
Departamentos en lo que va corrido del presente año, es decir, desde el 1º de enero al 20 de
mayo de 2022.” se señala:

Atendiendo a la naturaleza jurídica de entidad sin ánimo de lucro de la Federación, y que esta no
tiene a su cargo el ejercicio de funciones de carácter público, este tipo de personas jurídicas se
encuentran sujetas a las disposiciones del Código Civil (artículo 95) en lo relativo a sus actos, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, lo que se traduce en que, a partir del régimen privado
que las gobierna, sus actuaciones se fundan en los postulados de la libertad y la autonomía
privada, tal y como lo ha recordado la Corte Constitucional en sentencia T-230 de 2020.

Aunado a lo anterior, el legislador a través de la Ley 1755 de 2015, ha regulado el derecho
fundamental de petición para aquellas organizaciones e instituciones de régimen privado, lo que
ha llevado a la Corte Constitucional a precisar que tales sujetos de derecho se encuentran
obligados a responder el derecho de petición sólo en aquellos casos en donde la protección de
otro derecho fundamental haga imperativa la respuesta, o la ausencia de respuesta sea en sí
misma lesiva de otro derecho (Sentencia T-487 de 2017). Así las cosas y como quiera que no se
indica en la petición el objeto y las razones en que se fundamenta, conforme lo establecen los
numerales 3º y 4º del artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la Federación se abstiene de atender lo requerido en los numerales 6, 7 y 8 y se
precisa que la información solicitada está cobijada con reserva de ley.
(…)”.

2.3. El señor Carlos Alberto Hernández Pava formuló recurso de insistencia, respecto de
(i) los servicios prestados por la Federación Nacional de Departamentos y (ii) la entrega
de las copias de las resoluciones y actas del Consejo Directivo, de las resoluciones y
actas de la Asamblea General y de los contratos y convenios celebrados por la
Federación Nacional de Departamentos, todo correspondiente al año 2022. Lo anterior,
en razón a que la Federación es una entidad pública, por lo que, por regla general, los
documentos son públicos, de acuerdo con el artículo 243 del CGP.

2.4. Mediante providencia del 23 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, accedió parcialmente a la petición de
información presentada por el señor Carlos Alberto Hernández Pava, en el sentido de
ordenar la entrega de copia de las actas del Consejo Directivo y de la Asamblea General,
salvo las que contengan puntos de vista y opiniones de sus integrantes. Asimismo,
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Demandante: Federación Nacional de Departamentos

ordenó la entrega de copia de los contratos y convenios suscritos por la Federación
Nacional de Departamentos durante enero a mayo de 2022.

2.5. Contra la anterior decisión, la Federación Nacional de Departamentos interpuso
recurso de súplica. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, mediante providencia del 14 de septiembre de 2002, lo rechazó por
improcedente.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. Preliminarmente, la parte actora adujo que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Que el asunto tiene relevancia constitucional, habida cuenta que está
demostrada la vulneración de derechos fundamentales. Que la providencia cuestionada
no es susceptible de recursos. Que la tutela fue interpuesta en los 6 meses siguientes a
la notificación de la providencia atacada. Que fue debidamente identificado el error
cometido en la providencia cuestionada.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, la parte demandante sostuvo que la providencia del
23 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, incurrió en defecto sustantivo, por interpretación errónea del
artículo 243 del CGP y dejó de aplicar la reserva documental contemplada en el artículo
61 del Código de Comercio, el cual, a su juicio, era plenamente aplicable a la Federación
Nacional de Departamentos, dado el régimen jurídico que regula a dicha entidad y la
naturaleza privada de la documentación e información solicitada.

3.2.1. Explicó que, pese a que todos los actos y contratos de la Federación Nacional de
Departamentos se rigen por el derecho privado conforme con el artículo 95 de la Ley 489
de 1998, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó un criterio orgánico y
concluyó el carácter público de la federación, por lo que permitió el acceso a los
documentos solicitados por el peticionario. Que dicha decisión desconoce el artículo 61
del Código de Comercio y los estatutos de la entidad, que establecen que todos los actos
y contratos están sometidos al régimen de derecho privado.

3.2.2. Adicionalmente, indicó que “contrario a lo afirmado por el Tribunal accionado en
las consideraciones de la providencia reprochada, la naturaleza de la FND como entidad
pública de segundo orden no implica que las relaciones contractuales y sus actos se
sometan al régimen público, pues como lo indica el artículo 95 de la ley 489 de 1998,
este tipo de personas jurídicas se sujetan a las disposiciones del Código Civil y demás
normas aplicables y solamente para los asuntos señalados por la Corte Constitucional
en su sentencia C-671 de 1999 se regirán por lo dispuesto para las entidades estatales,
sin que en estos asuntos se encuentre lo relativo a la naturaleza jurídica de sus
colaboradores”.

3.3. De otro lado, adujo que la providencia cuestionada no analizó que la solicitud del
señor Hernández Pava no cumplía con el lleno de los requisitos de la Ley 1755 de 2015,
en razón a que no demostró un interés legítimo en la solicitud, desconociendo de esta
manera lo establecido en el artículo 61 del Código de Comercio, esto es, lo relacionado
con “(…) la información sometida a reserva que involucran derechos a la privacidad e
intimidad de las personas, no solo de los funcionarios de las entidades territoriales que
hacen parte de la Federación sino terceros que suscribieron convenios de carácter
privado con la entidad donde se ejecutan recursos de naturaleza privada”.

3.3.1. Advirtió que “solo los legitimados legalmente y el interesado que demuestre dicho
interés legítimo, pueden tener acceso a estos documentos, es decir, solo se podrá tener
acceso a estos documentos privados, por la persona que logre demostrar un interés
legítimo, entendido como la relación o conexión que se tiene de forma directa con un
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bien o derecho, dado el mismo por una condición que se acredita y se regula por parte
del ordenamiento jurídico”.

3.3.2. Y adujo que “es preciso que se tenga en cuenta que la información solicitada por
el peticionario contiene datos personales y/o de uso personal, que tienen que ver con
información sensible y con el derecho a la intimidad, pues lo concerniente a la
información contenida en los contratos cuya copia se solicitó corresponde a datos
personales de ubicación, identificación y condiciones particulares de las personas
suscribientes, naturales y jurídicas, aspecto en que se fundamenta precisamente la
reserva de dicha información”.

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 5 de octubre de 2022, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y dispuso la notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y al señor Carlos Alberto Hernández
Pava, en calidad de tercero con interés.

4.2. La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas
en el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 12 de octubre de 20221.

5. Intervenciones

5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
por conducto del magistrado ponente de la providencia cuestionada, manifestó que la
decisión de denegar el recurso de insistencia está debidamente justificada.

5.1.1. Que, además, la providencia cuestionada realizó un análisis juicioso acerca de la
naturaleza jurídica de la Federación Nacional de Departamentos y de las normas que
regulan la información de carácter reservado. En cuanto a la interpretación errónea del
artículo 243 del CGP, explicó que “dicha aseveración no tiene asidero por cuanto en la
misma providencia se advierte que, la distinción entre documentos públicos y privados
de la norma referida, no resulta suficiente para establecer si una información se
encuentra sujeta a reserva. Por lo cual, en ese sentido, la Sala procedió a realizar análisis
respecto de los documentos solicitados, esto es: las actas y resoluciones proferidas por
la entidad”.

5.1.2. Luego de lo anterior, el tribunal concluyó que las resoluciones emitidas, tanto por
la Asamblea General como por el Consejo Directivo de la Federación Nacional de
Departamentos gozan del carácter de público por su naturaleza de actos administrativos.
Específicamente, respecto de las actas, advirtió que no se encuentran sometidas a
reserva, pero que, en todo caso, debían ser excluidas las que contuvieran puntos de
vista y opiniones de sus integrantes. Por último, en cuanto a los contratos suscritos por
la federación advirtió que “no se desconoció en ningún momento la naturaleza de
persona jurídica sin ánimo de lucro que ostenta la entidad pública de segundo grado, ni
lo consagrado en sus estatutos; sino que se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 95
de la Ley 489 de 1998”, pero advirtió que no se observó una reserva legal frente a éstos,
pues “la contratación de dicha entidad se encuentra sometida al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, y por ende, dichas actuaciones
deben estar sometidas a los principios de transparencia y publicidad que rigen las
actuaciones contractuales de las entidades públicas”.

5.2. El señor Cristian Andrés Carranza Ramírez presentó escrito “en calidad de tercero
interesado y afectado dentro del proceso (…) al ser contratista de la Federación Nacional

1 Ver índice 9 de Samai.

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Demandante: Federación Nacional de Departamentos

de Departamentos” y coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela, para lo cual
propuso los mismos argumentos que la demanda presentada por la Federación.

CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Coadyuvancia formulada por Cristian Andrés Carranza
Ramírez

1.1. En virtud del artículo 132 del Decreto 2591 de 1991, las personas que tengan interés
legítimo en el resultado del proceso de tutela también pueden intervenir para coadyuvar
u oponerse a las pretensiones de la demanda.

1.2. Por su parte, el artículo 713 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de
la acción de tutela por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992, prevé que las
personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden
intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda
instancia.

1.3. En el caso concreto, el señor Cristian Andrés Carranza Ramírez coadyuvó las
pretensiones de la Federación Nacional de Departamentos. Sin embargo, la Sala no
encuentra que se trate de un tercero con interés en el resultado del proceso, pues no se
advierte de qué manera la decisión que aquí se adopte pueda afectarlo.

1.3.1. Si bien el señor Carranza Ramírez alegó que es contratista de la Federación
Nacional de Departamentos y que, por lo tanto, se vería afectado con la decisión objeto
de tutela, pues, entre otras cosas, ordenó la entrega de copia de los contratos suscritos
por dicha autoridad, lo cierto es que, de un lado, no aportó ningún documento que
demostrara la calidad de contratista y, de otro, tampoco intervino en el trámite del recurso
de insistencia que dio lugar a la providencia objeto de tutela.

1.4. Lo anterior es suficiente para denegar la solicitud de coadyuvancia.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

2.1. A partir del año 20124, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

2 Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción Intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad

pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u
otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización
o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse
la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud (se resalta).
3 Artículo 71. Coadyuvancia. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se

extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir
en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.
El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y podrá efectuar
los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen
disposición del derecho en litigio.
La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención deberá contener los
hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.
Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado
el interviniente.
La intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuada esta.
4 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
5 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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2.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

2.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.

2.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

3. Planteamiento y solución al problema jurídico

3.1. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, corresponde a la Sala determinar si la
providencia del 23 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, incurrió en defecto sustantivo por
interpretación errónea de los artículos 243 del CGP y 61 del Código de Comercio, al
acceder parcialmente a la petición de información presentada por el señor Carlos Alberto
Hernández Pava en los numerales 6, 7 y 8 de la petición del 19 de mayo de 2022.

3.2. Para resolver, la Sala se referirá, en primer lugar, a las consideraciones expuestas
en la providencia objeto de tutela. Luego se analizarán los argumentos de la parte actora
para finalmente adoptar la decisión que corresponda.

Sobre la providencia objeto de tutela

3.3. En la providencia del 23 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, comenzó por estudiar el derecho de
acceso a la información y a los documentos públicos. Luego, analizó la naturaleza
jurídica de la Federación Nacional de Departamentos y concluyó que “de acuerdo con los
artículos 1 y 6 de los estatutos, la Federación Nacional de Departamentos es una entidad pública.
Lo anterior, pese a la aplicación de normas y procedimientos de derecho privado para su
conformación, pues ello no la convierte per se, en entidad privada”.

3.3.1. Precisada la naturaleza jurídica de la federación, el tribunal se refirió al artículo
243 del CGP y sostuvo que dicho artículo distingue entre un documento público y uno
privado, y que un documento se considera público cuando es “otorgado por un funcionario
en el ejercicio de sus funciones legales; igualmente, se deja claridad en que un documento será
público cuando un particular en ejercicio de funciones públicas lo otorgue”. A partir de lo
anterior, el tribunal explicó lo siguiente:
(…) para el caso de la Federación Nacional de Departamentos que conforme al artículo 6 de sus
estatutos, es una entidad pública de segundo grado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera cuyos actos y contratos se rigen por las normas de derecho privado que
regulan las actuaciones de las entidades sin ánimo de lucro; se tiene que, producen documentos
de carácter público cuando actúan en cumplimiento de las prerrogativas propias de las entidades
públicas en ejercicio de la función administrativa, y por su condición de entidad sin ánimo de lucro,
documentos de carácter privado, cuando son originados del ejercicio de las funciones que realiza
la entidad equiparables a las que realizan los particulares.

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Demandante: Federación Nacional de Departamentos

En consecuencia, para que un documento elaborado por la Federación Nacional de Departamentos
sea público, es porque dicho documento fue proferido en ejercicio de la función pública que se le
ha encomendado a dicha entidad que, de acuerdo con el último numeral del artículo 3 de los
estatutos, consiste en “organizar y administrar fondos de manejo, compensación o cofinanciación
de recursos tributarios o presupuestales cuando así lo disponga la Ley” Así pues, debe señalarse
que por mandato de ley -Ley 223 de 1995-, es la FND la entidad encargada de administrar el Fondo
Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros, el cual se nutre de recaudos
tributarios.

3.3.2. Seguidamente, el tribunal analizó la solicitud del actor relacionada con la entrega
de copia de las actas y resoluciones tanto del Consejo Directivo, como de la Asamblea
General de la Federación Nacional de Departamentos, así como copia de los contratos
y convenios celebrados por la Federación entre el 1° de enero al 20 de mayo de 2022 y
concluyó que había lugar a acceder parcialmente a esa petición, por las siguientes
razones:

En primer lugar, en relación con las resoluciones, se tiene que conforme al numeral 9, artículo 3 del
CPACA, en virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer a los interesados sus
actos, entre ellos, las resoluciones.
(…)
En segundo lugar, en cuanto a las actas se observa que la Asamblea General de Gobernadores,
máximo órgano de orientación política de la Federación, se encuentra integrada por la totalidad de
los mandatarios regionales. Por otro lado, el Consejo Directivo, se encuentra compuesto por siete
gobernadores, el Presidente y Vicepresidente de la Federación Nacional de Departamentos. En este
sentido, advierte la Sala una reserva sobre los documentos que contengan opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, no obstante, dicha
reserva solo resulta oponible respecto de los puntos de vista y opiniones de los funcionarios, según
el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 (…).

Adicionalmente, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue sustituido por el artículo 1º de la
Ley 1755 de 2015, recopila de manera general las reservas legales y constitucionales sin que se
advierta que las actas de la Asamblea General de Gobernadores y Consejo Directivo de la
Federación Nacional de Departamentos como entidad pública de 2º grado, se encuentren sometidas
a reserva.
(…)
Bajo el anterior marco normativo advierte la Sala que el tipo de documento solicitado por el
peticionario del asunto, en relación con las actas de la Asamblea General y del Consejo Directivo,
no se encuentran sometidas a reserva del orden legal. Sin embargo, al tratarse del máximo órgano
social de una entidad que adopta decisiones, existe la posibilidad que las mencionadas actas
contengan puntos de vista y opiniones de sus integrantes, los cuales deben ser excluidos de la
entrega de información, de conformidad con la reserva del parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712
de 2014. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Departamentos es una
entidad pública sin ánimo de lucro, por lo que no puede desconocerse que aquellos actos que no
involucren el ejercicio de funciones públicas se rigen por las normas de derecho privado.

3) Finalmente, en relación con los convenios y contratos suscritos por la Federación Nacional de
Departamentos durante el 1º de enero al 20 de mayo de 2022 solicitados en el numeral 8º del
petitorio, conviene señalar el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 debido a que, como lo menciona la
misma Federación Nacional de Departamentos, dicho marco normativo permitió la creación de la
entidad.
(…)
En virtud de lo anterior, la Sala accederá a la solicitud realizada en el numeral 8° de la petición en
relación con la información de los contratos y convenios suscritos por la Federación Nacional de
Departamentos durante el 1° de enero al 20 de mayo de 2022, en consideración a que no se avizora
reserva legal respecto a los contratos estatales suscritos por las entidades públicas. Aunado a lo
dicho, como se explicó precedentemente, la contratación de la FND está sometida al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, por lo que los contratos celebrados
por dicha entidad son considerados contratos estatales que, por regla general, son de acceso
público.

3.3.3. Como se ve, las razones fundamentales de la decisión cuestionada fueron, por un
lado, la naturaleza jurídica de la Federación Nacional de Departamentos, que, conforme
con sus propios estatutos es una entidad pública de segundo grado, con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera cuyos actos y contratos se rigen por las
normas de derecho privado. Y, de otro lado, la naturaleza de los documentos solicitados

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Demandante: Federación Nacional de Departamentos

por el demandante, esto es, las actas y resoluciones del Consejo Directivo y Asamblea
General de la entidad, así como los convenios y contratos suscritos.

Análisis de la Sala

3.4. De la revisión de la providencia objeto de tutela, la Sala encuentra que no se incurrió
en interpretación errónea de los artículos 243 del CGP y 61 del Código de Comercio ni
se desconoció el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 ni el artículo 6 de los estatutos de la
Federación Nacional de Departamentos.

3.4.1. Como bien lo expuso el tribunal demandado, el artículo 243 del CGP se refiere a
las distintas clases de documentos y sobre la distinción entre documentos públicos y
privados establece:
Artículo 243. Distintas clases de documentos. (…).

Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario
público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento
otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste
en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es
autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo,
se denomina escritura pública.

3.4.2. Esa fue justamente la definición que utilizó el tribunal para analizar si los
documentos que pedía el solicitante se consideraban como públicos y, por lo tanto,
debían entregarse. No se advierte que el tribunal hubiese entendido
equivocadamente esa norma o que le hubiese otorgado un sentido o alcance que no
le corresponde.

3.4.3. Lo mismo ocurre con el artículo 61 del Código de Comercio que establece que
“Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas
de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en
la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente”. El tribunal no
interpretó erróneamente esa norma. Todo lo contrario, el tribunal aclaró que la
Federación, por su condición de entidad sin ánimo de lucro, también expide
documentos de carácter privado, cuando son originados en el ejercicio de las
funciones que realiza la entidad equiparables a las que realizan los particulares. Pero
que también expide documentos públicos cuando los profiere en ejercicio de la
función de “organizar y administrar fondos de manejo, compensación o cofinanciación de recursos
tributarios o presupuestales cuando así lo disponga la Ley”.

3.4.4. Por las mismas razones, tampoco se desconocieron el artículo 95 de la Ley
4896, que establece la posibilidad de que las entidades públicas puedan asociarse, ni
el artículo 6 de los Estatutos de la Federación Nacional de Departamentos7, que

6 Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de
personas jurídicas sin ánimo de lucro.
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades
públicas se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades
de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los
correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su
representante legal.
7 “Artículo 6. La Federación Nacional de Departamentos, en cuanto a que ha sido constituida por los
representantes legales de las Entidades Públicas debidamente autorizados y recibe y maneja fondos
públicos, es una Entidad Pública de 2° grado, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, no ejercen funciones públicas y en el desarrollo de las que le competen de acuerdo
a estos Estatutos, se regirá en sus actos y contratos por las normas de derecho privado que regulan
esta clase de actuaciones en las entidades sin ánimo de lucro

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Demandante: Federación Nacional de Departamentos

establece que se trata de una entidad pública de grado dos. Se trata simplemente de
la distinción entre las funciones o actividades que realiza la entidad y la naturaleza de
los actos que expide. Si bien los actos y contratos de la Federación Nacional de
Departamentos se rigen por el derecho privado, lo cierto es que la naturaleza de los
actos no se determina por el hecho de ser una entidad sin ánimo de lucro, sino por el
tipo de funciones que ejerzan.

3.4.5. Justamente por lo anterior, el tribunal determinó que las resoluciones y las actas
tienen el carácter de públicas, pues son proferidas en ejercicio de la función pública
conferida a la entidad sin ánimo de lucro. En el mismo sentido, concluyó que los
contratos, no solo están regidos por el régimen de contratación estatal, sino que
además no se advirtió que existiera reserva legal. En este punto, conviene citar la
sentencia T-457 de 1999, dictada por la Corte Constitucional, que, en lo pertinente,
expuso8:

Con todas las premisas anteriores, no resulta de recibo el argumento de la entidad demandada, en
el sentido de negarse a suministrar la información pedida, simplemente bajo el amparo del cambio
de naturaleza jurídica de la entidad. Por ello, volviendo al origen de esta tutela, hay que recordar qué
clase de documentos son los pedidos por el demandante: los relacionados con la nómina de los
trabajadores y el acta de una reunión de junta directiva.

No se necesitan largas disquisiciones para concluir que esta clase de documentos, tratándose de
una entidad cuyo objeto está enmarcado en los fines del Estado, no hace parte de aquellos sobre
los que se pueda imponer la reserva de exhibición, que protege los documentos y libros de los
comerciantes. (Se resalta).

3.4.6. Ahora, en cuanto al argumento de que no se tuvieron en cuenta las personas que
suscribieron dichos documentos, la Sala encuentra que el tribunal explicó que las Actas
de la Asamblea General y del Consejo Directivo, pese a no tener reserva legal, pueden
contener puntos de vista y opiniones de sus integrantes, por lo que dispuso que en esos
casos se excluirían de la entrega de la información. En otras palabras y contrario a lo
afirmado por la demandante, la autoridad judicial analizó de manera detallada si
procedía la reserva en algunos de los documentos solicitados y protegió, en lo que
correspondía, a los integrantes de la Asamblea General y del Consejo Directivo.

3.4.7. En últimas, la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, no resulta contraevidente o caprichosa.
Por el contrario, dicha interpretación se aviene con el contenido de los estatutos de la
Federación Nacional de Departamentos, las normas que regulan el derecho a la
información, los documentos públicos y la reserva de estos.

3.4.8. Además, la Sala advierte que la sustentación de la providencia cuestionada estuvo
reforzada por lo dicho por la Sala de Consulta y Servicio Civil en providencia el 17 de
febrero de 2012, que determinó que “(...) la Federación cumple funciones públicas, y con
mayor razón en cuanto que, por mandato de la ley, administra un fondo público que se
nutre de recaudos tributarios, como es el Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de
Productos Extranjeros. (…) Hasta este punto los estatutos de la Federación parecen
conciliarse con la ley. Sin embargo, al declarar condicionalmente exequible esta
disposición, la Corte Constitucional, en sentencia C-671 de 1999, luego del pertinente
análisis, formuló la siguiente resolución: “Declárase EXEQUIBLE el artículo 95 de la Ley
489 de 1998, bajo el entendido de que ‘las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se
conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las
disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este
género’, sin perjuicio de que, en todo caso, el ejercicio de las prerrogativas y potestades
públicas, los regímenes de los actos unilaterales, de la contratación, los controles y la

8 En el mismo sentido, se pueden consultar las sentencias T- 617 y T-638, ambas de 1998, y T-103 y T317, ambas

de 2019.
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responsabilidad serán los propios de las entidades estatales según lo dispuesto en las
leyes especiales sobre dichas materias.”

3.5. Finalmente, la Sala considera que, tratándose de una entidad de naturaleza pública,
el peticionario se encuentra amparado por el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, que le
permite a cualquier persona “el derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o
particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”. En ese
sentido, no debía demostrar el interés particular para solicitar los documentos a la
Federación Nacional de Departamentos.

3.6. Se resuelve, entonces, el problema jurídico planteado: la providencia del 23 de
agosto de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, no incurrió en defecto sustantivo al acceder parcialmente al
recurso de insistencia presentado por el señor Carlos Alberto Hernández Pava.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA

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