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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05266-01

Fecha
19 de enero de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05266-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar parcialmente la sentencia impugnada, proferida el 21 de octubre de 2022, por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el sentido de negar la solicitud de amparo con fundamento en el cargo por desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. 2. En lo demás, confirmar la decisión de improcedencia por incumplir el requisito de relevancia constitucional, conforme lo indicado en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05266-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

19 de enero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05266-01
Demandante: Elizabeth Vidal Osorio y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-05266-01
Demandante ELIZABETH VIDAL OSORIO Y OTROS
Demandado SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE
ESTADO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial de altas cortes. Requisitos
generales y especiales de procedibilidad. Relevancia constitucional.
Interés económico. Desconocimiento del precedente judicial. Carga
de transparencia y suficiencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Elizabeth Vidal Osorio, María Victoria
Pérez, José Julián Vidal Pérez, Andrés Camilo Vidal Varela, Ermes Enrique Vidal
Osorio, Magdalena Vidal Osorio, Alonso Enrique Vidal Osorio, Olga Vidal Osorio,
Ludyn Yanet Vidal Osorio, Saulo Vidal Osorio, Virginia Vidal Osorio y Lidis Vidal
contra la sentencia del 21 de octubre de 2022, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.” 1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 3 de octubre de 20222, Elizabeth Vidal Osorio y otros, actuando de manera
directa, instauraron acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la reparación integral y al acceso a la administración
de justicia, con ocasión a la liquidación de los perjuicios que la autoridad judicial
realizó en la sentencia del 28 de mayo de 2021.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic para toda la cita) “PRIMERO: TUTELAR en nuestro favor y de quienes se constituyeron
como parte demandante en el Medio de Control de Reparación Directa, en contra de LA
NACIÒN – MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL, los Derechos
Constitucionales Fundamentales invocados, al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD, respetando así el Principio de reparación
integral, equidad, seguridad jurídica, los cuales fueron violentados por el Consejo de Estado.

1 Página 12 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 27 de mayo de 2022. Samai en primera
instancia, índice 15.
2 La acción de tutela fue radicada a través de la ventanilla virtual de la página web de esta Corporación. El
trámite se identificó con radicación nro. 1085652. Samai, índice 1.
1

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Demandante: Elizabeth Vidal Osorio y otros

SEGUNDO: En consecuencia, se REVOQUE parcialmente la sentencia de segunda instancia
proferida el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021) por el CONSEJO DE
ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN C en el Medio de Control de Reparación Directa con radicado 23001-23-31-
000-2011-00256-02 en lo señalado en el presente escrito.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Consejo de Estado se
actualice la condena respecto a los Perjuicios Materiales de lucro cesante consolidado y
futuro en favor de los demandantes de acuerdo con el salario de 2022 y con una correcta
aplicación de las fórmulas financieras y criterios actuariales.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Consejo de Estado el
reconocimiento y liquidación con el acrecimiento de los Perjuicios Materiales de lucro cesante
en favor de los demandantes conforme lo pretendido en la demanda”3. (Sic para toda la cita)

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La señora Elizabeth Vidal Osorio y su grupo familiar interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y
Ejército Nacional y otros, para que se declarara su responsabilidad y se le
condenara al pago de perjuicios derivados de la muerte del señor Teófilo Vidal
Vidal a manos de un grupo paramilitar.

En la demanda se atribuyó a esas entidades la omisión en el deber de
protección y seguridad, ante las múltiples denuncias de amenazas que fueron
expuestas por la víctima directa ante las autoridades competentes.

El proceso fue identificado con la radicación nro. 23001-23-31-000-2011-
00256-02 (63526).

2.2. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Córdoba que, en sentencia del 1 de noviembre de 2018,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.3. Las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. En
sentencia del 28 de mayo de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado4 modificó la sentencia de primera instancia.

Manifestó que el Ejército Nacional y la Policía Nacional incurrieron en falla en
el servicio porque omitieron cumplir con el deber de prestar seguridad a un
ciudadano que así lo había solicitado con ocasión a las amenazas de las que
estaba siendo objeto, es decir, sobre el que se cernía una condición especial
de riesgo. En consecuencia, las condenó solidariamente al pago de perjuicios
a favor de los demandantes, por los siguientes montos y conceptos: (i)
perjuicios morales en el equivalente a 100 o 50 SMLMV, según el grado de
afinidad o consanguinidad con la víctima directa; (ii) lucro cesante en el monto
de $109.378.471 para María Victoria Pérez Mestra, $43.027.592 para José
Julián Vidal Pérez y $22.791.999 para Andrés Camilo Vidal; y (iii) por daño
emergente el valor de $2.210.508 a favor de María Victoria Pérez Mestra.

Los cálculos de la liquidación de perjuicios se realizaron con base en el
SMLMV para el año 2021.

3 Página 14 de la demanda de tutela. Samai, índice 2.
4 Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque.
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2.4. La sentencia de segunda instancia se notificó a través de mensaje de datos
remitido al buzón de notificaciones de las partes el 17 de junio de 20225.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante considera que la sentencia emitida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y defecto procedimental absoluto.

Como fundamento de esta afirmación indicó que la autoridad judicial accionada se
equivocó al liquidar el perjuicio material con el salario mínimo legal mensual vigente
del año 2021, cuando la sentencia condenatoria fue notificada hasta el mes de junio
del año 2022. Estima que esta determinación desmejora el monto de indemnización
y vulnera su derecho a la reparación integral.

De otra parte, advirtió que la decisión de negar la liquidación del lucro cesante con
el acrecimiento también afectó sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la reparación integral.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El 5 de octubre de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela presentada por los señores Elizabeth Vidal Osorio, María
Victoria Pérez, José Julián Vidal Pérez, Andrés Camilo Vidal Varela, Ermes
Enrique Vidal Osorio, Magdalena Vidal Osorio, Alonso Enrique Vidal Osorio,
Olga Vidal Osorio, Ludyn Yanet Vidal Osorio, Saulo Vidal Osorio, Virginia Vidal
Osorio y Lidis Vidal Vidal contra la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, al municipio de Valencia,
al Tribunal Administrativo de Córdoba y a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, todos estos sujetos procesales
en el medio de control de reparación directa nro. 23001-23-31-000-2011-
00256-02.

4.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del ponente de la decisión, manifestó que la motivación expuesta en
la sentencia del 28 de mayo de 2021 da cuenta de que se debe declarar la
improcedencia de la acción de tutela.

4.3. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de la coordinadora
del Grupo Contencioso Constitucional, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela por incumplir con el requisito general de inmediatez.
Esto, comoquiera que la sentencia que se acusa data del 28 de mayo de 2021.

Agregó que en la demanda de tutela no se desarrolló el análisis de los
requisitos especiales de procedencia ni se acreditó la vulneración de un
derecho fundamental.

4.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto del asesor
del Grupo de Asuntos Jurídicos, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda porque no se acreditó vulneración alguna de los derechos de los

5 Samai del proceso de reparación directa nro. 23001-23-31-000-2011-00256-02. Índices 17 a 19.
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accionantes ni un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la
acción de tutela.

5. Providencia impugnada

En sentencia 21 de octubre de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción de tutela debido a que no superaba el
requisito general de relevancia constitucional. Esta conclusión se fundamentó en
que la pretensión de la demanda atiende a un interés meramente económico y de
legalidad, pero no gira en torno al alcance o aplicación de un derecho fundamental.
Recordó que con la acción de amparo se persigue que se liquiden los perjuicios con
base en el SMLMV del año 2022 y que se declare el derecho de acrecimiento frente
al lucro cesante. Luego, se trata de una discusión sin trascendencia constitucional.

Agregó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es
aún más restrictiva cuando se discute la sentencia emitida por una alta Corporación.
Solo tiene cabida en caso de que la providencia riña de manera abierta con la
Constitución o sea claramente incompatible con la jurisprudencia constitucional,
escenarios que no se concretaron en el caso particular.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia y expuso los
siguientes argumentos de disenso:

6.1. La principal vulneración de derechos fundamentales tiene origen en el
incumplimiento de los términos de notificación de la sentencia, pues aunque
se emitió el 28 de mayo de 2021, solo se puso en conocimiento de las partes
hasta el 17 de junio de 2022. A pesar de ello, la Sala de decisión accionada
omitió actualizar la condena como lo dispone el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA y el
inciso 4 del artículo 283 del Código General del Proceso, CGP.

6.2. La tardanza en la notificación del fallo afectó el monto de la condena ya que
se liquidó con el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021, a
pesar de que la decisión fue notificada hasta el año 2022. Esta situación,
claramente, vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los hoy accionantes. Se destaca el siguiente
aparte de la impugnación:
“Lo pretendido, tiene sustento en que la actualización de la condena se encuentra
ampliamente reglado, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha sido enfática en
manifestar que el ajuste de las sentencias condenatorias obedece al hecho notorio de la
constante y permanente devaluación de la moneda, de manera que, cuando se ordena el pago
de una condena con la indexación se busca que dicho monto ordenado represente el valor
real al momento de la condena que es el equivalente al perjuicio recibido, lo que significa que
la indexación resulta ser un saldo a favor y no en contra del acreedor beneficiario de la
sentencia condenatoria.”

6.3. Relativo al acrecimiento, expuso que la autoridad judicial accionada debió
seguir su propio precedente de unificación establecido en sentencia CE-SUJ-
3-001 de 2015 proferida por el Honorable Consejo de Estado el 22 de abril (04)
de 2015), expediente nro. 19.146, según la cual “(…) la porción que deja de percibir
un hijo, al cumplir la edad de ordinaria independencia económica, debe acrecer la de sus
hermanos y madre y así sucesivamente.”
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6.4. Ya a manera de conclusión, en el escrito de impugnación, se indicó:
“(…) el argumento expuesto por los Honorables Consejeros para dictar sentencia no fue
acertado, pues, consideramos que la decisión accionada desconoció el precedente judicial en
materia de actualización de la condena, que con ello vulneró derechos fundamentales y sin
lugar a duda alguna, incurrió así en una defraudación a la confianza legítima, pues nos
encontramos entonces ante casos análogos que no están siendo analizados y resueltos de la
misma forma y bajo la misma tesis; del mismo modo, que la acción de tutela presentada
cumple con todos los requisitos necesarios para que la misma sea estudiada de fondo”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

6
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo
que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor
relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto
adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial
atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de
manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez
constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener
en cuenta que, en la sentencia, SU 573 de 201710, la Corte Constitucional analizó
el tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. La impugnante insiste en que se acceda a las pretensiones de la acción de
tutela, en razón a que la discusión que propone sí tiene relevancia
constitucional en tanto que, la mora en la notificación de la sentencia del 28 de
mayo de 2021, afectó la liquidación de los perjuicios materiales y, en
consecuencia, el derecho al debido proceso y la reparación integral de los
demandantes, el cual debió realizarse en aplicación del salario mínimo
mensual vigente para el año 2022 y no 2021.

Asimismo, estima que la negación del acrecimiento los perjuicios materiales,
en la modalidad de lucro cesante futuro, desconoce la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado (exp. 19.146) y afecta sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

3.2. Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala debe establecer si le asistió
razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de tutela por incumplir
con el requisito de relevancia constitucional, por considerar que las
pretensiones planteadas exponen un interés meramente económico y no un
escenario de vulneración de derechos fundamentales.

De superarse este examen, se analizará si la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, en defecto por

10 Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
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desconocimiento del precedente judicial y en defecto procedimental absoluto
al proferir la sentencia del 28 de mayo de 2021.

4. El caso individual no acredita el requisito general de relevancia
constitucional frente a la pretensión de liquidar el lucro cesante con el
salario mínimo legal mensual vigente del año 2022

4.1. Esta Sala acoge el argumento del a quo de que la pretensión de modificar la
liquidación del lucro cesante conforme al monto del salario mínimo vigente
para el año 2022, carece de relevancia constitucional en tanto entraña un
interés meramente económico que, por demás, no involucra la vulneración de
los derechos fundamentales de los accionantes.

4.2. Al respecto, conviene recordar que, la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»11. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más

11 Ibidem.
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informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha precisado que la relevancia constitucional es el
primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evita inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural12.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos” 13.

4.3. Analizados los argumentos de disenso de la accionante, esta Sala reitera que
la petición de amparo en este sentido se refiere a cuestiones estrictamente
económicas; circunstancia que justifica la decisión de improcedencia por falta
de relevancia, pues al tenor de la jurisprudencia constitucional la acción de
amparo no podrá ser utilizada para gestionar intereses netamente
patrimoniales que no involucren el reclamo por la vulneración de derecho
fundamental alguno14.

En la misma línea, esta Sección ha indicado que las reclamaciones de este
tipo desvirtúan el carácter constitucional de la petición de amparo, así como la
urgencia e inminencia en la intervención del juez de tutela en el asunto objeto
de estudio15.

12 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
13 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-099 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 20 de
junio de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-02324-00. C.P. Milton Chaves García.
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Así las cosas, se reitera, le asistió razón al juez a quo al concluir que el cargo
analizado no superaba el requisito general de relevancia constitucional, en
tanto involucra un interés apenas económico o patrimonial, desprovisto de la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de los accionantes.

4.4. De otra parte, en lo que respecta al alegato en que se acusa que la accionada
negó el acrecimiento del lucro cesante futuro, en los términos establecidos en
la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
data del 22 de abril de 2015 (exp. 19146), esta Sala considera que el cargo sí
tiene relevancia constitucional. Esto porque, a pesar de que guarda relación
con la tasación del lucro cesante (contenido económico), refiere al
apartamiento de un precedente de unificación, que involucra los derechos
fundamentales a la igualdad y a la reparación integral de los demandantes.
Por lo anterior, se estima que hay lugar a proceder con el análisis de fondo del
cargo.

5 La sentencia del 28 de mayo de 2021 no comporta desconocimiento del
precedente judicial de unificación, porque la accionada cumplió con la
carga de transparencia y suficiencia para apartarse de la regla de
unificación

5.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.16

En consecuencia, para la Sala es posible plantear la transgresión del
precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones
judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita
su aplicación; (ii) que tales decisiones sean vinculantes para la autoridad
judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la
fuerza vinculante suficiente; (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en
sede de tutela sea contraria al precedente vinculante; y (iv) que el juez de
instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.

5.2. La Corte Constitucional ha distinguido dos tipos de precedente: el horizontal y
el vertical. El primero, refiere a las reglas de decisión fijadas por autoridad
judicial de igual jerarquía. De otra parte, el vertical se relaciona con los
lineamientos establecidos por instancias superiores, es decir, por los órganos
de cierre de cada jurisdicción o por la Corte Constitucional17.

16 Corte Constitucional. Sentencia T-711 de 2007. M.P. Humberto Sierra Porto.
17 Cfr.. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
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En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el órgano de cierre es el
Consejo de Estado. Esta Corporación en pleno o sus secciones están
facultadas para emitir providencias de unificación por razones de importancia
jurídica, económica y/o social o para sentar una postura en torno a un
determinado asunto que genera discrepancias. Esta labor se ejerce a través
de los mecanismos consagrados en el artículo 271 del CPACA y la providencia
derivada del ejercicio de esta potestad se erige como precedente horizontal en
relación con las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, según al
caso, y como precedente vertical respecto de los jueces y tribunales
administrativos.

El precedente horizontal derivado de la potestad unificadora del Consejo de
Estado permite presumir su conocimiento por parte de los despachos cuyos
efectos vincula, lo cual activa un deber de coherencia interna que impide que
los jueces se aparten caprichosamente del precedente.

5.3. Ahora bien, el deber de acatamiento de las sentencias de unificación que
constituyen precedente horizontal no es absoluto. Las autoridades judiciales
pueden variar o modificar las tesis de unificación, por medio de una nueva
providencia, en el artículo 271 del CPACA, o, en caso de estimar necesario
apartarse de la postura de unificación, también lo pueden hacer, siempre que
cumplan con las cargas de transparencia y suficiencia.

La carga de transparencia exige exponer de manera clara, precisa y detallada
cuál es y en qué consiste el precedente del que se aparta. De otra parte, la
carga de suficiencia argumentativa supone que el operador judicial presente
razones “especialmente poderosas”, que no simples desacuerdos que
justifiquen el apartamiento y la afectación de los principios de seguridad
jurídica, igualdad, buena fe y coherencia. Asimismo, la jurisprudencia
constitucional exige que el juez justifique por qué la tesis disidente
desarrolla de mejor manera el contenido de los derechos fundamentales
en litigio18.

5.4. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se tiene que la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de abril de 2015
(exp. 19146), unificó su jurisprudencia en el sentido de establecer que en los
procesos de reparación directa en los que se demanda la responsabilidad del
Estado por la muerte de una persona, “(…) los perjuicios por lucro cesante
ocasionados a las personas que percibían ayuda económica del fallecido, se
reconocerán y liquidarán teniendo en cuenta la unidad familiar, esto es con
acrecimiento, en los términos de esta decisión.”.

Conviene relacionar el siguiente aparte de la ratio de la sentencia de
unificación:
“En ese orden, considera la Sala en esta oportunidad que existen importantes razones que
ameritan la indemnización del lucro cesante con acrecimiento, en cuanto i) la aplicación de
ese principio general no afecta la autonomía del régimen de responsabilidad patrimonial del
Estado; por el contrario, se aviene con las exigencias relativas a la protección constitucional
de la unidad y los vínculos de solidaridad familiar, afectados con el hecho dañino imputable a
la entidad pública y con los principios de justicia, equidad y reparación integral, de que tratan
las disposiciones de los artículos 2°, 42, 90, 230 constitucionales y 16 de la Ley 446 de 1998
y ii) el perjuicio a ser indemnizado comprende la afectación del derecho al incremento que se

18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU 149 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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habría generado desde la víctima con condición de buen padre de familia hacia cada uno de
los miembros del grupo. Esto si se considera que la ocurrencia del daño no tendría que afectar
la unidad patrimonial y el deber ser de su permanencia, al margen de su movilidad. (…)
Siendo así, la Sala no encuentra razón para negarle a los demandantes su derecho al
acrecimiento del lucro cesante, cuando en la línea temporal para unos se vaya extinguiendo
el derecho a la porción, pues, de no haber ocurrido la muerte de los padres y cónyuges de los
actores, lo que habría ocurrido al tenor del derecho fundamental a mantener la unidad, los
vínculos de solidaridad familiar y del deber ser al que se debe el buen padre de familia, es
que, cuando, por el transcurso del tiempo, en la economía de las familias estables se liberan
obligaciones frente a uno de sus integrantes, ello permite el incremento normal que demanda
la atención de los restantes, cuyas necesidades, para entonces, son más exigentes en
términos de costos. (…)
Así, a los integrantes del grupo familiar que dejaron de percibir la ayuda económica del
fallecido se les liquidará el lucro cesante con el acrecimiento al que tienen derecho, por el
hecho de extinguirse la concurrencia de cada uno de los demás miembros que limitaba la
participación en los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades del núcleo
familiar. “

5.5. En contraste con lo anterior, en la sentencia cuestionada, proferida el 28 de
mayo de 2021, la autoridad judicial accionada negó la solicitud relativa a la
tasación y liquidación del lucro cesante con acrecimiento, sin acoger la regla
contenida en la sentencia de unificación del 22 de abril de 2015 (exp. 19146).
Como justificación del apartamiento del precedente horizontal, manifestó que
la figura del acrecimiento no permite la determinación de un perjuicio cierto
para que proceda la indemnización, sino que se fundamenta en presunciones
futuras e inciertas que desnaturalizan la teleología misma de la reparación del
lucro cesante en pretensiones de responsabilidad extracontractual del Estado.

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sustentó el
apartamiento del precedente de unificación, así:
“La demanda solicitó indemnizar el perjuicio de lucro cesante con “acrecimiento”, de acuerdo
con el criterio que adoptó la Sección Tercera en la sentencia del 22 de abril de 2015, rad.
19146.
El artículo 230 CN prevé que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio
de la ley. La jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial. De allí que, a diferencia
de la ley –revestida de carácter obligatorio y vinculante (art. 4 CC)–, la jurisprudencia sirve de
pauta y guía para ilustrar el criterio de aplicación o interpretación de los preceptos que
gobiernan un caso, sin que ello signifique que, por sí sola, constituya un mandato inobjetable
para el juez (art.17 CC). Recuérdese que como nuestro ordenamiento es legislado, sin
desconocer la importancia de la jurisprudencia, no es posible trasplantar figuras propias de un
sistema del common law, para darle un valor normativo que no tiene.
Con esa perspectiva, la Sala reconoce el criterio unificado contenido en la sentencia rad.
19146 del pleno de la Sección Tercera. Sin embargo, la modificación o rectificación de
jurisprudencia es connatural a la administración de justicia, pero tal variación tiene límite en la
necesidad de salvaguardar la igualdad en la aplicación del derecho y la seguridad jurídica. Sin
perjuicio de ello, la modificación o rectificación de un criterio jurisprudencial no tiene el mismo
alcance que una modificación legal, pues esta última sí es un referente obligatorio para el juez
en sus decisiones, mientras que la jurisprudencia es uno de los criterios que auxilian el
cumplimiento de la actividad judicial.
Ahora bien, esta sentencia no tiene por objeto rectificar el criterio del pleno de la Sección
Tercera, en relación con la aplicación del “acrecimiento”. No obstante, con base en las serias
y motivadas razones que se pasan a exponer, se aparta de dicho criterio. En efecto, la figura
del “acrecimiento” de la indemnización por lucro cesante parte del entendimiento de que el
Estado, al reparar ese perjuicio, lo debe hacer como un “buen padre de familia” que destina
los ingresos liberados por el hijo emancipado a los demás hijos que todavía dependen de él.
Por supuesto esta suposición es extraña al ámbito de la responsabilidad civil extracontractual

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del Estado, (artículo 90 CN) que no se rige por los postulados de solidaridad y colaboración
mutua presentes en las relaciones de familia (arts. 251 y 264 CC).
Por ello, la aplicación del “acrecimiento” desnaturaliza el concepto de indemnización y
equipara inapropiadamente el resarcimiento del lucro cesante a una pensión, que se paga de
manera periódica y se modifica, a medida que las circunstancias de los beneficiarios van
cambiando. La indemnización por el lucro cesante corresponde a la reparación de un daño
futuro, que se determina con base en unos hechos sobre los que se tiene certeza. El
“acrecimiento” implica presumir situaciones futuras e inciertas, por ejemplo, que todos los hijos
vivirán, por lo menos, hasta los 25 años o aún más, que hasta esa edad los hijos no se
emanciparán y, por ello, dependerán económicamente de sus padres.
Que la reparación “acrezca”, porque otro beneficiario ya no requiera de la porción que le
correspondería, implica una suerte de “sucesión”, porque quien acrece en el futuro no era
beneficiario del derecho al momento de liquidar la condena. Este planteamiento, por supuesto,
no es suficiente para tener por demostrada la causación de un perjuicio cierto –requisito y
condición necesaria para su la indemnización–. Por el contrario, parte de una premisa eventual
o hipotética sobre la cual no es posible reconocer indemnización alguna. Como el derecho a
la reparación es personal y la figura del “acrecimiento” –por las razones anotadas- no permite
la determinación de un perjuicio cierto frente al que puede proceder la indemnización, se
negará lo pedido en la demanda por este concepto.”

5.6. Dado el anterior contexto, es claro que existe una tesis de unificación de la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado que constituye
precedente horizontal con carácter ordenador y vinculante en lo relativo al
acrecimiento del lucro cesante (exp. 19.146), de la cual la autoridad judicial
accionada decidió apartarse.

Ahora, como se explicó, el deber de coherencia interna exige que en el
excepcional evento en que una autoridad judicial decida apartarse de su propio
precedente debe cumplir con los requisitos de transparencia y suficiencia
desarrollados por la jurisprudencia para ese fin, es decir que tal determinación
debe estar desprovista de arbitrariedad y capricho.

De la transcripción antes relacionada, la Sala concluye que la motivación de la
disidencia expuesta supera el requisito de transparencia en tanto la accionada
reconoció el precedente del cual quería apartarse y determinó su alcance.
Además, expuso en el cuerpo de la sentencia las razones que soportaron su
decisión de apartamiento, lo cual asegura que estos sean conocidos por los
sujetos procesales en el caso sub examine y por la comunidad jurídica en
general.

A más de lo anterior, la Sala estima que la argumentación expuesta en la
sentencia judicial accionada también supera el requisito de suficiencia porque
las razones que fundamentaron el apartamiento de la tesis de unificación no
reposan en la mera liberalidad, arbitrariedad o capricho de la autoridad judicial,
sino que corresponden a consideraciones razonables en torno a la teleología
de la reparación en los asuntos en que se discute la responsabilidad
extracontractual del Estado por un daño antijurídico.

Asimismo, el disenso se centra en cuestiones problemáticas al momento de
extender el acrecimiento a la liquidación del lucro cesante en casos de
responsabilidad extracontractual del Estado, como lo son los presupuestos de
que la reparación debe ser personal y cierta.

Así pues, se estima que, en el caso particular, considerando que el asunto que
se estudia refiere a un componente económico de la reparación, esta Sala
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considera que la autoridad judicial cumplió con la carga argumentativa y de
transparencia para justificar su apartamiento de la tesis de unificación y en esa
medida no hay lugar a acceder al amparo solicitado por la parte accionante.

En síntesis, para la Sala, la decisión demandada fue proferida en virtud de los
principios de independencia y autonomía judicial que avalan el apartamiento
excepcional de sentencias de unificación y, por lo tanto, no se materializa el
defecto del desconocimiento del precedente judicial.

6 Conclusión

De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala revocará parcialmente la
sentencia de tutela de primera instancia en el sentido de negar el amparo
constitucional por el cargo propuesto como defecto por desconocimiento del
precedente judicial. Esto porque, la autoridad judicial accionada se apartó
legítimamente de la sentencia de unificación del 22 de abril de 2015 (exp. 19.146).

Frente a los demás cargos se confirmará la decisión de improcedencia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar parcialmente la sentencia impugnada, proferida el 21 de octubre de
2022, por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el sentido de negar la
solicitud de amparo con fundamento en el cargo por desconocimiento del
precedente judicial, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.

2. En lo demás, confirmar la decisión de improcedencia por incumplir el requisito
de relevancia constitucional, conforme lo indicado en la parte motiva de esta
providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA

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