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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05270-00

Vacaciones individuales: improcedencia para obtener el certificado de

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05270-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 6 Radicación número: 110010315000202205270 00 Accionante: Claudia Constanza Guevara Alzate Accionado: Tribunal Superior de Villavicencio y otros Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia) SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05270-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202205270 00

Accionante: CLAUDIA CONSTANZA GUEVARA ALZATE

Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Ausencia de vulneración de derechos fundamentales /
VACACIONES INDIVIDUALES – Improcedencia para obtener el certificado de
disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de vacaciones

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Claudia Constanza Guevara Alzate, de conformidad con
el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

La señora Claudia Constanza Guevara Alzate instauró demanda de tutela1 contra
el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio y el Tribunal Superior de Villavicencio, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.

La tutelante elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal, con
posibles errores incluidos):

1
El proceso ingresó al despacho para fallo el 14 de octubre de 2022.

1

Radicación número: 110010315000202205270 00
Accionante: Claudia Constanza Guevara Alzate
Accionado: Tribunal Superior de Villavicencio y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Amparar mis derechos fundamentales al Trabajo, Dignidad Humana,
Descanso Laboral, Igualdad y a la Salud, los cuales se vienen vulnerando por
parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio y en consecuencia de lo anterior, se ordene
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
fallo, inicie las acciones pertinentes en aras de garantizar la provisión de los
recursos y proceda a expedir el respectivo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal que se requiere para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Villavicencio, conceda las vacaciones remuneradas a que por ley tengo
derecho.

2. Hechos relevantes

La accionante señaló que se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 2 de
diciembre de 1996 y, actualmente, ejerce como Juez Segunda Penal Municipal
con Función de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio.

Manifestó que pertenece al régimen de vacaciones individuales y teniendo el
derecho a ellas, el pasado 8 de septiembre de 2022, solicitó formalmente al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el disfrute de sus vacaciones
ya vencidas, que corresponden al período entre el 18 de octubre de 2020 y el 17
de octubre de 2021, a partir del 12 de diciembre del año en curso.

Expresó que, a través de la Resolución N° 47 del 2022, la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio negó las vacaciones por
necesidad del servicio, debido a que la Coordinación de Ejecución Presupuestal
no expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para atender la
remuneración del reemplazo.

Finalmente, adujo lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):

Debe decirse finalmente, que a los Jueces de este distrito que se encuentran
en provisionalidad y que gozan igualmente del régimen individual de
vacaciones, se les ha expedido certificado de disponibilidad presupuestal
para atender la remuneración de reemplazo por sus vacaciones y en
atención a ello, se concedió sin reparo alguno el disfrute de las mismas.

2

Radicación número: 110010315000202205270 00
Accionante: Claudia Constanza Guevara Alzate
Accionado: Tribunal Superior de Villavicencio y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

Mediante providencia de 5 de octubre de 2022, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a las autoridades accionadas y se le comunicó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los que, a pesar de haber sido
debidamente notificados, guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.

La señora Claudia Constanza Guevara Alzate promovió la demanda de tutela de la
referencia con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo, al
descanso, a la igualdad y a la salud; como consecuencia, pidió que se le
concedieran las vacaciones y se ordene que “inicie las acciones pertinentes en
aras de garantizar la provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se requiere para que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, conceda las vacaciones
remuneradas a que por ley tengo derecho”.

Respecto de este tema, la Subsección ha fijado -mayoritariamente- un criterio, en
los términos que a continuación se transcriben de manera literal2:

10.- Ante la negativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional del Valle del Cauca de tramitar el correspondiente CDP que
garantizara los recursos necesarios para proveer el reemplazo de las señoras
(…), mientras gozan de sus vacaciones, los actores solicitaron el amparo de
sus derechos fundamentales de descanso, igualdad, trabajo en condiciones

2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez,
sentencia de 4 de junio de 2021, radicación número: 11001031500020210163300, reiterada en
sentencia del 30 de julio de 2021, radicado 202104335-00, en sentencia del 11 de octubre de 2021,
expediente 2021-04202-01, sentencia del 20 de mayo de 2022, expediente 2022-00341-01, entre
muchas otras decisiones de la Sala.
3

Radicación número: 110010315000202205270 00
Accionante: Claudia Constanza Guevara Alzate
Accionado: Tribunal Superior de Villavicencio y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

de dignidad humana y desempeño laboral libre de circunstancias que afecten
la salud física y mental3.

11.- Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al descanso
debe ser entendido como una oportunidad que se le concede al empleado
para ‘reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud
física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples
manifestaciones’.

11.1.- Así las cosas, el descanso está consagrado como uno de los derechos
fundamentales del trabajador y como uno de los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo.

12.- Bajo esta premisa, ab initio, la Sala advierte que en el presente caso no
se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por
los accionantes, como pasa a verse.

13.- El artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 es claro al disponer
que los servidores judiciales de los Juzgados Penales Municipales que
pertenecen al régimen de vacaciones individuales tienen derecho a un
descanso remunerado de 22 días continuos por cada año de servicio, los
cuales deben ser concedidos por el respectivo nominador.

13.1.- Bajo el tenor de lo dispuesto en la norma que viene de citarse, se
advierte que le corresponde al Juez Once Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Cali y no a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional del Valle del Cauca conceder las vacaciones de la
secretaria y la oficial mayor de ese despacho. Ello en la medida en que el
trámite y expedición del CDP, como decisión autónoma de la administración,
no tiene relación directa con el derecho fundamental al trabajo en condiciones
dignas ni con el beneficio del descanso remunerado, razón por la cual no se
advierte vulneración de los derechos fundamentales deprecados.

13.2.- Así las cosas, atendiendo a las necesidades del servicio, el juez Andrés
Fernando Muñoz Quintero es el llamado a establecer la fecha del disfrute del
derecho al descanso de sus servidores, previendo un eficiente funcionamiento
del despacho, potestad legal que debe ser efectuada sin requisito adicional
alguno, como el que se pretende con esta acción constitucional, al solicitar un
certificado de apropiación presupuestal previo, que en nada tiene que ver con
el disfrute individual de las vacaciones.

13.3.- En consecuencia, no resulta procedente, mediante este mecanismo
excepcional, buscar que se ordene a los entes demandados adelantar las
acciones tendientes a garantizar la provisión de recursos y, como
consecuencia, la entrega de un certificado de disponibilidad presupuestal,
previo al otorgamiento de las vacaciones.

3
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia del 20 de enero de 2004, MP. Jaime Araújo
Rentería”.
4

Radicación número: 110010315000202205270 00
Accionante: Claudia Constanza Guevara Alzate
Accionado: Tribunal Superior de Villavicencio y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

13.4.- Este criterio ha sido acogido por esta Corporación4, en casos similares
en los cuales se ha establecido que:

<<En efecto, la orden pretendida —la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal, con el fin de cubrir vacantes provisionales
por vacaciones individuales— implicaría una indebida intromisión en el
ejercicio de funciones que son propias de dichas autoridades y de
su exclusiva competencia, y por tanto resulta ajena del todo a la
finalidad de protección inmediata de los derechos constitucionales
alegados, los que, por lo demás, no están amenazados ni pueden
resultar vulnerados, toda vez que su eficacia y efectividad no están
sometidos, al trámite presupuestal dicho5>> (negrilla fuera del texto
original).

13.5.- Asimismo, en la sentencia de 13 de octubre de 20206 esta Corporación
señaló:

<<Se advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia al negar la asignación de recursos para sufragar el
pago del reemplazo de los accionantes cuando estos cumplan los
requisitos para acceder a las vacaciones, no tiene relación directa con el
derecho al descanso, comoquiera que es una decisión autónoma de la
administración y la petición respecto a las mismas, no resulta
procedente a través de la acción de tutela.

En tal sentido, no puede ser una excusa la falta de nombramiento de un
reemplazo para que el respectivo empleado pueda disfrutar de su
descanso, como se advirtió en precedencia, máxime cuando en este
caso no se demostró en qué medida la autorización de las vacaciones a
los respectivos empleados podía afectar el buen funcionamiento del
servicio o vulnerar los derechos fundamentales de estos o del resto de
servidores del juzgado, pues ni siquiera se aportó prueba de las cargas
del despacho o mucho menos de los respectivos empleados.

Además, la acción de tutela no es el instrumento idóneo para dictar
órdenes de carácter presupuestal que conlleven la necesidad de realizar
apropiaciones presupuestales, salvo que se advierta la inminencia de un
perjuicio irremediable, circunstancia que no se acreditó en el sub lite>>7.

13.6.- Así pues, se advierte que no resulta de la órbita del juez constitucional
ordenar que se tramite el CDP para proveer el reemplazo de los empleados
que gozarán de sus vacaciones, máxime cuando, en un caso como el que
llama la atención de la Sala, no se demostró un perjuicio irremediable, toda
vez que no se allegaron los soportes necesarios para probar que, al no
proveerse los recursos necesarios para contratar el reemplazo de los actores,
no se podían distribuir las funciones de manera equilibrada entre los demás
funcionarios del despacho ni tampoco que dicha situación generaría una
excesiva carga laboral, sobre la base de que ningún juicio de reproche podría
4
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de
enero de 2021, exp. 11001-03-15-000-2020-04490-01, CP. William Hernández Gómez; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, exp.
11001-03-15-000-2021-00681-00, CP. Gabriel Valbuena Hernández”.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, exp.
11001-03-15-000-2020-04282-00, CP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
6
Original de la cita: “Radicado número 11001-03-15-000-2020-03973-00”.
7
Original de la cita: “En esta misma línea, ver sentencia de 31 de agosto de 2020, con número de
radicado 11001-03-15-000-2020-03100-01”.
5

Radicación número: 110010315000202205270 00
Accionante: Claudia Constanza Guevara Alzate
Accionado: Tribunal Superior de Villavicencio y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

formularse a quien deba asumir otras funciones en encargo, con las
limitaciones de tiempo, experiencia, formación y horarios de trabajo, propias
del servicio.

14.- Aunado a lo anterior, recuerda la Sala que los mencionados funcionarios,
al posesionarse en los referidos cargos, los cuales forman parte de las plantas
de personal de los Juzgados Penales Municipales, aceptaron las condiciones
dispuestas para los mismos, es decir, que pertenecen al régimen de
vacaciones individuales y que el goce o disfrute de las mismas depende de las
necesidades del servicio.

14.1.- Las consideraciones precedentes no pretenden soslayar las dificultades
que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y no pocas veces, la acción
desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo la organización de los
asuntos administrativos, de recursos humanos y presupuestales de la rama,
puedan proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos
judiciales, lo que en todo caso no se proyecta por sí mismo como una
afectación a derechos fundamentales, asunto que exige de un estándar
probatorio que se proyecta más allá de la organización y planeación oportuna
para el disfrute de los periodos individuales de vacaciones.

14.2. Así pues, al no evidenciarse vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, esta Sala negará el amparo
solicitado.

Así las cosas, la Sala considera que a la señora Claudia Constanza Guevara
Alzate no se le vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que no le
correspondía a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial conceder las
vacaciones sino al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio; además,
porque la expedición de un CDP no tiene relación directa con el derecho al trabajo
y “no resulta de la órbita del juez constitucional ordenar que se tramite el CDP”.

Con fundamento en lo anterior, la Sala negará el amparo solicitado, con base en el
criterio al que se ha hecho alusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.

6

Radicación número: 110010315000202205270 00
Accionante: Claudia Constanza Guevara Alzate
Accionado: Tribunal Superior de Villavicencio y otros
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

7

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